El servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Doctor Negrín, dirigido por el catedrático Pedro Lara, desvió en 2017, a través del área de Salud de Gran Canaria, un total de 260 tratamientos a Clínicas San Roque, derivaciones que reportaron a este centro privado 1,6 millones de euros, según información oficial de la Consejería de Sanidad contenida en la respuesta ofrecida a una pregunta parlamentaria del PSOE. Lara, que dejó su cargo público como jefe de servicio en agosto tras publicar Canarias Ahora que trabajaba a la vez para el grupo hospitalario del que también procede el actual consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, institucionalizó en 2014 el envío sistemático de cinco pacientes a la semana a esta clínica, la principal de titularidad privada de la isla de Gran Canaria, sin que mediara concurso y con independencia de las necesidades del servicio y las fluctuaciones de la lista de espera.
Para ello, la Consejería de Sanidad, entonces regida por Brígida Mendoza (Coalición Canaria), aplicó la fórmula de los contratos menores urgentes, una opción prevista en el decreto de homologación de los centros sanitarios del Archipiélago, aprobado en julio de 2006, y en una disposición adicional de la antigua Ley de Contratos del Sector Público, de 2011, entonces vigente. Así consta en una resolución firmada en abril de 2014 por el director del área de Salud de Gran Canaria, por delegación de competencias de la consejera, que adjudica a través de este procedimiento 40 tratamientos a la Clínica San Roque por un montante de 220.000 euros.
Este documento, al que ha tenido acceso este periódico, justificaba la necesidad de derivar tratamientos urgentes al sector privado “ante la insuficiencia de medios” con los que contaba el Hospital Doctor Negrín. La fecha no es casual. Dos meses antes, en febrero de 2014, Hospitales San Roque inauguraba su servicio de Oncología Radioterápica tras la instalación de un acelerador lineal RapidArc, con una inversión, entre equipamiento y adaptación de las instalaciones del centro, de cuatro millones de euros. En aquellas fechas, Pedro Lara llevaba ya seis años como jefe de servicio en el Hospital Doctor Negrín, mientras que José Manuel Baltar era director de operaciones de San Roque. De hecho, el actual consejero de Sanidad fue uno de los tres representantes del grupo hospitalario que participaron en el acto de presentación junto a Brígida Mendoza.
Ese tipo de adjudicaciones, a través de contratos menores, está previsto para situaciones de urgencia y tiene que estar debidamente justificado. El procedimiento es sencillo. El órgano contratante determina el objeto de la prestación, fija el precio a satisfacer por la asistencia sanitaria y designa a la empresa adjudicataria a la que corresponderá la ejecución.
En el caso de la derivación de pacientes oncológicos del Negrín a San Roque, la resolución de 2014 venía justificada por un informe de la Dirección General de Programas Asistenciales a propuesta del servicio dirigido por Pedro Lara. Este informe está fechado en marzo, un mes después de la inauguración del acelerador lineal de San Roque. Apenas veinte días después, Sanidad remitió a esta clínica, la única que dispone del equipamiento necesario en la Isla, un escrito solicitando una concreción de los precios de los tratamientos. La respuesta llegó al día siguiente e inmediatamente, en la misma jornada, se le adjudicó el servicio.
El contrato fijaba la realización de 40 tratamientos, 26 de ellos a un precio de 4.500 euros y 14, a 7.000. El precio máximo era de 220.000 euros. Sanidad se escudó en la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, entonces vigente, que permitía la adjudicación directa de servicios de prestación sanitaria urgente y por importe inferior a 30.000 euros.
Desde esa primera adjudicación, en 2014, no hay constancia en el Área de Salud de Gran Canaria de una resolución similar. A pesar de ello, la derivación de pacientes oncológicos del Hospital Doctor Negrín a la Clínica San Roque, con Pedro Lara trabajando para ambos centros, público y privado, ha sido constante desde entonces, a una media de cinco pacientes por semana. La Consejería de Sanidad asegura que es la Comisión de Derivación del Servicio, a la que no pertenece Lara, quien adopta esa decisión, pero fuentes oficiosas internas sostienen que la iniciativa siempre partía del ya ex jefe de servicio.
Esa cifra de cinco derivaciones semanales se ha mantenido inalterable desde entonces, a pesar de que la fórmula de los contratos menores exige que se justifique su urgencia a través de resoluciones motivadas, de las que no hay constancia en los años posteriores, y de que el Hospital Doctor Negrín ha pasado de disponer de tres aceleradores lineales en 2013 a cinco en 2017, ejercicio en el que San Roque ha percibido 1,6 millones por estos desvíos.
La Consejería de Sanidad puso en marcha el cuarto equipo para el tratamiento de radioterapia en el Hospital Doctor Negrín en diciembre de 2014, aún con Brígida Mendoza al frente del departamento. El acelerador fue adquirido en la época de Mercedes Roldós (Partido Popular) con el objetivo de sustituirlo por uno de los antiguos, pero permaneció más de dos años en un almacén hasta que se pudo construir un nuevo búnker. El quinto, que vino acompañado de un equipo de resonancia magnética, fue inaugurado a finales de 2015, también en un nuevo búnker. El consejero era el socialista Jesús Morera.
Además, en 2017 se sustituyó uno de los equipos antiguos, el mismo que se pretendía cambiar en 2011, por un robot de radiocirugía, el CyberKnife. En esta adquisición desempeñó un papel fundamental Pedro Lara, que apostó decididamente por su instalación incluso en contra de la opinión del entonces consejero Jesús Morera. Se trata de un equipo muy sofisticado, de elevada precisión, y caro (costó 2,84 millones de euros), pero que presenta un menor rendimiento clínico, de pacientes por día, que otro tipo de aparatos más versátiles y baratos, como el Truebeam, otro de los acelerados instalados en el Negrín, que, según fuentes expertas consultadas por este periódico, tiene la misma eficacia en el 99% de los casos y es capaz de tratar treinta pacientes más al mes, por lo que resulta más óptimo para reducir la lista de espera.
Pedro Lara, que es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con plaza de profesor vinculado al Servicio Canario de Salud (SCS), pidió a finales de julio una excedencia voluntaria de dos años para dedicarse en exclusiva a la actividad privada. El también director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer tomó esta decisión días después de que Canarias Ahora le preguntara, primero directamente y después a través del SCS, por su doble dedicación. Sanidad sostiene que la autorización de compatibilidad para ejercer en el sector privado depende de la universidad. La ULPGC defiende que compete al SCS. Lo cierto es que ninguno de estos dos organismos se la ha concedido, según información recogida a través de sus respectivos portales de Transparencia.
La diputada del PSOE Patricia Hernández ha interpelado este martes al consejero de Sanidad por estos datos en el Parlamento regional y le ha acusado de “incumplir obscenamente sus obligaciones de defender las normas que rigen el Servicio Canario de Salud y lo público”. “Baltar sigue sin diferenciar su etapa de gestor privado y su etapa de consejero que debe defender lo público. La situación es insostenible”, ha afirmado.
Hernández ha denunciado que el actual consejero era conocedor de lo que sucedía en el seno del servicio de Oncología Radioterapia del Negrín porque en 2014, la fecha en la que se firmó la adjudicación a la Clínica San Roque, ocupaba el cargo de director de Operaciones del centro privado y compartía actos públicos con el doctor Pedro Lara. “Firmó un contrato menor en 2014 defendiendo a San Roque y en 2017 facturó 1,6 millones de euros con ese contrato menor como título habilitante”, dijo.
Baltar ha defendido que las derivaciones con la Clínica San Roque se remontan a 1991 y que se mantuvieron durante la etapa en la que el PSOE asumió la Consejería de Sanidad (2015-2016), con la propia Hernández como vicepresidenta del Gobierno. “Me sorprende que conociendo semejantes irregularidades no dijera nada”, señaló el consejero, que ha insistido en que Lara no formaba parte de la comisión de derivaciones que adoptaba la decisión de enviar pacientes a la clínica privada.
“Venir a sembrar dudas sobre algo que viene de antaño y que está allí… Estamos tratando de hacerlo cada vez mejor. Yo sí he venido a defender la cosa pública y apostar por las inversiones financieramente sostenible, como un acelerador para el Negrín, A partir de ese momento, no tendremos necesidad de trasladar a los pacientes a un centro concertado”, ha anunciado.
Rebaja de exigencias
Baltar también ha negado, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Podemos Juan Márquez, que la Consejería haya rebajado las exigencias para que las clínicas privadas puedan homologarse y concurrir al concurso para la prestación del servicio de hospitalización de media y larga estancia. No ha explicado, sin embargo, si los centros podrán mantener los contratos aunque pierdan camas homologadas, es decir, aunque durante su periodo de vigencia incumplan parte de los requisitos exigidos para poder resultar adjudicatario del servicio, según se desprende de la última orden de este procedimiento.
El consejero de Sanidad ha defendido que sólo el 40% de las camas que actualmente están concertadas en este grupo de hospitalización, algo más de 700 sobre un total de 1.911, se han podido homologar de forma inmediata, mientras que el resto se tiene que adaptar a las nuevas exigencias, motivo por el que, defiende, era necesario ampliar en un año el plazo para que las clínicas privadas pudieran acreditar que cumplen los requisitos.