Cientos de personas se han manifestado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria para exigir una vivienda digna. La concentración se ha desarrollado en la plaza de El Pilar de Guanarteme, barrio que sufre desde hace años la especulación urbanística y un proceso de gentrificación.
La capital grancanaria ha sido una de las 40 ciudades españolas y las tres canarias (las otras dos son Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y San Isidro, en el sur de Tenerife) que se han sumado a la convocatoria simultánea de este sábado, la primera concentración estatal por el derecho a la vivienda. Los manifestantes reclaman soluciones urgentes para combatir los altos precios del alquiler y la especulación inmobiliaria.
“De las afortunadas ya no queda nada”; “Barrio sí, guiris no”; “Ser casero no es un trabajo”, “Acabemos con el negocio de la vivienda”; “La Isleta lucha por el derecho a la vivienda”, “Salvemos Guanarteme. No especulación”... Son los lemas de las pancartas que se erigían sobre la multitud concentrada en la populosa plaza de El Pilar. “Esta pancarta mide justo los metros cuadrados que te puedes permitir”, se leía en otra.
Una veintena de asociaciones y partidos políticos se han sumado a la protesta, que se ha desarrollado en un ambiente tranquilo y festivo y ha contado con actuaciones musicales de artistas jóvenes canarios. Además, miembros de la Escuela Libre de Teatro han representado una sátira sobre la complicada tarea de buscar un alquiler.
Según han informado fuentes de Delegación del Gobierno, en la manifestación de Las Palmas de Gran Canaria han participado medio millar de personas.
Javier Marrero, portavoz de la plataforma Derecho al techo, organizadora de esta movilización en Las Palmas de Gran Canaria, ha recordado que en las Islas hay 211.000 viviendas vacías, lo que supone casi el 20% del parque regional, y que la mayoría pertenecen a la Sareb y a grandes tenedores.
“Unos pocos se están beneficiando del trabajo y el sacrificio de muchas personas que no llegan a poder incluso independizarse porque su sueldo no alcanza para destinar más del 60% al pago del alquiler”, ha manifestado Marrero a los medios de comunicación, en declaraciones recogidas por agencias.
Xiomara Cruz, portavoz del colectivo Guanarteme Se Mueve, ha recordado que el barrio donde se ha celebrado esta concentración era conocido hasta hace unos años por un entramado de casas terreras que han ido dejando paso a edificios, buena parte de ellos destinados a viviendas vacacionales.
Cruz ha lamentado que el tejido social se ha ido perdiendo (“Antes todos los vecinos nos conocíamos”, ha dicho) por la entrada de turistas, las construcciones “masivas”, con edificios que incluso superan las diez plantas, y la “gentrificación” en el barrio.
Por su parte, CCOO ha señalado que a las 211.000 viviendas vacías hay que sumarle 83.000 de uso esporádico, que representan el 8% del total.
Por tanto, hay un 28% de viviendas del total que se podrían sumar al circuito de alquiler asequible, “aliviando la escasez de oferta en nuestras islas a corto plazo”.
El sindicato expuso que el Gobierno de Canarias ha anunciado recientemente la solicitud de la cédula de calificación de unos 2.000 inmuebles para su construcción o rehabilitación como vivienda protegida, siendo “un 7% de la demanda de vivienda protegida (27.500 personas inscritas en el registro público de demandantes de vivienda protegida)”.
El sindicato de inquilinos ha organizado estas protestas para denunciar la “asfixia” económica que está enriqueciendo a una “minoría rentista” a costa de imponer “precios desorbitados” a una gran parte de la sociedad.
De igual manera, ha hecho un llamamiento para acabar con la “impunidad” con la que opera la patronal inmobiliaria y el modelo turístico de alquileres de temporada, “que está expulsando a los vecinos en las ciudades turísticas”.
Desde el sindicato de inquilinos piden la bajada “inmediata” del 50% de los alquileres, establecer contratos de alquiler indefinidos, recuperar viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada para que cumplan una función social, así como poner fin a la compra especulativa, desarticular los grupos de desokupación, aumentar el parque público de vivienda y disolver la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).