Los colectivos de vivienda de Canarias valoran el decreto antidesahucios, pero reclaman garantías permanentes
La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, que incluye la protección frente a los desahucios de familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, prórrogas extraordinarias de los contratos y la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. La votación se produce con las Cortes disueltas y a 17 días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El segundo texto, que recogía los alquileres indefinidos, no ha logrado salir adelante.
En Canarias, Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife reconocen el alcance de las medidas para las personas amenazadas con perder su hogar aunque plantean reservas sobre su suficiencia y el momento elegido para aprobarlas. Mientras el primer colectivo celebra que se refuerce la responsabilidad de las administraciones, el sindicato acusa al Ejecutivo de actuar por un “cálculo electoral y partidista” tras años sin atender las demandas de las organizaciones que trabajan directamente día a día con los afectados por desahucios.
Derecho al Techo celebra avances, pero advierte de sus límites
Derecho al Techo considera que la ampliación de la suspensión de los desahucios hasta 2030, la protección frente a determinados grandes tenedores y la obligación de las administraciones de intervenir para evitar que las familias vulnerables se queden en la calle constituyen avances, aunque “siguen siendo insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda”.
El colectivo destaca la posibilidad de suspender un lanzamiento incluso cuando ya existe una resolución judicial, siempre que todavía no se haya ejecutado. También pone el foco en la incorporación de la enervación con intervención de la Administración, un mecanismo que permite evitar el desahucio mediante el pago de las cantidades adeudadas y mantener vigente el contrato. Según explica la organización, la Administración dispone de dos meses para proporcionar una alternativa habitacional o hacerse cargo de la deuda y las costas. Si no cumple, queda subrogada en las obligaciones correspondientes y asume el pago al propietario, sin que se extinga el contrato.
“Que se introduzca un mecanismo que obliga a las instituciones a intervenir y asumir responsabilidades, en lugar de dejar toda la carga sobre las familias, es un gran avance”, sostiene Derecho al Techo. La entidad también valora la previsión de una suspensión de hasta tres años, con compensación económica al propietario, cuando no proceda la citada enervación.
A su juicio, estas medidas pueden impedir que muchas familias pierdan su hogar y reconocen que las administraciones públicas “no pueden permanecer al margen de los procedimientos de desahucio cuando hay personas vulnerables afectadas”.
No obstante, advierte de que no se trata de una paralización general de los desahucios: las protecciones están sujetas al cumplimiento de determinados requisitos y no solucionan la falta de vivienda pública, social y asequible.
Una protección que no dependa de las elecciones
Derecho al Techo también expresa preocupación por la continuidad de las medidas después de las elecciones del 29 de noviembre. El colectivo señala que un cambio de Gobierno no elimina automáticamente una norma vigente, pero una nueva mayoría parlamentaria podría modificarla o derogarla.
“Por eso, no podemos considerar que una protección temporal hasta 2030 equivale a una garantía permanente del derecho a la vivienda”, afirma. La organización asegura que mantendrá su posición con independencia de quién gobierne: defenderá los avances que protejan a las familias y se movilizará frente a cualquier retroceso.
“No queremos tener que vivir pendientes de una prórroga, de un decreto o de unas elecciones para saber si podremos conservar el hogar. Queremos que el derecho a la vivienda esté garantizado de forma permanente”.reclaman.
El sindicato de Tenerife denuncia un cálculo electoral
Por su parte, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife centra sus críticas en el momento de la aprobación. La organización considera que la pregunta que debe hacerse la población es por qué estas medidas no se impulsaron al comienzo de la legislatura y sí a 17 días de una convocatoria electoral anticipada.
Según el sindicato, las políticas ahora convalidadas quedaron fuera de la Ley de Vivienda de 2023 pese a las exigencias de las organizaciones de inquilinas. También denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ignoró durante más de dos años las propuestas que le habían presentado.
“Esta aprobación responde a un cálculo electoral y partidista”, sostiene. Para la organización, que el decreto vaya a beneficiar a una gran mayoría de personas evidencia precisamente “el abandono del Gobierno a la clase trabajadora” durante el tiempo en que no promovió esas protecciones.
Su principal objeción al contenido es que los alquileres indefinidos se tramitaran por separado. Esa medida quedó en un segundo decreto que este jueves fue rechazado con los votos, una vez más, de PP, Vox, Junts y PNV.
El sindicato también dirige sus críticas a Coalición Canaria, a la que acusa de oponerse a los contratos indefinidos en las Islas mientras dice defender al pueblo canario. Para la organización, la protección frente al desahucio debe acompañarse de topes a los alquileres y de estabilidad contractual.
Como muestra de la dimensión del problema, el colectivo alude al último informe de ODESOCAN, según el cual el 80% de los desahucios registrados en Canarias en 2025 estuvieron relacionados con el impago del alquiler. Desde esa perspectiva, sostiene que las medidas aprobadas dejan pendiente una de sus demandas centrales: que la continuidad en una vivienda no dependa de sucesivas prórrogas ni de la renovación del contrato.