Continúan las multas en Canarias por no ceder tu apartamento a un explotador turístico: “Queremos disfrutar de nuestra propiedad en familia”

Un año después del decreto que pretendía paralizar las multas a los afectados por querer residir o utilizar sus apartamentos como segunda residencia en Canarias y no dedicarlos a la explotación turística, siguen llegando esas sanciones a las familias. En el mes de abril los propietarios de uno de esos apartamentos en La Gomera recibieron una propuesta de sanción de 2.250 euros por no dedicar el inmueble a uso turístico sino a “residencial”. Para calcular el tipo de sanción, que está tipificada como “grave” se señala que se ha tenido en cuenta el lugar donde se encuentra dicho apartamento, en una zona “eminentemente turística” (Valle Gran Rey). 

Una de las afectadas explica a este periódico que el inmueble fue comprado por su padre con mucho esfuerzo y que lo han heredado tres hermanos que quieren disfrutar de él y no dedicarlo a la explotación turística. “Estamos jubilados y queremos disfrutar y compartir vida en familia”, afirma. Afirma que tienen raíces gomeras por lo que tienen una fuerte conexión con la isla aunque hayan vivido en Tenerife y que no les parece justo que les lleguen estas sanciones ni a ellos ni a tantos cientos de familias. 

Precisamente, esta semana este asunto fue debatido en el Parlamento de Canarias. Allí, se trasladaron personas de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística para seguir una moción en la que Nueva Canarias preguntaba a la consejera de Turismo por el decreto aprobado el pasado año con el que se pretendían paralizar las multas y que consideran un “fracaso” y por qué siguen llegando estas sanciones. La consejera Jéssica de León (PP) aludió a que la Ley por la que ahora llegan estas multas a los complejos es del año 2013. Se trata de una norma que habla del principio de unidad de explotación (que los dueños de los apartamentos no los puedan alquilar por su cuenta sino a través de un explotador) y de los usos deben regirse en base al plan de ordenación municipal. 

De León se limitó a decir en el pleno ella no gobernaba cuando se aprobó esa Ley e incidió en que cuando un explotador denuncia en la actualidad su Consejería se ve obligada a tramitar esas denuncias y hacer cumplir la Ley. Asimismo, incidió en que se están buscando soluciones e insistió en una mesa de diálogo. Además, destacó que hay abiertos por este motivo en las islas 176 expedientes, de los cuales hay 110 recursos de alzada presentados, 66 sin recurso, 37 pendientes de enviar, 63 pendientes de resolver y diez que ya han sido resueltos.

“Nos dicen que están obligados a multar porque hay denuncias, pero tramitar una denuncia no significa necesariamente sancionar”, afirman desde la Plataforma de Afectados por la ley Turística. “La Administración puede y debe analizar cada caso. Y cuando hay derechos consolidados, la sanción no procede”. Según cálculos facilitados por este colectivo, según los boletines oficiales, 128 cartas de pago y 178 resoluciones de inicio, pero desde que está en vigor el decreto ley, tienen 62 resoluciones de inicio.

“Cuando compramos el apartamento nadie nos dijo nada”

“Hay apartamentos dentro de este complejo que si quieren estar en la explotación les interesa y bueno. Y nosotros a eso no nos oponemos porque los apartamentos que quieren estar, que estén. Pero hay familias que no queremos estar y entonces ¿por qué nos tienen que multar, que denunciar que lo que nos ha hecho este explotador nos ha denunciado y nos están poniendo multa? Es una situación muy desagradable que tú vayas a tu sitio, a tu espacio y te encuentres con esas denuncias”, lamenta una de las personas afectadas por las multas en La Gomera. 

“Que el explotador explote con lo que él quiera, con los apartamentos que él quiera y a los que no queremos que nos dejen tranquilos. En la Gomera esto ha coincidido siempre, en los complejos siempre ha habido gente que ha estado dentro de explotaciones y gente que no, en la misma explotadora. Nunca ha habido estos problemas”, insiste. 

La afectada, que asegura que ya su familia ha recurrido esta multa porque pagarla era darles la razón y no considera que la administración la tenga, apunta que cuando su padre compró el apartamento nunca a finales de los 90 principios de los 2000, nunca se le dijo que no podría disfrutar de él y tenerlo que ceder a la explotación turística. “Es un apartamento de uso residencial, eso es lo que dice el catastro. Y eso es lo que dice también la primera, el contrato ese de compra-venta que hizo mi padre en su día”. 

“No existe base legal para sancionar el uso residencial”

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística, por su parte, sigue batallando con multitud de multas. Maribe Doreste, portavoz del colectivo, explica que ya desde el año pasado se alertó de que el decreto no iba a paralizar las sanciones ya que obligaba a los propietarios a solicitar el cambio de uso de sus inmuebles. “Es una trampa. Es que tú no puedes solicitar algo que ya posees y que ya tienes. Porque si solicitas algo que ya tú posees, te estás posicionando en el lado contrario. Le estás diciendo a la administración que tú consideras que eres turístico y por eso solicitas el residencial. Sin embargo, lo que nosotros defendemos es que nuestros usos son legales y consolidados”. 

“El decreto ley 2/2025, presentado como solución, no ha suspendido las sanciones ni ha resuelto el problema. Un año después de su aprobación, las multas continúan llegando. Para los afectados, el decreto no solo ha fracasado, sino que ha servido para reforzar la consideración de sus viviendas como ”unidades alojativas“, consolidando la obligación de destinarlas al uso turístico e incluso sometiéndolas, en algunos casos, a explotadores únicos dentro de los complejos”, sostienen desde la plataforma. 

La plataforma ve “una estrategia” para transformar determinadas zonas (como Maspalomas) en espacios exclusivamente turísticos, donde el residente desaparece. “Se quiere imponer un modelo de ciudad de vacaciones sin ciudadanos”, afirman. Los afectados remarcan además que no realizan actividad turística alguna y que son residentes, no explotadores. Y, por tanto, consideran que la Consejería de Turismo carece de competencias sobre ellos. “Que regulen la actividad turística, por supuesto. Pero nosotros no somos actividad turística”, subrayan desde la plataforma.