Turismo reconoce que se sigue multando a propietarios por residir en sus apartamentos en Canarias pese al decreto aprobado hace un año
Los afectados por residir en sus apartamentos y no dedicarlos a explotación turística siguen recibiendo multas pese a que el año pasado se aprobó un decreto que pretendía paralizarlas. Según confirmó la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, en las islas hay abiertos por este motivo 176 expedientes, de los cuales hay 110 recursos de alzada presentados, 66 sin recurso, 37 pendientes de enviar, 63 pendientes de resolver y diez que ya han sido resueltos.
De León achacó en la Cámara regional a la Ley de 2013 el hecho de que no se puedan paralizar todas las sanciones. Según afirmó, lo ha analizado su equipo jurídico y no se puede suspender los procedimientos sancionadores por eso se decidió recurrir a la fórmula del decreto que aprobó hace un año. Un decreto que ya la plataforma de afectados por la Ley Turística, presente este martes en el Parlamento, advirtió de que no iba a paralizar realmente las sanciones.
La consejera apuntó que los expedientes no parten de la administración, sino que son actuaciones de oficio ante denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores turísticos ante las que el Gobierno de Canarias tiene el deber legal de actuar y que es por ello que se hace complejo paralizarlas.
“Vuelvo a reiterar que la inspección no está actuando de oficio, es decir, no hay una cacería contra propietarios. Hay denuncias cruzadas entre propietarios, hay denuncias cruzadas entre explotadores, hay denuncias incluso de hasta explotadores de bares que no tienen sus clientes y que le piden lucro cesante a la Administración, a la comunidad autónoma de Canarias, por no haber cumplido el deber de atenerse al uso o al principio de unidad de explotación. Y esa es la Canarias caótica que exige reflexión”.
Jéssica de León ha dicho en el Parlamento que el Gobierno regional que “tiene un borrador que está trabajando con los municipios más afectados con el objetivo de adecuar el planeamiento a la situación que se está viviendo”.
Según insistió a los afectados, presentes en el Parlamento, “les pediría que huyan de quienes les prometen soluciones mágicas” y recalcó que “tenemos que tramitar esas denuncias”. De León se excusó en que el Gobierno ha explorado la suspensión de todos los procedimientos sancionadores, pero recalcó que no es posible.
Esther González, diputada de Nueva Canarias y el socialista Gustavo Santana denunciaron en el pleno el “fracaso” de ese decreto con el que la Consejería de Turismo aseguró hace un año que se paralizarían esas multas mientras que han seguido llegando.
La diputada de NC hizo hincapié en que se trata de “una realidad que duele, que duele porque tienen nombre y apellido, que duele porque entra por la puerta de un hogar en forma de 2.000 euros de sanción, que duele porque afecta a algo tan básico como poder vivir en tu propia vivienda”.
“Estamos hablando de familias canarias que adquirieron un apartamento o un bungaló escriturado como vivienda, con división horizontal, en suelo mixto, que lo compraron con sus ahorros, con el esfuerzo de toda su vida y que hoy se ven perseguidas por el simple hecho de vivirlo o de usarlo como segunda residencia”, dijo la diputada de NC.
“Y no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de miles de personas, de 70.000, que de la noche a la mañana han pasado de ser un propietario de una vivienda a ser declarados culpables, sin entender por qué, sin saber qué han hecho mal y con el miedo metido en el cuerpo, porque eso es lo que ha generado usted, eso es lo que ha generado su consejería, miedo. Miedo a abrir el buzón por si se encuentran con una sanción y miedo a no saber si por mañana podrán seguir viviendo en su casa”, insistió González.
El diputado socialista Gustavo Santana afeó que según datos de la plataforma, durante todo el período, constan, según los boletines oficiales, 128 cartas de pago y 178 resoluciones de inicio, pero desde que está en vigor el decreto ley, tienen 62 resoluciones de inicio.
Santana incidió en que esto no afecta solo a un municipio concreto, pues afecta a muchísimos municipios de todo el territorio nacional y no escapa a ninguna de las islas. Por ejemplo, en La Gomera la plataforma le costa hasta cuatro expedientes sancionadores a personas que viven singularmente, por ejemplo, en el municipio de Valle Gran Rey. Por lo tanto, según los estudios, su decreto ley deja en desamparo a más de 70.000 afectados en Canarias por esta situación.
La consejera remarcó que “tenemos que resolver la residencialización. Complejos íntegramente residencializados. Con usos mixtos” y en que la utilización de apartamentos como segundas residencias y la explotación como viviendas vacacionales de apartamentos sin gestores turísticos.
“No solamente ofrezco un perdón. Ofrezco diálogo a todas las formaciones políticas”, aseguró Jéssica De León. “Lo vamos a intentar conseguir en esta legislatura”, remarcó.
“Lo que hemos hecho es crear una mesa de debate con todos los sectores, y yo invito a volver a sentarnos en la mesa a tratar de solucionar este laberinto jurídico”, apuntó la consejera.