Costas somete a información pública la propiedad de una finca en Arguineguín y los vecinos anuncian alegaciones
La Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda ha expresado su rechazo al expediente de Costas sometido a información pública sobre los derechos de propiedad de una finca en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), incluida en el dominio público marítimo-terrestre del deslinde Santa Águeda–Bahía El Pajar.
La entidad vecinal, ha manifestado en una nota su “profunda preocupación” por el trámite promovido por la Demarcación de Costas de Canarias, porque coincide con varios procesos judiciales en los que vecinos de la zona defienden sus viviendas y derechos de propiedad.
A su juicio, cualquier actuación sobre estos terrenos debe hacerse con “máximo rigor jurídico” y con plena garantía de la seguridad jurídica.
Según el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el expediente busca determinar los posibles derechos de una finca, incluida en el dominio público marítimo-terrestre por deslinde denominado C-DL-50 Santa Águeda – Bahía El Pajar, aprobado por Orden Ministerial a fecha 23 de enero de 1987, y que podrían corresponder a varios propietarios en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda ha expresado su “más firme rechazo” al expediente, al que atribuye posibles efectos sobre los derechos e intereses de los vecinos de El Pajar (Arguineguín).
Además, la Asociación explica que durante décadas, El Pajar ha experimentado una “compleja evolución urbanística y patrimonial”, con cesiones de terrenos, segregaciones, promociones públicas de viviendas y múltiples transmisiones de la propiedad.
La entidad defiende que en la zona existen fincas “perfectamente individualizadas y consolidadas”. Asimismo, anuncia que estudiará el expediente y toda la documentación histórica, urbanística y registral antes de presentar sus alegaciones, dentro de los 20 días hábiles, según el plazo legal establecido, y pide a las administraciones “máxima transparencia”, diálogo y seguridad jurídica.
También asegura que utilizará todos los instrumentos legales a su alcance “para defender los intereses del pueblo y de las futuras generaciones”, subraya la entidad.