Decenas de aspirantes piden apartar a la psicóloga detrás de la criba en las oposiciones a la Policía Local en Canarias
Decenas de aspirantes han recusado a la psicóloga que dirige el equipo asesor de la prueba psicotécnica que eliminó a casi el 70% de los opositores evaluados en la convocatoria unificada para el ingreso en la escala básica de la Policía Local en Canarias.
Según las fuentes consultadas, hasta la mañana de este jueves un total de 78 candidatos excluidos han pedido apartar de forma cautelar a la directora técnica de asesoramiento psicotécnico al entender que podría incurrir en una de las causas de abstención previstas en las bases del proceso selectivo. Esa cifra representa aproximadamente el 10% de los 783 aspirantes declarados “no apto” en esa prueba, a la que se presentaron 1.135 personas.
Los excluidos han presentado una serie de pruebas que, a su juicio, constituyen indicios que debe investigar la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria).
Qué alegan los recusantes
Las bases contemplan la posibilidad de recusar no solo a los miembros del tribunal, sino también a las personas asesoras especialistas. En el caso de la prueba psicotécnica, se trata de tres profesionales que actúan colegiadamente y elevan al tribunal sus propuestas.
Entre las causas de abstención previstas para el tribunal figura haber realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria o mantener una amistad íntima con algún interesado en el proceso selectivo. Los recusantes consideran que esta causa es aplicable también a los asesores.
Los afectados han aportado capturas de la página web profesional de la psicóloga y de otros perfiles públicos para tratar de acreditar que ofrecía servicios a opositores de distintos cuerpos en los cinco años anteriores a la convocatoria de las oposiciones, que fue publicada el 30 de octubre de 2025.
En concreto, esos escritos de recusación aportan una certificación de eGarante de la web de la psicóloga correspondiente a una captura del 1 de enero de 2022, dentro por tanto de ese plazo de cinco años. En esta página se hacía constar que la profesional contaba “con más de diez años de experiencia en el trabajo del opositor (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…)” y se incluía el testimonio de un cliente sobre la preparación y corrección de errores en tests y entrevistas.
Según los afectados, tanto esas menciones como el comentario del cliente ya no figuran en la página actual, donde la profesional se presenta como “experta en procesos de selección de personal en oposiciones”.
Por otra parte, en su perfil público en la plataforma Doctoralia ofrece servicios de pago como “entrevista psicológica” (entre 60 y 70 euros); “informe psicológico” (60 euros) o “gestión de la ansiedad ante los exámenes” (desde 60 euros). Los recusantes destacan la semejanza de denominación entre algunos de estos servicios privados y las labores de la psicóloga en el proceso selectivo y solicitan que aclare si ha atendido a aspirantes de esta convocatoria.
Las recusaciones también incorporan la captura del perfil profesional de la psicóloga en LinkedIn, donde aparece como “experta en selección de FF.CC.SS.” (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) desde 2009 hasta la actualidad y describe su labor en la selección de policías en diversas escalas y mandos. “Test psicotécnicos, test de personalidad, entrevistas personales y competenciales”, se puede leer en la descripción en esta red.
Los opositores excluidos aportan además capturas de un seguimiento recíproco en redes sociales entre el perfil profesional de la psicóloga y una cuenta que vinculan, por indicios, con una aspirante declarada apta en el test psicotécnico y convocada a la entrevista con ella. Los escritos aclaran que no se atribuye ninguna irregularidad ni mala conducta a esta candidata y que se menciona con el único objetivo de que la directora técnica aclare formalmente “si mantiene o ha mantenido una relación personal, familiar, laboral o profesional” con ella.
Los recusantes reclaman una copia de la declaración responsable de la asesora, en la que debió manifestar que no incurría en ninguna causa de abstención.
Los afectados solicitan que se aparte de forma cautelar a la directora técnica de toda actuación relativa al psicotécnico mientras se tramita y resuelve el incidente y que no intervenga en los informes individualizados, ni en la calificación provisional ni en la resolución de alegaciones y reclamaciones. También piden que se conserve el expediente de la prueba y las grabaciones audiovisuales de las entrevistas.
Este periódico trasladó por escrito sus preguntas a la psicóloga recusada y a la presidenta del tribunal la mañana de este miércoles. Ninguna ha respondido hasta la fecha.
El origen del malestar
El malestar que ha desembocado en esta oleada de recusaciones se gestó a finales de septiembre, después de que se publicaran las calificaciones del examen psicotécnico celebrado el 19 de agosto en cinco sedes (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma). De los 1.135 aspirantes presentados, el tribunal calificó “no aptos” a 783 y “aptos” a 352, lo que deja una ratio de apenas dos candidatos por plaza ofertada cuando aún restan pruebas de alta exigencia, como la teórica, los supuestos prácticos o los idiomas.
El examen constaba de dos bloques. El primer test medía las habilidades cognitivas. El segundo cuestionario evaluaba variables de personalidad y rasgos clínicos.
La mecha que encendió a los excluidos fue la opacidad de los resultados. El tribunal difundió al principio un listado anonimizado en el que solo figuraba la calificación de “apto” o “no apto”, sin puntuaciones ni explicaciones individualizadas. Una resolución dictada por el tribunal el 30 de septiembre precisó que los motivos de exclusión constaban en el expediente y que los aspirantes podían solicitar un informe individualizado.
Estos hechos empujaron a más de 200 opositores a unirse para exigir explicaciones, revisar los expedientes y fiscalizar los antecedentes del equipo encargado de la prueba, lo que ha derivado en la recusación.