Criba en las oposiciones a Policía Local en Canarias: el test psicotécnico elimina a siete de cada diez aspirantes
Criba en las oposiciones a Policía Local en Canarias. Siete de cada diez aspirantes han quedado eliminados en el examen psicotécnico y de personalidad, la segunda fase del proceso selectivo tras las pruebas físicas. Esta convocatoria unificada se convocó en octubre del año pasado y oferta 180 plazas para treinta ayuntamientos de las Islas, entre los que destaca el de Las Palmas de Gran Canaria, con 57 puestos a cubrir.
La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha publicado este lunes los resultados. De los 1.135 aspirantes evaluados, 783 han sido declarados no aptos. Sólo continúan 352 candidatos, poco más del 30% del total.
La eliminación de más de dos tercios de los opositores en el psicotécnico deja una ratio de menos de dos candidatos por plaza ofertada (352 aptos por 180 vacantes) cuando aún deben celebrarse fases eliminatorias de alta exigencia, como la prueba de conocimientos teóricos y supuestos prácticos, el examen de idiomas y los reconocimientos médicos.
Los excluidos se organizan
Los aspirantes han empezado a organizarse. En apenas 24 horas ya son más de 200 los opositores que se han unido a un grupo para presentar reclamaciones.
Además de advertir del riesgo de que no se puedan cubrir en su totalidad las plazas convocadas, este colectivo pone el foco de la denuncia en la falta de motivación y de puntuación desglosada en la resolución. Aún no saben por qué han suspendido.
El tribunal calificador ha difundido un listado anonimizado de aspirantes -identificados con un código numérico- con el resultado de “apto o no apto”. Será este jueves a partir de las 9.00 horas cuando se celebre la sesión pública de apertura de los sobres de identificación para desvelar los nombres asociados a cada código (aunque cada uno de los aspirantes ya sabe su número y, por tanto, si ha aprobado o suspendido).
Lo relevante, señalan los opositores, es que esa resolución no aporta ni las puntuaciones ni la motivación, pese a que las bases exigen que el resultado individualizado de la prueba psicotécnica esté fundado y exprese por qué la aplicación de los criterios lleva a admitir o negar la aptitud. También obligan a reflejar las puntuaciones en actas -no basta que figure simplemente con la calificación de apto o no apto- y a publicarlas en una resolución.
La prueba, de carácter eliminatorio, se celebró el 19 de agosto en varias sedes (Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma). Las bases preveían una duración máxima de cuatro horas. El examen mide las habilidades cognitivas de los aspirantes (sus capacidades intelectuales y de razonamiento); variables de personalidad (estabilidad emocional, extraversión, conciencia, integridad, orientación a la seguridad…) y detecta riesgos clínicos de personalidad (narcisista, compulsiva, histriónica, antisocial…) La evaluación recae en un equipo de psicólogos designados como asesores técnicos por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública.
Así era la prueba
El test que calibraba las habilidades cognitivas de los aspirantes contenía 75 preguntas y había que obtener al menos un 5 de manera obligatoria. Era eliminatorio. El segundo test medía a la vez las variables de personalidad y los rasgos clínicos y sumaba 129 preguntas.
Las bases contemplan además la posibilidad de realizar una entrevista personal con los candidatos declarados aptos en esos test previos “cuando se valore que es preciso contrastar y aclarar cuantas cuestiones hayan surgido” en relación con su personalidad. Esas entrevistas quedan grabadas en vídeo.
Con los resultados publicados, los aspirantes no aptos desconocen si su exclusión tiene que ver con la capacidad cognitiva, con el perfil de personalidad, con algún riesgo clínico o con la denominada escala de validez (que verifica si el cuestionario es fiable).
El colectivo dice haber recabado testimonios de candidatos que contestaron 50 preguntas en el test de habilidades cognitivas (la primera parte) y figuran como “no aptos”, mientras que otros que respondieron entre 20 y 30 aparecen como “aptos”.
A juicio de estos aspirantes, “la confidencialidad que invocan las bases no puede impedir que cada persona conozca su propia puntuación”.
Este colectivo sostiene que, al desconocer a qué responde su exclusión, los afectados no pueden ejercer con garantías sus derechos. Tras la apertura de sobres de este jueves, los opositores dispondrán de un plazo para poder presentar alegaciones.
El colectivo exige que se publiquen las puntuaciones desglosadas de cada aspirante (habilidad mental general, dimensiones de personalidad y escalas de validez); informes psicotécnicos “motivados e individualizados” para todos los no aptos, con acceso a sus hojas de respuesta, y que ningún plazo de alegaciones o recurso corra en perjuicio de los aspirantes mientras dispongan del desglose solicitado.
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