Greenpeace denuncia que Canarias es un ''refugio para la corrupción''

Greenpeace ha denunciado este martes tras una rueda de prensa que junto a los once casos de corrupción urbanística destapados hasta el momento que implican a más de 75 personas, el Archipiélago canario ha aprobado planes para la construcción de 380.000 nuevas plazas residenciales y turísticas, 21 nuevos campos de golf y 31 puertos deportivos para dar cabida a 8.275 amarres, así como que sus costas reciben 286 vertidos ilegales, lo que convierten a las Islas en “refugio de la corrupción”.

Greenpeace ha presentado este martes en rueda de prensa el informe Destrucción a toda costa 2007 en el que analiza la situación del litoral. El documento repasa las principales amenazas, destacando como principal la construcción, el aumento del número de campos de golf asociados a segundas residencias, las denuncias de corrupción urbanística, el incremento de nuevos amarres deportivos, los efectos del cambio climático y los problemas de contaminación debido a la escasa depuración de las aguas residuales y a los vertidos de buques en el mar.

Según Greenpeace los principales problemas del Archipiélago canario radican principalmente en que la superficie urbanizada ha aumentado más de un 54% en los últimos años a pesar de que sólo el 40% de su extensión es urbanizable. La presión urbanizadora se reparte por casi todas sus islas, pero se ha dejado sentir especialmente en Fuerteventura, donde en los últimos 17 años la superficie edificada ha aumentado un 169%, seguida por Lanzarote, con un crecimiento del 60% y Tenerife con un 51%. Cinco localidades canarias han aumentado la superficie urbanizada por encima del 100%: Antigua (Fuerteventura) un 270%, Pájara (Fuerteventura) un 241%, Adeje (Tenerife) un 194%, San Miguel de Abona (Tenerife) un 172% y Tuineje (Fuerteventura) un 109%.

El parque de viviendas se ha disparado en Canarias durante los últimos años, creciendo un 12.6%, cifra sólo superada por Andalucía. En los últimos cinco años se han construido 108.000 residencias y la planta hotelera ha experimentado un aumento del 57% en los últimos diez años. Y nada indica que este ritmo vaya a parar. El Plan Especial Territorial de La Palma propone la creación de 10.000 nuevas camas, el de Gran Canaria 25.500 y el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Tenerife (PIOT) podría suponer la construcción de 312.000 nuevas viviendas.

11 casos de corrupción urbanística

Estas elevadas cifras de construcción van acompañadas de numerosos casos de corrupción urbanística (11 casos y 75 imputados hasta el momento) que colocan al archipiélago en los primeros puestos de la corrupción estatal. La Operación Góndola en Mogán ha llevado a la Fiscalía a acusar al alcalde José Francisco González, elegido nuevamente en las últimas elecciones municipales, y a otros responsables del ayuntamiento de esta localidad de Gran Canaria de cinco delitos urbanísticos y monetarios. En la misma isla, la Operación Faycan contra la corrupción urbanística en Telde suponía la imputación del ex alcalde Francisco Valido y otras 29 personas. Las administraciones locales de Santa Brígida y San Bartolomé de Tirajana están también siendo investigadas por el cobro de comisiones a cambio de conceder trato de favor (cohecho).

En Tenerife dos escándalos urbanísticos tienen un denominador común, la imputación por parte de la Fiscalía del alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, reelegido en las últimas elecciones municipales. En el primer caso, la trama urbanística de Las Teresitas, Zerolo y otras diez personas están acusadas de prevaricación y malversación de caudales públicos por una operación urbanística que permitió la ganancia de 119 millones de euros a los promotores y supuso un perjuicio económico de 52,9 millones al consistorio municipal. Recientemente se ha conocido una sentencia del Tribunal Supremo declarando nula la compra de los terrenos realizada por el ayuntamiento, decisión que ha sido recurrida por Zerolo.

El otro caso, destapado a raíz de las investigaciones del caso Forum Filatélico, imputa al alcalde Zerolo y al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, Luis Suárez Trenor, por un delito de cohecho al favorecer una concesión administrativa sobre la construcción de la marina de San Andrés en el Puerto de Santa Cruz y llevar a cabo una operación urbanística en el valle Tahodio. Los municipios de Adeje y Arona también están siendo investigados por la Fiscalía por delitos urbanísticos.

En Fuerteventura el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba el Plan Parcial Casas de Majanicho, aprobado en 2002 por Domingo González Arroyo, que planteaba la construcción de 4.000 plazas hoteleras y residenciales en un tramo de costa virgen en el norte de la isla. La finca donde se asienta el plan fue comprada por la empresa Lonja Madrid, S.A. por 6.000 euros y vendida posteriormente por 240.000 a Nombredo, S.L. Tras la aprobación del Plan Parcial, su valor pasó a ser de 28 millones de euros. En la actualidad se han construido 748 viviendas de lujo vendidas en su mayoría en el Reino Unido.

En Lanzarote tres municipios, los alcaldes de Teguise, Haría y Yaiza están siendo investigados por la Fiscalía por delitos continuados contra la ordenación del territorio.

Puertos deportivos y campos de golf

Junto a la construcción, otra serie de amenazas están presentes en el litoral canario. Un total de 31 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de los ya existentes añadirán 8.275 nuevos amarres a la costa. Destaca especialmente el caso de Tenerife, donde el Plan Territorial Especial de Ordenación de Puertos suma 19 instalaciones que supondrán un aumento del 500% del número de amarres, pasando de los 1.400 actuales a más de 7.000.

Los planes para construir el Puerto Industrial de Granadilla siguen adelante. Las obras ya están adjudicadas a pesar de no contar con financiación europea, ya que el Gobierno español retiró en julio de 2005 la petición de fondos. Ahora, en un nuevo periodo en el que la Comisión Europea ha aconsejado a España que centre sus peticiones en I+D+I, se ha vuelto a solicitar fondos para el proyecto cuya inviabilidad comercial y ambiental está más que demostrada.

El último impacto analizado en el informe de Greenpeace es la contaminación de las costas canarias, destacando el dato que Canarias acoge 208 vertidos ilegales repartidos por sus islas: Tenerife (59), Gran Canaria (51), Fuerteventura (41), Lanzarote (32), La Palma (12), El Hierro (7) y La Gomera (6).

En definitiva, Greenpeace considera que la situación del litoral es cada vez peor y que es necesario poner en marcha medidas puntuales para limitar el crecimiento desmedido de la urbanización, las segundas residencias, los campos de golf y los puertos deportivos. De igual forma deben ponerse en marcha medidas globales que garanticen una protección integral del litoral, entre las que destaca el establecimiento de una Red de Reservas Marinas que salvaguarde y revalorice la costa, la productividad de los mares, la vida marina y sus ecosistemas para los muchos millones de personas que dependen de este espacio.

España

Para la asociación ecologista, las cifras presentes en el informe constatan el inmovilismo de las administraciones para solucionar los problemas del litoral y la necesidad de acometer amplias reformas en su gestión para frenar la destrucción de la costa.

Así, hablan de 2.999.743 nuevas viviendas proyectadas en planes urbanísticos o territoriales; 99.519 viviendas ilegales detectadas; 89 casos de corrupción urbanística investigados y 354 implicados (alcaldes, concejales, constructores, testaferros) hasta el momento; 316 nuevos proyectos para construir campos de golf; 202.250 nuevas plazas hoteleras; 112 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos para 38.389 amarres; 350 municipios con vertidos ilegales o mala depuración