Un juzgado de Tenerife censura a Protección a la Infancia en el caso de una pareja que quiere recuperar a sus hijos
La situación de los cuatro hijos tutelados de Teresa e Iván, caso expuesto por Canarias Ahora el pasado febrero, vivió este miércoles una situación muy dura para estos padres y su abogada al no asistir ninguno de los técnicos y profesionales propuestos por la dirección general de Protección a la Infancia del Gobierno regional. Según señala la abogada de estos padres, Margarita López Anadón, la propia jueza y el Ministerio Fiscal expresaron en sala “su profunda preocupación por los reiterados retrasos en la remisión de expedientes, informes y documentación necesaria para el control judicial de las medidas de protección”, después de la ausencia de los trabajadores autonómicos.
Esa vista estaba prevista en el tribunal de Instancia número 1, sección de Familia, Infancia y Capacidad de Santa Cruz de Tenerife (antiguo juzgado de Primera Instancia número 7), pero no pudo celebrarse por esas ausencias cuando, paradójicamente, había sido solicitada por la propia administración. Esto obligó a la suspensión de la vista y dio lugar a una conversación con la magistrada y la Fiscalía que, según la letrada, “resultó especialmente significativa. La jueza, Sofía Elena Valdivia López, manifestó su profunda preocupación por el funcionamiento que viene observando en relación con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias. La magistrada calificó la situación de insostenible y se refirió a las reiteradas dificultades que encuentra el propio órgano judicial para conseguir que la entidad pública remita en plazo las actualizaciones de los expedientes administrativos, los informes solicitados y otra documentación necesaria para resolver procedimientos que afectan directamente a niños y adolescentes”.
Esta letrada detalla a este periódico que “se expusieron, asimismo, situaciones en las que, tras requerimientos judiciales para la aportación de documentación o informes, las respuestas se retrasan o resulta extraordinariamente difícil determinar qué órgano o profesional debe dar cumplimiento al requerimiento. La relevancia de estas manifestaciones resulta especialmente importante porque no proceden únicamente de una familia afectada ni de su defensa jurídica, sino de la propia titular de un órgano judicial especializado en Familia, Infancia y Capacidad”.
Según su relato, la fiscal presente en sala “mostró igualmente su indignación y preocupación por lo que está observando en los procedimientos de protección de menores en Canarias. La representante del Ministerio Fiscal, recientemente incorporada a Santa Cruz de Tenerife tras ejercer anteriormente en Valencia, manifestó que no había encontrado durante su trayectoria profesional una situación semejante y expresó su preocupación por las dificultades para disponer de información actualizada y documentación suficiente en procedimientos de enorme trascendencia para los menores”.
“No es ni un error de agenda ni un simple retraso”
La abogada de Teresa e Iván subraya que “esta problemática no sería un episodio aislado, sino una situación que está dificultando reiteradamente el trabajo de quienes tienen legalmente encomendada la función de controlar las decisiones administrativas de protección de menores. Lo ocurrido este miércoles no puede reducirse a un error de agenda ni a un simple retraso administrativo. Los procedimientos de protección de menores deciden cuestiones de extraordinaria gravedad: si un niño permanece separado de sus padres; si continúa bajo tutela administrativa; si puede regresar algún día con su familia; si sus visitas se amplían o se reducen; si permanece durante años en un centro; o si varios hermanos continúan juntos o son separados”.
En este sentido, subraya que “cada retraso administrativo tiene consecuencias en la vida real de un niño. Y, mientras, los expedientes no se actualizan, los informes no llegan o los requerimientos judiciales quedan pendientes, el tiempo continúa transcurriendo para los menores, y ese tiempo no puede recuperarse”. Por eso, remarca que “el control judicial de las decisiones adoptadas por la Administración en materia de protección de menores exige que los jueces dispongan de expedientes completos, informes actuales y profesionales capaces de explicar y defender técnicamente las decisiones que se han adoptado. Sin esa información, el control judicial queda extraordinariamente dificultado”.
Según recalca, “lo mismo sucede con el Ministerio Fiscal, que tiene atribuida constitucional y legalmente una función esencial en la protección de los menores. La Administración de protección de menores adopta algunas de las decisiones más intensas que puede adoptar un poder público sobre la vida privada y familiar de una persona: puede asumir la tutela de un niño y separarlo de su familia. Precisamente por eso, esas decisiones deben estar sometidas al máximo rigor y al máximo control judicial”.
La aboga recuerda que estos cuatro hermanos llevan “varios años dentro del sistema de protección, pero, como ocurre en otros procedimientos similares, los expedientes administrativos alcanzan miles de páginas, acumuladas durante años, aunque esto no garantiza por sí mismo una correcta protección de los menores. La cuestión esencial es otra: ¿existe una evaluación actual de la situación de esos niños y de su familia? ¿Se han revisado realmente las circunstancias que originaron la separación? ¿Se han evaluado los cambios producidos durante los años transcurridos? ¿Se está trabajando para la reunificación familiar cuando esta sea posible? ¿Se cumplen los requerimientos de los órganos judiciales encargados de revisar esas decisiones?”.
Ante lo ocurrido, familias en la misma situación que Teresa e Iván preparan un acto público ante la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias en Santa Cruz de Tenerife para, como ha hecho en otras ocasiones, dejar claro que “un sistema que puede separar a un niño de su familia debe ser uno de los sistemas más rigurosos, transparentes y fiscalizados de toda la Administración. Debe cumplir los requerimientos judiciales. Debe remitir los expedientes en plazo. Debe actualizar las evaluaciones. Debe justificar sus decisiones y debe responder ante los tribunales cuando esas decisiones sean impugnadas. Porque cuando todo eso falla, no estamos hablando de una deficiencia burocrática. Estamos hablando de niños cuya infancia continúa transcurriendo mientras la Administración llega tarde”.
La Dirección del Menor siempre ha optado por no pronunciarse sobre estos casos concretos, aunque recalca que ha cumplido siempre con las leyes.