Teresa e Iván, cuatro años esperando a que el Gobierno canario los evalúe para recuperar a sus cuatro hijos

Seguramente hubo razones de sobra para que los cuatro hijos menores de Teresa e Iván, una pareja de Tenerife, acabasen hace ya cuatro años bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Por supuesto, ellos lo ven de otra manera, aunque llevan tiempo evitando poner el foco en ese momento de sus vidas. Prefieren hacerlo en su lucha posterior por recuperar su familia y volver a estar juntos los seis. Pasados cuatro años, reivindican con fuerza, al menos, tener la opción de ser evaluados, cuanto antes o, al menos, a medio plazo, para que la Dirección General del Menor se ratifique en su decisión de hace casi un lustro o se replantee este caso. De momento, y esto les aboca a un evidente escepticismo más cercano a un profundo pesimismo, se topan con el silencio y el rechazo implícito de la Administración a esa posibilidad.

Teresa recalca en declaraciones a este periódico que ya se ha repuesto de la depresión que sufrió hace años, que considera fue el motivo central de que perdiera la tutela de sus cuatro hijos junto a su pareja. Sin embargo, insiste en que hace tiempo que está “totalmente” recuperada, remarca que tiene contrato fijo como cocinera en una empresa de hostelería y que su pareja también cuenta con estabilidad económica, ahora bajo su condición de autónomo. Además, disponen de vivienda y consideran que merecen, al menos, poder demostrar todo esto ante los técnicos y responsables de la dirección general, a través de los distintos departamentos que se ocupan de estos casos, como el psicológico, jurídico, de Servicios Sociales y otros.

Por supuesto, consideran que les asiste el derecho como padres y recalcan que todo el mundo puede cambiar su vida a mejor y luchar, nada menos, por volver a vivir con sus hijos. Los tres mayores (aunque aún tienen todos menos de 18 años), se encuentran en Aldeas Infantiles y comparten momentos con ellos una vez a la semana, mientras que a la más pequeña, acogida por una persona en Gran Canaria, la ven una vez al mes. Según señala, no se sienten bien y algunos están faltando ya a las clases.

Esta pareja se queja de la falta de respuesta por parte de la consejería y, aparte de emprender acciones legales en defensa de sus derechos, se han movilizado y recibido la ayuda de distintas personas que consideran que se trata de una situación injusta que ha de corregirse. Por eso, han promovido una campaña ciudadana de información y concienciación e invitan a los que piensen igual y quieren respaldarles a participar en la concentración de protesta prevista para este 20 de febrero (viernes) en Santa Cruz de Tenerife, justo el Día Internacional de la Justicia Social. 

Esta protesta tendrá lugar de 11:00 a 13:00 horas ante la sede de la Dirección General del Menor, en la plaza del Mercado, si bien se organiza al amparo de otras concentraciones esa misma jornada en Madrid, Barcelona y Granada por otros casos cuyos padres y madres, así como sus entornos, consideran injustos y ejemplos de lo que llaman “secuestros institucionales de menores”. Los promotores piden que se acuda con ropa blanca o verde, simbolizando la pureza y esperanza “para que los niños vuelvan pronto a casa”.

La visión de la Consejería y el área regional del Menor 

Evidentemente, la opinión de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias resulta bien diferente. Según señala a este periódico, “se trata de menores tutelados, cuyos titulares de la patria potestad están suspendidos en el ejercicio de la misma y, por tanto, no estamos autorizados para dar datos que puedan revelar su identidad o situación personal”, si bien los padres sí los aportan (este medio, sin embargo, opta por no revelar nombres, edades y otras circunstancias de los menores, y se limita a exponer la reivindicación de Teresa e Iván).

Además, la Dirección General del Menor, a cargo de la portuense Sandra Rodríguez, deja claro que “el sistema de protección ni quita ni devuelve niños a sus padres, sino que los tutela cuando quienes deben ejercer la patria potestad no están en condiciones de hacerlo por incurrir en indicadores de desprotección de gravedad tal que procede la suspensión en el ejercicio de la misma y en las funciones de guarda de sus hijos”. “El trabajo de la Administración” –añade-, “tanto de esta dirección general, entidades insulares y municipales y colaboradores, tiene como objetivo prioritario la reunificación familiar, llevando a cabo planes de intervención dirigidos a revertir los indicadores de desamparo que motivaron la toma de la medida protectora, con la finalidad de lograr una reintegración familiar de los menores o con sus padres o en su familia extensa. Sin embargo, eso no siempre es posible, por lo que los menores se mantienen en el sistema de protección necesitados de tutela administrativa al ser imposible el retorno al entorno de su familia de origen”.

“En todo caso” –recalca-, “contra la actuación de la Administración en materia de protección de menores las personas interesadas pueden formular las oportunas demandas de oposición en vía civil, siendo en esa sede judicial donde debe dilucidarse y resolverse lo que proceda en interés de los menores”, que es lo que han hecho estos padres que, cuatro años después, siguen esperando una nueva oportunidad.