El concejal de Urbanismo de La Laguna (Tenerife), Santiago Pérez, ha salido al paso de las críticas y acusaciones vertidas desde Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento respecto al expediente abierto al alcalde de la localidad, Luis Yeray Gutiérrez, por unas obras ilegales realizadas en su vivienda.
CC dio este martes una rueda de prensa en la que afirmó que si no obtenía en 24 o 48 horas una explicación de por qué no se ha tramitado un expediente sancionador al alcalde adoptará “las acciones políticas y judiciales que se consideren oportunas”.
El concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, ha explicado a este periódico que desde hace años no se abren expedientes sancionadores, solo los extremadamente graves, lo que no es el caso del expediente de las obras en casa del alcalde. Se trata de una ilegalidad que se considera leve, ya que se realizó una pérgola y el cerramiento de un balcón con aspectos que no estaban amparados en los trámites obligatorios, o bien en la descripción de los trabajos aportada a Urbanismo, o bien en el trámite de la comunicación de las obras. Sin embargo, Pérez recuerda que al tratarse de una obra menor no es necesario obtener una licencia de obras. Al no cumplirse en algún aspecto los dos trámites anteriores (comunicación o descripción), se abrió el expediente. Algunos aspectos de la obra eran legalizables, para lo cual hubo que solicitar (ahora sí) una licencia. Otros, como la citada pérgola o el balcón, no. El alcalde, ha explicado el concejal de Urbanismo, ya ha retirado la pérgola, y que el balcón “está en curso de ejecución” de su demolición.
Pérez ha descrito el expediente como de una “trascendencia insignificante” y ha detallado que desde 2014 solo ha habido diez expedientes sancionadores en La Laguna. La inmensa mayoría de los que se han abierto en el municipio son infracciones leves (más de 2.000), y no conllevan sanción, como es el caso del expediente del alcalde, ha añadido. Lo que sí implican es el restablecimiento de la legalidad anterior a las obras. O lo que es lo mismo, demoler las obras ilegales y dejar el espacio como estaba antes.
Desde ese año, ha añadido, la legislación urbanística prevé tantas bonificaciones para el infractor en los procedimientos sancionadores que “resulta muy poco eficiente la tramitación de estos procedimientos, especialmente cuando se trata de infracciones que, por su escasa gravedad, no se contemplan sanciones muy elevadas”.
Por todo esto, ya desde esas fechas la Gerencia de Urbanismo dejó de tramitar expedientes sancionadores en disciplina urbanística, salvo en casos de gran trascendencia o importancia, centrando sus medios en resolver todos los expedientes de restablecimiento posibles, es decir, la demolición de las obras ilegales.
Prioridad a los casos más graves, sin dejar de tramitar los leves
Además, ha aclarado que en 2020 dio una instrucción a la Gerencia de Urbanismo para dar prioridad a la defensa de la legalidad contra las graves infracciones. “Eso no significa que las pequeñas no se tramiten” y ha recordado que solo un expediente ha acabado en sanción en los últimos años, y fue el abierto a la empresa Tricampa por construir un aparcamiento de miles de hectáreas en Geneto sin ningún tipo de permiso. Pérez ha defendido que con esa instrucción, que CC ha insinuado que se dio para “proteger al alcalde” pese a que es de 2020, lo que en realidad se pretende es “establecer un orden de prioridades” para la tramitación de los procedimientos de restablecimiento (demolición) y evitar así que algunos expedientes caducaran, respondiendo a los principios legales de equidad, proporcionalidad y menor intervención. Esa es, según Pérez, la única novedad, puesto que la instrucción también incluía criterios establecidos en anteriores legislaturas, como “no considerar prioritarios los expedientes sancionadores salvo que se den circunstancias excepcionales de gravedad o trascendencia de la infracción”.
Es decir, el expediente abierto por las obras en casa del alcalde ha seguido todos los cauces habituales. “Ante unas obras de este tipo realizadas por cualquier otro ciudadano, la Gerencia no hubiera considerado tramitar con carácter prioritario un expediente sancionador”, ha puntualizado el concejal.
El concejal ha opinado que “el desespero del portavoz de Coalición Canaria, Jonathan Domínguez, por su falta de proyecto y liderazgo, que los tiene al borde del abismo electoral, les lleva a recurrir al enredo y la mentira en relación a las instrucciones de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna sobre las infracciones urbanísticas”.
Sostiene que “es falso que la instrucción me permita decidir arbitrariamente a quién se sanciona y a quién no. Y, sobre todo, es directamente una afirmación calumniosa decir que he dado un trato de favor al alcalde o a otros destacados militantes del PSOE al mismo tiempo que se está sancionando a cientos de ciudadanos”.
“No ha habido trato de favor”, ha sentenciado Pérez. “Se ha seguido un criterio objetivo, se ha visto que no es una infracción grave y solo se tramitan los graves” para imponer una sanción, ha insistido. Lo que sí se ha hecho es ordenar la retirada de los elementos ilegalizables. Además, ha recordado que el 100% de los expedientes son tramitados por el personal administrativo de la Gerencia de Urbanismo. “Yo no intervengo”, ha concluido.