Canarias y la vivienda: no acertar ni una
Escribo esto en plena jornada de reflexión. En plena jornada de reflexión de Pedro Sánchez, y puede que cuando se publique él ya haya tomado una decisión sobre la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre (DM). Ha sido un fin de semana muy intenso, fuertemente marcado por la decisión tomada en el Congreso de los Diputados sobre los decretos de vivienda, lo que ha desembocado en la confirmación pública de que la gente está cansada y cabreada por la falta de soluciones a sus problemas reales, que no son ni los datos macroeconómicos, que nos sitúan a la cabeza de los países europeos, ni el empeño de la derecha durante tantos años por recuperar el poder por encima de cualquier otra consideración.
Mientras en las calles de Canarias se manifestaban este sábado miles de personas, en la sede de la Federación Insular de Vela de Gran Canaria, Coalición Canaria reelegía a Fernando Clavijo como candidato a las elecciones autonómicas de 2027. Y lo hacía mirando de reojo a La Moncloa y, por supuesto, proclamando que al presidente y aspirante a repetir le duele Canarias: “Si hay elecciones anticipadas, que vengan. Mientras otros se pelean, nosotros hablamos de Canarias. A nosotros nos duele y sentimos Canarias”, se recoge en el comunicado de CC enviado a los medios.
Y si tenemos que hablar de Canarias, debemos necesariamente hablar de la vivienda, que es de lo que van a ir las próximas elecciones. Y debemos fijar el marco previo, de dónde partimos para luego ver hacia dónde deberíamos ir. En Canarias, insisto, que es lo que le duele a Clavijo y lo que nos interesa como personas que vivimos aquí y lo que ha hecho que las calles vuelvan a llenarse de gente para protestar por la realidad que padece tantísima gente.
El marco lo puso este sábado una manifestante en Santa Cruz de Tenerife en un directo de Televisión Canaria que los mandarines de la cosa no pudieron esquivar porque, insisto, era en directo: “Coalición canaria, y se lo digo mirándoles la cara [la manifestante miró entonces a cámara], no entiendo cómo tienen la poca vergüenza de ser la representación de los canarios (...) en el Parlamento y literalmente no hacer nada. Serán coalición alemana porque coalición canaria no. Bórrense ese nombre porque no, no lo son para nada”.
El problema de la vivienda viene de lejos, como de lejos viene Coalición Canaria, constituida en 1993 y desde entonces ininterrumpidamente al frente del Gobierno regional salvo el paréntesis de 2019-2023 del Pacto de las Flores. Casi siempre en compañía del Partido Popular con quien votó no el viernes al segundo de los decretos que se sometían a la consideración del Congreso. Y las competencias, como se ha repetido mucho estos últimos días, las tienen principalmente las comunidades autónomas, por lo tanto, las nuestras, nuestras competencias, están aquí. O deberían.
El balance no puede ser más descorazonador porque hasta que regresó a la presidencia Clavijo en 2023, en Canarias se habían construido unas 275.000 viviendas de las que apenas 12.000 fueron de protección oficial, con un freno espectacular a partir de 2014, un año antes de que él llegara. En la actual legislatura, en la que ha resucitado de manera evidente la reclamación de este derecho y ya con este presidente al que tanto le duele Canarias, se han incorporado al parque público de viviendas tan solo 248.
Porque el Gobierno canario, participado también por el PP, ha abrazado la construcción como solución milagrosa para resolver el problema. Construir y construir. Y con la misma fórmula de “agilizar trámites”, es decir “reducir la burocracia”, que no es otra cosa que levantar controles para que los amigos de los atajos con corbata y puro puedan hacer de las suyas con la contratación pública. Pero no ha sido hasta julio pasado cuando el Parlamento ha aprobado la ley que regula este invento que, según la versión gubernamental,“permitirá acortar los tiempos de tramitación, incrementar el suelo disponible para vivienda protegida y asequible e incorporar nuevos instrumentos que faciliten su construcción con todas las garantías jurídicas”.
Lo de las garantías jurídicas es una broma de mal gusto teniendo en cuenta que al frente del Gobierno se sitúa un presidente que acaba de ser severamente reprendido por el Consejo Consultivo por hacer lo mismo que hizo como concejal y como alcalde de La Laguna con la prórroga de contratos sin sustento legal alguno, lo que se llamó el caso Reparos que acabó con Clavijo aforándose como senador ante el Supremo para que tití Marchena se lo archivara.
Los expertos que han analizado tanto esta ley como el decreto del que proviene alertan sobre la cesión de suelos públicos para la construcción de vivienda protegida. Porque el legislador, al que también le debe doler Canarias una barbaridad, imbuido por su fervor por el sector de la construcción y su empresariado, olvidó la necesidad de que esos nuevos núcleos poblacionales dediquen esos suelos a infraestructuras públicas como colegios, parques y centros de salud. Pero ese es otro problema que ya resolveremos dentro de 40 años.
Los empresarios de la construcción han agradecido tan apasionadamente a Clavijo este detalle de centrar la solución del problema de la vivienda casi exclusivamente en la construcción que han terminado por no presentarse a algunos concursos de los que se han convocado porque las ventajas todavía les parecían pocas. El Gobierno ha tenido que reformular concursos elevando las cuantías (dinero público de ese que no duele) para conseguir adjudicarlos.
De las 2.086 viviendas que han salido a licitación entre los años 2023 y 2026 por parte del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), algo más del 42% han quedado desiertas, lo que se traduce en casi 900 casas sin hacer. Las que han salido adelante son 1.209 que están, se supone, en ejecución, y hay otras 1.819 que se encuentran planificadas, sin que hayan comenzado las obras, según el Observatorio Canario de la Vivienda.
Si diéramos por buenos los datos ofrecidos por Clavijo este sábado, es decir, que va a dejar encaminadas 6.000 nuevas casas cuando llegue 2027, necesitaríamos seis legislaturas y media para atender la actual demanda.
Es evidente que la construcción no soluciona ni a corto ni a medio plazo el problema. Y se agravará si, como vaticinan algunos, se nos viene encima un gobierno con Vox en los ministerios de desregulaciones y prioridades nacionales.
Hace unos días, ese lumbrera de José María Figaredo, responsable de las cosas de Economía de Vox, se reunió con lo más selecto del Ibex para contarles cuál es la solución que tiene ese partido para acabar con el problema de la vivienda: deportar a 1.500.000 habitantes. Los empresarios no lo dejaron terminar ante el tamaño del disparate, pero ese es el mensaje que está calando en determinados segmentos de la sociedad: que son los inmigrantes los culpables de que haya tantas pocas casas disponibles.
Un discurso que en parte ha adoptado el PP de Canarias reclamando que se controlen las fronteras y que descienda la llegada de migrantes a las islas, a la vez que incendia las relaciones con Marruecos para conseguirlo. La Armada ya le dejó claro a Vox que todas aquellas personas que estén en alta mar en aguas internacionales o en aguas españolas deben ser rescatadas en base al derecho marítimo internacional. O sea, no se les puede torpedear para acabar con la inmigración.
211.000 viviendas vacías
¿Y si movilizamos las 211.000 viviendas vacías (datos INE) que hay en Canarias? Le tuvimos que preguntar al Gobierno a través del portal de transparencia para enterarnos de cuántas de ellas ha conseguido incorporar en los últimos diez años y la respuesta fue muy decepcionante: solo una. Una. Y no fue gracias a los planes del actual Ejecutivo, sino en 2023 dentro del plan 2020-2025.
Pero a este panorama tan desalentador de la vivienda, tenemos que añadir un factor que agrava el problema que adelantó este periódico. Una investigación de la Fundación CIVIO ha revelado que al menos 14.200 de las 36.650 viviendas de protección oficial construidas en Canarias desde 1991 perderán su régimen de protección antes de 2030. Casi todas son VPO de promoción privada cuya protección expira de manera automática a los 30 años, de acuerdo con la Ley de Vivienda de Canarias de 2003, momento en el que pasan al mercado libre.
A esa cifra podrían sumarse otras 5.700 viviendas, también promovidas por entidades privadas, que pueden perder su régimen de protección de forma anticipada mediante un proceso de descalificación voluntaria antes de alcanzar el plazo máximo.
Hay 37.000 personas reclamando una vivienda en Canarias, según datos oficiales. Y a esas personas, el Gobierno de Fernando Clavijo les está respondiendo con acciones claramente insuficientes.
La apariencia de imparcialidad de Rosa Rodríguez
Si a eso añadimos su decisión de boicotear la ley nacional de vivienda en aspectos tan relevantes como el tope de alquileres en zonas tensionadas, podemos concluir que Clavijo y su equipo no solo no han acertado ni una, sino que hacen todo lo posible por no acertar.
Ha tardado dos años para empezar a tramitar la solicitud de Las Palmas de Gran Canaria para su declaración como zona tensionada, una medida que en lugares como Catalunya ya produce resultados esperanzadores. Ha tenido que estallar esta crisis social de la vivienda para que el departamento correspondiente, Visocan, haya iniciado el expediente de información pública.
La excusa sostenida hasta ahora parece haber decaído sin que el fondo de la cuestión haya cambiado, o al menos nadie lo ha explicado adecuadamente. Un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas, alegando que la capital de la isla no cumplía con los requisitos para su declaración como zona tensionada, ha sido hasta ahora esa excusa. No hay un informe nuevo, solo ha cambiado el medio ambiente popular.
Pero si nos remitimos a ese informe tan decisivo (hasta ahora) del Colegio de Economistas de Las Palmas, es necesario recordar quién lo firmaba: Rosa Rodríguez, la que fuera mano derecha de José Manuel Soria en materia de política económica durante los años más duros del neoliberalismo del PP en Canarias. Ocupó cargos de mucha relevancia tanto en el partido como en las instituciones donde estaba o influía el exministro de Rajoy, incluida Enagás, donde estuvo como “consejera independiente” entre 2013 y 2021 (160.000 euros al año) por imposición de Soria.
Vamos a ir atando cabos. A través de Grant Thornton Canarias, de la que es socio principal junto a Salvador Cuyás, José Manuel Soria se dedica en estos momentos a representar intereses empresariales en diversas actividades, incluidas el turismo, la construcción, la automoción y el mundo inmobiliario. Por lo que habría sido un gran inconveniente que Rosa Rodríguez hiciera un informe con el que se pudiera declarar zona tensionada Las Palmas de Gran Canaria.
Los jueces y juezas están obligados a observar no solo imparcialidad en sus resoluciones, sino cuidar la apariencia de imparcialidad para que los justiciables no tengan la más mínima duda de la rectitud de sus actuaciones. Una obligación, la de abstenerse llegados esos casos, que no siempre se cumple, como estamos viendo en algunas causas muy llamativas que se cuecen en la villa y corte, como el de la jueza María Tardón. Pero quizás sería conveniente que instituciones como el Colegio de Economistas de Las Palmas, cuyo decano, Alcibiades Trancho, se desvive defendiendo la calidad de sus informes, se rijan también por esa necesaria apariencia de imparcialidad que, desde luego, la señora Rodríguez no mostró cuando echó por tierra en un informe encargado por el Gobierno regional la petición de Las Palmas de Gran Canaria de ser declarada zona tensionada por lo que va a suponer para los intereses de muchas de las empresas a las que representa su padrino José Manuel Soria.
En este caso los justiciables eran nada menos que 381.868 habitantes.
La entrega de Clavijo al mundo empresarial es cada vez más evidente. Le están financiando incluso sus marcas blancas para que Coalición Canaria no pase a ser residual en islas como Gran Canaria. De ese modo es imposible que este gobierno se atreva a promover el tantas veces prometido debate sobre la turistificación y el reparto más justo de la riqueza que genera una industria que supone más o menos el 37% de nuestro PIB.
El modo canario de hacer política consiste en echar la culpa al Gobierno de España cuando algo sale mal, aunque las competencias las tenga Canarias. O sea, siempre.