Nuevo rapapolvo del Consultivo al Gobierno de Clavijo por prorrogar un contrato vencido, el patrón del caso Reparos
El patrón se repite. Un contrato público llega a su fecha de vencimiento sin posibilidad de prórroga y la administración ni siquiera ha licitado el nuevo concurso. Como el servicio no se puede interrumpir, la prestación se extiende al margen de la ley y las facturas se acaban pagando a través de un procedimiento extraordinario: la declaración de nulidad. Un nuevo y severo rapapolvo del Consejo Consultivo de Canarias ha descubierto que esa fue también la fórmula que el Gobierno liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) ha aplicado con el contrato para proteger con antivirus los móviles corporativos.
El modo de operar no es nuevo. Esa práctica situó al propio Clavijo en el foco de la justicia en el llamado caso Reparos. Cuando era concejal y alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, el actual presidente regional sostuvo durante años contratos vencidos, algunos de ellos millonarios, mediante decretos que levantaban de manera sistemática los reparos que planteaba el interventor municipal. La causa penal acabaría siendo archivada por la Sala Segunda del Supremo que lideraba el canario Manuel Marchena cuando Clavijo se aforó como senador. El alto tribunal entendió que eran simplemente irregularidades administrativas, no delitos, porque no apreció arbitrariedad en esas resoluciones.
Años después, es el Consultivo quien reprocha al Gobierno de Clavijo el “uso fraudulento o abusivo” del procedimiento de revisión de oficio (de los actos propios) para pagar facturas irregulares. En esta ocasión, de los móviles corporativos del Gobierno.
El dictamen del Consejo Consultivo aborda las facturas abonadas a la empresa prestataria durante cinco meses (del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2025), aunque el servicio se prestó en estas condiciones, sin contrato válido, al menos durante un año.
El contrato original había sido firmado en septiembre de 2022, durante la legislatura del Gobierno progresista en las islas (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera). Su objeto era el suministro de “un sistema de protección antimalware para dispositivos móviles corporativos del Gobierno de Canarias”. Tenía una duración máxima de tres años (a contar desde el 1 de agosto) y un importe de 145.044,77 euros sin impuestos.
Por lo tanto, el contrato expiró el 31 de julio de 2025. Quince días antes de esta fecha, el jefe del área de Telecomunicaciones y Sistemas informó de que era necesario continuar con la prestación del servicio en las mismas condiciones que establecían los pliegos y hasta la adjudicación de un nuevo contrato. Ocho meses después, en marzo de 2026, el mismo funcionario eleva otro escrito para incidir en que persiste la necesidad de disponer de este suministro para garantizar la protección de los dispositivos móviles. Entonces señala que el nuevo concurso está en fase de elaboración de los pliegos. La empresa contratista presentó facturas por un importe de 21.555,25 euros (correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2025).
El procedimiento de revisión de oficio, previsto para que la administración pueda corregir actos propios viciados de nulidad, se inició en abril a través de una resolución firmada por el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, que es además portavoz del Ejecutivo.
El Consultivo constata que el Gobierno de Canarias prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” para prorrogar el contrato vencido de la seguridad de los dispositivos móviles. La empresa siguió prestando el servicio una vez extinguido el contrato y, por tanto, “sin cobertura alguna”. El órgano fiscalizador de la comunidad autónoma recuerda que esta actuación “vulnera los principios básicos de la contratación administrativa”: el acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos y los principios de no discriminación e igualdad de trato entre candidatos.
Enriquecimiento injusto
Para el Consultivo no hay ninguna duda de que se trata de un supuesto de “prórroga tácita proscrita” por el artículo 29.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, admite la causa de nulidad y, por tanto, el pago de las facturas a la empresa, porque los servicios se prestaron de forma efectiva para el Gobierno de Canarias y, en consecuencia, de no abonarse se estaría produciendo un “enriquecimiento injusto” de la administración.
Como viene reiterando el Consultivo en numerosos dictámenes, esa infracción del ordenamiento jurídico “no puede ser imputable” a un tercero, a la empresa que presta el servicio sin cobertura contractual, sino a la administración.
Hay que recordar que contratos como el de la seguridad de los móviles corporativos de la administración son de tracto sucesivo. No son de ejecución única o entrega puntual, como pudiera ser la compra de un equipamiento, sino que se deben ejecutar de forma continuada, ininterrumpida y periódica durante un periodo prolongado. Esto quiere decir, como advierte el propio Consultivo en su última resolución, que este tipo de irregularidades son provocadas por “graves faltas de diligencia en la gestión de los expedientes de contratación”, puesto que no se trata de un imprevisto o de una causa de fuerza mayor.
El órgano fiscalizador sostiene que Presidencia hace un “uso fraudulento o cuando menos abusivo” del procedimiento de revisión de oficio para prorrogar un contrato vencido al margen de la ley y, con ello, incurre en “una clara desviación de poder”.
Según el Consultivo, el Gobierno de Canarias no está aplicando este procedimiento excepcional como una fórmula para “expulsar” aquellos actos propios que “adolezcan de vicios graves y determinantes”, como prevé la norma, sino que lo está “instrumentalizando” para saltarse “todas aquellas circunstancias que impiden hacer efectivo el pago de las facturas debidas”, como, por ejemplo, “el levantamiento de los posibles reparos de la intervención”. Aseveración esta última que vuelve a entroncar este caso con el que llevó a Clavijo ante el Supremo.
En definitiva, el Consultivo avala el pago de las facturas para evitar el enriquecimiento injusto de la administración, pero reprocha “el uso abusivo del procedimiento excepcional como forma alternativa al procedimiento de contratación administrativa”.
El Gobierno de Canarias formalizó el pasado 3 de septiembre un contrato de ciberseguridad más amplio, que incluye no sólo las terminales móviles corporativas, los servidores, el correo electrónico y las licencias corporativas. La empresa Centro Regional de Servicios Avanzados, con sede en Burgos, resultó adjudicataria por 5,8 millones de euros.