Se complica el futuro judicial de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, investigada por la presunta compra de votos en las elecciones locales de 2015 y 2019. La regidora de este municipio turístico del sur de Gran Canaria ha sido procesada por un presunto delito de inducción al falso testimonio. Se le acusa de haber ofrecido 3.000 euros y un puesto de trabajo a uno de los denunciantes de la trama, Ramón Trujillo, con el propósito de que cambiara su versión de los hechos y la exculpara. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana ve indicios suficientes para juzgar a Bueno, a un concejal de su partido (Ciudadanos por el Cambio-Ciuca) y a uno de sus colaboradores, y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral.
En un auto fechado el pasado 24 de noviembre, el juez instructor da un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para formular los escritos de calificación. El Código Penal castiga la inducción al falso testimonio con penas de hasta dos años de cárcel y la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo (a presentarse como candidato o candidata a unas elecciones), por lo que una eventual condena frustraría las expectativas de Bueno de dar el salto a la política regional. El nombre de la actual alcaldesa de Mogán está en las cábalas para encabezar la lista al Parlamento por la isla de Gran Canaria de Coalición Canaria (CC), partido con el que ya concurrió en alianza en las municipales de 2019.
Los hechos por los que Onalia Bueno se sentará en el banquillo de los acusados se produjeron los días posteriores al 17 de septiembre de 2020, la fecha en la que la alcaldesa fue detenida, junto a los concejales Mencey Navarro y Tania Alonso, por delitos electorales y contra la administración pública, en una operación en la que la Guardia Civil registró durante doce horas las dependencias del Ayuntamiento en busca de documentación.
Ramón Trujillo, conocido en el municipio con el sobrenombre de el Perraya, denunció ante la Guardia Civil que Víctor Gutiérrez, concejal del grupo de gobierno en Mogán, y José Juan Montesdeoca, militante de Ciuca en la localidad sureña, le abordaron en varias ocasiones durante esos días para trasladarle la oferta de la alcaldesa a cambio de que se desdijera en la declaración judicial que debía prestar el 24 de septiembre -finalmente aplazada-. El primero de ellos lo hizo en un vehículo blanco con el rótulo del Ayuntamiento. Las conversaciones con el segundo fueron grabadas y aportadas a la denuncia.
El Perraya es una figura clave en la causa que investiga el pucherazo electoral en Mogán, ya que ha reconocido que, como colaborador de Ciuca en la campaña electoral de 2015, compró votos para la candidatura de Onalia Bueno a vecinos en situación de vulnerabilidad social a los que se les ofrecía 50 euros o promesas de vivienda o empleo público.
Cuando denunció las presiones para que cambiara su versión de los hechos, Trujillo figuraba en ese procedimiento judicial como denunciante. Posteriormente sería imputado y con esta condición compareció ante el juez instructor el pasado 14 de octubre, respondiendo tan solo a las preguntas de su abogado, Eugenio Rodríguez, para confesar que sentía “miedo” por las amenazas que decía estar recibiendo del entorno de la alcaldesa de Mogán.
De las grabaciones aportadas a la Guardia Civil se desprende, según el magistrado que firma el auto de procesamiento, Pablo García Abad, que “la mano que está detrás” de esa oferta de 3.000 euros y un puesto de trabajo al denunciante de la trama de compra de votos en Mogán “es siempre” la de la alcaldesa. “No hay duda de que el plan concertado era que este (por Trujillo) mintiese en sede judicial y que el plan no pudo sino venir de Bueno”, afirma.
El auto recoge la “reveladora conversación” que contiene una de las grabaciones que obran en la causa. Los interlocutores son Ramón Trujillo y el militante de Ciuca José Juan Montesdeoca y el encuentro se produce en la casa del primero.
José Juan Montesdeoca: “Ahora tienes una corriente buena, te da un puesto de trabajo, coño cállate, no te pongas a criticarla, primero coge el trabajo y que ella vea que tú tal... Y Onalia todo lo que quieras te lo da, 3.000 euros”
Ramón Trujillo: “Coño, que te den el dinero a ti y tú me lo das y vas conmigo al juzgado el lunes”
José Juan Montesdeoca: “No, después que declares”
Ramón Trujillo: “Sí, después de que declare para que me mande a tomar por culo como siempre”
José Juan Montesdeoca: “No, no, ella no te manda a tomar por culo, está jodida”
En ese audio, el militante de Ciuca informa a su interlocutor que es Víctor (Gutiérrez, concejal del gobierno municipal) “quien transmite y hace lo que ella diga”.
El juez remarca que, a pesar de que son Víctor Gutiérrez y José Juan Montesdeoca quienes se dirigen físicamente al denunciante, la trama “no se entiende” sin la regidora, ya que es “la única favorecida en el cambio de testimonio y no entra en la lógica que alguien realice las conductas descritas de forma autónoma en beneficio ajeno”. El instructor recalca que ambos forman parte del “círculo de amistad o complicidad política” de Bueno, quien ejerce un “influjo potente” en ellos tanto por su condición de alcaldesa como de lideresa del partido.
El instructor rechaza las tesis defendidas por las defensas de que la denuncia de Ramón Trujillo responde a una “especie de conspiración política”, de “complot” contra la alcaldesa de Mogán, o de que uno de los investigados hizo referencia a esa oferta de trabajo y de 3.000 euros porque fue el propio Perraya quien “guio” la conversación hacia ese punto y que lo único que pretendía con esa respuesta era “que lo dejase tranquilo”. “No es creíble”, concluye el auto, que incide en que las grabaciones refuerzan el testimonio del denunciante.