Archivada la querella de los directores de la mayor residencia de Canarias contra dos sindicalistas por injurias y calumnias
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado el archivo de la querella presentada en 2022 por Tomás Villar, presidente de la Fundación Canaria Hogar Santa Rita, la mayor residencia de mayores de las Islas, y por Roque Silva, director gerente del centro, contra dos representantes sindicales por los delitos de injurias y calumnias.
Ambos gestores acusaban a los representantes de Comisiones Obreras (CCOO) Jesús Suárez y Natalia Aparicio, que entonces eran el presidente y la secretaria del comité de empresa, de colgar en varios lugares de la residencia (tablón de anuncios y vestuarios) una carta anónima que contenía “afirmaciones injuriosas e imputaciones delictivas” sobre ellos. Además de la querella, la dirección abrió a los trabajadores un expediente disciplinario que concluyó en un despido nulo, tal y como dictaminó la justicia en una sentencia que obligó a readmitir a los sindicalistas al acreditar que se habían vulnerado sus derechos.
Los hechos se remontan a mayo de 2022. Un mes antes se había detectado un brote de Covid-19 en el centro, ubicado en Puerto de la Cruz, y los sindicatos (CCOO, UGT e IC) habían pedido en una rueda de prensa la dimisión del director gerente. En aquel momento la Fiscalía ya investigaba la muerte de 27 personas en otro brote durante enero de 2021, una causa que acaba de ser archivada. En aquella ocasión, la residencia había tenido que ser intervenida por un equipo médico del Hospital de La Candelaria que detectó un brote de sarna y signos de deshidratación y desnutrición entre los usuarios.
En ese contexto, con una investigación en curso por parte de la Fiscalía por un presunto delito de homicidio imprudente y con un nuevo brote en la residencia, llega al comité de empresa una carta “de dos folios escritos sólo por su anverso, sin ficha ni firma”.
La misiva comenzaba así: “Tras estas líneas estamos un grupo de trabajadores bajo una actitud de cobardía e impotencia, porque lógicamente no estamos en condiciones de expresar los sentimientos abiertamente. El miedo a perder el trabajo es lo peor que le puede pasar a cualquier padre de familia, ya que ahí va lo más importante, la dignidad como ser humano. Toca aguantar, callar y mirar para otro lado. Defender con una sonrisa absurda una realidad que catalogamos de injusta”.
La carta mencionaba de forma directa tanto al presidente de la Fundación Canaria Hogar Santa Rita como al director gerente de la residencia y les acusaba de actuaciones delictivas. “Todo se ve, todo se habla, se observa, se siente. Y también, todo duele. Y bueno, una cosa es bajar la cabeza y otra, pedirle lo mismo al corazón”, concluía.
La dirección del centro se querelló contra Jesús Suárez y Natalia Aparicio al considerarlos responsables de colocar esa carta “de manera perfectamente visible los días 23 y 24 de mayo” tanto en el exterior como en el interior del tablón de anuncios del comité de empresa, así como en las paredes de los vestuarios masculino y femenino del personal. Los querellantes aportaron los vídeos de las cámaras instaladas en la residencia.
En sus declaraciones en sede judicial, los trabajadores negaron los hechos y la autoría de esa carta, manifestaron que todos los miembros del comité de empresa tenían conocimiento del escrito y atribuyeron la querella a una “represalia” de la dirección por haber pedido en público la dimisión del gerente. Los sindicalistas sostenían que se les acusaba de esos delitos como pretexto para despedirlos por haber denunciado en una rueda de prensa “la mala gestión de la pandemia” y “la mala situación de los residentes y de los trabajadores”.
La dirección de Santa Rita aportó tres vídeos. Los dos primeros se grabaron el día 23 de mayo alrededor de la una y media de la tarde. En ellos se ve “a un hombre y una mujer” que colocan unos documentos en las paredes del vestuario de mujeres y en un tablón de anuncios. El contenido de esos papeles “no se puede certificar al no poder visionarlo”. Tampoco se puede identificar el rostro de esas personas “toda vez que portan mascarillas”. El tercer vídeo se grabó un día después, el 24 de mayo, sobre las ocho y veinte de la mañana. En esta ocasión, se ve sólo a un hombre que “por sus características físicas parece corresponderse” con el de la jornada anterior.
La jueza que instruyó el caso concluyó que los hechos investigados “podrían ser constitutivos de infracción penal”, pero que no existían “motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada”. Por ello, decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Los querellantes presentaron un recurso que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado, confirmando por tanto un archivo que ya es firme.
Cámaras en la residencia
La residencia de Santa Rita atiende a más de 500 usuarios, muchos de ellos a través de un concierto con la administración pública, y emplea a más de 400 trabajadores. Cuenta con dos edificios. El primero fue inaugurado en 1981 por el padre Antonio, ya fallecido. El segundo inmueble fue financiado a través de aportaciones, con la venta de “pedacitos de cielo” que se adquirían “cada vez que se contribuía a la obra”.
En la sentencia que anuló el despido de los dos sindicalistas, el magistrado rechazó la validez de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la residencia Santa Rita al recordar que su instalación en el entorno laboral se justificaba “por razones de seguridad”, pero no para “otro tipo de control” como “la efectividad en el trabajo”, “las ausencias en el puesto” o “las conversaciones entre compañeros”.