El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo que declara la pérdida de la condición de magistrado de Salvador Alba Mesa. Hace cuatro meses que el ya exjuez fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación como autor de los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental por usar un procedimiento penal que instruía para tratar de perjudicar la carrera política y profesional de su antecesora en el cargo, Victoria Rosell, magistrada en excedencia que actualmente ocupa el cargo de delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
Salvador Alba fue suspendido provisionalmente de funciones por la Comisión Permanente del CGPJ el 19 de julio de 2018, después de que la magistrada instructora decretara contra él el auto de apertura de juicio oral. En esta situación administrativa permaneció hasta el pasado 3 de marzo, fecha en la que el mismo órgano acordó su expulsión definitiva de la carrera judicial “por haber sido condenado a penas privativas de libertad como autor de delitos dolosos”.
Dos meses antes, el 13 de enero, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces había notificado a Salvador Alba -y también a la Fiscalía- el inicio del expediente de expulsión para que alegara lo que considerara oportuno. El exjuez no remitió ningún escrito al CGPJ.
La condena firme a Alba incluye la inhabilitación especial “para el cargo público de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos”.
Durante los 44 meses que permaneció suspendido de funciones, el exjuez percibió una retribución básica de 1.850 euros al mes (sin complementos) que, según han recalcado en varias ocasiones fuentes oficiales del CGPJ a este periódico, deberá devolver una vez perdida su condición de juez, aunque tendrá que ser el Ministerio de Hacienda quien lo reclame.
Medio año después de ser condenado en firme, Alba continúa en libertad y con varios frentes abiertos para tratar de evitar su ingreso en prisión. Por un lado, ha pedido la recusación de las médicas forenses que informaron de que su estado de salud no es grave y que la enfermedad que alega no es ningún impedimiento para entrar en la cárcel. El plazo para el ingreso voluntario en prisión se encuentra actualmente suspendido. Cuando el TSJC resuelva su petición, tendrá tan solo un día para cumplir este requerimiento.
Al margen de esa solicitud de recusación de las peritos, Alba ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que también pide la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, aduciendo el “daño irreparable” que le produciría y la inexistencia de riesgo de fuga o reincidencia. Su abogado ha pedido además dejar sin efecto esa pena mientras se tramita la solicitud de indulto formulada por la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, la pareja del condenado.