Nuevo frente judicial para Onalia Bueno. La Fiscalía Provincial de Las Palmas denunció el pasado mes de abril a cuatro personas, entre ellas la alcaldesa de Mogán, por tres contratos menores de publicidad adjudicados a dedo por el Ayuntamiento sureño al mismo medio de comunicación, el periódico digital Maspalomas Ahora.
Los otros tres denunciados son el concejal de Hacienda, Juan Ernesto Hernández Cruz; el secretario municipal, David Chao, y el propietario único de ese medio de comunicación. La denuncia ha recaído en la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana (antiguo Juzgado de Instrucción 3) y hay citaciones previstas para este mismo martes. Se investigan presuntos delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales.
La Fiscalía de Las Palmas abrió diligencias preprocesales de investigación a principios de año tras recibir una denuncia de la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública a efectos puramente organizativos y presupuestarios.
Esos expedientes de contratación habían sido puestos a disposición de la OIReScon por Juan Manuel Gabella y Javier Romero, concejales de Nueva Canarias (NC) en la oposición en Mogán, después de no haber recibido respuesta ni por parte del interventor municipal ni por parte de la alcaldesa sobre sus reclamaciones en relación con el posible fraccionamiento de contratos para sortear la normativa que rige estas adjudicaciones en el sector público.
Los contratos investigados en esta causa se firmaron en los años 2021, 2022 y 2023. El primero de ellos, por importe de 14.870 euros, tenía por objeto “la promoción, difusión y publicidad de contenidos informativos relacionados con el Ayuntamiento de Mogán en el periódico digital Maspalomas Ahora”. La duración era de diez meses, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021. Y la entidad adjudicataria, la empresa editora de ese medio de comunicación.
La segunda adjudicación se firmó sin solución de continuidad, el 1 de enero de 2022, por un importe de 14.900 euros, muy cerca del umbral máximo para los contratos menores de servicios (15.000 euros). El objeto era el mismo y la duración, de un año. La adjudicataria era una empresa de publicidad.
El tercer contrato se rubricó el primer día de marzo de 2023 y contemplaba una duración de diez meses, hasta final de año. Se adjudicó por 14.970 euros al propietario de Maspalomas Ahora y el objeto era “la cesión de un espacio publicitario en la portada” de este periódico “para la inserción de campañas, eventos y noticias de interés”.
El decreto de la Fiscalía
En un decreto firmado en abril, la fiscal Teseida García señala que “la posible conducta delictiva de los concejales que intervienen en esa adjudicación”, la propia alcaldesa y el edil de Hacienda, ha sido puesta de manifiesto por la oposición en el Ayuntamiento, “pero sobre todo por la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación”.
“Si bien la contratación cumple con los requisitos formales previstos en la ley, lo cierto es que parece que se usa la contratación menor para adjudicar tres contratos que tienen el mismo objeto, encadenando tres años consecutivos a unos mismos beneficiarios. Se consigue así de forma intencionada fraccionar una contratación que bien podría realizarse en un solo contrato, en contra de los principios de libre concurrencia, competencia y transparencia que deben regir la contratación, incumpliendo en última instancia la legalidad vigente”, expone la fiscal.
La representante del Ministerio Público recalca que el objeto de los tres contratos es “exactamente el mismo” y que “el único lugar donde se ejecutaron los actos de promoción y publicidad” fue en el periódico digital Maspalomas Ahora. Además, subraya que esas adjudicaciones se encadenan en el tiempo y que el importe de todas ellas se sitúa en el límite del umbral legal del contrato menor.
“Es en los beneficiarios de los contratos donde se intenta encubrir de forma torticera las maniobras de ilegalidad”, expone García. Según la fiscal, aunque el segundo se haya adjudicado a una empresa de publicidad “que aparentemente nada tiene que ver” con el propietario de Maspalomas Ahora, es este el “último beneficiario”, porque el compromiso era insertar los contenidos publicitarios en ese medio de comunicación, en ningún otro.
La fiscal recalca que los contratos de 2021 y 2022 (adjudicados a la empresa editora de Maspalomas Ahora y a una empresa de publicidad) estipulaban que se reservaba un espacio (el mismo) en la portada de ese periódico digital para la inserción de contenido publicitario.
También alude García a la “fórmula estereotipada” que utilizaba el Ayuntamiento de Mogán para justificar primero la necesidad de esos contratos y después, que no se estaba alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales legales (el importe de 15.000 euros en los contratos menores de servicios).
El gobierno liderado por Onalia Bueno defendía que había que dar una “rápida difusión de las actividades y eventos” programados por el Ayuntamiento y que la administración carecía de medios materiales y personales para realizar ese servicio.
Además, sostenía que no existían más contratos con esa empresa “para ese objeto específico”, que el área de Presidencia había consultado con posibles operadores en el mercado y que ese medio de comunicación era quien ofertaba “una mejor relación calidad-precio”.
“No consta en ninguno de los casos las consultas que este departamento (el área de Presidencia del Ayuntamiento) hubiera realizado a posibles operadores en el mercado, pues el expediente de contratación en todos los casos comienza con una petición directa de la persona (física o jurídica) que resultará posteriormente adjudicataria del contrato”, advierte el decreto.
La fiscal sostiene que hay indicios para imputar a los responsables públicos un delito de prevaricación, pues “a sabiendas de su ilegalidad, se realizaron resoluciones administrativas injustas”. “Del devenir de la investigación también sería posible, en su caso, calificar los hechos de un delito de fraude y exacciones ilegales”, no solo cometido “por la autoridad o funcionario público, sino también por el particular” (el propietario del periódico), que “pudiera haberse concertado con la autoridad para defraudar al ente público a través de este tipo de contratos”.
Antecedentes
No es la primera vez que se judicializa un caso de presunto fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Mogán. La alcaldesa ya estuvo investigada por los contratos menores adjudicados a dos asesores de la corporación. Esa causa se cerró antes de tiempo por un error en la instrucción (una prórroga fuera de plazo) y fue finalmente archivada.
También acabó sobreseído otro procedimiento por el que estuvo a punto de sentarse en el banquillo Mencey Navarro. El primer teniente de alcalde del Consistorio sureño fue incluso procesado por los contratos menores adjudicados a su socio en el despacho de abogados. Sin embargo, la Audiencia de Las Palmas también acabó por dar carpetazo a ese caso por otra prórroga dictada fuera de plazo y el cambio de criterio de la Fiscalía.
En cambio, continúa abierta la causa que investiga a la alcaldesa de Mogán por los contratos encadenados (la mayoría de ellos menores) que adjudicó a dos productoras emparentadas, Etiazul y 21 Bombillas, que administraban los hermanos Gregorio y Pedro Guerra.
Este periódico ha preguntado por esta última investigación a fuentes oficiales del Ayuntamiento de Mogán, pero no ha obtenido respuesta. También al propietario del digital que resultó adjudicatario de esos contratos, que ha declinado ofrecer su versión en esta fase del procedimiento judicial.