El Tribunal Superior de Justicia de Canarias reitera la necesidad de poner en marcha las oficinas de asistencia a las víctimas
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado apoyar expresamente la solicitud formulada por la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife sobre el “grave incumplimiento” que supone que sigan sin estar creadas y en funcionamiento en Canarias las Oficinas de Asistencia a las Víctimas previstas legalmente.
La decisión de la Sala, aprobada el pasado viernes 8 de mayo, se adopta tras tomar conocimiento del acta de la reunión constitutiva de la citada Comisión Provincial, celebrada el 24 de abril en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al frente de la cual se encuentra la presidenta de la Audiencia Provincial, Mónica García de Yzaguirre. Además de García de Yzaguirre, forman la Comisión (según el orden del acta constitutiva) el fiscal jefe provincial, José Luis Sánchez-Jáuregui y Alcaide; el secretario coordinador provincial, Carlos Sánchez Abella; el presidente de la Sección Quinta (Penal) de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Mulero Flores; la magistrada titular del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, Emilia Salto Menéndez; la decana del Colegio de Abogados, Milagrosa Sánchez Pacheco; la decana del Colegio de Procuradores, Gloria Oramas Reyes; la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, Raquel Candelaria Méndez Lorenzo; la jefa de la Sección de Psiquiatría Forense y responsable de la UVFI del Instituto de Medicina Legal provincial, Cathaysa Rodríguez Piñero; el Inspector jefe de la UFAM Investigación de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, Roberto Sáenz Montes: el teniente jefe interino de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Esteban Ramos Alonso y la concejala de Igualdad y Diversidad Afectivo-Sexual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León León.
En la reunión se pusieron de manifiesto diversas carencias en los recursos judiciales y asistenciales vinculados a la atención a las víctimas de violencia sobre la mujer. En ese contexto, la Comisión reclamó el despliegue y de efectiva puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas en Santa Cruz de Tenerife, poniendo de manifiesto el incumplimiento de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y del Convenio de Estambul, “al no encontrarse en funcionamiento en Canarias las oficinas de asistencia a las víctimas, pese a contar con un marco legal desde el Decreto 89/2019 de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (BOCA 10/6/2019) que preveía su dotación con profesionales de psicología, derecho, trabajo social y apoyo administrativo”.
A la Comisión Mixta
Ante esta solicitud, la Sala de Gobierno acuerda hacer suyo lo interesado por la Comisión Provincial e incorporar nuevamente este asunto al orden del día de la próxima reunión de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias, donde la representación del órgano judicial reiterará, una vez más, la necesidad de que se proceda a la creación y entrada en funcionamiento de estas oficinas en Tenerife y en todas las islas del Archipiélago.
La creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas no responde a una medida discrecional, sino al cumplimiento de un mandato legal. Estas oficinas están contempladas en el Estatuto de la Víctima del Delito como un servicio público de apoyo, orientación, asistencia y acompañamiento especializado a las víctimas, y su finalidad es garantizar una atención integral desde el primer contacto con la Administración de Justicia.
En el ámbito específico de la violencia de género, su relevancia es aún mayor, al estar llamadas a contar con equipos multidisciplinares capaces de realizar la evaluación individualizada de las necesidades de protección y asistencia de las víctimas, tal y como puso de relieve la Comisión Provincial en su acta. El acuerdo aprobado por la Sala de Gobierno también deja constancia de que la insuficiencia actual de infraestructuras judiciales en la capital tinerfeña no puede justificar la ausencia de implantación de estas oficinas, al poder ubicarse en otras dependencias.
Junto a esta cuestión, el órgano de gobierno de los jueces en Canarias respaldó otras demandas trasladadas por la Comisión Provincial, entre ellas la necesidad de ampliar la dotación de medios personales en el Instituto de Medicina Legal, o reclamar una formación específica del personal interino que se incorpore a las secciones de violencia sobre la mujer.