Solo en el primer trimestre del 2023 y únicamente en la Comunidad de Madrid se practicaron 661 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunto del Estado fueron 6.579. Se trata de una realidad que llevan lustros denunciando desde sindicatos y plataformas antidesahucios, que ahora ponen el foco sobre las fuerzas del Gobierno y algunos de sus aliados que la pasada legislatura no aprovecharon la redacción de la nueva ley de vivienda para acabar con esos lanzamientos.

La norma aumentó progresivamente el límite del precio del alquiler y rebajó los requisitos para que los distintos gobiernos regionales y locales declaren una zona como tensionada. Pero sobre desahucios, la nueva ley se limitó a señalar que “se aplicará un sistema de arbitraje que propicie el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales y se habilita al juez a establecer plazos superiores”. Además, incluyó “nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años”, y estipuló “el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables”.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, explica que simplemente “se dan moratorias, se amplía el proceso de desahucio, o si consigues un informe de vulnerabilidad se puede suspender temporalmente” pero denuncia que “no se está poniendo una solución al problema”.

La Ley de Vivienda también prevé una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje, cuyo objetivo es dar tiempo suficiente a las administraciones para poder encontrar una solución habitacional. No obstante, este requisito se aplica solo a viviendas de grandes tenedores y, además, tiene que ser la vivienda habitual de la persona ocupante, que tiene que estar en situación de vulnerabilidad.

Laura Barrios, coordinadora de Vivienda de Madrid, defiende que en todo lo referido a los desahucios la norma “está sin desarrollar” y que lo que va a suceder con todos los procesos judiciales paralizados que pudieran acabar en lanzamientos es que “tarden cinco meses más”. Ella también califica la mediación como un “eufemismo”. “Entre un gran tenedor y una persona vulnerable no hay que mediar, hay que proteger”, advierte. Asimismo, Paco Morote, portavoz estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), destaca la enorme desigualdad entre casero e inquilino: “La gente se siente muy débil frente al poderoso”. 

Coacciones de las inmobiliarias y desahucios invisibles

A todo ello hay que sumar el fenómeno de los llamados “desahucios invisibles”. La organización de consumidores FACUA presentó el pasado mes de junio una batería de denuncias contra una treintena de inmobiliarias que sorteaban la ley de vivienda haciendo pagar a sus inquilinos la cuota que se conoce como “honorarios”, que debe recaer ahora en los propietarios, “además de aquellas que directamente anuncian o comunican que el pago de estas gestiones debe hacerlas el futuro arrendatario están las que inventan nuevos conceptos”.

Se tratan de mentiras que utilizan las inmobiliarias para coaccionar a sus inquilinos. Se han multiplicado los casos de caseros no renuevan el contrato, suben mucho el alquiler o amenazan a sus inquilinos. Los sindicatos avisan: estos desahucios no se contabilizan, son casos sin judicializar y cada vez van a más. “Te estás yendo por una amenaza, porque te están cambiando las condiciones drásticamente. Judicialmente no es un desahucio, socialmente sí”, manifiesta Barrios.

Es lo que les pasó a varias vecinas de un inmueble de Alcorcón, en el sur de Madrid, que hace más de un año decidieron rebelarse ante los incrementos de hasta el 70% de los alquileres de sus casas, ahora propiedad de Blackstone, pero adquiridas hace años cuando eran de titularidad pública. Este ha sido un caso mediático, pero Racu afirma que la gran mayoría de inquilinas que se acercan al sindicato lo hacen por verse obligadas a mudarse forzosamente, un fenómeno que implica especialmente a grandes tenedores pero también a pequeños propietarios.

Con todo, los sindicatos coinciden en que ha habido “pequeñas mejoras” derivadas de la ley de la vivienda pero lamentan que sean “muy poco ambiciosas en relación con la necesidad y con lo que cabía esperar de un Gobierno progresista”, según apunta Morote. A su juicio, la cifra total de desahucios “no ha caído como debiera caer”.

Un nuevo Gobierno progresista “pero más ambicioso”

“Lo que ha hecho evidente el Gobierno progresista es que el enemigo del derecho a la vivienda, los grandes capitales que invierten en vivienda, son un monstruo mucho más grande de lo que podamos pensar”, expresa la coordinadora de Vivienda de Madrid. En el mismo sentido, Racu explica que lo que se ha plasmado en los últimos años es la “enorme guerra mediática que se ha hecho contra el movimiento de la vivienda”. La portavoz del sindicato de Inquilinas de Madrid apunta a la patronal inmobiliaria, las empresas de seguridad y los medios generalistas “que lo que han hecho ha sido crear un gran miedo al okupa”, han tergiversado “lo que es una ocupación o cuán grande es ese problema”.

Por su parte, Morote habla de los casi cuatro millones de inmuebles vacíos en España –solo en Madrid se superan las 97.100– y reivindica que lo que se tiene que hacer es “invertir en la expropiación de las viviendas que están en desuso y que se introdujeran en el mercado del alquiler asequible” porque “generaría una rebaja generalizada de los precios del alquiler”.

La vivienda pública en España representa el 2,5% del parque de viviendas en comparación con el 9,3% de la media en la Unión Europea. Por eso, el portavoz estatal de la PAH pide la reedición del Gobierno progresista pero “con una posición más ambiciosa” y que la ley de vivienda sea de aplicación estatal. “Desde la PAH planteamos que es necesario que haya un Gobierno progresista más ambicioso que el anterior y empiece por reformar la ley para hacerla de aplicación en el conjunto del Estado”.

Vox ha tardado diez días en reaccionar al beso no consentido que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso tras el triunfo de la selección española de fútbol y lo ha hecho para defender al presidente de la Federación mientras pide la dimisión del Gobierno. “Denunciamos la cacería política y mediática a la que se está sometiendo personalmente al señor Rubiales”, han publicado. Seguidamente, el partido de extrema derecha menciona la ley del sí es sí acusando a “quienes la han promovido causando la excarcelación masiva de delincuentes sexuales”.

A través de un hilo en esta red social, Vox deja claro que —en su opinión— la polémica ha sido generada por “el Gobierno de Sánchez y sus terminales mediáticas para ocultar los grandes problemas en los que está sumida España”. Además, dejan entrever que el beso de Rubiales fue fruto de una “grosería o mala educación”: “Con sentido común se puede distinguir lo que es una grosería o mala educación de lo que es un delito”.

Como pronunció Rubiales en su discurso ante la Asamblea General Extraordinaria el pasado 25 de agosto, Vox también habla del “falso feminismo” afirmando que es “una lucha en la que estamos solos y que, una vez más y por desgracia, teníamos razón”. El partido de Abascal pide así la dimisión del gobierno de coalición, no por el beso de Rubiales al que le achaca la culpa, sino por “haber puesto en libertad a cientos de depredadores sexuales que ya están empezando a reincidir”.

Acaban su comunicado denunciando el “comportamiento grosero del señor Rubiales”, que señalan que es “incompatible con la presidencia de una Real Federación, un puesto que exige una altura que evidentemente el señor Rubiales no ha tenido”. 

Almeida critica la “deplorable” actitud de Rubiales y carga contra la “sobreactuación de la izquierda”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha calificado el comportamiento de Rubiales en el Mundial de fútbol femenino como “deplorable” e “incompatible” con el cargo que ocupa. “Me parece absolutamente deplorable el comportamiento del presidente de la Federación en la final de fútbol, tanto los gestos que hace en el palco como el comportamiento con Jenni Hermoso”.

Ha cargado también contra la “sobreactuación de la izquierda” en relación al beso de Rubiales a Hermoso, y ha dicho que son hechos “lamentables pero incompatibles con la forma de entender el feminismo de la izquierda y perjudica una cuestión que debería unir a toda la sociedad”.

En concreto, ha censurado la actitud de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, por acudir a la manifestación en apoyo a Hermoso mientras “vota a favor de la ley del 'solo sí es sí'”. Por ello, ha pedido a Díaz que se preocupe “por las más de 1.000 víctimas de agresiones sexuales” que han visto cómo sus agresores han visto rebajadas sus penas.

“Hay que condenar las conductas y el comportamiento de Rubiales, pero es el mismo presidente que hizo una fiesta en Salobreña con mujeres jóvenes y este Gobierno no dijo nada (...) Es urgente acabar con todos los comportamientos machistas pero es importante para el feminismo acabar con la hipocresía moral”.

Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, ha criticado este viernes el discurso de Luis Rubiales y ha lamentado que “el silencio” —en alusión a la falta de reacción dentro del fútbol masculino ante lo ocurrido— “no ha funcionado”. Todo ello después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya anunciado finalmente que no va a dimitir de sus funciones en un discurso lleno de críticas al “falso feminismo”. “Tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual”, ha expresado en su cuenta de Twitter la ministra.

El máximo dirigente del fútbol femenino también ha anunciado medidas legales contra Montero, la vicepresidenta y líder de Sumar Yolanda Díaz, el exdiputado de Podemos Pablo Echenique y la ministra y secretaria general de Podemos Ione Belarra. Ante estas declaraciones, en otro tuit, Montero ha señalado que Rubiales “busca su impunidad” y ha advertido que, frente a ello, “actúa la Fiscalía y actúa el CSD para proteger a la jugadora, para decir no al machismo y para garantizar el derecho a la libertad sexual”. “Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola”, ha proclamado.

La ministra en funciones ha recordado hoy en una entrevista en RNE que no es necesario que se ejerza violencia o intimidación “para que haya una vulneración de la libertad sexual de una mujer”. También ha destacado esta mañana que ante la falta de consentimiento “hay que desplegar todas las medidas”.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, que también ha sido nombrada directamente por Rubiales en su discurso, no ha tardado en contestar a través de su cuenta de Twitter: “El Sr. Rubiales sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho. No está a la altura. Debe dimitir ya y ahorrarnos el bochorno”. Unos pocos minutos más tarde, después de que Rubiales anunciara que no iba a dimitir, Díaz ha calificado de “inaceptable” lo ocurrido hoy en la Asamblea de la Federación. Además, ha sido rotunda con la acción que debe tomar el Gobierno: “Debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas”.

El titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que habrá una actuación por parte del Gobierno en caso de que no haya medidas de la Federación. En este sentido, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha movido ficha y fuentes del organismo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte confirman que “hoy mismo, con carácter inmediato” el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, elevará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las denuncias remitidas contra Rubiales en las que se reclama su inhabilitación por besar en la boca a la jugadora contra su voluntad tras el triunfo de la selección española femenina en el mundial de Australia.

Por su parte, la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el consentimiento “no lo decide el agresor, lo decide la mujer”. Ha calificado también en esta red social el discurso de Rubiales como “violento y mafioso” y ha admitido que “no funcionará contra un país que ya ha cambiado”. “Todo el mundo sabe ya la clase de hombre que es”, ha publicado Belarra. Asimismo, ha pedido actuar al Consejo Superior de Deportes “para que Rubiales no siga ni un minuto más en este puesto” y ha sido clara respecto al papel de las instituciones: “Las mujeres españolas tienen que ver cómo las instituciones les protegen de un discurso muy peligroso que justifica y defiende la violencia sexual”. “Los miserables no se van, a los miserables se les echa”, ha pedido Gabriel Rufián en un mensaje dirigido al Ministerio de Deportes.

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha mostrado su “vergüenza ajena” ante la postura del presidente del máximo mandatario del fútbol español de no dimitir y ha pedido al mundo del fútbol que “responda a esta situación”.

Por su parte, Mónica García, la portavoz de Más Madrid, tampoco se ha quedado callada ante las declaraciones de Rubiales. En su cuenta de Twitter, asegura que la única respuesta aceptable era “pedir perdón y marcharse”. Según García, el discurso del presidente de la RFEF ha estado “lleno de machismo, revanchismo e incluso culpando a Jenni Hermoso”. También ha pedido al CSD que inicie los mecanismos para inhabilitarle.

Desde el PSOE, una de las primeras reacciones ha sido la de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, que ha expresado su rechazo ante las palabras de Rubiales. “España ya no acepta actitudes machistas ni permite que se denigren a las mujeres”. “Cualquier ataque a la igualdad, encontrará la respuesta firme de un Gobierno feminista”, ha comunicado.

La Xunta de Galicia reclama la dimisión de Rubiales

Por parte de la Xunta de Galicia, la conselleira de Igualdade, Elena Rivo, ha pedido la dimisión de Rubiales después de este dijese que no va a renunciar. “La selección femenina de fútbol no solo mostró que para las mujeres no hay barreras, sino también que en el deporte no caben actitudes machistas ni prepotentes. En busca de una sociedad igualitaria, inclusiva y tolerante, quien no sea capaz de estar a la altura de su cargo que dimita”, escribió en su cuenta en la red social X. Acompañó el texto, sin alusiones al respaldo del presidente de la federación gallega, Rafael Louzán, a Rubiales, de una fotografía del presidente de la RFEF, informa Beatriz Muñoz.

La futbolista Tere Abelleira, que fue homenajeada este viernes por la Deputación de Pontevedra, aprovechó su intervención para pedir que el momento actual sea “un punto de inflexión” y que “ningún éxito de las mujeres futbolistas y deportistas sea manchado por ningún tipo de comportamiento”. En sus redes sociales ha trasladado también su apoyo a Hermoso: “¡Estamos contigo!”.

Todas estas declaraciones llegan después de que Rubiales haya realizado un duro discurso en el que ha cargado contra el feminismo, contra la prensa, contra todo lo que se movía. Se ha presentado como una víctima de “una cacería” contra él que lleva sufriendo, ha dicho, “cada día durante cinco años”. Ha defendido que el beso a Jennifer Hermoso fue “consentido y mutuo”. “Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideales y la verdad”, ha afirmado Rubiales, y ha asegurado que tiene el respaldo de muchos. “Hay mucha gente que aunque silenciada me está apoyando, diría que más que en contra”.

Mientras, en el PP sostienen que “la pelota está en el tejado del Gobierno” después de que Rubiales haya optado por aferrarse al cargo pese a las peticiones de dimisión que han llegado de diferentes miembros del Ejecutivo. “Tendrá que ver qué hacen”, apuntan las mismas fuentes.

Este mismo viernes, el número tres, Elías Bendodo, ha insinuado cierta complicidad del Gobierno con Rubiales, a cuenta de los mensajes remitidos hace años por el presidente de la RFEF a miembros del Ejecutivo, entre ellos Pedro Sánchez, que no fueron contestados. Aún así, Bendodo ha dicho que Sánchez “tenía una magnífica relación de cordialidad” con Rubiales y que “que nunca se explicó hasta dónde llegó”.

El partido de Feijóo lamenta, como ya hiciera el martes pasado la secretaria general, Cuca Gamarra, que los hechos “bochornosos” protagonizados por Rubiales hayan “empañado” el Mundial ganado por la Selección. “Los españoles no estábamos acostumbrados a celebrar grandes gestas en el mundo del deporte”, ha dicho Bendodo. “la victoria de nuestras campeonas es un hecho inédito del que nos sentimos orgullosos”, ha zanjado.

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Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, se ha mostrado este viernes “orgullosa del movimiento feminista” ante las presiones que ha recibido en los últimos días el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para que dimita –previsiblemente este viernes– después de agarrar la cabeza y dar un beso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso durante la celebración del mundial de Australia.

“El movimiento feminista fue capaz de decir en nuestro país que 'solo sí es sí'”, ha celebrado Montero en una entrevista en RNE en la que también ha puesto en valor que la sociedad también hizo “posible que existiese un Ministerio de Igualdad” como el que ella misma ha dirigido en la última legislatura. “Es una muestra de que el feminismo lo está cambiando todo porque conductas que hasta ahora parecían normales ya no se toleran”, ha dicho.

Montero también ha recordado que no es necesario que se ejerza violencia o intimidación “para que haya una vulneración de la libertad sexual de una mujer”. Y ha destacado que ante la falta de consentimiento “hay que desplegar todas las medidas” y que el silencio “desprotege a las víctimas”. “Yo ya sé que cuesta hablar y que esto tiene un coste”, ha admitido la ministra en funciones al ser preguntada por el silencio de muchos futbolistas masculinos.

“La libertad sexual es un derecho que todas y todos tenemos que poder ejercer pero el límite es exclusivamente la falta de consentimiento”, ha añadido en la citada entrevista radiofónica. “La valentía de Jenni Hermoso y sus compañeras han conseguido una victoria del feminismo pero queda mucho por hacer para que no quede impune ningún beso no consentido”, ha zanjado.

Montero ha mostrado su apoyo a la futbolista y ha subrayado la “enorme respuesta social a aquellos que querían minimizar lo que ha ocurrido o culpabilizar a la mujer”, pese a que lamenta que sí ha habido quien ha intentado “cuestionar a la víctima”.

El 13 de mayo abrieron 17 de las 22 piscinas municipales públicas de las que dispone el Ayuntamiento de Madrid debido a la temprana llegada de las altas temperaturas a la ciudad. Durante el mes de junio, la capital de España sufrió una ola de calor que llegó a superar los 35 grados, lo que provocó que las entradas de muchas piscinas públicas se agotaran en tan solo unos pocos minutos. Son un total de 18.457 plazas las que el Ayuntamiento pone a la venta cada tarde. Aún así, la demanda es muy superior a la oferta y mucha gente se queda sin poder bañarse los días más calurosos del verano.

Aparte de estas piscinas de uso recreativo, Madrid también dispone de piscinas cubiertas para el nado libre, muchas de ellas con un solárium incorporado para los que prefieren también tomar el sol. Estas instalaciones, en ocasiones, son la única alternativa para todos aquellos que quieren hacer natación o cualquier otro deporte acuático, ya que durante el verano están destinadas principalmente a estas actividades. Sin embargo, los usuarios se han encontrado con que la gran mayoría de ellas cierran todo el mes de agosto y, algunas, parte de julio. Así lo indica esta tabla que publica el Ayuntamiento de Madrid, aunque no indica que algunas llevan años cerradas debido a las obras que el consistorio nunca finaliza.

La capital cuenta con un total de 53 piscinas de nado libre, de las que una docena cierran todo julio y cinco solo abren la primera quincena del mes. Otras solo lo hacen de lunes a viernes. No obstante, casi la totalidad de ellas cierran en agosto. Concretamente, son 41 las piscinas que están inoperativas el mes más caluroso del verano y siete las que abren solo una quincena. Es decir, Madrid solo dispone de seis piscinas cubiertas en agosto, lo que significa que muchos barrios se quedan sin este servicio, que a su vez provoca que los usuarios se tengan que desplazar varios kilómetros para llegar hasta una piscina que probablemente esté abarrotada de gente.

Los distritos más perjudicados —esto es, los que verán sus piscinas cerradas todo agosto— son Arganzuela, Retiro, Tetuán, Moncloa Aravaca, Carabanchel, Moratalaz, Usera, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Barajas. Casi todos disponen de más de una piscina climatizada y muchos de ellos hasta cuatro, pero permanecerán cerradas. Solamente La Cebada (Centro), Fuente del Berro (Salamanca), Chamartín (Chamartín), Cea Bermúdez y Vallehermoso (Chamberí) y Peñagrande (Fuencarral El Pardo) acogerán a los bañistas este mes. Respecto a la inoperatividad de las piscinas cubiertas, el Ayuntamiento no ha respondido a las consultas de este periódico.

El drama de las obras 

Al cierre de las piscinas hay que sumarle las que directamente están inoperativas por obras que llevan años en proceso. El caso más sonado es el del Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque, cuyas piscinas permanecerán cerradas por obras en la temporada 2023-2024, tal como informa el consistorio en su página web. Las responsables: unas grietas que se remontan varios años atrás. La última vez que abrieron fue en 2021 y este año los vecinos han comenzado a movilizarse para reivindicar su apertura. “A las 12.00 en La Churrería” se leía en los carteles que los vecinos de El Pilar y La Paz colocaron en abril para protestar por el estado de las instalaciones.

Otro ejemplo es el de la piscina cubierta del Centro Deportivo Municipal Palomeras, en Puente de Vallecas. Los vallecanos llevaban dos años sin poder acceder a la instalación debido a las obras que se estaban realizando en los vestuarios y en los sistemas de protección contra incendios. El 12 de junio de este mismo año el Consistorio anunció en su página web que el CDM Palomeras reanudaba la actividad de la piscina climatizada.

Pero lo hizo solo por dos semanas porque los meses de julio y agosto la piscina climatizada permanecerá cerrará y no volverá a abrir hasta septiembre. “Ese mismo mes se ofertará el programa de actividades dirigidas y de clases abiertas y se establecerán los horarios para el entrenamiento de clubes deportivos y de competiciones municipales”, se lee en el comunicado. O sea que, tras dos años sin piscina cubierta, el Ayuntamiento vuelve a cerrarla todo el verano.

A principios de año, una tuitera puso de manifiesto el descontento de los vecinos ante esta situación: “En septiembre de 2022 nos dijeron que estaba previsto que la obra terminara en diciembre de 2022”. Según expone, son más de 2.000 personas las afectadas por las reformas, aunque alega que los motivos reales son “la falta de personal y la existencia de una filtración de la cual solo se ha reparado una parte”.

También la piscina de Pueblo Nuevo, en Ciudad Lineal, aparece cerrada en la página web del Ayuntamiento durante julio y agosto. No obstante, lleva todo al año fuera de servicio por una “avería técnica” y seguirá así “hasta nuevo aviso”, según informa el Consistorio. 

Entradas agotadas en las piscinas descubiertas

La polémica por el cierre de las piscinas cubiertas viene marcada además por otro factor: la escasez de entradas que el Ayuntamiento pone a la venta para las piscinas descubiertas.

Los días de más calor y los fines de semana cuentan con una gran demanda, a veces muy superior a la oferta. La piscina de Peñuelas, en Arganzuela, es un ejemplo de la dificultad de los vecinos del barrio para conseguir entradas. Incluso muchas veces resulta imposible. En Twitter, los usuarios ya expresaron su enfado y pusieron de manifiesto la situación que viven los vecinos del distrito: “El plazo abre a las 15h. En solo 1 minuto, se agotan las 617 plazas”. Arganzuela es una de las zonas de Madrid donde las dos piscinas cubiertas están fuera de servicio en agosto, por lo que hacer natación se convierte casi en una tarea imposible en este barrio.

Aunque la situación de Arganzuela ya no es excepcional. Las piscinas descubiertas que mayor demanda tienen actualmente son las de Casa de Campo, Hortaleza, El Quijote (antiguo Francos Rodríguez), La Elipa y Orcasitas. De todas ellas, ni La Elipa ni El Quijote disponen de piscina cubierta; y las otras están inoperativas todo el mes de agosto. La de Casa de Campo también lo estuvo en julio y Hortaleza solo abrió la primera quincena. 

El vicesecretario de organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha rechazado la propuesta de Sumar del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. “No es una demanda real de los españoles”, ha afirmado, en una entrevista en RNE. Además, ha sostenido que se trata de una propuesta interesada para fomentar un “debate estéril” y que es una “cortina de humo” de Yolanda Díaz, la líder de Sumar: “Quizá prefiera hablar de los idiomas y no de los problemas internos de su partido”. 

Estas declaraciones llegan un día después de que Díaz anunciara que su partido va a llevar al Congreso una propuesta de reforma del reglamento que permita el uso de lenguas cooficiales como el euskera, el gallego o el catalán dentro de la Cámara Baja. “Me gustaría que podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en todas las lenguas del Estado”, afirmó en una entrevista en TVE.

Asimismo, Díaz vinculó esta reforma a la negociación de la composición de la mesa del Congreso que ya se está llevando a cabo y que tendrá lugar el próximo 17 de agosto: “Esta diversidad es la mayor riqueza de nuestro país”. La líder de Sumar fue aplaudida por el coordinador federal de Izquierda Unida Alberto Garzón que, a través de su cuenta de Twitter, describió la medida como “indispensable” para “avanzar en el reconocimiento institucional de la plurinacionalidad” de España.

En la misma línea que Tellado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, señaló ayer respecto a la utilización de las lenguas cooficiales que lo “peor” que puede ocurrir es que la gente “no se entienda”. En cuanto a Vox, el portavoz político de esta formación, Jorge Buxadé, ha menospreciado hoy dicha propuesta y prefiere que se lleven a cabo otras reformas con el objetivo de garantizar “un funcionamiento más democrático”. “Hay muchísimas más cosas que cambiar”, ha indicado. Pese a rechazar la medida de Sumar, Buxadé sí ha defendido el uso del castellano en parlamentos regionales y ha calificado las lenguas cooficiales de “lenguas españolas que han de ser utilizadas y respetadas”.

Tellado también ha apuntado que las lenguas cooficiales ya se utilizan en el Senado y que “están para comunicarnos, no para enfrentarnos”. Respecto a esta cuestión, el senador ha hablado sobre los resultados del 23J, destacando la victoria del PP y afeando al PSOE, que “se niega a asumir el resultado electoral”. “No se ha cortado a la hora de decir que están dispuestos a recurrir al constitucional para tratar de revertir el resultado de las urnas”.

Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, ha querido responder este lunes a las presiones que está recibiendo tanto del PP como de sus terminales mediáticas para que el PSOE facilite una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo. De nuevo, el jefe del Ejecutivo ha remarcado que su intención es tratar de formar un Gobierno progresista y, para ello, ha enviado una carta a la militancia de su partido en la que insiste en su pretensión.

A su juicio, lo que “toca” ahora es “traducir esa mayoría social” que surgió de las urnas el 23J “en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados”. Además, ha anunciado que el PSOE, después de que se constituyan las Cortes, va a “trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando”, en un contexto en el que el voto CERA ha dado un escaño más al PP.

“Estoy persuadido de que esta mayoría puede ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox”, ha explicado Sánchez. Este mismo lunes, el PP volvía a insistir en pedir al PSOE que facilite la investidura de su líder. Y todo se producía apenas 24 horas después del intercambio de cartas entre Sánchez y Feijóo.

Este último pidió al jefe del Gobierno en funciones una reunión para pedirle que facilitara su propia investidura y Sánchez le respondió recordándole que la gobernabilidad en España depende de las mayorías en el Congreso y emplazándose a reunirse, sí, pero una vez se constituyan las Cortes, el día 17.

En la grabación, Sánchez También ha puesto en valor el trabajo del gobierno de coalición durante los cuatro años de mandato: “La legislatura pasada estuvo marcada por las adversidades derivadas de la pandemia y de la guerra en Ucrania, así como de otros contratiempos y calamidades. Les hicimos frente y movilizamos cielo y tierra para proteger empleos y empresas, salarios y pensiones”.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha vuelto a mencionar la relación de Feijóo con el narcotraficante gallego Marcial Dorado en una entrevista en Hoy por Hoy: “Si Feijóo no tiene nada que ocultar, debería explicar su amistad íntima con Marcial Dorado”. Díaz ha recordado en la entrevista lo que pasaba en Galicia hace diez años, cuando se hizo pública la relación entre ambos gallegos: “Todos sabíamos quien era Marcial Dorado, un narcotraficante de marca mayor en el mundo y su amistad con él no era una pequeña amistad”. Además, ha destacado que si cualquier persona progresista hiciese lo de Feijóo “no digo lo que nos caería”. 

Sobre la cuestión de que el PSOE facilite la investidura del PP para evitar que pacte con la ultraderecha, Díaz ha sido clara: “No soy quien para decir a ninguna formación lo que debe de hacer”. No obstante, sí ha hablado sobre la propuesta de los populares de que gobierne la lista más votada: “Si Feijóo quiere cambiar el artículo 99 de la Constitución y avanzar hacia un modelo presidencialista, que lo diga”. También, sobre la ausencia del líder de los populares en el debate electoral del miércoles, Díaz ha expresado que es una “vergüenza” que “alguien que quiere ser presidente del Gobierno se niegue a debatir”.

Correos abrirá sus oficinas este fin de semana para facilitar el voto por correo en toda España y no descarta ampliar el plazo para el depósito del voto, que hasta este momento estaba fijado para el jueves 20 de julio, según informa Europa Press.

Según informa Correos, todas las oficinas en Madrid capital y Barcelona capital, en total 106, abrirán el sábado, 15 de julio, desde las 9 hasta las 21 horas el sábado, y el domingo, 16 de julio, desde las 9 hasta las 14 horas. A ambas capitales se les unirán las oficinas de todo el país, concretamente las de las zonas turísticas de Valencia o Andalucía, donde se prevé una mayor afluencia, también ampliarán su horario. En concreto, 1.966 oficinas de todo el país abrirán el sábado, 15 de julio, de las cuales, 1.890 lo harán en horario de 9 a 14 horas y 76 en horario de 9 a 21 horas.

Respecto al domingo 16 de julio, abrirán 276 oficinas de 9 a 14 horas en capitales de provincia y comunidades autónomas. También en zonas turísticas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, etc., además de las de Madrid capital y Barcelona capital. Además, en todas las localidades que celebren festivos locales hasta el 20 de julio, las oficinas permanecerán abiertas en su horario habitual, para agilizar al máximo la gestión del voto por correo. 

Y, desde el jueves, 13 de julio, todas las oficinas que habitualmente cierran a partir de las 20 horas, permanecerán abiertas hasta las 22 horas.

Correos también ha informado que se ha reforzado la distribución de envíos electorales. El sábado, 15 de julio, se realizará un reparto extraordinario en 896 Unidades de Distribución de toda España, en el que trabajarán cerca de 5.700 carteros y carteras de Correos entregando la documentación electoral. 

Asimismo, el domingo, 16 de julio, se realizará otro reparto extraordinario en 165 unidades de distribución de las zonas en las que se están recibiendo mayor número de envíos electorales, en el que participarán cerca de 900 profesionales de Correos.

También han reforzado la red de distribución con 315 PDAs adicionales y los servicios en todos los centros logísticos.

La empresa Desokupa, que se dedica a amenazar y a desalojar forzosamente a inquilinos, colgó este lunes una lona contra Pedro Sánchez con el eslogan ‘Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa’. Justo a la salida del metro Antón Martín, en el número 75 de la calle Atocha, se puede ver la pancarta enorme con la foto del presidente del Gobierno y Daniel Esteve, el fundador de Desokupa y también lanza un mensaje contra los aliados políticos de Sánchez: “Os echaremos de menos a todes”.

Para los vecinos del edificio, ha sido una sorpresa. No se esperaban que la empresa publicitaria contratada, Urban Vision, negociara con Desokupa para colocar esa lona. La presidenta de la comunidad explica a elDiario.es que hace aproximadamente unos veinte días Urban Vision contactó con los vecinos para decirles que tenían otra publicidad, pero no les especificaron cuál sería su contenido. Hasta ahora, en esa fachada se habían anunciado empresas como Uber o el Fútbol Club Barcelona.

“No nos han preguntado, estamos en contra de esta publicidad. Hemos sido engañados, no teníamos ni idea ni nadie nos ha pedido permiso”, dice la presidenta, que insiste en que habla en nombre de toda la comunidad. Además, denuncia que Urban Vision haya tapado su logo, que es prácticamente invisible.

El PSOE ya ha denunciado ante la Junta Electoral dicha lona, y ahora los vecinos piden que se retire lo antes posible, aunque los abogados de Urban Vision y Desokupa aún se encuentran en negociaciones.

En principio, la comunidad va a recibir 8.000 euros por mantener el cartel durante tres semanas, un precio acordado por la empresa publicitaria y el cliente. “Nosotros no ponemos el precio”, afirma. Sin embargo, el abogado Xaime da Pena, financiador de la lona con un historial de polémicas a sus espaldas, asegura en conversación con elDiario.es que le ha costado 40.000 euros por colgarla desde el día 3 hasta el 23. En lo que va de año, el edificio ha albergado cuatro lonas diferentes. En este sentido, los ingresos para los vecinos varían según algunos factores, como el tamaño de las mismas y el tiempo que estén colocadas. Según la presidenta, el ingreso mínimo, en general, que recibe la comunidad por colgar una lona son 5.000 euros.

Vuelven las lonas, pero ¿son eficaces?

Este tipo de carteles se han convertido en un clásico de la comunicación política y empresarial hasta tal punto que su uso se ha hegemonizado en los últimos años. Esas lonas, tradicionalmente usadas por empresas para publicitarse, son un recurso cada vez más recurrente para difundir mensajes políticos, atacar al adversario o hacer visibles a los nuevos candidatos a las elecciones de las fuerzas políticas. Sobre todo durante la campaña, a pocas semanas de la cita a las urnas, cuando los partidos políticos cuelgan grandes lonas en edificios y calles estratégicas de Madrid para provocar el mayor impacto posible y llamar la atención de los que pasan por allí.

Carles Foguet, profesor del máster de Análisis Político y Electoral en la UC3M, destaca el excesivo empleo de las pancartas electorales en los últimos años, hasta el punto de que a día de hoy pueden llegar a ser en algunos casos “ridículas”. “Estas campañas de guerrilla funcionan en la medida en que tienes capacidad de sorprender”, explica. Es el círculo del cambio en comunicación política: lo que en algún punto fue disruptivo, ahora ya forma parte del status quo. Por eso, para que un cartel de estas dimensiones sea realmente efectivo, ha de provocar un verdadero impacto, ser controvertido. “Habría de ser una lona que la hicieran retirar o con algún mensaje muy fuerte”, indica. Es decir, lo que logró Vox con su pancarta contra el colectivo LGTBI o ahora Desokupa con su lona.

Gabriela Ortega, directora de estrategia de la institución educativa ALEPH, explica que colgar una lona es una acción transmedia, es decir, una acción que permite una mayor comunicación a través de varios canales como, por ejemplo, su difusión en las redes sociales. “Una lona tiene que tener un mensaje disruptivo o provocador para que pueda generar transmedia”, indica. Esta técnica también es útil para dar a conocer a candidatos nuevos de las distintas formaciones.

Según Ortega, las lonas son efectivas cuando hay un gran porcentaje de desmovilización o de deslealtad política de algún partido en concreto. Son acciones enfocadas “a quien no tiene fidelidad de voto”, esto es, a todos aquellos que carecen de compromiso electoral, se abstienen o cambian con facilidad de voto. “Necesito poner un mensaje llamativo para provocar que estos que no tienen fidelidad se acerquen a votar”, señala.

Pero hay una línea muy fina cuando se trata de mensajes tan polémicos que atacan directamente al rival político. La experta explica que las lonas con un anuncio tan directo de ataque victimizan al adversario y lo movilizan, es decir, se consigue el efecto contrario al deseado. “Cuando las lonas se utilizan para un objetivo de posicionamiento, te arriesgas a que movilice al otro y no al tuyo. El riesgo es más alto que el beneficio”, declara. 

El eje movilizador en las lonas de Vox, Podemos o Más Madrid

Es, por ejemplo, lo que ha sucedido con las últimas lonas que han colgado Vox y Podemos. Respecto al primero, la formación de extrema derecha eligió la fachada de la antigua cervecería Santa Bárbara, en la confluencia de las calles Goya y Alcalá de Madrid, para colgar una pancarta gigante en la que se atacaba a varios colectivos. En ella, se veía una mano tirando a la basura los diversos símbolos que representan al feminismo, al colectivo LGTBI, la Agenda 2030, el comunismo, el Movimiento okupa y la bandera independentista catalana.

Para Ortega, este mensaje es un eje movilizador para la izquierda: “Confirma el discurso del contrario, que ahora mismo es que va a gobernar un partido con la extrema derecha”. “PSOE y Podemos tenían razón en que nos enfrentamos a un peligro porque el mensaje es bastante provocador y evidente”, apunta.

De hecho, el PSOE ya se posicionó y denunció a Vox ante la Junta Electoral Central, junto con la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, acusándolo de incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al publicitar un acto de campaña fuera del periodo permitido, y además ven posible un delito de odio. La denuncia ya se ha resuelto y la Junta Electoral de la Zona de Madrid ordenó a Vox retirar la lona en el plazo de un día, pero no por el contenido del cartel, sino por la prohibición de propaganda electoral antes del inicio de la campaña.

También, el colectivo ecologista Activistas de Futuro Vegetal tiñó la lona de pintura roja en un acto de protesta contra “sus políticas de odio y miedo”. Según explican en sus redes sociales, las activistas que han llevado a cabo esta protesta “han sido detenidas, como es costumbre”. “Las llevan a la comisaría de Moratalaz a petición de la Brigada de Información”, apuntan.

Podemos también fue noticia hace unas semanas, en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales, cuando colocó una lona en pleno barrio de Salamanca con la cara de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña y un tuit del exlíder del PP Pablo Casado. “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000€ de beneficio por vender mascarillas”, dijo Casado en una entrevista el 18 de febrero de 2022.

Respecto a esta lona, el profesor indica que ni tan solo consiguieron llamar la atención: “Estaba replicando un método que ya no era innovador”. Además, señala que “intentaron hacer una campaña de guerrilla saltándose el primer mandato, que es sorprender y ser disruptivo”. En ese sentido destaca que causó más sorpresa e impacto la camiseta de Alejandra Jacinto en el debate a cinco entre los aspirantes a presidir la Comunidad de Madrid en la televisión autonómica. En ella se podía ver la cara del hermano de Ayuso con la frase del tuit de Casado.

“En el caso de Podemos se llegó a medir que causaba movilización del contrario”, dice Ortega. En parte, esto se debe a la localización de la propia lona, en pleno barrio de Salamanca, donde hay mucho más voto a la derecha. “Cuando haces un mensaje provocativo y lo pones en territorio en donde sabes que el voto es contrario, la movilización del rival va a ser aún más porque es como si entras en mi casa y me insultas”.

La experta destaca lo que para ella ha sido una campaña “inteligente”: la que llevó a cabo Rita Maestre en las elecciones municipales de este año, que colgó lonas segmentando el mensaje por barrios. “Te estaba diciendo lo que iba a hacer en ese barrio. Es el mensaje que querían oír los votantes”.

¿Son caras o rentables?

Hay lonas que realmente llegan a ocupar los 200 o los 300 metros cuadrados y hay otras que se sitúan en la confluencia de dos grandes calles. El dinero que se llega a pagar, por tanto, para colgar un cartel con estas características, depende de las tasas del ayuntamiento y del alquiler de la comunidad de vecinos.

Si la publicidad está situada sobre andamios, conlleva el pago de una tasa que estará en función de la superficie y del vuelo ocupado, así como de la categoría que corresponde a la vía o tramo donde estén situadas. Hay nueve categorías, que se reparten de la más cara a la más barata progresivamente, y las tasas se dividen según el establecimiento donde esté situada la lona (con carácter general por obras o por obras realizadas en establecimientos destinados a un uso mercantil o comercial). También por si dificultan el paso, que serán más caras, o no. Y además de esta liquidación, como las lonas se consideran publicidad, los partidos tienen que pagar una tasa aparte, que va desde los 20,40 euros en la primera categoría, a ni siquiera llegar al euro en la última.

Si la lona se encuentra en la confluencia entre dos calles, como es el caso de la de Vox (Alcalá y Goya), se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior. Igualmente, existen varias categorías dentro de una misma calle. Por ejemplo, en Alcalá, hay tramos con la categoría uno y otros con la siete. El número 75 de la calle Atocha corresponde a la categoría tres y, en el caso de la lona de Podemos, situada en Goya, solamente existen las categorías uno y dos, es decir, las más caras.

Pese a esto, lo que realmente cuesta dinero es el alquiler de la fachada a la comunidad de vecinos. Sobre todo en las zonas céntricas, dicho alquiler se ha convertido en una fuente de financiación para los vecinos, que puede ascender hasta los 100.000 euros si su edificio está situado en una zona céntrica y así sufragar más del 50% de las obras.

Para Foguet, no hay que pensar en el dinero gastado en términos absolutos: “Depende del impacto publicitario”.

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“Hay niños en la calle y no le importa a nadie”, “de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste” o “fuera buitres de nuestros barrios” son algunos de los cánticos que se escuchan en la concentraciones vecinales impulsadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en los juzgados de Alcorcón (Madrid). Esta semana se celebraba el juicio de María y Dani, el primero de las 40 familias que se han visto afectadas por unas subidas abusivas de los alquileres por parte de Blackstone, el fondo de inversión estadounidense que dispone de aproximadamente 40.000 viviendas en España.

Son vecinas del sur de Madrid como Getafe, Aranjuez, Torrejón de Ardoz, Carabanchel o Vallecas, que hace más de un año decidieron rebelarse ante los incrementos de hasta el 70% de los alquileres de sus casas, ahora propiedad de Blackstone, pero adquiridas hace años cuando eran de titularidad pública. El contexto, por tanto, es el mismo para todas las familias afectadas y responde a la llegada de los fondos de inversión a España interesados por la gran cantidad de vivienda pública de que disponían los bancos y la Sareb, allá por 2008.

Además del alquiler, el fondo les obliga a pagar a los dos años el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la cuota de la comunidad, unos gastos que, según la ley de vivienda aprobada por el Congreso, deberán correr a cargo del propietario. No obstante, Ayuso ya avisó de que los aspectos que no sean de obligado cumplimiento no los pondrá en marcha en la Comunidad de Madrid. Las familias no han dejado de pagar el alquiler, pero se enfrentan igualmente a una propuesta de desahucio.

María lleva 15 años viviendo en un piso que anteriormente era de protección oficial. Todo cambió cuando la promotora quebró y todas las casas pasaron a manos de Testa, una de las filiales de Blackstone. Ahora proponen renovarle el contrato con una subida del 30%. “Esto no va de que pueda o no hacerle frente, es que no quiero aceptar esa subida”, exclama. Su contrato finalizó en julio del año pasado, pero sigue pagando el alquiler, algo que sí que acepta el fondo. “No hemos firmado un contrato nuevo porque no nos permiten hacerlo sin subidas ni cláusulas abusivas, pero todas queremos renovar y seguir con nuestras casas”, señaló, ante las más de 40 personas que acudieron ayer a la concentración. “Se nos llena la boca hablando de okupas porque no nos atrevemos a cuestionar que unos pocos se hagan más ricos a nuestra costa con nuestro sueldo”, finalizó.

Ramona Márquez, una jubilada de 74 años, lleva 16 años viviendo en la misma casa de Carabanchel, ahora sin contrato, y está a la espera de una nueva citación para su juicio después de que le aplazaran el que tenía previsto para el 25 de mayo. En su caso, en el 2013 Ana Botella vendió más de 1000 viviendas de titularidad pública, entre ellas la de Ramona. “Y con nosotros dentro”, lamenta. “No se nos comunicó de ninguna manera, solo nos dijeron que el propietario cambiaría pero que no nos afectaría de ninguna forma”, continua.

Desde 2016, Ramón es inquilino de Fidere, otra de las filiales de Blackstone. Igual que María, tanto él como otros 60 vecinos de Getafe recibieron en julio del año pasado una carta de finalización del contrato, que además venía con una propuesta: un contrato nuevo con una subida del alquiler que podía llegar a alcanzar el 100%. En su caso, Blackstone adquirió 240 viviendas construidas sobre suelo público, un 40% del Ayuntamiento de Getafe y el otro 60% de la Comunidad de Madrid. “La única forma de parar todo esto es organizándonos colectivamente y apoyándonos los unos a los otros”, reivindicó.

A Mamen Carretero, que vive en un apartamento de 45 metros cuadrados, le llegó hace cuatro meses el burofax en el que le anunciaban que iban a tomar medidas judiciales contra ella. Explica que quieren echarla directamente: “No quieren renovarme ni ofrecerme ninguna subida”. Ahora, el departamento jurídico que les ha facilitado el Ayuntamiento de Alcorcón está echando una mano a las familias para conseguir una mesa de negociación con los propietarios.

Es precisamente esto lo que reclaman las vecinas afectadas. “Hoy demandamos la paralización de todos los procesos judiciales y esta oleada de desahucios de Blackstone contra nosotras; también una negociación colectiva para todas”, declaraba este martes Antonio, un pensionista que lleva más de 20 años en una vivienda de protección oficial que ha acabado en manos de Testa. Cobrando poco más de 1000 euros, a Antonio le ofrecieron un alquiler con los gastos del IBI y de la comunidad que ascendería hasta los 800 euros. “El 80% de mis ingresos se irían en vivienda”, declara.

Movilización vecinal y lucha colectiva

En 2019, el Sindicato de Inquilinas le ganó la batalla a Blackstone al no querer aceptar subidas de alquileres de entre un 60% y un 100%. Después de dos años y medio de batalla, el sindicato consiguió que el fondo les aceptase nuevos contratos por siete años con las mismas condiciones que tenían. Ahora, quieren que esa victoria sirva de precedente para lo que pueda ocurrir en los juicios de estas 40 familias: “Ya les ganamos una vez”, dice Antonio. Para Ramón, la única forma de parar los alquileres abusivos y los desahucios es “organizándonos colectivamente y apoyándonos los unos a los otros”.

Y ha servido. En el juicio de ayer, Blackstone cedió y alcanzaron un acuerdo con María y Dani para evitar el desahucio. Dentro de seis meses, se irán a otra vivienda y, mientras tanto, seguirán pagando la misma cantidad que ahora. No obstante, el abogado de la pareja afirmó que ha sido una solución individual respecto a este caso en concreto, pero que en el resto “vamos a tener que seguir luchándolos y peleando”. “Blackstone ha cedido brevemente cuando ha visto toda la potencia que hay desde el sindicato y toda la que hay en la concentración de la puerta”, exclamó al salir del juicio.

El PP va a necesitar el apoyo de Vox para formar gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones del 28M. Y no es la primera vez que los populares van a tener que negociar con la extrema derecha. Ya lo hicieron en 2019, en el primer mandato de dos años de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y también en el mismo año con Juanma Moreno, cuando precisó del apoyo de Vox para ser investido presidente de la Junta de Andalucía. También en 2022, en Castilla y León, PP y Vox tuvieron que llegar a un acuerdo para que Alfonso Fernández Mañueco pudiera ser presidente de la comunidad.

En los tres casos, la formación ultraderechista puso unas condiciones sobre la mesa para que los populares recibieran su apoyo. Siempre se repitió en la defensa de la familia tradicional, la implantación del pin parental o la sustitución de las leyes de violencia de género por otras de violencia intrafamiliar. Y, ahora, estas medidas pueden extenderse por el resto del país después de los resultados del 28M.

Aragón: derogar la ley de lenguas e impulsar la caza

El pasado domingo los populares obtuvieron la victoria en Aragón pero, como en otros territorios, van a necesitar de la ultraderecha para gobernar tanto la comunidad autónoma como algunos municipios, por ejemplo Huesca y Zaragoza. Pese a que el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que no quiere pactar con Vox, van a tener que hacerlo porque la formación azul no ha conseguido la mayoría absoluta, se ha quedado con 28 escaños.

De nuevo, Vox propone una serie de exigencias de cara a la formación del nuevo gobierno aragonés, ya que puede ser que exija algunas consejerías para dar su apoyo a Azcón. Entre las medidas, destaca la derogación de “la ley de lenguas y los correspondientes institutos del catalán y del aragonés que enfrentan y dividen a los españoles”, pese a que el aragonés esté considerada por el Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo como una lengua en peligro de desaparición.

Respecto a la lucha contra la despoblación, el partido extremista propone incentivos fiscales para aquellas familias que quieran instalarse en zonas rurales. No obstante, en estas zonas se impulsará la caza y la tauromaquia frente al “ecologismo radical”.

Otra polémica que ha suscitado Vox en Aragón ha sido la referente al trasvase del Ebro. Alejandro Nolasco, el candidato de Vox de Aragón, aseguró en una entrevista que la propuesta de su partido pasa por “una gran obra de ingeniería para interconectar las cuencas hídricas, de forma que tanto Aragón como el resto de España podrían multiplicar sus cosechas por tres”. Este año, los embalses de la cuenca del Ebro están a menos del 50% y, preguntado por la sequía, respondió que “la mejor forma de combatir la sequía es construir embalses y redistribuir bien el agua, no volar pantanos y embalses”. 

En materia económica, Vox exige una “rebaja radical” de impuestos y una reducción “drástica del gasto político ineficaz”, refiriéndose sobre todo al Instituto Aragonés de la Mujer y el Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer. Esta institución, entre otras funciones, se encarga de promocionar la igualdad entre ambos sexos y dar ayudas económicas a las víctimas de violencia.

Comunitat Valenciana: derogar las leyes trans y de vivienda

Después de dos legislaturas del pacte del Botànic, la derecha volverá a gobernar la Comunitat Valenciana, pero esta vez tendrá que hacerlo con el apoyo de Vox, liderado por Carlos Flores, condenado en 2002 por violencia de género contra su exmujer. Con 13 escaños en les Corts, la ultraderecha propone a los de Mazón una serie de exigencias para formar gobierno.

La primera de ellas pasa por eliminar el requisito lingüístico para acceder a las plazas de profesorado y de la administración pública. Además, en su programa se leen propuestas como “Desalojaremos a los activistas y asesores lingüísticos de las aulas y reforzaremos la inspección educativa”.

En materia de derechos sociales, Vox exigirá de nuevo la derogación de “todas las leyes de género y de memoria histórica” impulsadas por el Botànic, incluyendo la ley trans. Hará lo mismo con la ley de la vivienda, que prevé medidas contra el acoso inmobiliario, o la de Cooperación y Desarrollo Sostenible. Además, la ultraderecha pondrá como prioridad a la familia “en el centro de todas las políticas públicas” en contraposición a la supuesta “falta de apoyo institucional y de los ataques progres”.

Respecto a temas culturales, Vox se limita a la defensa de las “tradiciones, costumbres e instituciones propias frente a los falsos países catalanes”. La “defensa sin complejos” de la caza y la tauromaquia están también en el programa de Vox.

Pese a que el programa electoral no hace mención a la televisión autonómica valenciana, À Punt, en plena precampaña la formación ultra escribió un tuit amenazando al medio público con su cierre. Vox consideraba que la cadena supone un “desperdicio de dinero de todos” además de una “máquina de adoctrinamiento separatista”.

Illes Balears: un crecimiento urbanístico sin límites

Hacía más de diez años que las derechas no arrasaban como lo han hecho el 28M en les Illes Balears. Ahora, las cuatro islas se han teñido de azul. Sin embargo, en Palma (Mallorca), en los consells de Menorca y Mallorca y en el mismo Parlament los populares requerirán el apoyo de Vox. La candidata del PP, Marga Prohens, se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta y necesitará los ocho de la extrema derecha.

Así, lo más probable es que una de las carteras que demandará el partido ultra liderado por Jorge Campos sea la Conselleria de Educación, ya que Vox considera que la inmersión lingüística es una muestra de “adoctrinamiento ideológico”. Esto no viene de nuevo, pues durante los últimos cuatro años de Campos como diputado en el Parlament balear ha basado su discurso en denunciar el supuesto “pancatalanismo” de las Islas y los “chiringuitos”.

Respecto a la televisión pública autonómica de les Illes, la IB3, de nuevo Vox se muestra crítico y amenaza con su cierre. Según defienden, lo hacen por “ahorrarse” 40 millones de euros anuales e impulsar, en su lugar, políticas de promoción del sector audiovisual privado.

En cuanto a los problemas derivados de la vivienda, la formación ultraderechista defiende el crecimiento urbanístico sin apenas límites. La propuesta de Campos para facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía balear es “simplificar todo lo que tiene que ver con la normativa urbanística que ha impedido la construcción, rehabilitación y reforma”. De esta manera, se construirían alrededor de 30.000 viviendas. “Queremos que se pueda construir en todas partes, menos en los terrenos protegidos por sus valores medioambientales”, aseveró Campos.

Cantabria: cerrar “chiringuitos” y acabar con el “delirio climático”

El PP de María José Sáenz de Buruaga ganó las pasadas elecciones autonómicas cántabras con 15 escaños, desbancando así a Revilla, que solo consiguió ocho. Los populares ahora tendrán que pactar con Vox, que se quedó con cuatro escaños, para llegar a la mayoría absoluta y gobernar en coalición. No obstante, la ultraderecha no ha presentado ningún programa electoral para Cantabria propiamente dicho así que, para saber qué es lo que exige esta formación a los azules para gobernar, hay que bucear en las declaraciones de sus candidatos en campaña.

Leticia Díaz, la candidata de Vox por Cantabria, dio a conocer 12 medidas entre las que destacan “la lucha contra la corrupción y el clientelismo que ha instalado el PRC en la región”, el apoyo al sector primario, bajadas masivas de impuestos, “el fomento de la natalidad para combatir la despoblación” o “la defensa de la familia en las políticas públicas”.

Como en todas las autonomías en las que Vox tiene posibilidades de entrar en el gobierno, el partido propone en Cantabria una rebaja sustancial de impuestos, como por ejemplo el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y bonificar el impuesto de Patrimonio, así como rebajar el tramo autonómico del IRPF en todos sus intervalos. Díaz apuesta, además, por una reestructuración necesaria de la administración regional, así como de sus empresas públicas, lo que dice que “permitiría realizar una reducción drástica de este gasto político superfluo con el cierre de todos los chiringuitos ideológicos y entes duplicados”.

Las menciones a los “chiringuitos ideológicos” son recurrentes en el discurso y en el programa de Vox en todos los ámbitos, y en Cantabria no iba a ser menos. Para la formación, estos “chiringuitos” son sindicatos y otras organizaciones sociales que se cerrarán en el momento en el que Vox entre al gobierno cántabro. Así lo anunció Díaz: “Ese dinero lo destinaremos a aumentar las ayudas de protección social de las familias españolas”. De igual manera, la portavoz dijo que se revisarían todas las subvenciones públicas y eliminarían las destinadas “a los partidos políticos, a los sindicatos, a patronal y a asociaciones que promueven la ideología de género”.

Respecto a la cuestión medioambiental, Díaz hizo campaña criticando lo que denomina el “delirio climático”. Por eso, ha señalado que “cerrará” todo departamento vinculado a la lucha contra el cambio climático.

Extremadura: contra el aborto y el colectivo LGTBI

La lista del PP en Extremadura liderada por María Guardiola quedó segunda fuerza con 28 parlamentarios y Vox, encabezado por Ángel Pelayo, irrumpió por primera vez en la Asamblea autonómica con cinco escaños. Ambos partidos tienen que sentarse a negociar para formar gobierno, pero el problema es que ni el PP conoce las propuestas de Vox para Extremadura. Por eso, hay que tirar otra vez de declaraciones de los candidatos durante la campaña electoral para conocer qué quiere la extrema derecha para la autonomía.

Pelayo quiere instaurar un “orden moral y socioeconómico”. En el debate de Canal Extremadura negó la existencia de la violencia sobre las mujeres y en una entrevista en Onda Cero el pasado abril se mostró “a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte”, por lo que el aborto “no es un derecho, es un error”, y en contra de considerar como “colectivo” a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

Respecto a las rebajas fiscales, Vox propone rebajar el impuesto sobre la renta pero bonificar en su totalidad sucesiones, donaciones y patrimonio. En cuanto a la política medioambiental y los derechos sociales, no hay ninguna medida clara que haya expresado Vox.

María Dulce Garay, de 89 años, sale contrariada de la oficina de correos de la calle Claudio Coello de Madrid, en el barrio de Castellana, no muy lejos del lugar donde explotó la bomba que mató a Carrero Blanco en 1973, cuando ella ya vivía por la zona. La señora Garay lleva el impreso de solicitud del voto por correo doblado como un acordeón en una mano, tira de un cesto con ruedas con la otra. “Me han dicho que el director [de Correos, Juan Manuel Serrano] es íntimo amigo [del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez]”, explica, y señala que no se fía de que alguien no se las pueda ingeniar para manipular el sufragio a distancia. 

La idea de que el voto por correo se pueda adulterar alegremente por una conspiración del PSOE y otras teorías subterráneas emergen en más de una ocasión este jueves en los barrios nobles de Madrid, en boca, mayoritariamente, de ciudadanos de edad respetable molestos porque Pedro Sánchez haya decidido llamar a las urnas el 23 de julio. En Vallehermoso, en Chamberí, se pregunta Milagros, que supera ampliamente la edad de jubilación, si lo de hacer coincidir las elecciones con el calor estival “está dentro de la Constitución”, si es posible que “Europa” lo permita. Coincide Wenceslao, de 84 años, recién pedido el voto en la oficina de correos de la calle Guzmán el Bueno. “[Sánchez] está enrabietado. Quiere ganar”, interpreta. Votar en pleno verano “perjudica a las clases medias y las más altas”, abunda, porque están de vacaciones.

Una “vergüenza”, o bien un “fraude”, opinan varios vecinos de andares pausados sobre el adelanto electoral. Una mujer que hace ademán de marcharse porque no se aclara, en la oficina de la calle Orense –no muy lejos del Ministerio de Defensa–, sobre si se puede presentar la solicitud antes de que estén proclamadas las candidaturas, dispara: “Es una cabronada que nos haga venir esta gentuza cuando estamos todos de vacaciones”. 

A medida que desciende la edad se reduce también la acritud de los votantes concienciados que piden la documentación en esta primera semana, cuando todavía hay casi un mes y medio de margen para hacerlo, pues el plazo vence el 13 de julio. Bromea en el barrio de Salamanca Jorge González, de 60 años, sonriente: “Lo primero es cumplir. Si hay que venir de Gandía con el coche, aprovechas y ves cómo está la casa, no le veo ningún problema”.

Los barrios obreros, entre la crítica y la comprensión

En una oficina del barrio de Las Águilas, en el distrito de Latina, al suroeste de la capital, aparecen Gloria y Andrés, comprensivos. “Cuando hay voluntad y ganas se vota donde sea, a nosotros no nos cuesta ningún trabajo en absoluto. Adelantando las elecciones ha evitado que lo insulten tanto”, dicen del presidente. En la de Aluche comparece Mari Paz, que vendría a votar presencialmente, pues veranea no muy lejos de Madrid, si no fuese por el coste. “La gasolina no está barata como para venir”, señala. Los testimonios críticos con la fecha elegida se repiten también en Carabanchel. “En septiembre u octubre [sería] mejor. Qué más le daba aguantar un poco más; además los niños ya están en el cole”, razona Carmen.

En Usera, Tomás, que ha tenido que rellenar el formulario tres veces porque en el primero no puso la fecha completa y en el segundo se olvidó de escribir en mayúsculas, cree que “se nota que [la fecha] la han puesto un poco con maldad”.

El plazo se reduce para los turistas en el extranjero

Raúl Mendoza, de 36 años, tiene un problema de plazos: viaja a Italia y no volverá hasta justo después de las elecciones. Su único recurso es inscribirse en un consulado italiano como residente temporal, pero la ley limita el plazo a 25 días tras la convocatoria, por lo que solo tendrá hasta el 24 de junio para hacerlo y no le da tiempo. “No tienes forma de resolverlo, es frustrante”, lamenta.

“Feijóo también convocó en verano hace un par de años, pero la gente se olvida”, dice un hombre a las puertas de una oficina en Chamberí. En Galicia hubo, efectivamente, elecciones autonómicas en julio de 2020, tras retrasarse los comicios por el confinamiento del COVID. También le habían llovido críticas a Manuel Fraga Iribarne en 2005, cuando mandó a los universitarios a votar en plena temporada de exámenes de fin de curso, sin pretextos víricos en aquella ocasión. Fueron sus últimas elecciones.

Votar para “parar de dar la matraca”

En Vallecas, Severiana explica que se va de veraneo la semana que viene a Guardamar (Alicante) y no volverá hasta octubre, pero no se enfada por tener que votar por correo. “No había otra fecha, yo creo que tenía que ser sí o sí porque no iban a parar de dar la matraca”. El procedimiento “no es complicado” y ella votará convencida, en una de las pocas manifestaciones de satisfacción que se recopilan a lo largo de la mañana: “A mí me han subido la pensión 100 euros, mira si estoy contenta”.

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Las elecciones municipales del 2023 han tenido como característica común la caída generalizada de la izquierda en los principales ayuntamientos del país. La desaparición de Ciudadanos y de Unidas Podemos ha sido clave para explicar el cambio de color en el gobierno de estas ciudades, ya que los votos del partido naranja han ido a parar en su mayor medida a los populares y a Vox, que han visto aumentados sus concejales respecto al 2019. De hecho, en gran parte de las capitales autonómicas, el PP gobernaría gracias a la suma de sus votos con los del partido ultraderechista.

Valencia y Sevilla son dos ejemplos del declive de la izquierda, que lleva gobernando durante dos legislaturas consecutivas y no va a repetir en una tercera. Estos son los resultados de las elecciones municipales en las grandes ciudades.

Madrid

En la ciudad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha logrado la mayoría absoluta con 14 escaños más que en las anteriores elecciones municipales de 2019, que llegó a situarse como segunda fuerza política con 15 escaños por detrás de Más Madrid. De esta manera, el PP madrileño va a continuar gobernando la ciudad durante al menos los próximos cuatro años y esta vez lo hará en solitario, sin necesidad de contar con Ciudadanos en el ejecutivo ni el apoyo de Vox. La extrema derecha se queda con cinco concejales, uno más que hace cuatro años.

Por su parte, Podemos no consigue entrar en el Ayuntamiento. Más Madrid ha perdido, respecto al 2019, un total de siete concejales y se queda con 12, mientras que el PSOE suma tres y se sitúa con once. Ciudadanos también desaparece y no logra representación ni para la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Barcelona

Los datos de las municipales de Barcelona dan como ganador al exalcalde Xavier Trias, que lidera la candidatura de Junts en Barcelona, con 11 concejales. El recuento ha estado reñido durante toda la noche, pues el triple empate que reflejaban las encuestas entre Junts, PSC y Barcelona en Comú se ha ido haciendo realidad a medida que se avanzaba en el escrutinio. Sin embargo, Trias ha conseguido imponerse y detrás se ha quedado el socialista Jaume Collboni con diez concejales y Ada Colau, que no podrá repetir la alcaldía, con nueve.

Por su parte, ERC encabezado por Ernest Maragall, ha sido la fuerza que más votos ha perdido respecto al 2019. En concreto, ha perdido la mitad de sus ediles, pues ha pasado de diez en las anteriores elecciones a cinco en esta. En cambio, el PP dobla sus concejales (de dos a cuatro) y Vox consigue otros dos, siendo esta la primera vez que entra en el Ayuntamiento de Barcelona.

Valencia

La ciutat del Túria ha sido una de tantas donde ha habido un vuelco a la derecha y el PP ha conseguido situarse como el partido político con más escaños, concretamente 13. Ya desde los primeros votos escrutados, los populares iban ganando con una amplia ventaja, una tendencia que se ha confirmado en el resultado definitivo de las elecciones. Con estos resultados, la candidata del PP a la ciudad de Valencia, María José Catalá, se convierte en la más votada de la capital con el 35% de los sufragios. El partido de extrema derecha liderado por Juan Manuel Badenas dobla su representación en el consistorio pasando de los dos a los cuatro ediles, y de esta manera, junto con el PP, obtienen la mayoría absoluta y pueden gobernar la ciudad.

Por su parte, Joan Ribó, quien hasta ahora y desde el 2015 ha sido alcalde de València por Compromís, pierde el ayuntamiento y retrocede ligeramente pasando de los diez a los nueve ediles, aunque igualmente se sitúa en la segunda fuerza más votada. El PSOE, encabezado por Sandra Gómez, se queda igual con respecto al 2019 (siete escaños) y Unides Podem – Esquerra Unida con Pilar Lima al frente sigue sin conseguir representación municipal por no superar la barrera electoral del 5%.  

Sevilla

En la capital andaluza vuelve a repetirse la tendencia que iba siguiendo ya desde las elecciones municipales de 2022 con el sorpasso del PP al PSOE. Ahora, en las municipales, el PP de José Luis Sanz vence rozando también la mayoría absoluta con 14 concejales, seis más que en el 2019. Tendrá que contar, no obstante, con el apoyo de Vox, cuya lista la lidera María Cristina Peláez, que también un escaño (de dos a tres) respecto a las últimas elecciones. Sevilla tampoco es una excepción respecto a la desaparición de Ciudadanos, que pasa de cuatro ediles a no conseguir representación en el consistorio para esta legislatura.

En lo que respecta al bloque de la izquierda, el PSOE de Antonio Muñoz pasa a la oposición con 12 concejales (uno menos que en 2019) y sin posibilidad de echar a la derecha del gobierno, tampoco con el apoyo de Con Andalucía, que consigue dos concejales. De esta forma el PP le arrebata al PSOE lo que era su feudo clave en Andalucía, en una región socialista desde el inicio de la democracia.

Zaragoza

En Zaragoza, el PP retendrá la alcaldía con la ayuda de Vox, pero esta vez no con Ciudadanos. La candidatura encabezada por Natalia Chueca ha pasado de los ocho concejales en el 2019 a rozar la mayoría absoluta y desbancar al PSOE en estos comicios. Con un total de 15 concejales, el PP ya no necesitaría el respaldo de Ciudadanos para gobernar, que desaparece, pero sí el de Vox que se queda con cuatro concejales, el doble que en 2019. De esta manera, el PP vuelve a revalidar el gobierno zaragozano por una segunda legislatura consecutiva.

El PSOE consigue retener también sus votos, que no le dan ni le suman concejales. Lola Ranera, por tanto, se queda a seis escaños de la mayoría absoluta y sin poder sumar con Zaragoza en Comú, que se queda con dos ediles, uno menos que en los anteriores comicios.

Oviedo

En la ciudad asturiana, el PP ha conseguido imponerse al resto de fuerzas con un total de 14 concejales y el 42,58% de los votos, consiguiendo así el número de escaños mínimos necesarios para obtener la mayoría absoluta. Los cinco ediles de más que han ganado los populares respecto al 2019 les han permitido llegar hasta la absoluta y no depender de Vox para gobernar. Así, el partido de extrema derecha suma un concejal al ayuntamiento y se queda con tres.

Los cinco ediles de Ciudadanos desaparecen y el PSOE, encabezado por Carlos Fernández, tan solo pierde un escaño respecto a los últimos comicios.  

Palma

En la capital de las Islas Baleares también se impone el PP con un total de 10 concejales, seis más que en el 2019. Junto con los 7 concejales de Vox, la derecha en Palma consigue la mayoría absoluta. Aunque el PSOE solo haya bajado un escaño (de nueve a ocho), su hundimiento impide reeditar un pacto de izquierdas, ya que Més se mantiene con tres concejales y EUIB – Unidas Podemos pierde dos.

Santa Cruz de Tenerife

La capital de las Islas Canarias repite el gobierno con el PSOE, que ha conseguido 10 concejales (uno más que hace cuatro años), y Coalición Canaria que, pese a haber perdido un edil, se coloca como segunda fuerza política y con la garantía de repetir el gobierno. El PP ha obtenido dos escaños más (ahora tiene 5) y Ciudadanos desaparece. Por su parte, Vox es la primera vez que logra representación en este ayuntamiento y se coloca así como cuarta fuerza política con tres concejales.  

Santander

El PP de Gema Igual consigue la mayoría absoluta en Santander con 14 concejales y el 43,3% de los apoyos, unos resultados que le permitirán a Igual gobernar sin Vox, que suma dos escaños y se coloca con tres concejales. La segunda fuerza más votada ha sido el PSOE, que como ha sido una tendencia en gran parte de las grandes ciudades, ha perdido votos y se ha quedado con seis ediles en el Ayuntamiento de Santander. El Partido Regionalista de Cantabria se queda con tres concejales, dos menos que hace cuatro años, e IU- Podemos se mantiene con uno.

Mérida

Mérida es una de las pocas capitales autonómicas donde el PSOE ha conseguido mantenerse y no perder ningún escaño, y donde el PP y la extrema derecha han subido más ligeramente. Concretamente, el PSOE de Antonio Rodríguez se queda con sus 14 ediles que consiguió en el 2019 y puede revalidar así la mayoría absoluta. Tanto el PP como Vox han aumentado sus votos, pero se traduce en una subida de tan solo un concejal. De esta manera, la derecha en Mérida se quedaría con los 6 concejales del PP y los dos de Vox. Por su parte, XMérida se queda con dos ediles e IU- Podemos- AV – Unidas con uno.

Santiago

En Santiago de Compostela, el PP ha vencido con 11 concejales y a logrado superar así al PSOE, que se proclamó como primera fuerza política en 2019. En concreto, los populares han conseguido 11 concejales (tres más que en los anteriores comicios) que le permitirán contar con más representación en el Ayuntamiento de Santiago. Tanto el BNG como el PSOE han conseguido seis escaños (el PSOE baja cuatro respecto al 2019) y Compostela Abierta se queda con dos.

Logroño

El Partido Popular ha arrasado en la capital riojana y propicia así un cambio de gobierno en el consistorio logroñés. Con una lista encabezada por Conrado Escobar, el PP ha ganado cinco ediles respecto al 2019 y se ha convertido así en la primera fuerza política en Logroño consiguiendo la mayoría absoluta con los 14 concejales necesarios. De esta manera, vuelve el PP a la alcaldía de Logroño después de una legislatura a manos del PSOE. De hecho, la última alcaldesa popular fue Cuca Gamarra, la ‘número dos’ de Feijóo, que gobernó entre el 2011 y el 2019. También, Vox ha llegado a los dos concejales y ha conseguido así representación en el Ayuntamiento de Logroño, pues hasta ahora estaba fuera del consistorio.

La izquierda, por su parte, pierde la alcaldía de la ciudad después de que el PSOE, encabezado por Pablo Hermoso de Mendoza, se quede con nueve concejales. En lo que respecta a Ciudadanos, el partido naranja desaparece del consistorio y Podemos – IU se queda con un concejal de dos que tenía. La coalición La Rioja Ahora, la candidatura formada por el Partido Regionalista y España Vaciada, consigue un escaño.  

Murcia

De cinco partidos que consiguieron representación en el 2019 para el Ayuntamiento de Murcia, estas elecciones han dejado solo a tres partidos con concejales en el consistorio. El que ha ganado las elecciones ha sido el PP con 15 ediles, cuatro más que en los anteriores comicios, repitiendo así como primera fuerza política y consiguiendo la mayoría absoluta con el 45% de los votos. El PP de José Ballesta ya no necesitará a Vox para gobernar, que ha doblado su representación (de tres a seis concejales).  Al PP le sigue el PSOE con ocho ediles y tanto Ciudadanos como Podemos- Equo desaparecen del Ayuntamiento de Murcia.

Pamplona

En Pamplona, la coalición de partidos que integra Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) y que dio la alcaldía a Enrique Maya con la mayoría simple, se ha presentado por separado este año a las elecciones. Tras conseguir 13 escaños en la anterior legislatura, en estos comicios el ganador ha sido UPN (nueve concejales), seguido muy de cerca por EH Bildu con ocho concejales, uno más que los que tenía hasta ahora. No obstante, UPN y el PP (con dos concejales), no consiguen la mayoría absoluta, incluso suman menos concejales que con Navarra Suma hace cuatro años, un contexto que deja la puerta abierta al PSN a decidir sobre la alcaldía pamplonesa.

Vitoria- Gasteiz

En Vitoria-Gasteiz los resultados de las elecciones han estado muy reñidos, pues hasta tres partidos han obtenido el mismo número de concejales y tan solo el ganador, EH Bildu, ha conseguido uno más, es decir, siete (uno más que en el 2019). El PSE- EE, el PP y EAJ -PNV se han quedado con seis concejales cada uno. De los tres partidos, solo el PP ha obtenido un escaño de más, mientras que el PSE- EE se ha mantenido igual y EAJ- PNV ha perdido uno. 

Bilbao

En el Ayuntamiento de Bilbao, Aburto pierde claramente fuelle y baja en dos concejales, hasta 12. Sin embargo, el PNV gana las elecciones por duodécima vez en la capital vizcaína. Es la única gran ciudad de España en la que siempre ha ganado el mismo partido. Lo que pierde el PNV, lo gana EH Bildu, que, siguiendo la tendencia general en todo Euskadi, se afianza y consigue dos concejales más, hasta 6, con lo que la lista que encabeza María del Río pasa a ser la segunda fuerza, por delante del PSE-EE.

Los socialistas mantienen la representación, con 5 concejales, por lo que no acusan el desgaste de estar en el Gobierno de coalición con el PNV, mientras que el PP sube. La lista renovada de los populares que encabeza Esther Martínez en la capital vizcaina gana un concejal y pasa de 3 a 4 concejales. Elkarrekin pierde un concejal y pasa a tener solo 2, por lo que es la formación que parece estar más afectada por la abstención.

Los alumnos del instituto IES Europa de Móstoles lanzaron el pasado jueves su satélite espacial en el marco de un concurso europeo organizado por la Agencia Espacial Europea (ESA) llamado CanSat, que se celebró en el municipio de Valdelaguna. Estudiantes de segundo y tercero de la ESO y los de primero de Bachillerato han participado en el concurso con dos proyectos diferentes, compitiendo con otros 38 centros educativos de todo el país. Después de esta fase regional, solo 20 pasarán a la final, que se celebrará en Granada.

La iniciativa, que tiene como objetivo construir y lanzar un mini satélite del tamaño de una lata de refresco, desafía a los estudiantes a trabajar en equipo y a poner en órbita su propio satélite. “Hemos aprendido programación, matemáticas, electrónica, diseño de paracaídas, a distribuir y organizar el trabajo, saber presentarlo y darle una utilidad”, dicen los alumnos del instituto.

En esta primera fase del concurso, los participantes tenían dos misiones. La primera, medir con un sensor la presión, la altitud y la temperatura a la que se somete ese satélite para sacar los valores obtenidos y realizar las conclusiones. La segunda misión ya dependía de cada instituto.

En el caso del IES Europa de Móstoles, los alumnos de primero de Bachillerato estudiaron la potabilidad del agua cuando se somete a rayos ultravioleta a una determinada altura. Es decir, la idea principal era introducir agua no potable en el satélite, lanzar el cohete y ver si los valores del agua cambiaban por el efecto de esos rayos.

“Hay una teoría que dice que hay un tipo de rayos ultravioleta, que son los que menos llegan aquí, matan las bacterias y dejan el agua potable”, explica Antonio Inarejos, uno de los profesores encargados del proyecto.

En cambio, la misión secundaria de los alumnos de la ESO se basaba en investigar mejoras para los sistemas de aterrizaje de los aviones. En su caso, diseñaron un emisor que lanzaba ultrasonidos hacia el suelo para hacer que las ondas rebotaran en el suelo y volvieran a su satélite. Todo ello para medir la altura y poder crear un hipotético sistema de aterrizaje automatizado.

Además, ambos proyectos tuvieron que contar con un sistema de paracaídas para lograr un aterrizaje seguro, para que luego fuese posible enviar los datos recogidos a una estación terrestre. Fue un momento de máxima tensión para los estudiantes y profesores que acabó bien.

“Puede haber fallos, pero es un germen para los del año que viene”, apunta el profesor. De hecho, el año pasado ya presentaron un proyecto, pero no pasó a la fase final. No obstante, este año se han apuntado muchos más alumnos y el centro no descarta volver a intentarlo el año que viene, ya que los estudiantes cada vez ponen más empeño. Incluso se han creado sus propias redes sociales para mostrar sus progresos y todo el proceso de creación. “Sobre todo, esperemos que se presenten más mujeres”, señala Mercedes Bergel, otra de las profesoras encargadas del proyecto.

Las familias afectadas por el hundimiento de parte de la línea 7B de Metro de Madrid no pueden más. En la entrada de San Fernando de Henares, municipio de 40.000 habitantes a 20 kilómetros al este de Madrid, 24 de ellas han decidido levantar un campamento para protestar por el trato que reciben por parte de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ante la pérdida de sus viviendas. Construida en el año 2007 bajo el gobierno de Esperanza Aguirre (PP), la línea de metro ha sufrido constantes y prolongados cortes por los estragos que llevan causando todo este tiempo, en los últimos 15 años, las obras que se realizaron en un terreno inadecuado y que ha afectado a cientos de viviendas. Todo es consecuencia las prisas electorales del PP por construir las líneas antes de las elecciones de aquel año, desoyendo a los técnicos y profesionales. Las consecuencias ahora las sufren estas familias, que vieron cómo derrumbaron su edificio hace casi dos años.  

El problema de origen tiene que ver con el agua: las estaciones están construidas encima de un subsuelo en el que existe una gran acumulación de sal, que son los restos de un mar prehistórico. Con las obras, la perforación de este subsuelo desequilibró las aguas subterráneas, que empezaron a disolver la sal y a dejar sin sustentación a los edificios de la localidad. Por eso, no solo las viviendas se han hundido unos metros, sino que la sal entra en el túnel y corroe los trenes.

En lo que pretende ser una acampada indefinida, estos vecinos que se han quedado sin sus casas se pasan día y noche en este parque y van a seguir haciéndolo hasta que la Comunidad de Madrid les de una solución. “Reivindicamos que nos den nuestra indemnización para poder comprarnos un piso”, expresa Rosario Ramos, una mujer jubilada que llevaba viviendo 40 años en ese piso, hasta que destruyeron el edificio y tuvo que irse a casa de su hija.

Fue en 2020 cuando los afectados, reunidos en la asociación Vecinos de San Fernando Afectados por la Línea 7B, comenzaron a notar más los desperfectos que cubrían sus casas: grietas, agujeros, rajas, crujidos… Hasta que en 2021 el edificio se declaró en ruinas. Ahora muchos de ellos, a parte de seguir pagando la hipoteca, están viviendo de alquiler, con familiares o en sus segundos hogares esperando que la Comunidad de Madrid les ofrezca una solución digna. Además, hay que tener en cuenta que casi la mitad de los que forman esta asociación son personas mayores, jubilados que llevaban toda la vida viviendo en ese edificio. “Teníamos la vida ya resuelta y llevamos dos años con las vidas rotas”, lamenta Mercedes Mariblanca, otra de las víctimas que ahora está viviendo del alquiler.

El proceso de desalojo fue muy rápido, tanto que prácticamente tuvieron que salir con lo puesto de casa: “De un día para otro, nos llamaron a las 12.00 de la noche y nos dicen que tenemos que desalojar el edificio”, indica una afectada. “Los bomberos vinieron y nos dejaron entrar en casa media hora para sacar las cosas más imprescindibles”, señala Ramos. En un principio iban a dejar sus casas entre dos y tres meses, pero ya llevan 19 y el edificio ya se ha derrumbado.

Aunque los afectados directos –es decir, los que se han quedado sin casa– son 24 familias, hay cerca de unas 800 viviendas perjudicadas por las vías del metro que ya han visto cómo van apareciendo grietas debido a los movimientos subterráneos del agua. Ahora, ellos también temen esa llamada de teléfono del ayuntamiento que les puede pedir en cualquier momento que desalojen sus casas. “Estamos apoyando la iniciativa porque igual dentro de tres meses me toca a mí y esto hay que solucionarlo mediante lucha y unión de San Fernando”, reivindica David Casado, un habitante del municipio que vive justo enfrente de las obras y que todos los días se solidariza con sus vecinos acompañándolos en la protesta.

A pesar de los daños ya visibles desde hace meses del edificio de Casado y de otros cercanos, las autoridades competentes se niegan a estudiar el origen de esas grietas. “Hemos pedido informes y no nos los dan. Lo único que te dicen es que ya no hay movimientos, pero eso es mentira porque las grietas cada vez son más grandes”, dice. Casado, que desde su balcón ve perfectamente las obras que están desviando el agua del subsuelo, afirma haber sufrido en reiteradas ocasiones cortes de gas, agua y luz: “El problema es el agua, que se ha movido con la construcción del metro y es lo que está dañando mi edificio”. José Fernández, otro de los vecinos afectados indirectamente, sostiene que en su edificio también han aparecido grietas, pero que además se oyen crujidos y hay movimientos: “Mi bloque tiene unos boquetes de hasta 60 metros, se está hundiendo”. 

Las infructuosas negociaciones con la Comunidad de Madrid

La asociación Vecinos de San Fernando Afectados por la Línea 7B lleva reuniéndose con la Comunidad de Madrid desde que los desalojaron, pero todas las negociaciones han sido en vano. Primero, les dieron una alternativa que eran aproximadamente 750 euros al mes para pagar el alquiler, pero los vecinos coinciden en que en San Fernando de Henares no hay ningún piso por ese dinero porque todos son más caros. No obstante, algunos aceptaron y ahora ven cómo ese dinero se está retrasando. “Dicen que amplían el alquiler a quienes se lo estén pagando, pero hay gente que ya está poniendo de su bolsillo”, apunta Mercedes.

Después, la Comunidad de Madrid hizo una oferta a los afectados de unos 200.000 euros –en ocasiones menos dinero– pero que, igual que con el alquiler, se trata de una cantidad pequeña para las viviendas en venta en San Fernando de Henares, y eso sin tener en cuenta que más de uno tenía también plazas de garaje. Igualmente, esos 200.000 euros no se asemejan al valor de cada una de las casas derrumbadas. “Esta propuesta es irrisoria. A parte de que no puedo comprarme lo que tenía, mi vivienda valía más”, manifiesta Mariblanca.

Sin embargo, las negociaciones con la Comunidad de Madrid no se quedan ahí. Esta misma semana, la asamblea de afectados tuvo una reunión con la institución, y esta les transmitió que faltaban unos documentos por entregar. “Hemos entregado todo y ellos dicen que faltan documentos, nosotros decimos que no es cierto”, sostiene Ramos. Los vecinos coinciden en la mala gestión y ponen el foco en las supuestas mentiras que la Comunidad de Madrid está vertiendo sobre ellos respecto al tema de los expedientes: “Van diciendo que nos han pagado ya, pero es mentira, hasta los vecinos dudan ya de nosotros”, dice Mariblanca. “Llevan 19 meses sin casa, es ridículo que en su situación no hayan presentado ya la documentación”, subraya Casado.

La Asamblea de Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid se ha organizado durante toda esta semana en 58 ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid en lo que ha denominado la Consulta por la Sanidad Pública. Desde el lunes y hasta el domingo, 1.700 mesas certificadas repartidas por toda la región tratan de medir el compromiso ciudadano con el derecho a la salud y la asistencia médica en la Comunidad de Madrid. “El objetivo es saber si realmente la gente apoya la sanidad pública”, explica Pepa Fernández, una de las 10.000 voluntarias de la iniciativa, que en su caso se encuentra en una de las mesas en el barrio de Puerta del Ángel de la capital.

La pregunta que se plantea en la consulta es la siguiente: “Considerando la situación de deterioro actual de la Atención Primaria, de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Hospitales en la Comunidad de Madrid, ¿estás de acuerdo en exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid, como tarea prioritaria, la financiación necesaria que permita el aumento en la dotación de personal y medios sanitarios en la Atención Primaria (Centros de Salud, Servicios de Urgencia de Atención Primaria, Servicios de Urgencia Rurales) y Hospitales de la Comunidad de Madrid, para recuperar una Sanidad 100% Pública, de Calidad y Universal?”.

Aunque las consultas no son vinculantes, la idea es recabar el máximo de firmas posibles para que, una vez finalizada la semana, la asamblea de voluntarios pueda presentar los datos de participación a la Comunidad de Madrid “para que se sepa el pulso de la ciudadanía”, expresa Fernando Cano, otro de los voluntarios. De momento, el índice de participación es el esperado ya que, durante la mañana del primer día, más de 200 personas firmaron en una de las mesas de Puerta del Ángel, un barrio que tampoco es de los más concurridos en toda la comunidad.

“Ha venido gente de todas las edades, pero sobre todo gente mayor muy preocupada porque están empezando a notar en carne propia cómo se está destrozando la sanidad pública”, indica Mari Carmen Alba, una de las vecinas que gestiona esa mesa y que afirma también haber notado a los participantes más preocupados y asustados que otras veces.

Sin embargo, sigue habiendo gente reticente a votar y a expresar su disconformidad con la gestión de la sanidad pública madrileña: “Ves que están de acuerdo en que faltan recursos para la sanidad, pero no quieren participar porque una firma les causa mucho problema”, señala Fernández. De hecho, una de las vecinas que se acercó a una mesa para informarse declaró su malestar con el contexto general tanto de la sanidad como de las protestas vecinales de los últimos meses: “Creo que está todo muy politizado y no me creo nada porque hay lista de espera en todas las comunidades autónomas. Hay una batalla política en la Comunidad de Madrid con la presidenta Ayuso”, destacó la vecina, quien finalmente decidió participar.

Asimismo, los voluntarios de las mesas también se han tenido que enfrentar a insultos y acusaciones por parte de algunos que pasaban por allí. “Nos hemos encontrado de todo. Gente que nos dice que sigamos luchando y otra que viene a insultarnos”, manifiesta Alba.

El abandono de la sanidad y la falta de recursos

El desmantelamiento de la sanidad pública madrileña de los últimos años ha llevado a profesionales sanitarios, sindicatos y vecinos de todos los barrios de Madrid a manifestarse masivamente por recuperar este servicio esencial y público y pedir más recursos. Así, las consultas de estos días siguen ese camino de dichas manifestaciones convocadas para el 13 de noviembre y el 12 de febrero.

La problemática en esta cuestión, coinciden los entrevistados para este artículo, es el hecho de mezclar sanidad con política: “No quieren firmar porque creen que si estamos haciendo esto es porque estamos en contra de Ayuso y no es así”, aclara Fernández. “Estamos en contra de todo aquel que nos privatice, la salud no es un tema ideológico ni político”, señala Luís Díaz, otro de los voluntarios de una de las mesas de Puerta del Ángel.

Justamente, en este mismo barrio los vecinos notan esa falta de recursos que acaba culminando en centros de salud cerrados o sin médicos y en promesas que no se cumplen, como la construcción de uno nuevo. Es el Centro de Salud Puerta del Ángel, un local alquilado prácticamente sin médicos para la densidad de pacientes que hay y donde hace años está colocado un cartel que asegura la construcción de otro centro de salud. Según Elena González, una de las vecinas que gestiona las mesas, el problema de ese ambulatorio es que no hay suficientes médicos ni enfermeros, pero lo que más faltan son pediatras. Y no solo eso, sino que destaca el hecho de que haya un dinero público que se esté derivando a la sanidad privada. “Aquí en Madrid ya está pasando eso, a mí misma me enviaron una carta con un listado de hospitales privados donde podía ir para que me realizaran una mamografía, y todo por las listas de espera en los hospitales públicos”, expresa.

Para Díaz, la cuestión de fondo que subyace a esta situación sanitaria tan precaria son los recursos económicos: “Los gobiernos continuos en la Comunidad de Madrid han decidido invertir cada vez menos. En la COVID-19, se tendrían que haber dado cuenta de la situación, pero no han corregido ni aprendido. Dicen que no hay dinero, pero lo hay para lo que quieren”. Además de una mayor inversión, el voluntario destaca también una sanidad pública inclusiva que no deje fuera a los miles de inmigrantes que acuden a los centros y se les rechaza la asistencia médica porque, por su situación personal, pueden no estar dados de alta aún en el sistema sanitario.

Pedro María y Araceli, una pareja que decidió participar en la consulta de la mesa enfrente del Centro de Salud Puerta del Ángel, también recalcan el valor de la sanidad pública y universal, “sea del partido que sea”, dicen. Según comentan, es imprescindible mejorar la situación laboral de los trabajadores sanitarios, sobre todo para que los más jóvenes se sientan motivados: “La población sanitaria en Madrid está envejecida, la media es muy alta y los nuevos no quieren trabajar en urgencias porque son duras y se cobra poco”, explican. Critican además el mal uso del dinero público, que se malgasta en infraestructuras ya cerradas como el Hospital Isabel Zendal: “Hemos pagado toda la sanidad con creces”.