Los vicepresidentes autonómicos de Vox en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura han afirmado sin pruebas en un comunicado conjunto que existen ONG que “colaboran con la invasión de Ceuta”, y han ordenado la suspensión inmediata de todas las ayudas públicas a esas ONG. Los socios del PP aseguran que revisarán minuciosamente los convenios, subvenciones y procedimientos administrativos en curso en sus comunidades. Señalan, además, que esta decisión responde al cumplimiento estricto de los pactos de gobierno alcanzados con el PP en estas cuatro comunidades.

Los gobernantes de ultraderecha dice tomar esta medida “obligados por la responsabilidad institucional, en defensa de la seguridad nacional, de la soberanía y de la integridad territorial de España”. Con esa misma retórica, esta mañana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la “debilidad” de la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la llegada de personas migrantes -a las que se refiere como “irregulares”- a Ceuta, y le ha exigido que defienda la “seguridad nacional” e “integridad territorial”.

Pero ha sido el portavoz nacional de los populares, Miguel Tellado, quien ha lanzado el mensaje más duro, vinculando la crisis humanitaria en Ceuta con la regularización extraordinaria del Gobierno: “A nadie puede sorprenderle que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares de un día para otro”, ha asegurado en su cuenta de 'X'.

Desde la cuenta oficial del PP, exigen medidas que se asemejan mucho a las de la ultraderecha. Demandan “la devolución de quienes han entrado ilegalmente” la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso. Reclaman “la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima”.

Sin embargo, ni son posibles esas “devoluciones” ni las personas llegadas a Ceuta podrán acogerse a la regularización: una reciente sentencia del Tribunal Supremo interpreta que la Ley de Extranjería no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. Además, las personas que han cruzado a Ceuta no pueden acogerse al procedimiento extraordinario de regularización, cuyo plazo de presentación de solicitudes cerró hace un mes y que exigía, entre otros requisitos, haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses.

Exigen también un “despliegue masivo” de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la “comparecencia urgente” de Sánchez para que “informe de la situación que está produciendo este alarmante aumento de las entradas ilegales, de las medidas que piensa poner en marcha para garantizar la integridad de las fronteras de España y de la Unión Europea y para que dé explicaciones sobre la política de cooperación internacional del gobierno en materia de control migratorio”.

Las demandas de los populares se solapan prácticamente con las de la ultraderecha, que también exige el “cierre de la frontera, despliegue del ejército e identificación y devolución inmediata”, según han señalado en la cuenta oficial del partido. “La regularización masiva ha provocado una invasión de nuestra frontera”, ha afirmado Santiago Abascal en sus redes. “Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez”, ha añadido el líder ultra en plena crisis que ha dejado por lo menos 18 muertos que intentaban cruzar la frontera a nado.

Asimismo, la derecha ha señalado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por sus críticas al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni que le han llevado convocar al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

La vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, la española Dolors Montserrat, ha reprochado a Albares que “confronte” con el Gobierno de Italia en plena crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada en territorio español de miles de migrantes desde Marruecos. “Es una vergüenza que el primer 'tuit' del ministro de Exteriores de España en la crisis migratoria más grave de nuestra historia sea para confrontar con un país socio antes que explicar a los ciudadanos qué está haciendo para recuperar el control de nuestras fronteras y devolver a los 20.000 ilegales que han invadido nuestro país”, ha criticado en un mensaje publicado en la red social 'X'.

La dirigente del PP ha reclamado al jefe de la diplomacia española que “acabe ya con este escándalo internacional”. “Su incompetencia ya nos está saliendo demasiado cara”, ha advertido Montserrat.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha calificado de “absolutamente lamentable” que, ante lo que califica como “una invasión de miles de marroquíes violentando nuestras fronteras”, el mensaje de Albares contra el Gobierno de Meloni sea el “único” que “se ha dignado a poner el ministro de Exteriores en todo el día”. “Son unos traidores a la patria y no merecen un segundo más el puesto que ocupan”, ha indicado en una publicación en redes sociales.

Cayetana Álvarez de Toledo hace referencia a una posible operación orquestrada por Marruecos

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha comparado este viernes el papel de Sánchez en la situación actual en Ceuta con la Marcha Verde en 1975 a un Francisco Franco a punto de morir: “Marruecos aprovecha la agonía de un caudillo crepuscular para poner a prueba nuestra resistencia.”, ha escrito en su cuenta de 'X'. “Marruecos utiliza la presión sobre nuestras fronteras para explotar la debilidad del Estado español y condicionar sus decisiones. Ya lo hizo en 2021”, ha asegurado la diputada, alimentando la hipótesis de que esta crisis humanitaria podría haber sido provocada por el país africano y calificando la supuesta operación de “chantaje o coacción”.

Álvarez de Toledo ha vinculado la llegada de migrantes a Ceuta con una enumeración de causas de las que culpa al Gobierno, entre ellas, el abandono de España a su posición sobre el Sáhara Occidental y, al mismo tiempo la regularización extraordinaria: “Sánchez regaló el Sáhara sin autorización del Congreso. Se humilló ante Rabat. Menoscabó la relación con Estados Unidos. Debilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aprobó una regularización masiva que multiplica el efecto llamada, quiebra el consenso europeo e incendia la convivencia”.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tampoco se ha abstenido en posicionarse sobre la crisis humanitaria en medio del escándalo por los áticos que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “La invasión de España a través de Ceuta es una prueba más de la izquierda de Sánchez y la ultraizquierda de Sánchez para destruir España”, ha asegurado en la red social 'X'.

La final del Mundial de fútbol masculino que se disputa este domingo entre España y Argentina empieza a suscitar temores por posibles enfrentamientos en las calles entre seguidores de los dos equipos.

Ante la posibilidad de vivir momentos de tensión, el embajador del país que preside Javier Milei en Madrid ha emitido un comunicado en redes sociales para celebrar el partido entre dos naciones “hermanas” y animar a su equipo al tiempo que llamaba a la calma: “Queremos que gane, por supuesto, nuestro país. Pero vamos, Argentina, a ser un ejemplo independientemente del resultado”.

El diplomático ha pedido a los aficionados que esta final sea también “un ejemplo” tanto para los argentinos como “para el mundo” de “lo que significa el deporte y lo que significan los valores importantes como es el trabajo, la constancia y el respeto al otro”. “Seamos un ejemplo para todos de cómo llegamos hasta aquí y cómo nos vamos de aquí”, ha añadido.

Según la nota de prensa emitida por la Delegación del Gobierno en Madrid, el dispositivo de seguridad ante “la posible victoria de la selección española” contará con más de 1.450 componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entre las jornadas del domingo y el lunes, en caso de victoria.

Policía Nacional mantendrá un despliegue de más de 500 efectivos durante este domingo en el entorno de la plaza de Cibeles, en previsión de concentraciones de celebración en las que se esperan alrededor de “un millón de personas”, según aseguró Francisco Martín, delegado del Gobierno, en RTVE. Además, habrá 250 agentes de la Guardia Civil, “especialmente en el aeropuerto”, al que llegará la selección ya de madrugada.

En caso de producirse la victoria de España, se esperan más celebraciones que tendrían lugar el lunes y que contemplarían la colocación de un escenario en la plaza de Cibeles, recepciones oficiales en el palacio de la Zarzuela y posiblemente La Moncloa, y un recorrido con autobuses descapotables con los jugadores y el cuerpo técnico por le centro de la ciudad. Ello conllevará cortes de tráfico, desvíos de líneas de autobuses y cierres de algunas estaciones de metro/Renfe, según señalan desde la delegación.

En el partido que se jugará en Nueva York a las 21:00 horas hora peninsular, estarán presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la familia real y el presidente de EEUU, Donald Trump. No obstante, el argentino Javier Milei aclaró el pasado jueves que no viajará para presenciar la final, sino que la verá en la residencia presidencial a las afueras de Buenos Aires por una “cábala” (superstición).

El director del centro de desintoxicación Zeus, en Tarragona, y otras dos personas vinculadas a la investigación policial sobre la clínica fueron detenidos el pasado 30 de junio por la mañana, según informan fuentes judiciales a elDiario.es. Las denuncias recogidas por la Policía Nacional de expacientes y un extrabajador a las que ha tenido acceso este periódico apuntan a la atribución de presuntos hechos delictivos vinculados a delitos contra las personas: desde insultos constantes a los usuarios por parte del personal del centro y aplicación de castigos, hasta la manipulación y aislamiento de las familias de los ingresados. También se indica posible publicidad engañosa, mediante el uso de fotografías que no corresponden a las instalaciones reales de sus centros.

Los detenidos quedaron en libertad sin que pasaran a disposición judicial y el juez los citará para declarar próximamente.

Además, se señalan presuntos delitos relacionados con la prolongación indebida de los ingresos con un único interés económico y sin criterio médico: el centro cobra entre 4.800 y 11.000 euros por mes de estancia, dependiendo de la habitación. Los relatos de los nueve expacientes y dos extrabajadores que recoge elDiario.es revelan prácticas presuntamente abusivas y humillantes: “Me quitaron toda la ropa y me dejaron una sola muda, me pusieron piedras en los pies, me pusieron a recoger mierda de caballo, me pusieron fuera en una silla ocho horas sin hacer nada, sin poder moverme y acabé quemándome la cara, me tuve que poner crema antiquemaduras”, relata un expaciente, Iván Izard.

Las fuentes consultadas indican que no acceder a castigos como estos podía acarrear que el personal del centro contactara con los familiares del paciente para comunicar que habían tenido una “recaída de conducta” y conseguir alargar su tratamiento.

Estos procedimientos por parte del personal de la clínica venían directamente de las órdenes de uno de los psicólogos del centro, que a su vez recibía las direcciones de Luis Pérez, el director del centro, según lo que cuenta Sergi de Mingo, extrabajador: “Hoy revienta a este, para que saque el bicho”, “hay que desmontarlos”, “derrumbarlos”, eran algunas de las instrucciones que afirma que recibía. Otro de los presuntos hechos atribuídos a los detenidos es la sobremedicación de los pacientes sin supervisión médica. Según De Mingo, el director indicaba al personal: “Tienen que estar con la baba colgando”.

David Alonso, otro expaciente, recuerda cómo el personal terapéutico trataba de socavar su autoestima y transmitirle una sensación de aislamiento respecto a sus seres queridos: “Desde el segundo o tercer día en terapia recibía insultos de ‘yonqui’, ‘tu familia no te va a abrir la puerta’, ‘nadie te va a creer’... Te anulaban como persona”. En su caso, Alonso cuenta que este maltrato le llevó a pensar en quitarse la vida.

Las víctimas se preparan para personarse en la acusación

Después de meses de investigaciones de oficio llevadas a cabo por iniciativa propia de la Policía Nacional, las víctimas ya se preparan para personarse próximamente como acusación en el caso. La Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de la Debilidad (RedUNE), ha acompañado a los expacientes durante meses desde su experiencia denunciando a grupos que ejercen la persuasión coercitiva en personas vulnerables. Ahora, su presidente, Juantxo Domínguez, asegura que la asociación se personará en la causa.

Además de defender los intereses de los expacientes, desde RedUNE denunciarán que “personas cercanas o pagadas por Zeus” torpedearon la publicación de testimonios de usuarios en su página web. “Nos parece muy importante que a nivel judicial se vaya trabajando la materia de los centros de adicciones”, reivindica Domínguez. “Hay un problema muy grave, que es que no hay ninguna regulación ni inspección de las autoridades sanitarias de cada autonomía”, añade.

Berberena Abogados representará la acusación particular de uno de los expacientes y ven imputables delitos de “vejaciones, maltrato físico y psicológico además de restricción de derechos fundamentales de las personas” como la libertad de movimiento y comunicaciones. Además, ven un posible delito de estafa y una posible organización criminal por la colaboración del personal del centro en este tipo de prácticas. Su objetivo en el proceso será “cerrar Zeus para que los responsables paguen por sus acciones”. También subrayan la necesaria “regulación del sector”.

Luis Pérez, el director del centro, negó ante preguntas de este periódico hace una semana haber sido detenido. La clínica se limita ahora a remitir un comunicado en el que aseguran que Zeus “defenderá la legalidad de su proceder y, sobre todo, el fin, el método, con el objetivo de que [sus] pacientes se rehabiliten y eviten recaídas que provoquen la vuelta al mundo, no querido, de las adicciones”. Según ha expresado Pérez, el centro sigue abierto y continúan tratando a usuarios.

Algunos de los pacientes entran a Zeus atraídos precisamente por el relato de Luis Pérez. Muchos le conocieron a través de entrevistas que ha concedido en grandes medios de comunicación, contando su historia de superación como exadicto. Además, cuenta con más de 159.000 seguidores en TikTok y más de 37.000 suscriptores en su canal de YouTube, ‘Adicciones al Descubierto’, donde se presenta como “exadicto recuperado y terapeuta especialista en Adicciones y Neurociencias”.

En su página web, destacan dos premios otorgados a Zeus: el Galardón internacional como Centro de Referencia Europeo en el Tratamiento de las Adicciones de los European Awards of Medicine, que ha ganado en dos ocasiones consecutivas, y el Galardón al Centro Referente Nacional en Tratamiento y Recuperación de Adicciones en España de los Premios Bienestar y Calidad de Vida de La Razón. Algunos expacientes destacan el papel de estos reconocimientos como uno de los factores que les hicieron confiar en el centro. Sin embargo, ambos están lejos de tener el mismo nivel de validez científica que un premio otorgado por una sociedad médica o institución de investigación.

Al mes de ingreso, Iván Izard decidió que no entraría en la terapia grupal hasta que le dejaran hablar con su mujer, con la que no se había podido comunicar en todo ese tiempo. “Entraron cuatro personas de fuera, que se supone que eran pacientes rehabilitados”, recuerda, “y empezaron a amenazarme”: “Que tenía que entrar al grupo, que habían hablado a mi mujer y ella decía que no quería saber nada de mí, que sabían dónde vivía ella y la iban a proteger…”, “que era un yonqui de mierda, que mi hijo iba a acabar siendo un adicto como yo”. Esta dinámica de insultos y vejaciones era la norma en el centro, donde en muchas ocasiones, según relatan expacientes a este periódico, el personal de Zeus participaba e incitaba a los usuarios a unirse. La Policía Nacional ha investigado durante meses las actividades de centro, ubicado en Tarragona y dirigido por Luis Pérez.

Este periódico ha tenido acceso a los testimonios de nueve expacientes de Zeus, que relatan terapias grupales en las cuales los terapeutas se dedicaban a mermar su autoestima y crear una sensación de aislamiento: “Desde el segundo o tercer día en terapia recibía insultos de ‘yonqui’, ‘tu familia no te va a abrir la puerta’, ‘nadie te va a creer’... Te anulaban como persona”, recuerda David Alonso, que estuvo ingresado de abril a agosto de 2023. Se trataba de una dinámica, asegura, a la que animaban al resto a sumarse: “Eran terapias en las que uno soltaba su malestar y decía lo que sentía. Los primeros en darte caña eran los terapeutas y luego iban los pacientes”. En su caso, Alonso cuenta que este maltrato le llevó a pensar en quitarse la vida. 

Iván Izard, paciente hasta el pasado agosto, había acordado con su mujer antes de ingresar que solo se quedaría un mes en el centro. A medida que pasaban los días y veía lo que realmente ocurría a su alrededor, empezó a cuestionar el tratamiento. “Ahí se intensificó todo”, recuerda. “Me quitaron toda la ropa y me dejaron una sola muda, me pusieron piedras en los pies, me pusieron a recoger mierda de caballo, me pusieron fuera en una silla ocho horas sin hacer nada, sin poder moverme y acabé quemándome la cara, me tuve que poner crema antiquemaduras”, relata. También recuerda cómo rapaban el pelo y las cejas a otros pacientes. Mientras, le contaban a su pareja que él no conseguía “renunciar” a la droga y le ofrecían un préstamo para costear seis meses más de ingreso. 

Izard no era el único que sufría estos maltratos. Los testimonios hablan de las “pautas”, es decir, los castigos que se imponían a los pacientes que incumplían las normas. Caminar con piedras en los pies, lanzarse a la piscina con ropa en invierno o la llamada ‘pauta del silencio’, que consistía en no poder hablar con nadie —ni que otros te dirijan la palabra— hasta nuevo aviso, pudiendo prolongarse durante semanas. “Yo he visto a gente pasar la noche en la calle, fuera del centro —otro de los castigos comunes—, ellos me contaban que tenían que dormir en el primer coche abierto que encontraban”, añade Alonso. Afirma que estos malos tratos podían darse por faltas leves, como “si te encontraban una motita de polvo en la habitación”.

Varios expacientes recuerdan el aspecto de humillación en algunos de los castigos. Uno de ellos, L.P.P., que prefiere no revelar su identidad, asegura conocer casos en los que el personal de Zeus mandaba que los pacientes se vistieran de formas “ridículas” en salidas grupales al cine, como con “pijama de color rosa y collar de perlas” o con la ropa del revés. 

“Tienen que estar con la baba colgando”

Los malos tratos venían de órdenes explícitas de uno de los psicólogos del centro, que a su vez recibía las direcciones de Luis Pérez, el director del centro, según lo que cuenta Sergi De Mingo, extrabajador de Zeus: “Hoy revienta a este, para que saque el bicho”, “hay que desmontarlos”, “derrumbarlos”, eran algunas de las instrucciones que él mismo recibía. Otra de las indicaciones, asegura, era sobremedicar a los pacientes recién ingresados. Según él, el director les decía: “Tienen que estar con la baba colgando”.

Algunos de los pacientes entran a Zeus atraídos precisamente por el relato de Luis Pérez. Muchos le conocieron a través de entrevistas que ha concedido en grandes medios de comunicación contando su historia de superación como exadicto. Además, cuenta con más de 159.000 seguidores en TikTok y más de 37.000 suscriptores en su canal de YouTube, ‘Adicciones al Descubierto’, donde se presenta como “exadicto recuperado y terapeuta especialista en Adicciones y Neurociencias”. 

En su página web, destacan dos premios otorgados a Zeus: el Galardón internacional como Centro de Referencia Europeo en el Tratamiento de las Adicciones de los European Awards of Medicine, que ha ganado en dos ocasiones consecutivas, y el Galardón al Centro Referente Nacional en Tratamiento y Recuperación de Adicciones en España de los Premios Bienestar y Calidad de Vida de La Razón. Algunos expacientes destacan el papel de estos reconocimientos como uno de los factores que les hicieron confiar en el centro. Sin embargo, ambos están lejos de tener el mismo nivel de validez científica que un premio otorgado por una sociedad médica o institución de investigación. 

Un mínimo de casi 5.000 euros por un mes de ingreso

Un mes de tratamiento en Zeus cuesta desde unos 4.800 euros por una habitación compartida, hasta más de 11.000 euros por la más cara, según figura en su página web. Estos precios desorbitados llevaron a David Alonso a vender su furgoneta por recomendación del centro para poder costear su estancia: “Vengo de una familia obrera y para mí pagar casi 29.000 euros me ha hecho mucho daño. A día de hoy estoy muy endeudado y si hubiera sido por ellos lo estaría aún más”. 

Sergi De Mingo, extrabajador, siente haber sido tratado como un comercial, en vez de un terapeuta, del que se esperaba que presionara económicamente al entorno de los pacientes: “La orden es nunca decir a las familias que el paciente está bien”, afirma. Cuenta que tenían que “averiguar el poder económico” de las familias: “Si vive de alquiler, de propiedad, si tiene empresas…”. Todo para saber hasta cuándo podían mantener al paciente ingresado. 

“Si su hijo no se queda un mes más, el mes que viene tendrá que pagarle el entierro”

Este último relata un episodio en el que uno de los psicólogos le “enseñó” cómo tenía que hacerlo: “Como no sabes presionar a las familias, ponte a mi lado que voy a llamar a la madre de un paciente”, le dijo. El extrabajador escuchó la conversación entre la madre y el psicólogo, en la que este le preguntaba: “¿Usted no puede pedir un préstamo? ¿No puede hipotecar su casa?” y continuaba: “Si su hijo no se queda un mes más, el mes que viene tendrá que pagarle el entierro y eso le saldrá más caro”. 

La instrumentalización de los familiares era un elemento clave para manipular a los pacientes. Este diario ha tenido acceso a uno de los mensajes mandados por uno de los terapeutas a la mujer de Izard. En él, le pide que grabe un audio de su hijo de siete años diciéndole a su padre: “Papá, te quiero y te quiero volver a ver, pero te quiero volver a ver bien”, palabras que le dicta el terapeuta. El personal del centro reprodujo este audio delante de Izard y el resto de pacientes que se encontraban en medio de una terapia grupal. 

Según le explicaron a su mujer, el objetivo era hacer que se quedara en el centro en un momento en el que ya expresaba su intención de irse: “Le ponemos este audio y le destroza, se derrumba, en el mejor de los sentidos”, decía el terapeuta. Aquello fue la gota que colmó el vaso: “Exploté”, recuerda el expaciente. Otros testimonios cuentan historias similares a las de Iván, indicando que este era un método generalizado en las terapias de Zeus. 

Además, los expacientes señalan al centro por aislarles de sus familias. L. P. P. afirma que solo habló con su familia “una vez, al mes de estar ingresado y estando coaccionado, porque tenía a dos personas detrás vigilando”. Según el relato de otros expacientes, la costumbre era que todas las visitas o videollamadas con familiares se hicieran de ese modo, con el personal presente en la sala. 

“He estado en otros centros y lo que he visto ahí no lo he visto en mi vida”, denuncia. Él estuvo ingresado casi tres meses, hasta marzo del año pasado. Además del maltrato psicológico que él mismo sufrió, recuerda una ocasión en la que dos pacientes habían tenido un “roce sexual”, algo que vulneraba las normas del tratamiento. En terapia grupal, uno de los trabajadores animó al resto de pacientes a atacar verbalmente a la mujer por infringir las reglas “diciéndole lo puta que es”.

El infierno de intentar salir de Zeus 

El día que Iván se negó a participar en las terapias hasta que pudiese hablar con su mujer, asegura que le cerraron con llave en el cuarto donde estaba, hasta que entró uno de los terapeutas, con su mujer al teléfono, diciéndole que su marido “había intentado agredir” a unos pacientes rehabilitados y que “estaba en un brote psicótico”, algo que él niega. Recuerda, en medio de la desesperación y estrés de la situación, pedir: “Diles que me den mi DNI y por favor no pagues otro mes más”. 

Finalmente, la pareja de Iván pidió que le sacaran del centro. Cuando salió, sin documentación y sin su dinero —que nunca le devolvieron— mientras caminaba hacia la estación de tren más cercana, se dio cuenta de que tampoco tenía su teléfono móvil. Se dio la vuelta, timbró y golpeó la puerta del centro hasta que la abrieron. Uno de los pacientes rehabilitados que había acudido para intentar impedir que se marchara, se lo devolvió dándole un “puñetazo en el pecho”, cuenta. Según Iván, le dijo: “Que te largues de aquí, que las consecuencias van a ser peores. Tenemos todos tus datos y no sabes lo que podemos hacer”. 

Pero las amenazas no acabaron allí. El pasado mes de enero, la mujer de Izard recibió una llamada de un número oculto. Según asegura su marido, que acudió a comisaría para dejar constancia de esta llamada “amenazadora”, un hombre le pidió que borrara la reseña que había dejado Iván en la página del centro “o se atuviera a consecuencias legales y de otros tipos”. 

David Alonso describe una situación “desesperada” por la que llegó a escapar del centro saltando la valla: “Fui a pie hasta la policía de Ulldecona”, a tres kilómetros y medio de Zeus. Asegura que durante este camino uno de los terapeutas del centro le persiguió en coche mientras él corría. “Llegué a la policía de Ulldecona y les dije que me estaban reteniendo en contra de mi voluntad. Al día siguiente vino mi expareja a recogerme”. Sin embargo, el expaciente no pudo poner una denuncia en ese momento porque toda su documentación, incluso su DNI, estaba custodiada por el centro.

Óscar Pino, vocal del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y coordinador del Centro de Atención y Seguimiento a las Drogodependencias de L’Hospitalet, subraya que las prácticas descritas por los expacientes “rozan más el maltrato que una intervención terapéutica”. “Las terapias grupales son un tipo de intervención psicoterapéutica y no se puede hacer lo que a uno se le ocurra ese día”, explica. En este sentido, es tajante: “No puedes maltratar y perder las formas independientemente de que se hayan equivocado, recaído”. Pino enmarca estas situaciones en un contexto de falta de control institucional, y señala que en el ámbito de las adicciones existe “muy poca regulación”, lo que ha propiciado que “haya centros que ni siquiera son sanitarios y se dedican a la desintoxicación”.

La Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de la Debilidad (RedUNE), ha acompañado a muchos de los expacientes en este proceso desde que algunos testimonios les alertaron de lo que sucedía. Hace unos meses, publicaron un texto en su portal en el que denunciaban el maltrato a pacientes en Zeus. El pasado febrero, según su presidente, Juantxo Domínguez, se vieron obligados a borrarlo ante la advertencia de un abogado del centro.

Las denuncias de los extrabajadores 

Sergi De Mingo fue terapeuta de Zeus durante casi cuatro meses. Después de despedirle, el centro le denunció, acusándole de incumplir la cláusula de no competencia que firmó y que le prohibía “trabajar para otra persona física, jurídica o comunidad de bienes cuya actividad pueda suponer competencia” para la empresa, según figura en su contrato al que ha accedido este periódico. Sin embargo, De Mingo asegura que nunca cobró la compensación económica que se prometía con dicha cláusula. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, el pasado mes de febrero, el Juzgado de Lo Social nº1 de Tortosa, le dio la razón, desestimando la demanda del centro Zeus. 

Jennifer Silvestre es otra de las trabajadoras, en este caso encargada de labores administrativas y admisiones de pacientes. Pidió la baja laboral por cuestiones de salud mental y asegura haber sido sobrecargada de trabajo y haber sufrido amenazas por parte del director: “Me amenazó de muerte cuando le pedí que me pagara las horas extra, me decía que me había cavado mi propia tumba, se puso como un loco”, añade. Tras denunciar al centro y pasar por una mediación, el centro le dio el despido improcedente.

“Luis me hacía mentir a la policía”

“Luis me hacía mentir a la policía, me decía: ‘Si preguntan, aquí solo alquilamos habitaciones a pacientes que hayan estado en Ulldecona’”, recuerda la trabajadora. Y es que, aunque el centro Zeus, ubicado en Ulldecona, figura en el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad, la marca Zeus tiene otro centro que publicitan como una versión más lujosa del primero: Zeus Corona, en Amposta. Este no aparece en el registro, y la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat ya ha abierto un expediente para investigar al respecto. 

Ante preguntas de este diario, la empresa defiende que “los dos centros constituyen dos órganos diferenciados de ingreso sanitario, pero integrados dentro de una misma estructura asistencial y organizativa”. Añaden que “ambos funcionan bajo una única organización, con una dirección común, los mismos protocolos asistenciales y un único modelo de funcionamiento” por lo que “la actividad se encuentra amparada por un único registro sanitario” y aseguran que “la autoridad sanitaria tiene conocimiento de la situación”.

Además, la trabajadora y dos expacientes, Iván Izard y Mario (nombre ficticio) apuntan que el centro derivaba a pacientes que querían ingresar en su clínica a otros centros. Según relatan, cuando llamaron a Zeus para ingresar en sus instalaciones, les dijeron que “había mucha lista de espera” y les derivaron a un centro psiquiátrico en Lleida por entonces perteneciente a Mentalia, la división especializada en salud mental en España del grupo sanitario privado Domus Vi. Ambos coincidieron en su estancia en aquella clínica durante aproximadamente un mes, y después, en Zeus. 

Silvestre asegura que tenían este tipo de acuerdos con múltiples empresas: Sus superiores le mandaban “buscar psicólogos, especialistas en adicciones o incluso clínicas de adicciones privadas o públicas que quisieran colaborar con el centro en caso de que tuviésemos las habitaciones llenas o que ellos no tuviesen más espacio en las suyas”.

A preguntas de elDiario.es, la clínica ha reconocido la existencia de una denuncia, de la que ha tenido noticias “a través de la Policía Nacional, la cual está instruyendo el expediente de acuerdo con los procedimientos que legalmente están previstos”. Desde Zeus indican que la empresa: “defenderá la legalidad de su proceder y, sobre todo, el fin, el método, con el objetivo de que nuestros pacientes se rehabiliten y eviten recaídas que provoquen la vuelta al mundo, no querido, de las adicciones”. Añaden que continúan “con su actividad habitual sin incidencia”.

Margarita Galaz es seguidora de la Nueva Medicina Germánica, una pseudomedicina fundada por Ryke Geerd Hamer, un médico condenado en 1997 por ejercicio ilegal. La mujer, chilena de nacionalidad pero residente en Andalucía, se dedica a vender cursos online en los que ofrece consejo, 'formación' y seguimiento personal a enfermos de cáncer. En 2025, las hermanas de Fabiola Lorena Vega Espinoza (52 años) presentaron una querella por homicidio en Chile, después de su fallecimiento por cáncer de mama, que nunca fue tratado por recomendación de la curandera.

A esta querella se suma otra, también por homicidio y ejercicio ilegal de la medicina en Chile, así como una denuncia en España, que pone en conocimiento de las autoridades posibles delitos contra la salud pública, homicidio, asociación ilícita y amenazas graves y coacciones. La Unidad de Sectas Destructivas de la Policía Nacional investiga a la curandera y está “analizando” esta última novedad del caso, según confirman a elDiario.es.

Las teorías que publicita Galaz, según las cuales enfermedades como el cáncer son causadas por conflictos emocionales no resueltos, han resultado en que al menos tres mujeres hayan rechazado recibir tratamiento médico y fallecieran después de dolores extremos tras seguir sus consejos. Así lo certifican los relatos de las dos familias querellantes en Latinoamérica y del hijo de C.S., la asturiana de 76 años fallecida en 2025, según pudo confirmar elDiario.es. Es precisamente este último caso el que recoge la primera denuncia contra Galaz en España, que presentó el activista contra sectas Luis Labarga.

Se trata del único caso confirmado en España y es lo que alertó en primera instancia las autoridades españolas de las prácticas de la mujer. Sin embargo, la familia no ha tomado acciones legales por lo que ha sido este activista quien ha denunciado los hechos acogiéndose al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este establece el deber de los ciudadanos de denunciar cuando tengan constancia de un delito: “Bajo ningún concepto se puede presionar a sus familiares para que denuncien a la gurú por homicidio si no se ven capaces, ya que entraríamos en una peligrosa revictimización para esas personas y se puede incrementar el daño aún más”, explica Labarga. Por eso, ha decidido utilizar esta fórmula que le permite alertar a las autoridades a pesar de no ser un perjudicado directo.

Según explica Maitane Morales, la abogada que le ha asesorado en este proceso, la denuncia “podría facilitar” una futura colaboración entre las autoridades chilenas y españolas para la extradición de Galaz si llegara a ser juzgada en Chile.

Galaz se presenta como fundadora de la llamada Comunidad Hameriana, una red de pago y canales de comunicación online a través de los que comercializa cursos, congresos, asesorías personalizadas y espacios de seguimiento para personas con cáncer. Desde Andalucía, donde reside desde hace años, difunde los postulados de la Nueva Medicina Germánica de Ryke Geerd Hamer. En sus páginas y redes sociales sostiene que “los tumores se forman cuando el cerebro da la orden porque son necesarios” y ofrece a los pacientes explorar el “por qué” y el “para qué” de su enfermedad, en lugar de recurrir a tratamientos oncológicos convencionales.

Según las familias afectadas, estas teorías se acompañan de una intensa labor de seguimiento a través de Telegram, videollamadas periódicas y grupos privados de 'pacientes' a los que ha tenido acceso este periódico.

El caso de Carolyn Ahumada, fallecida en 2021 a los 45 años, es la última novedad en el país latinoamericano. Según el relato de su madre y su hijo, que se expone en la querella por homicidio y ejercicio ilegal de la medicina, Ahumada fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio 2 en el año 2019. “En la búsqueda de medicinas alternativas, durante el primer trimestre de 2020, Carolyn conoció la medicina germánica. Entonces también conoció a Margarita Galaz y viajó a Santiago para conocerla personalmente y 'tratarse con ella'”, explican.

Acusan a Galaz de controlar la voluntad de la fallecida

Argumentan que en ese momento comenzó una “relación abusiva” entre Galaz y Ahumada. Durante meses, ella se negó a recibir tratamiento mientras su tumor avanzaba y su estado de salud empeoraba. Según su hijo, la curandera había “tomado control de la voluntad” de su madre a través de su discurso y “promesas falsas de mejoría”. En abril de 2021, la familia consiguió que Ahumada acudiera a un oncólogo, pero el diagnóstico confirmó que “su cáncer estaba muy avanzado y tenía su extremidad derecha inflamada, lo que comprometía los ganglios”, según el texto de la querella.

“Margarita le preguntó a Carolyn cómo estaba; Carolyn le respondió que tenía mucho dolor y le comentó que había asistido al oncólogo. Su respuesta fue drástica, por decir lo menos: ”Veo que me desobedeciste y por eso estás así“, señalándole que ya no podía hacer nada por ella”, afirman, añadiendo que para entonces Galaz tenía “pleno conocimiento” de que Ahumada “con razonable seguridad, iba a morir”. Sin embargo, aseguran que esta siguió determinándola a no aceptar tratamiento médico.

Fue por entonces cuando Margarita Galaz informó a Ahumada de que se mudaba a España y le prometió que se pondría en contacto con ella desde ahí, pero, según la querella, nunca lo hizo. La enferma empezó a presentar fiebres y deficiencia pulmonar, entre otras complicaciones. Ingresó entonces en el Instituto Nacional del Cáncer, pero acabó falleciendo el 31 de julio de 2021.

Sus familiares acusan a la 'chamana' de aprovecharse de la vulnerabilidad de Carolyn Ahumada para convencerla de que rechazara cualquier tratamiento médico, a pesar de que Galaz era consciente de su deterioro físico y mental y de la ineficacia de los métodos de la medicina germánica. Enmarcan los hechos dentro de una “relación abusiva entre una persona con poder de convencimiento, narcisismo y una clara vocación de líder espiritual y otra persona con su voluntad debilitada por sus circunstancias personales y por la grave enfermedad que le causaba dolores insoportables, con su estado mental alterado por estas condiciones”. El abogado que lleva la primera querella en Chile también se está ocupando del caso de Ahumada y ha pedido agrupar ambas en una sola causa.

En cuanto al caso en España, la denuncia de Labarga implica por primera vez a otro actor: José Luis Leyva, pareja de Galaz según expone el texto, y a quien sitúa como “el administrador de hecho de la red hameriana” en el país. Sin embargo, la causa presenta varias complicaciones para seguir adelante. Por un lado, como señala el activista, en España “no existe el delito de persuasión coercitiva como en Francia, con lo que la ”culpa“ recae en la víctima porque se supone que ha elegido esa opción” de tratamiento. Además, la ausencia de una denuncia formal por parte de la familia de la asturiana fallecida también podría suponer un obstáculo para el caso.

El aislamiento como táctica de manipulación: “Quiero que bloquees a todas tus hermanas”

La primera querella por homicidio contra Galaz fue presentada en Chile por las hermanas de Fabiola Lorena Vega Espinoza, fallecida en 2024 a los 52 años por un cáncer de mama que nunca trató médicamente. Según la acusación, Galaz convenció a su antigua compañera de universidad de que el origen de su tumor era el conflicto que mantenía con su familia y la fue aislando progresivamente de su entorno. Entre los mensajes que compartían la acusada y Fabiola, figuran instrucciones como “quiero que bloquees a todas tus hermanas” o advertencias como “si ahora te llevan al hospital, te van a hacer biopsia, te van a poner más suero de la cuenta” y “ahí yo voy a perder todo el contacto contigo para despedirnos”. La familia sostiene que la curandera “manipuló” la voluntad de Fabiola hasta impedir que aceptara atención médica y mantiene que, de haber seguido tratamiento, “hoy estaría viva”.

La asturiana C.S. y Fabiola coincidían en un grupo de Telegram denominado “SBS de mama”, creado por Galaz y formado por mujeres con ese diagnóstico, donde compartían reuniones telemáticas, experiencias, consultas sobre la enfermedad y fotografías en las que se comprobaba el estado muy avanzado de sus tumores. Según el testimonio de su hijo, rechazó las intervenciones dirigidas a tratar el tumor y pasó sus últimos meses con un fuerte deterioro físico, dolores intensos y metástasis extendidas por varios órganos.

El diputado de Vox José María Sánchez ha intervenido este jueves en el pleno del Congreso en el que se vota la toma en consideración de una reforma del reglamento de la Cámara que endurezca el castigo contra los diputados que tengan conductas como la de este, que fue expulsado del pleno el pasado mes de abril después de encararse con su vicepresidente, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y una letrada: “No es ninguna infracción subir al estrado a hablar”, ha asegurado.

“No hay ningún artículo que prohíba a los diputados acercarse ni subir a estrados”, ha defendido Sánchez, que sostiene que se aproximó a la Mesa para “hablar” y que no amedrentó a de Celis. “Esto no es un altar, aunque en por los últimos días parece ser que les hubiese gustado que lo fuera”, ha añadido. Para el ultraderechista, la propuesta que se vota hoy en el Congreso es una muestra del “totalitarismo democrático” que “caracteriza” al Gobierno.

Jose María Sánchez ha afirmado que detrás de esta votación existe una voluntad de “avasallar” a Vox, frente a lo cual, ha dicho, su grupo parlamentario aboga por “la libertad verdadera, no ese timo del PSOE y sus acompañantes.

El pasado mes de abril, el diputado intentó hacerse escuchar a gritos y sin solicitar formalmente la palabra para protestar por unos supuestos insultos que le dirigía un letrado de ERC, según afirmó Vox. Gómez de Celis no se la concedió y le llamó por primera vez al orden. Poco después, el diputado de Vox subió a la tribuna en la que se ubica la Mesa del Congreso para echar en cara a una de las letradas la situación, ante lo cual Gómez de Celis lo reconvino por segunda vez. Fue entonces cuando se enfrentó con el vicepresidente por su supuesta inacción ante esos supuestos insultos de ERC, lo que le valió la tercera y definitiva amonestación. Según el reglamento de la Cámara, tras una tercera llamada al orden no acatada por un diputado, la Presidencia está facultada a expulsarle de la sesión.

Segundo día del Papa en Madrid. Una multitud ha vuelto a acompañar este domingo a León XIV durante una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles. El pontífice ha aprovechado para lanzar otro recado a los ultras y denunciar a los que “se arrodillan ante Dios y desprecian a los hermanos”. Además, este domingo por la tarde se ha reunido con algunos de los rostros más conocidos de la cultura y el arte de nuestro país, como Antonio Banderas, la bailaora Sara Baras, la cantante Rozalén o la deportista Carolina Marín en un evento conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Siscar.

Sin embargo, no todo son luces en el viaje del Papa. Además de la polémica sobre la reunión con las víctimas de abusos en la Iglesia, que finalmente tendrá lugar este lunes a primera hora de la tarde, diversos colectivos, muy heterogéneos, se han posicionado en contra de la visita de León XIV. Te lo contamos aquí.

León XIV sigue cumpliendo su extensa agenda en este primer día de su viaje a España. En Madrid, el Papa inicia una gira de seis días que luego lo llevará a Barcelona y Canarias. En esta jornada, el Papa la ha comenzado siendo recibido en el aeropuerto por las autoridades españolas, para luego dar su primer discurso en el Palacio Real, donde ha alertado contra los “enfoques identitarios” y “divisivos” en medio del auge ultra en España.

En ese mismo discurso el rey ha recogido el guante en el Palacio Real y ha reconocido el “dolor causado” por los abusos en la Iglesia y ha asegurado que “no son representativos de la inmensa comunidad eclesial”. Un mensaje que no ha vuelto a repetir el Papa, aunque en el avión sí ha trasladado que que los casos de abusos en la Iglesia son “una llaga todavía abierta” y que “seguirá trabajando personalmente” para acabar con ellos. Aún no se conoce cuándo se desarrollará ni los detalles del encuentro con víctimas de pederastia que se anunció a última hora de la tarde del viernes.

Tras el discurso en el Palacio Real, el pontífice ha montado en el papamóvil para recorrer las principales calles de Madrid en su camino hacia la Nunciatura Apostólica, donde tiene su lugar de descanso. Ya en la tarde, León XIV ha visitado un centro de Cáritas para personas sin hogar en el barrio de Lucero para posteriormente dirigirse en el vehículo papal de a la vigilia con jóvenes en la plaza de Lima.

El PP de Juan Manuel Moreno Bonilla ha vuelto a ganar las elecciones andaluzas, pero ha perdido cinco escaños y la ansiada mayoría absoluta, por lo que su reelección depende de Vox. El PSOE se mantiene en segundo lugar con 28 escaños, dos menos que en 2022. La pelea a la izquierda del PSOE la lidera, por el momento, Adelante Andalucía, la formación anticapitalista que alcanza el ansiado sorpaso a Por Andalucía.

El episodio ocurrido el pasado martes en el Congreso cuando un diputado de Vox, José María Sánchez, subió a la tribuna de la Mesa para encararse con una letrada y con el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, “sólo ha pasado dos veces en la historia reciente, una con Tejero y otra con este diputado”, según ha denunciado el ministro Óscar López este miércoles. Además, ha exigido “consecuencias” para el diputado más allá de la expulsión de la Cámara durante una semana: “La Mesa tendrá que adoptar decisiones para coartar este tipo de acciones. Que apliquen el reglamento y que la sanción sea contundente”. Por su parte, preguntado por posibles medidas contra Sánchez, el vicepresidente del Congreso no ha concretado nada al respecto, “lo pensaremos”, ha asegurado.

El propio Gómez de Celis ha repetido en declaraciones a las puertas del Congreso la comparación con el golpista: “A muchas personas se nos viene a la cabeza la subida al estrado mucho más dramática que puso en jaque a la democracia español”, ha asegurado, añadiendo que, salvando las distancias entre los dos episodios, sí que ambos “tienen la misma ideología”. Acerca de la gravedad de este enfrentamiento, Gómez de Celis ha dicho que llegó a creer que acabaría en una disputa violenta: “No escuchaba muy bien al diputado porque lo que pensaba era por dónde me iba a terminar agrediendo físicamente”.

Por lo ocurrido, ha apelado al resto de fuerzas políticas “a reflexionar y ponernos firmes y serenos frente a la ultraderecha”, en especial al Partido Popular. Ha agradecido a las dos letradas del PP que le acompañaban en los momentos del enfrentamiento y que “estuvieron intentando que este acto no se produjera” y ha aprovechado para pedir a los populares que “reflexionen sobre la apertura de puertas que están haciendo a la ultraderecha en gobiernos autonómicos”.

En Vox, ha sido su portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, quien ha contestado a las preguntas de los medios en los pasillos manteniendo su postura sin probar de que las acciones de José María Sánchez fueron una respuesta a insultos un diputado de ERC ante los que la Mesa no actuó. “Los que se equivocan son los presidentes de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden”, ha afirmado. El martes, después del fin del pleno, Vox aseguró en un comunicado sin pruebas que el diputado de ERC Jordi Salvador había llamado “en dos ocasiones” a Sánchez “criminal y asesino”.

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado que la promotora Live Nation, un gigante que lleva las giras más importantes a nivel mundial, no tenía derecho a reclamar más de cuatro millones de euros a Robe Iniesta por la cancelación de la gira de despedida de Extremoduro. El fallo supone una victoria judicial póstuma para el cantante, fallecido el pasado 10 de diciembre a los 63 años. Según la sentencia, fue la propia empresa la que decidió dar por terminado el proyecto de forma unilateral, mientras el músico defendía aplazar los conciertos por las circunstancias sanitarias de la pandemia hasta que pudieran celebrarse. Con esta resolución del pasado 11 de marzo, el tribunal respalda la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona y condena a Live Nation al pago de las costas. Aun así, el fallo no es definitivo y puede ser recurrido.

El conflicto se originó tras la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro. La anunciaron en 2019 y tenían previsto subirse a los escenarios a partir de mayo de 2020. Había vendido cerca de 400.000 entradas para 14 conciertos, pero la irrupción de la pandemia obligó a posponer los espectáculos en varias ocasiones, lo que acabó desencadenando desacuerdos entre la promotora y el propio Iniesta.

Live Nation reclamaba 4,2 millones de euros: 1,3 millones como devolución de la fianza ya cobrada por el extremeño y 2,9 millones por supuestos daños y perjuicios. Sin embargo, el auto se pronuncia claramente en contra de la empresa, la cual asegura que “incumplió el pacto”, según especifica el auto. Argumentan que Robe quería llevar a cabo la gira “cuando las condiciones lo permitiesen”, pero se volvió imposible “cuando el 22 de julio de 2021 la parte recurrente, Live Nation, decidió dar por terminadas las negociaciones para celebrar en el futuro la gira de despedida de Extremoduro y procedió a devolver a los compradores el precio de las entradas”.

La Audiencia Provincial de Navarra detalla en su resolución otros aspectos del caso: “El hecho de que el demandado Sr. Iniesta en aquellas fechas estuviera también pensando en su gira en solitario, en absoluto implica que desechara la gira de Extremoduro”, declaran. Este razonamiento coincide con uno de los argumentos defendidos por el músico, que sostenía que, mientras no fuera posible celebrar los conciertos de Extremoduro en grandes recintos, optaría por desarrollar su proyecto en solitario, ya que este sí encajaba dentro de las limitaciones sanitarias al realizarse en espacios de menor tamaño. Las circunstancias de esta gira eran distintas: Podía estar adaptada a espacios más pequeños y permitida en ese momento, por lo que no implica —según la sentencia— que renunciara a la despedida de Extremoduro.

El caso también estuvo marcado por tensiones internas dentro del grupo. Iñaki “Uoho” Antón, guitarrista de la banda, se alineó con la postura de la promotora, aunque esta circunstancia no ha tenido impacto en la decisión judicial final, sino que, más bien, le ha beneficiado. Precisamente, aquellos desacuerdos dieron lugar a comunicados cruzados entre ambos por los que Live Nation acusó a Iniesta de difamación.

“Parece que tienen algún tipo de alergia a la palabra devolución. En el comunicado que sacaron, ni siquiera la mencionaban. Encima, querían que lo firmáramos conjuntamente. ¡Hace falta ser zoquetes! No ganan nada con esto, solo tocar los cojones. Y no creo que sea el mejor momento. Espero no tener que volver a reconvenirles”, denunciaba el cantante. De hecho, FACUA-Consumidores en Acción, denunció a la promotora, a la que acusó de dificultar el reembolso de las entradas de los conciertos tras la cancelación definitiva del evento. Ahora, el tribunal rechaza la acusación de difamación y considera que las palabras de Robe no eran constituyentes de delito.

Un misil lanzado desde Irán ha impactado este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos 39 heridos. Por su parte, Irán cifra en casi 21.000 los heridos por los ataques de Israel y Estados Unidos y condiciona el fin de la guerra al cese de ataques y a las garantías de no repetición. Donald Trump plantea este sábado algunas nuevas medidas en mitad del conflicto. Ante la escalada de precios del petróleo, la Administración que dirige ha levantado las sanciones sobre el crudo iraní varado en el mar. La medida se prolongará durante un mes. Además, el presidente se abre a reconsiderar que EEUU abandone su presencia en bases europeas por la negativa de la UE a colaborar en una operación militar en el estrecho de Ormuz.

En España, tras la tensión vivida el pasado viernes entre el Gobierno y sus socios de Sumar, el Ejecutivo confía en que el decreto anticrisis se apruebe. Pero, de momento, no todos los socios parlamentarios del Ejecutivo han dado su visto bueno, y la ratificación del paquete de 5.000 millones no está garantizada. El otro decreto, el que congela el precio del alquiler de viviendas, tiene más difícil lograr un apoyo suficiente.

El actor , director y productor estadounidense, Edward Norton, describió el pasado jueves un contexto global marcado por la sobreexposición constante a conflictos y crisis: “Sabemos que el mundo está jodido de formas sin precedentes en nuestras vidas”, aseguró en una entrevista en el Show de Stephen Colbert. “Pero al mismo tiempo, es muy difícil saber qué podemos hacer nosotros como individuos al respecto mientras avanzamos en nuestro día a día”, subrayó. Ante las dificultades para digerir y gestionar estas informaciones, Norton hacía un llamado a actuación: “Para mí, el único antídoto contra la ansiedad ha sido la acción . Ya saben, algún tipo de acción. Tenemos que alzar la voz en contra de la guerra, especialmente la guerra ilegal y asimétrica que se libra contra los civiles”.

El actor hizo referencia a algunos de los principales focos de tensión global que dominan la agenda informativa. Entre ellos, mencionó el genocidio en Gaza, donde Israel ha asesinado a más de 600 palestinos desde el alto al fuego: “Vemos cómo se nos transmite un genocidio en vivo”, aseguró. Mencionaba también el conflicto en Ucrania, que continúa tras la invasión rusa iniciada en 2022, la situación en Sudán, sumido en una guerra interna que ha derivado en desplazamientos masivos y una emergencia humanitaria de gran escala y hablaba además de la situación en su propio país: “Vemos a ciudadanos estadounidenses siendo asesinados por grupos paramilitares en nuestras propias calles por solidarizarse con sus vecinos. Sabemos que de alguna manera es bueno saber lo que realmente está pasando, saber lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, en Sudán y en Minneapolis”, refiriéndose a las actuaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Además, Norton aludía al escándalo relacionado con Jeffrey Epstein y la publicación parcial de documentos durante la administración de Donald Trump: “Estamos viendo cómo se nos dosifican los abusos de Epstein”. Además, estas palabras en contra del gobierno de Estados Unidos, vienen después de conocerse que el Departamento de Justicia ocultó y eliminó algunos archivos de Epstein relacionados con Trump.

Ante esta saturación de noticias trágicas, Norton advirtió sobre los efectos del consumo constante de noticias: “Si me dedico a consumir noticias negativas compulsivamente y me quedo ahí, puedo caer en un pozo oscuro”. En otro momento de la conversación, Norton volvió a insistir en la necesidad de actuar como respuesta a la ansiedad: “Creo que para mí el único antídoto contra la ansiedad ha sido la acción”. Para ello, el intérprete reivindica el papel de cine, manteniendo su “convicción” de que las películas “no son una frivolidad que no podamos permitirnos en este momento”.

El secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha puesto este viernes el foco directamente en el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, después de que este jueves, el Gobierno de la Comunidad de Madrid filtrara los correos electrónicos de la denunciante del presunto acoso por parte del alcalde Móstoles, Manuel Bautista. López ha cuestionado el origen de la revelación de datos personales y ha apuntado a un posible delito, al tratarse de una denunciante que debería haber estado protegida. “Yo quiero saber de dónde salen esas informaciones”, ha asegurado López, “porque otra vez huele todo a Miguel Ángel Rodríguez”.

El dirigente socialista ha apuntado a la gravedad de haber hecho públicos datos personales de una víctima de acoso y ha reclamado explicaciones inmediatas, dejando abierta la vía judicial. “No descartamos ninguna acción”, ha afirmado. “En el día de ayer [por el jueves] se publicaron los datos personales de la denunciante. ¿Quién los ha hecho públicos? ¿Quién ha mandado sus datos? ¿Está lejos de eso el señor Rodríguez? ¿Quién ha cometido la osadía de mandar denuncias de una mujer poniendo sus datos personales? ¿Quién ha hecho eso? Es muy grave.”

López ve la filtración de los correos como una estrategia de persecución a la víctima, “porque en este caso ha habido una persona que, parece ser, ha sufrido un acoso por parte del alcalde, y no solamente no se la está defendiendo, se la está persiguiendo. Se están filtrando sus datos y se está amparando al acosador”. Por este encubrimiento, el socialista ha reprochado a Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo su “hipocresía” al llevar meses señalando a su partido por el caso Salazar. “Le pido al PP que se aplique todo lo que lleva diciendo durante meses”, ha reclamado.

El líder del PSOE madrileño también ha cargado contra la decisión del PP de dar por cerrado el caso sin escuchar a la denunciante, algo que calificó como un ejemplo de lo que no debe hacerse ante una denuncia por acoso. “Es más, el Partido Popular dice que ha archivado el caso sin haber citado a la denunciante. No la han escuchado a la denunciante. Es que es todo un protocolo de lo que no hay que hacer en un caso de estos. No se escucha a quien denuncia. Se ampara al denunciado”.

Isabel Díaz Ayuso se había colocado su propio listón en diciembre de 2025. En ese mismo escenario, en la Asamblea de Madrid, a raíz de que elDiario.es publicase las denuncias de acoso de varias subordinadas contra el socialista Paco Salazar, la presidenta de Madrid clamó en el parlamento regional contra la portavoz del PSOE, Mar Espinar: “Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, ¿a quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi [un conocido actor porno]? ¿Cuál es el siguiente? Pero, ¿qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres? Si lo hacen así con sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal. Usted no salió de ninguna urna, usted no salió de ningún congreso, la pusieron a dedo los señoros de La Moncloa, aquellos que acosaron a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y pedían verles el escote, que borraron todas las denuncias de los canales de acoso”.

Y continuaba: “¿Cómo es posible que no haya dicho una sola palabra clara de la defensa de las mujeres, de las políticas de su propio partido? No digamos de las del resto, a las que no sabe valorar por el trabajo que realizamos. Con quién duermo, mi sofá, dónde se supone que vivo... Son profundamente machistas. ¿Cómo puede ser tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa? Teme acabar como Tomás Gómez, Leguina, Nicolás Redondo, Felipe González, Lambán, Page.. ¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a ese entorno tan machista, cuánto tiempo va a vivir del feminismo de pancarta y haciendo negocio con las mujeres? Soy socialista porque soy feminista, ¡anda ya!”

Fue el pasado 11 de diciembre. En el escaño de detrás, su número dos, Alfonso Serrano, aplaudía eufórico.

Apenas dos meses más tarde, Ayuso y Serrano se enfrentaban a otra sesión parlamentaria. Esta vez en los titulares sobre un caso de acoso, adelantado por El País, estaban ellos mismos pero en otro papel. Según la denuncia interna presentada por una edil de Móstoles, no hicieron nada cuando pidió ayuda al partido, en marzo de 2024, para erradicar el acoso sexual y laboral que sufría por parte del alcalde popular, Manuel Bautista. Según el relato de la mujer, Ayuso no la recibió pero encargó la gestión del caso a sus escuderos en el partido, el propio Serrano y su amiga, la número 3, Ana Millán secretaria de Organización. Ambos la presionaron para que no denunciase en una reunión celebrada el 11 de marzo.

Por el medio, Ayuso, que en 9 meses nunca recibió a la edil, citó en su despacho en la Puerta del Sol al regidor mostoleño. Oficialmente, para hablar de proyectos de gobierno relacionados con la ciudad. Ese era el contexto cuando Ayuso y Serrano se presemtaron en la Asamblea de Madrid este jueves, en que se reiniciaba el periódo de sesiones tras el parón navideño con la sesión de control al Gobierno.

Todos los portavoces de la oposición citaron el caso de Móstoles. A Isabel Pérez-Moniño, de Vox, no le contestó. Al Partido Socialista y a Más Madrid, Díaz Ayuso les mentó “las saunas” del suegro de Pedro Sánchez para acabar concluyendo que se trata de un “caso fabricado contra el Partido Popular”. Restó credibilidad a la excompañera de partido que acudió a ella solicitando auxilio, a diferencia de lo que hizo con las denuncias presentadas contra el dirigente socialista. “Yo no vengo aquí a hacerle la campaña a Pilar Alegría que se está hundiendo en Aragón mientras Salazar está yendo al Senado y están utilizando un caso fabricado contra el Partido Popular”, replicó a la dirigente del PSOE cuando esta le recordó todo lo que le había dicho en el pleno de diciembre a propósito del caso Salazar. Espinar llamó directamente “mala persona” a Ayuso, por colocarse siempre del lado equivocado. Le acusó de mandar a “sus secuaces” para decirle que mejor “la boquita cerrada” a una mujer que se había dirigido a ella para pedirle ayuda.

La presidenta madrileña esta vez casi no aludió al tema. Se limitó a responder a Más Madrid, cuando Manuela Bergerot se solidarizó con la exconcejal del PP y le pidió colocarse del lado de la víctima, que también ella tenía “presunción de inocencia”. “Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?”.

Bergerot le hizo ver que en un caso de acoso sexual y laboral, Ayuso no es la víctima. E igual que Espinar le recordó que en lugar de haber atendido a la edil, se reunió con su presunto agresor. La portavoz de Más Madrid también le reprochó haber “mandado a esos dos”, mientras señalaba a la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, y al propio Serrano. Pero Ayuso ya no respondió. Sí lo hizo, en su nombre, el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, en una intervención que tendría que estar dirigida a la presidenta regional. Pache usó su segundo turno para atacar a la oposición. “Quieren empatar la desvergüenza socialista y de la izquierda con una noticia de unos supuestos hechos que se produjeron cuando la presidenta ni siquiera era presidenta, cuando Bautista no era ni siquiera candidato en Móstoles, y después de instruir el expediente no había ninguna prueba. Ustedes dicen que tiene que creerse a las mujeres, pero solo son mujeres a las que hay que creer las que ustedes quieren utilizar políticamente, porque Ayuso no es mujer, Millán no es mujer... Solo son mujeres que hay que creer las que ustedes quieren utilizar”. A su lado, Alfonso Serrano arrancó a aplaudir, como el resto de la bancada popular.

Minutos antes, en los pasillos de la Asamblea, también el secretario general del PP había cuestionado el relato de su concejal en Móstoles. “La denuncia objeto de la información carecía de sustento alguno, los órganos del partido funcionaron, el Comité de Hechos y Garantías actuó, analizó, investigó y archivó”. “Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa”, ha dicho Serrano. Además, él ha remarcado que “en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona”. “Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal”, añadió.

A diferencia de lo que manifestó Díaz Pache desde su escaño, lo que dice el escrito presentado por la edil del PP que denunció el acoso, sin que nadie en el partido le arropase, es que su año de calvario por no acceder a las pretensiones sexuales del regidor de Móstoles, empezó en mayo de 2023 cuando era candidato, Ayuso presidenta, y que se extendió durante los meses siguientes.

A lo largo del Pleno, diputados del PSOE y Más Madrid, recordaron el episodio en sus preguntas parlamentarias, mientras los dirigentes del PP, sacaban a colación el negocio de saunas del suegro ya fallecido de Pedro Sánchez y la denuncia por agresión sexual contra el exdirigente de Más Madrid, que fue finalmente retirada.

El listón que Ayuso y el PP se habían impuesto sobre las denuncias de acoso es historia en la Asamblea de Madrid.

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“La denuncia objeto de la información carecía, a nuestra opinión, de sustento alguno, los órganos del partido funcionaron, el Comité de Hechos y Garantías actuó, analizó, investigó y archivó”. Con estas palabras ha zanjado este jueves el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, las explicaciones después de que a primera hora de este jueves El País publicara que el partido presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista.

Siempre según esa información, la concejala escribió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con el propio Serrano, y con la 'número tres' del PP de Madrid, Ana Millán, y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Pero nadie le respaldó, entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante.

“Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa”, ha dicho Serrano. Además, él ha remarcado que “en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona”. “Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal”, ha añadido.

Serrano se ha mostrado “sorprendido” con que la información de El País haya salido “15 meses después de la denuncia, coincidiendo con el primer pleno de la Asamblea, coincidiendo con la comparecencia de un acosador sobre el que sí hay denuncias muy fuertes por parte de diversas mujeres, como es el caso de Salazar [que comparece a primera hora en el Senado], el amigo, el estratega de la señora Pilar Alegría, en un momento, como digo, de un final de campaña de algo muy perjudicial para el Partido Socialista”.

“En cualquier caso, sí que les digo que no vamos a valorar conversaciones troceadas, entrecomilladas, extraídas de no se sabe dónde y no sabemos si manipuladas. Lo que sí les puedo asegurar, como secretario general del Partido Popular de Madrid, es que en esa reunión, que efectivamente sí existió, se le preguntó directamente si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado”, ha añadido.

Feijóo respalda el carpetazo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este jueves el carpetazo del PP de Madrid y ha asegurado que la mujer “tiene el deber de acudir a la Justicia”. “El PP de Madrid ha investigado, y después de investigar ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar”, ha dicho en declaraciones a los medios en Calanda (Teruel). “El Comité de Garantías [nacional] llamó a las personas afectadas y se mantuvo la investigación de Madrid como una investigación veraz”, ha añadido.

Feijóo se ha remitido a las declaraciones realizadas este jueves por la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su secretario general, Alfonso Serrano. “Hay un partido que investiga y se considera que no está probada esa conducta”, ha dicho sobre el teórico acoso de Bautista. “Sí hay indicios, de actúa; si no, se archiva”, ha añadido. Y ha zanjado: “Una mujer que denuncia tiene el deber de acudir a la Justicia”.

Serrano descarta dimisiones

Serrano, preguntado por posibles dimisiones en Móstoles o en el PP, ha respondido tajante: “Absolutamente descartado”. Además, ha afirmado que “esto no tiene nada que ver con los casos” de “la izquierda, por mucho que algunos traten de empatar”. “Aquí no se está hablando, como digo, de un caso de abuso o de acoso. Y por mucho que el PSOE trate ahora, en estos momentos, de aprovechar una denuncia de una concejala de Móstoles, eso no va a tapar que en estos momentos tienen a un, como digo, acosador del que existen en estos momentos denuncias claras”, ha añadido, de nuevo, en alusión a Salazar.

“Como digo, aquí lo que se nos traslada en un primer momento tiene que ver con disputas laborales dentro de lo que es una relación dentro de un grupo municipal. Nada que tenga que ver con abuso. Y repito, y había compañeras, fui yo el que le preguntó si estábamos hablando de un tema de acoso y de abuso, y se me dijo que no”, ha concluido.

Fuentes del PP de Móstoles recogidas por Europa Press ya habían apelado este jueves a la presunción de inocencia del alcalde al afirmar que el proceso fue “debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones”.

Más Madrid ha tomado acción este lunes para exigir el cese de Miguel Ángel Rodríguez, Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por las amenazas que profirió a elDiario.es en el año 2024, cuando este periódico acababa de publicar exclusivas sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las comisiones millonarias que cobró. El grupo ha registrado por ello una proposición no de ley que llega casi dos años después de que el medio de comunicación denunciara publicamente los mensajes de WhatsApp que dirigió Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Esther Palomera: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

Se produce, también, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que certifica que la Mesa de la Asamblea, presidida por el popular Enrique Ossorio, vulneró los derechos políticos de la oposición autonómica cuando vetó las preguntas de los diputados socialistas sobre estas intimidaciones a periodistas, entre otros asuntos, como el estado de la sanidad o el grupo Quirón.

Después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora la Asamblea tiene obligación de tramitar esta inicativa y debatirla. El grupo de la oposición ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea madrileña en la que, además de llamar a “destituir” de su cargo a Rodríguez, demanda que la Comunidad de Madrid comunique a elDiario.es “su rechazo a los mensajes enviados” por parte del jefe de gabinete“ así como su ”compromiso con la libertad de prensa“.

Más Madrid justifica esta petición basándose en el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, que implica al Jefe de Gabinete por tratarse de un alto cargo de la región, según explican en la exposición de motivos. Argumentan que Rodríguez habría incumplido la “ejemplaridad” que se exige de estos cargos, “evitando cualquier acción u omisión que vaya en menoscabo del prestigio de la Administración”.

Además, acusan a Miguel Ángel Rodríguez de incumplir los principios de “respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas” y el “trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas” del código ético. Por todo ello, el grupo autonómico insta al Gobierno de Ayuso a “comprometerse con la independencia de los medios de comunicación renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, especialmente cuando estén investigando o publicando informaciones sobre la Comunidad de Madrid y sus instituciones”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a ignorar este viernes el genocidio del gobierno israelí en Gaza en el acto de recuerdo con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes Contra la Humanidad que organizan la Asamblea regional y la Comunidad Judía madrileña.

Además de ensalzar al estado de Israel y su “defensa ante el terror, miedo y, peor aún, ese terrorismo que cuenta con las mejores campañas de blanqueamiento posible”, la presidenta madrileña ha advertido sobre lo “inquietante” de que “los movimientos totalitarios sigan trabajando hoy para instalar el odio a Israel y al pueblo judío con otros disfraces. Utilizando universidades, ciclos culturales, boicoteando espectáculos deportivos, los medios de comunicación, plataformas audiovisuales y empresas colonizadas. Todo con el mismo fin, un negocio político o económico”. 

Desde el comienzo de su comparecencia, se ha dirigido, entre otros, a los supervivientes del Holocausto y sus familiares, representantes de la comunidad judía de Madrid y a Dana Erlich, encargada de negocios de la embajada de Israel en España. Durante su discurso, Ayuso ha lamentado que, según ella, se estén utilizando fondos públicos para adoctrinar a menores en el antisemitismo. “Que nadie utilice a los niños y jóvenes como método para sembrar sociedades totalitarias en el futuro. Es inconcebible que esto pase y que encima se financie con dinero público”. Y ha añadido que “tampoco es concebible que tengamos que tener al pueblo judío o al de Israel en un tren o un barracón para entender su legítimo derecho a existir”.

La presidenta ha reivindicado que desde la Comunidad de Madrid, no se va a “contribuir” al “suicidio de nuestra civilización y del proyecto europeo”, pero sí a “recordar que cada vida es sagrada”. Asimismo, ha llamado a “no educar en el odio” y ha subrayado que “olvidar es el camino a estar perdido”

“El pueblo de Israel vive”, ha celebrado la madrileña antes de alabar el papel de “las aportaciones culturales, sociales, científicas, políticas y religiosas judías” sin las que España “no se puede entender”. “Somos parte de la misma historia”, ha añadido.

El último insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, ni siquiera sorprende a las asociaciones, a las que se refirió el pasado miércoles como “plataforma de frustrados”. María Jesús Valero, presidenta de '7291. Verdad y Justicia', cuenta que su reacción fue más bien la “risa”: “Lleva seis años menospreciándonos, insultándonos. No es de extrañar”.

Además, estos familiares responden a Ayuso recordándole a la presidenta sus “mentiras”. “Cuando decía que no existían protocolos, que no eran discriminatorios…”, recuerda Valero. O incluso la más reciente, desmentida este jueves en El País. Según este diario, el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia, y aún así “mintió”, reprochan desde la asociación.

Las plataformas consultas interpretan los últimos insultos de Ayuso –que se producen cuando comparece en los juzgados como imputado Carlos Mur, el alto cargo que firmó los 'protocolos de la vergüenza'– como un “desvío” de la atención, que debería dirigirse a “los malos tratos” que se siguen dando a los ancianos y a las trabajadoras en las residencias de la Comunidad de Madrid o a “los casos que ella misma tiene judicializados”.

Desde Marea de Residencias, su portavoz, Carmen López, entiende que el insulto de Ayuso responde a su “nerviosismo”. “Mur tira de la manta diciendo quiénes fueron los responsables”, y “su nombre puede aparecer”, añade.

Valero asegura que las descalificaciones no les afectan. De hecho, no es la primera ocasión en la que Ayuso carga contra estas entidades que llevan años inmersas en una ofensiva judicial para depurar responsabilidades políticas del Ejecutivo madrileño. Las ha calificado a como “chiringuito con políticos venidos a menos” o “resentidas”, unas declaraciones que se produjeron en un Pleno de la Asamblea celebrado en febrero de 2025, cuando la presidenta reprochó a Más Madrid que le atacaran “con las mismas mierdas”, aludiendo a los 7.291 fallecimientos en residencias durante la pandemia.

Más allá de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, los colectivos apuntan a sus acciones que, para ellos, brillan por su ausencia. “Más que frustrados, estamos indignados porque no hace nada por evitar que esto pueda volver a pasar en una nueva pandemia. Es triste tener a una presidenta que no esté a la altura”, denuncia López, de Marea de Residencias. Valero le exige “que se ocupe”, y le recuerda que “en el 2020 no se acabó el maltrato en la residencias”.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.