Margarita Galaz es seguidora de la Nueva Medicina Germánica, una pseudomedicina fundada por Ryke Geerd Hamer, un médico condenado en 1997 por ejercicio ilegal. La mujer, chilena de nacionalidad pero residente en Andalucía, se dedica a vender cursos online en los que ofrece consejo, 'formación' y seguimiento personal a enfermos de cáncer. En 2025, las hermanas de Fabiola Lorena Vega Espinoza (52 años) presentaron una querella por homicidio en Chile, después de su fallecimiento por cáncer de mama, que nunca fue tratado por recomendación de la curandera.

A esta querella se suma otra, también por homicidio y ejercicio ilegal de la medicina en Chile, así como una denuncia en España, que pone en conocimiento de las autoridades posibles delitos contra la salud pública, homicidio, asociación ilícita y amenazas graves y coacciones. La Unidad de Sectas Destructivas de la Policía Nacional investiga a la curandera y está “analizando” esta última novedad del caso, según confirman a elDiario.es.

Las teorías que publicita Galaz, según las cuales enfermedades como el cáncer son causadas por conflictos emocionales no resueltos, han resultado en que al menos tres mujeres hayan rechazado recibir tratamiento médico y fallecieran después de dolores extremos tras seguir sus consejos. Así lo certifican los relatos de las dos familias querellantes en Latinoamérica y del hijo de C.S., la asturiana de 76 años fallecida en 2025, según pudo confirmar elDiario.es. Es precisamente este último caso el que recoge la primera denuncia contra Galaz en España, que presentó el activista contra sectas Luis Labarga.

Se trata del único caso confirmado en España y es lo que alertó en primera instancia las autoridades españolas de las prácticas de la mujer. Sin embargo, la familia no ha tomado acciones legales por lo que ha sido este activista quien ha denunciado los hechos acogiéndose al artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este establece el deber de los ciudadanos de denunciar cuando tengan constancia de un delito: “Bajo ningún concepto se puede presionar a sus familiares para que denuncien a la gurú por homicidio si no se ven capaces, ya que entraríamos en una peligrosa revictimización para esas personas y se puede incrementar el daño aún más”, explica Labarga. Por eso, ha decidido utilizar esta fórmula que le permite alertar a las autoridades a pesar de no ser un perjudicado directo.

Según explica Maitane Morales, la abogada que le ha asesorado en este proceso, la denuncia “podría facilitar” una futura colaboración entre las autoridades chilenas y españolas para la extradición de Galaz si llegara a ser juzgada en Chile.

Galaz se presenta como fundadora de la llamada Comunidad Hameriana, una red de pago y canales de comunicación online a través de los que comercializa cursos, congresos, asesorías personalizadas y espacios de seguimiento para personas con cáncer. Desde Andalucía, donde reside desde hace años, difunde los postulados de la Nueva Medicina Germánica de Ryke Geerd Hamer. En sus páginas y redes sociales sostiene que “los tumores se forman cuando el cerebro da la orden porque son necesarios” y ofrece a los pacientes explorar el “por qué” y el “para qué” de su enfermedad, en lugar de recurrir a tratamientos oncológicos convencionales.

Según las familias afectadas, estas teorías se acompañan de una intensa labor de seguimiento a través de Telegram, videollamadas periódicas y grupos privados de 'pacientes' a los que ha tenido acceso este periódico.

El caso de Carolyn Ahumada, fallecida en 2021 a los 45 años, es la última novedad en el país latinoamericano. Según el relato de su madre y su hijo, que se expone en la querella por homicidio y ejercicio ilegal de la medicina, Ahumada fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio 2 en el año 2019. “En la búsqueda de medicinas alternativas, durante el primer trimestre de 2020, Carolyn conoció la medicina germánica. Entonces también conoció a Margarita Galaz y viajó a Santiago para conocerla personalmente y 'tratarse con ella'”, explican.

Acusan a Galaz de controlar la voluntad de la fallecida

Argumentan que en ese momento comenzó una “relación abusiva” entre Galaz y Ahumada. Durante meses, ella se negó a recibir tratamiento mientras su tumor avanzaba y su estado de salud empeoraba. Según su hijo, la curandera había “tomado control de la voluntad” de su madre a través de su discurso y “promesas falsas de mejoría”. En abril de 2021, la familia consiguió que Ahumada acudiera a un oncólogo, pero el diagnóstico confirmó que “su cáncer estaba muy avanzado y tenía su extremidad derecha inflamada, lo que comprometía los ganglios”, según el texto de la querella.

“Margarita le preguntó a Carolyn cómo estaba; Carolyn le respondió que tenía mucho dolor y le comentó que había asistido al oncólogo. Su respuesta fue drástica, por decir lo menos: ”Veo que me desobedeciste y por eso estás así“, señalándole que ya no podía hacer nada por ella”, afirman, añadiendo que para entonces Galaz tenía “pleno conocimiento” de que Ahumada “con razonable seguridad, iba a morir”. Sin embargo, aseguran que esta siguió determinándola a no aceptar tratamiento médico.

Fue por entonces cuando Margarita Galaz informó a Ahumada de que se mudaba a España y le prometió que se pondría en contacto con ella desde ahí, pero, según la querella, nunca lo hizo. La enferma empezó a presentar fiebres y deficiencia pulmonar, entre otras complicaciones. Ingresó entonces en el Instituto Nacional del Cáncer, pero acabó falleciendo el 31 de julio de 2021.

Sus familiares acusan a la 'chamana' de aprovecharse de la vulnerabilidad de Carolyn Ahumada para convencerla de que rechazara cualquier tratamiento médico, a pesar de que Galaz era consciente de su deterioro físico y mental y de la ineficacia de los métodos de la medicina germánica. Enmarcan los hechos dentro de una “relación abusiva entre una persona con poder de convencimiento, narcisismo y una clara vocación de líder espiritual y otra persona con su voluntad debilitada por sus circunstancias personales y por la grave enfermedad que le causaba dolores insoportables, con su estado mental alterado por estas condiciones”. El abogado que lleva la primera querella en Chile también se está ocupando del caso de Ahumada y ha pedido agrupar ambas en una sola causa.

En cuanto al caso en España, la denuncia de Labarga implica por primera vez a otro actor: José Luis Leyva, pareja de Galaz según expone el texto, y a quien sitúa como “el administrador de hecho de la red hameriana” en el país. Sin embargo, la causa presenta varias complicaciones para seguir adelante. Por un lado, como señala el activista, en España “no existe el delito de persuasión coercitiva como en Francia, con lo que la ”culpa“ recae en la víctima porque se supone que ha elegido esa opción” de tratamiento. Además, la ausencia de una denuncia formal por parte de la familia de la asturiana fallecida también podría suponer un obstáculo para el caso.

El aislamiento como táctica de manipulación: “Quiero que bloquees a todas tus hermanas”

La primera querella por homicidio contra Galaz fue presentada en Chile por las hermanas de Fabiola Lorena Vega Espinoza, fallecida en 2024 a los 52 años por un cáncer de mama que nunca trató médicamente. Según la acusación, Galaz convenció a su antigua compañera de universidad de que el origen de su tumor era el conflicto que mantenía con su familia y la fue aislando progresivamente de su entorno. Entre los mensajes que compartían la acusada y Fabiola, figuran instrucciones como “quiero que bloquees a todas tus hermanas” o advertencias como “si ahora te llevan al hospital, te van a hacer biopsia, te van a poner más suero de la cuenta” y “ahí yo voy a perder todo el contacto contigo para despedirnos”. La familia sostiene que la curandera “manipuló” la voluntad de Fabiola hasta impedir que aceptara atención médica y mantiene que, de haber seguido tratamiento, “hoy estaría viva”.

La asturiana C.S. y Fabiola coincidían en un grupo de Telegram denominado “SBS de mama”, creado por Galaz y formado por mujeres con ese diagnóstico, donde compartían reuniones telemáticas, experiencias, consultas sobre la enfermedad y fotografías en las que se comprobaba el estado muy avanzado de sus tumores. Según el testimonio de su hijo, rechazó las intervenciones dirigidas a tratar el tumor y pasó sus últimos meses con un fuerte deterioro físico, dolores intensos y metástasis extendidas por varios órganos.

El diputado de Vox José María Sánchez ha intervenido este jueves en el pleno del Congreso en el que se vota la toma en consideración de una reforma del reglamento de la Cámara que endurezca el castigo contra los diputados que tengan conductas como la de este, que fue expulsado del pleno el pasado mes de abril después de encararse con su vicepresidente, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y una letrada: “No es ninguna infracción subir al estrado a hablar”, ha asegurado.

“No hay ningún artículo que prohíba a los diputados acercarse ni subir a estrados”, ha defendido Sánchez, que sostiene que se aproximó a la Mesa para “hablar” y que no amedrentó a de Celis. “Esto no es un altar, aunque en por los últimos días parece ser que les hubiese gustado que lo fuera”, ha añadido. Para el ultraderechista, la propuesta que se vota hoy en el Congreso es una muestra del “totalitarismo democrático” que “caracteriza” al Gobierno.

Jose María Sánchez ha afirmado que detrás de esta votación existe una voluntad de “avasallar” a Vox, frente a lo cual, ha dicho, su grupo parlamentario aboga por “la libertad verdadera, no ese timo del PSOE y sus acompañantes.

El pasado mes de abril, el diputado intentó hacerse escuchar a gritos y sin solicitar formalmente la palabra para protestar por unos supuestos insultos que le dirigía un letrado de ERC, según afirmó Vox. Gómez de Celis no se la concedió y le llamó por primera vez al orden. Poco después, el diputado de Vox subió a la tribuna en la que se ubica la Mesa del Congreso para echar en cara a una de las letradas la situación, ante lo cual Gómez de Celis lo reconvino por segunda vez. Fue entonces cuando se enfrentó con el vicepresidente por su supuesta inacción ante esos supuestos insultos de ERC, lo que le valió la tercera y definitiva amonestación. Según el reglamento de la Cámara, tras una tercera llamada al orden no acatada por un diputado, la Presidencia está facultada a expulsarle de la sesión.

Segundo día del Papa en Madrid. Una multitud ha vuelto a acompañar este domingo a León XIV durante una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles. El pontífice ha aprovechado para lanzar otro recado a los ultras y denunciar a los que “se arrodillan ante Dios y desprecian a los hermanos”. Además, este domingo por la tarde se ha reunido con algunos de los rostros más conocidos de la cultura y el arte de nuestro país, como Antonio Banderas, la bailaora Sara Baras, la cantante Rozalén o la deportista Carolina Marín en un evento conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Siscar.

Sin embargo, no todo son luces en el viaje del Papa. Además de la polémica sobre la reunión con las víctimas de abusos en la Iglesia, que finalmente tendrá lugar este lunes a primera hora de la tarde, diversos colectivos, muy heterogéneos, se han posicionado en contra de la visita de León XIV. Te lo contamos aquí.

León XIV sigue cumpliendo su extensa agenda en este primer día de su viaje a España. En Madrid, el Papa inicia una gira de seis días que luego lo llevará a Barcelona y Canarias. En esta jornada, el Papa la ha comenzado siendo recibido en el aeropuerto por las autoridades españolas, para luego dar su primer discurso en el Palacio Real, donde ha alertado contra los “enfoques identitarios” y “divisivos” en medio del auge ultra en España.

En ese mismo discurso el rey ha recogido el guante en el Palacio Real y ha reconocido el “dolor causado” por los abusos en la Iglesia y ha asegurado que “no son representativos de la inmensa comunidad eclesial”. Un mensaje que no ha vuelto a repetir el Papa, aunque en el avión sí ha trasladado que que los casos de abusos en la Iglesia son “una llaga todavía abierta” y que “seguirá trabajando personalmente” para acabar con ellos. Aún no se conoce cuándo se desarrollará ni los detalles del encuentro con víctimas de pederastia que se anunció a última hora de la tarde del viernes.

Tras el discurso en el Palacio Real, el pontífice ha montado en el papamóvil para recorrer las principales calles de Madrid en su camino hacia la Nunciatura Apostólica, donde tiene su lugar de descanso. Ya en la tarde, León XIV ha visitado un centro de Cáritas para personas sin hogar en el barrio de Lucero para posteriormente dirigirse en el vehículo papal de a la vigilia con jóvenes en la plaza de Lima.

El PP de Juan Manuel Moreno Bonilla ha vuelto a ganar las elecciones andaluzas, pero ha perdido cinco escaños y la ansiada mayoría absoluta, por lo que su reelección depende de Vox. El PSOE se mantiene en segundo lugar con 28 escaños, dos menos que en 2022. La pelea a la izquierda del PSOE la lidera, por el momento, Adelante Andalucía, la formación anticapitalista que alcanza el ansiado sorpaso a Por Andalucía.

El episodio ocurrido el pasado martes en el Congreso cuando un diputado de Vox, José María Sánchez, subió a la tribuna de la Mesa para encararse con una letrada y con el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, “sólo ha pasado dos veces en la historia reciente, una con Tejero y otra con este diputado”, según ha denunciado el ministro Óscar López este miércoles. Además, ha exigido “consecuencias” para el diputado más allá de la expulsión de la Cámara durante una semana: “La Mesa tendrá que adoptar decisiones para coartar este tipo de acciones. Que apliquen el reglamento y que la sanción sea contundente”. Por su parte, preguntado por posibles medidas contra Sánchez, el vicepresidente del Congreso no ha concretado nada al respecto, “lo pensaremos”, ha asegurado.

El propio Gómez de Celis ha repetido en declaraciones a las puertas del Congreso la comparación con el golpista: “A muchas personas se nos viene a la cabeza la subida al estrado mucho más dramática que puso en jaque a la democracia español”, ha asegurado, añadiendo que, salvando las distancias entre los dos episodios, sí que ambos “tienen la misma ideología”. Acerca de la gravedad de este enfrentamiento, Gómez de Celis ha dicho que llegó a creer que acabaría en una disputa violenta: “No escuchaba muy bien al diputado porque lo que pensaba era por dónde me iba a terminar agrediendo físicamente”.

Por lo ocurrido, ha apelado al resto de fuerzas políticas “a reflexionar y ponernos firmes y serenos frente a la ultraderecha”, en especial al Partido Popular. Ha agradecido a las dos letradas del PP que le acompañaban en los momentos del enfrentamiento y que “estuvieron intentando que este acto no se produjera” y ha aprovechado para pedir a los populares que “reflexionen sobre la apertura de puertas que están haciendo a la ultraderecha en gobiernos autonómicos”.

En Vox, ha sido su portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, quien ha contestado a las preguntas de los medios en los pasillos manteniendo su postura sin probar de que las acciones de José María Sánchez fueron una respuesta a insultos un diputado de ERC ante los que la Mesa no actuó. “Los que se equivocan son los presidentes de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden”, ha afirmado. El martes, después del fin del pleno, Vox aseguró en un comunicado sin pruebas que el diputado de ERC Jordi Salvador había llamado “en dos ocasiones” a Sánchez “criminal y asesino”.

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado que la promotora Live Nation, un gigante que lleva las giras más importantes a nivel mundial, no tenía derecho a reclamar más de cuatro millones de euros a Robe Iniesta por la cancelación de la gira de despedida de Extremoduro. El fallo supone una victoria judicial póstuma para el cantante, fallecido el pasado 10 de diciembre a los 63 años. Según la sentencia, fue la propia empresa la que decidió dar por terminado el proyecto de forma unilateral, mientras el músico defendía aplazar los conciertos por las circunstancias sanitarias de la pandemia hasta que pudieran celebrarse. Con esta resolución del pasado 11 de marzo, el tribunal respalda la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona y condena a Live Nation al pago de las costas. Aun así, el fallo no es definitivo y puede ser recurrido.

El conflicto se originó tras la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro. La anunciaron en 2019 y tenían previsto subirse a los escenarios a partir de mayo de 2020. Había vendido cerca de 400.000 entradas para 14 conciertos, pero la irrupción de la pandemia obligó a posponer los espectáculos en varias ocasiones, lo que acabó desencadenando desacuerdos entre la promotora y el propio Iniesta.

Live Nation reclamaba 4,2 millones de euros: 1,3 millones como devolución de la fianza ya cobrada por el extremeño y 2,9 millones por supuestos daños y perjuicios. Sin embargo, el auto se pronuncia claramente en contra de la empresa, la cual asegura que “incumplió el pacto”, según especifica el auto. Argumentan que Robe quería llevar a cabo la gira “cuando las condiciones lo permitiesen”, pero se volvió imposible “cuando el 22 de julio de 2021 la parte recurrente, Live Nation, decidió dar por terminadas las negociaciones para celebrar en el futuro la gira de despedida de Extremoduro y procedió a devolver a los compradores el precio de las entradas”.

La Audiencia Provincial de Navarra detalla en su resolución otros aspectos del caso: “El hecho de que el demandado Sr. Iniesta en aquellas fechas estuviera también pensando en su gira en solitario, en absoluto implica que desechara la gira de Extremoduro”, declaran. Este razonamiento coincide con uno de los argumentos defendidos por el músico, que sostenía que, mientras no fuera posible celebrar los conciertos de Extremoduro en grandes recintos, optaría por desarrollar su proyecto en solitario, ya que este sí encajaba dentro de las limitaciones sanitarias al realizarse en espacios de menor tamaño. Las circunstancias de esta gira eran distintas: Podía estar adaptada a espacios más pequeños y permitida en ese momento, por lo que no implica —según la sentencia— que renunciara a la despedida de Extremoduro.

El caso también estuvo marcado por tensiones internas dentro del grupo. Iñaki “Uoho” Antón, guitarrista de la banda, se alineó con la postura de la promotora, aunque esta circunstancia no ha tenido impacto en la decisión judicial final, sino que, más bien, le ha beneficiado. Precisamente, aquellos desacuerdos dieron lugar a comunicados cruzados entre ambos por los que Live Nation acusó a Iniesta de difamación.

“Parece que tienen algún tipo de alergia a la palabra devolución. En el comunicado que sacaron, ni siquiera la mencionaban. Encima, querían que lo firmáramos conjuntamente. ¡Hace falta ser zoquetes! No ganan nada con esto, solo tocar los cojones. Y no creo que sea el mejor momento. Espero no tener que volver a reconvenirles”, denunciaba el cantante. De hecho, FACUA-Consumidores en Acción, denunció a la promotora, a la que acusó de dificultar el reembolso de las entradas de los conciertos tras la cancelación definitiva del evento. Ahora, el tribunal rechaza la acusación de difamación y considera que las palabras de Robe no eran constituyentes de delito.

Un misil lanzado desde Irán ha impactado este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos 39 heridos. Por su parte, Irán cifra en casi 21.000 los heridos por los ataques de Israel y Estados Unidos y condiciona el fin de la guerra al cese de ataques y a las garantías de no repetición. Donald Trump plantea este sábado algunas nuevas medidas en mitad del conflicto. Ante la escalada de precios del petróleo, la Administración que dirige ha levantado las sanciones sobre el crudo iraní varado en el mar. La medida se prolongará durante un mes. Además, el presidente se abre a reconsiderar que EEUU abandone su presencia en bases europeas por la negativa de la UE a colaborar en una operación militar en el estrecho de Ormuz.

En España, tras la tensión vivida el pasado viernes entre el Gobierno y sus socios de Sumar, el Ejecutivo confía en que el decreto anticrisis se apruebe. Pero, de momento, no todos los socios parlamentarios del Ejecutivo han dado su visto bueno, y la ratificación del paquete de 5.000 millones no está garantizada. El otro decreto, el que congela el precio del alquiler de viviendas, tiene más difícil lograr un apoyo suficiente.

El actor , director y productor estadounidense, Edward Norton, describió el pasado jueves un contexto global marcado por la sobreexposición constante a conflictos y crisis: “Sabemos que el mundo está jodido de formas sin precedentes en nuestras vidas”, aseguró en una entrevista en el Show de Stephen Colbert. “Pero al mismo tiempo, es muy difícil saber qué podemos hacer nosotros como individuos al respecto mientras avanzamos en nuestro día a día”, subrayó. Ante las dificultades para digerir y gestionar estas informaciones, Norton hacía un llamado a actuación: “Para mí, el único antídoto contra la ansiedad ha sido la acción . Ya saben, algún tipo de acción. Tenemos que alzar la voz en contra de la guerra, especialmente la guerra ilegal y asimétrica que se libra contra los civiles”.

El actor hizo referencia a algunos de los principales focos de tensión global que dominan la agenda informativa. Entre ellos, mencionó el genocidio en Gaza, donde Israel ha asesinado a más de 600 palestinos desde el alto al fuego: “Vemos cómo se nos transmite un genocidio en vivo”, aseguró. Mencionaba también el conflicto en Ucrania, que continúa tras la invasión rusa iniciada en 2022, la situación en Sudán, sumido en una guerra interna que ha derivado en desplazamientos masivos y una emergencia humanitaria de gran escala y hablaba además de la situación en su propio país: “Vemos a ciudadanos estadounidenses siendo asesinados por grupos paramilitares en nuestras propias calles por solidarizarse con sus vecinos. Sabemos que de alguna manera es bueno saber lo que realmente está pasando, saber lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, en Sudán y en Minneapolis”, refiriéndose a las actuaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Además, Norton aludía al escándalo relacionado con Jeffrey Epstein y la publicación parcial de documentos durante la administración de Donald Trump: “Estamos viendo cómo se nos dosifican los abusos de Epstein”. Además, estas palabras en contra del gobierno de Estados Unidos, vienen después de conocerse que el Departamento de Justicia ocultó y eliminó algunos archivos de Epstein relacionados con Trump.

Ante esta saturación de noticias trágicas, Norton advirtió sobre los efectos del consumo constante de noticias: “Si me dedico a consumir noticias negativas compulsivamente y me quedo ahí, puedo caer en un pozo oscuro”. En otro momento de la conversación, Norton volvió a insistir en la necesidad de actuar como respuesta a la ansiedad: “Creo que para mí el único antídoto contra la ansiedad ha sido la acción”. Para ello, el intérprete reivindica el papel de cine, manteniendo su “convicción” de que las películas “no son una frivolidad que no podamos permitirnos en este momento”.

El secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha puesto este viernes el foco directamente en el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, después de que este jueves, el Gobierno de la Comunidad de Madrid filtrara los correos electrónicos de la denunciante del presunto acoso por parte del alcalde Móstoles, Manuel Bautista. López ha cuestionado el origen de la revelación de datos personales y ha apuntado a un posible delito, al tratarse de una denunciante que debería haber estado protegida. “Yo quiero saber de dónde salen esas informaciones”, ha asegurado López, “porque otra vez huele todo a Miguel Ángel Rodríguez”.

El dirigente socialista ha apuntado a la gravedad de haber hecho públicos datos personales de una víctima de acoso y ha reclamado explicaciones inmediatas, dejando abierta la vía judicial. “No descartamos ninguna acción”, ha afirmado. “En el día de ayer [por el jueves] se publicaron los datos personales de la denunciante. ¿Quién los ha hecho públicos? ¿Quién ha mandado sus datos? ¿Está lejos de eso el señor Rodríguez? ¿Quién ha cometido la osadía de mandar denuncias de una mujer poniendo sus datos personales? ¿Quién ha hecho eso? Es muy grave.”

López ve la filtración de los correos como una estrategia de persecución a la víctima, “porque en este caso ha habido una persona que, parece ser, ha sufrido un acoso por parte del alcalde, y no solamente no se la está defendiendo, se la está persiguiendo. Se están filtrando sus datos y se está amparando al acosador”. Por este encubrimiento, el socialista ha reprochado a Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo su “hipocresía” al llevar meses señalando a su partido por el caso Salazar. “Le pido al PP que se aplique todo lo que lleva diciendo durante meses”, ha reclamado.

El líder del PSOE madrileño también ha cargado contra la decisión del PP de dar por cerrado el caso sin escuchar a la denunciante, algo que calificó como un ejemplo de lo que no debe hacerse ante una denuncia por acoso. “Es más, el Partido Popular dice que ha archivado el caso sin haber citado a la denunciante. No la han escuchado a la denunciante. Es que es todo un protocolo de lo que no hay que hacer en un caso de estos. No se escucha a quien denuncia. Se ampara al denunciado”.

Isabel Díaz Ayuso se había colocado su propio listón en diciembre de 2025. En ese mismo escenario, en la Asamblea de Madrid, a raíz de que elDiario.es publicase las denuncias de acoso de varias subordinadas contra el socialista Paco Salazar, la presidenta de Madrid clamó en el parlamento regional contra la portavoz del PSOE, Mar Espinar: “Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, ¿a quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi [un conocido actor porno]? ¿Cuál es el siguiente? Pero, ¿qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres? Si lo hacen así con sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal. Usted no salió de ninguna urna, usted no salió de ningún congreso, la pusieron a dedo los señoros de La Moncloa, aquellos que acosaron a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y pedían verles el escote, que borraron todas las denuncias de los canales de acoso”.

Y continuaba: “¿Cómo es posible que no haya dicho una sola palabra clara de la defensa de las mujeres, de las políticas de su propio partido? No digamos de las del resto, a las que no sabe valorar por el trabajo que realizamos. Con quién duermo, mi sofá, dónde se supone que vivo... Son profundamente machistas. ¿Cómo puede ser tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa? Teme acabar como Tomás Gómez, Leguina, Nicolás Redondo, Felipe González, Lambán, Page.. ¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a ese entorno tan machista, cuánto tiempo va a vivir del feminismo de pancarta y haciendo negocio con las mujeres? Soy socialista porque soy feminista, ¡anda ya!”

Fue el pasado 11 de diciembre. En el escaño de detrás, su número dos, Alfonso Serrano, aplaudía eufórico.

Apenas dos meses más tarde, Ayuso y Serrano se enfrentaban a otra sesión parlamentaria. Esta vez en los titulares sobre un caso de acoso, adelantado por El País, estaban ellos mismos pero en otro papel. Según la denuncia interna presentada por una edil de Móstoles, no hicieron nada cuando pidió ayuda al partido, en marzo de 2024, para erradicar el acoso sexual y laboral que sufría por parte del alcalde popular, Manuel Bautista. Según el relato de la mujer, Ayuso no la recibió pero encargó la gestión del caso a sus escuderos en el partido, el propio Serrano y su amiga, la número 3, Ana Millán secretaria de Organización. Ambos la presionaron para que no denunciase en una reunión celebrada el 11 de marzo.

Por el medio, Ayuso, que en 9 meses nunca recibió a la edil, citó en su despacho en la Puerta del Sol al regidor mostoleño. Oficialmente, para hablar de proyectos de gobierno relacionados con la ciudad. Ese era el contexto cuando Ayuso y Serrano se presemtaron en la Asamblea de Madrid este jueves, en que se reiniciaba el periódo de sesiones tras el parón navideño con la sesión de control al Gobierno.

Todos los portavoces de la oposición citaron el caso de Móstoles. A Isabel Pérez-Moniño, de Vox, no le contestó. Al Partido Socialista y a Más Madrid, Díaz Ayuso les mentó “las saunas” del suegro de Pedro Sánchez para acabar concluyendo que se trata de un “caso fabricado contra el Partido Popular”. Restó credibilidad a la excompañera de partido que acudió a ella solicitando auxilio, a diferencia de lo que hizo con las denuncias presentadas contra el dirigente socialista. “Yo no vengo aquí a hacerle la campaña a Pilar Alegría que se está hundiendo en Aragón mientras Salazar está yendo al Senado y están utilizando un caso fabricado contra el Partido Popular”, replicó a la dirigente del PSOE cuando esta le recordó todo lo que le había dicho en el pleno de diciembre a propósito del caso Salazar. Espinar llamó directamente “mala persona” a Ayuso, por colocarse siempre del lado equivocado. Le acusó de mandar a “sus secuaces” para decirle que mejor “la boquita cerrada” a una mujer que se había dirigido a ella para pedirle ayuda.

La presidenta madrileña esta vez casi no aludió al tema. Se limitó a responder a Más Madrid, cuando Manuela Bergerot se solidarizó con la exconcejal del PP y le pidió colocarse del lado de la víctima, que también ella tenía “presunción de inocencia”. “Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?”.

Bergerot le hizo ver que en un caso de acoso sexual y laboral, Ayuso no es la víctima. E igual que Espinar le recordó que en lugar de haber atendido a la edil, se reunió con su presunto agresor. La portavoz de Más Madrid también le reprochó haber “mandado a esos dos”, mientras señalaba a la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, y al propio Serrano. Pero Ayuso ya no respondió. Sí lo hizo, en su nombre, el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, en una intervención que tendría que estar dirigida a la presidenta regional. Pache usó su segundo turno para atacar a la oposición. “Quieren empatar la desvergüenza socialista y de la izquierda con una noticia de unos supuestos hechos que se produjeron cuando la presidenta ni siquiera era presidenta, cuando Bautista no era ni siquiera candidato en Móstoles, y después de instruir el expediente no había ninguna prueba. Ustedes dicen que tiene que creerse a las mujeres, pero solo son mujeres a las que hay que creer las que ustedes quieren utilizar políticamente, porque Ayuso no es mujer, Millán no es mujer... Solo son mujeres que hay que creer las que ustedes quieren utilizar”. A su lado, Alfonso Serrano arrancó a aplaudir, como el resto de la bancada popular.

Minutos antes, en los pasillos de la Asamblea, también el secretario general del PP había cuestionado el relato de su concejal en Móstoles. “La denuncia objeto de la información carecía de sustento alguno, los órganos del partido funcionaron, el Comité de Hechos y Garantías actuó, analizó, investigó y archivó”. “Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa”, ha dicho Serrano. Además, él ha remarcado que “en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona”. “Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal”, añadió.

A diferencia de lo que manifestó Díaz Pache desde su escaño, lo que dice el escrito presentado por la edil del PP que denunció el acoso, sin que nadie en el partido le arropase, es que su año de calvario por no acceder a las pretensiones sexuales del regidor de Móstoles, empezó en mayo de 2023 cuando era candidato, Ayuso presidenta, y que se extendió durante los meses siguientes.

A lo largo del Pleno, diputados del PSOE y Más Madrid, recordaron el episodio en sus preguntas parlamentarias, mientras los dirigentes del PP, sacaban a colación el negocio de saunas del suegro ya fallecido de Pedro Sánchez y la denuncia por agresión sexual contra el exdirigente de Más Madrid, que fue finalmente retirada.

El listón que Ayuso y el PP se habían impuesto sobre las denuncias de acoso es historia en la Asamblea de Madrid.

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“La denuncia objeto de la información carecía, a nuestra opinión, de sustento alguno, los órganos del partido funcionaron, el Comité de Hechos y Garantías actuó, analizó, investigó y archivó”. Con estas palabras ha zanjado este jueves el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, las explicaciones después de que a primera hora de este jueves El País publicara que el partido presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista.

Siempre según esa información, la concejala escribió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con el propio Serrano, y con la 'número tres' del PP de Madrid, Ana Millán, y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Pero nadie le respaldó, entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante.

“Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa”, ha dicho Serrano. Además, él ha remarcado que “en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona”. “Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal”, ha añadido.

Serrano se ha mostrado “sorprendido” con que la información de El País haya salido “15 meses después de la denuncia, coincidiendo con el primer pleno de la Asamblea, coincidiendo con la comparecencia de un acosador sobre el que sí hay denuncias muy fuertes por parte de diversas mujeres, como es el caso de Salazar [que comparece a primera hora en el Senado], el amigo, el estratega de la señora Pilar Alegría, en un momento, como digo, de un final de campaña de algo muy perjudicial para el Partido Socialista”.

“En cualquier caso, sí que les digo que no vamos a valorar conversaciones troceadas, entrecomilladas, extraídas de no se sabe dónde y no sabemos si manipuladas. Lo que sí les puedo asegurar, como secretario general del Partido Popular de Madrid, es que en esa reunión, que efectivamente sí existió, se le preguntó directamente si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado”, ha añadido.

Feijóo respalda el carpetazo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este jueves el carpetazo del PP de Madrid y ha asegurado que la mujer “tiene el deber de acudir a la Justicia”. “El PP de Madrid ha investigado, y después de investigar ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar”, ha dicho en declaraciones a los medios en Calanda (Teruel). “El Comité de Garantías [nacional] llamó a las personas afectadas y se mantuvo la investigación de Madrid como una investigación veraz”, ha añadido.

Feijóo se ha remitido a las declaraciones realizadas este jueves por la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su secretario general, Alfonso Serrano. “Hay un partido que investiga y se considera que no está probada esa conducta”, ha dicho sobre el teórico acoso de Bautista. “Sí hay indicios, de actúa; si no, se archiva”, ha añadido. Y ha zanjado: “Una mujer que denuncia tiene el deber de acudir a la Justicia”.

Serrano descarta dimisiones

Serrano, preguntado por posibles dimisiones en Móstoles o en el PP, ha respondido tajante: “Absolutamente descartado”. Además, ha afirmado que “esto no tiene nada que ver con los casos” de “la izquierda, por mucho que algunos traten de empatar”. “Aquí no se está hablando, como digo, de un caso de abuso o de acoso. Y por mucho que el PSOE trate ahora, en estos momentos, de aprovechar una denuncia de una concejala de Móstoles, eso no va a tapar que en estos momentos tienen a un, como digo, acosador del que existen en estos momentos denuncias claras”, ha añadido, de nuevo, en alusión a Salazar.

“Como digo, aquí lo que se nos traslada en un primer momento tiene que ver con disputas laborales dentro de lo que es una relación dentro de un grupo municipal. Nada que tenga que ver con abuso. Y repito, y había compañeras, fui yo el que le preguntó si estábamos hablando de un tema de acoso y de abuso, y se me dijo que no”, ha concluido.

Fuentes del PP de Móstoles recogidas por Europa Press ya habían apelado este jueves a la presunción de inocencia del alcalde al afirmar que el proceso fue “debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones”.

Más Madrid ha tomado acción este lunes para exigir el cese de Miguel Ángel Rodríguez, Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por las amenazas que profirió a elDiario.es en el año 2024, cuando este periódico acababa de publicar exclusivas sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las comisiones millonarias que cobró. El grupo ha registrado por ello una proposición no de ley que llega casi dos años después de que el medio de comunicación denunciara publicamente los mensajes de WhatsApp que dirigió Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Esther Palomera: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

Se produce, también, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que certifica que la Mesa de la Asamblea, presidida por el popular Enrique Ossorio, vulneró los derechos políticos de la oposición autonómica cuando vetó las preguntas de los diputados socialistas sobre estas intimidaciones a periodistas, entre otros asuntos, como el estado de la sanidad o el grupo Quirón.

Después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora la Asamblea tiene obligación de tramitar esta inicativa y debatirla. El grupo de la oposición ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea madrileña en la que, además de llamar a “destituir” de su cargo a Rodríguez, demanda que la Comunidad de Madrid comunique a elDiario.es “su rechazo a los mensajes enviados” por parte del jefe de gabinete“ así como su ”compromiso con la libertad de prensa“.

Más Madrid justifica esta petición basándose en el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, que implica al Jefe de Gabinete por tratarse de un alto cargo de la región, según explican en la exposición de motivos. Argumentan que Rodríguez habría incumplido la “ejemplaridad” que se exige de estos cargos, “evitando cualquier acción u omisión que vaya en menoscabo del prestigio de la Administración”.

Además, acusan a Miguel Ángel Rodríguez de incumplir los principios de “respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas” y el “trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas” del código ético. Por todo ello, el grupo autonómico insta al Gobierno de Ayuso a “comprometerse con la independencia de los medios de comunicación renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, especialmente cuando estén investigando o publicando informaciones sobre la Comunidad de Madrid y sus instituciones”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a ignorar este viernes el genocidio del gobierno israelí en Gaza en el acto de recuerdo con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes Contra la Humanidad que organizan la Asamblea regional y la Comunidad Judía madrileña.

Además de ensalzar al estado de Israel y su “defensa ante el terror, miedo y, peor aún, ese terrorismo que cuenta con las mejores campañas de blanqueamiento posible”, la presidenta madrileña ha advertido sobre lo “inquietante” de que “los movimientos totalitarios sigan trabajando hoy para instalar el odio a Israel y al pueblo judío con otros disfraces. Utilizando universidades, ciclos culturales, boicoteando espectáculos deportivos, los medios de comunicación, plataformas audiovisuales y empresas colonizadas. Todo con el mismo fin, un negocio político o económico”. 

Desde el comienzo de su comparecencia, se ha dirigido, entre otros, a los supervivientes del Holocausto y sus familiares, representantes de la comunidad judía de Madrid y a Dana Erlich, encargada de negocios de la embajada de Israel en España. Durante su discurso, Ayuso ha lamentado que, según ella, se estén utilizando fondos públicos para adoctrinar a menores en el antisemitismo. “Que nadie utilice a los niños y jóvenes como método para sembrar sociedades totalitarias en el futuro. Es inconcebible que esto pase y que encima se financie con dinero público”. Y ha añadido que “tampoco es concebible que tengamos que tener al pueblo judío o al de Israel en un tren o un barracón para entender su legítimo derecho a existir”.

La presidenta ha reivindicado que desde la Comunidad de Madrid, no se va a “contribuir” al “suicidio de nuestra civilización y del proyecto europeo”, pero sí a “recordar que cada vida es sagrada”. Asimismo, ha llamado a “no educar en el odio” y ha subrayado que “olvidar es el camino a estar perdido”

“El pueblo de Israel vive”, ha celebrado la madrileña antes de alabar el papel de “las aportaciones culturales, sociales, científicas, políticas y religiosas judías” sin las que España “no se puede entender”. “Somos parte de la misma historia”, ha añadido.

El último insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, ni siquiera sorprende a las asociaciones, a las que se refirió el pasado miércoles como “plataforma de frustrados”. María Jesús Valero, presidenta de '7291. Verdad y Justicia', cuenta que su reacción fue más bien la “risa”: “Lleva seis años menospreciándonos, insultándonos. No es de extrañar”.

Además, estos familiares responden a Ayuso recordándole a la presidenta sus “mentiras”. “Cuando decía que no existían protocolos, que no eran discriminatorios…”, recuerda Valero. O incluso la más reciente, desmentida este jueves en El País. Según este diario, el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia, y aún así “mintió”, reprochan desde la asociación.

Las plataformas consultas interpretan los últimos insultos de Ayuso –que se producen cuando comparece en los juzgados como imputado Carlos Mur, el alto cargo que firmó los 'protocolos de la vergüenza'– como un “desvío” de la atención, que debería dirigirse a “los malos tratos” que se siguen dando a los ancianos y a las trabajadoras en las residencias de la Comunidad de Madrid o a “los casos que ella misma tiene judicializados”.

Desde Marea de Residencias, su portavoz, Carmen López, entiende que el insulto de Ayuso responde a su “nerviosismo”. “Mur tira de la manta diciendo quiénes fueron los responsables”, y “su nombre puede aparecer”, añade.

Valero asegura que las descalificaciones no les afectan. De hecho, no es la primera ocasión en la que Ayuso carga contra estas entidades que llevan años inmersas en una ofensiva judicial para depurar responsabilidades políticas del Ejecutivo madrileño. Las ha calificado a como “chiringuito con políticos venidos a menos” o “resentidas”, unas declaraciones que se produjeron en un Pleno de la Asamblea celebrado en febrero de 2025, cuando la presidenta reprochó a Más Madrid que le atacaran “con las mismas mierdas”, aludiendo a los 7.291 fallecimientos en residencias durante la pandemia.

Más allá de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, los colectivos apuntan a sus acciones que, para ellos, brillan por su ausencia. “Más que frustrados, estamos indignados porque no hace nada por evitar que esto pueda volver a pasar en una nueva pandemia. Es triste tener a una presidenta que no esté a la altura”, denuncia López, de Marea de Residencias. Valero le exige “que se ocupe”, y le recuerda que “en el 2020 no se acabó el maltrato en la residencias”.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Parece simple. Después de 30 años reclamando un instituto público en el barrio de Aravaca —un barrio plagado de centros privados y concertados— el IES Ana Frank ya está preparado para recibir al alumnado. La obra se terminó el año pasado y los profesores ya tienen sus plazas adjudicadas; solo falta que se abran las puertas. Sin embargo, todas las mañanas desde hace casi siete años, las familias dejan a sus hijos e hijas en la puerta del colegio, donde, en vez de entrar, esperan a un autobús que les lleva a otro centro.

Este viernes, decenas de padres, madres y jóvenes se han concentrado frente a esa verja que permanece cerrada para exigir, una vez más, que el IES Ana Frank deje de ser un “instituto fantasma” y se cumpla la demanda histórica de un centro público. “Estamos rodeados de ofertas privadas, pero este es un colegio para todos”, subraya Fabiana Aguilar, presidenta de la AMPA y madre de una alumna de segundo de la ESO.

Debajo de sus paraguas, tapándose de la lluvia unos a otros, tanto padres y madres del Ana Frank como vecinos que arrastran la lucha por un instituto público en su barrio desde hace décadas están hartos de la espera. “Ya llevamos siete años, siete navidades. Estamos muy, muy cansados”, expresa Aguilar. En su caso, además de su hija pequeña, que está actualmente matriculada en el centro, la mayor también pasó por el “instituto fantasma” y se graduó el año pasado. Aunque en su diploma figura el nombre del IES Ana Frank, nunca se sentó en sus aulas y pasó por tres centros distintos. La única vez que pisó sus instalaciones fue en la graduación, cuando, excepcionalmente, se dejó entrar al alumnado en el gimnasio para la “triste” ceremonia, como la describen algunos padres.

Ante la demanda de un centro público en una zona plagada de concertados y privados, la Consejería de Educación llegó en 2019 a una solución algo estrambótica: creó el IES Ana Frank únicamente como figura jurídica, sin edificio. El instituto no existía físicamente. La idea era que funcionara provisionalmente utilizando espacios cedidos por otro centro educativo mientras se construía el nuevo inmueble, que supuestamente estaría listo para el curso siguiente. Fue en aquel año cuando la hija mayor de Fabiana y sus compañeros se matricularon en el centro: “Han hecho toda su trayectoria aquí y no han podido nunca ver su instituto construido. Y ahora que parece que valió la pena, cada vez dilatan más la recta final y no entendemos por qué”, explica la madre.

Han pasado casi siete años desde entonces y, aunque el edificio ya está en pie, sigue cerrado por “supuestos trámites pendientes con las contratas eléctricas”, según señalan las familias. Para la comunidad educativa, la explicación no resulta convincente: “Si es un papel y ellos son la administración, ¿por qué no lo firman?, ¿por qué no venimos aquí? Creemos que les da igual tener un instituto nuevo, pero a nosotros no”, asegura la presidenta de la AMPA.

Arrastran una solución provisional que se hace insoportable

La rutina diaria del alumnado sigue marcada por los desplazamientos. “Tienen que venir aquí, justo a la puerta, y aquí les recoge un autobús que les lleva a donde están ahora mismo, que es una escuela oficial de idiomas”, explica Beatriz Sahuar, madre de un alumno de segundo de la ESO. El trayecto, lejos de ser puntual, se alarga cada mañana: “Hay mucho tráfico y tardan de 30 minutos a una hora”, subraya. Aunque las familias conocían la situación al matricular a sus hijos, la provisionalidad se ha convertido en algo crónico: “Sabíamos cuál era la situación, pero contábamos con que la apertura era inminente. Esperábamos que este curso, en septiembre, ya empezarían aquí”, señala.

Frente a este contexto de promesas incumplidas y de constante desplazamiento del alumnado —que obliga a más de doscientos estudiantes a viajar cada día fuera de su barrio para recibir educación secundaria— la reivindicación apunta también a una cuestión de igualdad de oportunidades: “Hay una oferta de colegios privados y concertados espectacular, pero no hay una oferta de enseñanza pública secundaria en un municipio en el que hay un montón de chavales que quieren seguir estudiando”, defiende Sahuar.

“Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”

Gretel Zamudio es madre de una joven de segundo de Bachillerato y, si el Ana Frank no abre antes de que se acabe el curso, ella formaría parte de la “segunda generación del instituto fantasma”, describe Zamudio. Destaca lo satisfecha que está la comunidad educativa del barrio con la calidad de la enseñanza de este centro, que tiene sus propios profesores y directora, a quienes considera “excelentes”, pero lamenta que sus hijos “no hayan tenido la misma experiencia que otros chicos en el Bachillerato. Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”.

Desde 2019, el Ana Frank se ha visto afectado en distintos momentos por problemas administrativos y de gestión, incluida la tramitación de la parcela y la firma de convenios con el Ayuntamiento. Esta falta de avances ha mantenido al IES en una situación de provisionalidad durante varios cursos escolares, con alumnado cursando sus estudios en instalaciones ajenas o adaptadas, lo que ha tenido un impacto directo en la conciliación y en la vida cotidiana de las familias: “Venir acá todos los padres por la mañana, media hora antes para que puedan llegar… no es fácil para la familia, no es lindo, no es agradable”, apunta Aguilar.

En diciembre de 2023, la Comunidad de Madrid anunció la licitación de las obras para construir un nuevo edificio para el IES Ana Frank, con una inversión estimada en torno a 7,6 millones de euros y la intención de ofrecer alrededor de 380 plazas entre ESO y Bachillerato, con finalización prevista para 2025. Hoy, las familias y asociaciones consideran que los plazos no se han cumplido ni se ha dado una respuesta satisfactoria ante los continuos retrasos y la prolongada provisionalidad. “Ya tuvimos la paciencia que había que tener. No nos pueden decir que no luchamos por un instituto en este barrio”, concluye la presidenta de la AMPA.

No es la primera manifestación por un centro público en Aravaca a la que acude Celia, que ahora ha pasado a primero de la ESO y también está matriculada en el Ana Frank: “Hace muchos años ya vinimos a una manifestación para que lo hicieran y yo pensaba que cuando me tocara ir ya estaría hecho. Incluso este verano tenía esa expectativa”, cuenta. Su padre, Daniel, añade que el proyecto educativo fue lo que les atrajo de este centro, que está cerca de su casa y además es bilingüe: “Nos habían prometido que estaría listo. Si hubiésemos sabido que no lo iba a estar, nos lo habríamos pensado”, asegura.

Más de cinco autobuses han llegado durante la pasada madrugada y parte de la mañana a la estación de Atocha-Almudena Grandes de Madrid. Tres de ellos transportaban a los viajeros de los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) que habían partido de la estación madrileña. Según han informado Samur y Suma 112, desde que tuvieron noticias del incidente se pusieron a disposición de Renfe y Adif para desplegar un dispositivo de atención a afectados y familiares, con un equipo psicosocial formado por psicólogos y varias unidades de atención sanitaria que han trasladado a cuatro heridos leves para ser atendidos en hospitales de la capital.

La de este lunes ha sido una mañana de nerviosismo, carreras e incertidumbre para muchos pasajeros. A mediodía el equipo de Samur se retirba para pasar a una fase de mayor “normalidad”, aunque pendientes de posibles novedades, según ha informado su supervisor de guardia, Juan José Jiménez Mediavilla. El Suma 112 permanece para seguir ofreciendo apoyo psicológico y mantendrá una unidad asistencial.

Los psicólogos desplegados han atendido a alrededor de una veintena de personas y desde los primeros momentos han trabajado en la instalación de salas de atención a familiares, donde han realizado la asistencia tanto a afectados como a quienes llegaban buscando noticias de los viajeros. “Hemos intentado, dentro de lo duro del momento, transmitir la máxima normalidad y tranquilidad a los ciudadanos. Entonces intentamos que el equipo de psicólogos sea muy discreto y que hable con ellos con la máxima intimidad para intentar dar el mayor calor que podamos”, explica Almudena Crespo Ruiz, jefa de guardia de Suma 112. “Ha habido momentos bonitos de familias que se han reencontrado, que venían de otros autobuses, gente que nos cuenta que ha ayudado a otras personas en el accidente y quería saber cómo estaba esa persona”, asegura.

Según ha relatado Samur, desde primera hora han ido llegando los primeros familiares a la estación en busca de noticias: “Las primeras familias que llegaron sí tenían más problemas de contactar. Había gente que llegó corriendo a la estación a primerísima hora y todavía es verdad que faltaba información y modo de contactar”, ha contado Jiménez Mediavilla, que ha atendido a decenas de medios de comunicación expectantes. Crespo Ruiz ha destacado el “miedo y la angustia” que se ha vivido en el lugar: “Había una señora, por ejemplo, que no sabía nada de su hermano y empezó a somatizar con la angustia que tenía”.

“He decidido venir a ayudar”

La oficina de información al viajero ha sido el punto donde se juntaban la mayoría de pasajeros que buscaban alternativas esta mañana para llegar a Andalucía. Allí, entre nervios, dudas, prisas y preguntas, el personal de la estación ha intentado ofrecer soluciones. Algunos han podido viajar en los mismos autobuses que venían de Adamuz y volvían hacia Córdoba. Otros han encontrado alternativas improvisadas.

Antonio llegaba esta mañana a Atocha y se acercaba al lugar ofreciendo ocho plazas en su furgoneta camino a Córdoba: “He escuchado en la radio que había muchos muertos y he decidido venir para ayudar. Decían que había mucho lío con todo y voy a llevar a ocho personas a Córdoba de manera altruista; si en Córdoba hay otras ocho personas que tengan que venir a Madrid, pues me los traigo para acá”.

Una de las pasajeras que le seguía era Emilia, que tenía programado un tren hoy a Córdoba. “Estaba preocupada por cómo llegar, pero más que nada estoy conmocionada, porque si lo hubiera cogido hace solo unas horas, podría haber estado yo en ese tren y el accidente ha sido gravísimo. Eso es lo que me tiene más angustiada”, ha contado. Detrás de ella esperan sentadas decenas de personas pendientes de alternativas para llegar a sus destinos.

Los pasajeros que llegan a estas horas a Atocha y quienes han viajado o tenían programado trasladarse en uno de los trenes afectados comparten la angustia de haberse visto cerca de la tragedia. Es el caso de Diana e Iciar, madre e hija, que viajaban la pasada tarde en un tren entre Madrid y Huelva, cinco minutos antes del Alvia accidentado con el mismo trayecto: “Todo el viaje se desarrolló con normalidad hasta las 19.30 o 20.00 horas, cuando empecé a escuchar a alguna compañera de vagón que decía que su hija estaba en el tren de Madrid a Huelva y que había descarrilado”, explica Diana.

“Ya una vez en Sevilla, que sería como 30 minutos más tarde, tuvimos más noticias por parte de esa señora. Su hija le contó que parecía que había algún fallecido y que estaban muy nerviosos porque no podían salir de los vagones”. No fue hasta unas horas después cuando supieron de la magnitud del accidente. “Impresiona mucho, es un tren que cogemos nosotros y nuestros familiares dos o tres veces al mes. Es una suerte no haber estado en ese tren, pero un susto y una pena terrible por todos los que iban ahí”, añade Iciar.

Agustina, muy nerviosa, es una de las que esperan a un autobús que le lleve hasta Córdoba. Es argentina y cuenta que esta es la primera vez que viaja a Europa. Ella y su acompañante planeaban ir hasta Sevilla para coger un avión a Italia: “Es la primera vez que cogemos aquí el tren y pasa esto. Pero la gente está ayudando mucho. Nos acaban de ofrecer un autobús para poder llegar al menos a Córdoba y viajar a Sevilla por nuestra cuenta como podamos”.

Los vecinos de la calle Letonia de Tres Cantos, frente a la urbanización Residencial Báltico y cerca de las calles Hungría y Dinamarca, siguen pasando frío. Irónicamente, estos pisos públicos pertenecientes al Plan Vive de la Comunidad de Madrid llevan varias semanas con incidencias en el servicio de aerotermia, gestionado por la empresa Acenz, la misma que operaba en otros pisos del programa de alquiler “asequible” en Getafe que denunciaban problemas con el agua caliente las pasadas navidades. Pero el frío es solo una de muchas quejas que señalan estos vecinos de Tres Cantos: facturas inasumibles para muchos, defectos en la construcción o el jardín, puertas abiertas día y noche —que aseguran que favorecen que se produzcan robos— y una cláusula ilegal por la que la Asociación de Vecinos Letonia llevará a los juzgados a Tarvos, la empresa dueña del inmueble. 

Todos los inquilinos del Plan Vive pagan, entre otras tasas e impuestos, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se trata de una cláusula que ya señaló la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un informe el pasado mes de mayo por contravenir “la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa de vivienda protegida”. Además, es algo por lo que ya protestaron varios de los inquilinos de las 140 primeras viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Alcorcón, en 2024. Pero esta es la primera vez que unos vecinos se enfrentarán a Tarvos en los juzgados para defender que la cláusula “es ilegal y abusiva”, según asegura uno de los abogados que llevará su caso, Javier Ledesma. 

Los vecinos de 62 de estas viviendas reclamarán la devolución de este importe de IBI que se les ha cobrado durante los dos últimos años, casi 30.000 euros según el abogado. En su defensa, se basarán principalmente en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2023 que declaró la nulidad de esta cláusula en unos pisos públicos de Aragón. “Establece que en las viviendas de protección oficial, las únicas cantidades que se pueden exigir son la renta y los costes reales de los servicios prestados”, algo que no incluye impuestos como el IBI, explica Ledesma. Contactada por este periódico, Tarvos ha decidido no hacer ninguna declaración al respecto.

La demanda no señalará a la Comunidad de Madrid como responsable en este caso, pero el abogado apunta que sí tendría “la posibilidad de decir expresamente que estas cuantías por IBI no pueden ser cobradas al arrendatario”. Algo que se podría establecer en el pliego de condiciones, asegura. Según la Consejería de Vivienda, “la Dirección General de Vivienda ha exigido que se compense a los afectados los perjuicios ocasionados durante el periodo en el que se produjeron las penalidades” y añaden que “la Comunidad de Madrid continuará vigilante y, en el supuesto de que las incidencias no queden definitivamente solucionadas, no dudará en apercibir a la concesionaria y, si procede, aplicar las penalizaciones correspondientes, garantizando así la defensa del interés general y los derechos de los adjudicatarios”.

El importe exacto que pagan al mes por el IBI, así como los gastos comunitarios, varía según el piso. Adrián Alarcón, secretario de la Asociación de Vecinos Letonia, vive en un piso de dos habitaciones por el que asegura que paga un alquiler mensual de 890 euros. Se trata de un piso de 60 metros cuadrados en el que viven dos personas. Sin embargo, a este alquiler que se promociona como asequible hay que añadirle el IBI —unos 60 euros al mes en el caso de Adrián— y los gastos de comunidad, que acaban sumando 1.090 euros. Eso, sin contar las facturas de aerotermia, agua, luz… 

Denuncian facturas de aerotermia desorbitadas

Cuando estos vecinos no pasan frío por el mal funcionamiento de la calefacción —del que algunos se siguen quejando después de que Acenz y Sogeviso, la gestora de los alquileres, dijeran que estaba solucionado— lo pasan por no poder permitirse el coste de las facturas. Algunos vecinos como Kamil Pozezynski o el Presidente de la Asociación de Vecinos, Gonzalo Ruiz, aseguran que llegan a los 150 euros, por lo que muchos deciden apagarla y comprar calefactores eléctricos para pasar el invierno. 

El precio del servicio de aerotermia es todavía más llamativo cuando se compara con las tasas que pagan los vecinos de la calle Emilio Tuñón, también del Plan Vive y a tan solo 10 minutos de la calle Letonia. En su caso, es la empresa Ness quien se encarga de suministrarlo y las tasas que pagan estos inquilinos son casi la mitad de lo que pagan en Letonia con la empresa Acenz. ¿Por qué encargar a esta empresa que suministre el servicio mientras existe otra con una oferta más competitiva?

Gonzalo Ruiz señala la relación entre Acenz y Avintia, el grupo que gestiona la conserjería, limpieza y otros servicios del edificio. Esta última es cocreadora de Acenz, por lo que, señala, “todo el dinero se va a Avintia”. Queda todo en casa. “Mucha gente lo que está haciendo con repulsa es dejarla apagada y este mes va a devolver el recibo”, añade Ruiz. De hecho, la comunidad de vecinos inició por su cuenta una consulta para proponer cambiar de empresa de aerotermia y la mayoría ha votado a favor.

Acenz niega que se hayan repetido los problemas con su servicio y aseguran que su equipo “ha estado pendiente en todo momento de esta incidencia puntual”, por lo que “el servicio quedó totalmente restablecido desde el pasado día 30 de diciembre”. Además, añaden que el consumo medio de las 209 viviendas del proyecto de Tres Cantos es de 50,03 euros mensuales o 600,36 anuales. “Este importe incluye los servicios de calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria y el mantenimiento de sus instalaciones en régimen de garantía total. Incluye, además, el IVA. Un importe infinitamente inferior a la media nacional que, por los mismos conceptos, se sitúa en los 1.300 euros anuales y que solo es posible gracias al sistema constructivo aplicado, el modelo industrializado, que garantiza los máximos estándares de calidad y eficiencia energética”. En cuanto a la relación de la empresa con el grupo Avintia, aseguran que no tienen vinculación alguna “más allá de la lógica relación profesional” y “no existe dependencia jerárquica, funcional u orgánica de aquella organización respecto de esta”.

Adnane Jirrari es otro vecino de Letonia. Para pagar su alquiler en un piso de tres habitaciones en el que vive con su pareja y sus dos hijos, tiene dos trabajos: entre semana, lleva una hormigonera, y durante el fin de semana es empleado de limpieza en un ayuntamiento. Cuenta que paga 1.600 euros al mes, incluyendo gastos de comunidad, agua y luz. Él es uno de los vecinos que no encienden la calefacción “por el susto” que se podía llevar con la factura. “Los vecinos se empezaron a quejar de que les salía muy caro. Así que he comprado calefactores eléctricos y estoy apañado con eso”.

Césped levantado, culebras en el jardín y otros defectos del inmueble

Pero otros servicios por los que pagan, como la jardinería, tampoco se libran de las críticas. Gonzalo Ruiz, no ve a dónde han ido a parar los 9.000 euros que asegura que gastó la comunidad en este servicio durante todo el año 2025, mientras que el jardín se ve descuidado, solo se desbrozó una vez en todo el año, e incluso cuenta que el pasado verano llegaron a ver culebras entre las hierbas. Esta misma semana se solucionó un problema que llevaban arrastrando desde septiembre, según Ruiz. Una parte significativa del césped artificial que rodea la piscina se había levantado. Algo que desde entonces se ha tenido que intentar remediar poniendo ladrillos por encima para mantenerlo pegado al suelo.

En el interior del edificio también tiene algunos defectos. Pequeñas humedades en los pasillos, por ejemplo, o tuberías, cables y contadores al descubierto en el techo. Hasta tres en uno de los edificios del bloque. Además, una de las grandes quejas de los vecinos tiene que ver con la seguridad. Varias puertas de acceso a la comunidad permanecen las 24 horas abiertas, así como algunas de las que dan acceso a los edificios o el garaje. “Tenemos una comunidad muy abierta”, ironiza Jirrari. Algunas de las cerraduras tienen un defecto por el que basta con empujar de la puerta para que se abra sin más, y Ruiz achaca varios robos del año pasado a esto. “Robaron ruedas de un coche, un Audi, que vale cada rueda casi 1.000 euros. Luego también robaron un volante de un BMW, y rayaron varios coches”, recuerda.

la gestora de los alquileres, Sogeviso, sostiene que los problemas con la aerotermia “quedaron solucionados” y añade que “las posibles incidencias puntuales están trasladadas tanto a la mantenedora como a la constructora para su resolución, como habitualmente. En cuanto a otros asuntos, por supuesto actuaremos como enlace con la Concesionaria, Tarvos, de todas las peticiones de los residentes para responder lo antes posible”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cierra sus vacaciones navideñas en América este jueves en Buenos Aires, donde se ha reunido con el presidente argentino, Javier Milei. La madrileña ha disfrutado de los primeros días de 2026 en Uruguay junto a su novio, Alberto González Amador, con quien se le ha visto en unas fotos publicadas por el actor Diego Boneta en sus redes sociales. En ellas, se ve a la pareja disfrutando en el cumpleaños de la novia del actor, Renata Notni.

Desde el Gobierno regional han explicado que se trata “de una visita de carácter personal, que incide en las buenas relaciones de los dos dirigentes que mantienen desde hace años”. Y apuntan que “en la reunión han tratado distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre la Argentina y la Comunidad de Madrid”.

Tanto Milei como Ayuso han celebrado en los últimos días el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, por parte de EEUU. El argentino fue uno de los primeros líderes mundiales en celebrar el ataque sobre Caracas el pasado sábado: “Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera”, expresó el mandatario, que listó una serie de acusaciones contra Maduro incluyendo interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONG “para impulsar la izquierda radical en el mundo”, vínculos con Irán, Hizbulá y Hamás, financiamiento de la guerrilla colombiana y “conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos”.

“Por la libertad”, ha escrito Díaz Ayuso en un post en X en el que ha compartido una fotografía en la que se la ve con Javier Milei. Una fotografía que también ha difundido la Casa Rosada, aunque en esta se ve también una réplica de la conocida motosierra del presidente de Argetina.

Por su parte, Díaz Ayuso no ha dejado pasar la oportunidad dentro del panorama internacional para señalar al Gobierno de Pedro Sánchez. En el tono y con los términos que recuerdan a la retórica del argentino, la presidenta afirmó en sus redes sociales: “Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo”, afirmó el pasado domingo la dirigente autonómica a través de sus redes sociales, después de que Sánchez condenara “con rotundidad” el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y reiterara su defensa del derecho internacional.

Al igual que Milei, Ayuso se mostró feliz por la detención de Maduro y aseguró que “grandes potencias como China, Irán o Rusia” le han permitido estar en el poder mientras lucraban “con la sangre del pueblo de Venezuela” utilizando el petróleo y el narcotráfico. Según la presidenta regional, es “una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, ya que, aseguraba, devolverá la “democracia” al país de la mano de “la Nobel de la Paz María Corina Machado”, a la que veía como “líder indiscutible” en Venezuela. Una visión que se tambalea después de tomar posesión Delcy Rodríguez con la complacencia de Donald Trump. “El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados”, añadió.

Milei y Ayuso se reunirán sobre las 10:00 hora local, 14:00 horas en España. Esta visita se suma a los encuentros que mantuvieron en 2024 y 2025, ambos en Madrid. La primera ocasión fue en junio de 2024, cuando Díaz Ayuso otorgó al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Un año después, se reunieron nuevamente en la capital española previo al discurso de Milei en el Madrid Economic Forum.