El episodio ocurrido el pasado martes en el Congreso cuando un diputado de Vox, José María Sánchez, subió a la tribuna de la Mesa para encararse con una letrada y con el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, “sólo ha pasado dos veces en la historia reciente, una con Tejero y otra con este diputado”, según ha denunciado el ministro Óscar López este miércoles. Además, ha exigido “consecuencias” para el diputado más allá de la expulsión de la Cámara durante una semana: “La Mesa tendrá que adoptar decisiones para coartar este tipo de acciones. Que apliquen el reglamento y que la sanción sea contundente”. Por su parte, preguntado por posibles medidas contra Sánchez, el vicepresidente del Congreso no ha concretado nada al respecto, “lo pensaremos”, ha asegurado.

El propio Gómez de Celis ha repetido en declaraciones a las puertas del Congreso la comparación con el golpista: “A muchas personas se nos viene a la cabeza la subida al estrado mucho más dramática que puso en jaque a la democracia español”, ha asegurado, añadiendo que, salvando las distancias entre los dos episodios, sí que ambos “tienen la misma ideología”. Acerca de la gravedad de este enfrentamiento, Gómez de Celis ha dicho que llegó a creer que acabaría en una disputa violenta: “No escuchaba muy bien al diputado porque lo que pensaba era por dónde me iba a terminar agrediendo físicamente”.

Por lo ocurrido, ha apelado al resto de fuerzas políticas “a reflexionar y ponernos firmes y serenos frente a la ultraderecha”, en especial al Partido Popular. Ha agradecido a las dos letradas del PP que le acompañaban en los momentos del enfrentamiento y que “estuvieron intentando que este acto no se produjera” y ha aprovechado para pedir a los populares que “reflexionen sobre la apertura de puertas que están haciendo a la ultraderecha en gobiernos autonómicos”.

En Vox, ha sido su portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, quien ha contestado a las preguntas de los medios en los pasillos manteniendo su postura sin probar de que las acciones de José María Sánchez fueron una respuesta a insultos un diputado de ERC ante los que la Mesa no actuó. “Los que se equivocan son los presidentes de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden”, ha afirmado. El martes, después del fin del pleno, Vox aseguró en un comunicado sin pruebas que el diputado de ERC Jordi Salvador había llamado “en dos ocasiones” a Sánchez “criminal y asesino”.

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado que la promotora Live Nation, un gigante que lleva las giras más importantes a nivel mundial, no tenía derecho a reclamar más de cuatro millones de euros a Robe Iniesta por la cancelación de la gira de despedida de Extremoduro. El fallo supone una victoria judicial póstuma para el cantante, fallecido el pasado 10 de diciembre a los 63 años. Según la sentencia, fue la propia empresa la que decidió dar por terminado el proyecto de forma unilateral, mientras el músico defendía aplazar los conciertos por las circunstancias sanitarias de la pandemia hasta que pudieran celebrarse. Con esta resolución del pasado 11 de marzo, el tribunal respalda la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona y condena a Live Nation al pago de las costas. Aun así, el fallo no es definitivo y puede ser recurrido.

El conflicto se originó tras la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro. La anunciaron en 2019 y tenían previsto subirse a los escenarios a partir de mayo de 2020. Había vendido cerca de 400.000 entradas para 14 conciertos, pero la irrupción de la pandemia obligó a posponer los espectáculos en varias ocasiones, lo que acabó desencadenando desacuerdos entre la promotora y el propio Iniesta.

Live Nation reclamaba 4,2 millones de euros: 1,3 millones como devolución de la fianza ya cobrada por el extremeño y 2,9 millones por supuestos daños y perjuicios. Sin embargo, el auto se pronuncia claramente en contra de la empresa, la cual asegura que “incumplió el pacto”, según especifica el auto. Argumentan que Robe quería llevar a cabo la gira “cuando las condiciones lo permitiesen”, pero se volvió imposible “cuando el 22 de julio de 2021 la parte recurrente, Live Nation, decidió dar por terminadas las negociaciones para celebrar en el futuro la gira de despedida de Extremoduro y procedió a devolver a los compradores el precio de las entradas”.

La Audiencia Provincial de Navarra detalla en su resolución otros aspectos del caso: “El hecho de que el demandado Sr. Iniesta en aquellas fechas estuviera también pensando en su gira en solitario, en absoluto implica que desechara la gira de Extremoduro”, declaran. Este razonamiento coincide con uno de los argumentos defendidos por el músico, que sostenía que, mientras no fuera posible celebrar los conciertos de Extremoduro en grandes recintos, optaría por desarrollar su proyecto en solitario, ya que este sí encajaba dentro de las limitaciones sanitarias al realizarse en espacios de menor tamaño. Las circunstancias de esta gira eran distintas: Podía estar adaptada a espacios más pequeños y permitida en ese momento, por lo que no implica —según la sentencia— que renunciara a la despedida de Extremoduro.

El caso también estuvo marcado por tensiones internas dentro del grupo. Iñaki “Uoho” Antón, guitarrista de la banda, se alineó con la postura de la promotora, aunque esta circunstancia no ha tenido impacto en la decisión judicial final, sino que, más bien, le ha beneficiado. Precisamente, aquellos desacuerdos dieron lugar a comunicados cruzados entre ambos por los que Live Nation acusó a Iniesta de difamación.

“Parece que tienen algún tipo de alergia a la palabra devolución. En el comunicado que sacaron, ni siquiera la mencionaban. Encima, querían que lo firmáramos conjuntamente. ¡Hace falta ser zoquetes! No ganan nada con esto, solo tocar los cojones. Y no creo que sea el mejor momento. Espero no tener que volver a reconvenirles”, denunciaba el cantante. De hecho, FACUA-Consumidores en Acción, denunció a la promotora, a la que acusó de dificultar el reembolso de las entradas de los conciertos tras la cancelación definitiva del evento. Ahora, el tribunal rechaza la acusación de difamación y considera que las palabras de Robe no eran constituyentes de delito.

Un misil lanzado desde Irán ha impactado este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos 39 heridos. Por su parte, Irán cifra en casi 21.000 los heridos por los ataques de Israel y Estados Unidos y condiciona el fin de la guerra al cese de ataques y a las garantías de no repetición. Donald Trump plantea este sábado algunas nuevas medidas en mitad del conflicto. Ante la escalada de precios del petróleo, la Administración que dirige ha levantado las sanciones sobre el crudo iraní varado en el mar. La medida se prolongará durante un mes. Además, el presidente se abre a reconsiderar que EEUU abandone su presencia en bases europeas por la negativa de la UE a colaborar en una operación militar en el estrecho de Ormuz.

En España, tras la tensión vivida el pasado viernes entre el Gobierno y sus socios de Sumar, el Ejecutivo confía en que el decreto anticrisis se apruebe. Pero, de momento, no todos los socios parlamentarios del Ejecutivo han dado su visto bueno, y la ratificación del paquete de 5.000 millones no está garantizada. El otro decreto, el que congela el precio del alquiler de viviendas, tiene más difícil lograr un apoyo suficiente.

El actor , director y productor estadounidense, Edward Norton, describió el pasado jueves un contexto global marcado por la sobreexposición constante a conflictos y crisis: “Sabemos que el mundo está jodido de formas sin precedentes en nuestras vidas”, aseguró en una entrevista en el Show de Stephen Colbert. “Pero al mismo tiempo, es muy difícil saber qué podemos hacer nosotros como individuos al respecto mientras avanzamos en nuestro día a día”, subrayó. Ante las dificultades para digerir y gestionar estas informaciones, Norton hacía un llamado a actuación: “Para mí, el único antídoto contra la ansiedad ha sido la acción . Ya saben, algún tipo de acción. Tenemos que alzar la voz en contra de la guerra, especialmente la guerra ilegal y asimétrica que se libra contra los civiles”.

El actor hizo referencia a algunos de los principales focos de tensión global que dominan la agenda informativa. Entre ellos, mencionó el genocidio en Gaza, donde Israel ha asesinado a más de 600 palestinos desde el alto al fuego: “Vemos cómo se nos transmite un genocidio en vivo”, aseguró. Mencionaba también el conflicto en Ucrania, que continúa tras la invasión rusa iniciada en 2022, la situación en Sudán, sumido en una guerra interna que ha derivado en desplazamientos masivos y una emergencia humanitaria de gran escala y hablaba además de la situación en su propio país: “Vemos a ciudadanos estadounidenses siendo asesinados por grupos paramilitares en nuestras propias calles por solidarizarse con sus vecinos. Sabemos que de alguna manera es bueno saber lo que realmente está pasando, saber lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, en Sudán y en Minneapolis”, refiriéndose a las actuaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Además, Norton aludía al escándalo relacionado con Jeffrey Epstein y la publicación parcial de documentos durante la administración de Donald Trump: “Estamos viendo cómo se nos dosifican los abusos de Epstein”. Además, estas palabras en contra del gobierno de Estados Unidos, vienen después de conocerse que el Departamento de Justicia ocultó y eliminó algunos archivos de Epstein relacionados con Trump.

Ante esta saturación de noticias trágicas, Norton advirtió sobre los efectos del consumo constante de noticias: “Si me dedico a consumir noticias negativas compulsivamente y me quedo ahí, puedo caer en un pozo oscuro”. En otro momento de la conversación, Norton volvió a insistir en la necesidad de actuar como respuesta a la ansiedad: “Creo que para mí el único antídoto contra la ansiedad ha sido la acción”. Para ello, el intérprete reivindica el papel de cine, manteniendo su “convicción” de que las películas “no son una frivolidad que no podamos permitirnos en este momento”.

El secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha puesto este viernes el foco directamente en el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, después de que este jueves, el Gobierno de la Comunidad de Madrid filtrara los correos electrónicos de la denunciante del presunto acoso por parte del alcalde Móstoles, Manuel Bautista. López ha cuestionado el origen de la revelación de datos personales y ha apuntado a un posible delito, al tratarse de una denunciante que debería haber estado protegida. “Yo quiero saber de dónde salen esas informaciones”, ha asegurado López, “porque otra vez huele todo a Miguel Ángel Rodríguez”.

El dirigente socialista ha apuntado a la gravedad de haber hecho públicos datos personales de una víctima de acoso y ha reclamado explicaciones inmediatas, dejando abierta la vía judicial. “No descartamos ninguna acción”, ha afirmado. “En el día de ayer [por el jueves] se publicaron los datos personales de la denunciante. ¿Quién los ha hecho públicos? ¿Quién ha mandado sus datos? ¿Está lejos de eso el señor Rodríguez? ¿Quién ha cometido la osadía de mandar denuncias de una mujer poniendo sus datos personales? ¿Quién ha hecho eso? Es muy grave.”

López ve la filtración de los correos como una estrategia de persecución a la víctima, “porque en este caso ha habido una persona que, parece ser, ha sufrido un acoso por parte del alcalde, y no solamente no se la está defendiendo, se la está persiguiendo. Se están filtrando sus datos y se está amparando al acosador”. Por este encubrimiento, el socialista ha reprochado a Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo su “hipocresía” al llevar meses señalando a su partido por el caso Salazar. “Le pido al PP que se aplique todo lo que lleva diciendo durante meses”, ha reclamado.

El líder del PSOE madrileño también ha cargado contra la decisión del PP de dar por cerrado el caso sin escuchar a la denunciante, algo que calificó como un ejemplo de lo que no debe hacerse ante una denuncia por acoso. “Es más, el Partido Popular dice que ha archivado el caso sin haber citado a la denunciante. No la han escuchado a la denunciante. Es que es todo un protocolo de lo que no hay que hacer en un caso de estos. No se escucha a quien denuncia. Se ampara al denunciado”.

Isabel Díaz Ayuso se había colocado su propio listón en diciembre de 2025. En ese mismo escenario, en la Asamblea de Madrid, a raíz de que elDiario.es publicase las denuncias de acoso de varias subordinadas contra el socialista Paco Salazar, la presidenta de Madrid clamó en el parlamento regional contra la portavoz del PSOE, Mar Espinar: “Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, ¿a quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi [un conocido actor porno]? ¿Cuál es el siguiente? Pero, ¿qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres? Si lo hacen así con sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal. Usted no salió de ninguna urna, usted no salió de ningún congreso, la pusieron a dedo los señoros de La Moncloa, aquellos que acosaron a sus compañeras, que se subían la bragueta en su cara y pedían verles el escote, que borraron todas las denuncias de los canales de acoso”.

Y continuaba: “¿Cómo es posible que no haya dicho una sola palabra clara de la defensa de las mujeres, de las políticas de su propio partido? No digamos de las del resto, a las que no sabe valorar por el trabajo que realizamos. Con quién duermo, mi sofá, dónde se supone que vivo... Son profundamente machistas. ¿Cómo puede ser tan dócil como mujer ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa? Teme acabar como Tomás Gómez, Leguina, Nicolás Redondo, Felipe González, Lambán, Page.. ¿Cuánto va a tragar usted por un puesto que le debe a ese entorno tan machista, cuánto tiempo va a vivir del feminismo de pancarta y haciendo negocio con las mujeres? Soy socialista porque soy feminista, ¡anda ya!”

Fue el pasado 11 de diciembre. En el escaño de detrás, su número dos, Alfonso Serrano, aplaudía eufórico.

Apenas dos meses más tarde, Ayuso y Serrano se enfrentaban a otra sesión parlamentaria. Esta vez en los titulares sobre un caso de acoso, adelantado por El País, estaban ellos mismos pero en otro papel. Según la denuncia interna presentada por una edil de Móstoles, no hicieron nada cuando pidió ayuda al partido, en marzo de 2024, para erradicar el acoso sexual y laboral que sufría por parte del alcalde popular, Manuel Bautista. Según el relato de la mujer, Ayuso no la recibió pero encargó la gestión del caso a sus escuderos en el partido, el propio Serrano y su amiga, la número 3, Ana Millán secretaria de Organización. Ambos la presionaron para que no denunciase en una reunión celebrada el 11 de marzo.

Por el medio, Ayuso, que en 9 meses nunca recibió a la edil, citó en su despacho en la Puerta del Sol al regidor mostoleño. Oficialmente, para hablar de proyectos de gobierno relacionados con la ciudad. Ese era el contexto cuando Ayuso y Serrano se presemtaron en la Asamblea de Madrid este jueves, en que se reiniciaba el periódo de sesiones tras el parón navideño con la sesión de control al Gobierno.

Todos los portavoces de la oposición citaron el caso de Móstoles. A Isabel Pérez-Moniño, de Vox, no le contestó. Al Partido Socialista y a Más Madrid, Díaz Ayuso les mentó “las saunas” del suegro de Pedro Sánchez para acabar concluyendo que se trata de un “caso fabricado contra el Partido Popular”. Restó credibilidad a la excompañera de partido que acudió a ella solicitando auxilio, a diferencia de lo que hizo con las denuncias presentadas contra el dirigente socialista. “Yo no vengo aquí a hacerle la campaña a Pilar Alegría que se está hundiendo en Aragón mientras Salazar está yendo al Senado y están utilizando un caso fabricado contra el Partido Popular”, replicó a la dirigente del PSOE cuando esta le recordó todo lo que le había dicho en el pleno de diciembre a propósito del caso Salazar. Espinar llamó directamente “mala persona” a Ayuso, por colocarse siempre del lado equivocado. Le acusó de mandar a “sus secuaces” para decirle que mejor “la boquita cerrada” a una mujer que se había dirigido a ella para pedirle ayuda.

La presidenta madrileña esta vez casi no aludió al tema. Se limitó a responder a Más Madrid, cuando Manuela Bergerot se solidarizó con la exconcejal del PP y le pidió colocarse del lado de la víctima, que también ella tenía “presunción de inocencia”. “Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?”.

Bergerot le hizo ver que en un caso de acoso sexual y laboral, Ayuso no es la víctima. E igual que Espinar le recordó que en lugar de haber atendido a la edil, se reunió con su presunto agresor. La portavoz de Más Madrid también le reprochó haber “mandado a esos dos”, mientras señalaba a la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, y al propio Serrano. Pero Ayuso ya no respondió. Sí lo hizo, en su nombre, el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, en una intervención que tendría que estar dirigida a la presidenta regional. Pache usó su segundo turno para atacar a la oposición. “Quieren empatar la desvergüenza socialista y de la izquierda con una noticia de unos supuestos hechos que se produjeron cuando la presidenta ni siquiera era presidenta, cuando Bautista no era ni siquiera candidato en Móstoles, y después de instruir el expediente no había ninguna prueba. Ustedes dicen que tiene que creerse a las mujeres, pero solo son mujeres a las que hay que creer las que ustedes quieren utilizar políticamente, porque Ayuso no es mujer, Millán no es mujer... Solo son mujeres que hay que creer las que ustedes quieren utilizar”. A su lado, Alfonso Serrano arrancó a aplaudir, como el resto de la bancada popular.

Minutos antes, en los pasillos de la Asamblea, también el secretario general del PP había cuestionado el relato de su concejal en Móstoles. “La denuncia objeto de la información carecía de sustento alguno, los órganos del partido funcionaron, el Comité de Hechos y Garantías actuó, analizó, investigó y archivó”. “Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa”, ha dicho Serrano. Además, él ha remarcado que “en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona”. “Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal”, añadió.

A diferencia de lo que manifestó Díaz Pache desde su escaño, lo que dice el escrito presentado por la edil del PP que denunció el acoso, sin que nadie en el partido le arropase, es que su año de calvario por no acceder a las pretensiones sexuales del regidor de Móstoles, empezó en mayo de 2023 cuando era candidato, Ayuso presidenta, y que se extendió durante los meses siguientes.

A lo largo del Pleno, diputados del PSOE y Más Madrid, recordaron el episodio en sus preguntas parlamentarias, mientras los dirigentes del PP, sacaban a colación el negocio de saunas del suegro ya fallecido de Pedro Sánchez y la denuncia por agresión sexual contra el exdirigente de Más Madrid, que fue finalmente retirada.

El listón que Ayuso y el PP se habían impuesto sobre las denuncias de acoso es historia en la Asamblea de Madrid.

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“La denuncia objeto de la información carecía, a nuestra opinión, de sustento alguno, los órganos del partido funcionaron, el Comité de Hechos y Garantías actuó, analizó, investigó y archivó”. Con estas palabras ha zanjado este jueves el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, las explicaciones después de que a primera hora de este jueves El País publicara que el partido presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista.

Siempre según esa información, la concejala escribió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con el propio Serrano, y con la 'número tres' del PP de Madrid, Ana Millán, y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Pero nadie le respaldó, entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante.

“Es falso que el Partido Popular de Madrid presionara a nadie para tapar absolutamente nada. En el Partido Popular de Madrid ni se tapa ni se ocultan denuncias. Las tramitamos, se instruyen y cuando corresponde se actúa”, ha dicho Serrano. Además, él ha remarcado que “en este caso se ha mantenido un escrupuloso respeto y seguimiento de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona”. “Esto no se nos presenta como un caso de acoso sexual o de abuso, sino como una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal”, ha añadido.

Serrano se ha mostrado “sorprendido” con que la información de El País haya salido “15 meses después de la denuncia, coincidiendo con el primer pleno de la Asamblea, coincidiendo con la comparecencia de un acosador sobre el que sí hay denuncias muy fuertes por parte de diversas mujeres, como es el caso de Salazar [que comparece a primera hora en el Senado], el amigo, el estratega de la señora Pilar Alegría, en un momento, como digo, de un final de campaña de algo muy perjudicial para el Partido Socialista”.

“En cualquier caso, sí que les digo que no vamos a valorar conversaciones troceadas, entrecomilladas, extraídas de no se sabe dónde y no sabemos si manipuladas. Lo que sí les puedo asegurar, como secretario general del Partido Popular de Madrid, es que en esa reunión, que efectivamente sí existió, se le preguntó directamente si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado”, ha añadido.

Feijóo respalda el carpetazo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado este jueves el carpetazo del PP de Madrid y ha asegurado que la mujer “tiene el deber de acudir a la Justicia”. “El PP de Madrid ha investigado, y después de investigar ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar”, ha dicho en declaraciones a los medios en Calanda (Teruel). “El Comité de Garantías [nacional] llamó a las personas afectadas y se mantuvo la investigación de Madrid como una investigación veraz”, ha añadido.

Feijóo se ha remitido a las declaraciones realizadas este jueves por la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su secretario general, Alfonso Serrano. “Hay un partido que investiga y se considera que no está probada esa conducta”, ha dicho sobre el teórico acoso de Bautista. “Sí hay indicios, de actúa; si no, se archiva”, ha añadido. Y ha zanjado: “Una mujer que denuncia tiene el deber de acudir a la Justicia”.

Serrano descarta dimisiones

Serrano, preguntado por posibles dimisiones en Móstoles o en el PP, ha respondido tajante: “Absolutamente descartado”. Además, ha afirmado que “esto no tiene nada que ver con los casos” de “la izquierda, por mucho que algunos traten de empatar”. “Aquí no se está hablando, como digo, de un caso de abuso o de acoso. Y por mucho que el PSOE trate ahora, en estos momentos, de aprovechar una denuncia de una concejala de Móstoles, eso no va a tapar que en estos momentos tienen a un, como digo, acosador del que existen en estos momentos denuncias claras”, ha añadido, de nuevo, en alusión a Salazar.

“Como digo, aquí lo que se nos traslada en un primer momento tiene que ver con disputas laborales dentro de lo que es una relación dentro de un grupo municipal. Nada que tenga que ver con abuso. Y repito, y había compañeras, fui yo el que le preguntó si estábamos hablando de un tema de acoso y de abuso, y se me dijo que no”, ha concluido.

Fuentes del PP de Móstoles recogidas por Europa Press ya habían apelado este jueves a la presunción de inocencia del alcalde al afirmar que el proceso fue “debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones”.

Más Madrid ha tomado acción este lunes para exigir el cese de Miguel Ángel Rodríguez, Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por las amenazas que profirió a elDiario.es en el año 2024, cuando este periódico acababa de publicar exclusivas sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las comisiones millonarias que cobró. El grupo ha registrado por ello una proposición no de ley que llega casi dos años después de que el medio de comunicación denunciara publicamente los mensajes de WhatsApp que dirigió Miguel Ángel Rodríguez a la periodista Esther Palomera: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”.

Se produce, también, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que certifica que la Mesa de la Asamblea, presidida por el popular Enrique Ossorio, vulneró los derechos políticos de la oposición autonómica cuando vetó las preguntas de los diputados socialistas sobre estas intimidaciones a periodistas, entre otros asuntos, como el estado de la sanidad o el grupo Quirón.

Después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora la Asamblea tiene obligación de tramitar esta inicativa y debatirla. El grupo de la oposición ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea madrileña en la que, además de llamar a “destituir” de su cargo a Rodríguez, demanda que la Comunidad de Madrid comunique a elDiario.es “su rechazo a los mensajes enviados” por parte del jefe de gabinete“ así como su ”compromiso con la libertad de prensa“.

Más Madrid justifica esta petición basándose en el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entes adscritos, que implica al Jefe de Gabinete por tratarse de un alto cargo de la región, según explican en la exposición de motivos. Argumentan que Rodríguez habría incumplido la “ejemplaridad” que se exige de estos cargos, “evitando cualquier acción u omisión que vaya en menoscabo del prestigio de la Administración”.

Además, acusan a Miguel Ángel Rodríguez de incumplir los principios de “respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas” y el “trato respetuoso y directo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas” del código ético. Por todo ello, el grupo autonómico insta al Gobierno de Ayuso a “comprometerse con la independencia de los medios de comunicación renunciando a todo tipo de presión a periodistas y medios, especialmente cuando estén investigando o publicando informaciones sobre la Comunidad de Madrid y sus instituciones”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a ignorar este viernes el genocidio del gobierno israelí en Gaza en el acto de recuerdo con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y la Prevención de los Crímenes Contra la Humanidad que organizan la Asamblea regional y la Comunidad Judía madrileña.

Además de ensalzar al estado de Israel y su “defensa ante el terror, miedo y, peor aún, ese terrorismo que cuenta con las mejores campañas de blanqueamiento posible”, la presidenta madrileña ha advertido sobre lo “inquietante” de que “los movimientos totalitarios sigan trabajando hoy para instalar el odio a Israel y al pueblo judío con otros disfraces. Utilizando universidades, ciclos culturales, boicoteando espectáculos deportivos, los medios de comunicación, plataformas audiovisuales y empresas colonizadas. Todo con el mismo fin, un negocio político o económico”. 

Desde el comienzo de su comparecencia, se ha dirigido, entre otros, a los supervivientes del Holocausto y sus familiares, representantes de la comunidad judía de Madrid y a Dana Erlich, encargada de negocios de la embajada de Israel en España. Durante su discurso, Ayuso ha lamentado que, según ella, se estén utilizando fondos públicos para adoctrinar a menores en el antisemitismo. “Que nadie utilice a los niños y jóvenes como método para sembrar sociedades totalitarias en el futuro. Es inconcebible que esto pase y que encima se financie con dinero público”. Y ha añadido que “tampoco es concebible que tengamos que tener al pueblo judío o al de Israel en un tren o un barracón para entender su legítimo derecho a existir”.

La presidenta ha reivindicado que desde la Comunidad de Madrid, no se va a “contribuir” al “suicidio de nuestra civilización y del proyecto europeo”, pero sí a “recordar que cada vida es sagrada”. Asimismo, ha llamado a “no educar en el odio” y ha subrayado que “olvidar es el camino a estar perdido”

“El pueblo de Israel vive”, ha celebrado la madrileña antes de alabar el papel de “las aportaciones culturales, sociales, científicas, políticas y religiosas judías” sin las que España “no se puede entender”. “Somos parte de la misma historia”, ha añadido.

El último insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, ni siquiera sorprende a las asociaciones, a las que se refirió el pasado miércoles como “plataforma de frustrados”. María Jesús Valero, presidenta de '7291. Verdad y Justicia', cuenta que su reacción fue más bien la “risa”: “Lleva seis años menospreciándonos, insultándonos. No es de extrañar”.

Además, estos familiares responden a Ayuso recordándole a la presidenta sus “mentiras”. “Cuando decía que no existían protocolos, que no eran discriminatorios…”, recuerda Valero. O incluso la más reciente, desmentida este jueves en El País. Según este diario, el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia, y aún así “mintió”, reprochan desde la asociación.

Las plataformas consultas interpretan los últimos insultos de Ayuso –que se producen cuando comparece en los juzgados como imputado Carlos Mur, el alto cargo que firmó los 'protocolos de la vergüenza'– como un “desvío” de la atención, que debería dirigirse a “los malos tratos” que se siguen dando a los ancianos y a las trabajadoras en las residencias de la Comunidad de Madrid o a “los casos que ella misma tiene judicializados”.

Desde Marea de Residencias, su portavoz, Carmen López, entiende que el insulto de Ayuso responde a su “nerviosismo”. “Mur tira de la manta diciendo quiénes fueron los responsables”, y “su nombre puede aparecer”, añade.

Valero asegura que las descalificaciones no les afectan. De hecho, no es la primera ocasión en la que Ayuso carga contra estas entidades que llevan años inmersas en una ofensiva judicial para depurar responsabilidades políticas del Ejecutivo madrileño. Las ha calificado a como “chiringuito con políticos venidos a menos” o “resentidas”, unas declaraciones que se produjeron en un Pleno de la Asamblea celebrado en febrero de 2025, cuando la presidenta reprochó a Más Madrid que le atacaran “con las mismas mierdas”, aludiendo a los 7.291 fallecimientos en residencias durante la pandemia.

Más allá de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, los colectivos apuntan a sus acciones que, para ellos, brillan por su ausencia. “Más que frustrados, estamos indignados porque no hace nada por evitar que esto pueda volver a pasar en una nueva pandemia. Es triste tener a una presidenta que no esté a la altura”, denuncia López, de Marea de Residencias. Valero le exige “que se ocupe”, y le recuerda que “en el 2020 no se acabó el maltrato en la residencias”.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Parece simple. Después de 30 años reclamando un instituto público en el barrio de Aravaca —un barrio plagado de centros privados y concertados— el IES Ana Frank ya está preparado para recibir al alumnado. La obra se terminó el año pasado y los profesores ya tienen sus plazas adjudicadas; solo falta que se abran las puertas. Sin embargo, todas las mañanas desde hace casi siete años, las familias dejan a sus hijos e hijas en la puerta del colegio, donde, en vez de entrar, esperan a un autobús que les lleva a otro centro.

Este viernes, decenas de padres, madres y jóvenes se han concentrado frente a esa verja que permanece cerrada para exigir, una vez más, que el IES Ana Frank deje de ser un “instituto fantasma” y se cumpla la demanda histórica de un centro público. “Estamos rodeados de ofertas privadas, pero este es un colegio para todos”, subraya Fabiana Aguilar, presidenta de la AMPA y madre de una alumna de segundo de la ESO.

Debajo de sus paraguas, tapándose de la lluvia unos a otros, tanto padres y madres del Ana Frank como vecinos que arrastran la lucha por un instituto público en su barrio desde hace décadas están hartos de la espera. “Ya llevamos siete años, siete navidades. Estamos muy, muy cansados”, expresa Aguilar. En su caso, además de su hija pequeña, que está actualmente matriculada en el centro, la mayor también pasó por el “instituto fantasma” y se graduó el año pasado. Aunque en su diploma figura el nombre del IES Ana Frank, nunca se sentó en sus aulas y pasó por tres centros distintos. La única vez que pisó sus instalaciones fue en la graduación, cuando, excepcionalmente, se dejó entrar al alumnado en el gimnasio para la “triste” ceremonia, como la describen algunos padres.

Ante la demanda de un centro público en una zona plagada de concertados y privados, la Consejería de Educación llegó en 2019 a una solución algo estrambótica: creó el IES Ana Frank únicamente como figura jurídica, sin edificio. El instituto no existía físicamente. La idea era que funcionara provisionalmente utilizando espacios cedidos por otro centro educativo mientras se construía el nuevo inmueble, que supuestamente estaría listo para el curso siguiente. Fue en aquel año cuando la hija mayor de Fabiana y sus compañeros se matricularon en el centro: “Han hecho toda su trayectoria aquí y no han podido nunca ver su instituto construido. Y ahora que parece que valió la pena, cada vez dilatan más la recta final y no entendemos por qué”, explica la madre.

Han pasado casi siete años desde entonces y, aunque el edificio ya está en pie, sigue cerrado por “supuestos trámites pendientes con las contratas eléctricas”, según señalan las familias. Para la comunidad educativa, la explicación no resulta convincente: “Si es un papel y ellos son la administración, ¿por qué no lo firman?, ¿por qué no venimos aquí? Creemos que les da igual tener un instituto nuevo, pero a nosotros no”, asegura la presidenta de la AMPA.

Arrastran una solución provisional que se hace insoportable

La rutina diaria del alumnado sigue marcada por los desplazamientos. “Tienen que venir aquí, justo a la puerta, y aquí les recoge un autobús que les lleva a donde están ahora mismo, que es una escuela oficial de idiomas”, explica Beatriz Sahuar, madre de un alumno de segundo de la ESO. El trayecto, lejos de ser puntual, se alarga cada mañana: “Hay mucho tráfico y tardan de 30 minutos a una hora”, subraya. Aunque las familias conocían la situación al matricular a sus hijos, la provisionalidad se ha convertido en algo crónico: “Sabíamos cuál era la situación, pero contábamos con que la apertura era inminente. Esperábamos que este curso, en septiembre, ya empezarían aquí”, señala.

Frente a este contexto de promesas incumplidas y de constante desplazamiento del alumnado —que obliga a más de doscientos estudiantes a viajar cada día fuera de su barrio para recibir educación secundaria— la reivindicación apunta también a una cuestión de igualdad de oportunidades: “Hay una oferta de colegios privados y concertados espectacular, pero no hay una oferta de enseñanza pública secundaria en un municipio en el que hay un montón de chavales que quieren seguir estudiando”, defiende Sahuar.

“Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”

Gretel Zamudio es madre de una joven de segundo de Bachillerato y, si el Ana Frank no abre antes de que se acabe el curso, ella formaría parte de la “segunda generación del instituto fantasma”, describe Zamudio. Destaca lo satisfecha que está la comunidad educativa del barrio con la calidad de la enseñanza de este centro, que tiene sus propios profesores y directora, a quienes considera “excelentes”, pero lamenta que sus hijos “no hayan tenido la misma experiencia que otros chicos en el Bachillerato. Siempre han estado como invitados o incluso apestados en otros centros”.

Desde 2019, el Ana Frank se ha visto afectado en distintos momentos por problemas administrativos y de gestión, incluida la tramitación de la parcela y la firma de convenios con el Ayuntamiento. Esta falta de avances ha mantenido al IES en una situación de provisionalidad durante varios cursos escolares, con alumnado cursando sus estudios en instalaciones ajenas o adaptadas, lo que ha tenido un impacto directo en la conciliación y en la vida cotidiana de las familias: “Venir acá todos los padres por la mañana, media hora antes para que puedan llegar… no es fácil para la familia, no es lindo, no es agradable”, apunta Aguilar.

En diciembre de 2023, la Comunidad de Madrid anunció la licitación de las obras para construir un nuevo edificio para el IES Ana Frank, con una inversión estimada en torno a 7,6 millones de euros y la intención de ofrecer alrededor de 380 plazas entre ESO y Bachillerato, con finalización prevista para 2025. Hoy, las familias y asociaciones consideran que los plazos no se han cumplido ni se ha dado una respuesta satisfactoria ante los continuos retrasos y la prolongada provisionalidad. “Ya tuvimos la paciencia que había que tener. No nos pueden decir que no luchamos por un instituto en este barrio”, concluye la presidenta de la AMPA.

No es la primera manifestación por un centro público en Aravaca a la que acude Celia, que ahora ha pasado a primero de la ESO y también está matriculada en el Ana Frank: “Hace muchos años ya vinimos a una manifestación para que lo hicieran y yo pensaba que cuando me tocara ir ya estaría hecho. Incluso este verano tenía esa expectativa”, cuenta. Su padre, Daniel, añade que el proyecto educativo fue lo que les atrajo de este centro, que está cerca de su casa y además es bilingüe: “Nos habían prometido que estaría listo. Si hubiésemos sabido que no lo iba a estar, nos lo habríamos pensado”, asegura.

Más de cinco autobuses han llegado durante la pasada madrugada y parte de la mañana a la estación de Atocha-Almudena Grandes de Madrid. Tres de ellos transportaban a los viajeros de los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) que habían partido de la estación madrileña. Según han informado Samur y Suma 112, desde que tuvieron noticias del incidente se pusieron a disposición de Renfe y Adif para desplegar un dispositivo de atención a afectados y familiares, con un equipo psicosocial formado por psicólogos y varias unidades de atención sanitaria que han trasladado a cuatro heridos leves para ser atendidos en hospitales de la capital.

La de este lunes ha sido una mañana de nerviosismo, carreras e incertidumbre para muchos pasajeros. A mediodía el equipo de Samur se retirba para pasar a una fase de mayor “normalidad”, aunque pendientes de posibles novedades, según ha informado su supervisor de guardia, Juan José Jiménez Mediavilla. El Suma 112 permanece para seguir ofreciendo apoyo psicológico y mantendrá una unidad asistencial.

Los psicólogos desplegados han atendido a alrededor de una veintena de personas y desde los primeros momentos han trabajado en la instalación de salas de atención a familiares, donde han realizado la asistencia tanto a afectados como a quienes llegaban buscando noticias de los viajeros. “Hemos intentado, dentro de lo duro del momento, transmitir la máxima normalidad y tranquilidad a los ciudadanos. Entonces intentamos que el equipo de psicólogos sea muy discreto y que hable con ellos con la máxima intimidad para intentar dar el mayor calor que podamos”, explica Almudena Crespo Ruiz, jefa de guardia de Suma 112. “Ha habido momentos bonitos de familias que se han reencontrado, que venían de otros autobuses, gente que nos cuenta que ha ayudado a otras personas en el accidente y quería saber cómo estaba esa persona”, asegura.

Según ha relatado Samur, desde primera hora han ido llegando los primeros familiares a la estación en busca de noticias: “Las primeras familias que llegaron sí tenían más problemas de contactar. Había gente que llegó corriendo a la estación a primerísima hora y todavía es verdad que faltaba información y modo de contactar”, ha contado Jiménez Mediavilla, que ha atendido a decenas de medios de comunicación expectantes. Crespo Ruiz ha destacado el “miedo y la angustia” que se ha vivido en el lugar: “Había una señora, por ejemplo, que no sabía nada de su hermano y empezó a somatizar con la angustia que tenía”.

“He decidido venir a ayudar”

La oficina de información al viajero ha sido el punto donde se juntaban la mayoría de pasajeros que buscaban alternativas esta mañana para llegar a Andalucía. Allí, entre nervios, dudas, prisas y preguntas, el personal de la estación ha intentado ofrecer soluciones. Algunos han podido viajar en los mismos autobuses que venían de Adamuz y volvían hacia Córdoba. Otros han encontrado alternativas improvisadas.

Antonio llegaba esta mañana a Atocha y se acercaba al lugar ofreciendo ocho plazas en su furgoneta camino a Córdoba: “He escuchado en la radio que había muchos muertos y he decidido venir para ayudar. Decían que había mucho lío con todo y voy a llevar a ocho personas a Córdoba de manera altruista; si en Córdoba hay otras ocho personas que tengan que venir a Madrid, pues me los traigo para acá”.

Una de las pasajeras que le seguía era Emilia, que tenía programado un tren hoy a Córdoba. “Estaba preocupada por cómo llegar, pero más que nada estoy conmocionada, porque si lo hubiera cogido hace solo unas horas, podría haber estado yo en ese tren y el accidente ha sido gravísimo. Eso es lo que me tiene más angustiada”, ha contado. Detrás de ella esperan sentadas decenas de personas pendientes de alternativas para llegar a sus destinos.

Los pasajeros que llegan a estas horas a Atocha y quienes han viajado o tenían programado trasladarse en uno de los trenes afectados comparten la angustia de haberse visto cerca de la tragedia. Es el caso de Diana e Iciar, madre e hija, que viajaban la pasada tarde en un tren entre Madrid y Huelva, cinco minutos antes del Alvia accidentado con el mismo trayecto: “Todo el viaje se desarrolló con normalidad hasta las 19.30 o 20.00 horas, cuando empecé a escuchar a alguna compañera de vagón que decía que su hija estaba en el tren de Madrid a Huelva y que había descarrilado”, explica Diana.

“Ya una vez en Sevilla, que sería como 30 minutos más tarde, tuvimos más noticias por parte de esa señora. Su hija le contó que parecía que había algún fallecido y que estaban muy nerviosos porque no podían salir de los vagones”. No fue hasta unas horas después cuando supieron de la magnitud del accidente. “Impresiona mucho, es un tren que cogemos nosotros y nuestros familiares dos o tres veces al mes. Es una suerte no haber estado en ese tren, pero un susto y una pena terrible por todos los que iban ahí”, añade Iciar.

Agustina, muy nerviosa, es una de las que esperan a un autobús que le lleve hasta Córdoba. Es argentina y cuenta que esta es la primera vez que viaja a Europa. Ella y su acompañante planeaban ir hasta Sevilla para coger un avión a Italia: “Es la primera vez que cogemos aquí el tren y pasa esto. Pero la gente está ayudando mucho. Nos acaban de ofrecer un autobús para poder llegar al menos a Córdoba y viajar a Sevilla por nuestra cuenta como podamos”.

Los vecinos de la calle Letonia de Tres Cantos, frente a la urbanización Residencial Báltico y cerca de las calles Hungría y Dinamarca, siguen pasando frío. Irónicamente, estos pisos públicos pertenecientes al Plan Vive de la Comunidad de Madrid llevan varias semanas con incidencias en el servicio de aerotermia, gestionado por la empresa Acenz, la misma que operaba en otros pisos del programa de alquiler “asequible” en Getafe que denunciaban problemas con el agua caliente las pasadas navidades. Pero el frío es solo una de muchas quejas que señalan estos vecinos de Tres Cantos: facturas inasumibles para muchos, defectos en la construcción o el jardín, puertas abiertas día y noche —que aseguran que favorecen que se produzcan robos— y una cláusula ilegal por la que la Asociación de Vecinos Letonia llevará a los juzgados a Tarvos, la empresa dueña del inmueble. 

Todos los inquilinos del Plan Vive pagan, entre otras tasas e impuestos, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Se trata de una cláusula que ya señaló la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un informe el pasado mes de mayo por contravenir “la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa de vivienda protegida”. Además, es algo por lo que ya protestaron varios de los inquilinos de las 140 primeras viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid en Alcorcón, en 2024. Pero esta es la primera vez que unos vecinos se enfrentarán a Tarvos en los juzgados para defender que la cláusula “es ilegal y abusiva”, según asegura uno de los abogados que llevará su caso, Javier Ledesma. 

Los vecinos de 62 de estas viviendas reclamarán la devolución de este importe de IBI que se les ha cobrado durante los dos últimos años, casi 30.000 euros según el abogado. En su defensa, se basarán principalmente en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2023 que declaró la nulidad de esta cláusula en unos pisos públicos de Aragón. “Establece que en las viviendas de protección oficial, las únicas cantidades que se pueden exigir son la renta y los costes reales de los servicios prestados”, algo que no incluye impuestos como el IBI, explica Ledesma. Contactada por este periódico, Tarvos ha decidido no hacer ninguna declaración al respecto.

La demanda no señalará a la Comunidad de Madrid como responsable en este caso, pero el abogado apunta que sí tendría “la posibilidad de decir expresamente que estas cuantías por IBI no pueden ser cobradas al arrendatario”. Algo que se podría establecer en el pliego de condiciones, asegura. Según la Consejería de Vivienda, “la Dirección General de Vivienda ha exigido que se compense a los afectados los perjuicios ocasionados durante el periodo en el que se produjeron las penalidades” y añaden que “la Comunidad de Madrid continuará vigilante y, en el supuesto de que las incidencias no queden definitivamente solucionadas, no dudará en apercibir a la concesionaria y, si procede, aplicar las penalizaciones correspondientes, garantizando así la defensa del interés general y los derechos de los adjudicatarios”.

El importe exacto que pagan al mes por el IBI, así como los gastos comunitarios, varía según el piso. Adrián Alarcón, secretario de la Asociación de Vecinos Letonia, vive en un piso de dos habitaciones por el que asegura que paga un alquiler mensual de 890 euros. Se trata de un piso de 60 metros cuadrados en el que viven dos personas. Sin embargo, a este alquiler que se promociona como asequible hay que añadirle el IBI —unos 60 euros al mes en el caso de Adrián— y los gastos de comunidad, que acaban sumando 1.090 euros. Eso, sin contar las facturas de aerotermia, agua, luz… 

Denuncian facturas de aerotermia desorbitadas

Cuando estos vecinos no pasan frío por el mal funcionamiento de la calefacción —del que algunos se siguen quejando después de que Acenz y Sogeviso, la gestora de los alquileres, dijeran que estaba solucionado— lo pasan por no poder permitirse el coste de las facturas. Algunos vecinos como Kamil Pozezynski o el Presidente de la Asociación de Vecinos, Gonzalo Ruiz, aseguran que llegan a los 150 euros, por lo que muchos deciden apagarla y comprar calefactores eléctricos para pasar el invierno. 

El precio del servicio de aerotermia es todavía más llamativo cuando se compara con las tasas que pagan los vecinos de la calle Emilio Tuñón, también del Plan Vive y a tan solo 10 minutos de la calle Letonia. En su caso, es la empresa Ness quien se encarga de suministrarlo y las tasas que pagan estos inquilinos son casi la mitad de lo que pagan en Letonia con la empresa Acenz. ¿Por qué encargar a esta empresa que suministre el servicio mientras existe otra con una oferta más competitiva?

Gonzalo Ruiz señala la relación entre Acenz y Avintia, el grupo que gestiona la conserjería, limpieza y otros servicios del edificio. Esta última es cocreadora de Acenz, por lo que, señala, “todo el dinero se va a Avintia”. Queda todo en casa. “Mucha gente lo que está haciendo con repulsa es dejarla apagada y este mes va a devolver el recibo”, añade Ruiz. De hecho, la comunidad de vecinos inició por su cuenta una consulta para proponer cambiar de empresa de aerotermia y la mayoría ha votado a favor.

Acenz niega que se hayan repetido los problemas con su servicio y aseguran que su equipo “ha estado pendiente en todo momento de esta incidencia puntual”, por lo que “el servicio quedó totalmente restablecido desde el pasado día 30 de diciembre”. Además, añaden que el consumo medio de las 209 viviendas del proyecto de Tres Cantos es de 50,03 euros mensuales o 600,36 anuales. “Este importe incluye los servicios de calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria y el mantenimiento de sus instalaciones en régimen de garantía total. Incluye, además, el IVA. Un importe infinitamente inferior a la media nacional que, por los mismos conceptos, se sitúa en los 1.300 euros anuales y que solo es posible gracias al sistema constructivo aplicado, el modelo industrializado, que garantiza los máximos estándares de calidad y eficiencia energética”. En cuanto a la relación de la empresa con el grupo Avintia, aseguran que no tienen vinculación alguna “más allá de la lógica relación profesional” y “no existe dependencia jerárquica, funcional u orgánica de aquella organización respecto de esta”.

Adnane Jirrari es otro vecino de Letonia. Para pagar su alquiler en un piso de tres habitaciones en el que vive con su pareja y sus dos hijos, tiene dos trabajos: entre semana, lleva una hormigonera, y durante el fin de semana es empleado de limpieza en un ayuntamiento. Cuenta que paga 1.600 euros al mes, incluyendo gastos de comunidad, agua y luz. Él es uno de los vecinos que no encienden la calefacción “por el susto” que se podía llevar con la factura. “Los vecinos se empezaron a quejar de que les salía muy caro. Así que he comprado calefactores eléctricos y estoy apañado con eso”.

Césped levantado, culebras en el jardín y otros defectos del inmueble

Pero otros servicios por los que pagan, como la jardinería, tampoco se libran de las críticas. Gonzalo Ruiz, no ve a dónde han ido a parar los 9.000 euros que asegura que gastó la comunidad en este servicio durante todo el año 2025, mientras que el jardín se ve descuidado, solo se desbrozó una vez en todo el año, e incluso cuenta que el pasado verano llegaron a ver culebras entre las hierbas. Esta misma semana se solucionó un problema que llevaban arrastrando desde septiembre, según Ruiz. Una parte significativa del césped artificial que rodea la piscina se había levantado. Algo que desde entonces se ha tenido que intentar remediar poniendo ladrillos por encima para mantenerlo pegado al suelo.

En el interior del edificio también tiene algunos defectos. Pequeñas humedades en los pasillos, por ejemplo, o tuberías, cables y contadores al descubierto en el techo. Hasta tres en uno de los edificios del bloque. Además, una de las grandes quejas de los vecinos tiene que ver con la seguridad. Varias puertas de acceso a la comunidad permanecen las 24 horas abiertas, así como algunas de las que dan acceso a los edificios o el garaje. “Tenemos una comunidad muy abierta”, ironiza Jirrari. Algunas de las cerraduras tienen un defecto por el que basta con empujar de la puerta para que se abra sin más, y Ruiz achaca varios robos del año pasado a esto. “Robaron ruedas de un coche, un Audi, que vale cada rueda casi 1.000 euros. Luego también robaron un volante de un BMW, y rayaron varios coches”, recuerda.

la gestora de los alquileres, Sogeviso, sostiene que los problemas con la aerotermia “quedaron solucionados” y añade que “las posibles incidencias puntuales están trasladadas tanto a la mantenedora como a la constructora para su resolución, como habitualmente. En cuanto a otros asuntos, por supuesto actuaremos como enlace con la Concesionaria, Tarvos, de todas las peticiones de los residentes para responder lo antes posible”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cierra sus vacaciones navideñas en América este jueves en Buenos Aires, donde se ha reunido con el presidente argentino, Javier Milei. La madrileña ha disfrutado de los primeros días de 2026 en Uruguay junto a su novio, Alberto González Amador, con quien se le ha visto en unas fotos publicadas por el actor Diego Boneta en sus redes sociales. En ellas, se ve a la pareja disfrutando en el cumpleaños de la novia del actor, Renata Notni.

Desde el Gobierno regional han explicado que se trata “de una visita de carácter personal, que incide en las buenas relaciones de los dos dirigentes que mantienen desde hace años”. Y apuntan que “en la reunión han tratado distintos asuntos de actualidad internacional y, sobre todo, el deseo conjunto de mantener la colaboración institucional, económica y social entre la Argentina y la Comunidad de Madrid”.

Tanto Milei como Ayuso han celebrado en los últimos días el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, por parte de EEUU. El argentino fue uno de los primeros líderes mundiales en celebrar el ataque sobre Caracas el pasado sábado: “Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera”, expresó el mandatario, que listó una serie de acusaciones contra Maduro incluyendo interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONG “para impulsar la izquierda radical en el mundo”, vínculos con Irán, Hizbulá y Hamás, financiamiento de la guerrilla colombiana y “conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos”.

“Por la libertad”, ha escrito Díaz Ayuso en un post en X en el que ha compartido una fotografía en la que se la ve con Javier Milei. Una fotografía que también ha difundido la Casa Rosada, aunque en esta se ve también una réplica de la conocida motosierra del presidente de Argetina.

Por su parte, Díaz Ayuso no ha dejado pasar la oportunidad dentro del panorama internacional para señalar al Gobierno de Pedro Sánchez. En el tono y con los términos que recuerdan a la retórica del argentino, la presidenta afirmó en sus redes sociales: “Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo”, afirmó el pasado domingo la dirigente autonómica a través de sus redes sociales, después de que Sánchez condenara “con rotundidad” el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y reiterara su defensa del derecho internacional.

Al igual que Milei, Ayuso se mostró feliz por la detención de Maduro y aseguró que “grandes potencias como China, Irán o Rusia” le han permitido estar en el poder mientras lucraban “con la sangre del pueblo de Venezuela” utilizando el petróleo y el narcotráfico. Según la presidenta regional, es “una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, ya que, aseguraba, devolverá la “democracia” al país de la mano de “la Nobel de la Paz María Corina Machado”, a la que veía como “líder indiscutible” en Venezuela. Una visión que se tambalea después de tomar posesión Delcy Rodríguez con la complacencia de Donald Trump. “El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados”, añadió.

Milei y Ayuso se reunirán sobre las 10:00 hora local, 14:00 horas en España. Esta visita se suma a los encuentros que mantuvieron en 2024 y 2025, ambos en Madrid. La primera ocasión fue en junio de 2024, cuando Díaz Ayuso otorgó al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Un año después, se reunieron nuevamente en la capital española previo al discurso de Milei en el Madrid Economic Forum.

El PP ha anunciado este lunes que creará una comisión de investigación en el Senado para indagar en “la caja negra de la SEPI”, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que según ha asegurado su portavoz en la Cámara alta, Alicia García, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. “Mientras Sánchez protege a una dictadura, en España la justicia investiga si el Gobierno utilizó dinero público para beneficiar al Gobierno de Maduro”, ha afirmado.

Los populares han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al estar los departamentos “bajo sospecha” por “la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”. Además, han exigido al embajador de Venezuela en España que también de “explicaciones” en el Senado y que “permanezca” en el país.

García ha acusado a María Jesús Montero de estar “al mando” de la “caja negra” que ha calificado de “cajero automático para pagar favores políticos, incluso internacionales”. Ha afirmado que la vicepresidenta ha convertido a la empresa de participaciones en un “pozo sin fondo para el despilfarro y la corrupción” en la que “colocó a su gran amigo, colaborador y trabajador, Vicente Fernández, hoy imputado y que incluso estuvo detenido”. Fernández fue uno de los tres detenidos el pasado mes de diciembre junto con la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE, Santos Cerdán. Los líderes de la oposición sitúan ahora a la SEPI en el “centro” de “la trama corrupta del 'sanchismo', que afecta a contratos, subvenciones, ayudas públicas, y que gira en torno a altos cargos y dirigentes del PSOE”.

Alicia García ha destacado que “un tercio” de los más de 2.600 millones de euros que fueron concedidos por la SEPI a 28 empresas durante la pandemia se encuentran ahora bajo investigación judicial. Estos rescates beneficiaron a empresas como Plus Ultra, Air Europa, Avóris oTubos Reunidos.

La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

El PP ya hizo comparecer en el Senado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. El senador Balseiro Orol le preguntó acerca del rescate a Plus Ultra, ante lo que el vicepresidente aseguró que la aerolínea “cumplía los requisitos y era estratégica”: “Todas las aerolíneas, grandes y pequeñas, para el hub de Madrid, eran estratégicas por el sector en el que estaban operando”, aclaró.

En el colegio público CRA Sierra Oeste, Sergio Méndez denuncia que su hijo, con diabetes tipo 1, continúa sin enfermería escolar pese a que el recurso está oficialmente concedido. Desde finales de septiembre, cuando la enfermera solicitó la baja, es él quien permanece cada día en el centro, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, para atenderle. Pero Méndez no es el único padre en esta situación. La Asociación de Diabetes de Madrid, uno de los colectivos que requiere un seguimiento diario de esta enfermedad, ha recibido quejas similares en al menos 21 centros de la Comunidad. El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) asegura que llevan años denunciando “la insuficiente implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid” y aporta un dato revelador: solo el 22% de los centros educativos madrileños contaba con una enfermera escolar el pasado septiembre.

Para que un centro pueda disponer de esta figura debe informar a la Administración de que tiene al menos un alumno escolarizado con una enfermedad crónica, como la diabetes. Para el CODEM, el número de centros que cuentan con este servicio es claramente insuficiente. El número de enfermeras escolares en Madrid presenta “una ratio muy alejada de las recomendaciones internacionales”, aseguran. Pero incluso en los colegios donde la plaza ya está asignada, varios testimonios consultados por elDiario.es –como el de Sergio Méndez– apuntan a las grandes trabas burocráticas y a las dificultades para cubrir bajas y sustituciones, dejando a los niños sin un servicio esencial.

Es lo que denuncian varios padres de niños diabéticos y la propia Asociación de Diabetes de Madrid. Según el CODEM, faltan enfermeras dispuestas a cubrir estas plazas profesionales: “No se trata de una falta de vocación o disponibilidad”, explican, sino que “muchos de los contratos que se ofrecen son precarios, de jornada parcial o con condiciones laborales poco atractivas, lo que dificulta su cobertura de forma estable”. Estas profesionales añaden que su contratación ni siquiera “forma parte de una estrategia estructural, sino que en muchos casos depende de convenios temporales o acuerdos puntuales con empresas externas”.

La Consejería admite la escasez

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades admiten la “escasez de estos profesionales” y se defienden afirmando que “no solo afecta a la Comunidad de Madrid, sino a toda España tanto en hospitales como en residencias o centros educativos. Cuando se produce la baja de alguna enfermera escolar la Consejería de Educación tramita de la manera más rápida y eficaz posible su sustitución, y mientras, garantiza la atención de los niños que lo necesitan desplazando puntualmente a enfermeras que estén prestando servicio en otro centro escolar cercano si es necesario”.

Sin embargo, tras un mes denunciando en vano su situación ante las administraciones, Sergio Méndez llegó incluso a buscar personalmente candidatos en portales de empleo: “Ahí conseguí tres personas”. Eligió a un enfermero que cumplía todos los requisitos y lo comunicó a la DAT –la Dirección del Área Territorial de Madrid Oeste–, a Recursos Humanos y a la Consejería de Educación. Para cuando obtuvo alguna respuesta ya había pasado casi un mes y el candidato había encontrado otro puesto de trabajo. Para el padre, la situación es injustificable: “Estando el recurso concedido, es decir, el dinero está disponible, y habiendo un chico que quería venir, no se entiende la dejadez”.

Un caso similar se produce en el colegio público María Moliner de Villanueva de la Cañada, donde Alfredo Cañizo denuncia la falta de una enfermería escolar estable para su hijo de ocho años, también con diabetes tipo 1. Desde el 3 de septiembre, ante la ausencia de personal sanitario, los padres del niño se han visto obligados a asumir esa atención: “Nos íbamos turnando, en ocasiones no podíamos atenderle por motivos de trabajo”. Tras dos meses –y después de acudir en repetidas ocasiones a la Consejería de Educación, la DAT y la alcaldía–, en noviembre se asignó una enfermera al centro. No obstante, por otra oportunidad laboral, el próximo 9 de enero dejará su puesto y el colegio ha comunicado a la familia que, a partir de entonces y a falta de otra sustitución, su hijo “no podrá usar el comedor”.

“Se siente marcado”

Cañizo denuncia el impacto directo que esta situación tiene en su hijo, que “está pagando unas consecuencias muy graves”. “Se siente marcado. Mientras los otros niños están disfrutando del colegio de forma normal él tiene que tener a su padre allí todos los días”, explica.

Tanto Méndez como Cañizo se han dirigido también al Defensor del Pueblo para denunciar esta situación. Según ha comprobado este diario, la institución se ha dirigido a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid “al efecto de solicitarle información sobre los hechos”.

Ruth Navia, madre de una alumna de siete años con diabetes del colegio público Nuestra Señora de Navahonda, también ha tenido que hacerse cargo de la falta de un servicio estable de enfermería escolar: “Yo me he tirado un mes prácticamente, a veces en el colegio, y otras veces yendo de mi casa al colegio. He hecho unos 6 o 7 viajes todos los días”.

Madrid privatiza el servicio de enfermería escolar

Ante la falta de una plaza pública de enfermería, la solución aportada por la Comunidad de Madrid ha sido la externalización del servicio a empresas privadas. El propio colegio confirma esta situación y advierte de sus consecuencias: “Desde inicios del mes de noviembre hemos sido atendidos por dos empresas distintas, lo cual ha supuesto que 6 profesionales diferentes han ido cubriendo el servicio”. Esta situación, aseguran, “dificulta enormemente la atención al alumnado y afecta especialmente a la continuidad”.

El centro asegura que además de esta alumna diabética escolariza a otros menores que padecen “epilepsias, intolerancias alimentarias, [...] crisis de ansiedad, accidentes, golpes, subidas de fiebre” o problemas relacionados con la salud mental que no son atendidos en las escuelas “por falta de recursos”.

Una de las empresas que presta este servicio es School Nurses, dedicada a ofrecer enfermería escolar a colegios privados, concertados y, en ocasiones, públicos, como en estos casos en los que la administración no cubre una baja. Según la compañía, en lo que va de curso han atendido a 17 colegios públicos en la Comunidad de Madrid, “servicios que van desde un día a varias semanas, por lo que de seguir la tendencia es posible que en este curso se termine dando apoyo a aproximadamente 30 o 35 colegios”.

Desde School Nurses admiten no estar satisfechos con el funcionamiento del servicio en los centros públicos: “Hay un problema de planificación en los colegios públicos”. Añaden que “hay mucha rotación de personal” y que “a veces, esos colegios no tienen los espacios y materiales adecuados”, por lo que “algunos enfermeros se tienen que traer sus cosas de casa”. El CODEM confirma estas deficiencias: “En muchos centros educativos no se cuenta con espacios adecuados, materiales suficientes ni protocolos estandarizados para que la enfermera escolar pueda desarrollar sus funciones con garantías. Esto supone una limitación grave para ofrecer una atención sanitaria integral, preventiva y de calidad”.

Los vecinos del edificio de la calle Letonia, número 14, en Tres Cantos (Madrid), perteneciente al Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, llevan algo más de una semana denunciando el mal funcionamiento de la calefacción en sus viviendas. “Es duro no tener calefacción en plena ola de frío”. “Vivimos en una zona cercana a la sierra, y es donde más frío hace”, lamenta Gonzalo Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos Letonia y afectado, que denuncia que las empresas responsables “se pasan la pelota”. Arantza López, otra de las vecinas del bloque, resume la situación con ironía: “Lo llamamos Plan Sobrevive”. 

En los tres inmuebles, que aúnan cinco portales, hay en torno a 180 viviendas ocupadas –alrededor de una quincena están vacías– según Gonzalo Ruiz, presidente de la asociación de vecinos. Él mismo relata que la temperatura en el interior de las viviendas baja hasta los 16 grados, una situación especialmente preocupante para las familias con menores y personas vulnerables. “Las casas se quedan heladas. Hay gente con niños pequeños y familias que están pasando mucho frío”, señala.  

Como otros vecinos, Ruiz, que vive con su hijo y su mujer embarazada, se ve obligado a utilizar calefactores eléctricos que, apunta, “repercutirán en la factura de la luz” en unas viviendas que, precisamente, tienen como objetivo ofrecer precios asequibles. Leticia Sobrinho, que vive en el edificio junto a su pareja y su bebé de cinco meses, llegó al piso en agosto de 2024 y, según cuenta, desde entonces han tenido numerosos problemas. “Estamos en casa con abrigos. Es muy triste pasar frío dentro de tu propia casa”, lamenta. Asegura que no pueden permitirse encender la calefacción por el elevado coste de las facturas, que en algunos meses han superado los 200 euros. “Tengo que pagar el alquiler y además tengo un bebé”, explica.

Según la empresa que gestiona los alquileres, Sogeviso, y Acenz, que gestiona la calefacción y aire frío en el edificio, el servicio quedó totalmente restablecido el pasado martes. Por su parte, la Consejería de Vivienda también sostiene que se dio solución al problema. El CEO de Acenz, Álvaro Martínez, admite que el servicio fue “interrumpido en varias ocasiones” y explica: “Estos equipos [dos de las cuatro máquinas que suministran el calor] no están preparados para funcionar con temperaturas inferiores a 10 grados. Lo que ocurre es que con esa temperatura, colapsan”. También reconoce que estas bombas de calor “no son las adecuadas para esta zona geográfica”. 

Sin embargo, la empresa apunta que se trata de una solución “provisional” y no descarta que se vuelvan a producir fallos a medida que las temperaturas sigan bajando en Tres Cantos. Asimismo, asegura que después de las fiestas se valorarán soluciones a largo plazo. 

Este no es el primer caso de incidencias y quejas respecto al estado de viviendas pertenecientes al Plan VIVE. El pasado 30 de diciembre, los vecinos de la calle Bella Dorotea número 3, en Getafe, denunciaban haber estado siete días sin tener agua caliente en sus casas o con un pequeño hilo de agua que llegaba templada. Las mismas empresas, Sogeviso y Acenz, también estaban implicadas en este caso.

Los testimonios recabados tras el anuncio contradicen la versión oficial de que el problema está resuelto. Arantza López, vecina del bloque, asegura que la calefacción sigue sin funcionar correctamente. “Da aire frío”, explica. Cuenta que en su casa están “con mantas y pasando frío sobre todo por la noche”. “Si enciendes el calefactor eléctrico se te dispara el recibo de la luz, pero nos tocará”. “Vamos probando, ayer funcionó un momento y luego vuelve a fallar”, añade.

También relata López que la empresa de aerotermia envió un correo a los vecinos asegurando que la situación “estaba solucionada y que si volvían a tener problemas que registraran incidencias en la app”, pero en su caso no ha podido hacerlo porque “la última incidencia que registró antes de que la empresa dijera que lo había solucionado sigue en trámite y no puede registrar una nueva”.

Las quejas se suman: “Es una tras otra”

A los problemas de calefacción se suman otras incidencias. “En viviendas como la mía tenemos un zumbido constante de la máquina de aerotermia”, explica. “Hay gente que se ha tenido que ir por la molestia del ruido constante” y, en su caso, denuncia que tiene que dormir con la televisión puesta para taparlo. También enumera otros desperfectos en la promoción: “Cuando el incendio de este verano, [el fuego que arrasó más de 2.000 hectáreas el pasado agosto] estaba el garaje lleno de humo y no saltó la alarma, los suelos del jardín se levantan, los armarios no cierran, es una tras otra”. 

Además, critica los costes que asumen los inquilinos por servicios que según ella, no reciben: “Se supone que toda la comunidad va con jardinería, pero no tenemos jardinero”. Y añade: “Este verano tuvieron que venir a desbrozar un par de días porque se nos metían culebras, ratas…”

Arantza López asegura que paga aproximadamente 1.360 euros al mes con gastos incluidos por un piso de 76 metros cuadrados en el que viven tres personas. Cuenta que en su casa están “con mantas y pasando frío sobre todo por la noche”. “Si enciendes el calefactor eléctrico se te dispara el recibo de la luz, pero nos tocará”, añade. También señala que “no siempre” tienen agua caliente“ y recuerda que ”este verano dejó de funcionar el aire frío en plena ola de calor“. ”Creo que han metido la maquinaria más barata que han encontrado“, concluye. Tres días después de anunciar la supuesta solución, Borja Rodelgo, vecino, también sigue sin ver cambios y además señala que no tienen agua caliente en su piso y solo sale ”templada“: ”Tuve que calentar agua para bañar a mi hija“.

La situación se repite en otros hogares del bloque. Kamil Pozezynski vive en una vivienda orientada al norte, una de las zonas más frías del edificio. “Estamos con frío, nosotros estamos orientados hacia el norte y no recibes un rayo de sol en todo el día. Es la parte más fría del bloque”. “La casa por las mañanas está a 15 grados”, señala, y reconoce que no suele “poner demasiado la calefacción” porque “llegan facturas de 200 euros”. En una línea similar se expresa Adrián Alarcón, que vive en el edificio desde julio de 2024. “Nosotros llevamos viviendo aquí desde julio de 2024 y desde el principio hemos tenido problemas con la calefacción”, explica. En su vivienda, asegura, “en invierno no sube de 18 grados en ningún momento”.

Ante esta situación, los vecinos han iniciado una votación para cambiar de empresa de aerotecnia. “No deberíamos tener que pagar estas tarifas abusivas por algo que, además, no nos da un buen servicio”, afirma Pozezynski. Por el momento, aunque no todas las viviendas han votado todavía, 136 de ellas respaldan un cambio en la empresa que suministra la aerotecnia y el agua caliente, Acenz. 

“Feijóo dijo solemnemente en un acto del PP que él no había venido a mentir y les dijo a los que estaban allí: 'si miento echadme del partido'. Pues ha llegado el momento de echarle”, ha sentenciado este viernes Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso. Después de que el pasado 24 de diciembre, Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, remitiera a la jueza de la dana solo los 'whatsapps' enviados por Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024 y no lo suyos, el PSOE acusa e Feijóo de haber estado “más de un año mintiendo a los españoles para salvar a Mazón”. Además, le exigen que “mande todos los mensajes y todas las conversaciones que él tenía” con el expresident, algo que el propio cabeza de partido anunció que haría el pasado jueves.

El portavoz ha señalado al PP por “desviar la responsabilidad del President” para cargar contra el Gobierno y apunta a Feijóo por “añadir dolor a la tragedia de las víctimas”, según ha asegurado en declaraciones emitidas por los socialistas. “Por eso, debiera de irse o debieran de echarle. Pero no lo harán, porque ellos no están en política para tener una alternativa a los problemas y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. La única alternativa que tiene el PP es aquella que le propone Vox”, ha añadido.  

Además, Patxi López ha aprovechado para presumir de “escudo social”, mencionando el último decreto ley aprobado el Consejo de Ministros “que contiene, por ejemplo, la subida de las pensiones no contributivas entre un siete y un once por ciento”, entre otras medidas, y que ya ha vaticinado que el Partido Popular rechazará cuando se intente aprobar en el Congreso de los Diputados. “El Gobierno va a hablar con el resto de formaciones políticas para buscar una mayoría que apruebe este decreto en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ya sabemos lo que va a hacer la derecha de este país”, ha asegurado, añadiendo que “los pensionistas, trabajadores y trabajadoras, las clases medias y las mujeres no cuentan con el PP para nada”.

Los socialistas afirman que la “obsesión” de los populares es “destruir a Pedro Sánchez, al Gobierno progresista y al PSOE” y señalan que el único “objetivo” en su agenda política es “que los privilegiados tengan todavía más privilegios”, “como aquellos que se benefician de la sanidad privada”, ha añadido López en un guiño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles se ha cerrado en banda ante la posible cesión de territorio ucraniano a Rusia, oponiéndose claramente a que España y Europa pudiesen respaldarlo: “En absoluto”, “Europa tiene que seguir apoyando a Ucrania”, ha asegurado este lunes en una entrevista en TVE. Sin embargo, ante una hipotética supervisión internacional de esos terrenos ucranianos tras un alto al fuego, Roble no se posiciona al respecto, dejando una puerta abierta a esa posibilidad y la participación de soldados españoles en ese despliegue: “Lo primero es que se alcance el acuerdo de paz”, ha afirmado.

La ministra ha reivindicado el papel de España “a la cabeza” de la defensa del derecho internacional en Ucrania “aunque algunos quieran negarlo”, ha añadido. Apoyar a Ucrania “es apoyar una comunidad de valores y de democracia, principios básicos del derecho internacional”, ha defendido. 

Estas declaraciones se producen tras la reunión estre el presidente esatadounidense Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la residencia del magnate americano en Mar-a-Lago, de la que surgen pocas conclusiones claras. “Estamos en la fase final de las conversaciones. Ya lo veremos. Si no es así, esto va a durar mucho tiempo, mucho tiempo. Van a morir millones de personas más y nadie quiere eso”, ha asegurado Trump, que se ha mostrado optimista sobre el fin del conflicto, aunque ha advertido: “No tengo plazos, quiero acabar con la guerra”.

Mientras Vladímir Putin reclama que Ucrania ceda las zonas del norte de Donetsk que el Ejército ruso aún no ha logrado ocupar, la propuesta alternativa de Volodímir Zelenski plantea la creación de un área desmilitarizada, con la retirada de ambas partes de la actual línea del frente. Esta iniciativa podría llevarse a referéndum en Ucrania, siempre y cuando Moscú acepte previamente un alto el fuego de entre 60 y 90 días.

En relación a otra de las reuniones de Trump, la que se ha producido este lunes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Robles ha expresado que este último “no es quizás la persona adecuada para liderar este proceso, pero lo que es importante en este momento es lograr un acuerdo de paz”. Además, tres meses después del embargo total armas Israel, la ministra ha defendido que las tranferencias entre España y el estado israelí se limitan al “ámbito comercial, industrial y de exportaciones”. “No está relacionado con el ámbito de las armas ”, ha añadido.