Ni supone un ahorro automático para los autónomos que cobren menos de 85.000 euros ni España está obligada por Bruselas a implantarlo. El IVA franquiciado ha entrado esta semana, por la puerta grande, en el barro político, después de que Junts lo situara como de sus condiciones para votar a favor del Real Decreto-Ley de congelación de alquileres, que finalmente decayó con sus ‘noes’ y los de PP y Vox.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que los neoconvergentes han jugado la carta del IVA franquiciado para torcer la mano del Gobierno. Primero, para aprobar las rebajas fiscales en respuesta a la guerra en Oriente Medio. Y, después, para las medidas de urgencia sobre vivienda. En el primer caso, el Gobierno transigió y apoyó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para darle impulso a este régimen específico. En el segundo, no hubo acuerdo, ya que en el ala socialista del Ejecutivo ya daban la norma por perdida.

Pero, ¿qué es el IVA franquiciado? Lo que promete ser el próximo dolor de cabeza del Ministerio de Hacienda es un régimen que existe en el resto de países de la Unión Europea, siendo España la excepción. Hay una directiva europea que el Estado está obligado a transponer al derecho nacional. Sin embargo, solo se exige al Gobierno reconocer a los autónomos españoles la capacidad de acogerse a este régimen en sus negocios con otros países, pero no en su actividad doméstica.

La directiva recoge que los Estados miembro “podrán” conceder una franquicia en el IVA hasta un máximo de 85.000 euros. En la práctica, esto evita que los autónomos que facturen menos tengan que repercutir el impuesto o hacer una declaración trimestral del mismo, reduciendo las cargas burocráticas para aquellos negocios más pequeños.

Fernando Matesanz, de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), explica que, en la práctica, el objetivo es “quitar el engorro administrativo” vinculado al IVA, como repercutirlo o declararlo trimestralmente, lo que para muchos pequeños empresarios supone la contratación –y el gasto extra– de un asesor. “En realidad será beneficioso solo para muy poquitas empresas con muy poco gasto, muy dirigidas a consumidores finales, como un kiosco, por ejemplo”, dice en conversación telefónica. “Pero para aquellos que tengan mucho gasto no será positivo porque no se podrán deducir el IVA”, detalla.

La difícil coexistencia con el sistema de módulos

España ya cuenta con un sistema muy beneficioso para la carga fiscal de los pequeños autónomos: el de módulos, o estimación objetiva, que calcula la tributación en el IRPF en función de una serie de características físicas del negocio y hasta un tope de 250.000 euros de facturación.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso, sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explicó en este artículo Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Matesanz apunta que este sistema es una “anomalía” en el entorno europeo, mientras que el IVA franquiciado está presente en todos los países del conglomerado comunitario. Pero, al mismo tiempo, el sistema de módulos es mucho más beneficioso y tiene mayor alcance, afectando a colectivos tan relevantes (y con poder negociador) como el de los transportistas. “Los dos sistemas tienen difícil convivencia. Habrá que hacer una labor de coordinación”, dice el experto de AEDAF.

El Gobierno votó a favor de uno de los puntos de la PNL de Junts sobre la “fatiga tributaria” que sufren los autónomos y las clases medias para asegurar el apoyo del partido catalán al Real Decreto-Ley de respuesta económica a la guerra en Oriente Medio. En concreto, al séptimo, por el que el Congreso instaba al Ejecutivo a “aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales”. 

Pero estas iniciativas funcionan como declaraciones políticas, sin ser legalmente vinculantes. Por lo que esta vez Junts fue más allá y exigió su aplicación, junto con otras medidas fiscales, para dar luz verde a la prórroga de los alquileres. Un extremo que reiteró su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, una vez derogada la norma. “Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos”, aseguró.

Sumar, a favor de su aprobación

Esta semana, mientras corrían los minutos hacia la votación decisiva, desde Sumar se mostraban abiertos a aceptar las condiciones de Junts, mientras desde el ala socialista se mostraban escépticos y, sotto voce, daban por perdida la medida.

Preguntada por esta cuestión durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que su posición era “conocida” y “de justicia social”. “Hay que transponer el IVA franquiciado. La directiva la debes cumplir, al 100%, o un poco menos, pero debes cumplir”, dijo, abriendo la puerta a rebajar esa exención.

A su lado, y en su estreno ante los medios tras la reunión semanal del gabinete, el ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que ya estaban trabajando en ello. “El Gobierno está trabajando en esta transposición y en otras transposiciones de directivas atendiendo a las directrices de los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda. Esta, sabe usted que está en tramitación parlamentaria”, zanjó.

En concreto, el ministro se refirió a una enmienda del Grupo Socialista en el Congreso a un proyecto de ley para transponer otra directiva –esta, sobre criptoactivos– que permitiría trasladar al derecho nacional la del IVA franquiciado. Esta debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025, por lo que acumula un notable retraso. De hecho, la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haberla incorporado en tiempo y forma.

Pero la enmienda solo permitirá que los autónomos españoles se acojan al régimen de franquicia de otros estados miembros y no lo instaura para su actividad nacional. La norma todavía está a la espera de que se apruebe la ponencia, para luego remitirla a votación al pleno del Congreso. Es decir, que las negociaciones siguen abiertas... y aún queda recorrido para que salga adelante.

El Estado recaudó 2.300 millones adicionales en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del producto interior bruto (PIB) y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

Las cifras las desglosa el propio Gobierno central en el Informe de Progreso Anual remitido este jueves a Bruselas, que han hecho público en la mañana de este viernes. El Ejecutivo se comprometió a impulsar, para recibir el 'maná' europeo, una reforma tributaria que elevara los ingresos fiscales de manera estructural en un 0,3% del PIB (algo más de 5.000 millones de euros), pero, además, pactó otro incremento adicional de una décima de PIB (en torno a 1.700 millones) a implementar antes de finalizar 2025.

El Gobierno, para alcanzar ese 0,1 adicional que sumase los 0,4 puntos del PIB que le exigía Bruselas, decidió utilizar la congelación de los tramos del IRPF para conseguirlo, como reconoce el documento. En la Etapa 2 se debía acreditar un incremento adicional de los ingresos por valor de un 0,1% del PIB hasta el cuarto trimestre del 2028. Dicho incremento se logra a través de la no deflactación de las bases tributarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el año 2025 se alcanza ya un incremento de la recaudación de un 0,1% del PIB“, apunta el informe elaborado por los Ministerios de Economía y Hacienda.

Recaudación a medias entre el Estado y las CCAA

El Gobierno asegura que esta medida -que es pasiva, ya que no requiere de ningún cambio normativo para que salga adelante- recaudó en 2025 2.294 millones de euros, a medias entre la Administración Central (1.137 millones) y el grueso de las comunidades autónomas (1.157 millones). Esto es así por el efecto de la llamada “progresividad en frío”, cuando los salarios suben para compensar el avance de los precios y, al no actualizar las tarifas del impuesto, se produce un aumento de la tributación sin que se perciba por completo esa mejora del poder adquisitivo.

Estas cifras, explica el Ejecutivo, salen de recalcular la liquidación del impuesto con los datos declarados en una tarifa en la que se actualizan no solo los tramos con el IPC de 2025, sino también los mínimos personales y familiares.

La no deflactación del IRPF se ha convertido en un argumento habitual de quienes defienden que España vive en un infierno fiscal. El Gobierno ha venido rechazando esta medida, asegurando que beneficia más a las rentas más altas (por la estructura progresiva del impuesto, ese alivio se acumula), y que en este impuesto ya ha aplicado rebajas importantes al elevar los mínimos exentos hasta equipararlos con el salario mínimo (cosa que también beneficia a toda la escala del tributo).

“Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras”, respondió el ministro de Hacienda, Arcadi España, en una entrevista en elDiario.es.

Hasta 800 euros de más por no deflactar entre 2022 y 2025

Este miércoles, el Consejo General de Economistas reclamó una reforma integral de la Ley del IRPF, tras veinte años de la última revisión en profundidad de su estructura, para adaptar a los nuevos tiempos algunas figuras clave del tributo y deflactar las tarifas. Según sus cálculos, un contribuyente medio habría pagado 800 euros de más por no adaptar el impuesto entre 2022 y 2025.

Así, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) hicieron la simulación de cuánto habrían pagado de más cuatro contribuyentes solteros, sin hijos y que solo tributan por rendimientos de trabajo, con salarios en 2021 de 22.000 euros (la barrera a partir de la cual es obligatorio tributar), de 24.918 euros (el medio en ese ejercicio), de 45.000 euros y de 60.000 euros. Estas cuantías se actualizan con la subida media pactada por convenio entre 2022 y 2025.

De acuerdo con estos cálculos, en el primero de los casos el contribuyente habría mejorado su renta en 3.189,29 euros entre 2022 y 2025, pero habría pagado el 19,7% de ese incremento (628,26 euros) por no actualizarlo. En el segundo, el sobrecoste acumulado sería de 820,77 euros (el 22,72% de los 3.612,31 euros de mejora salarial).

En las simulaciones más elevadas, una renta de 45.000 euros en 2021 habría aumentado su salario en 6.523,55 euros, de los que habría pagado un 20,20% más a Hacienda (1.317,50 euros); en tanto que una de 60.000 euros habría subido su retribución en 8.698,06 euros, pero solo pagaría un 17,04% más al fisco (1.482,18 euros).

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a moderar el crecimiento del gasto público en 2026 hasta el 4,2%, a pesar de las medidas extraordinarias por la guerra en Oriente Medio, y después de que en 2025 avanzara un 4,5% sin tener en cuenta las inversiones en Defensa. El Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea que seguirán embridando las cuentas públicas, con una reducción del déficit y de la ratio de deuda pública. Este último indicador cerrará 2026 por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez desde 2019.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han remitido este jueves, al filo de la medianoche, el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las reglas fiscales europeas, en el que detallan el cumplimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea a finales de 2024.

Como ya avanzó el Ejecutivo el martes, el documento se reafirma en que España cumplió con la regla de gasto -la medida de referencia para el nuevo marco de gobernanza económica- en 2025. El año pasado el gasto público -una vez descontadas las medidas de ingresos, que compensan el avance de estos costes- creció un 4,5%, en el límite máximo fijado por Bruselas.

Esto se debe, como explica el documento enviado al Ejecutivo comunitario, a que el crecimiento potencial de la economía española -es una medida teórica de cuánto puede avanzar el PIB sin provocar desequilibrios- ha sido superior tanto en 2025 a las previsiones que se manejaron en la elaboración del Plan Fiscal Estructural. Si a finales de 2024 se estimaba que este avance potencial era del 2%, las últimas simulaciones lo sitúan entre el 2,6 y el 2,8%. Esto ha dado mayor margen de gasto al tiempo que se cumplen las reglas fiscales.

El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó el martes que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, un mecanismo puesto en marcha por Bruselas para impulsar las inversiones en seguridad, que permiten que estas partidas no computen a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Informe, esto equivale 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable.

En términos acumulados, entre 2024 y 2025 el gasto creció un 8,7%, por debajo del margen permitido por las reglas fiscales. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, con ese avance del 4,2% para este ejercicio, el gasto acumulado será del 13,3%, por debajo de las líneas rojas fijadas en la reforma de 2024.

El menor déficit en 20 años

Este menor crecimiento del gasto público redundará en una mejora de las cuentas públicas. El Gobierno estima que el déficit público cerrará el año en el 1,6% del PIB, una vez descontados los gastos extraordinarios a los que aún está haciendo frente el Gobierno por la DANA de 2024 y por las inundaciones de principios de este año. Esto supone una reducción de seis décimas desde el 2,2% notificado a Bruselas en 2025 y muy por debajo del objetivo que se fijó el Ejecutivo para este año, que era del 2,1%.

El Gobierno asegura que este año cerrará también con un superávit primario del 0,9% (esto es, la diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos una vez descontado el coste de pagar los intereses de la deuda), lo que permitirá acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. En concreto, ya este año se situará en el 99,3% del PIB, la menor tasa desde 2019 y adelantando un año el objetivo fijado para el final de la legislatura.

Además, el Ejecutivo da por cumplida la reforma fiscal y cifra en 2.300 millones la recaudación extra en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del PIB y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento económico en el 2,2%, ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, pero calculan que los efectos de la guerra podrían costarle entre 0,1 y 0,4 puntos de PIB. Los datos de cierre de 2025, cuando España creció un 2,8% con una aceleración a final del ejercicio, y la robustez del principio de año (el PIB ha avanzado un 0,6%) sostienen esta proyección.

Sí prevén una mayor inflacion, medida por el deflactor del PIB, pero justifican que esta subida (al 3,1%) se debe a que el año pasado cerró por encima de lo que habían anticipado. Es decir, que tampoco incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra.

La economía española ha aguantado el primer golpe de la guerra en Oriente Medio. A pesar de los fríos vientos de cara que proceden de Irán, y que ya está estancando algunas economías como la francesa, el producto interior bruto (PIB) español creció un sólido 0,6% en el primer trimestre, gracias a la fortaleza del consumo de los hogares y de la inversión productiva.

De acuerdo con los datos preliminares publicados este jueves por el INE, el crecimiento económico se ralentizó ligeramente en comparación con el cuarto trimestre de 2025, en el que avanzó un robusto 0,8%, pero en términos interanuales (es decir, comparando los tres primeros meses de 2026 con los del año pasado) se situó en el 2,7%, con una ligera aceleración en comparación con el final del ejercicio pasado.

Según destaca Estadística, de ese 0,6% que creció la economía en los tres primeros meses del año, 0,4 puntos se explicaron por la aportación de la demanda interna de la economía, en tanto que 0,2 fueron gracias al sector exterior.

En cuanto a la 'pata' interna de la economía, el consumo de los hogares avanzó un 0,6% y el de las administraciones públicas, un 0,2%, con una ligera ralentización en comparación con finales del año pasado.

La inversión productiva, medido a través de la Formación Bruta de Capital Fijo, creció un 0,4%, una ralentización notable si comparamos el avance de esta rúbrica en el último trimestre de 2025 (2,1%).

Del sector exterior, las exportaciones decrecieron ligeramente en el trimestre (0,5%), pero cayeron más las importaciones (1,2%). Este comportamiento menos dinámico de las compras al exterior del país es relevante a la hora de calcular el crecimiento, ya que que adquirir en otras economías 'resta' PIB, mientras que las ventas al extranjero suman.

Desde la óptica de la oferta, y por sectores, todas las ramas productivas crecieron en el primer trimestre del año: las primarias, vinculadas al campo, un 3,3%; la industria, un 0,4%; la construcción, un 0,1%; y los servicios, un 0,7%.

El crecimiento interanual se acelera

El crecimiento interanuales de la economía española se ha acelerado una décima, hasta el 2,7%, en comparación con el registrado a finales del año pasado, después de que el INE haya revisado ligeramente a la baja el cierre de 2025.

Si la economía española crece a un ritmo del 2,7% en comparación con le primer trimestre de 2025, 3,4 puntos se deben a la fortaleza interna de la economía, mientras que el sector exterior, aún sufriendo la convulsión arancelaria desatada por Donald Trump, restó 0,7.

El consumo de los hogares acelera al 3,2% (una décima más), que contrarresta ligeramente la desaceleración en el de las Administraciones Públicas (creció un 2%, cinco décimas menos que entre octubre y diciembre).

La inversión creció un 5,6%, con la construcción de vivienda (6%) y los productos de propiedad intelectual mostrando el mayor dinamismo (6,8%).

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía apunta a que esta cifra cierra una semana de “datos positivos”, tras la publicación de la Encuesta de Población Activa (que no fue tan buena, como suele ocurrir al iniciar el año) y de la inflación de abril, que se moderó ligeramente en relación con marzo.

“La economía española mantiene el pulso de crecimiento en este arranque de año marcado por la guerra de Irán”, señala el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que destaca que este “sólido” ritmo de la actividad permite que España siga “liderando entre las principales economías de la Unión Europea”.

Otro de los datos positivos que arroja la Contabilidad Nacional publicada este jueves es el repunte de la productividad por hora trabajada, que creció un 1% en el primer trimestre, en comparación con el precedente. Esto, dicen desde el Ejecutivo, consolida “un ciclo insólito de aumento de la productividad y creación récord de puestos de trabajo, que es el reflejo de la modernización de nuestro modelo de crecimiento económico”.

Estos datos son un primer avance de la Contabilidad trimestral, que se elabora con los indicadores disponibles, la mayor parte hasta febrero. El estallido de la guerra, en marzo, y sus efectos sobre otros indicadores se verían ya reflejados en la revisión que haga Estadística de sus cifras a finales de junio.

El Consejo General de Economistas ha reclamado una reforma integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tras veinte años de la última revisión en profundidad de su estructura, para adaptar a los nuevos tiempos algunas figuras clave del tributo y actualizar con la inflación los mínimos y las tarifas estatales.

En una rueda de prensa para presentar su manual sobre la Declaración de la Renta y Patrimonio 2025, con los principales cambios normativos a seguir para este año, los técnicos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han presentado varios ejemplos del sobrecoste para los contribuyentes de la llamada “progresividad en frío”. Esto es, cuando los salarios se actualizan para compensar la inflación pero, al no actualizar al mismo ritmo las tarifas del impuesto, parte de la mejora de poder adquisitivo se convierte en una mayor tributación.

Así, desde el REAF han hecho la simulación de cuánto habrían pagado de más cuatro contribuyentes solteros, sin hijos y que solo tributan por rendimientos de trabajo, con salarios en 2021 de 22.000 euros (la barrera a partir de la cual es obligatorio tributar), de 24.918 euros (el medio en ese ejercicio), de 45.000 euros y de 60.000 euros. Estas cuantías se actualizan con la subida media pactada por convenio entre 2022 y 2025.

La elección del periodo tampoco es casual, ya que coincide con la escalada de la inflación tras la salida de la pandemia y exacerbada por la guerra en Ucrania, que disparó primero los precios de la energía y, después, se trasladó a la cesta de la compra en la alimentación. Desde enero de 2022 a marzo de 2026, el último dato definitivo, la subida acumulada es del 17,1%.

De 600 euros a casi 1.500 más entre 2022 y 2025

De acuerdo con estos cálculos, en el primero de los casos el contribuyente habría mejorado su renta en 3.189,29 euros entre 2022 y 2025, pero habría pagado el 19,7% de ese incremento (628,26 euros) por no actualizarlo. En el segundo, el sobrecoste acumulado sería de 820,77 euros (el 22,72% de los 3.612,31 euros de mejora salarial).

En las simulaciones más elevadas, una renta de 45.000 euros en 2021 habría aumentado su salario en 6.523,55 euros, de los que habría pagado un 20,20% más a Hacienda (1.317,50 euros); en tanto que una de 60.000 euros habría subido su retribución en 8.698,06 euros, pero solo pagaría un 17,04% más al fisco (1.482,18 euros).

Más allá de la deflactación, la vicepresidenta del REAF, Carmen Jover, ha puesto de manifiesto que desde que se aprobó la Ley del IRPF de 2006, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente, no ha habido una reforma en profundidad del principal impuesto recaudador del sistema tributario.

Si bien los mínimos personales se actualizaron en 2015, hay otras magnitudes absolutas como la exención por un seguro médico que lleva congelada en 500 euros desde 2003, la de las dietas de manutención es de 26,27 euros desde 2007 o la del cheque restaurante de 11 euros desde 2018.

Preguntado por la deflactación en una entrevista con este periódico, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, el ministro defendió que ya se ha actualizado el impuesto al elevar los mínimos exentos con el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 2024 y, desde 2025, aplicar una deducción sobre estas cuantías. Y a eso habría que sumar otros cambios en otros impuestos. 

“Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras”, respondió España.

La inflación ha dado un leve respiro en abril, después del subidón experimentado en marzo, y se ha moderado dos décimas hasta el 3,2% interanual, gracias a la bajada del precio de la electricidad y a las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno, que han compensado las subidas en los carburantes.

Según explica el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este miércoles el dato de avance del Índice de Precios al Consumo (IPC), la electricidad ha bajado en abril de 2026 más de lo que lo hizo en abril de 2025. Esto se debe no solo a la generación de energía renovable, que ha contenido el shock de la guerra en Oriente Medio en los precios del petróleo, sino a las rebajas del Ejecutivo en impuestos como el IVA eléctrico u otros tributos específicos que afectan a la factura de la luz. Ya lo avanzaba el profesor Miguel Sebastián en este artículo en elDiario.es.

En menor medida, ha contribuido a esta moderación que los precios del turismo han crecido menos en 2026 que en el mismo mes de 2025, dado que la Semana Santa coincidió este año entre finales de marzo y principios de abril, mientras que el ejercicio pasado cayó íntegramente en el cuarto mes del año.

La subida de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que han vuelto a máximos esta semana desde que estalló el conflicto en Irán por los ataques combinados de Israel y Estados Unidos, se ha traducido en una subida de la categoría “combustibles y lubricantes para vehículos personales”, recoge Estadística, frente a la bajada que experimentaron en el mismo mes del año pasado.

La subyacente también se frena

El alivio en el IPC general ha supuesto también una moderación en la tasa de inflación subyacente -que excluye de su cálculo los precios energéticos y de la alimentación fresca, por ser más volátiles, y que los economistas consideran 'núcleo' del tejido productivo- al 2,8% interanual, una décima menos que en marzo.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo considera que las medidas aprobadas el pasado 20 de marzo cumplen “su objetivo principal: que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares”.

“España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad. Esto demuestra el elemento adicional de soberanía energética y de protección que supone el actual mix energético en España y la elevada presencia de renovables”, destaca Cuerpo.

La moderación de la inflación se ve más clara en la evolución intermensual (es decir, abril sobre marzo) que en términos interanuales. Así, los precios subieron un 0,4% en el mes de abril, frente a la subida del 1,2% experimentada en marzo, en pleno estallido del conflicto.

En cuanto al IPC Armonizado, que utiliza una cesta común en los países europeos y es el que se utiliza para las comparaciones con el resto de socios, este se situó en el 3,5%, una décima por encima del dato de abril. La subyacente armonizada fue del 3,1%.

El Gobierno cumplió en 2025 con las reglas fiscales y el gasto público, una vez descontadas las medidas de ingresos, aumentó un 4,5%, el máximo permitido por la regla de gasto europea, y después de que el Gobierno haya solicitado a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para evitar que la inversión en defensa compute en el corsé comunitario.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado en la rueda de prensa que solicitó este desahogo al Ejecutivo comunitario, una vez con los datos del cierre de la ejecución presupuestaria, y se suma a los 17 países comunitarios que ya lo reclamaron antes de que finalizara el ejercicio.

“España cumple con la evolución de la regla de gasto (...) En este gasto computable hay una serie de partidas que se eliminan de manera automática: intereses, gasto cíclico en desempleo... y algunas partidas de manera ad hoc pueden eliminarse, entre ella la evolución del gasto en Defensa desde 2024”, ha dicho el 'número dos' del Ejecutivo.

Esta cláusula de escape forma parte de la estrategia de la Unión Europea para aumentar el gasto en seguridad y defensa y permite a los países que se acojan a ella dedicar durante cuatro años un gasto adicional en este ámbito equivalente al 1,5 % del PIB y no se abrirá un expediente por incumplir las reglas fiscales siempre y cuando se demuestre que el desequilibrio se debe a estas áreas. Según fuentes del Ejecutivo, esta solicitud tendrá que recibir el aval del Consejo Europeo una vez estudiada por parte de la Comisión, por lo que no tiene que pasar por el Parlamento.

Con los datos de 2025, el Gobierno ha incurrido en un incremento de gasto acumulado del 8,8%, dos puntos por debajo del máximo permitido por las instituciones europeas.

Retrasa la actualización de las previsiones

El Gobierno ha optado por no incluir una actualización del cuadro macroeconómico en el Informe de Progreso Anual, el nuevo documento clave de las reglas fiscales europeas, y ha optado por diseñar varios escenarios económicos sobre el potencial impacto del conflicto en Oriente Medio.

El vicepresidente Cuerpo ha justificado en la incertidumbre sobre la duración de la guerra, que dificulta “asignar probabilidades” a cada uno de los escenarios, el hecho de que se hayan mantenido las previsiones “inalteradas”, a la espera de aterrizar sus efectos en una actualización completa del cuadro macroeconómico más adelante.

Así, Economía mantiene su previsión de que el producto interior bruto (PIB) avanzará un 2,2% en 2026, y en torno al 2,1% en 2027, pero contempla que, si la guerra se estanca o avanza hacia escenarios más severos, el impacto sobre el crecimiento podría ser de entre 0,1 a 0,4 puntos porcentuales para este año, y de hasta 0,2 puntos el que viene.

“Los datos de este primer trimestre mantienen un cierto pulso y una dinámica de la economía que, en ausencia de guerra, es probable que nos hubiera llevado a una revisión al alza [de las previsiones]. Desgraciadamente, no estamos en ese escenario”, ha dicho el vicepresidente.

El impacto del conflicto no se reflejará tanto en la evolución de la actividad como en los precios. Medidos a través del deflactor del PIB -es decir, la referencia que mide la inflación en toda una economía, más allá del IPC-, los precios avanzarán un 3,1%, un punto más que lo que preveía el Gobierno en noviembre del año pasado.

Sobre las cuentas públicas, el Gobierno anticipa que este año el déficit público -diferencia entre ingresos y gasto públicos- se situará en el 1,6%, desde el 2,2% en el que cerró el año pasado. Sería el mejor dato desde 2007, cuando España cerró con un superávit -más ingresos públicos que gastos- del 1,9%.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que la actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno, el escenario sobre el que se construyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), no se producirá hasta que se aterricen los efectos de la guerra y las medidas desplegadas para contrarrestarlos no tendrá lugar hasta “los próximos meses”.

El 'número dos' del Ejecutivo presentará este martes en Consejo de Ministros el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las nuevas reglas fiscales europeas, en el que dará cuenta del cumplimiento del Estado de la regla de gasto, el parámetro clave que revisa la Comisión Europea.

Sin embargo, este documento no incluirá una actualización definitiva de las previsiones económicas del Ejecutivo, algo que tendrá lugar “en las próximas semanas”, lo que retrasa, de facto, la presentación de las Cuentas Públicas.

“Cuando tengamos un escenario macroeconómico actualizado y aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, en base a este escenario presentaremos los Presupuestos”, ha dicho Cuerpo en declaraciones a la prensa tras la inauguración del Invest in Spain Summit, un gran foro destinado a la atracción de inversión extranjera.

Cuerpo ha aseverado que el Gobierno se encuentra “en el paso previo”, analizando el impacto de las medidas que han desplegado para hacer frente a la guerra en Irán. “Veremos en los próximos meses cómo actualizamos ese escenario económico, una vez se reduzcan estas fuentes de incertidumbre y, a partir de ahí, tendremos la base para la presentación de estos Presupuestos”, ha subrayado.

El vicepresidente ha justificado este movimiento en que otras instituciones nacionales y extranjeras, como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, han diseñado diversos escenarios sobre el devenir del conflicto en Oriente Medio ante la “enorme incertidumbre” en torno al mismo.

Preguntado si el Gobierno se plantea ya la presentación de unas cuentas públicas para 2027, en lugar de unos Presupuestos para el ejercicio en curso, el vicepresidente se ha limitado a asegurar que ese trabajo se hará “en las próximas semanas”.

En una entrevista publicada este fin de semana en elDiario.es, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ya priorizaba “amortiguar las consecuencias de la guerra de Irán” sobre las empresas y familias a la presentación de las cuentas públicas, aunque se reafirmaba en que lanzaría el proyecto, que ya dejó preparado María Jesús Montero.

“Estamos trabajando conjuntamente con la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía para tener un cuadro macro que sea lo más fidedigno y, con esas previsiones, presentar los presupuestos. Por lo tanto, funcionamos bien y con normalidad, a pesar de tenerlos prorrogados”, apuntó España.

Las proyecciones en vigor del Gobierno, hechas a finales del año pasado, anticipaban un crecimiento del 2,2% para 2026, en línea con las revisiones ya hechas por los organismos internacionales que incorporan los efectos de la guerra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la adjudicación provisional de 500 millones de euros en proyectos de descarbonización para sectores como el cementero, el químico, el aluminio o el papel, que contribuirán a electrificar procesos industriales, incorporar hidrógeno verde, optimizar la gestión energética y desplegar otras tecnologías limpias.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado la resolución, anunciada hace solo dos meses en el Congreso Nacional de Industria, este lunes durante la inauguración del Invest in Spain Summit, un foro organizado por Economía que este año celebra su segunda edición, después de que la primera tuviera que ser suspendida al coincidir con el apagón.

En concreto, el Gobierno ha aprobado la resolución provisional que beneficiará a 18 proyectos por un valor de 518 millones de euros. En concreto, el sector cementero es el más beneficiado por la resolución de esta línea del PERTE de Descarbonización Industrial, con 341 millones de euros. De estos, 172 millones serán para Cemex y 41 millones para Molins.

Alcoa, productora de aluminio, recibirá 40 millones de euros. Unión Industrial Papelera ha sido adjudicataria de 31,8 millones, que permitirán poner en marcha su Plan de descarbonización de la fábrica de papel reciclado en La Pobla de Claramunt, Barcelona; y Evonic, del sector químico, otros 30 millones para sus actuaciones de descarbonización para la producción de peróxido de hidrógeno en su planta de La Zaida, en Zaragoza.

“Siempre que me reúno con inversores extranjeros me hago la misma pregunta: no me cuestiono por qué invierte en España, me pregunto por qué no invierten aquí los que no lo hacen todavía”, ha dicho el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha puesto en valor que España es un país “fiable”, con un marco jurídico “estable” y que ofrece oportunidades de inversión, al tiempo que cuenta con la economía más dinámica de la zona euro, con gran creación de empleo y unos precios energéticos más baratos.

Antes, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dado la bienvenida a los 75 inversores de más de 25 países presentes recordando al nobel español Santiago Ramón y Cajal, laureado por sus estudios sobre el cerebro humano. Ese ejemplo de innovación, que sigue siendo relevante más de un siglo después, demuestra “como España está preparada para afrontar los retos clave” del momento: desde la transición energética a la integración de la inteligencia artificial en la economía productiva.

“Están en el lugar adecuado en el momento adecuado”, ha celebrado el 'número dos' del Ejecutivo.

Arcadi España (Carcaixent, 1974) cumple este fin de semana un mes con la llave de la caja del Gobierno central en su bolsillo. El nuevo ministro de Hacienda llegó al Gobierno a mitad de legislatura, con la tarea de llenar el gran hueco dejado por la exvicepresidenta María Jesús Montero, unos Presupuestos prorrogados, un modelo de financiación al que le falta letra pequeña por escribir y una guerra en Oriente Medio cuyos efectos pueden convertirse en un dolor de cabeza a la hora de cuadrar las cuentas públicas.

En su primera entrevista con un periódico desde que tomó posesión, España atiende a elDiario.es en la mañana del viernes. Se reafirma en que presentará los Presupuestos, pero apunta que ahora el Gobierno está centrado en “amortiguar las consecuencias” del conflicto en los bolsillos. Hace suya la propuesta de reforma de la financiación autonómica diseñada por Montero y carga contra el dumping fiscal de algunos gobiernos autonómicos: “Decir que no a este modelo no responde a razones racionales”.

¿Cuándo va a presentar los Presupuestos?

Lo importante son dos elementos. El primero, un elemento de tranquilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que, con presupuestos prorrogados, el Gobierno de España puede hacer frente a todas las necesidades que hay en nuestra economía. Por ejemplo, el último paquete de medidas de 5.000 millones de euros para amortiguar los efectos de la guerra en Irán. 

Vamos a presentar los Presupuestos, pero en este momento el Gobierno de España está centrado en la misma preocupación que tienen todos los españoles y españolas: cómo amortiguar las consecuencias de la guerra en Irán en su actividad diaria, en la cesta de la compra, en la gasolina, en el recibo de la luz y también para nuestras pymes, autónomos, agricultores y el sector del transporte.

En 2024 también dijeron que presentarían los Presupuestos. Pasó lo mismo en 2025. Ahora, en 2026, ya estamos a finales de abril. ¿Por qué esta vez sí tenemos que pensar que van a hacerlo y que no van a ir directamente a los de 2027?

Por desgracia, esta guerra ilegal cada día cambia, con las consecuencias que tiene en las familias. Estamos trabajando conjuntamente con la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía para tener un cuadro macro que sea lo más fidedigno y, con esas previsiones, presentar los presupuestos. Por lo tanto, funcionamos bien y con normalidad, a pesar de tenerlos prorrogados. 

Vamos a presentar los Presupuestos, pero el Gobierno está centrado en amortiguar las consecuencias de la guerra en Irán

Hablando de las consecuencias de la guerra, ¿cuánto espacio fiscal queda para tomar nuevas medidas en el caso de que fueran necesarias?

El primer paquete es de 5.000 millones de euros con una vigencia de tres meses, que luego ya veremos en función de cómo evolucione si es necesario tomar medidas adicionales o no. Pero partimos de dos elementos importantes: el elemento fiscal, al que hace referencia. Yo quiero reconocerle a la anterior vicepresidenta y ministra de Hacienda que tenemos el déficit más bajo en 18 años, que nuestra deuda pública ha bajado más de 25 puntos desde el pico de la pandemia, y que nuestra prima de riesgo está por debajo de los 50 puntos básicos, mucho mejor que otras grandes economías de la zona euro. Las constantes vitales financieras de nuestro país nos permiten tener ese margen necesario para afrontar estos 5.000 millones y las circunstancias que pudieran venir en el futuro. 

Otro segundo elemento es que, como país, estamos mejor preparados, no solo en términos financieros, sino también por la apuesta por las renovables. La vacuna para protegerse mejor ante estas guerras ilegales de energía es tener autonomía estratégica. Que el 60% de la electricidad de nuestro país sea de renovables es una garantía de que podemos capear el temporal provocado por esta guerra ilegal.

España es uno de los cinco países que ha reclamado a la Comisión Europea un impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas por este conflicto. España ya tuvo uno, pero decayó por falta de apoyos. ¿No resulta contradictorio tratar de impulsarlo a nivel europeo cuando aquí se ha dejado en un cajón?

Yo creo que es fundamental tener en cuenta la perspectiva de la crisis internacional y del europeísmo que tiene el presidente del Gobierno. Recuerde también la iniciativa del presidente Pedro Sánchez y del presidente de Brasil, Lula da Silva, de poner ese impuesto a los ultrarricos del mundo, que se tiene que hacer de una forma global, porque los grandes patrimonios siempre buscan alguna fórmula para poder esquivar sus responsabilidades fiscales en los países. En esta iniciativa, que no solo está impulsada por España, sino también por una gran economía como es Alemania y otros países, tenemos que buscar ese ámbito europeo.

¿Y se plantea hacerlo de manera autónoma, a la española, en el caso de que no salga adelante una solución europea?

Estamos en la solución europea y tenemos que centrarnos en eso. Estos dos días en Chipre, en el Consejo Europeo informal, se estará hablando, a iniciativa del Gobierno de España y de otros de la Unión, de esa propuesta que me parece muy positiva y necesaria para que los costes de esta guerra se distribuyan justamente. También con determinadas empresas que están haciendo unos beneficios extraordinarios a raíz del conflicto.

En el caso de que la guerra se enquiste, ¿se plantea pedir la suspensión de las reglas fiscales?

El presidente, esta misma mañana [la de este viernes] antes de entrar en el Consejo informal, ha planteado dos cosas que me parecen muy relevantes. La primera es la necesidad de extender los Fondos Next Generation EU para acelerar el proceso de transformación energética, de descarbonización y de apuesta por las renovables. España lidera ese proceso en la Unión Europea, y es lo que nos permite tener una situación de partida mejor para afrontar la situación. 

Y la segunda, que tiene que ver con una cláusula de salvaguarda para, igual que se ha hecho con el gasto en defensa, que no compute en términos de déficit la inversión en la descarbonización y la electrificación. Y lo hacemos con la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestros compromisos financieros y de estabilidad.

Mencionaba usted el gasto en Defensa. Los Presupuestos tendrán que incorporar el gasto del 2,1% del PIB. Justo esta mañana hemos conocido un correo del Pentágono en el que se plantea la posible expulsión de España de la OTAN por su actuación en relación con la guerra en Irán. ¿Cuál es la opinión sobre este asunto?

Es un correo electrónico interno. Lo que tenemos claro es que España cumple con sus compromisos internacionales con la Alianza. Estamos ya en esa cifra de inversión respecto al PIB y actuamos siempre con lealtad con nuestros socios. Por lo tanto, cumplimos y actuamos con lealtad. Eso sí, si me permite, lealtad no significa sumisión.

Cumplimos con nuestros compromisos con la OTAN. Pero lealtad no significa sumisión

Otro de los asuntos pendientes que le dejó la vicepresidenta Montero, quizá el más espinoso, es el modelo de financiación autonómica. ¿Lo asume como propio?

Absolutamente. Yo he tenido la responsabilidad de ser consejero de Hacienda en la Generalitat Valenciana y es un modelo muy esperado y muy justo con todas las comunidades autónomas. Ninguna pierde, todas ganan. El Gobierno de España, de sus recursos, pone encima de la mesa 21.000 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas, que es como decir para el Estado del bienestar de nuestro país. Es más transparente, con reglas justas y el gap que hay entre las diferencias de inversión per cápita entre unos ciudadanos y otros se reduce radicalmente. Decir que no a este modelo no responde a razones racionales por parte de ninguna comunidad autónoma.

Después de ser consejero de la Comunitat Valenciana, ¿se puede defender como ministro un modelo en el que se le va a dar cierta financiación singular a Catalunya?

Es un modelo aplicable para todos, transparente. Hemos visto las cifras. Las comunidades que mayor volumen de recursos van a tener están gobernadas por el Partido Popular: la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia… Las más infrafinanciadas históricamente. Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual. Puedo entender determinados argumentos de la estética, sobre cómo se presentó o no se presentó. Pero el modelo es profundamente justo, igualitario con el conjunto y que beneficia a todas las comunidades autónomas. No hay ningún trato preferente. Lo que hay es un trato más justo con todas las comunidades autónomas que el modelo que existe en la actualidad.

¿Cuándo va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentar a los consejeros el anteproyecto de ley?

Como sabe, ya se presentó por parte de la vicepresidenta Montero en el Consejo de Política Fiscal. Estos meses nos hemos encontrado con procesos electorales, con configuraciones de nuevos gobiernos y ahora está todavía el proceso electoral en Andalucía. Pero la hoja de ruta se mantiene igual, con el mismo compromiso firme de tener también un diálogo con las comunidades autónomas, como así se acordó y se dijo en el Consejo de Política Fiscal. El objetivo es el mismo: presentar el proyecto de ley de un nuevo modelo y que cuanto antes pueda estar en vigor. Al Gobierno de España le gustaría que esa fecha fuera el 1 de enero de 2027.

¿Entonces el proyecto saldrá o irá al Consejo de Ministros antes del verano para dar tiempo a que suceda?

Veremos los plazos administrativos que tenemos. Lo que sí que tenemos es el compromiso de presentarlo. Pero yo creo que todas las comunidades autónomas, especialmente las que tienen más problemas financieros, tienen mucha urgencia de que este nuevo modelo se apruebe cuanto antes.

No puede ser que determinados territorios bajen los impuestos a las rentas más altas y luego pretendan que el Gobierno de España, con los impuestos del conjunto de los españoles, les pague el regalo fiscal

¿Cuándo va a recaudar Catalunya el 100% del IRPF?

El Gobierno de España cumple sus compromisos y, en este ámbito, el compromiso es el asumido en la comisión bilateral con la Generalitat de Catalunya, que establecía que, para el conjunto de comunidades autónomas, había que buscar vías para una mayor corresponsabilidad de la gestión y para una mayor implicación también. Siempre en red con la Agencia Tributaria.

Una de las obsesiones de la vicepresidenta Montero en relación con el modelo de financiación era poner freno al dumping fiscal que se hace desde determinadas comunidades como Madrid o Andalucía. ¿Cómo va a intentar evitar esa competencia a la baja en materia de impuestos?

La competencia a la baja en materia de impuestos es una competencia desleal dentro de un Estado autonómico, desde mi punto de vista, y va contra el Estado del bienestar. No puede ser que determinados territorios bajen los impuestos a las rentas más altas y luego pretendan que el Gobierno de España, con los impuestos del conjunto de los españoles, les pague el regalo fiscal. Eso hay que criticarlo y hay que combatirlo. 

Este modelo es muy transparente. Va a permitir que todo el mundo vea la situación de cada una de las comunidades autónomas, de los flujos que va a haber de solidaridad entre territorios e incrementa también el grado de corresponsabilidad fiscal. Si un gobierno autonómico decide bajar los impuestos a las rentas más altas y los grandes patrimonios y hacerse un agujero en sus propios presupuestos, sus ciudadanos tienen que saber que irá en detrimento de sus servicios públicos.

Otra de las iniciativas impulsadas por el Gobierno, tras un acuerdo de investidura, fue la condonación de 83.000 millones de deuda autonómica. El proyecto ya está en el Congreso de los Diputados, pero no ha habido avances. ¿Le va a dar un nuevo impulso?

Son los grupos parlamentarios y la Cámara la que tiene que decidir cuándo actuar. Yo creo que el proyecto es muy bueno y quiero hacer una defensa de lo que significa, porque he visto muchas reacciones de comunidades autónomas absolutamente incomprensibles. Siempre pongo un ejemplo: imagínese usted que tiene una hipoteca con un banco. Va al banco y el director o directora le dice “Mire, usted me debe 200.000 euros. Le voy a quitar 100.000 euros y no me los va a tener que devolver”. Y tú te levantas y te vas y dices que te parece mal. No es racional. Ninguna comunidad autónoma puede decir que no a este proyecto de ley de condonación. Te puede parecer poco o mucho, pero no puedes decir que no.

Ministro, ¿vivimos en un infierno fiscal?

No, no vivimos en un infierno fiscal. Los bulos no solo están en el ámbito más político, también hay bulos en el ámbito fiscal. Tenemos que hacer dos ejercicios, si me permite. El primero es compararnos cómo estamos respecto a otros países de nuestro entorno. Nuestra presión fiscal está tres puntos por debajo de la media, muy lejos de la presión fiscal de Alemania, de Francia o de Italia, que son países referentes y vecinos nuestros. 

Y dentro de España hemos hecho durante todos estos años un esfuerzo sin precedentes de mejorar la progresividad. En España ahora el sistema fiscal es más justo que en el año 2018, cuando llegamos al gobierno. Las rentas más bajas, las clases medias y trabajadoras pagan menos impuestos que lo que pagan los grandes patrimonios y los grandes beneficios empresariales.

Lo del infierno fiscal, además de un eslogan peligroso. Ya no es el debate clásico que había entre izquierda y derecha, en el que la izquierda defendía un sistema progresivo donde quien más tiene, más paga; y la derecha apostaba por unas bajadas a los grandes patrimonios y la gente con más dinero, porque así decían que tendrían más recaudación. Yo no comparto la visión de la derecha, pero puedo respetar ese debate. El Partido Popular ha dado un paso más en la irresponsabilidad de un partido que quiere ser de gobierno y ya solo plantea “¿impuestos sí o impuestos no?”. Yo quiero recordarle al Partido Popular de dónde sale el dinero para pagar un trasplante de corazón, que vale 90.000 euros, o una noche de UCI de 3.700 euros. ¿De dónde sale el sueldo de la Policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de los profesores y profesoras, de los maestros, de los enfermeros y las enfermeras? “¿Impuestos sí o impuestos no?” es “¿Estado de Bienestar sí o Estado de bienestar no?”. Debatamos si quieren sobre la progresividad, pero es una irresponsabilidad plantearlo en términos de que todos los impuestos son un robo a los ciudadanos.

Uno de los argumentos que utiliza el PP para hablar de ese infierno fiscal es que no se ha deflactado la tarifa estatal del IRPF. ¿Por qué no se hacerlo después de la mayor crisis inflacionaria en 50 años?

Hay un elemento muy importante, que no se ha valorado suficiente, que es que ahora no tributa la gente que cobra el salario mínimo interprofesional (SMI). Antes pagaba y ahora no. Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras. 

Nos encontramos con una contaminación mediática de bulos y un ataque a lo que es un sistema fiscal que tiene muchas cosas que mejorar, pero en nuestro país a quien más se les pide es a quien más tiene, a grandes patrimonios y a grandes beneficios empresariales. 

¿Y si se lo piden los socios para aprobar los Presupuestos, estarían por la labor?

Nosotros vamos a estar siempre dialogando con todos los grupos parlamentarios. Cuando empiece la negociación veremos todos los ámbitos que hay. Pero yo quiero dejar claro que la posición del Gobierno de España siempre va a ser la misma: apostamos por la progresividad. Esto es, quien más tiene, más aporte, que sean suficientes para financiar nuestros servicios públicos y poder tratar con dignidad a todos los servidores públicos que cobran del Presupuesto General del Estado. Y también tiene que facilitar la actividad económica. Ese es nuestro marco. Dentro de ese marco podemos hablar con los grupos parlamentarios sin ningún problema y llegar a acuerdos como hemos hecho durante todos estos años.

Quizá se echa en falta desde el Gobierno cierta pedagogía fiscal en un debate en el que la derecha ha marcado muy bien su discurso y la izquierda se está quedando atrás.

Lo último que dicho el propio señor Feijóo, que me parece arriesgado y peligroso en términos democráticos, es decir que el Gobierno de España se está forrando y que los ciudadanos no perciben una mejora en la calidad de los servicios públicos. El Gobierno de España tiene más recaudación porque la economía crece el doble que la media comunitaria y porque estamos en máximos de creación de empleo. Crece la recaudación del Gobierno de España y la recaudación de las comunidades autónomas. ¿O solo cuando hacen ese comentario, utilizando perversamente la palabra forrarse, lo hace el Gobierno de España? ¿Acaso no se está forrando Moreno Bonilla con la recaudación extra que tiene por la mejora de la economía de nuestro país?

El Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, ha subido las becas, tenemos el ingreso mínimo vital, dependencia, y en competencias que no son nuestras, como la vivienda, que es de las comunidades autónomas, el plan presentado hace unos días de 7.000 millones de euros, 4.200 millones son aportados por el Gobierno central. La gran pregunta de esto, y de la pedagogía fiscal que usted me hacía referencia, es ¿qué están haciendo las comunidades autónomas? Tienen 300.000 millones de euros más durante estos años que durante los años del señor Rajoy. ¿Están destinando esos recursos que nuestra economía y el Gobierno de España les ha transferido para rebajar las listas de espera o están gastándolo para hacer regalos fiscales a las rentas altas y a privatizar? 

La pedagogía fiscal fue uno de los argumentos que utilizó la vicepresidenta Montero hace dos años, cuando se planteó la posibilidad de que el SMI comenzase a tributar el IRPF. ¿A partir de qué nivel cree que el SMI debería empezar a tributar?

Si la economía va creciendo, tienen que crecer también los salarios y la productividad. Y yo creo que sobre todo la gente que percibe unos salarios más bajos también tiene que verse reflejada en que las cifras macro se traducen a las cifras micro. Y en ese momento, en este caso, tenemos una no tributación del salario mínimo. Y yo creo que ese es el camino.

Hablaba usted antes de esa reunión en Barcelona con su homólogo brasileño y con el economista Gabriel Zucman para impulsar a escala global un tributo a los superricos. ¿Estaría dispuesto a impulsarlo a escala nacional?

Nosotros ya tenemos un sistema fiscal que pide a las rentas más altas y a los grandes patrimonios un esfuerzo adicional. Incluso hemos tenido que evitar que las comunidades autónomas hagan dumping fiscal y se creen reductos para los grandes patrimonios. Pero este tipo de medidas necesitan un acuerdo internacional. Es un problema que es irracional, no puede ser que los súper ricos paguen menos que sus propios empleados. Es obsceno la cantidad de recursos y de patrimonio que no tributan, que buscan sus escapatorias en paraísos fiscales, en pagar a grandes profesionales para que busquen con qué fórmulas no tributar cuando muchas de esas grandes fortunas se han hecho gracias al papel de la administración o la formación que tienen los profesionales de un país, la estabilidad que aporta la democracia en un país, las infraestructuras, la investigación pública en universidades y en centros de investigación públicos. Yo creo que esa alianza entre Brasil y España tiene que crecer y sumar a más países, porque solo podremos hacer que paguen lo que deben de pagar en justicia si actuamos de una forma global.

Su compañero de gabinete, Pablo Bustinduy, ha planteado crear esta tasa para recaudar lo suficiente para pagar una ayuda universal por crianza de unos 200 euros mensuales. La vicepresidenta Montero no estaba muy por la labor y prefería revisar otras ayudas, como el CAPI del Ingreso Mínimo Vital. ¿Usted está a favor de esta ayuda?

Estoy a favor de seguir profundizando en cumplir los acuerdos, de mejorar los derechos, y siempre con responsabilidad fiscal. Tenemos que seguir cumpliendo y haciendo nuestros deberes de estabilidad presupuestaria, lo que nos ha permitido combinar estos años el hacer nuestros deberes con ampliar derechos. Y nosotros seguimos trabajando siempre para llegar a acuerdos dentro del Gobierno, pero siempre en el marco de la responsabilidad y de la estabilidad presupuestaria, que también es una garantía que nos permitirá una economía saneada en el futuro.

¿Qué dice Feijóo sobre la Kitchen? Si no actúa, asume lo que ha pasado

Usted es el máximo responsable de la SEPI. En la derecha y la derecha mediática acusan al Gobierno de utilizarla para intervenir empresas y, básicamente, colocar a amiguetes. ¿Qué tiene usted que decir?

La derecha nunca ha creído en el sector público, entonces yo entiendo que les moleste que el Estado sea un sector emprendedor. Otras grandes economías, como Francia o como Alemania, también tienen capacidad de actuación en sectores estratégicos para nuestro país. Yo estoy a favor de una intervención económica siempre ponderada, siempre respetando los ámbitos públicos y el privado. Pero creo mucho en una administración emprendedora que actúe, que ayude, que colabore con el sector privado, sobre todo en sectores estratégicos.

¿Debería Indra fusionarse con EM&E, con la empresa familiar del expresidente de la compañía?

Indra es una empresa cotizada. Respeto todas las decisiones que tome cualquier empresa cotizada y lo único que puedo decir es que, como país, nos podemos sentir orgullosos de tener un activo empresarial tan potente en un sector tan estratégico como es la defensa. 

¿Por qué perdió el Gobierno la confianza en Ángel Escribano como presidente?

Son decisiones empresariales tomadas en el seno de un consejo de administración de una empresa cotizada y yo no tengo que hacer ningún comentario al respecto. 

La instrucción del juez Peinado es llamativa y hay cosas, si me permite, excéntricas

De la actualidad política, esta semana se está celebrando el juicio sobre la trama Kitchen y ayer el expresidente Mariano Rajoy dijo ante la Audiencia Nacional que fue una operación que se adecuó a la legalidad. ¿Qué le parecen a usted estas afirmaciones?

Tres elementos respecto a ese juicio. Primero, la profunda tristeza e indignación como ciudadano al escuchar lo que estamos escuchando. Estamos hablando de un caso de corrupción, de financiación irregular del Partido Popular. En segundo lugar, estamos hablando de un caso de obstrucción a la justicia. Y en tercero, estamos hablando de un caso de utilización del Estado, de la mal llamada Policía Patriótica para espiar, para ocultar pruebas y para acusar falsamente a rivales políticos, incluso dentro del propio partido. Esto tiene una gravedad que no está bien dimensionada públicamente. Porque, más allá de las consecuencias penales que pueda tener, estamos hablando de utilizar el Estado, utilizar a la Policía Nacional, para actuaciones totalmente deleznables con unas consecuencias democráticas, porque debilita la credibilidad en el sistema. Pero eso se acabó en el año 2018 y ahora este gobierno respeta totalmente el ámbito judicial y por supuesto también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

La reflexión que también tenemos que hacernos ahora y que tendría que hacerse el señor Feijóo es qué dice ante todo esto. Muchísimos votantes del Partido Popular están esperando a que el señor Feijóo diga algo. Si no actúa, asume lo que ha pasado.

¿Ese algo debe ser expulsar al expresidente Rajoy del partido?

Deberían de hacer la reflexión. Ningún partido, por desgracia, está exento de que puedan suceder determinados casos. Pero el PSOE ha actuado con máxima celeridad y ha tomado decisiones contundentes. Esa es una de las diferencias fundamentales.

Mencionaba usted que el PSOE sí ha adoptado medidas y es inevitable pensar en la moción de censura que sacó al PP del Gobierno y que defendió el exministro Ábalos. En esa moción de censura prometió tolerancia cero y hoy está sentado en el banquillo, presuntamente por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. ¿Esa responsabilidad política se salda únicamente con la expulsión del partido o hay que ir más allá?

Ir más allá es difícil. Me produce tristeza e indignación como ciudadano, pero es verdad que se ha actuado de una forma diametralmente opuesta a la del Partido Popular. Actuamos de forma contundente y pusimos medidas para que no se pudiera repetir. Yo creo que eso es una diferencia fundamental y ahora son los jueces los que tienen que determinar las responsabilidades.

¿Qué diría el PSOE si dos secretarios de Organización del PP nombrados por Feijóo hubieran entrado en prisión?

La actitud del PSOE no cambia. Hemos actuado con una gran contundencia cuando hemos tenido alguno de esos casos dentro del PSOE, esa es la gran diferencia. Otros no hacen nada de eso. Primero no dicen nada o les hacen homenajes.

Usted era consejero de Política territorial cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes. Ábalos, miembro de su federación, del PSPV. ¿Cómo fue su relación en términos institucionales?

Una relación normal de un consejero autonómico con un ministro.

¿Usted llegó a despachar con Koldo García?

No, no recuerdo haber despachado con él.

El juez Peinado ha dictado un auto de procesamiento contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. ¿Le parece, como al ministro de Justicia, que el juez Peinado está haciendo una instrucción anormal?

La instrucción es llamativa y no solo con cosas que son incomprensibles desde cualquier punto de vista. No hay que ser un gran jurista para ver que hay cosas, si me permite la expresión, excéntricas. No solo lo digo yo, sino que también la propia Audiencia Provincial de Madrid lo dice. Yo se lo digo: Begoña Gómez es inocente y estoy seguro de que la justicia acabará poniendo las cosas en su sitio.

¿Ha traspasado el PP una línea roja al asumir en sus pactos con Vox en Extremadura y Aragón lo que ellos llaman la prioridad nacional?

Primero, esto creo que hay que explicarlo bien a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué significan los pactos a los que ha llegado el Partido Popular y Vox, en este caso en Extremadura, en Aragón, y seguramente en Castilla y León? Son pactos con elementos profundamente inconstitucionales: la no discriminación por razón de sexo, por razón de origen, la igualdad entre ciudadanos, vengan de donde vengan y sean de donde sean. Son elementos fundamentales de nuestra Constitución y de nuestra convivencia en nuestro país. Y lo dice también Amnistía Internacional, una ONG prestigiosa y con una independencia contrastada, que dice que esos acuerdos violan los derechos humanos. 

En segundo lugar, esto es una cuesta abajo. Primero es la prioridad nacional. Luego van a ir a por los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo. Luego van a ir también a por las ONGs. Y tienen un elemento económico que me parece exageradamente extremo: decir no a las energías renovables es decir no a la industrialización de esos territorios. Porque ahora lo que quieren las multinacionales para instalarse es energía segura y energía barata. Y eso lo dan las renovables.

Van contra su propia historia. En Extremadura, por ejemplo, una tierra que ha emigrado. Y, si me permite, hay un elemento todavía más llamativo en lo de la prioridad nacional. Al final la estrategia del PP y de VOX va a llevarnos, y eso el Gobierno de España no lo va a tolerar, a que cuando uno vaya a un centro de salud no tenga un triaje médico, tenga un triaje administrativo donde le pidan la cuenta corriente y donde le pidan el pasaporte para ver donde ha nacido. 

¿Y qué puede hacer el Gobierno?

Actuará con contundencia, con todo el Estado de Derecho, presentando los recursos que tengamos que presentar al Tribunal Constitucional con cualquier acción que conculque derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

La economía española ha capeado el primer impacto de la guerra en Oriente Medio, a pesar de la subida de los precios de los combustibles, y el crecimiento, tras un muy buen final de 2025, apenas debería notar el efecto del conflicto en Irán durante el primer trimestre del año. Entre octubre y diciembre el producto interior bruto (PIB) se aceleró hasta el 0,8%, pero los modelos a tiempo real apuntan a un incremento de en torno al 0,6%, lejos de una debacle económica, sustentado por la firmeza del mercado laboral y el respiro de las renovables sobre el coste de la electricidad.

Los termómetros de distintas organizaciones, desde ‘think-tanks’ a instituciones oficiales como la AIReF, apuntan a que la economía mostrará un tono robusto, a pesar de la guerra, aunque los efectos podrían manifestarse más claramente conforme avance el año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el primer dato de avance a finales de este mes, pero cifras relevantes como la afiliación a la Seguridad Social en marzo ya avanzan con solidez a pesar del conflicto.

“Nuestro modelo arroja un crecimiento del 0,6%, de momento, a caballo entre el 0,6 y el 0,7% de crecimiento intertrimestral, por lo que sería un ligero recorte en comparación con el cuarto trimestre de 2025”, explica al teléfono el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo, que apunta que solo el dato de afiliación de marzo (en el que el empleo rozó los 22 millones) anticiparía esta cifra. Similar a lo que creció la economía entre enero y marzo de 2025 (0,5%).

Hidalgo es uno de los autores del modelo de “nowcasting” (previsión a tiempo real) del centro de estudios de la escuela de negocios y detalla que, aunque puede variar en función de la aportación del sector exterior al crecimiento, “no suele haber mucha diferencia” con la cifra final que publica Estadística.

De la desaceleración por las lluvias, a la guerra

Desde la consultora británica Oxford Economics, su economista jefe para Europa, Ángel Talavera, coincide con Hidalgo en la cifra de crecimiento (0,6%), pero asegura que aún carece de datos que muestren el impacto de la guerra, más allá de la cifra concreta de la inflación. “Solo hay dos o tres indicadores de sentimiento, encuestas que en marzo han empezado a caer. Los datos aún están rezagados”, señala.

Talavera apunta a dos periodos diferenciados dentro del primer trimestre. Una primera desaceleración a principios de año, que podrían estar vinculadas al frío y a las lluvias que caracterizaron el arranque de 2026, y otro diferenciado a partir de marzo, cuando arrancó el conflicto. “Casi todos los datos en nuestro modelo muestran esos problemas de debilidad a principios de año. Los efectos de la guerra los veremos más en el segundo trimestre: el dato de empleo de marzo fue bueno, pero la inflación quizá afecte a las ventas por menor, a la producción industrial…”, detalla.

BBVA Research es más optimista y estiman que el crecimiento trimestral podría situarse en el 0,7%, apenas una décima inferior al ritmo registrado a finales de 2025, fundamentalmente gracias al vigor de los datos de la afiliación, como apuntó su responsable de Análisis Económico, Rafael Doménech, en una publicación de X. Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el MIPred –que suele ser algo pesimista– arroja un crecimiento del 0,3%, con el 66,7% de los datos del periodo. Por su parte, la herramienta de Analistas Financieros Internacionales (AFI) limita el avance al 0,1%.

“No creemos que vaya a ser tan negativo”, matiza al teléfono Marina García, analista de la firma. “Según nuestras previsiones oficiales, estaríamos en torno a un 0,2%-0,3% de crecimiento en el primer trimestre”, abunda, una proyección arrastrada por la bajada en las previsiones más contenidas de crecimiento del consumo y de la inversión. En el conjunto de 2026 anticipan un crecimiento del PIB del 2,1%.

Un crecimiento sólido pese a la guerra

Los datos del primer trimestre son fundamentales para el avance del ejercicio completo. “Suelo explicar que, aunque resulte curioso, gran parte del crecimiento de 2026 ya ha pasado”, apunta Hidalgo. Esto es así porque el “efecto arrastre” de finales del año pasado, cuando la economía aceleró, y el crecimiento sostenido en el primer trimestre ya te marcan el punto de partida para el año completo. “Un PIB del 0,6% o 0,7% nos llevaría a un crecimiento en el entorno del 2% en el año, salvo que la segunda mitad del año sea catastrófica”, dice el profesor de la UPO.

De momento la primera oleada de previsiones económicas ha rebajado el crecimiento para este año, pero aún seguirá siendo sólido, en comparación con nuestros pares. El FMI y la OCDE anticipan un avance del 2,1% para el ejercicio completo, mientras que el Banco de España calcula un 2,3%. La inflación se situará en el entorno del 3%, muy por encima del escenario previo al estallido bélico.

Lejos de lo que ha hecho el Gobierno alemán, por ejemplo, que ha recortado a la mitad (0,5%) su cálculo del PIB para 2026, en el Ministerio de Economía todavía tratan de “aterrizar” –como señaló el vicepresidente Carlos Cuerpo– cuál será el efecto para diseñar los números en los que se basará su presupuesto. “Estamos analizando cómo aterriza la incertidumbre. Es muy importante ir viendo cómo va evolucionando la situación porque la gran incógnita es la duración del conflicto”, aseguran fuentes del Ministerio de Economía.

En el Ejecutivo subrayan que el plan de 5.000 millones aprobado el mes pasado está permitiendo “amortiguar” el efecto de las primeras semanas del conflicto, pero aunque la guerra terminase esta misma semana se tardaría meses en recuperar la normalidad. De acuerdo con los cálculos del Banco de España, de las cuatro décimas de crecimiento económico que ha restado el conflicto, este pack de ayudas compensa tres. De los 0,8 puntos que sumará a la inflación, el Plan del Gobierno permite rebajar 0,5.

El día a día del bolsillo va a poner a prueba la resistencia del entorno macroeconómico. El precio del barril de petróleo brent volvió a situarse este jueves por encima de los 103 dólares, lo que anticipa una subida del precio del combustible en las gasolineras. Un mes después de la rebaja de impuestos, el litro de diésel ha caído 20 céntimos y 30 céntimos el de la gasolina. Gracias, en parte, al abaratamiento del crudo en las últimas semanas, pese a las idas y venidas sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Y la factura de la luz también será clave. De momento, el gran peso de las renovables en la generación eléctrica –el gas, más caro, solo ha marcado el precio del 16% de las horas en lo que llevamos de año– está librando el grueso de los efectos sobre el bolsillo. Pero la llegada del calor, que dispara el consumo energético, podría trastocarlo todo.

La deducción en el IRPF para los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno sacó adelante en 2025, tras una tensa negociación entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo, mejoró la progresividad de la fiscalidad sobre el trabajo, pero la presión sobre un sueldo bajo todavía es mayor que la experimentan las retribuciones más altas.

Un informe sobre imposición del trabajo de la OCDE publicado este miércoles apunta que la “cuña fiscal” marginal –esto es, lo que se abona en concepto de IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social por parte de empresa y empleado por cada punto que aumentan los ingresos– para un trabajador soltero es del 56% para los salarios más bajos (el 50% del sueldo medio, que son 32.678 euros), en tanto que es del 46% para aquellos que lo multiplican por cinco. España es uno de los 13 países miembros de la OCDE en los que sucede este fenómeno.

El documento, que se centra únicamente en la capacidad redistributiva del diseño fiscal y no sobre sus efectos aplicados a las rentas y el sistema tributario completo de cada uno de los países miembros, detalla que esto se debe a que las cotizaciones a la Seguridad Social están topadas, por lo que a partir de determinada cuantía solo aplica el IRPF.

De acuerdo con el índice de progresividad elaborado por el organismo, que mide la progresividad tributaria legal y se calcula tomando como referencia las políticas y normas del sistema tributario y de Seguridad Social de cada país, el diseño en nuestro país es más progresivo para las retribuciones bajas que para las altas, como se puede ver en el gráfico a continuación. En el supuesto de una pareja con hijos, se debe a prestaciones por hijos a cargo, como la incluida en el Ingreso Mínimo Vital. En el caso de un contribuyente soltero, se debe al diseño del IRPF. Y, en concreto, a la medida para evitar la tributación de los perceptores del SMI.

“En España, el acusado aumento en el indicador de progresividad para el primer intervalo de ingresos [entre el 50 y el 67% del salario medio] refleja la introducción de una deducción relacionada con las rentas de trabajo dirigida a ingresos bajos y moderados, lo que contribuyó a reducir la carga fiscal de los trabajadores aptos”, apunta el documento.

La medida “incrementó la progresividad legal” en la parte inferior de la distribución, incide, “con el objetivo de fomentar la participación en el mercado laboral”.

Si bien el informe incluye entre las cotizaciones sociales el Mecanismo de Equidad Intergeneracional –el recargo en las nóminas para financiar la hucha de las pensiones–, no incluye las llamadas cuotas de solidaridad para los sueldos más elevados. “Estos tipos adicionales contribuirían a aumentar la progresividad de las cotizaciones a la Seguridad Social de empleados y empleadores para los trabajadores que perciben más del 167% del salario medio, contrarrestando parcialmente la dinámica regresiva”, dice el documento, por lo que los resultados serían sensiblemente mejores en determinados tramos.

Mirando al promedio de la OCDE, desde 2000 la progresividad de la carga impositiva sobre el trabajo ha aumentado, sobre todo en el caso de los hogares con hijos, prácticamente el doble que en el caso de los solteros. “El tratamiento fiscal de los hogares con niños tiende a ser más progresivo que en el caso de los que no”, detalla. “Para la mayor parte de los hogares con niños, las prestaciones en especie son la principal causa de esa progresividad, en tanto que para aquellos sin hijos, el IRPF. Las cotizaciones a la Seguridad Social son progresivas en los niveles más bajos de ingresos y regresivos para las rentas más altas en muchos países de la OCDE, como consecuencia de los suelos y topes de contribución”, apunta el documento.

El mayor incremento de la progresividad fiscal se produjo entre 2014 y 2019, mientras que disminuyó entre 2022 y 2025, revirtiendo el incremento que se produjo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

En términos totales, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una 'cuña fiscal' media del 35,1% para el conjunto. De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente.

Al desglosar este aumento, se aprecia que la mayor diferencia al alza correspondió al incremento del impuesto sobre la renta, con 0,25 puntos porcentuales, frente a un descenso promedio del 0,01% en la OCDE; mientras que las cotizaciones sociales del trabajador se mantuvieron estables y las del empleador subieron en 0,05 puntos porcentuales, frente a una media en la OCDE de 0,01 y de 0,15 puntos porcentuales, respectivamente.

El 10% de los hogares más pudientes concentran el 53% de los bienes en nuestro país, de acuerdo con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España publicados esta semana. El 1% más rico, el que está en la cúspide, acumula el 21,6%, cerca de los máximos históricos registrados en 2020. Pero, más allá de los grandes datos que muestran que la desigualdad está lejos acabar, ¿dónde se concentra la riqueza de los hogares españoles?

La base de datos que ha actualizado el supervisor muestran que, si bien los ingresos de los hogares españoles han recuperado los niveles de 2001, el máximo de la serie histórica, en términos de riqueza neta —es decir, restadas las deudas— las cifras están aún lejos del máximo que se acumuló antes de la crisis financiera. Los efectos de esta recesión aún se notan en las posesiones de los hogares, una evolución que en la actualidad está marcada por la situación del mercado de la vivienda.

En 2008, la riqueza mediana —es decir, la que divide en dos mitades a la distribución, y es mucho más representativa que la cifra media— de los hogares españoles era de 236.960 euros, en cifras actualizadas con el valor de 2024. No eran los máximos en la serie histórica y aquí ya se estaban sintiendo los primeros coletazos de lo que luego se conocería como Gran Recesión. Pero es que en 2024 la riqueza mediana fue de 160.830 euros, muy lejos de la de aquel periodo.

Todos estos datos están actualizados con la inflación, lo que da la medida de cuál es la situación de los hogares españoles década y media después. El perfil de la riqueza de los hogares españoles se concentra en aquellos cuyo cabeza de familia está recién jubilado, de entre 65 y 74 años, con estudios universitarios y propietario de la vivienda en la que reside. Esto, dice el Banco de España, “responde al perfil de ciclo vital esperado y registra el nivel máximo en aquellos hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 65 y 74 años, esto es, un poco más tarde que la edad a la que se alcanza el máximo de renta”, y tiende a descender después. 

Pero se ve claramente la diferencia por grupos de edad. En 2008, la riqueza se concentraba en los tramos centrales de la vida, mientras, ahora, cada vez más lo hace en los hogares más mayores.

De hecho, por primera vez en la historia los hogares liderados por un jubilado son los que acumulan más riqueza. Ligeramente por encima de aquellos en los que la persona cabeza de familia trabaja por cuenta propia —los autónomos—, en los cuales el valor del negocio se imputa a la riqueza del hogar.

La generación millenial, descolgada

Esta brecha se ve con más claridad cuando hablamos de generaciones. El análisis elaborado por el propio Banco de España muestra que los baby boomers, de primera o segunda generación, han experimentado una evolución de su riqueza mucho mejor a los de generaciones posteriores. La generación millenial (1986-1995) es la que ha tenido un peor punto de partida, pero su evolución parece ir mucho mejor que la inmediatamente anterior (1976-1985), que sintieron de primera mano los efectos de la Gran Recesión cuando empezaban a incorporarse al mercado laboral.

La explicación más razonable parece estar en el mercado de la vivienda. En la encuesta de 2024, los hogares que poseen su vivienda cayeron al mínimo histórico: el 70,6%. Hay varios motivos detrás, explicaron en el Banco de España. Por un lado, que hay más hogares que apuestan por el alquiler. Y, por otro, que la accesibilidad de la vivienda cada vez es más difícil. Con 30 años, solo el 30% de los millenials nacidos entre 1986 y 1995 eran propietarios. De las generaciones inmediatamente anteriores (1966-1985), con la misma edad, el 65% poseía la casa en la que residía.

Más peso de los activos financieros

Mientras cae la proporción de los activos reales —es decir, el inmobiliario, joyas, obras de arte o negocios—, avanza la proporción de los activos financieros, que ya supone un 23% de la riqueza de los hogares. 

Pero esta composición es cada vez más sofisticada, como definió el director general de Economía de la institución, David López Salido. Ha caído la proporción de riqueza que los hogares mantienen en cuentas corrientes (30,1%) y ha aumentado la proporción en renta fija (2,8%), coincidiendo con el boom por las letras del Tesoro.

El 20,5% de los hogares cuenta, además, con su riqueza en “otros activos financieros”, en la que se incluyen opciones como criptomonedas o futuros. Esta sofisticación se produce, sobre todo, entre los hogares más jóvenes, con estudios universitarios… Y de rentas elevadas.

Los hogares humildes, los más favorecidos

En cuanto a los ingresos de las familias, la renta mediana de los hogares recuperó en 2024 los máximos registrados en 2021, impulsados por el crecimiento económico y el buen momento del mercado laboral, que ha llevado a mínimos el desempleo y a máximos los datos de empleo. Además, en los dos años de referencia para los datos fiscales (2022-2023) coincidieron políticas de rentas como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones con la inflación o el impulso del Ingreso Mínimo Vital.

Esto permitió que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución —es decir, el quinto con menores ingresos— incrementaron su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

Sumar ha registrado este viernes una iniciativa en el Congreso de los Diputados para limitar la suscripción de hipotecas variables solo a aquellos ciudadanos que acrediten “una alta solvencia financiera”, imponer un mayor control sobre los créditos mixtos (que cuentan con un porcentaje variable y otro a tipo fijo) y sustituir indicadores como el euríbor para referenciar estos préstamos, dadas sus “limitaciones estructurales” y la “mayor volatilidad a la deseable” que introducen en los contratos.

La formación ha presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que señalan que “la vivienda habitual no puede seguir siendo el lugar en el que el sistema financiero descarga riesgos que los hogares ni han creado ni están en condiciones de administrar”. Porque, a diferencia de los bancos, las familias no cuentan con departamentos de gestión de riesgos y, creen en la coalición, “la parte más débil de la relación contractual” se enfrenta a la carga de una potencial subida de los tipos de interés “que no puede administrar en condiciones de igualdad”.

“La concatenación de crisis geopolíticas, energéticas e inflacionarias de los últimos años, agravada por el reciente conflicto en Oriente Medio y Oriente Próximo, han puesto de manifiesto hasta qué punto el coste de la financiación puede verse alterado por factores que escapan por completo al control de los hogares”, destaca el texto de la iniciativa registrada ante la Comisión de Economía del Congreso, que se votará el próximo 29 de abril.

Así, destacan que el tipo variable tiene un peso en el saldo hipotecario del 61%, muy superior al de países del entorno como Francia o Alemania, donde el 80% de estos préstamos son a tipo fijo que, por definición, están más exentos de riesgo.

Según la formación, la comercialización de estos créditos variables en los últimos años se hizo “no por su mayor idoneidad para el cliente, sino por su conveniencia para las entidades”, lo que, en la práctica, supuso “una trampa financiera” para las familias en el caso de un cambio en el ciclo de la política monetaria. Precisamente lo que sucedió a raíz de 2022, cuando tras una década con tipos de interés 0, el Banco Central Europeo (BCE) endureció el precio del dinero para mitigar la crisis inflacionaria desatada tras la invasión rusa de Ucrania. Y lo que podría suceder si el BCE actúa igual para responder a la subida de precios por la guerra en Oriente Medio.

Más control a las hipotecas mixtas

El texto, que no tiene carácter vinculante y solo marca una dirección política, busca que la Comisión de Economía inste al Ejecutivo a adoptar medidas que restrinjan la comercialización de hipotecas variables sobre la vivienda habitual. No a prohibirlas, pero sí a restrigirlas para “los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota”.

En los últimos años se han popularizado las hipotecas mixtas, que cuentan con un determinado periodo a tipo fijo y otro a tipo variable, algo que Sumar cree que también debe revisarse “para evitar que se utilicen como vía indirecta de reintroducción masiva del riesgo variable en perjuicio de los hogares”.

La iniciativa también promueve la búsqueda de alternativas a indicadores como el euríbor o el Índice de Referencia de Precios Hipotecarios (IRPH), ambos indicadores “sometidos a limitaciones estructurales”, que exponen a los hogares a una “mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración” y que están expuestos a riesgos de manipulación en el mercado.

Así, ponen por ejemplo los movimientos en el euríbor a consecuencia de la guerra en Irán sin que el BCE haya modificado los tipos oficiales del mercado. “El propio diseño del sistema monetario europeo hace que las expectativas de mercado, las tensiones de financiación o los cambios de percepción sobre la senda futura de la política monetaria puedan trasladarse a las referencias hipotecarias antes de que se modifiquen los tipos de intervención. Eso supone una aberración, puesto que un índice legalmente debe reflejar la realidad sucedida, no determinar la que sucederá”, destaca la exposición de motivos.

Desde Sumar pretenden que se evalúe, en el plazo de un año, cuál es el impacto distributivo y social del modelo hipotecario sobre la estabilidad financiera de los hogares, fijándose con un especial interés en la exposición al tipo variable, el esfuerzo hipotecario y el riesgo de perder la vivienda habitual.

También, que el Gobierno legisle para dar “seguridad jurídica a los litigios sobre los derechos de los consumidores” frente a las cláusulas abusivas y no transparentes y sobre la revisión de aquellas sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “a fin de dar pleno efecto a dicha jurisprudencia y corregir las situaciones en las que los tribunales nacionales hayan resuelto en sentido contrario a la doctrina europea”.

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Banco de España a entregar a los diputados de Sumar la información sobre los beneficios de las entidades financieras por 'aparcar' su liquidez en el Eurosistema no ha zanjado la disputa entre los diputados y el supervisor financiero. El organismo que lidera el gobernador José Luis Escrivá ha ofrecido al Congreso un acceso reservado a estas cifras, correspondientes a los años 2022 y 2023, con lo que dan por cumplido el mandato judicial, pero desde la formación acusan al Banco de España de “obstruir” la resolución y se plantean abrir un procedimiento de incumplimiento.

El conflicto se retrotrae a 2023, cuando tres diputados de Sumar –su portavoz económico, Carlos Martín; Txema Guijarro y Manuel Lago– llevaron al Banco de España ante la justicia ante su negativa de desglosar por entidades financieras los intereses abonados por la facilidad de depósito. Esta es una herramienta de la política monetaria que permite a la banca ingresar su exceso de liquidez en una cuenta del Eurosistema, que les remunera con un interés.

El Tribunal Supremo dictó sentencia a principios del mes pasado y avaló el acceso a la información de los diputados “porque no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político”, de acuerdo con el fallo al que ha tenido acceso elDiario.es. Pero también confirmó el carácter reservado de la misma al afectar a datos del negocio de las entidades, que era lo que argumentaba la institución para no dar publicidad a los datos.

Una sala con la información

Así, el supervisor ha optado por dar cumplimiento a la sentencia enviando una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que pone a disposición de los diputados una sala de lectura con la información desagregada por entidades bancarias de cuánto han recibido por ‘aparcar’ su dinero en el Eurosistema, un privilegio solo disponible para la banca.

Fuentes del Banco de España señalan que, tras una serie de conversaciones técnicas con los letrados del Supremo, creen que de esta manera cumplirían con el mandato judicial de poner la información a disposición de los diputados, que podrán acceder a ella, pero no fotografiar o fotocopiar los estadillos, ni publicarlos. Esta fue la solución que ya se aplicó para los trabajos de la comisión de investigación de la quiebra de las cajas de ahorros en la crisis financiera, por lo que creen que este procedimiento ya cuenta con un precedente válido para divulgar información reservada.

De acuerdo con estas mismas fuentes, no han recibido aún una respuesta oficial por parte del Congreso y no hay una fecha para que se produzca esta revisión.

Pero en Sumar reconocen su enfado ante un comportamiento que consideran “obstruccionista” y “oscurantista” por parte del supervisor. “En lugar de remitirla, pretende limitar su acceso a una mera exhibición: nos plantea acudir a su sede para consultar en una sala el folio con los datos solicitados y, en todo caso, tomar notas”, critica Martín, que tacha la decisión de “subterfugio” para no dar cumplimiento. “La sentencia no habla de que nos debe exhibir la información y vayamos a coger apuntes. La sentencia habla de entregar, no exhibir, y se están inventando un procedimiento que no existe en la ley”, explica en declaraciones a este periódico.

“Que no sea examinada en sesión abierta y pública”

El fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo señala, y es a lo que se aferran desde Sumar, que “la ley se ha limitado a contemplar una posible salvaguardia, consistente en que el Gobernador del Banco de España pida que la información –que, en todo caso, debe entregar– no sea examinada en sesión abierta y pública”.

“Ese proceder [el que plantea el Banco de España] incumple claramente el sentido y el alcance de la resolución judicial. La información relativa a las cuantiosas subvenciones que se están destinando a la banca por sus depósitos en el Banco de España debe obrar en poder de los representantes públicos de forma íntegra, accesible y permanente, para poder ejercer con plenas garantías nuestras responsabilidades institucionales”, subraya el diputado.

El diputado explica que su objetivo es “ir hasta el final” y abrirán ante el Supremo un procedimiento de incumplimiento de sentencia cuando pasen dos meses desde la notificación de la misma. Se da la circunstancia de que la información demandada correspondía a los ejercicios 2022 y 2023, que es “el folio” –en palabras de Martín– que ahora les debe enseñar el Banco de España. Han mandado un burofax al supervisor reclamando la información, dice. Pero también han pedido los datos correspondientes a 2024 y 2025 y teme tener que recurrir a la vía judicial, de nuevo, para conseguirlos.

Más de 20.000 millones en intereses

Según los últimos datos de 2025, publicados recientemente en las cuentas anuales del supervisor, el Banco de España abonó algo más de 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26%. En total, en los tres últimos años desde que el Banco Central Europeo comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria, han recibido unos 20.000 millones de euros.

Desde Sumar celebraron la sentencia como “un triunfo de la transparencia, pues ningún asunto importante puede quedar fuera del escrutinio y fiscalización de los representantes de la voluntad popular”, apuntó Martín. La información, señaló el portavoz económico de la formación al conocerse el fallo, “permite conocer qué bancos son más eficaces en la provisión de crédito y sirve para hacer un mejor diseño de la política fiscal, a través –por ejemplo– del impuesto extraordinario a la banca”.

De hecho, dice Martín a elDiario.es, esta información “no debería ser reservada”, ya que los datos de las subvenciones que recibe cualquier empresa son públicos, pero con la banca se hace una excepción.

En un artículo publicado hace unos días en este periódico, los economistas Carlos Arenillas (exvicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores) y Jorge Pérez (exjefe de regulación contable del Banco de España) defendían la necesidad de conocer esta información por el gasto público que implica. “Estos pagos a la banca suponen el coste más importante del Banco de España, y menos ingresos para el Estado (su único accionista). Las pérdidas operativas del Banco de España registradas en 2023 y 2024, antes de la aplicación de provisiones, ascendieron a casi 15.000 millones de euros. Una cifra semejante a lo pagado en intereses a la banca”, apuntan los expertos.

Aunque no hay datos oficiales –algunas entidades de menor tamaño, como el Banco Sabadell o Bankinter sí han publicado los ingresos por esta vía–, ambos economistas han calculado cuánto habría ingresado cada principal entidad del país por esa facilidad de depósito en el Eurosistema. Así, por ejemplo, el Santander se habría llevado algo más de 6.000 millones de euros; el BBVA y Caixabank, unos 2.800 millones. 

“La inyección de miles de millones a los bancos por sus cuentas corrientes en el banco central no parece una medida muy antiinflacionista. Tampoco se entiende que pagar esas cantidades sea el precio de la llamada estabilidad financiera. Y si es así, debe explicarse con claridad. La política monetaria no debería ser un dilema entre pérdidas públicas y beneficios privados”, defienden los autores.

Los hogares más humildes de España mejoraron sus rentas con mucha más intensidad que los más pudientes entre 2021 y 2023, gracias al buen momento del mercado laboral y el crecimiento económico y a pesar de las tensiones inflacionarias por la salida de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Un punto en el que coincidió con el desarrollo de políticas públicas como las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), el impulso del Ingreso Mínimo Vital o la revalorización de las pensiones con la inflación.

Los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF), correspondiente a 2024 y elaborada por el Banco de España, arrojan que los hogares situados en el 20% inferior de la distribución –es decir, el quinto de las familias con menores ingresos– vieron incrementada su renta mediana en un 14,6% (en torno a un 7% de crecimiento anual), un ritmo que duplica el experimentado por el conjunto de los hogares españoles (7,8%). Esto confirma que, a diferencia de periodos anteriores, fueron las clases más desfavorecidas las que se beneficiaron del ciclo económico.

Como muestra el gráfico anterior, la renta mediana –más representativa que la media, al situarse en el centro de la distribución y dividir en dos mitades los ingresos de los hogares– de las familias inmediatamente por encima, que se sitúan en el segundo quintil (entre los percentiles 20-40%) avanzó a un ritmo del 4,6% anual (un acumulado del 9,4%), la del tercer quintil sumó un 3,8% cada año (7,8% total) y la del cuarto, lo hizo en un 2,6% por ejercicio (5,2%). Solo en los hogares en la parte alta de la tabla este crecimiento fue más moderado. El 10% de mayores ingresos hasta vio cómo estos se redujeron levemente en el mismo periodo.

Más ricos por estar menos endeudados

Pero esta mejora de las rentas de los hogares más desfavorecidos choca cuando hablamos de riqueza, es decir, de los bienes y activos en posesión de las familias. Así, en términos de riqueza bruta (es decir, sin restar el valor de los endeudamientos), la mitad de los hogares, los que se encuentran en la parte baja de la distribución, vieron como esta cayó un 3% cada año. En términos de riqueza neta, una vez restadas las cuantías de las deudas, esta avanzó un 2,6%.

Es decir, la mejora no se explica por una mayor acumulación de bienes, sino porque o bien se han desendeudado, o se han endeudado menos. Y aquí el factor clave es el acceso a la vivienda. Porque su capacidad para comprar una casa, aunque sea a través de un crédito hipotecario, es menor.

En el Banco de España señalan que una parte tiene que ver con esa “restricción” en el acceso al crédito, pero lo vinculan con una “dinámica” en el mercado de la vivienda que tiende hacia el alquiler. “Cuando miramos a la estructura de la deuda, los hogares de menor riqueza tienen este menor componente de deuda asociada a lo inmobiliario”, detalló el director general de Economía de la entidad, David López Salido, durante un encuentro con medios de comunicación para presentar los resultados del informe. En el supervisor ven como un elemento “positivo” que hace menos vulnerables a las familias a la hora de incorporarse al mercado de la vivienda, al reducir la carga de deuda asociada.

Cada vez menos hogares propietarios

Esta menor propensión a la compra de vivienda –o la falta de acceso– ha provocado que la proporción de hogares que son propietarios de su vivienda principal haya caído al 70,6%, el mínimo desde la puesta en marcha de la estadística, a principios de los 2000. La caída, sostenida, se produce desde 2011, cuando alcanzó su máximo en torno al 80%, y ha caído casi 10 puntos porcentuales desde entonces.

Pero al mismo tiempo, y al calor del mercado inmobiliario, el valor de la vivienda ha recuperado peso dentro de los activos reales (inmobiliario, joyas, negocios…) con los que cuentan los hogares, hasta representar un 54,2% del total. Es el primer incremento de la serie histórica, ya que el peso de la vivienda dentro de la riqueza de los hogares ha caído desde 2002, cuando representaba en torno al 67%.

En términos de deuda, el porcentaje de hogares con algún tipo de endeudamiento sigue cayendo (54%) y el valor mediano del apalancamiento se situó en mínimos, 29.900 euros. Este menor endeudamiento se produce sobre todo en los hogares de menor renta. Las hipotecas representan en torno al 80% de la deuda total, un mínimo histórico, y la carga financiera asociada a estos créditos ya supone solo el 55% de los pagos de deuda a los que hacen frente los hogares.

Menos dinero en cuentas corrientas y más inversión

El valor de los activos financieros ha cobrado más peso, hasta un 23% sobre el total, y en el Banco de España detectan una mayor “sofisticación” de estos. Disminuyó hasta el 30,1% la proporción de hogares que contaban con su dinero en cuentas corrientas, más expuestas al mordisco de la inflación, y aumentó la proporción de las cuentas de ahorro o con un ligero interés hasta el 9,4%.

Destaca también la subida de los hogares con tenencia de valores de renta fija, algo consistente con el 'boom' en el interés por las Letras del Tesoro, en un momento en el que los depósitos de los bancos apenas retribuían las cuantías de los hogares.

En total, el valor de los activos financieros se disparó hasta los 17.600 millones de euros, el máximo de la serie histórica, gracias al crecimiento económico y la revalorización experimentada por las bolsas en este periodo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado las previsiones de crecimiento de la economía mundial al 3,1% en 2026, dos décimas menos que en su estimación de enero, debido a los efectos de la guerra en Oriente Medio desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y advierte que, en el peor de los escenarios de proyección, podría producirse una “recesión global” por primera vez desde la pandemia.

El organismo con sede en Washington ha publicado este martes su informe de Previsiones Económicas Mundiales, un documento que por primera vez incorpora los efectos económicos de la guerra. Los técnicos de la institución han decidido diseñar un “escenario de referencia” en lugar de uno “base”, como se hace habitualmente, dada la imprevisibilidad del conflicto, que definen como “la última culminación de una serie de eventos que han rediseñado” las relaciones mundiales. El documento incorpora dos ejercicios de previsión adicionales, uno con el caso de una evolución “adversa” de la economía y otro con una evolución “severa”.

El escenario de referencia –que prevé un conflicto de corta duración– fija un crecimiento del 3,1% del producto interior bruto (PIB) global en 2026, que habría sido del 3,4% de no haber estallado la guerra, y del 3,2% en 2027.

Sin embargo, en el caso de que la guerra dure más de lo estimado y los precios de la energía provoquen una espiral inflacionista, los daños podrían ser mucho mayores. El escenario adverso (con unos precios medios del petróleo de 100 dólares el barril en 2026 y 75 dólares en 2027 y subidas del gas del 160% en Europa y Asia) prevé una ralentización del crecimiento global hasta el 2,5%. Y en el severo (precios medios del crudo de 110 dólares en 2026 y 125 dólares en 2027, con el gas triplicando su coste y los alimentos disparándose un 5% y un 10% en cada año) la economía se situaría “al borde de una recesión global”, con un modesto avance del 2%, algo que solo ha sucedido en cuatro ocasiones desde 1980. La última, con el choque del COVID-19.

España crecerá un 2,1% y un 1,8% en 2026 y 2027

El FMI apunta que las economías avanzadas crecerán solo un 1,8% en 2026, con Estados Unidos (2,3%, una décima menos de los cálculos de enero) y España (2,1%, dos décimas menos) al frente. Para la zona euro prevén una ralentización hasta el 1,1% (dos décimas menos), con una proyección de crecimiento del 0,8% para Alemania, del 0,9% para Francia y del 0,5% para Italia.

“La guerra en Oriente Medio agravará los efectos persistentes del aumento de precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania, lo que arrastra al sector manufacturero, con la presión adicional de la apreciación del euro con respecto a los países que exportan productos similares”, dice el informe.

De cara a 2027, el organismo prevé una desaceleración en el crecimiento de España, hasta el 1,8%, que mejorará ligeramente en el caso de Alemania (1,2%) y se mantiene estable tanto para Francia (0,9%) como para Italia (0,5%). 

En todos estos escenarios predominan los riesgos a la baja en el escenario, particularmente si la guerra se enquista o si las tensiones geopolíticas desatan conflictos políticos internos. A la inversa, las inversiones en tecnología vinculadas a la inteligencia artificial, la firma de acuerdos comerciales para cerrar el conflicto arancelario desatado por la Casa Blanca, o la eventual adopción de reformas estructurales que favorezcan la productividad podrían ayudar a capear esos vientos de cola.

Mensaje a los bancos centrales: no se apresuren

El FMI advierte del coste para las cuentas públicas del conflicto, bien por la vía directa de las ayudas desplegadas para paliar los efectos económicos, bien por la ralentización económica o la subida de los costes de la deuda. “Las respuestas al conflicto en Oriente Medio deberían tener en cuenta las lecciones aprendidas del episodio [de la invasión rusa de Ucrania] e, idealmente, adherirse a los principios de limitar la distorsión de las señales de precios y mantener una combinación de política fiscal y monetaria consistente con la estabilidad de precios”, insisten los técnicos.

En este sentido, y sobre el papel de los bancos centrales, el FMI apunta que deben estar “preparados para actuar” para poner freno a la inflación, pero con cuidado de no sobreactuar antes de tiempo. 

Por su parte, a los países recomienda “reconstruir los espacios fiscales”, algo que es “crucial” por los “altos niveles de deuda pública, el espacio fiscal erosionado tras la secuencia de shocks globales y la incertidumbre alrededor del resultado del último conflicto”, junto con las presiones de gasto adicionales, como en Defensa o por el envejecimiento de la población.

El primer golpe de la guerra en Oriente Medio en nuestros bolsillos fue superior a lo que se había previsto inicialmente. El Índice de Precios al Consumo (IPC) escaló en marzo hasta el 3,4%, una décima más de lo avanzado a finales de marzo y 1,1 puntos por encima del dato de febrero, debido al encarecimiento de los carburantes y a pesar de las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para aliviar los efectos económicos de la subida del petróleo.

El INE ha publicado este martes el dato definitivo de la inflación de marzo, que revisa ligeramente al alza el índice general adelantado y también la tasa subyacente, que se calcula excluyendo los precios más volátiles de la energía y de los alimentos frescos. Este último indicador, que los economistas consideran 'núcleo' del sistema productivo, se situó en marzo en el 2,9%, dos décimas por encima de lo calculado inicialmente. Ambos datos se sitúan ahora en máximos desde junio de 2024, cuando la economía aún trataba de despegarse la crisis inflacionaria desatada por la invasión rusa de Ucrania.

Según detalla Estadística, la subida en la categoría de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada experimentada en marzo del año pasado, así como la menor bajada en el coste de la electricidad que al principio de la primavera pasada, explicaron el grueso del avance de la inflación. A ello contribuyó que el arranque de la nueva temporada primavera-verano en el sector textil también presionó los precios más que en 2025.

Yendo al detalle, el gasóleo fue un 17,9% más caro en marzo de este año que en el mismo mes del año pasado, mientras que la gasolina lo fue un 4,8%. Solo en marzo, comparados sus precios con los de febrero de 2026, repuntaron un 20,1% y un 8,1%, respectivamente. Los combustibles líquidos para el hogar -es decir, el gasoil de calefacción- también repuntaron un 22,9% en comparación con marzo de 2025. Todas estas subidas son un efecto directo atribuible al conflicto en Irán, que disparó los precios del petróleo a escala internacional y no tardó en trasladarse a las gasolineras.

Como nota positiva, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó en cinco décimas hasta el 2,7%, un mínimo desde hace un semestre.

El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo un paquete de medidas valorado en 5.500 millones de euros para amortiguar los primeros efectos económicos del conflicto en Oriente Medio, desatado por los ataques unilaterales de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. El grueso se canalizó a través de rebajas fiscales, singularmente en el IVA de los carburantes y de la electricidad, que no entraron en vigor hasta el día 22. La primera estimación del INE se publicó el día 27 de marzo, a falta de cuatro días para terminar el mes y con el efecto distorsionador añadido de la Semana Santa, que siempre supone un encarecimiento adicional.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía señala que el plan de respuesta del Gobierno “está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo” y que sus efectos ya se notan en los surtidores, aunque matizados por la subida de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que presionan al alza el coste directo en las gasolineras.

“Las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los proximos meses”, defienden desde el departamento que lidera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

Por comunidades, los precios se dispararon en Madrid hasta el 4,1% (2,9% en febrero), siendo la única región en superar la barrera del 4%. Otros ocho territorios se situaron por encima de la media nacional: Galicia (3,8%), Castilla-La Mancha (3,7%), Islas Baleares y Cantabria (3,6%, ambas), Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra (3,5%, todas ellas).

Al otro lado, siete comunidades se situaron por debajo de la media nacional: Andalucía (3,3%), Cataluña (3,1%), Asturias, Canarias y La Rioja (las tres con el 3%); Ceuta (2,7%) y Melilla (2,6%). Comunitat Valenciana, País Vasco y Murcia marcaron la misma tasa que a escala nacional.

En cuanto al dato armonizado, que utiliza una cesta de la compra común para su comparación con el resto de Europa, este se situó en el 3,4%.

El anuncio de Donald Trump de que pretende el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, el paso fundamental para el 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo, ha devuelto a los mercados a la incertidumbre tras el tímido oasis de la semana pasada. El movimiento busca eliminar la principal baza iraní del conflicto, la de cerrar esta vía clave para la energía mundial. Pero el coste se traducirá en todavía más inflación y menor crecimiento, alargando un conflicto que se acerca a los dos meses de duración.

Tras el anuncio de Trump, el precio del petróleo Brent se disparaba este lunes cerca de un 7% y el barril volvía a superar los 100 dólares por primera vez desde la tregua entre Estados Unidos e Irán anunciada la semana pasada. Una incierta tregua que “no sabemos si está rota o no”, resume al teléfono el jefe de Análisis Geopolítico de la consultora Rystad Energy, Jorge León. Con las debidas cautelas ante la enorme incertidumbre, León pronostica que el precio del crudo se mantendrá en el entorno de los 110 dólares “en las próximas semanas”, aunque hay “mucha volatilidad”.

Con el bloqueo del paso de Ormuz, calificado de “piratería” por el régimen de los ayatolás, Trump intenta aumentar la presión sobre Irán (y, por extensión, también sobre China, principal consumidor del crudo persa) tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán entre Washington y Teherán el pasado fin de semana.

“Lo que se llama escalar para desescalar”, resume León, que recuerda que hasta ahora Irán todavía estaba exportando algo de crudo, “muy poco”, matiza, a través del estrecho de Ormuz, el enclave por el que antes de la guerra transitaba en torno al 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen en el mundo, además del 15% del amoníaco y el 21% de la urea, clave para la fabricación de fertilizantes, fundamentales para la industria alimentaria.

El órdago de Trump “tensa la cuerda” del conflicto

Los efectos económicos del bloqueo iraní han contado con ciertas “válvulas de escape”, como las define la socia directora de Análisis Económico y de Mercados de AFI, María Romero, como los pasos alternativos al estrecho de Ormuz o la liberación de reservas estratégicas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Estas han permitido atenuar el shock de oferta para la economía mundial, desde una reducción de 20 millones de barriles diarios a unos 6 o 7 millones. Pero el nuevo pulso de Trump “tensa mucho más la cuerda” y acerca la situación al peor de los escenarios anticipados al inicio del conflicto.

El desencadenante de esta nueva amenaza de la Casa Blanca ha sido el “peaje” anunciado por Irán. “A Trump no le gusta que haya países que estén pasando por el Estrecho porque pagan los dos millones que les pide la Guardia Revolucionaria. Trump pretende estrangular ese canal de financiación bélico y ese órdago que lanza Irán al resto del mundo para negociar desde una posición más competitiva”, explica Romero.

Según los datos de la plataforma de monitorización marítima MarineTraffic, el fin de semana, antes de la amenaza de Trump, cruzaron el estrecho de Ormuz 14 buques por día, un tráfico “muy por debajo de la media previa al conflicto”, que se situaba en torno a 100 naves al día.

El analista de Rystad Energy cree que Trump “no va a cerrar Ormuz de manera permanente”, ante el efecto que esto tendría en los precios de los combustibles, también en Estados Unidos, con las elecciones de medio mandato del próximo noviembre en el horizonte. León aleja la posibilidad de un racionamiento de combustible en la UE, medida que han aplicado en las últimas semanas algunos países asiáticos. Tampoco en el caso del queroseno, aunque voces autorizadas no descartan ya problemas de suministro en Europa.

Este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, alertaba de que la prolongación del conflicto en Irán podría generar nuevas preocupaciones en torno a la disponibilidad de combustible para la aviación, aunque España tenga menor dependencia. El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, advertía de que Europa puede enfrentarse no solo a precios más altos de la energía, sino también a problemas de disponibilidad física de combustibles si no se pone fin a este conflicto.

El precio amenaza a Europa, no el suministro

Jorge León insta a “diferenciar” la situación de las economías europeas y las asiáticas. “En Asia son economías emergentes y el coste de los combustibles en una familia promedio es muy significativo”: a un hogar con una renta de 10.000 euros al año una subida del 40% del coste del combustible le “afecta muchísimo”, mientras que en Europa “no te mata”. En el Viejo Continente, explica, el impacto “es mucho más importante sobre la potencial inflación que pueda haber en las próximas semanas. Europa depende mucho de importar energía y eso puede hacer que ese aumento lleve a más inflación y el BCE tenga la necesidad de subir tipos. El riesgo es macroeconómico”.

Una posibilidad, la de una subida de tipos, a la que apuntaba este lunes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, al asegurar que cualquier posible respuesta de la política monetaria, particularmente el encarecimiento del precio del dinero, ante la situación desencadenada por la guerra de Irán “dependerá de los efectos de segunda ronda”.

En España, los riesgos para la economía no proceden tanto por una eventual crisis de suministro como por la subida de los precios de la energía. “Podemos ver un repunte de los precios que puede llevar la inflación a cotas elevadas, cuando pensábamos que ya había pasado lo peor”, explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo. “Cuanto mayor dure esta situación, mayor traslado tendrá hacia los precios y más estructural será. Creo que estamos en una situación bastante menos grave que la que vivimos en 2022. Pero llueve sobre mojado y no sabemos cómo van a evolucionar las economías a un segundo shock inflacionario, aunque sea más moderado”, detalla.

La experta de AFI coincide en que la situación no es la misma que hace cuatro años, aunque “si se enquista podría repetirse ese fantasma del pasado”. La verdadera clave está en los efectos del conflicto sobre las infraestructuras energéticas: “Aunque el tránsito se restablezca, la producción ha sido dañada y tardará tres o cuatro meses en madurar. Y luego entre tres o cinco años en invertir y restablecer toda la infraestructura”, augura Romero.

Una reforma en profundidad del Impuesto de Patrimonio, equiparándolo con el tributo en vigor en Noruega o con un esquema como el planteado por el economista francés Thomas Piketty, dispararía su capacidad recaudatoria y permitiría financiar una prestación universal de crianza de más de 2.000 euros por menor.

Esa es una de las conclusiones de un artículo de los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, publicado recientemente, en el que utilizan los datos de la Agencia Tributaria para realizar distintas simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo elevarían los ingresos del Estado, sino que permitirían una reducción notable de la desigualdad.

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, primero, pero se hizo permanente a partir de 1991. El Gobierno de Zapatero lo suprimió en 2008, pero lo reactivó en 2011, hasta ahora. La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se llegó a bonificar al 100%, anulándolo de facto.

Los autores toman como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del llamado Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, que el Ejecutivo planteó para salvar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunos gobiernos del PP, como los de Andalucía o Madrid. A partir de ahí, diseñan siete escenarios alternativos. Por un lado, la transformación del impuesto actual con un esquema similar al de los otros países del entorno que cuentan con un tributo similar: Noruega (a partir de 160.000 euros y un tipo fijo del 1%), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo al inmobiliario y a partir de 1,3 millones de euros).

Por otro, el artículo plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual. Una primera, rebajando el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; otra, eliminando las deducciones y exenciones autonómicas; y una tercera que combina ambos aspectos.

Y el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio con la estructura planteada por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros en una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cuantías superiores a los cinco millones de euros.

Todas ellas —hasta la francesa, que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria— arrojan que el modelo español tiene muchísimo margen de mejora, tanto por la vía de la recaudación como de la reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 arroja un tributo que solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones en aquel ejercicio. Pero, en los escenarios más redistributivos —el de la tasa Piketty o el noruego—, podría captar más 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de pagadores.

Una caída del 5% del Índice de Gini

“Es importante que se vea que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo tanto como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan cara”, explica en conversación telefónica la catedrática Cantó, autora junto al doctorando García-Rodríguez de la investigación.

Porque si esa recaudación se emplease para la puesta en marcha de una prestación universal por crianza —parecida a la planteada por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos— se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo, una transferencia que cimentaría un cambio mucho más profundo en los indicadores de desigualdad que el impuesto per se. Esos 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego recortarían el Índice de Gini —que mide la desigualdad a través de ingresos— en casi un 5%, una cifra que Cantó define como “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy singularmente, llevan tiempo reclamando una ayuda por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con el francés Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría captar hasta 5.200 millones de euros en España, según los datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, impulsado por este economista.

Cantó subraya que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que llegue a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Pero para mejorarlo no haría falta crearlo desde cero: con los dos ajustes que incorporan en su simulación (la rebaja del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas) se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un gran debate ideológico y académico a partes iguales. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más y más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (aseguran que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y de un peligro para la atracción de inversiones. Es por ello que algunos expertos apuestan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestro país) o a los rendimientos inmobiliarios, como el francés. 

Pero el estudio demuestra el potencial de un gravamen casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, esperan recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones. Muy lejos de los 15.000 millones a los que se podría aspirar.