La economía española mantiene el ritmo a pesar de la incertidumbre internacional provocada por la guerra en Irán y la subida de los costes de la energía. El producto interior bruto (PIB) creció un 0,6% en el tercer trimestre, apenas una décima menos que entre abril y junio, pero se aceleró ligeramente hasta el 2,7% en términos interanuales.

El INE ha publicado este viernes los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al periodo entre julio y septiembre y confirman que la inflación no está ahogando el consumo de las familias, principal motor del crecimiento junto con la inversión, especialmente en vivienda y en contrucción.

Según explica Estadística, de ese crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre, 0,5 puntos se explicaron por la demanda interna de la economía española, mientras que el sector exterior solo aportó una décima, gracias a una ligera mejora de las exportaciones y una notable caída de las importaciones (que, a la hora de calcular, 'restan' crecimiento).

En términos intertrimestrales, el consumo de las familias avanzó un 0,6% y el de las Administraciones Públicas un 0,9% en relación con el registrado en el segundo trimestre. La formación bruta de capital fijo, que es la rúbrica donde el INE registra la inversión, avanzó un 0,7%, espoleada por el buen ritmo de la construcción de vivienda (1%).

Desde la óptica de la oferta, por sectores, todas las ramas de actividad salvo la Construcción, que se mantuvo plana (0,0%) tuvieron aportaciones positivas al crecimiento. La industria y los servicios avanzaron un 0,7% ambas, mientras que el campo registró un incremento del 1,5%.

El crecimiento del PIB en términos interanuales (esto es, el tercer trimestre de 2026 sobre el mismo periodo de 2025) se aceleró al 2,7%, gracias a la pujanza, también, de la pata interna de la economía. El consumo de los hogares avanza a un ritmo del 3,1% y el de las Administraciones Públicas, al 2,5%; en ambos casos una tasa ligeramente inferior a la del segundo trimestre. La inversión sigue creciendo por encima del PIB, a un ritmo del 3,9%.

Por ramas de actividad, crecen todas: las primarias (7,1%), la industria (2,1%), la construcción (2%) y los servicios (2,9%).

Sobre las rentas, Estadística registró que la remuneración de los asalariados avanzó un 6,3% en términos interanuales. Esto se debe a un crecimiento del 2,3% de los puestos equivalentes a tiempo completo de asalariados y del 3,9% en la remuneración media. Los beneficios empresariales, medidos a través del excedente de explotación bruto y la renta mixta bruta, avanzaron un 5,6%.

La productividad por hora crece un 0,4% en términos interanuales y, por puesto de trabajo equivalente, un 1,1%.

El Ministerio de Consumo está trabajando para recuperar el real decreto-ley que establezca topes de precios a, entre otros, los precios de los billetes de transporte tras una catástrofe, al detectar subidas generalizadas en las alternativas al tren tras el accidente de Urda (Toledo). El Gobierno ya aprobó una norma similar en febrero, pero fue derogada con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Fuentes del Ejecutivo confirman a elDiario.es que está encima de la mesa recuperar esa norma y aprobar, de nuevo, un real decreto-ley que modifique la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que permita al Gobierno topar los precios en situaciones de emergencia con carácter extraordinario que “alteren de forma excepcional la oferta y la demanda, y que no se corresponderían con un aumento de costes para las empresas”.

El momento es clave, no solo por el accidente de Urda, que ha dejado 69 fallecidos, ya que el primer decreto se aprobó tras la catástrofe de Adamuz, con 46 víctimas. Ahora mismo la Diputación Permanente sería la encargada de convalidarlo y ahí el voto de Junts ya no suma una mayoría de bloqueo junto al PP y Vox, por lo que la norma tendría más posibilidades de salir adelante.

Según el departamento que lidera Pablo Bustinduy, el Ejecutivo ya ha detectado “un aumento generalizado” de precios de transportes de alternativos, como el avión, y está monitorizando desde ese día los de otros modos de transporte.

La norma que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero facultaba al Gobierno a fijar que el precio de un servicio o de un producto no podría ser superior al máximo registrado en los 30 días naturales anteriores al comienzo de la emergencia. Además, se fijaba un tope adicional, por el que si el precio máximo era más de un 50% superior al precio promedio registrado en ese mes, la referencia pasaría a ser ese precio medio más un 50%.

El primer informe sobre el accidente de Urda, que ha provocado 69 muertos y centenares de heridos, estima que la colisión entre el AVE y el Iryo se produjo a una velocidad de “entre 160 y 200 km/h”, si bien el dato concreto está pendiente de revisar el “registrador jurídico embarcado” en el convoy, algo así como su caja negra.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha publicado en su página web el documento con la información recabada en las primeras 24 horas de investigación, que recopila todo lo que se sabe hasta el momento sobre el siniestro que tuvo lugar a las 8:53 horas del miércoles.

Según el documento, colgado en la noche de este jueves, la colisión se produjo a esa hora en la vía 2 de línea de alta velocidad de la ruta Madrid-Sevilla, entre el Iryo que estaba parado a la entrada de la estación de Urda, formado por ocho vehículos y llevando a bordo 147 viajeros y 5 tripulantes; y el AVE, de ocho coches y con 379 viajeros y 7 tripulantes a bordo.

El coche número 8 del AVE, según la numeración del tren, quedó “empotrado” en el coche 1 del Iryo, de tal manera que quedaron “ambos volcados y girados al pie del terraplén de la vía”. Estos son los vagones más afectados por el accidente. Además, el coche 3 del tren de Renfe (antepenúltimo según el sentido de la marcha), fue “atravesado por un fragmento de carril de vía deformado a consecuencia del choque”.

Sobre el Iryo, descarrilaron todos sus coches salvo los dos primeros (7 y 8), y cayeron por el terraplén tanto el de cola (el número 1), como los 2 y 3.

El primer equipo de AITAT llegó a las 12:15

En cuanto a las pesquisas, el informe recoge que la primera notificación del suceso tuvo lugar a las 9:10 del miércoles y se movilizó a tres investigadores, que salieron sobre las 10:20 horas y llegaron en torno a las 12:15 horas a la 'zona cero' del accidente. Tras tomar fotografías e interrogar a los testigos presentes, se desplazaron al Puesto Local Operativo de Urda “para inspeccionar y recoger los registros de eventos en el enclavamiento”.

Un segundo equipo, formado por el director de investigación técnica de accidentes ferroviarios y un consejero del sector ferroviario de la AITAT, se desplazó al Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif en Atocha, donde se inspeccionó el puesto del responsable de circulación a cargo del tramo donde se produjo el accidente. También revisaron el libro de telefonemas, visualizaron los registros videográficos y escucharon las grabaciones de las comunicaciones producidas en los momentos previos a la colisión, recogiendo la información del personal de Adif presente y llevándose copias de todos los elementos mencionados, según el informe.

La AITAT todavía no ha podido hablar ni con los responsables de circulación ni con los maquinistas, las “personas involucradas en primera línea”, ya que no están “en condiciones de someterse a entrevistas”.

Los investigadores desplegados en Urda se retiraron sobre las 21 horas del 28 de octubre, dice el documento, y se reincorporaron este jueves en torno a las 8 de la mañana, junto con dos miembros de refuerzo.

Este jueves se han retirado los “registros embarcados de los trenes”, algo así como las 'cajas negras', “si bien en algunos casos el estado de los vehículos ha dificultado el acceso a estos elementos”. En la tarea han participado efectivos de la Guardia Civil, que custodian los registradores a la espera del volcado en el Tribunal de Instancia de Orgaz, que instruye la investigación.

Investigarán las averías del LZB

El informe de la autoridad de investigación señala que ha “recopilado información sobre la situación degradada producida a partir de la avería del sistema LZB”, que se inició a las 8:31 horas. “En esta situación los trenes pasaron a circular al amparo del Bloqueo de Señalización Lateral (BSL)”, es decir, sin la intervención de ese sistema informático. “Para gestionar la situación, el CRC [el centro de control] y los maquinistas tuvieron que intercambiar una serie de información e instrucciones, a través de telefonemas. La cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias”, incide la AITAT.

Señala que la investigación está en su fase inicial y que en los pasos posteriores tendrá que “analizar los motivos y circunstancias que condujeron al accidente”.

En ese sentido, la AITAT investigará todos los factores, ambientales y de procedimiento. “Estas cuestiones deberán ser analizadas en profundidad, revisando también posibles factores ambientales, organizacionales y procedimentales que podrían haber mitigado o empeorado los posibles fallos”, recalca. “Se analizarán también las averías del LZB que condujeron a la situación de riesgo que terminó en el accidente”.

La autoridad de investigación también recalca que es pronto para determinar qué pasó exactamente en la colisión de Urda. “La AITAT está, en este momento, en fase de recogida de información in situ y recopilación de documentación y datos de los distintos registros”, que prevé que se prolonguen un día más. “En las siguientes fases de la investigación se realizarán otras actuaciones según sea necesario (como pueden ser entrevistas, inspecciones sobre otras instalaciones o material rodante, revisión del mantenimiento de las instalaciones, etc)”, enumera. “Por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso están abiertas y no se pueden aventurar explicaciones más allá de los datos constatados. Las conclusiones de la investigación serán reflejadas, a su debido tiempo, en el informe final”.

Y en cuanto a los tiempos por delante, ya avisa de que será un proceso largo, dada que se trata de un accidente de gravedad, según su calificación.

La AITAT dispone, en principio, de un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación, adelanta. Y, por último, además de expresar sus condolencias, agradece “la colaboración” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las empresas, entre ellas las afectadas, Iryo, Renfe, Adif, Actren e Hitachi. “Los investigadores sobre el terreno han podido realizar todas las labores necesarias para la investigación técnica sin verse obstaculizados y sin que su autoridad e independencia fuese comprometida”, concluyen.

La confirmación por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que España será en 2026, por tercer año consecutivo, la economía avanzada que más crezca, por encima de Estados Unidos, lanzó a los economistas más críticos con el Gobierno y aquellos que se denominan neoliberales a buscar la otra cara de esa buena noticia. Si bien el producto interior bruto (PIB) de España crecerá entre el 2,5 y el 2,6%, según todos los observadores, el incremento de la población –por tanto, la migración– difumina ese avance en términos per cápita. Dos por uno en argumentación para la derecha: ni el crecimiento del que hace gala el Gobierno de coalición es tan bueno y, además, los intensos flujos migratorios solo sirven para inflarlo.

El economista Daniel Lacalle, el antiguo gurú de Pablo Casado en el PP que preconizó un paro del 35% tras la pandemia y que ahora es fan del argentino Javier Milei –esta semana fue su presentador en su fugaz visita a Madrid–, trató de desmontar la buena noticia de la revisión del FMI a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter): “¿Podría usted leerse el informe que cita?”, dijo, en respuesta a un tuit del presidente Pedro Sánchez. Para el neoliberal, el FMI “certifica el fracaso de dopar el PIB con inmigración y gasto público” y adjuntaba unas capturas del documento que, a su juicio, muestran un “PIB per cápita estancado”, “igual que la media de una eurozona estancada y peor que Italia” y, según la previsión, “por debajo de la media de la eurozona en 2027”.

En realidad, las previsiones de la evolución del PIB per cápita –una métrica que surge de la división del total de la economía entre el total de la población– a lo que apuntan es a un crecimiento sólido para los dos próximos ejercicios (1,5% y 0,8%, respectivamente) y la propia tabla que adjunta Lacalle desmonta su argumento.

Entre 2008 y 2017, el PIB per cápita español avanzó de media un 0,1% al año. Entre 2018 y 2027, la proyección es que lo haga un 1% en promedio anual. Diez veces más que en el periodo anterior y muy por encima de Alemania (0,4%), Francia (0,7%), Japón (0,8%), Reino Unido (0,5%) o Canadá (0,6%).

Una imposibilidad matemática

El de Lacalle es el mismo discurso que este viernes utilizaba el nuevo gurú económico de Feijóo, Alberto Nadal, que en una entrevista en La Tribuna de Toledo insistía en que el PIB crece porque “porque entra medio millón de personas todos los años y esas personas trabajan en algo, consumen y hacen la economía más grande”. “Crece la cifra global, pero no crece la economía de cada español”, dice.

El relato que busca aquilatar la idea de que España crece “al peso” o solo mediante la incorporación de población, tras años de flujos migratorios impresionantes, se desmonta en cuanto se revisan los datos. “Es factualmente y matemáticamente incompatible argumentar que el crecimiento es extensivo, como si simplemente estuviéramos incrementando el tamaño de la economía con personas”, apunta el economista Luis Gómez. Esto es así, porque la propia fórmula aritmética arrojaría un recorte del PIB per cápita si solo aumentara la economía por el avance de la población.

El investigador, que durante años trabajó en la Oficina Económica de La Moncloa, propone el “experimento” de plantearse qué habría pasado si en plena Gran Recesión se hubiera sumado a dos millones de personas en la economía española. “Meter un millón de migrantes en una economía que está en desplome no aumenta su tamaño ni ejerce de motor económico. No se puede decir que la economía crece porque hay migrantes, la economía avanza y eso atrae migrantes, lo que aumenta la potencia del crecimiento”, señala.

Para el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, la simple incorporación de gente tampoco es suficiente para espolear el crecimiento, sino que “hace falta que los sectores que reciben esa población sean competitivos, que estén en condiciones de contratar y se vean favorecidos por un incremento de la demanda agregada”. “La historia del crecimiento económico español es una combinación de una situación del sector privado favorable y de recibir suficiente población activa para poder aprovechar esa situación competitiva y financiera favorable”, subraya.

De acuerdo con los cálculos de Funcas, el aumento de población per se ha supuesto un 47% del crecimiento del PIB acumulado entre 2022 y 2025, lo que ha permitido la expansión de sectores como la construcción, el turismo o los servicios que sencillamente no podrían haberlo hecho sin el incremento de la mano de obra, fundamentalmente migrante.

En la última actualización de las previsiones del centro de estudios de las cajas de ahorro, hace apenas una semana, Funcas advirtió que uno de los escenarios que más amenazaba al crecimiento de la economía española –“muy dependiente de la incorporación de mano de obra”–, era precisamente una ralentización en la llegada de población hasta 2030.

“Si, por ejemplo, la población activa volviera a crecer al mismo ritmo que en el periodo 2015-2019, es decir, un 0,4% anual (la mitad que en el escenario central), el avance del PIB sería menor, lo cual también agravaría la senda presupuestaria. Concretamente en este escenario de demografía desfavorable, el crecimiento de la economía descendería hasta el 1,5%, y la deuda pública seguiría una pendiente ascendente hasta alcanzar el 97,8% del PIB en 2030”, recoge el informe.

Ahora bien, ni siquiera este avance del PIB espoleado por la población es algo nuevo. Un estudio del Banco de España publicado a finales del año pasado cifraba que la contribución del aumento de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita había sido, en los últimos años, “simular, en términos relativos, a la estimada en otras fases previas” pero con el aliciente de que ahora la “asimilación” de la población extranjera, la formación y su distribución por sectores es mejor que en otros periodos.

En concreto, el Banco de España apuntaba que si el PIB per cápita había avanzado de media un 2,9% entre 2022 y 2024, entre 0,4 y 0,7 puntos se debían a la aportación de la población extranjera. Como se ve en el gráfico bajo estas líneas, la contribución nacional es superior y solo ha restado –como en el caso de la extranjera– durante los años de la Gran Recesión.

Una medida de bienestar incompleta

Pero, ¿por qué esa obsesión por el PIB per cápita de algunos sectores? Entre otras, para tratar de explicar esa ‘brecha’ que existe entre los buenos datos de la macroeconomía y los menos buenos datos de la microeconomía, del día a día de quien va a hacer la compra al supermercado. El PIB per cápita muestra, según esta interpretación, que esa riqueza no se está trasladando al mismo ritmo a cada uno de los españoles. A pesar de que todos los indicadores muestren lo contrario.

“Lo que se ve ahora mismo es que el PIB ha crecido el 12% desde 2019 y el PIB per cápita alrededor de un 6%”, explica el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso. Para Cardoso, esto es un indicador de que el avance de los últimos años se ha basado en un aumento del empleo, pero no tanto en materia de productividad ni de la inversión, otro de los componentes fundamentales para el futuro de la economía. “Básicamente, lo que hemos hecho es contratar más gente y el resultado de eso, por diversos motivos, es que la productividad se ha estancado, quizá porque estamos creciendo más en sectores de baja productividad. O quizá por un efecto composición de las personas que llegan”, apunta.

Pero el economista Gómez sostiene que, más allá del aporte que implica a la economía la migración –mano de obra, más consumo, inversión…–, el hecho de que el PIB per cápita de la economía española siga creciendo ‘a pesar’ del incremento poblacional tiene mucho que ver con un incipiente cambio de modelo productivo.

“El ‘reinicio’ de la economía pospandemia se lleva a cabo con políticas que hacen que los nuevos motores del crecimiento estén más equilibrados y, junto con el desarrollo de las energías verdes, han creado los mimbres de un nuevo modelo mucho más orientado al valor añadido que, cuando se pone en marcha, genera un efecto de atracción de inmigración y se retroalimenta”, defiende.

Volviendo al tuit de Lacalle, que criticaba que Italia con menos crecimiento está teniendo un avance más destacado del PIB per cápita, eso solo se explica por una razón: lleva años perdiendo población. Una crisis demográfica que, a pesar de la mejora de sus ratios por persona, anticipa un grave problema económico.

Eso no sucede solo fuera de nuestras fronteras. “En las comunidades autónomas donde más está creciendo el PIB es donde menos crece per cápita, como la Comunidad Valenciana o Baleares, mientras que son aquellas regiones que no están logrando atraer inmigración, como Asturias, Galicia o Extremadura, donde más crece el PIB per cápita”, detalla Cardoso, de BBVA Research, algo que se puede comprobar en la siguiente tabla.

“Mi impresión es que hacia delante, va a ser al revés: en un entorno donde estemos perdiendo población, dudo que se vaya a considerar como algo positivo aunque el PIB per cápita crezca”, apunta el economista de BBVA Research.

Por eso el hecho de que España atraiga personas, a pesar de que eso pueda acelerar desequilibrios en mercados como el de la vivienda, es positivo y habla bien de la economía: “Es un buen síntoma, es un país en el que ven oportunidades. También se han duplicado las personas que estudian y trabajan a la vez porque ven posibilidades de progreso. Se están ofreciendo perspectivas de futuro a personas que en otros lugares del mundo no los tienen”, zanja Gómez.

El Gobierno aprobará este martes un paquete extraordinario de medidas sociales que recogerá, entre otras, una mejora de prestaciones por viudedad, para víctimas de violencia de género o para el cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves.

El Ministerio de Seguridad Social ultima un Real Decreto-Ley, según ha adelantado El País y que ha podido confirmar elDiario.es de fuentes gubernamentales, con un amplio catálogo de reformas en prestaciones, justo en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y después de que PP y Vox hayan caldeado el debate sobre una potencial reforma del sistema de pensiones si llegan a gobernar.

En el Ejecutivo aseguran que la letra pequeña del decreto no está cerrada, pero que las líneas generales pasan por mejorar la prestación por incapacidad temporal para mujeres con patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, la reforma de la llamada CUME, y la ampliación del acceso a las pensiones de viudedad y para las derivadas de actos terroristas.

Según recoge El País, el planteamiento de Seguridad Social pasa por ampliar la prestación para las mujeres con patologías asociadas a la menopausa y víctimas de violencia de género al 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero desde entonces será la Seguridad Social quien se haga cargo del abono de la prestación.

Por otro, la reforma de la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (la CUME, como se conoce) permitirá que ambos progenitores puedan percibirla de manera alternativa o simultánea, además de extenderla más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.

La Seguridad Social lleva meses preparando una modificación del marco legal de esta prestación. En junio sacaron a audiencia pública un texto con su reforma que incorporaba nuevas patologías al listado de enfermedades que permiten acceder a la misma, entre otros cambios, aunque no fue muy bien recibido por las familias.

Mejora de las pensiones por viudedad para parejas de hecho

Por otro lado, y en materia de pensiones, el texto ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en el caso de parejas de hecho y, si hay hijos en común, será suficiente para acreditar esta relación de hecho para solicitar esta paga, algo que en la actualidad generaba problemas. Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.

También se mejoran las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas: ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36% mayor al que había ahora, que quedó desfasada.

El texto recoge una mejora en la protección de huérfanos por violencia de género, que percibirán prestaciones contributivas que serán de un mínimo de dos veces el SMI, mientras que las no contributivas podrán situarse, como máximo, en esos dos sueldos mínimos.

Y por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.

A pesar del adelanto electoral, el Gobierno se encuentra en plenas funciones hasta el día después de la cita con las urnas. Este Real Decreto-Ley podrá ser aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, que ya convalidó el pasado viernes dos normas previas a la disolución de las Cortes. El Ejecutivo se plantea, entre otras medidas, subir el SMI antes de los comicios y se plantean revalorizar, incluso en funciones, las pensiones con el IPC.

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-Ley con las ayudas por la guerra de Irán con los votos a favor de PP, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, entre otros, por lo que las rebajas fiscales a los combustibles, las medidas específicas para el campo y el transporte o el tope a la tarifa del gas para hogares vulnerables seguirán en vigor. Vox ha votado en contra.

El vicepresidente primero y ministro de Economía ha defendido un texto que, ante la incertidumbre por la guerra y las tensiones en los mercados internacionales, “profundiza en una apuesta equilibrada” que protege a empresas y sectores afectados. En total, desde marzo se han movilizado 12.000 millones de euros para “continuar dando protección y seguridad de ciudadanos y empresas”.

Cuerpo ha asegurado que las rebajas fiscales a la gasolina y al gasoil están funcionando y las gasolineras las están aplicando íntegramente en los precios. Según ha destacado el ‘número dos’ del Ejecutivo, al día siguiente de aprobarse el nuevo Real Decreto-Ley de ayudas, el 82% de las gasolineras “ya había trasladado el total de esta reducción impositiva”.

El vicepresidente ha apuntado que el alivio fiscal está permitiendo compensar el 60% del aumento del coste de la gasolina y un 40% en el caso del diésel.

La nueva rebaja fiscal aprobada a finales de septiembre contempla un recorte de 20 céntimos para el mes de octubre, a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, de 13 céntimos por litro en noviembre y 6 en diciembre, con una cláusula de salvaguarda en el caso de que los precios superen un incremento del 15% interanual. El dato de inflación de septiembre ha confirmado este extremo, por lo que la rebaja equivalente de 20 céntimos permanecerá en noviembre.

Medidas para la TUR, el campo y el transporte

Además, la norma vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de 3 millones de consumidores. Para evitar “un aumento de la TUR superior al 45 por ciento respecto de la tarifa vigente desde el 1 de julio”, se introduce un mecanismo similar al que estuvo vigente entre finales de 2021 y junio de 2024 para limitar las subidas de la tarifa regulada del gas, topando el componente relacionado con el coste de la materia prima a un 35% para el último trimestre de este año y a un 15% para los siguientes.

También se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre electricidad y determinados combustibles, y vuelve a rebajarse el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.

El decreto introduce nuevas obligaciones relativas al control de la tensión eléctrica, clave en el apagón de 2025 y también una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

Para el campo, un sector prioritario, el decreto amplía “por un lado, el plazo de vigencia de la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios” que finalizará a finales de este año. “El importe para el cálculo de la ayuda correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2026 será hasta el 70 por ciento de la diferencia entre el precio medio del gasóleo agrario de la semana y el precio del gasóleo agrario antes del inicio del conflicto, sin que, en ningún caso, pueda superar los 0,2 euros por cada litro de gasóleo”. Asimismo, se amplía igualmente la ayuda compensatoria a empresas armadoras de buques pesqueros por el incremento de costes productivos provocados por el aumento del precio de los combustibles.

En cuanto al transporte, el texto recoge la prórroga, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, de la “ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los titulares de los vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional”.

El texto recoge que el “importe de la ayuda ascenderá a 5 céntimos de euro por cada litro de gasóleo utilizado como carburante en el motor de los vehículos” de transporte por carretera “en los suministros realizados durante el mes de octubre de 2026”. Pasará “a 12 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de noviembre de 2026 y a 19 céntimos de euro por cada litro de gasóleo suministrado en el mes de diciembre de 2026”. Además, recoge que “si por aplicación del mecanismo de salvaguarda, la bajada del tipo de gravamen del gasóleo fuera mayor en el mes de noviembre, el importe de la ayuda será de 5 céntimos por litro y, en el mes de diciembre y según el caso, de 5 ó 12 céntimos por litro”.

Por último, en el ámbito ferroviario, recoge el Real Decreto-Ley, “se establece una línea adicional de ayudas directas, complementaria” a lo últimos planes de ayuda aprobados por el Ejecutivo “destinada a compensar el impacto persistente de los costes energéticos sobre las empresas operadoras, evitando efectos de expulsión de este modo de transporte que puedan comprometer los objetivos de sostenibilidad y eficiencia del sistema logístico”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abierto la puerta a aprobar la subida de las pensiones de cara a 2027 estando en funciones y que el Real Decreto-Ley que la articule sea aprobado en la Diputación Permanente del Congreso, dado que los plazos por el adelanto electoral obligarían a un nuevo Gobierno a hacerlo ya entrado el año.

En una entrevista en TVE, el ‘número dos’ del Ejecutivo ha subrayado que el dato con el que se actualizarán las pensiones el próximo año se conocerá el viernes 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones y la fecha en la que el INE publicará el dato adelantado de la inflación correspondiente a ese mes.

“En este caso las fechas no juegan a favor de tener aprobado en Consejo de Ministros esa actualización de las pensiones. El mensaje que puede darse de manera inequívoca es de tranquilidad a los pensionistas, de que esa actualización se va a hacer, independientemente de que el Real Decreto-Ley vaya dos días después de las elecciones”, ha dicho.

El Gobierno entrará en funciones de manera automática tras los comicios, con una capacidad legislativa muy limitada hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo con la nueva mayoría que salga de las urnas. Pero el vicepresidente ha subrayado que la aprobación de ese Real Decreto-Ley, que después podría ser avalado por la Diputación Permanente del Congreso, estaría justificado por la “urgente necesidad” y el “interés general” y cree que todos los partidos estarían por la labor de que se le diera luz verde cuanto antes.

El Ejecutivo recuperó la indexación de las pensiones al IPC en la reforma de 2021, que estableció la media de la inflación de los doce meses previos a noviembre (este incluido) como la referencia para subir estas pagas. Con todo, el INE publica un avance a finales de mes y confirma el dato ya entrado diciembre. Habitualmente, el Ejecutivo ha aguardado hasta esta última fecha para confirmar la cifra definitiva.

Mensajes “alarmistas e infundados”

Además, el vicepresidente ha cargado contra los mensajes “alarmistas e infundados” del PP y Vox sobre las pensiones públicas y les ha acusado de tratar de generar “incertidumbre” a la población sin aportar soluciones. “Si el sistema está a punto de explotar, como dice la portavoz del PP, ¿cuáles son las soluciones? Aquí tenemos un vacío o una ausencia de transparencia más allá de decir que esto lo arreglará el PP cuando venga”, ha dicho.

“Tenemos que ser muy claros: las pensiones son sostenibles, están garantizadas y su actualización a la subida de los precios también. Esto lo hicimos en la reforma de 2021 y así va a seguir siendo”, ha insistido el ‘número dos’ del Ejecutivo, que ha recordado que esos cambios legislativos –divididos en dos patas acordadas con los sindicatos y, la primera de ellas, también con los empresarios– contempla mecanismos para asegurar su sostenibilidad.

“Tenemos la responsabilidad de actuar con rigor y transparencia”, ha insistido, que ha subrayado que tras las propuestas de PP y Vox “subyace un modelo distinto del que defendemos nosotros, que es público y sostenible hacia delante”.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en el 4,9% en septiembre, la misma cifra adelantada por el INE hace unas semanas y seis décimas más que en agosto, debido al encarecimiento de los precios de las gasolinas y eso ha provocado que la rebaja fiscal de 20 céntimos en los carburantes se mantenga también durante el mes de noviembre.

El último paquete de medidas contra la inflación derivada de la guerra en Oriente Medio contemplaba un recorte progresivo en la rebaja a los combustibles diseñada por el Ejecutivo a través del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Así, sería de 20 céntimos en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre, tal y como adelantó elDiario.es.

Pero la cláusula de salvaguarda establecía que, en función de los datos del IPC de septiembre, esta se mantendría, tal y como ha sido el caso, según avanzan fuentes del Ministerio de Economía. “Las medidas del Plan de Respuesta siguen moderando el repunte de la inflación. Con los datos del IPC de septiembre se mantiene la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel a partir del 1 de noviembre, según lo previsto en el tercer paquete de protección a familias y empresas afectadas por el conflicto en Oriente Medio”, detallan.

Lo que no entrará en vigor es la rebaja fiscal a la electricidad, ni en el IVA ni en su impuesto especial, ya que los datos de septiembre arrojan un encarecimiento del 11,4%, por debajo de la barrera del 15% marcada en la ley.

Cabe destacar que el Real Decreto-Ley con estas medidas fiscales aún no ha pasado por el Congreso y se votará este viernes en la Diputación Permanente, una vez que las Cortes se han disuelto por el adelanto electoral.

De vuelta al dato del IPC, que alcanza su mayor cota desde principios de 2023, esta se debe prácticamente al encarecimiento de los combustibles (que se abarataron hace un año, lo que provoca un efecto escalón estadístico) y a que los paquetes turísticos bajaron menos de precio que en septiembre de 2025.

La inflación subyacente, que es aquella que excluye los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos, se situó en el 3,1% interanual, dos décimas más que un mes antes. Esta es la que los economistas denominan 'núcleo' del sistema productivo y muestra que, de momento, las presiones inflacionistas no se están trasladando de la energía al resto de la economía.

Por comunidades, en diez se superó la barrera del 5% de inflación: Castilla-La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%), Cantabria (5,4%), Castilla y León (5,4%), Extremadura (5,3%), Madrid (5,3%), Navarra (5,3%), Baleares (5,1%), Murcia (5%) y País Vasco (5%).

En términos del IPC Armonizado, que utiliza una cesta común de productos y se utiliza para comparar con otros países europeos, se situó en el 5%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha confirmado este martes que España será, por tercer año consecutivo, la líder de las grandes economías avanzadas, con una previsión de crecimiento del 2,5% en 2026, por encima de la de Estados Unidos (2,3%) y más que duplicando la de la zona euro (1,1%).

La institución con sede en Washington D.C. ha publicado su nueva edición de su informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), titulado “Resiliencia bajo presión, decisiones urgentes”. El nuevo cuadro de previsiones mejora en cuatro décimas la proyección de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España, hasta el 2,5%, y mantiene en el 1,8% la de 2027, sin cambios.

La de España es, tras Alemania (seis décimas, hasta un crecimiento del 1,3%), la mayor revisión de las economías avanzadas, en un contexto en el que la economía mundial se ha comportado “mejor de lo esperado” y con una “notable capacidad para absorber los shocks”.

El dinamismo de España, detrás de la mejora para el euro

El FMI no espera que el estrecho de Ormuz, cuyo cierre es causa de gran parte de los desequilibrios que experimenta la economía global, se reabra hasta marzo de 2027, un año después de los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán que desataron el conflicto en Oriente Medio. Pero la actividad no se recuperará por completo, estima la institución, hasta octubre de ese mismo año.

El dinamismo de la actividad de España, destaca el FMI, es, una de las razones por las que la zona euro ha aguantado mejor de lo anticipado, junto con el irregular comportamiento del PIB de Irlanda. La previsión es que el conjunto de la moneda única crezca un 1,1% este año, dos décimas por encima de lo previsto, y un 1,2% el que viene. La previsión para las cuatro grandes economías del euro constata que España avanza el doble que Alemania (1,3%), el triple que Italia (0,8%) y seis veces más que Francia (0,4%), cuya proyección se ha revisado a la baja en medio de las dudas sobre su deuda.

Pero la actualización de las proyecciones del FMI confirma a España como líder de las economías avanzadas en 2026, por encima de EEUU (que crecerá un 2,3% tanto este año como el que viene), del Reino Unido (1,3%), Canadá (1,1%) o Japón (0,7%).

El FMI se sitúa no solo en el consenso de observadores nacionales como el Banco de España o BBVA Research, sino también confirma el liderazgo internacional que ya avanzaba la OCDE a mediados de septiembre. Habitualmente el FMI es de las instituciones más lentas en recoger la mejora de las previsiones. El dato de 2026 constata un crecimiento sólido, pero tanto el Banco de España como el BBVA prevén avances superiores al 2% ya para el año que viene.

En el lado negativo, el FMI contempla que la inflación en España sea más duradera de lo previsto anteriormente. En concreto, los precios subirán un 3,7% de media este año, aunque el alza se ralentizará hasta el 2,7% el próximo.

“El escenario fragmentado deja a la economía mundial vulnerable frente a los contratiempos previenentes de ambas direcciones. Los vientos de cara derivados de una guerra prolongada y de persistentes tensiones geopolíticas podrían reactivar las presiones inflacionistas, tensar las posiciones fiscales y externas y afectar con mayor dureza a los países importadores de energía y a las naciones con bajos ingresos”, recoge el documento.

Además, el impulso de las inversiones en IA, que está sosteniendo en buena parte el crecimiento global, podría detenerse si se revisan las expectativas sobre los beneficios y las ganancias de productividad.

La economía española del último lustro ha conseguido lo que hace una década parecía imposible: no solo se ha quitado el sambenito de ser el furgón de cola de la zona euro, sino que salió de la pandemia convertida en la locomotora de la Unión Europea y este año podría liderar por tercero consecutivo a las naciones avanzadas, por encima de Estados Unidos.

Allí existe la costumbre de acuñar la política económica de un determinado presidente con su apellido: a las Obamanomics le siguieron las Trumponomics, que han vuelto tras cuatro años de Bidenomics. Las Sancheznomics han sido una historia de éxito en términos macro: el producto interior bruto (PIB) crece robusto, el empleo no deja de romper récords, el paro está en mínimos desde el estallido de la burbuja y las rentas de las familias aumentan. Pero la crisis de la vivienda, que ha estallado como un volcán con la crueldad del desahucio y la muerte de Maricarmen, y una inflación que no termina de desaparecer son las caras más amargas del relato.

El balance de Sánchez, que ha contado con dos grandes pesos pesados al frente del Ministerio de Economía –Nadia Calviño, primero, y Carlos Cuerpo desde 2023–, es brillante y, de hecho, el Gobierno saca pecho de su gestión y de haberle dado la vuelta al mantra de que la izquierda es nociva para la economía. El crecimiento ha estado muy por delante del de las tradicionales grandes potencias del euro: Alemania apenas ha crecido desde la pandemia, con una economía estancada. Sus previsiones comienzan a ser más halagüeñas ahora, pero con avances aún por debajo del 2%. Desde la llegada de Sánchez, el PIB ha avanzado un 15,1%. Muy por encima de lo que sucedió en los mandatos de Mariano Rajoy (10,3%) y de José Luis Rodríguez Zapatero (7,1%), ambos marcados por la Gran Recesión.

Y lo ha hecho a pesar de que el COVID-19 provocó el mayor desplome desde la Guerra Civil. Por ponerlo en perspectiva, desde el peor momento de la pandemia (es decir, el segundo trimestre de 2020, en pleno confinamiento) hasta la actualidad, la economía ha crecido un 43,6%. Da una idea del duro recorrido que hogares y empresas han hecho frente desde hace seis años no solo para salir del hoyo, sino para recuperar la tendencia previa. 

Lo destacó el propio vicepresidente Cuerpo en una comparecencia reciente en el Congreso para hablar de los fondos europeos del Plan de Recuperación, una de las variables clave para explicar este éxito: “Han permitido que en 2025 la economía haya recuperado no sólo el nivel, sino la tendencia previa, es decir, el ritmo que teníamos y donde se esperaba que estuviéramos antes de la pandemia”, detalló el ‘número dos’ del Ejecutivo. 

Un mercado laboral en máximos

La fortaleza del mercado laboral, que ha ganado entre un 18% y un 19% de trabajadores (bien sea medido a través de la Encuesta de Población Activa o de los registros de afiliación a la Seguridad Social), la bajada del paro a mínimos desde 2008 a pesar del gran crecimiento que ha experimentado la población (6,3%) son otros de los factores que explican parte del éxito económico de los últimos años.

Para el economista Luis Gómez, el gran cambio de estos años no es solo el acelerón del PIB, sino que se ha dado inicio a “un proceso de cambio de modelo productivo hacia sectores y empleos de mayor valor añadido, el cual se ha generado, en esencia, gracias al positivo desempeño en materia de política energética y laboral”. 

Gómez, que es investigador y durante años fue asesor en la Oficina Económica de Moncloa, apunta que políticas como la subida del salario mínimo interprofesional en un 66% o la reforma laboral que estabilizó millones de empleos han obligado a buscar nuevas formas de competitividad en el tejido productivo, ganancias de eficiencia que también se explican por una política energética que ha hecho más atractiva a España en comparación con otros países. “Haber optado por la apuesta ambiciosa de no competir a la baja ha resultado efectivo, porque la reducción de costes energéticos ha seguido haciendo rentable la creación de empleo incluso a unos estándares como los que exige la reforma laboral”, subraya.

Natalia Arias, del gabinete económico del sindicato CCOO, apunta en la misma dirección: “Por primera vez en décadas ha habido una fase sostenible de crecimiento económico diversificado con fuerte creación de empleo, compatible con un incremento de la productividad laboral por hora”. A su juicio, la mejora en variables como la balanza comercial o el empleo arrojan que “no estamos ante un crecimiento insostenible como el de la burbuja”.

Ese fenómeno, promovido por José María Aznar y que el Gobierno de Zapatero falló a la hora de pinchar, supuso un crecimiento del PIB entre 1996 y 2004 del 34,5%, durante los dos primeros gobiernos populares. Entonces la población extranjera se disparó (un 376,3%), la inflación subió un 25% coincidiendo con la entrada en el euro, y el precio del metro cuadrado de vivienda creció un 76,3% en términos reales. Esto es, descontada la subida de precios.

Arias subraya que la transformación energética de los últimos años, impulsada por los fondos europeos, ha sido clave no solo para tener una electricidad “más barata que en el resto de Europa”, sino también para “tener una mayor independencia en nuestra economía respecto a las fuentes extranjeras de combustibles fósiles”.

El gran debe: la vivienda

Sin embargo, el gran debe de Sánchez es, precisamente, el que ha obligado a adelantar las elecciones y la razón por la cual los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han convocado la primera huelga general en España desde 2012: la crisis de la vivienda. El Banco de España confirmó el viernes sus estimaciones de que el déficit de vivienda alcanzará el millón de unidades en 2028, ante una inversión residencial que se está comportando de manera más moderada de lo anticipado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía en una entrevista en la Cadena SER que la sucesión de crisis desde 2020 impidió ver la gravedad de la crisis de habitabilidad hasta que ya ha sido muy tarde.

El precio del metro cuadrado ha subido un 48,3% durante los mandatos de Sánchez, frente a la caída del 6,7% que experimentó en los casi siete años de Mariano Rajoy en La Moncloa. El enorme stock de vivienda acumulada tras la burbuja, sumado a la grave situación económica, provocaron una depreciación notable del ladrillo. En el gráfico anterior se puede apreciar el acelerón de los precios no solo en la compraventa, sino también en el mercado del alquiler. Y a pesar de que el SMI ha tirado de los salarios más bajos, no ha sido suficiente para compensarlo.

“Se ha empezado muy tarde a abordar este problema y eso ha hecho que la situación sea peor de lo que podría haber sido”, aduce Arias, que recuerda que el incremento de los precios de la vivienda ha consumido las mejoras salariales: “Casi lo multiplica por cuatro”. “Esta fuerte subida, junto con el endurecimiento del acceso al crédito, ha expulsado a muchos trabajadores de la posibilidad de acceso a una vivienda en propiedad, y les ha desplazado hacia el alquiler. Un alquiler que es mayoritariamente de mercado privado, ya que España carece de un parque público de vivienda asequible”, señala.

A la situación del mercado de la vivienda se suma un nuevo episodio inflacionario, este provocado por la guerra en Irán y el encarecimiento de los precios de la energía. Con el recuerdo aún reciente del shock de los años 2022 y 2023, el mayor en medio siglo, los precios han vuelto a acelerar. Septiembre cerró con una subida del 4,9%, la mayor desde principios de 2023. Desde que arrancó su mandato, el IPC acumulado es un 26,5%. Lejos de las cifras de Rajoy (6,9%, con largos periodos de deflación), de Zapatero (19,9%) y ligeramente por encima del periodo de Aznar (25,2%), en pleno ‘boom’ inmobiliario y con la adopción del euro.

A pesar de todo ello, los datos muestran que la renta disponible per cápita de los hogares (es decir, todos sus ingresos una vez descontada la inflación y el aumento de la población) ha avanzado un 9% en el periodo. “No es cierto que este cuantitativamente intenso y cualitativamente diferencial crecimiento económico no se haya trasladado en una mejora de la situación de las familias”, dice Gómez, a la vista de estas cifras. “Incluso en los momentos en que los salarios reales han podido sufrir especialmente estos shocks de precios, las transferencias, prestaciones y modificaciones impositivas a través de la política fiscal y social han actuado de manera compensatoria”, subraya.

Del pleno empleo a las cuentas públicas

Entre los retos a futuro, Sánchez se marcó para esta legislatura el pleno empleo, consiguiendo rebajar la tasa de paro por debajo del 10%. Pero todavía hay margen de mejora. También en los salarios, recuerda Arias, con una estructura productiva que no solo genere más valor añadido, sino que también permita recortar la jornada. Para Gómez, los datos de pobreza infantil también preocupan y es “esencial” plantearse la creación de una prestación universal de crianza que permita atajarla.

Esto enlaza con otro reto: el margen fiscal. El Gobierno ha conseguido recuperar todo el espacio que se perdió para hacer frente a la pandemia. La deuda pública y el déficit se dispararon. Las reglas fiscales estuvieron suspendidas, pero vuelven a estar en vigor y eso limita mucho la capacidad de maniobra del Ministerio de Hacienda. El año pasado los números rojos se situaron en el 2,2% del PIB y el endeudamiento ya se ha colocado por debajo del 100%, pero todavía es superior a la que había cuando Sánchez aterrizó en La Moncloa.

“La legislatura deja un punto de partida relativamente cómodo en términos fiscales y el siguiente Gobierno contará, por tanto, con espacio fiscal para implementar sus prioridades políticas”, apunta la economista de CCOO. Pero todavía hay mucho margen de mejora, ya que “España sigue teniendo una brecha de ingresos y gastos con respecto a los estándares europeos”, recuerda Luis Gómez. “Su cierre permitiría atender con mayor intensidad numerosas necesidades sociales, especialmente la vivienda”. El mandato de Sánchez tiene muchas luces, pero arroja una sombra demasiado alargada. Con forma de casa.

Puedes consultar los principales indicadores económicos empleados en este reportaje en la tabla bajo estas líneas.

El Banco de España ha elevado al 2,6% su previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para este año, dos décimas más que en su informe de junio, y ha mejorado también la proyección para 2027 hasta el 2,2% (0,5 puntos más), dado el “notable dinamismo” y “resiliencia” que está mostrando la economía española.

A dos meses del cierre del año, la institución liderada por el gobernador José Luis Escrivá se suma al consenso de la mayoría de observadores económicos nacionales e internacionales y anticipa que la actividad en España, lejos de estancarse como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, mantendrá el mismo ritmo que en 2025.

El Banco de España está sorprendido por la capacidad de resistencia y adaptación de la economía española, especialmente en relación con las principales economías europeas, con las que no cierra la brecha de crecimiento. El crecimiento esperado tanto en Francia como en Italia para 2027 es, por ejemplo del 0,5%, por encima del de Alemania, a pesar de su notable aumento del gasto, sobre todo en defensa.

La institución apunta que, “pese al complejo contexto internacional y al encarecimiento de la energía, la economía española mantiene un notable dinamismo en 2026”, gracias al tirón del consumo privado, favorecido por la creación de empleo, el crecimiento de la población, el aumento de la renta disponible y unas condiciones financieras que, hasta hace poco, han sido relativamente favorables. La subida de los tipos de interés, así como el shock inflacionario, se afrontan con un importante colchón de ahorro por parte de familias y empresas, destaca la entidad, lo que asegura una demanda nacional todavía fuerte, sobre todo si la crisis es transitoria.

Las medidas del Gobierno recortan 10 puntos la subida de la energía

El informe sobre la economía española del tercer trimestre, presentado este viernes, también revisa notablemente al alza las previsiones de inflación, que será no solo más alta de lo que se esperaba, sino también más duradera.

Así, la subida de precios medida a través del Índice Armonizado de Precios al Consumo –que utiliza una cesta común de productos y se emplea para comparar con el resto de países del euro– será del 3,9% en 2026, tres décimas más de lo anticipado, mientras que en 2027 la inflación apenas se ralentizará hasta el 3,7% (1,1 puntos porcentuales más que en junio). Por comparar, este indicador cerró 2025 en el 2,7%.

Si bien el grueso de la subida de la inflación se debe al incremento de los precios energéticos –su alza interanual se situó en el 22% en septiembre, 15 puntos más que en abril–, la entidad también prevé un empeoramiento de los datos de la tasa subyacente, la que excluye la volatilidad de la energía y de los alimentos frescos de su cómputo. Esta se situaría en el 3,4% este año y en el 3,5% el que viene. Los economistas consideran esta cifra como la inflación “núcleo” del sistema productivo, por lo que un empeoramiento anticipa que las presiones de precios de la energía permeará al resto de sectores.

Como nota positiva, el Banco de España calcula que las medidas que ha adoptado el Gobierno para hacer frente a la subida de precios –las últimas, hace una semana, antes del adelanto electoral, con una ampliación de la rebaja fiscal a los carburantes y un tope a la subida de la tarifa regulada del gas– han permitido contener la escalada. “En ausencia de medidas, la inflación energética media en el período abril agosto habría superado en casi 10 pp a la observada y se habría situado por encima de la de la Unión Monetaria”, destaca el documento.

El supervisor calcula que el Gobierno ha movilizado en torno al 0,52% del PIB en ayudas y rebajas de impuestos frente a la guerra, que ha permitido un ahorro directo a los hogares de 3.675 millones de euros.

Además, la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) recoge una mejora en la percepción del impacto del conflicto sobre los negocios de las compañías sondeadas. Así, la proporción de empresas que declaran efectos negativos o muy negativos sobre la demanda internacional se recorta al 27,8%, desde el 30,3% de la anterior oleada, y en cuanto a la actividad nacional se rebaja al 33,7% (desde el 36,5%) frente al trimestre anterior. Las empresas también perciben una mejora de sus efectos sobre la inversión: aquellas que señalan un efecto negativo por el avance de la incertidumbre son el 40,9%, por debajo del 43,2%. Todo esto mientras mejoran las perspectivas, en general, de cara al cierre de año.

La inversión en vivienda se enfrenta a restricciones

El informe del Banco de España no abunda en la crisis de vivienda ni analiza los decretos aprobados por el Ejecutivo en respuesta al desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada de su hogar por la empresa Urbagestión y que falleció esta semana tras 15 días en el hospital y sin haber vuelto a la que fue su casa durante 70 años.

Pero sí apunta que la inversión en residencial “mantiene un crecimiento más moderado de lo previsto”, ante la persistencia de determinadas restricciones sobre la oferta: un menor ritmo en la ejecución de los visados y una disminución de la tasa de finalización de nuevas viviendas, la aceleración de los costes de los factores productivos o las dificultades en el acceso y la conexión a la red eléctrica, que limitan nuevas promociones. Si bien las cifras de casas iniciadas desde 2024 y la evolución de la financiación apuntan a un 2027 mejor, “esta evolución futura se encuentra condicionada por la persistencia de restricciones de naturaleza estructural, como son la insuficiencia de mano de obra, la lentitud de los desarrollos urbanísticos o la escasez de suelo finalista”.

Sobre los textos aprobados por el Ejecutivo, cuya decaída propició el adelanto electoral, el director general de Economía de la entidad, David López Salido, ha apuntado durante la presentación del informe que se evaluarán sus efectos con datos, pero que ahora “es demasiado pronto” y “muy aventurado pensar en evaluarlos y su impacto en las finanzas públicas”.

El historiador Sven Beckert (Frankfurt, 1961) no está cansado de hablar de su libro. “Después de ocho años escribiéndolo, lo disfruto”, bromea. El académico acaba de publicar en español Capitalismo. Una historia global (Crítica), un monumental compendio de 1.300 páginas donde detalla el origen de este sistema desde su génesis, con las primeras comunidades de comerciantes, hasta la actualidad, donde el mismo teléfono que sirve para comprar a distancia se ha ensamblado en una larga cadena que atraviesa continentes.

Beckert recibe a elDiario.es en Madrid, el mismo día en que una empresa, Urbagestión, decidió expulsar de su casa a Maricarmen, de 87 años, fallecida este miércoles convertida en icono de la crueldad en la crisis de la vivienda. “Creo que el capitalismo le ha fallado a la clase trabajadora y que tiene que ver con todos los problemas políticos en los que nos vemos envueltos hoy”, responde. Sobre la migración, las desigualdades, la inteligencia artificial y hasta la Corona de Castilla discurre la entrevista.

Una de las cosas que más me sorprendieron del libro es que descentraliza la mirada del capitalismo desde nuestra perspectiva europea. ¿Hay solo una forma de capitalismo o son varias en función del momento histórico?

El libro arranca en el puerto de Adén, Yemen en la actualidad, hace mil años con un grupo de mercaderes y termina en las fábricas textiles de Camboya en el año 2023. Muchos lectores esperan que hablar del capitalismo sea una historia casi exclusiva sobre el continente europeo. Pero esa historia es incorrecta y no podemos contarla así en el presente, en una era en la que las economías capitalistas más dinámicas están en Asia, Latinoamérica o África. Cada momento de la historia del capitalismo, desde su origen más primigenio hasta la Revolución Industrial, solo puede entenderse desde una perspectiva global, que es lo que intento hacer en el libro.

Hoy en día vivimos en un mundo que ya no es eurocéntrico. Gran parte de nuestra forma de ver el capitalismo está influida por los pensadores clásicos como Adam Smith, Karl Marx o Max Weber, que escribieron en un momento en el que la economía global estaba focalizada en Europa. En 2026, cuando miramos al mundo, vemos algo completamente diferente.

Así que podemos rastrear su origen también en otros continentes y regiones. 

El capitalismo es una especie de punto de partida revolucionario en la organización de la vida económica, una nueva lógica que se encuentra en las comunidades de comerciantes a larga distancia de todo el mundo: en ciudades como Florencia, Génova o Ámsterdam. Pero también en China, la India, el este de África o el mundo árabe. El capitalismo fue global desde el principio y su aparición ha de ser entendida como global. 

En España somos algo inseguros de nuestro papel en el mundo y en la historia. Y menciona en el libro la importancia que el Reino de Castilla tuvo en la expansión de este protocapitalismo.

De hecho, la Península Ibérica tuvo un papel muy importante. Los comerciantes de la Península ibérica y sus dirigentes navegaron por la costa occidental de África. Vasco da Gama encontró una vía para navegar en torno al Cuerno de África. Cristóbal Colón trató de encontrar una vía a la India y acabó en las Américas. A Colón, un comerciante de Génova, lo envía la Corona de Castilla a buscar el camino a la India. Ahí se ve claramente cómo el capitalismo arranca tanto por emprendedores privados como por los estados.

El capitalismo se asoció inicialmente a familias burguesas antes de permear al resto de la sociedad, como la nobleza o, más tarde, el proletariado. ¿Quiénes diría que son esas élites ahora?

Pongo mucho énfasis en la importancia de los comerciantes, porque fueron los primeros que organizaron su vida económica en torno a una lógica ‘extraña’. La mayor parte del planeta producía su propia subsistencia: plantaban, pescaban, cosían… e intentaban cuidar de sí mismos, de sus familias y sus comunidades. En el caso de los comerciantes, ellos son diferentes: ni cosechaban, ni pescaban, ni cosían… Invertían su capital en proyectos con el objetivo de producir más. Era una forma de ser muy diferente a la de los campesinos, pero también a la de los ricos de entonces, los señores feudales, que básicamente poseían y explotaban a sus aldeanos. Los mercaderes se hicieron muy ricos, pero también de manera diferente. Ahora, visto desde 2026, su lógica de hace mil años estructura nuestras vidas. Es un cambio radical en las relaciones humanas. 

¿Y qué hay de diferente entre la lógica de hoy en día y la que comentaba de los comerciantes primigenios?

El principio es el mismo: el objetivo es que el capital privado produzca más capital. Pero por supuesto que el capitalismo ha cambiado radicalmente: el capitalismo de 1650 en Barbados estaba enfocado en el colonialismo, la esclavitud, la producción de azúcar… Y es muy diferente del de mediados del siglo pasado en Europa, centrado en industrias como el acero o el carbón. Hoy en día ese capital industrial es marginal y producir cosas ya no te hace rico. Ahora es una suerte de coordinación de procesos, lo que nos lleva de vuelta a una etapa previa del capitalismo en la que esa era una manera de hacerse rico.

Al principio los Estados tuvieron un papel muy importante en la expansión del capitalismo, pero hoy en día no es tan relevante como entonces. Ahora, las grandes compañías, especialmente las big tech, han reemplazado en parte el poder de los Estados.

Creo que no estoy del todo de acuerdo con esa afirmación, ya que el capitalismo siempre ha sido un orden económico muy estatista. El Estado siempre tiene un papel importante, desde el principio hasta hoy. El porcentaje del producto interior bruto (PIB) controlado por los Estados hoy en día es muy alto, el más alto de la historia. Por eso creo que su importancia no ha disminuido. Por supuesto, como se ha visto a lo largo de la historia, los capitalistas privados, los comerciantes, los industriales… han sido muy poderosos. La familia Fúcar, en Augsburgo, fue extremadamente importante para la corona española porque financió las expediciones a América. Ha habido otros momentos en la historia del capitalismo en los que se podría decir que el poder de los emprendedores privados ha competido directamente con el de los Estados. Pienso en la Compañía Británica de las Indias Occidentales, que era casi un Estado en sí misma, con sus ejércitos y marina propios, con un control de parte del territorio… Así que creo que no es un fenómeno tan nuevo. 

Quizá la novedad es que, al principio, las compañías dependían del Estado y estaban arraigadas a una nación en concreto. Pienso en Carnegie Steel, que tenía sus raíces en Estados Unidos y no en otras partes del mundo. Pero ahora las compañías pueden elegir qué lugar les conviene para desarrollar sus actividades. Apple diseña sus productos en Estados Unidos, pero los ensambla en Asia, donde emplean a miles de trabajadores. Así que, de alguna manera, también están conectados al Estado chino. Y en lo que refiere a sus beneficios, trata de acumular el máximo posible en Irlanda, con un régimen impositivo muy favorable. De alguna manera pueden atraer a varios Estados y hacer que compitan entre ellos.

Somos una civilización fósil, pero España es el ejemplo de cómo tener energía sin quemar

Sven Beckert — Historiador

Esa es la cuestión: las grandes tecnológicas como Apple o Meta tienen un grandísimo poder en la actualidad y pueden hacer prácticamente lo que quieran. Y los Estados carecen del poder suficiente para doblegarlas. ¿Billonarios como Elon Musk, a los que en España ya se les llama tecnoligarcas, son un síntoma o una evolución del capitalismo?

Son parte de esta revolución permanente que es el capitalismo. Y creo que es acertada esa afirmación: la diferencia entre Andrew Carnegie y la industria acelera es que una vez construían una acería, no podían trasladarla a otro territorio. Hoy en día el capital es más móvil y puede hacer que los Estados se enfrenten unos con los otros. Eso les otorga nuevos poderes a esta clase de compañías y, también, crea nuevas desigualdades. Puede que haya regulación, pero cada vez es más complicado controlar estas acumulaciones de capital. Y, sin embargo, no debemos tirar la toalla: la Unión Europea, por ejemplo, ha hecho esfuerzos para regular a estas compañías tecnológicas y crear nuevos regímenes fiscales.

¿Y qué pasa con políticos como Donald Trump o Jair Bolsonaro? ¿Cuál es su papel en esta “revolución permanente”, como lo llama, del capitalismo?

Se puede mirar desde dos puntos de vista. Por un lado, con gente como Trump o Bolsonaro, desde la perspectiva de nuestras propias vidas los vemos como un cambio radical. Porque crecimos en un mundo con el orden neoliberal, en el que cuanto mayor comercio, mejor, y el proteccionismo era algo malo. La idea de contener la industria dentro de las fronteras nacionales se consideraba errónea; era necesario globalizar las cadenas de producción. Y un Estado intervencionista era casi sacrílego. 

Ahora, de repente, tenemos al presidente de Estados Unidos convertido en el gran defensor del proteccionismo, empieza a invertir con la Administración en compañías y les dice qué es lo que deberían hacer. Es una ruptura total con el orden neoliberal... pero a lo largo de la historia del capitalismo el proteccionismo es totalmente normal. Probablemente, hay más momentos proteccionistas que de libre comercio. No digo que sea bueno, pero no es un mundo tan diferente del que ha existido en el pasado. Es distinto del orden neoliberal, pero no es tan diferente de lo que ha pasado en la historia del capitalismo.

Y esto me lleva a otra idea: el capitalismo también está en proceso de cambio. Las cosas cambian un poco cada día, pero también en el ámbito institucional. El orden neoliberal se mantuvo estable desde la década de los 70 hasta fechas recientes, pero antes hubo algo así como un orden keynesiano, durante los años dorados de posguerra. Ahora estamos en uno de esos momentos de cambio de régimen en el que el orden neoliberal ya no es algo ‘sagrado’. La crisis de 2008, que en España fue gravísima, fue muy seria tanto para la historia del capitalismo como para el orden neoliberal. Movimientos como las protestas contra la Organización Mundial del Comercio u Occupy Wall Street se impulsaron desde posiciones de izquierda, pero también hay resistencia desde la derecha populista. ¿Qué viene después? No lo sabemos, es una pregunta al aire. Por supuesto, si lees los pronunciamientos de Donald Trump y gente como él, tienes una idea de cuál será ese nuevo orden. No lo defiendo, pero tampoco está escrito que ese sea el nuevo modelo. 

En un momento dado, menciona en el libro cómo el capitalismo y el comercio se desarrollaron en un estado constante de guerra. ¿Cuál es el papel de estos conflictos bélicos en un momento en que tenemos guerras en Ucrania o en Irán, entre otros?

Normalmente, cuando pensamos en el capitalismo, lo hacemos en el Estado de Derecho, contratos, mano de obra pagada, la libertad humana, paz... Y no es del todo falso, pero también vino de la mano de colonialismo, de esclavitud, especialmente de la población afrodescendiente. De alguna manera, la historia del capitalismo es una historia de guerra constante. Obviamente, había guerras antes del capitalismo, pero la revolución capitalista se desarrolló con un enorme grado de violencia entre estados y algunas de esas guerras estuvieron directamente relacionadas con el capitalismo, como aquellas para asegurar los depósitos de materias primas o mercados. Presumiblemente, esa es la razón también hoy en día: Oriente Medio, Ucrania o Venezuela son, por razones diferentes y particulares, importantes para la economía global. Y eso explica por qué han estallado esas guerras, por qué duran tanto y por qué son tan graves.

El capitalismo le ha fallado a la clase trabajadora

Sven Beckert — Historiador

El capitalismo ha significado libertad de movimiento para los bienes y también para las personas, pero hoy en día la migración se ve como un problema global. Habrá visto las imágenes de Ceuta. ¿Necesita el capitalismo de la desigualdad, que haya países ricos y pobres?

Estuve hace una semana en Ceuta. Creo que esta pregunta es difícil de contestar porque el capitalismo ha adoptado diferentes facetas y formas de desigualdad. No sabemos qué es lo que necesita el capitalismo. Creo que el momento más desigual de la historia es entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando una parte del mundo se hizo mucho más rica a costa del resto. Esto fue Europa y Estados Unidos contra los demás. Ahora vemos que eso está cambiando y la desigualdad global disminuye por el gran crecimiento económico en Asia y en China.

En relación con la migración, la gente siempre lo ha hecho. Cuando muchos europeos eran pobres, como los españoles, se mudaron a América porque había más oportunidades. Europa fue un continente emisor de migrantes y millones emigraron como refugiados económicos. Ahora Europa es rica, necesita población y hay partes del mundo que son mucho más pobres, con menores oportunidades. No puedo decirte cómo gestionarlo, pero sí puedo decirte que durante gran parte de la historia europea, los europeos estuvieron al otro lado. Eran los que migraban en busca de oportunidades. Y quizás está cambiando, pero creo que España ha sido, y de largo, un país acogedor para los refugiados.

El carbón y las energías fósiles han sido claves para el desarrollo del capitalismo, pero también una de las razones del cambio climático y de parte de las desigualdades de las que hablábamos. ¿Hasta qué punto es viable un capitalismo que no dañe el planeta o que agote sus recursos?

Esta es otra de esas cuestiones que es muy difícil de responder. En el pasado no ha sido posible. La revolución capitalista bebe de los llamados dones gratuitos de la naturaleza: recursos agrícolas, mineros… El crecimiento económico desde 1850 se debe a los combustibles fósiles, cuando se convirtieron en esenciales. Y hoy en día todavía se ve que el crecimiento económico y el uso de combustibles fósiles son dos líneas que prácticamente van en paralelo. Vivimos en una civilización fósil. Cada vez extraemos más y más recursos del planeta para mantener nuestros estándares de vida y el crecimiento económico al que aspiramos. Y esto provoca una crisis muy seria, porque el capitalismo va de crecimiento, es su esencia. Un capitalismo sin crecimiento económico es inimaginable, conceptualmente, su lógica es de crecimiento permanente y exponencial. Por ejemplo, más de la mitad de todos los combustibles fósiles que se quemaron en el planeta, se han quemado después de 1990. Antes de eso, la mitad fue en cientos de años. Esa es la lógica del capitalismo. La lógica de la naturaleza por supuesto que tiene límites. Y ambas chocan. Pero el capitalismo es creativo y, por supuesto, ha habido otras crisis ecológicas en su historia. Y hay salidas. España, de nuevo, es un ejemplo fantástico de cómo tener un montón de energía sin quemar combustibles fósiles.

En esta era del capitalismo y la inteligencia artificial amenazando con reemplazar al trabajo humano, ¿cree que el capitalismo le ha fallado a la clase obrera? ¿Tiene esto que ver con el alza de la extrema derecha?

Sí, creo que le ha fallado a la clase trabajadora y creo también que tiene que ver con todos los problemas políticos en los que nos vemos envueltos hoy. La gente sufre de incrementos de precios que no se acompasan con los de sus salarios, de problemas para acceder a la vivienda, a educación de alta calidad, a sanidad. Y ve que el orden en el que viven ya no les proporciona el bienestar que sí les dio a sus padres o abuelos, por lo que encuentran la solución en levantar muros o cerrar fronteras. Buscan soluciones y la derecha populista les ofrece respuestas sencillas. No creo que sean las correctas, pero responden a las preguntas adecuadas.

Tenemos que entender que el orden neoliberal en el que nacimos está llegando a su fin. Muchos partidos socialdemócratas en Europa o Estados Unidos que se oponen a los populistas de extrema derecha buscan maneras de volver al mundo de los 2000. Y esto es imposible. Hay que solventar los problemas que el propio orden neoliberal ha creado, enormes problemas para las clases trabajadoras. Y estas respuestas no se pueden encontrar dentro del propio orden neoliberal. Tiene que haber una conversación sobre cuáles deben ser estas respuestas, que están fuera de las propuestas de la extrema derecha o la resurgencia fascista que vemos en muchas partes del mundo. No creo que necesariamente vaya a funcionar, pero si no lo intentamos, las sociedades que hemos conocido y en las que vivimos están muy amenazadas por el surgimiento de la extrema derecha.

La huelga general por la crisis de la vivienda será el miércoles 11 de noviembre, la fecha propuesta por el Sindicato de Inquilinas y que ha logrado el respaldo de los sindicatos que convocarán el paro de 24 horas, tras una reunión celebrada este miércoles por la tarde entre todos los colectivos. La huelga se celebrará así antes de la campaña electoral y, en concreto, 18 días antes de los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

El anuncio de la fecha ha estado empañado por la noticia de que Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cruelmente desahuciada de su hogar de 70 años por la empresa Urbagestión, ha muerto este miércoles en el hospital Gregorio Marañón, tras una complicación de su salud después del lanzamiento.

Entre los sindicatos que han apoyado el paro general que reclamaban los movimientos de vivienda están los mayoritarios (CCOO y UGT), pero también otras organizaciones como la CGT y la Intersindical, así como sindicatos regionales con mucho peso en sus territorios, como la gallega CIG y los vascos ELA y LAB. También son convocantes CO.BAS y Solidaridad Obrera.

“CCOO y UGT llamamos a los hombres y mujeres de nuestro país a movilizarse por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo. La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna”, argumentan las centrales en un comunicado conjunto emitido en la tarde de este jueves.

Los sindicatos argumentan la convocatoria en la “política empresarial que aprovecha el crecimiento económico del país para engordar su patrimonio con grandes beneficios a costa de los salarios de las personas trabajadoras” y en el engorde de los márgenes empresariales aprovechando la crisis energética por la guerra en Irán. “La huelga general del 11N es un clamor contra la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas, y especialmente a mujeres y migrantes afectados por una situación de vulnerabilidad económica”, detallan.

“UGT y CCOO llamamos a la huelga general el 11 de noviembre para desbloquear la negociación colectiva, para subir salarios, reducir la jornada, mejorar la salud de las personas trabajadoras, erradicar la precariedad, (...) para emplazar a todas las administraciones públicas a impulsar políticas que acaben con la especulación de la vivienda”, recoge la nota.

El Sindicato de Inquilinas: “Maricarmen estuvo contenta con la huelga”

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha lamentado el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 desahuciada de su casa por la empresa Urbagestión, y ha asegurado que “hoy el rentismo ha terminado de matar a Maricarmen”. “La especulación y el rentismo matan a gente cada día en el país. Con cada burofax de expulsión, con cada subida de alquiler, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida”, ha aseverado la representante del movimiento inquilino, asegurando que la lucha será en recuerdo de la mujer fallecida este miércoles.

“Ahora que hemos comprobado nuestra fuerza creciente, hay que dar un paso más y seguir escalando la presión y forzar a los distintos gobiernos actuales y futuros, locales, regionales y estatales, a tomar las medidas que el pueblo exige”, ha dicho Del Río, que ha defendido que este paro es la herramienta “que nos permite pasar de ser muchas personas enfadadas, a ser millones de personas que pueden actuar juntas y coordinadamente”

De cara a la huelga, Del Río ha subrayado que exigen al Gobierno la aprobación de los contratos de alquiler indefinidos, bajadas “drásticas” en el precio del alquiler y la vivienda, un impuesto a la riqueza “para financiar un parque público de vivienda real”, la construcción y la expropiación de viviendas vacías, así como el fin de la vivienda especulativa.

En la rueda de prensa han participado los representantes de CGT, Miguel Fradrique; de CO.BAS, Andrea Zayas; y de Solidaridad Obrera, Álvaro Ferreira. A pesar de que estaba anunciada la presencia de representantes de UGT y CCOO, finalmente no han acudido.

Unión para una huelga “lo más amplia posible”

Aunque este miércoles por la mañana el líder de UGT, Pepe Álvarez, señalaba ya la fecha del 11 de noviembre como la destinada para la celebración del paro, el resto de sindicatos pedía esperar a la reunión de esta tarde –convocada a las 19 horas– con el Sindicato de Inquilinas, en la que han participado todas las organizaciones de trabajadores afines a la iniciativa (de manera presencial o a distancia). El objetivo era respetar el marco de diálogo y la amplitud del espacio de esta convocatoria de huelga general impulsada desde el Sindicato de Inquilinas.

“Se está consultando a todos las fuerzas sindicales del Estado”, destacaban en CGT este miércoles, que señalaba que la organización estaba “haciendo de pegamento en muchos lugares para contactar con esas fuerzas y ponerlas en relación con el Sindicato de Inquilinas”.

Incluso en territorios como Euskadi, donde la relación de los sindicatos regionales con los mayoritarios del Estado (CCOO y UGT) es compleja, desde LAB apuntaban que estaban trabajando “para organizar una huelga lo más amplia posible y con la respuesta más mayoritaria posible”, con la mirada puesta en Euskadi, pero en conexión con el resto del Estado a través del movimiento de vivienda, apuntó a este medio Endika Pérez, responsable de Acción Social de LAB.

Parar el país por la vivienda, los salarios y “el conflicto de rentas”

El paro convocado el próximo 11 de noviembre será la primera gran huelga general en 14 años en España, desde la celebrada en 2012 contra los recortes y las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy.

Desde entonces, ha habido algunas convocatorias de huelga general, como la feminista del 8M de 2018 y 2019 o las de apoyo a Palestina por el genocidio de Israel, pero en las que los sindicatos mayoritarios no se sumaron a las convocatorias de 24 horas, sino solo a paros parciales.

El paro general del 11-N tiene por objetivo denunciar la crisis de vivienda que atraviesa España, así como los bajos niveles salariales del país que no permiten pagar una “vivienda digna” y “el conflicto de rentas” por el que las empresas han aumentado sus beneficios mientras que los trabajadores han perdido en muchos casos poder adquisitivo debido el auge de precios desde 2021.

La patronal CEOE ha alertado de una posible “ilegalidad” de la huelga, al considerarla “política” y desvinculada de cuestiones laborales. Algo que, sin embargo, choca con múltiples precedentes de huelgas “mixtas” en las que hay reivindicaciones políticas y también laborales, y que han logrado el respaldo de la justicia.

BBVA Research ha subido hasta el 2,6% su proyección de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España para 2026, dos décimas más que en su anterior estimación de junio, ante la pujanza del consumo interno por las mejoras en el empleo y las rentas, aunque el encarecimiento del petróleo y del gas, junto con el endurecimiento de los tipos de interés, nubla el horizonte.

El centro de estudios de la entidad ha presentado este miércoles su informe Situación España, en el que actualiza el escenario macroeconómico que prevé para este ejercicio y el siguiente. En el caso de 2027, mantiene en el 2,1% su estimación del crecimiento del PIB.

Pero la subida de los precios, alimentada por el enquistamiento de la guerra en Oriente Medio, podría recortar ese crecimiento. BBVA Research estima que la inflación será del 3,6% este año, de media, mientras que será del 3,2% el que viene. Si bien el dato de 2026 mejora en relación con el informe de junio (son dos décimas menos), empeora la cifra de 2027 en cuatro décimas, lo que anticipa una inflación más pegajosa de lo anticipado.

Según los cálculos de los economistas de la entidad, el incremento en el coste del petróleo y del gas podría restar entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales al aumento del PIB y sumar entre 0,8 y 0,9 puntos a la inflación hasta finales de 2027.

“Ante una perturbación transitoria, los hogares pueden amortiguar inicialmente la pérdida de poder adquisitivo reduciendo su tasa de ahorro o recurriendo al crédito, mientras que la política fiscal puede limitar temporalmente su impacto sobre las rentas y los costes. Sin embargo, la capacidad de estos mecanismos para sostener el gasto disminuye a medida que el shock se prolonga, lo que aumenta la probabilidad de que el ajuste termine trasladándose al consumo y la inversión”, destacan. 

Una inversión en vivienda más débil de lo esperado

Sobre la política monetaria, la entidad apunta a una subida de tipos adicional por parte del Banco Central Europeo en diciembre, que coloque la referencia en el 2,75% y se mantenga así durante el que viene. Esto, calculan, podría restar 0,3 puntos porcentuales al crecimiento promedio de 2026 y 2027. Esto podría golpear directamente a la inversión, una de las variables clave para sostener el crecimiento ya no solo a corto plazo, sino en el medio y largo. La expectativa, eso sí, es que la inversión en vivienda siga creciendo.

“Dentro de las revisiones que ha hecho el INE de la serie desde 2023 hemos visto una evolución más débil de la que teníamos hasta el momento”, ha explicado el economista jefe para España y Portugal, Miguel Cardoso, durante la presentación del informe. “La evolución durante los últimos nueve meses ha sido bastante más débil de lo que en principio teníamos y es más consistente con tener en el rango de 130.000-140.000 viviendas terminadas en 2026 y 2027, que entre las 140.000-160.000 que pensábamos que íbamos a estar, sobre todo de cara al año que viene”, ha incidido.

La expectativa es que los precios de la vivienda se desaceleren. Este año crecerán un 11,5% (11,2% en 2025), pero se recortará esta tasa hasta el 5,5% el que viene. Entre otras cosas, porque los precios ya elevados limitan mucho el acceso a la vivienda ante una limitada oferta que no es capaz de dar respuesta a la demanda.

Como nota positiva, el gasto de los turistas se ha acelerado favorecido no solo por el contexto geopolítico, con numerosos viajeros optando por España en lugar de los destinos en Oriente Medio, sino también por la desestacionalización y diversificación de los destinos, ya no concentrados únicamente en la costa y en verano. Además, el BBVA estima que las familias y las empresas están mejor preparadas ante un endurecimiento de la política monetaria. Por otro lado, tanto el desarrollo de la IA como el incremento del gasto en defensa podría dar un empujón adicional a la economía.

Además, BBVA calcula que el mercado laboral seguirá tirando de la economía, y no solamente por el efecto de la regularización extraordinaria. Se espera que el empleo crezca un 2,4% este año (en torno a 528.600 puestos más, medidos en términos de la Encuesta de Población Activa) y el 2,0% el siguiente (464.300 trabajos) como consecuencia del incremento en la población activa, beneficiado por el aumento de la tasa de participación. El paro se situará por debajo del 10% ya este año (9,9%) y el que viene (9,5%).

En cuanto a los riesgos a la baja, la entidad recuerda que “persisten desafíos que podrían intensificar la desaceleración durante los próximos meses”. Entre ellos, la congestión de la red eléctrica, el relevo generacional, la falta de vivienda a precio asequible y las dudas de cómo se abordará la consolidación fiscal de las cuentas públicas. Si bien el informe no hace referencias al adelanto electoral, BBVA señala: “La incertidumbre sobre política económica puede volver a aumentar”.

La Inspección de Trabajo regularizó más de 47.000 falsos autónomos en 2025 tras una campaña extraordinaria sobre las plataformas digitales, sobre todo de aquellas de delivery que aún no cumplían con la Ley Rider, y afloró 131.645 empleos en total.

Así consta en la Memoria anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), publicada este miércoles, y que recoge los resultados de las 1,2 millones de actuaciones del organismo el año pasado en cerca de medio millón de centros de trabajo (427.495).

Inspección de Trabajo intensificó su labor sobre plataformas como Uber Eats, una compañía que el año pasado aún repartía con el modelo de falsos autónomos, con los que firmaba un contrato mercantil en lugar de darlos de alta como empleados propios. El propio Ministerio amagó a finales de 2025 con llevar a la compañía a la justicia por la vía penal si no modificaba esta actividad, algo que la compañía anunció que cambiaría en enero de este año.

En concreto, eso permitió regular a 47.143 falsos emprendedores, seis veces más que en 2024 (7.234) y el máximo desde que arrancaron las actividades inspectoras en este ámbito en 2018. Desde entonces, se han efectado casi 90.000 actuaciones y se ha regularizado a 139.242 falsos autónomos.

Más de un millon protegidos y 11.000 denuncias anónimas

En total, el número de personas protegidas por la Inspección superó el millón (1.030.183) y se detectaron 208.500 infracciones, con sanciones propuestas por valor de 858,2 millones de euros, frente a los 541 millones de 2024. La labor del organismo que depende de la Vicepresidencia de Yolanda Díaz permitió recuperar 1.212 millones de cuotas a la Seguridad impagadas, casi 300 millones más que un año antes (941,1 millones).

Las actuaciones permitieron dar de alta a 96.194 personas que no estaban registradas en la Seguridad Social y también aflorar a 601 falsos becarios, prácticamente tres veces más que en 2024, cuando fueron 220. El número de personas trabajadoras extranjeras que estaban empleadas sin permiso fueron 18.655, con sanciones propuestas por valor de 187,7 millones.

El buzón de denuncias de la Inspección recibió 11.824 comunicaciones. La memoria apunta a una mejora de la ratio de control de la inspección, es decir, de los trabajadores asignados al personal de la ITSS, hasta 204.

Los sindicatos UGT y CCOO han acordado convocar una huelga general en otoño en respuesta a la crisis de la vivienda, haciendo suya la propuesta del Sindicato de Inquilinas, que ya contaba con el respaldo de CGT. La fecha, eso sí, está todavía por definir.

Ambas centrales han emitido un comunicado conjunto después de la reunión de sus ejecutivas en la tarde de este lunes y tras el anuncio de elecciones anticipadas el 29 de noviembre, un extremo que adelantó elDiario.es y que ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma mañana.

“La fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el sindicato de inquilinas, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general de 24 horas, por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”, dice la nota enviada por ambas organizaciones.

El Sindicato de Inquilinas lleva días presionando a los representantes de los trabajadores para convocar una huelga general por la crisis de la vivienda, después de las semanas de movilizaciones tras el desahucio de Maricarmen y en respuesta, también, al voto de PP, Vox y Junts en el Congreso, partidos que tumbaron los dos Reales Decretos-Ley del Gobierno en respuesta a la emergencia habitacional.

“La huelga general es la única manera de que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne”, aseguró Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en la primera reacción del movimiento que inició la acampada en Sol después del anuncio del adelanto electoral para el 29 de noviembre.

Si bien la CGT ya había anunciado su respaldo, el aval de los dos sindicatos mayoritarios es clave en términos de movilización y apoyo.

El comunicado de UGT y CCOO destaca que las manifestaciones del fin de semana “han mostrado la fuerza” del movimiento por la vivienda y recuerdan que entre sus propuestas para negociar con la patronal el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), la guía para los convenios, ya incluían cláusulas relativas al acceso a una casa y un “decálogo por el derecho a la vivienda, que reclama un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios”.

“La huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda; la renovación del AENC y el desbloqueo de los convenios colectivos, son ámbitos para demostrarlo”, aducen desde los sindicatos mayoritarios.

El apoyo de las dos centrales principales a escala nacional también es necesario de cara a la argumentación jurídica de la convocatoria. La ley de huelga, que es preconstitucional, establece que una convocatoria así puede ser declarada ilegal en el caso de “se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, reelegido la semana pasada, ya avanzó el fin de semana que una convocatoria así sería, a su juicio, ilegal al no tratarse de un conflicto laboral.

“Que la ciudadanía pueda manifestarse, opinar y hacer lo que crea es algo normal, porque lógicamente ahí está la democracia”, dijo en el Foro La Toja, pero sin que eso suponga que “invadamos los derechos de los demás”.

“CCOO y UGT llaman a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña, en los centros de trabajo y en la calle, y a secundar la huelga general. Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”, concluyen los sindicatos.

El Gobierno ha aplazado de nuevo la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta octubre de 2028, para acompasar su puesta en marcha con la nueva factura electrónica obligatoria para las empresas, que contará con una plataforma pública que desarrollará el fisco.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes una nota informativa en la que indica que, “con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (VERI*FACTU), tanto desde el punto de vista normativo como técnico, se ha considerado conveniente alinear los calendarios de implantación”, de tal manera que no entrarán en vigor hasta dentro de dos años.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora. Esta normativa entraba en vigor el 1 de enero para pymes y el 1 de julio para autónomos.

La factura electrónica obligatoria, si bien relacionada, lo que regula es la relación entre las compañías. “Adaptarse a Verifactu no reemplaza la futura obligación de la factura electrónica. De hecho, son normativas con objetivos diferentes: Verifactu busca seguridad y trazabilidad interna; la factura electrónica obligatoria busca interoperabilidad y control comercial entre empresas. Quienes se adapten pronto a Verifactu estarán mejor preparados, pero no evitará otros cambios futuros”, detallaba Raquel Jurado, responsable del Servicio de Consultas del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, en esta información publicada en noviembre.

Precisamente este lunes el BOE publica la orden ministeral que detalla los requisitos que tendrá que tener la solución pública para la factura electrónica diseñada por la Agencia Tributaria. Este trámite era el paso clave para arrancar el reloj de cara a su adopción por parte de las empresas. A partir de aquí, las empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, que será de dos años para el resto.

Según la nota difundida por Hacienda, una vez aprobada la alineación de los calendarios, “se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de ViDA”. El resto de aspectos de Verifactu, más allá de su calendario de implantación, siguen en marcha.

En una nota de prensa, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha celebrado que se haya retrasado para “dotar de mayor seguridad jurídica y estabilidad al sistema tributario español” y dicen que esta coordinación “permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo”.

El decreto ley alternativo que ha propuesto Junts al Gobierno, tras pedir la retirada de los dos textos ya publicados en el BOE y que PP, Vox, Junts y UPN han tumbado este viernes, refuerza la protección de los caseros frente a los inquilinos, elimina la regulación de los alquileres de habitación y temporada, lima las prórrogas de los arrendamientos al hacerlas voluntarias y también limita al máximo el escudo antidesahucios, entre otros cambios.

El texto al que ha tenido acceso elDiario.es dista notablemente del primer decreto-ley publicado en el BOE el pasado miércoles. No solo en cuanto a la longitud, ya que recorta notablemente la norma. También en cuanto a la ambición para proteger a los inquilinos, lo que dificulta cualquier aproximación con partidos de izquierda como Sumar, que consiguieron una prórroga automática a los arrendamientos.

Así, en cuanto a las extensiones de los contratos de alquiler, si bien mantienen el horizonte temporal de diciembre de 2028, no las hace obligatorias y automáticas, sino que serán “voluntarias” y pactadas con el casero. En ese pacto tendría que constar el contrato prorrogado, su duración y la renta aplicable “y hará constar que el arrendatario se encuentra al corriente del pago de la renta y de las demás cantidades cuyo pago haya asumido o le correspondan”.

El escudo antidesahucios también es mucho más flojo: recorta el límite temporal hasta el 31 de diciembre de 2028, frente al 2030 en vigor, y solo será de aplicación para entidades financieras y grandes tenedores, con una autorización judicial de la suspensión del desahucio por periodos de meses y excluyendo expresamente la okupación.

Sobre las cuantías sin pagar, el primer decreto ya contenía un mecanismo para compensar a los caseros a quienes habían dejado de pagar el alquiler, por el que el Estado podía pagar para evitar el desahucio. Junts establece un límite de dos meses para reemprender el lanzamiento y, también, que será el Estado directamente quien financiará las ayudas, que solo podrán producirse una vez por contrato.

Tampoco beneficia a los inquilinos en el ámbito fiscal. El Real Decreto-ley del miércoles recoge, por primera vez en más de una década, una deducción del 10% en el IRPF para las cuantías que abonan los inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros. La propuesta de Junts amplía ligeramente el alivio tributario (al 15%), pero lo limita temporalmente a 2026 y 2027.

Al otro lado, lima toda la casuística en las bonificaciones para los propietarios, que se podrán beneficiar en el caso de que haya una prórroga acordada. Mantiene la exención del 90% en el IRPF a lo que cobran por los alquileres si recortan un 5% el precio del alquiler, pero después lo sitúa en el 70% para todos los casos sin distinción. La carga de la rebaja se divide al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

En materia fiscal, también propone recortar al 5% el IVA de la vivienda nueva, siempre que sea para residencia habitual y que la superfie no exceda los 120 metros cuadrados.

No recoge el IVA para los alquileres turísticos, que el Ejecutivo había situado al 10%. Precisamente lo situó en el tipo reducido, frente a la intención de que fuera el 21%, para atar el apoyo de socios como PNV o Junts. Tampoco modifica el régimen de socimis, ni la posibilidad de elevar el IBI para la vivienda vacía o para los pisos turísticos.

Además, Junts incorpora un título completo con “medidas urgentes frente a la ocupación ilegal de viviendas”, que reforma tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la del ámbito civil. En el primer caso, los neoconvergentes añaden un procedimiento cautelar que da 48 horas para aportar un título de posesión, tras lo cual el juez resuelve y sin que la intervención de los servicios sociales pueda suspender el trámite.

En el segundo, amplía la recuperación rápida de los inmuebles para propietarios y también elimina determinados trámites de vulnerabilidad social.

El texto de Junts amplía las definiciones de fondo buitre, aunque sin mencionarlo, y también el veto a su compra, aunque no serán de aplicación estos límites si se comprometen a destinarlo a vivienda social durante cinco años, a personas vulnerables o en el caso de entidades públicas. La prohibición es más laxa para las empresas que para las entidades financieras en sí.

El texto de los neoconvergentes no incluye en su articulado otras medidas que sí incorpora el del Gobierno, como la línea de ayudas Tu Casa para financiar la entrada a una vivienda ni la cuenta de inversión con incentivos fiscales.

Puedes leer el decreto completo bajo estas líneas.

El Real Decreto-Ley de vivienda publicado este miércoles interviene el mercado de los pisos turísticos al gravar esta actividad como lo que son: un negocio. Así, las estancias de menos de 30 días estarán gravadas con un 10% de IVA desde el 1 de diciembre de este año, siempre que el arrendador no preste “servicios complementarios propios de la hostelería” como restaurante o limpieza o si supera el mes de estancia.

Tampoco se aplicará este 10% del IVA si la vivienda arrendada es la misma en la que el propietario tiene como vivienda habitual, según recoge el texto aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. Este porcentaje, que es el tipo reducido del impuesto, queda lejos del objetivo que se había fijado el Gobierno, que era incluirlo dentro del 21%, que es el tipo general, un gesto del Ejecutivo para llegar a un acuerdo con el resto de partidos.

Según datos de la patronal Hosteltur, la cifra de negocio de las plataformas de alquiler turístico como Airbnb o Booking se acercaba a los 2.100 millones de euros en 2022, lo que permitiría aflorar una cuantía notable a través de este impuesto.

Al otro lado, y para promocionar la vivienda protegida, el decreto rebaja el IVA de esta construcción al 4%. En cambio, aumenta los impuestos a las socimis hasta el 25% sobre los beneficios. Este impuesto se puede reducir un 50 y hasta un 100% si la socimi en cuestión destina parte de su cartera al alquiler asequible.

Un recargo del IBI de hasta el 150%

Otra novedad de alcance en materia fiscal es que el decreto autoriza a los Ayuntamientos a aplicar un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de aquellas viviendas que están destinadas a alquiler turístico, aunque aquí limita su aplicación a los municipios en zonas de mercado residencial tensionado.

El recargo que prevé es de hasta un 50% en la cuota líquida de este impuesto, aunque podrá elevarse hasta el 100% (es decir, duplicar el pago previsto) o el 150% si los propietarios lo son de dos o tres inmuebles residenciales, o de cuatro o más, respectivamente. “Su establecimiento y regulación corresponden a los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal”, detalla la norma.

No es la primera vez que el Gobierno intenta intervenir en el mercado de los pisos turísticos. El Ministerio de Vivienda ya intentó poner en marcha un registro único de alquileres turísticos, pero el Tribunal Supremo lo tumbó por invadir competencias autonómicas, tras un recurso presentado por la Generalitat valenciana.

Con todo, el grueso de la regulación en la materia corresponde a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos. Ciudades como Madrid o Barcelona ya han empezado a intervenir: la primera de manera más tímida, y la segunda ha anunciado que no otorgará más licencias y que las actuales expirarán en 2028.

La prórroga automática de los alquileres que el Consejo de Ministros aprobó este martes prevé que los propietarios tendrán que indemnizar a los inquilinos con hasta doce meses de los pagos previstos en el caso de no extender el contrato.

Así consta en el texto del Real Decreto-Ley que ha sido distribuido a los grupos parlamentarios y al que ha tenido acceso elDiario.es, ya que no ha sido publicado en el BOE de este miércoles, como estaba previsto, porque “la última norma publicada es la que prevalece”, indican fuentes de Moncloa.

Este último decreto, el segundo texto que PSOE y Sumar acordaron y que el Gobierno no tiene garantías de que salga adelante ya que el apoyo de Junts está en el aire, convierte los alquileres en indefinidos, frente a la prórroga hasta 2028 que dicta el que ya está en vigor. El que ya está en vigor, publicado este miércoles, sí tiene más posibilidades de salir adelante en el pleno extraordinario del Congreso de este viernes.

La norma contiene un único artículo que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y establece que, una vez llegado el fin del contrato de arrendamiento de las vivienda o alguna de sus prórrogas, y transcurridos al menos cinco años en el caso de particulares y siete con personas jurídicas, si ninguna de las partes ha comunicado la voluntad de no extender el contrato (seis meses, en el caso del propietario, y dos, en el del inquilino), “el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica”.

El texto establece que, en el caso de que el propietario notifique su voluntad de no seguir, estará obligado a indemnizar al inquilino “con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características a la arrendada”, que se calculará con la base del sistema de referencia estatal “y en ningún caso podrá ser inferior al importe equivalente a una mensualidad de renta por cada año que el arrendatario haya residido en la vivienda”. Esta indemnización, dice el decreto ley que se publicará este jueves en el BOE; se abonará en el momento en que se entregue la vivienda.

La indemnización no será necesaria si el inquilino ha de ser obligatoriamente prorrogado por ley. Y la venta de la vivienda alquilada tampoco evitará su pago: será el comprador quien tenga que asumir el pago de esa compensación.

El decreto ley establece que la indemnización no será obligatoria para el propietario en determinadas circunstancias, “que deberán hacerse constar de forma expresa, detallada y por escrito en la notificación de preaviso”. Esto es cuando el propietario de la vivienda la necesite para uso de vivienda permanente para sí mismo o un familiar, de hasta segundo grado, o su cónyuge en caso de divorcio; cuando el inquilino no haya habitado la vivienda durante al menos seis meses en el año anterior a la notificación “salvo que la ausencia obedezca a causa justificada, como razones de salud, trabajo, estudios o cuidado de familiares”; cuando el inquilino ya disponga de una vivienda “apta para atender sus necesidades, como titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute y pueda ocuparla” en la fecha en que se notifique y en el mismo municipio“.

Tampoco será necesaria la indemnización en el caso de suscribir otro contrato entre las partes o si el arrendatario rechaza la propuesta del propietario de extender otro contrato. En este último supuesto, “la oferta deberá garantizar la permanencia del arrendatario por un plazo mínimo de cinco años, o siete si el arrendador fuese persona jurídica”.

Los propietarnos no tendrán que pagar la compensación “cuando concurra alguna otra circunstancia debidamente justificada que, en el caso concreto, determine la prevalencia de los intereses del arrendador cuando este tenga vulnerabilidad acreditada”.

La ley también fija que serán “nulas, y se tendrán como no puestas” aquellas estipulaciones en los acuerdos de prórroga que modifiquen el contrato original en perjuicio del arrendatario.

En el caso de los contratos con vulnerabilidad “y siempre que el contrato hubiera de extinguirse por haber comunicado válidamente el arrendador su voluntad de no prorrogarlo” el inquilino podrá pedir una prórroga extraordinaria de un año, que tendrá que acreditar “una situación de vulnerabilidad social y económica sobre la base de un informe o certificado emitido en el último año por los servicios sociales de ámbito municipal o autonómico y deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador cuando este sea un gran tenedor de vivienda”. En las zonas tensionadas, el decreto establece que se podrá prorrogar “de manera extraordinaria” el alquiler por plazos anuales durante un máximo de tres años.

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