El vicepresidente Carlos Cuerpo utiliza siempre el anglicismo “bala de plata” cuando le preguntan por la crisis de la vivienda. No hay una solución milagrosa para la falta de casas ni para las dificultades de acceder a un techo, ya sea de compra o de alquiler. Pero el Ministerio de Economía ha incluido en el decreto de vivienda que negocia con los grupos parlamentarios, y para el que todavía no hay fecha para su aprobación por parte del Consejo de Ministros, una medida que promete matar dos pájaros de un tiro: aliviar los cuellos de botella en un mercado totalmente desequilibrado y financiar la autonomía estratégica europea. 

El texto del decreto que se negoció este verano, al que tuvo acceso elDiario.es, incluye el desarrollo de Financia Europa, un producto financiero específico para redirigir el ahorro de los hogares españoles a invertir en empresas de la Unión Europea, toda vez que el continente intenta no quedar rezagado en una carrera económica que lideran Estados Unidos y China.

En concreto, el articulado del decreto pone en marcha la cuenta de ahorro e inversión que el Ministerio de Economía sacó a consulta pública a finales del año pasado. Entonces, el Gobierno no precisó cuál sería el vehículo legal que utilizaría para poner en marcha la reforma. Y han optado por el Real Decreto-Ley, que solo precisa de la convalidación del Congreso 30 días después de pasar por el Consejo de Ministros.

La letra pequeña del texto, que todavía está sujeta a cambios y negociación, crea un producto financiero que estará basado en dos cuentas bancarias: una de valores y otra, más de operativa, destinada a las operaciones de inversión y desinversión con un tope máximo de 1.500 euros.

La inversión de esta cuenta de ahorro solo podrá destinarse a acciones de empresas de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y participaciones en fondos cotizados que tengan al menos el 70% de sus activos en estos territorios.

El Gobierno, además, plantea una versión exclusiva destinada a la reinversión de los fondos obtenidos por la venta de una vivienda. Si, tras la venta de una casa, el ciudadano decide reinvertir esas cuantías hasta 800.000 euros en una de estas cuentas de inversión, podrá beneficiarse de una exención fiscal siempre que se produzca seis meses después de la transmisión.

Con todo, el articulado no detalla cómo salvar el principal escollo al que se enfrentaba con el Ministerio de Hacienda: los incentivos fiscales para hacer atractiva esta apuesta por la inversión, más allá de la excepción para el uso de la liquidez tras la venta de una vivienda. Pero ese también es un frente al que los socios, que rechazan 'regalos tributarios', podrían oponerse. Cuestionadas por este aspecto, fuentes del Ministerio de Economía apuntan que no comentan borradores.

Además, el Gobierno ha incluido en el decreto la adaptación de un vehículo que ya existe en la actualidad: el Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP, similar a un seguro de vida) para adaptarlo a Financia Europa. Normalmente, estos seguros están limitados a aportaciones de 5.000 euros al año y una tenencia mínima de cinco ejercicios para poder acceder a su ventaja fiscal, que es la exención de los rendimientos en el IRPF. Pero el decreto amplía el límite hasta los 10.000 euros anuales en el caso de que este instrumento financiero invierta en compañías europeas.

Activos financieros más rentables que el ladrillo

El vicepresidente Cuerpo ya deslizó durante una entrevista con elDiario.es que, en el conjunto de medidas para abordar el mercado de la vivienda, reconducir la inversión era una de ellas. “La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizarlo”, aseguró el ‘número dos’ del Ejecutivo a principios de julio.

En ese análisis, el ministro de Economía apuntó que era necesario trabajar para que ese ahorro pueda dirigirse a “activos financieros”. El objetivo de fondo: desincentivar la demanda especulativa de vivienda, destinada únicamente a ganar dinero, favoreciendo alternativas más rentables que también permitan impulsar la economía europea. “Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas”, adelantó el vicepresidente.

En la justificación de la medida, cuando la sacaron a consulta pública, el Ministerio destacó que el grueso del patrimonio de los españoles, en torno al 75%, estaba concentrado en ladrillo, y apenas el 25% restante estaba en efectivo o en depósitos de muy baja remuneración. También subrayaba la necesidad de “diversificar las fuentes de financiación de las empresas europeas, impulsando su crecimiento, así como modelos de negocio innovadores” y también que los hogares encuentren “oportunidades de inversión atractivas, que permitan mejorar su resiliencia y hacer frente a eventos vitales como la jubilación”.

Además, apuntaban que un mercado de capitales “mejor integrado, más líquido y profundo” permitirá que fluya más dinero a la doble transición verde y digital y, también, a los nuevos “retos de seguridad y autonomía estratégica”, entre los que se encuentra el incremento del gasto en Defensa.

El ingente volumen de ahorro de los hogares europeos –cerca del 15%, la más alta del mundo desarrollado– permite mantener la actividad en momentos de crisis, pero limita el crecimiento económico. “Europa tiene ahorros. Y, desafortunadamente, esos ahorros permanecen inactivos. A día de hoy, 10.000 billones de ahorros de los hogares permanecen en sus cuentas corrientes. Y una gran proporción de estos ahorros se invierten fuera del continente. Europa necesita ahora poner esos ahorros a trabajar para sus compañías”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso reciente.

El Ejecutivo comunitario quiere cerrar antes de final de año “con o si los Veintisiete” un acuerdo sobre la llamada Unión de Ahorros e Inversiones, la integración de los mercados de capitales de los países miembros que permita que fluya esa financiación hacia las empresas europeas. “Hemos puesto encima de la mesa propuestas sobre titulización, inversión de bancos y aseguradoras y sobre la integración y supervisión de los mercados. En conjunto, estas medidas podrían desbloquear hasta 470.000 millones de euros en inversiones adicionales. Hemos de llegar a un acuerdo antes de final de año, idealmente con los Veintisiete estados miembros. Pero, si eso no funciona, si es necesario lo haremos con aquellos que estén preparados”, dijo Von der Leyen a finales de agosto. Financia Europa, si el decreto sale adelante, convertirá a España en el alumno aventajado para conseguirlo.

El INE ha confirmado este martes que el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró en agosto en el 4,3%, siete décimas más que en julio y en su tasa máxima desde principios de 2023, debido a la subida de los precios de la gasolina y el diésel, ambos carburantes afectados por el encarecimiento del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio.

Estadística ha publicado los datos completos de la inflación del final del verano, tras el avance de hace dos semanas, y, a pesar de que la energía está afectando a la cifra general, parece que el tejido productivo aún no está absorbiendo esta subida energética. La tasa subyacente, que excluye de su cálculo los precios más volátiles de la energía y de los alimentos frescos, se moderó hasta el 2,9%, una décima menos que en julio. Esta cifra es que la que los economistas consideran 'núcleo' del tejido productivo, más estructural y menos voluble.

Yendo al detalle, la gasolina fue en agosto un 16,9% más cara que hace un año, pero el gasóleo, un refinado clave para el transporte, se disparó en el mismo mes un 30,3%. El diésel ya venía encareciéndose más que la gasolina en las últimas semanas, obligando a activarse una cláusula especial dentro del Plan de ayudas frente a la guerra que aumentó su rebaja fiscal desde el 1 de septiembre.

Según destaca el INE, el 'efecto escalón' de los combustibles, que se encarecieron frente a la bajada de los precios de agosto del año pasado, y la subida de los alimentos (siete décimas), han sido los dos principales factores que han acelerado la inflación.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía ha subrayado que esta moderación de la subyacente “confirma que las presiones de fondo están contenidas” y señalan que, frente al pico energético, la inflación de los alimentos –una de las grandes preocupaciones– “se mantiene contenida, en el 2,3% interanual”. “Incluso, la inflación acumulada de los alimentos desde que empezó el conflicto en Oriente Medio, en febrero, es negativa, del -0,65%”, detallan.

La cartera que lidera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, recuerda que “no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas” de los precios.

En términos intermensuales, los precios de agosto se encarecieron con respecto a los de julio un 0,7%, de nuevo por los carburantes y, en menor medida, por la subida del gas y de la electricidad.

Siete comunidades autónomas se situaron por encima de la media nacional, con Cantabria (5,1%) en cabeza. En otras once, la subida fue inferior, con Ceuta (2,9%) como la región con menor incremento de los precios.

En cuanto al IPC Armonizado, que utiliza una cesta común para hacer comparaciones con el resto de la Unión Europea, este se situó en el 4,6%, también siete décimas por encima.

Los sindicatos UGT y CCOO han dado un golpe encima de la mesa y han emitido un comunicado conjunto en el que piden que el Gobierno retire el Real Decreto-Ley que aprobó el registro de 'lobbies' o que los grupos parlamentarios lo tumben en la votación prevista para la semana que viene. Para ambas centrales, la inclusión de las organizaciones sindicales en estos listados de grupos de interés supone “vulnerar el papel constitucional de las organizaciones sindicales”.

Los sindicatos se han unido este viernes al enfado ya expresado por la CEOE, que ya avanzó esta semana que congelaba sus relaciones con el Gobierno por haber incluido a la patronal dentro de las obligadas a registrarse en ese ese listado público que crea la norma. Para las centrales es “un despropósito, tanto por el contenido como por el procedimiento seguido por el Gobierno para la regulación de los grupos de interés” e ignora su reconocimiento constitucional como agentes sociales.

“Si se pretende poner en valor el diálogo y la concertación social, no se pueden considerar como grupos de interés a las organizaciones sindicales, ignorando su naturaleza de sujeto constitucional con unas obligaciones de representación y participación en el diálogo y la concertación social y en la estructura institucional del país”, indican desde los sindicatos en el comunicado difundido.

La normativa aprobada a finales de agosto obliga a sindicatos y patronales a registrarse en como 'lobbies' siempre que realicen actividades destinadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos. Y tanto empresarios como representantes de los trabajadores consideran que esto choca directamente con su papel como agentes sociales.

A los sindicatos tampoco les gusta que se haya referencie el modelo europeo del registro de grupos de interés, en tanto que en ese ámbito los sindicatos cuentan con un tratamiento específico y diferenciado que, dicen, el Real Decreto-Ley no reconoce, ya que no se incluye específicamente a las organizaciones sindicales dentro de los sujetos excluidos de ser considerados 'lobby'.

En el comunicado, los sindicatos apelan a que o bien el Gobierno retire el texto del orden del día de la semana que viene o que los grupos parlamentarios lo tumben. El Ejecutivo aprobó el registro de lobbies de manera exprés por decreto, a pesar de que ya hay un proyecto de ley que lleva más de un año esperando en el Congreso su tramitación. La razón: este listado era uno de los objetivos a cumplir dentro del Plan de Recuperación, que tenía un plazo de cumplimentación de sus hitos del 31 de agosto.

“No es de recibo que un año después de iniciarse la fase de elaboración del informe por la Comisión de Hacienda y Función Pública, el proceso legislativo no se haya culminado con su votación en el Pleno de la Cámara”, lamentan los sindicatos, que critican la sustitución “de manera unilateral” por la vía del decreto-ley. Emplear este vehículo exige que haya razones de extraordinaria y urgente necesidad y UGT y CCOO creen que no existen. Tampoco puede regular la libertad sindical, y creen que este texto afecta a ese derecho fundamental.

Consenso con la CEOE

El comunicado conjunto de los sindicatos llega después de varios días en los que sus líderes han criticado la norma. Este jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo, la calificó de “despropósito”. El miércoles, Pepe Álvarez, de UGT, la consideró “inaceptable”.

Unas críticas a las que se ha unido el presidente de la patronal, Antonio Garamendi: “Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de 'lobbies' y nos han incluido en la ley”, dijo el jefe de la CEOE en declaraciones a los medios de comunicación desde Ceuta.

Tres catedráticos españoles han lanzado una carta abierta a la ciudananía para recabar apoyo de cara a la puesta en marcha de un Panel Internacional sobre la Desigualdad (IPI), un organismo científico independiente a semejanza del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de cara a un evento de máximo nivel que tendrá lugar el 23 de septiembre en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“La elevada magnitud de la desigualdad es la causa de muchos de los retos económicos, políticos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta la gran mayoría de los países en la actualidad, con un acuerdo creciente entre los investigadores de que nos encontramos ante una crisis de desigualdad, al igual que ante una crisis climática”, defienden los catedráticos Luis Ayala (UNED), Elena Bárcena (Universidad de Málaga) y Olga Cantó (Universidad de Alcalá) en el documento. Los tres son algunas de las voces académicas más destacadas en materia de desigualdad del país.

Los firmantes recuerdan que la creación del IPI fue la recomendación principal de un informe del G20 sobre desigualdad elaborado en 2025 por un grupo de expertos presidido por el premio Nobel Joseph Stiglitz. La propuesta, apuntan en la misiva, ha recibido el apoyo del actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y de los gobiernos de Sudáfrica, Brasil, Noruega y España.

“Como expertos de una amplia variedad de disciplinas —entre los que nos encontramos economistas, politólogos, climatólogos, sociólogos, epidemiólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos y filósofos— reconocemos que la desigualdad afecta a todos los aspectos de la vida y el progreso humano. Nos preocupa profundamente que la concentración extrema de ingresos y riqueza se traduzca en una concentración antidemocrática del poder, lo que socava la confianza en nuestras sociedades y polariza la política”, indican en la carta.

Los catedráticos reclaman el apoyo para la puesta en marcha de este organismo que, a su juicio, permitiría crear un “consenso” y una “base de conocimientos necesaria” para ser más eficaces en la reducción de la desigualdad. Así, piden firmas para una carta abierta a todos los Estados miembros que acudirán a la ONU para instarles a asistir al evento de alto nivel que tendrá lugar el 23 de septiembre en Nueva York.

Según el concepto diseñado por sus promotores, el IPI estaría formado por 40 expertos independientes que trabajarían a nivel personal y financiado a través de contribuciones voluntarias. El objetivo: elaborar un informe completo cada tres años para presentarlos en el marco de distintos organismos de las Naciones Unidas. Los impulsores prevén solicitar a la Universidad de las Naciones Unidas (UNU, el brazo investigador de la organización) que acoja el Panel, además de pedir el apoyo para aprobar una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidos que reconozca su labor, clarifique las líneas de investigación y cree mecanismos para que sus informes se consideren y discutan por los estados miembros.

“Tenemos la oportunidad de lograr una victoria en la lucha contra la desigualdad y proporcionar a los gobiernos los conocimientos científicos para actuar de forma concreta sugiriéndoles herramientas y políticas eficaces y eficientes. (...) Una mejor comprensión y medición de las desigualdades constituye un requisito esencial para diseñar políticas más eficaces, fortalecer la rendición de cuentas y avanzar hacia sociedades más prósperas, cohesionadas y justas. Sería un primer paso fundamental hacia la construcción de un mundo más justo y equitativo”, concluyen los catedráticos.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que permitirá a las comunidades autónomas utilizar el superávit presupuestario de 2025 en inversiones sostenibles en 2026 y 2027, entre las que se incluyen políticas en el ámbito de la vivienda. El texto también permitirá que ocho comunidades movilicen 4.000 millones de euros procedentes de ahorros de años anteriores.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que la medida es una muestra más del compromiso del Gobierno con las cuentas de las comunidades autónomas y, por tanto, del apoyo al Estado del Bienestar, ya que son las regiones quienes gestionan competencias como Educación o Sanidad. “El Gobierno de España cumple como no ha cumplido ningún otro Gobierno con la financiación, la solvencia y la sostenibilidad de las comunidades autónomas”, ha dicho en la rueda posterior a la reunión semanal del gabinete.

En concreto, la norma aprobada este martes, que entrará en vigor de manera inmediata pero que tendrá que ser convalidada en 30 días por el Congreso, permitirá que aquellas comunidades autónomas que cerraron 2025 con un superávit presupuestario puedan destinarlo a inversiones consideradas “financieramente sostenibles” durante 2026 y 2027. Entre otras, en áreas como la política de vivienda.

El texto también autoriza a que ocho comunidades autónomas que cerraron 2025 con una ratio de deuda pública sobre su producto interior bruto (PIB) inferior al 12,4% a destinar los superávits presupuestarios de años anteriores a inversiones que no computarán a efecto del cálculo de la regla de gasto. La Ley de Estabilidad Financiera lo que fija en la actualidad es que destinen esos ahorros a amortizar su endeudamiento. Estas ocho comunidades son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia.

Según España, esta última medida permitirá 4.000 millones de euros en inversiones en su territorio. “El Gobierno es sensible por encima de colores políticos, atiende y dialoga con el conjunto y establece medidas también que son muy beneficiosas”, ha dicho.

Además, el Real Decreto-Ley incluye medidas financieras y fiscales específicas para la isla de La Palma por los daños provocados por el volcán en 2021.

Defiende el modelo de financiación

El ministro ha querido apuntalar la norma aprobada este martes con el apoyo financiero que está dando el Ejecutivo a las comunidades autónomas, a pesar de no haber sido capaces de aprobar unos Presupuestos. Así, ha puesto el ejemplo de los más de 40.000 millones de euros repartidos en Conferencias Sectoriales de Sanidad, Dependencia o Vivienda. O el proyecto de ley para condonar 83.000 millones de euros de deuda pública autonómica, así como la propuesta para reformar la financiación autonómica, que el viernes pasado aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este sentido, España ha planteado una pregunta que, según él, se hacen los ciudadanos: “¿Cómo es posible que se disponga de más recursos que nunca y vean que sus listas de espera en sus territorios se van incrementando?”. Y ha señalado directamente a las regiones presididas por los populares: “Son las comunidades del PP las que están haciendo bajadas de impuestos a las rentas más altas y no están utilizando esos recursos extraordinarios para mejorar la calidad de los servicios públicos”.

“Que miren de verdad quién está gestionando esos servicios públicos y que juzguen y, a partir de ahí, voten en consecuencia”, ha zanjado.

Sobre las negociaciones del modelo de financiación, España ha acusado a las comunidades del PP de ser “desleales”. El ministro ha dicho que cuando los gobiernos regionales del PP “tienen que elegir o Feijóo o sus ciudadanos”, escogen al líder popular “por intereses puramente partidistas”. “Hay una doble deslealtad común en el PP: con el gobierno y con sus ciudadanos y ciudadanas, que es la importante. Con la Comunidad de Madrid, la deslealtad es triple: porque es desleal con su propio partido no acudiendo al CPFF y llamando al boicot al resto de comunidades autónomas”, ha incidido el titular de Hacienda.

Los seis meses de guerra en Oriente Medio han disparado los precios del petróleo y del gas natural, arrastrando consigo los costes de las gasolinas para el consumidor e hinchado las facturas de la electricidad. Pero, al mismo tiempo que la inflación muerde cada vez más los bolsillos, los márgenes del sector energético se encuentran en máximos históricos.

Un informe elaborado por el gabinete económico del sindicato CCOO, presentado este martes, constata que la rentabilidad del sector energético ha rebasado su récord previo coincidiendo con el estallido del conflicto en Irán. Los técnicos analizan los últimos datos del Observatorio de Márgenes Empresariales y destacan que, en media móvil de los cuatro últimos trimestres –un cálculo que permite restar la estacionalidad de las cifras–, el margen sobre ventas del sector energético alcanzó el 24,5%. Es decir, las empresas del sector alcanzan una rentabilidad de casi 25 céntimos por cada euro que venden. Al menos, antes de aplicar impuestos, intereses y amortizaciones a ese resultado.

Las ganancias del sector energético se sitúan por encima del 21,1% de hace un año, pero duplican las registradas entre 2018 y 2019, cuando eran del 11%. En esta rama están incluidas actividades como el refino del petróleo, el suministro de electricidad y el comercio de combustibles. Todas ellas con resultados históricos, coincidiendo con los precios disparados del crudo.

Así, el “principal impulsor” de este incremento de los márgenes es el sector del refino, que alcanza un 28,4% en los últimos cuatro trimestres, gracias al aumento de las ventas al exterior (66%) y las interiores (31%). Según destaca el informe del sindicato, el refino ha sido responsable del 31% del incremento general de precios del Observatorio de Márgenes Empresariales.

Por otro lado, la rentabilidad del comercio mayorista de combustibles también está en máximos, por encima del 30%. “Y en un contexto de incremento de sus costes de aprovisionamiento está teniendo el poder de mercado de defender su rentabilidad empresarial, elevando sus márgenes en términos absolutos”, destaca el documento.

97.000 millones en tres meses

En términos generales, los márgenes empresariales rozaron los 97.000 millones de euros en el segundo trimestre, situándose, en porcentaje, en el 12,8%, si se emplea la media móvil de los cuatro últimos trimestres. El promedio entre 2009 y 2021, antes de la crisis inflacionaria, era del 10,5%. De hecho, esta subida de precios originada por otra guerra, la de Ucrania, provocó un “desacople” entre las ventas y las compras (las ventas se mantuvieron mientras que los costes bajaron), lo que favorece a engordar los márgenes empresariales.

Además del sector energético, las entidades financieras también se encuentran en máximos de márgenes sobre sus ingresos (29%). El dato, correspondiente a 2025 (el último disponible) se produce en un año de bajada de tipos, como destaca el informe, y supera el alcanzado en 2022, en pleno endurecimiento de la política monetaria.

La rentabilidad de las actividades inmobiliarias y de las industrias extractivas también se ha elevado. En el primer caso, el porcentaje alcanza el 31,1% y supera el récord previo. En el segundo, el margen escala al 22,3% en promedio de los cuatro últimos trimestres, frente al 14,8% de un año anterior.

El Ministerio de Seguridad Social ultima la reforma de la prestación por Cuidado de Menores afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave (CUME) después de recibir 1.200 aportaciones durante el proceso de audiencia pública y trabaja en una iniciativa para revisar el límite de edad, que ahora mismo es hasta los 23 años, aunque puede llegar a los 26 en determinados supuestos.

El departamento que dirige Elma Saiz ha ordenado vetar una enmienda al proyecto de ley de Discapacidad registrada en el Senado por el PP, que se iba a debatir la semana que viene y que buscaba elevar más allá de los 26 años el umbral por el que se puede percibir la prestación si persistían la situación y necesidades, según indican fuentes del Ministerio a elDiario.es. Esto es así, señalan desde el Ejecutivo, ya que la cartera “ya se encontraba trabajando en una iniciativa legislativa, a partir del diálogo con las asociaciones, para revisar el límite de edad y otras cuestiones para ajustar mejor la prestación a las necesidades de este colectivo”.

“La revisión del límite de edad fijado hasta ahora es una de las cuestiones que requieren de la preceptiva reforma legislativa y ha sido uno de los asuntos abordados durante las conversaciones mantenidas entre las asociaciones y el Ministerio de Seguridad Social, que expresó su compromiso de trabajar en esta linea para seguir extendiendo los derechos de estas familias”, detallan las mismas fuentes.

Inclusión sacó en junio a audiencia pública el borrador para reformar esta prestación, después de las persistentes denuncias de colectivos de familias de menores enfermos, como ASFACUME, que critican las negativas injustificadas y diferencias de trato en varias mutuas.

Entre las novedades, se actualiza el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías, como el trastorno del espectro autista –ya reconocido en tribunales– y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu. También se reconoce la prestación CUME durante más meses en el reconocimiento inicial y en las prórrogas posibles. Y se incorpora de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración.

Pero el borrador de este Real Decreto disgustó a la principal asociación de familias perceptoras, que denunciaron un recorte encubierto en su reforma.

Según las fuentes del Gobierno, ya se ultiman los “trámites preceptivos” para la aprobación del nuevo reglamento “fruto de un proceso de diálogo abierto y permanente con los colectivos de afectados”.

En el Ejecutivo indican que el ámbito de aplicación de esta prestación se ha ampliado desde el año 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. En concreto, el importe destinado a la CUME ha pasado de 84 millones de euros a 355 millones de euros, un 323% más, un porcentaje “muy superior al incremento experimentado por el resto de las prestaciones de la Seguridad Social”.

El Ministerio de Hacienda ha sacado adelante su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el voto a favor de Catalunya, liderada por el PSC, y de Canarias, donde Coalición Canaria gobierna con el PP, a pesar del rechazo frontal del resto de comunidades populares y, también, las dos socialistas (Asturias y Castilla-La Mancha) que forman parte del régimen común.

Sin sorpresas, la propuesta del ministro Arcadi España (que heredó de la exvicepresidenta María Jesús Montero, previo acuerdo con ERC) ha pasado el filtro del órgano que reúne a Hacienda con el resto de comunidades autónomas, según fuentes del Ministerio. El intento de boicot del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que el jueves anunció que no acudiría a la cita e hizo un llamamiento al resto de gobiernos populares a dar plantón, no ha impedido la celebración. El objetivo era impedir el quórum de la mitad de miembros más uno para que no tuviese lugar la reunión. La aprobación estaba garantizada porque el proyecto del Ejecutivo central solo necesitaba el apoyo de una comunidad autónoma.

El ministro España ha celebrado como “histórico” el hecho de que el CPFF haya aprobado una propuesta de reforma de la financiación autonómica después de 17 años. En rueda de prensa tras la reunión, si bien ha reconocido que el modelo no es “perfecto”, ha incidido en las bondades y en su mejora sobre el caducado.

En términos similares se ha expresado la consellera catalana Alícia Romero ha mostrado su satisfacción a la salida de la reunión, subrayando que es una “ventana de oportunidad” y ha abierto la puerta a que el modelo pactado entre el Gobierno y ERC pueda ser mejorado en el trámite parlamentario. Singularmente, para contentar a Junts.

En este sentido, el ministro España ha incidido en la mano tendida al diálogo: “Pido a los grupos parlamentarios que en la negociación parlamentaria alejen el ruido y la furia y que acuerden”.

Las comunidades gobernadas por el PP acudían con las espadas en alto por un modelo que, a pesar de que les beneficia particularmente, dicen que no les gusta. Sin embargo, la propuesta de Ayuso de dar plantón a España cayó en saco roto. El conselleiro gallego Miguel Corgos se cubrió las espaldas, a la entrada al foro: dijo que su posición era “muy parecida” a la suya, pero “ellos lo manifiestan de una forma diferente”. La extremeña Elena Manzano aludió a la “máxima lealtad institucional” para justificar su presencia. Fuentes de Hacienda detallan que Madrid no notificó formalmente su ausencia. En el asiento de la consejera madrileña Rocío Albert, vacío, había un libro: El dolor de los demás, del murciano Miguel Ángel Hernández, cortesía del ministro España.

A la salida del consejo, los consejeros populares, liderados por la vicepresidenta andaluza Carolina España, han tachado de “corrupción política” y “traición” la aprobación de este modelo en el órgano bilateral, en tanto se ha negociado con Catalunya y ERC. “El Gobierno ha recibido un no alto y claro porque el 90% de las comunidades hemos votado que no”, ha dicho la consejera andaluza, acusando al sistema –del que su región es la principal beneficiaria– de romper la igualdad constitucional.

También el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha mostrado su rechazo al sistema planteado. “Catalunya ha tenido la oportunidad de negociar el modelo de forma unilateral y, si a mí me hubieran dado como Gobierno de Castilla-La Mancha la oportunidad de negociar el modelo de financiación estaría igual de satisfecho”, ha dicho el responsable socialista, que ha dicho que los “privilegios de Catalunya” van “en detrimento” del resto.

Eso sí: ni Andalucía ni Castilla-La Mancha, dos de las principales beneficiarias del modelo, han rechazado acogerse a él si llega a ser aprobado definitivamente.

La aprobación del CPFF es el primer paso necesario para que el proyecto de ley ahora pase por la mesa del Consejo de Ministros, solo en primera vuelta, y después se enviará al Congreso de los Diputados, donde su recorrido es incierto por la oposición de Junts.

21.000 millones más para las comunidades

La propuesta diseñada por Hacienda está llamada a sustituir el modelo de 2009, que lleva 12 años caducado. Los números del Gobierno apuntan a una inyección adicional de 21.000 millones al sistema, de los cuales se beneficiarán todas las comunidades. Por ponerlo en perspectiva, esos recursos extra equivaldrían a cubrir un tercio de todo el gasto sanitario de varias autonomías, hasta la mitad de su gasto educativo, o siete veces lo que esas mismas comunidades destinan hoy a políticas de vivienda.

El incremento se financia por dos vías: una parte llega directamente de las arcas del Estado (nivelación vertical), y la otra procede de una mayor participación de las comunidades en la recaudación de los grandes impuestos. Por el lado de la nivelación vertical, el Estado destinará casi 19.000 millones de euros.

Por el lado de la cesta de impuestos cedidos, las comunidades pasarán a quedarse con el 55% del IRPF que se recauda en su territorio (frente al 50% actual), y con el 56,5% del IVA (hoy es el 50%). Se mantiene el 58% de los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos, y se incorporan a la cesta el 100% de sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego, el impuesto sobre la electricidad, el de patrimonio, el de depósitos bancarios y los de residuos. Esta mayor cesión de tributos supone otros 15.756 millones de euros.

Pese a la mácula de que el sistema de financiación nace fruto de un acuerdo con ERC, en términos absolutos no es Catalunya, sino Andalucía la gran beneficiaria del nuevo modelo, con 4.846 millones de euros más al año. Le siguen Catalunya, con 4.686 millones, la Comunitat Valenciana, con 3.669 millones, y Madrid, con 2.555 millones. El reparto por habitante ajustado, en cualquier caso, sigue premiando a las comunidades peor financiadas hasta ahora, que es precisamente el objetivo declarado de la reforma.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido boicotear al Gobierno central y ha adelantado que no asistirá a la reunión de este viernes que pretende aprobar el nuevo sistema de financiación autonómico. La Comunidad de Madrid ha pedido al resto de regiones gobernadas por el PP que se sumen y planten a Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque Génova ha adelantado que los presidentes autonómicos tienen libertad para decidir si asisten a la reunión o no.

A finales de julio, las comunidades autónomas gobernadas por el PP pidieron al Ministerio dirigido por Arcadi España posponer el encuentro hasta este viernes y, pese a la petición del Gobierno de Ayuso, todavía se desconoce si estas se sumarán al 'no'. El gobierno regional ha criticado que lo que se propone es un sistema de financiación “que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas”. El anuncio se produce en plena polémica por la compra del ático de 6,3 millones de euros de la Comunidad de Madrid, justo un día después de que se conociera que la propia Ayuso lo visitó después de la adquisición.

El objetivo, según precisa el Gobierno autonómico, es que no haya quorum mañana en la reunión y que no pueda aprobarse el plan del Gobierno de Pedro Sánchez. “La ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles”, indican.

Feijóo da libertad a las comunidades

Fuentes de Génova precisan a elDiario.es que este tipo de decisiones se tienen que tomar dentro de los propios gobiernos autonómicos y que la Dirección Nacional del partido “no impone un criterio” único. Los de Alberto Núñez Feijóo dan así libertad a los presidentes regionales para asistir o no a al reunión según los intereses de sus respectivas comunidades autónomas.

Por ahora, al menos otra comunidad del PP ha adelantado que asistirá: la Comunitat Valenciana. Esta semana habían presentado alegaciones al modelo que han sido rechazadas, según fuentes del Gobierno valenciano, que avanzan que votarán en contra. Informa Sergi Pitarch. Aragón también acudirá a la reunión, así como Castilla y León, Canarias, Extremadura y la Región de Murcia, que “no contempla no asistir”.

La propuesta del modelo de financiación

Lo que el CPFF pretendía era aprobar la propuesta para reformar este modelo de financiación de las comunidades, doce años después de que el anterior caducara. Contaba con el sí del propio Gobierno central, de Catalunya y de Canarias, que propició a que el encuentro se retrasara. Aunque, en realidad, podía salir adelante solo con el apoyo de la comunidad gobernada por Salvador Illa.

El modelo propuesto por el Gobierno central contempla una inyección adicional de 21.000 millones de euros que, señalan, beneficiará a todos los territorios y no solo a Catalunya, que es la principal de las críticas del Ejecutivo de Díaz Ayuso. Andalucía es el territorio que recibirá más recursos adicionales, según el planteamiento de Hacienda, con 4.800 millones de euros; seguida de Catalunya (4.600 millones), la Comunitat Valenciana (3.600 millones) y la propia Comunidad de Madrid (2.555 millones).

La toma de consideración del proyecto de financiación autonómica, cuya aprobación está garantizada por el apoyo de Catalunya y Canarias, es el paso previo a que la norma pase por el Consejo de Ministros. Pero está en el aire que la reforma salga adelante, toda vez que los votos de Junts son necesarios y se ha mostrado en contra de todo lo que no sea un concierto económica para el territorio.

La Comunidad de Madrid ya lideró un plante similar en una reunión del CPFF del año pasado, en el que la entonces vicepresidenta María Jesús Montero presentó el proyecto de condonación de más de 80.000 millones de deuda pública de las comunidades autónomas. Entonces, la reunión se conformó pero cuando se llegó al punto del orden del día tocante a la quita, todos los consejeros del PP se levantaron y abandonaron la reunión. Hubo quorum suficiente y el proyecto se aprobó con la abstención de los populares. En el caso de la Comunidad de Madrid, su Gobierno presentó un recurso alegando que la aprobación se había hecho sin el número suficiente de asistentes, pero sin éxito.

Hacienda lamenta el llamamiento “irresponsable” de Madrid

Fuentes del Ministerio de Hacienda han lamentado el llamamiento “irresponsable” de la Comunidad de Madrid y han destacado que en las reuniones preparatorias de la cita del viernes, la última celebrada esta misma mañana en la capital, “ha transcurrido en un clima de normalidad y ninguna comunidad autónoma ha trasladado su intención de no acudir”. De hecho, recuerdan que aceptaron posponer la reunión a petición de los populares y que les ha remitido mayor detalle de su propuesta durante el verano.

“El gamberrismo institucional no impedirá que el Gobierno siga con la mano tendida a todos los territorios y grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la financiación autonómica imprescindible para garantizar mayores recursos para sanidad, educación, servicios sociales o vivienda”, dicen desde el departamento que lidera Arcadi España.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de choque por valor de 309 millones de euros, de los que 80 millones se estructuran como un estímulo económico, para dar respuesta a la crisis humanitaria en Ceuta.

El plan, presentado por el vicepresidente Carlos Cuerpo, contempla cuatro ejes distintos: un refuerzo de los servicios públicos en Ceuta y Melilla, un incremento de la dotación en materia de seguridad, mayor financiación para las labores de acogida y el estímulo económico per se.

“La idea de este Real Decreto-Ley es atender a las peticiones que nos han hecho agentes sociales, asociaciones empresariales y la ciudad de Ceuta en el último mes en que hemos estado en contacto permanente con todos ellos, teniendo una monitorización continua de la situación en la ciudad”, ha dicho el también ministro de Economía, que ha puesto en valor el volumen de las medidas para los próximos cuatro meses: cerca del 16% del PIB de la ciudad.

El primero de los ejes que contempla el plan de choque aprobado por el Ejecutivo es la inyección de 21 millones para reforzar los servicios esenciales de ambas ciudades, así como las plantas desalinizadoras en ambos enclaves, fundamentales para el día a día de ceutíes y melillenses. En concreto, han detallado fuentes de Moncloa, se sumarán 100 nuevos profesionales para el refuerzo de la atención primaria y hospitalaria (2,5 millones de euros), el refuerzo de la seguridad en centros educativos y actuaciones de acompañamiento para la comunidad docente (3,2 millones), 4,5 millones para el refuerzo de la administración de Justicia y una subvención de 2 millones de euros a la ciudad de Ceuta.

El segundo es el refuerzo en materia de seguridad, con 90 millones de euros, y que contempla un incremento del incentivo al rendimiento para Policías y Guardias Civiles, así como el refuerzo del despliegue de personal y medios de las Fuerzas Armadas.

La tercera pata del paquete de medidas, y la más voluminosa (118 millones), refuerza los servicios de acogida humanitaria, con 53,4 millones para asegurar alojamiento y atención básica a las personas migrantes y 63,6 millones para la acogida de menores no acompañados.

Cuerpo ha señalado que el cuarto de los ejes, las ayudas económicas, alcanza los 80 millones, el 4% del PIB de Ceuta. “Estos 80 millones superan con creces la estimación de pérdidas que había hecho la Cámara de Comercio, que estaba ligeramente por encima de 30 millones”, ha dicho el 'número dos' del Ejecutivo.

El ministro de Economía ha apuntado que es “particularmente complejo” calcular el alcance del perjuicio para la ciudad de la crisis fronteriza, pero que, en términos agregados, algunos indicadores como el gasto en tarjetas ha vuelto “en línea con los esperable” a los niveles habituales. Según Cuerpo, este llegó a hundirse hasta un 60% en los primeros días desde la entrada de cerca de 80.000 migrantes en el territorio ceutí.

El ministro, que ha valorado la colaboración de la ciudad y de los agentes sociales, ha reconocido que la situación es “muy heterogénea en función de barrios o sectores” y que todavía hay empresas que no han podido levantar la persiana.

“La ciudad autónoma, al igual que los agentes sociales, verán reflejadas sus demandas en estas medidas y no cabe ninguna duda respecto a la presencia del Estado a través de este apoyo a las empresas y trabajadores”, ha dicho el vicepresidente.

Ayudas directas, bonificaciones y avales

De este paquete de 80 millones de euros colgará un fondo de ayudas directas al tejido productivo, con el objetivo de llegar, ha dicho Cuerpo, a los 2.500 autónomos y 1.500 empresas.

Esta ayuda, con un volumen total de 36,6 millones, se gestionará por la Agencia Tributaria, de manera similar a como se hizo tras la Dana de Valencia de 2024, con cuantías de 5.000 euros para los empleados por cuenta propia y en función de la facturación para las empresas, con una horquilla de entre 10.000 y 150.000 euros.

La articulación en torno al fisco, ha dicho el vicepresidente, garantiza que llegará de la manera “más rápida” a los interesados, que podrán solicitarlas a partir del día 14 en la página web del organismo. “Esperamos que los pagos se inicien ya a principios de octubre”, ha señalado.

Además, el Gobierno ha reservado 14 millones en ayudas directas para el refuerzo de la actividad económica y empresarial en la ciudad, con actividades como bonos de consumo y al turismo, en colaboración con la Cámara de Comercio de la ciudad autónoma.

En materia fiscal, el Ejecutivo ha elevado la bonificación en el Impuesto de Sociedades del 50% al 60% para las entidades en Ceuta y Melilla, así como para aquellas que mantienen actividad y puestos de trabajo en la ciudad. También se mejora la posibilidad de que los autónomos se deduzcan gastos de difícil justificación en el IRPF. El coste para los próximos cuatro meses es de 12,2 millones, pero estas mejoras serán permanentes.

Además, el ICEX pondrá en marcha un plan, Ceuta Exporta, con un millón de euros para favorecer la internacionalización de sus compañías, así como otro millón para su promoción internacional como destino turístico. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá en marcha una línea de avales por valor de 50 millones de euros.

En materia de la Seguridad Social, el Ejecutivo ha aprobado exenciones en las cuotas para las empresas que hayan visto interrumpida o limitada a su actividad y recurran a un ERTE; una prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores autónomos; una bonificación permanente en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 75%; y ayudas por 650.000 para formación de trabajadores a través del SEPE.

El ‘día D’ ha llegado. Cinco años después de la puesta en marcha del programa millonario más ambicioso de la historia de la Unión Europea, los fondos europeos Next Generation EU, ha llegado la fecha marcada en rojo en el calendario. Este 31 de agosto tienen que estar todas las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación ejecutadas para que el Gobierno pueda recibir el total de 100.000 millones de euros asignados.

España afronta ahora el día después, mientras prepara toda la documentación necesaria para solicitar el séptimo y último pago antes del 30 de septiembre. Cuando el presidente Pedro Sánchez y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el 16 de junio de 2021 la aprobación de la primera versión del Plan de Recuperación, que entonces canalizaba cerca de 70.000 millones en transferencias, la fecha límite parecía muy lejana.

El país entonces encaraba la salida de la pandemia, que todavía daría sus últimos coletazos, y el objetivo era sacar del pozo a una de las economías más golpeadas por el COVID-19. En 2020, el producto interior bruto (PIB) se hundió un 10,9%. Cuando todo parecía encarrilado, la invasión rusa de Ucrania desató la mayor crisis inflacionaria en medio siglo. Donald Trump volvió a la Casa Blanca y lanzó la mayor ofensiva comercial en décadas. Y en febrero de este año, Estados Unidos e Israel atacaron Irán y provocaron el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro mundial.

La situación en la que ha tenido que desarrollarse el Plan de Recuperación ha estado lejos de lo que proyectó en aquel momento el Gobierno. Pero si España hoy es la gran economía del euro que más crece, más de un 10% desde finales de 2019 y a gran distancia del estancamiento de Alemania, Francia o Italia; es gracias a los fondos europeos.

“Los datos confirman que la decisión, el establecimiento, la implantación, el diseño del plan han sido un éxito y esperamos, y así nos lo dicen los análisis, que este plan no solo tenga un efecto positivo a corto plazo, sino que vaya a tener un efecto duradero en nuestro tejido productivo y en nuestro modelo económico y social”, celebró el vicepresidente Carlos Cuerpo en su última comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la gestión del Plan de Recuperación.

Más de 2 puntos del PIB gracias al Plan

Aunque todavía es pronto para calcular el estímulo de las reformas e inversiones aprobadas desde 2020, un reciente estudio de Funcas apuntaba que solo las inversiones han aportado entre el 10 y el 14% del crecimiento anual del PIB entre 2021 y 2025. Es decir, entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales.

“La economía española ha sido la única de las cuatro grandes europeas donde la productividad real por hora se habría acelerado respecto a su tendencia previa, con un crecimiento adicional de 0,4 puntos, frente a las caídas de Alemania, Francia e Italia”, destaca la publicación. Con un pero: “Este avance es, sin embargo, modesto en términos absolutos y contrasta con la magnitud del estímulo recibido”.

La reforma laboral, uno de los hitos principales del Plan, ha permitido recortar la temporalidad a mínimos históricos al tiempo que ha disparado el empleo a máximos nunca vistos en el mercado español. Y el incremento de las horas trabajadas y de la productividad ha sido fundamental para sostener el buen crecimiento de los últimos años, como destacan los analistas de la Comisión Europea. El tejido productivo ya está notando los primeros cambios, como el avance en las profesiones más técnicas.

Sin embargo, la lentitud en el despliegue de los fondos, la baja demanda de algunos de sus programas o la excesiva concentración de la financiación en grandes empresas son algunos de los debes del Plan de Recuperación. Pero en el Gobierno, en su último balance, celebraron que los beneficiarios de las ayudas han superado los 1,5 millones, de los que el grueso han sido pymes y autónomos. Gracias, fundamentalmente, al Kit Digital, uno de sus mayores éxitos. Según BBVA Research, además, las inversiones se han concentrado en las comunidades autónomas con menores rentas per cápita, “lo que sugiere un cierto carácter redistributivo en el reparto de los fondos”, de acuerdo con su economista jefe para España, Miguel Cardoso.

¿Y ahora qué? El fondo España Crece

Sin embargo, la pregunta del ‘día D’+1, el 1 de septiembre, es: ¿y ahora qué? El Gobierno todavía tiene un mes para solicitar el último desembolso, por valor de 25.800 millones de euros y la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre para evaluar y efectuar el pago. Pero la inyección millonaria desaparece y, los que han sido los verdaderos Presupuestos —hasta el momento— de Pedro Sánchez esta legislatura, se desvanecen. “Dada la magnitud de los recursos invertidos, la finalización del programa puede tener un impacto negativo a corto plazo sobre el PIB. En particular, en ausencia de estos recursos, se estima que la inversión en construcción no residencial sería un 8% inferior a la observada actualmente, lo que apunta a que el programa ha sustituido, en parte, gasto en capital que, de todas maneras, se habría realizado”, apunta Cardoso en su estudio.

El Gobierno lleva meses preparando ese escenario. A principios de año anunció la puesta en marcha de un instrumento que llamaron “fondo soberano”, España Crece, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con más de 10.000 millones procedentes de la financiación del Plan de Recuperación. El objetivo es movilizar 120.000 millones entre el sector público y el privado durante los próximos años para evitar el ‘efecto escalón’ de la desaparición del programa millonario. Y en junio aprobó, dentro del decreto de medidas por la guerra en Irán, una modificación para flexibilizar algunas inversiones para seguir gastando más allá de este 31 de agosto.

En un extenso documento para el ‘cierre’ del Next Generation EU elaborado por la consultora EY, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, reclama aprender la experiencia pasada y enfocarse en aquellos proyectos “más prometedores” para la economía española. Las líneas de avales se han demostrado útiles sobre todo para permitir que la financiación llegue a las pymes, uno de los principales obstáculos que ha encontrado el Plan de Recuperación. “El problema radica en la elevada atomización del tejido productivo y en las barreras que obstaculizan el crecimiento de las empresas más eficientes”, dice en el mismo documento Rafael Doménech, jefe de Análisis Económico de BBVA Research. “Por ello, avanzar en reformas que faciliten el crecimiento empresarial, reduzcan cargas regulatorias innecesarias y favorezcan una asignación más eficiente de recursos constituye una prioridad”, abunda el economista.

La gestión de los fondos se ha llevado hasta el último día, prácticamente. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó, in extremis, el registro de lobbies mediante decreto ley, uno de los hitos necesarios para recibir los fondos. En julio, el ICO ya dio luz verde a la estrategia de inversión de España Crece. El reto de sustituir al Plan de Recuperación es gigantesco.

El Gobierno aprobará este martes una inyección extraordinaria de 21,5 millones de euros para reforzar los servicios públicos de Melilla y Ceuta, como parte de la respuesta del Ejecutivo a los efectos económicos provocados por la crisis migratoria en esta última ciudad autónoma.

Esta es solo una pieza más de las ayudas a las que el Consejo de Ministros dará luz verde en su reunión de esta semana. El Ministerio de Hacienda ha preparado un Real Decreto para articular esta concesión “excepcional” por razones de interés público, social, económico y humanitario con el objetivo de reforzar la actividad de las plantas desalinizadoras –fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua dulce en ambas localidades– y también servicios clave como la limpieza, lucha contra el contra el fraude o la regulación del tráfico de personas y vehículos.

El borrador del documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, justifica la concesión por la dificultad de ambas ciudades, por su situación geográfica, de acceder a recursos hídricos y también porque las dos presentan niveles de desigualdad superiores a la media, menos posibilidades de desarrollo industrial y mayores costes para el transporte de viajeros y mercancías, entre otros.

El Ejecutivo no menciona la grave crisis fronteriza que ha tensionado Ceuta, tras la entrada de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio en la ciudad, pero reconoce que su “singular situación geográfica” supone una “intensa presión migratoria y comercial” que favorece la aparición de “prácticas fraudulentas en las importaciones de mercancías”.

En concreto, la subvención extraordinaria cubrirá los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras en ambas ciudades. Para Ceuta, además, habilitará financiación extra para la regulación del tráfico de personas y vehículos, la seguridad ciudadana, la recogida de residuos y limpieza en zonas periféricas, y la lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías.

En el caso de Melilla, las actuaciones que podrán ser subvencionadas están relacionadas con los servicios sociales, convenios con asociaciones para la prestación de servicios asistenciales, sanitarias o de prevención; y políticas en materia de educación.

En concreto, Ceuta recibirá 7,1 millones, por 10,3 millones para Melilla dentro de este pack.

Según detalla el texto preparado por el departamento de Arcadi España, ambas ciudades dispondrán de quince días para presentar las solicitudes para el uso de la subvención. La Secretaría de Estado de Hacienda tendrá un plazo de un mes para resolver las peticiones. Las subvenciones tendrán que ejecutarse sí o sí en el año 2026.

ERTE y bonificaciones

Además, el Consejo de Ministros también aprobará un refuerzo de los ERTE para ambas ciudades, según adelantó la Cadena SER y pudo confirmar elDiario.es. En concreto, para aquellos expedientes por fuerza mayor se elevará el ahorro en las cotizaciones sociales para las empresas hasta el 90% de los expedientes de fuerza mayor habituales al 100% y también el derecho al paro para los trabajadores afectados por la crisis migratoria y social.

Asimismo, el Ejecutivo prevé acordar una subida del 50% al 75% en las bonificaciones a la contratación de trabajadores y trabajadoras.

En total, el Gobierno aprobará un Real Decreto-Ley con ayudas de 168 millones de euros que, como ha destacado el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, equivale al 8% del producto interior bruto (PIB) de Ceuta.

La economía española sufre después del calor extremo que ha azotado la Península Ibérica durante el verano, que ya promete ser el más cálido de la historia... Al menos hasta el que viene. Varios informes apuntan a que las altas temperaturas de los últimos meses ya han supuesto un coste cercano a los 20.000 millones de euros, mientras que los efectos en la productividad, los trabajadores o los sectores productivos de un fenómeno sin visos de mejora obligan, a marchas forzadas, a adaptarse.

A pesar de que los termómetros han dado una ligera tregua en gran parte del territorio, el peaje a pagar por los días tórridos y las noches infernales es cada vez mayor. Dos informes recientes de Allianz Research y de Triodos Bank apuntan a que el calor de estas semanas ha pasado una factura de entre un 1% y un 1,4% del producto interior bruto (PIB) de la economía española. Es decir, entre 17.000 y 24.000 millones de euros en solo una estación, de acuerdo con los niveles actuales.

“La subida del nivel del mar, la reducción de las cosechas, la menor producción de lácteos, la disponibilidad cada vez menor de agua dulce, la salud humana, la menor productividad y el aumento de la demanda energética son las principales vías por las que el cambio climático perjudica a la economía”, señala el documento elaborado por Triodos Bank. Los economistas de la entidad apuntan a que, a escala europea, el perjuicio económico alcanza el 1,1% del PIB de los Veintisiete (en torno a 200.000 millones), por la pérdida de cultivos, la restricción en la producción de energías de fuentes diversas (desde la solar a la nuclear) o las trabas en el transporte ferroviario o los ríos navegables.

Un ejemplo es el bajo caudal del Rin, una de las vías fundamentales para la actividad del centro de Europa, como señaló la pasada semana el Bundesbank alemán, que advirtió de que “la limitada disponibilidad de rutas de transporte en los principales ríos” va a condicionar la capacidad de crecer en una economía que lleva estancada prácticamente desde la pandemia. Un motor alemán gripado también repercute en la actividad en España.

Y en la vecina Francia, el ministro de Economía, Roland Lescure, vinculó este viernes la revisión a la baja del PIB de los últimos trimestres (en el primero, la actividad cayó algo más de lo previsto y en el segundo, se estancó) con el impacto “terrible” y “enorme” de las altas temperaturas. “Son las primeras consecuencias concretas del verano muy difícil que hemos vivido, con repetidos episodios de olas de calor, incendios y tormentas”, dijo el responsable galo.

Más de 2.500 euros por español

Aunque los efectos sobre la actividad son difíciles de medirse per se, más allá de estimaciones, la factura cada vez está más clara en las cuentas públicas. El think tank europeo Bruegel calcula que cuarenta años (1980-2024) de catástrofes vinculadas al cambio climático le han costado más de 2.500 euros a cada español, una de las cifras más elevadas de los países europeos, junto a Italia o Suiza. Y todo apunta a que va a ir a más.

Pero los “numerosos efectos” no se traducen únicamente en la destrucción: “Los eventos extremos reducen la recaudación porque la actividad económica cae, mientras los Gobiernos pagan más en concepto de prestaciones sociales o por desempleo y las autoridades han de redirigir otras partidas a ayudar a las regiones afectadas”, abunda el centro de estudios. La mayor inflación derivada de menores cosechas y precios energéticos más caros también afecta al gasto público y, al mismo tiempo, golpea a las tasas de interés de la deuda pública: “un mayor coste de la deuda es particularmente problemático cuando los niveles ya son elevados”, recuerdan, como es el caso de España.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el ‘pepito grillo’ de las cuentas públicas, ha cifrado en 65.085 millones de euros el coste de los eventos meteorológicos vinculados a la emergencia climática entre 2005 y 2025. Su última Opinión sobre riesgos fiscales, de este año, incluye algunos daños no completamente comparables (la erupción del volcán de La Palma en 2021 o la pandemia, por ejemplo), pero sí recoge los efectos devastadores de la dana de Valencia de 2024 sobre las cuentas públicas. Esto tuvo un coste de 8.000 millones de euros en aplicaciones del Fondo de Contingencia, así como 4.200 millones en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

“Estas cifras ponen de manifiesto que los riesgos ambientales constituyen una de las principales fuentes de materialización efectiva de riesgos fiscales en España”, incide la Autoridad Fiscal, que recomienda al Gobierno “una gestión activa de estos riesgos” ante la “elevada frecuencia” con la que van a tener lugar en un futuro.

El turismo, pendiente de los termómetros

Ese futuro, precisamente, es lo que más preocupa a los economistas consultados. Porque los efectos del calor, en presente, ya están arrastrando a uno de los tradicionales motores de la economía española: el turismo. Mientras el sector trabaja por la desestacionalización —es decir, que los visitantes no se concentren únicamente en los meses de verano y en actividades de bajo valor añadido como el tradicional ‘sol y playa’—, las olas de calor cazan a los destinos tradicionalmente frescos sin estar adaptados a las nuevas temperaturas más frecuentes. Y también condiciona la experiencia de los propios turistas.

Un estudio reciente de Caixabank Research, que cruzó datos de los pagos de tarjetas extranjeras en sus TPV con información climática del sistema europeo Copernicus, mostró que si un visitante experimenta un episodio de temperaturas muy elevadas, las probabilidades de que vuelva se recortan drásticamente. “España tiene un sector turístico muy competitivo que, además, en 2026 ve su demanda aupada por la redirección de flujos asociados al riesgo geopolítico en Oriente Medio y el este del Mediterráneo. Al mismo tiempo, vemos que el cambio climático es un riesgo para el sector y que los turistas expuestos a olas de calor extremas presentan una propensión a regresar a España de alrededor de un 15% inferior”, explica David César Heymann, economista de la entidad, a través de correo electrónico.

Por tanto, el riesgo para el sector —que este año afronta el reto de superar la barrera psicológica de los 100 millones de turistas— es claro. “Mantener el atractivo de España exigirá inversión para adaptar alojamientos, espacios públicos, horarios y actividades para preservar el confort térmico y la calidad de la experiencia”, detalla el economista. “Es importante que el turismo invierta en adaptarse a un clima más extremo en el futuro, y mantenga una oferta atractiva para los visitantes en condiciones climáticas más inciertas y adversas”, zanja.

Menos productividad y menos consumo

¿Se puede ser productivo cuando las temperaturas superan sistemáticamente los 30 grados y se acumulan las noches sin dormir? La literatura económica ha estudiado en profundidad cómo afectan las altas temperaturas a la productividad. No solo por sus efectos sobre la maquinaria o los trabajadores sobrecalentados. También sobre la propia demanda, algo sobre lo que las compañías tienen menor capacidad de adaptación. Una investigación del Banco Central Europeo publicada el año pasado tomaba datos de Italia entre 1999 y 2013 y apuntaba que un incremento de 2 °C de media al año suponía una caída del 1,7% en la productividad agregada, pero que con un avance del 4% la pérdida en la eficiencia se aceleraba hasta un 6,8%.

Fuera de lo macro, el Instituto Sindical Europeo (ETUI, por sus siglas en inglés), el brazo investigador de la Confederación Europea de Sindicatos, apunta en un documento de hace unos días que “el calor puede reducir la capacidad de los trabajadores de desempeñarse segura y efectivamente, interrumpir las jornadas, reducir la producción, aumentar las ausencias e interrumpir la actividad económica”. Esto se traduce en “menos horas pagadas, descansos no remunerados, turnos cancelados, menores pagas vinculadas a objetivos y mayor inseguridad en el trabajo”.

La estimación que hacen los autores, los economistas Marouane Laabbas-el-Guennouni y Andreas D. Flouris, es que en 2030 España será uno de los países más afectados por la pérdida de productividad debida a las altas temperaturas. No solo en el tercer trimestre, el veraniego, sino también durante las primaveras y los otoños más cálidos. “En el sur de Europa estas pérdidas de productividad pueden alcanzar el 20%, con caídas entre el 10-15% en el centro de Europa y de entre el 3-9% en la mayor parte del norte. Algunas partes de la Península Ibérica [en concreto, Extremadura y el oeste de Andalucía], Italia, Grecia y Chipre experimentarán pérdidas de productividad cercanas al 8% también en el segundo y cuarto trimestre del año”, advierten.

Sectores como el campo, la construcción, el transporte, la hostelería o el turismo se enfrentan a una transformación radical si no quieren verse afectados por las olas de calor cada vez más frecuentes y severas. Como nota positiva, BBVA Research apuntaba a principios de año que “las transiciones bien gestionadas pueden convertirse en vientos de cola”, a favor, e incluso generar crecimiento económico a partir de estos fenómenos adversos. Aunque difícilmente compensarán del todo la brecha del cambio climático, reconoce el centro de estudios. A futuro, un informe de la Caja de Ingenieros calcula que las pérdidas en 2040 serán cercanas al 2% del PIB y en 2060, del 3%. Por cada grado que aumenta la temperatura, la economía española ya no se calienta, sino que hierve.

El último curso de la legislatura arranca con la atención puesta en Ceuta, con la mirada en la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez el próximo 3 de septiembre y con la maquinaria de La Moncloa trabajando, en un segundo plano, en tres carreras internacionales que van a marcar el último tramo del mandato. La aspiración de España al liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con Yolanda Díaz de candidata; el de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés), con el ministro Luis Planas; y, previsiblemente, al Banco Central Europeo (BCE), determinarán si Sánchez mantiene el aura fuera de España o si su postura sobre Gaza y la regularización han opacado su brillo.

La influencia del Gobierno a escala internacional se tradujo en 2023 y 2024 en los nombramientos de Nadia Calviño y Teresa Ribera, ambas vicepresidentas con Sánchez, como, respectivamente, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y comisaria al frente de la todopoderosa cartera de Competencia en la Comisión Europea, además de ser, de facto, la ‘número dos’ de Ursula von der Leyen.

Pero en el expediente de Sánchez también hay fracasos, como la aspiración de Calviño a la dirección general del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2019 o a la presidencia del Eurogrupo. También Carlos Cuerpo, ahora vicepresidente económico, aspiró a ese puesto, sin éxito, hace un año.

Díaz pelea por la OIT

La primera batalla que dará el Gobierno será la de la vicepresidenta Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia tripartita de Naciones Unidas sobre derechos laborales. Esta carrera parece que se librará solo frente a su actual director general, Gilbert F. Houngbo, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, aunque aún pueden presentarse candidaturas alternativas hasta el 31 de agosto, a final del día. A partir de entonces, los aspirantes tienen dos actos centrales: uno el 23 de septiembre, un evento interactivo con público. Otro, el 9 de noviembre, “un evento privado con el Consejo de Administración para explicar el proyecto de los candidatos”, explican en el equipo de Díaz.

Después, llega la fecha de la verdad: el 16 de noviembre es la votación secreta. El Consejo de Administración –con presencia de países miembro, los sindicatos y las patronales– elige al próximo director o directora general de la OIT, que comenzará su mandato el 1 de octubre de 2027, con la legislatura en España ya acabada. No es una competición sencilla para la candidata española, reconocen varias fuentes, pero en su equipo defienden que se van a volcar para que Yolanda Díaz sea “la primera española y la primera mujer en dirigir la OIT”, fundada hace algo más de un siglo.

El programa presentado por Díaz ya ha mostrado el enfoque de su campaña: presentar una alternativa a una “OIT en crisis” bajo la gestión actual de Houngbo, debido a las dificultades financieras por el impago de millonarios fondos por parte de EEUU y a una escasa ambición de la organización frente a retos como la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Mientras el actual director general de la OIT se ha acercado a la Administración Trump, con el ofrecimiento de puestos de poder en su equipo, Yolanda Díaz pide hacer frente a esta “encrucijada” reforzando el organismo y buscando nuevas vías de financiación.

La competición de España en la OIT está sobre todo volcada en ganar apoyos entre los países, con muchos intereses geoestratégicos cruzados. Aunque Houngbo tiene el apoyo de muchos estados africanos, en el equipo de Díaz sostienen que hay muchos factores que influyen en la votación, más allá de la cercanía territorial de los votantes.

España es un país con mucha participación en la OIT, miembro fundador y, actualmente, el Estado que más convenios internacionales del trabajo ha ratificado. A favor de Díaz también cuentan los éxitos laborales de España bajo su gestión, en la que el mercado de trabajo ha alcanzado empleo récord, se han pactado reformas estratégicas con los agentes sociales y se ha reducido el problema del empleo temporal a mínimos históricos. Si es nombrada, Díaz ha avanzado que seguirá al frente del Ministerio hasta el final de la legislatura.

Luis Planas, a la FAO

Si bien la carrera por la OIT se decidirá primero, el primer integrante del Ejecutivo en postularse a un puesto internacional fue el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El Gobierno presentó en marzo su candidatura a la dirección general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés), un organismo que busca la seguridad alimentaria y esa meta imposible que es erradicar el hambre en el mundo.

Una FAO que en los últimos meses ha ganado relevancia y posicionamiento internacional, por ejemplo, criticando las consecuencias del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, al entender que pone en “riesgo la seguridad económica y alimentaria mundial”.

La pelea por dirigir la FAO no es un proceso de un día para otro. La elección del relevo del exministro chino Qu Dongyu no se llevará a cabo hasta finales de junio de 2027. La presentación oficial de las candidaturas no concluirá hasta este mes de noviembre.

Y tampoco es la primera vez que España trata de posicionar a un ministro al frente de esta institución, porque ya lo intentó en 2011 con el extitular de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. No lo logró.

En esta ocasión, la pelea por ese puesto no está clara ni a escala europea, porque la candidatura de Planas se ve las caras con otros dos nombres de la UE que también se postulan: el italiano Maurizio Martina, exministro de Agricultura, quien, además, es el actual subdirector general de la FAO; y el irlandés Phil Hogan, excomisario europeo de Agricultura y Comercio, que tiene el respaldo del Partido Popular Europeo y de Francia, el país con más peso agrícola dentro de la UE.

La UE quiere, de entrada, un candidato único, porque la FAO no está dirigida por un europeo desde el año 1975. El último fue el neerlandés Addeke Hendrik Boerma. Así que a Luis Planas –y al Gobierno español– le toca hacer campaña para ganarse, primero, el respaldo de Europa de cara a lograr, después, una mayoría de países dentro de los 193 que integran la FAO, donde cada Estado miembro tiene un voto. Y de resultar Díaz elegida al frente de la OIT, la carrera de Planas podría no pasar de un ‘sprint’.

La apuesta por el BCE

La salida de Luis de Guindos de la vicepresidencia del BCE a finales de mayo dejó a España, de nuevo, sin un sillón en la sala de máquinas del supervisor del euro. Mariano Rajoy consiguió colocar a su ministro de Economía en una de las posiciones más relevantes de la Unión Europea en 2018, tras más de un lustro de ostracismo a nivel comunitario por la condición de España de ‘farolillo rojo’ del conglomerado durante la crisis.

La situación ahora es diferente y en los pasillos del Ministerio de Economía y de La Moncloa creen que se puede dar la batalla por un asiento relevante en el Comité Ejecutivo del BCE. La economía española brilla desde la pandemia y España, que representa el 10% del PIB de la Unión, actúa como motor frente al estancamiento de Alemania, Francia e Italia. Los mandatos del economista jefe, Phillip Lane, y de la representante alemana Isabel Schnabel terminan el año que viene.

Pero el puesto en el que están puestas todas las miradas es la Presidencia, que actualmente ocupa Christine Lagarde. Aunque su mandato finaliza en octubre del año próximo, la francesa ha dado numerosas muestras de estar buscando acelerar su salida. Bien para volver a la política francesa (amagó con ser una “voz europea” en el debate presidencial), bien para liderar el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el organizador del Foro de Davos.

La prensa suiza recogía hace unos días, citada por la agencia Reuters, que Lagarde se ha mostrado dispuesta a “servir” al WEF, que lleva casi un año sin presidente tras la renuncia del noruego Børge Brende por sus relaciones con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein.

Una salida anticipada permitiría renovar la cúpula del BCE antes de las presidenciales francesas del año próximo, en las que Marine Le Pen acaricia la victoria. Y, al mismo tiempo, permitiría a Sánchez apostarlo todo con el candidato más señalado por las apuestas: el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, ahora director general del Banco de Pagos Internacionales.

Hernández de Cos es visto como el candidato mejor cualificado para presidir la institución y, aunque se cuidan de no decirlo en público, en el Gobierno se ve con buenos ojos su promoción, aunque durante su mandato al frente del Banco de España fuera especialmente crítico con la política del Ejecutivo de Sánchez.

Pero su currículum no lo es todo, ya que el nombramiento surge de una negociación entre los Estados miembro del Eurogrupo, donde priman no solo corrientes ideológicas sino también equilibrios regionales y de género. Y ahí es donde España tiene que jugar bien sus cartas. Otro nombre que suena es el de Calviño, ahora en Luxemburgo. En el Gobierno no quieren desvestir un santo para vestir otro. Y ella ha negado rotundamente aspirar al cargo. Pero en las negociaciones europeas nunca se dice nunca.

La guerra de Irán golpea con fuerza en los bolsillos de los españoles cuando se cumplen seis meses de los primeros ataques de Israel y Estados Unidos. El encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto ha provocado un acelerón en la inflación y eleva el Índice de Precios al Consumo (IPC) en agosto hasta el 4,3%, siete décimas más que en julio, tasas que no se veían en la economía española desde principios de 2023, cuando la economía española aún experimentaba los efectos de la mayor crisis inflacionaria en medio siglo.

Los datos avanzados este viernes por el INE ponen de manifiesto que el conflicto está pasando una importante factura al poder adquisitivo, en un mes en el que también se produce un encarecimiento estacional de los carburantes por los desplazamientos vacacionales. Según detalla Estadística, este acelerón de siete décimas se explica por este incremento en los precios de las gasolinas (que cayeron en agosto del año pasado, provocando un notable 'efecto escalón'), y también porque el descenso en los alimentos ha sido inferior al que tuvo lugar en el mismo mes de 2025.

El dato general es la mayor tasa desde febrero de 2023, cuando España registró un IPC del 6%, en una desescalada de un indicador que llegó a alcanzar un pico del 10,8% en junio de 2022.

“El Gobierno mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados”, defienden desde el Ministerio de Economía en una valoración remitida a los medios de comunicación. Desde el Ejecutivo remarcan que en septiembre entrará en vigor una rebaja fiscal para aliviar el precio del gasoil, refinado que se ha disparado en mayor medida que la gasolina en las últimas semanas.

“Las medidas del Plan de Respuesta siguen vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se eleva a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. El resto de las medidas continúa activo según lo previsto en el Real Decreto-ley 18/2026”, subrayan desde el departamento que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo.

Si bien el índice general se acelera, la inflación subyacente, que excluye de su cálculo la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos frescos, se moderó una décima, hasta el 2,9%. Esta referencia es la que los economistas denominan inflación 'núcleo' del sistema productivo y muestran que, de momento, el subidón de los costes energéticos no se está trasladando al conjunto de la economía. Una situación clave para tratar de evitar potenciales efectos de segunda ronda que compliquen el control de una eventual crisis de precios.

En términos intermensuales (es decir, los precios de agosto sobre los de julio), la inflación sube un 0,7%, el porcentaje más elevado desde marzo, cuando el conflicto estalló.

El IPC Armonizado, que utiliza una cesta común de productos y se utiliza para la comparación con los socios europeos, se acelera hasta el 4,5%, seis décimas más. La subyacente armonizada es del 3,2%.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta y designará al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente de un mando único para gestionarla.

“La creación del mando único que tendrá lugar mañana forma un antes y un después en cuanto a la gestión de los expedientes”, ha dicho el 'número dos' del Ejecutivo, apuntando a que esto acelerará las repatriaciones pendientes.

El Gobierno defiende que con el mando único, decretado 25 días después, hacen suya la petición del presidente ceutí de “crear una figura que dirija y coordine las actuaciones de todas las administraciones públicas implicadas”. Vivas pide desde hace semanas tanto un mando único como un plan estatal para la reactivación económica de la ciudad y la recuperación de la normalidad.

“Esta figura permitirá dotar de más agilidad a la toma de decisiones y de puesta en marcha de todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para atender con inmediatez cualquier necesidad”, argumentan fuentes de Moncloa.

Además del ministro Torres, formarán parte del comité representantes de la ciudad autónoma como el propio presidente, Juan Jesús Vivas, además del delegado del Gobierno, el CNI y los departamentos implicados en la crisis –Defensa, Interior, Migraciones, entre otros–, así como Seguridad Nacional, que depende de Presidencia del Gobierno.

Por su parte, y a preguntas de los medios de comunicación, el vicepresidente ha respondido que el flujo de salidas por parte de las personas que accedieron a Ceuta hacia Marruecos es “constante” y no ha parado desde el inicio de la crisis. Sobre los menores, ha apuntado que se han filiado a 2.900 y con el mando único se busca acelerar esta tramitación “teniendo en cuenta el interés primario del menor de solucionar su situación, que en algunos casos puede ser crítica o con enorme prioridad”.

Medidas de choque con el ICO y el ICEX

Cuerpo ha comparecido en la Delegación del Gobierno de la ciudad, donde ha avanzado que se reunirá con empresarios y agentes sociales ceutíes para definir “medidas de choque” que amplíen el Plan Socioeconómico aprobado en 2022 y hacer frente al shock económico que ha supuesto la crisis humanitaria en la actividad de la ciudad.

“Creemos que las circunstancias actuales exigen ir más alla y por eso planteamos la ampliación de este plan”, ha dicho Cuerpo, que ha cifrado en 180 millones las cuantías movilizadas hasta la fecha. El objetivo de esta ampliación será triple, ha detallado el titular de Economía: el refuerzo de la seguridad urbana y fronteriza, la gestión de los retornos de los migrantes presentes en Ceuta y el fortalecimiento de los servicios públicos en el enclave.

“El Gobierno va a poner todos los recursos necesarios a disposición de las instituciones y de los ciudadanos ceutíes”, ha insistido el vicepresidente, que ha asegurado que su población “debe sentir al Estado, así como lo hacemos aquellos que estamos en la península”.

En un primer análisis del impacto económico, Cuerpo ha avanzado que el gasto con tarjetas cayó un 30% en los primeros días desde la entrada de 80.000 personas migrantes en la ciudad, una recuperación que fue progresiva con el paso de las jornadas.

Sobre las ayudas que van a desplegar, el vicepresidente económico ha dicho que no se descarta ningún instrumento, y ha apuntado tanto al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como al ICEX, el organismo público que ayuda a la internacionalización empresarial.

La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.

Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.

Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).

Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.

Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.

Empresas que desaparecían sin pagar el IVA

Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.

A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.

En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.

A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.

Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.

Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.

El Gobierno cifra en 1,5 millones los beneficiarios –empresas, pymes y autónomos– del Plan de Recuperación cuando solo quedan dos semanas para ejecutar las últimas inversiones y reformas vinculadas a los fondos europeos, que tendrán que estar finalizadas y debidamente ejecutadas el 31 de agosto.

Después de cinco años del programa llamado a transformar la economía española tras el golpe del COVID-19, en el Ejecutivo se muestran satisfechos con los frutos obtenidos hasta ahora. Y, con solo 14 días de margen y la Administración al ralentí por el mes de agosto, fuentes gubernamentales apuntan que el objetivo es “culminar en plazo todas las reformas e inversiones comprometidas y maximizar su impacto sobre el crecimiento, la modernización y la resiliencia” del tejido productivo del país.

Los últimos datos que maneja el Ejecutivo apuntan que millón y medio de compañías, entidades y personas físicas se han beneficiado ya de los fondos europeos. Y, hasta la fecha, el programa más exitoso, por su alcance, ha sido el Kit Digital: una ayuda de 3.000 euros para la modernización de negocios que han percibido 921.962 pymes y autónomos en el 90% de municipios españoles. Su plan hermano, el Kit Consulting –consultoría para la digitalización de empresas de entre 10 y menos de 250 empleados–, cuenta con 23.429 perceptores. Y casi 55.000 han recibido una garantía financiera, similar a un aval, de la sociedad estatal CERSA.

A esto, señalan las mismas fuentes, habría que sumar las 400.000 plazas de formación profesional financiadas con fondos europeos “que han posibilitado la mejora de la empleabilidad y que España tenga ahora la cifra más baja de tasa de desempleo juvenil desde 2008”; el acelerón en la creación de empresas tras la aprobación de la Ley Crea y Crece y el desarrollo del ecosistema emprendedor con la Ley de Startups.

Con estos datos el Ejecutivo trata de desmontar el mantra que utiliza la oposición de que el Plan de Recuperación solo ha servido para financiar gasto público o, incluso, para sufragar gasto corriente, como sucedió con la polémica por el uso de fondos europeos para pagar pensiones, algo que desinfló la propia Comisión. La principal razón es que uno de los documentos clave que el Gobierno debe publicar, los 100 mayores perceptores del ‘maná europeo’, es una lista copada por Ministerios, gobiernos regionales y empresas públicas, como Adif. Pero estos, la mayor parte de ocasiones, no son los receptores finales, sino meros gestores, como muestran las ayudas del Kit Digital.

Acelerón con la “fase final” de los fondos europeos

En La Moncloa aceleran esta quincena con la fase final del Plan de Recuperación y ya preparan para la solicitud del séptimo y último desembolso, que se enviará a Bruselas ya en septiembre, por valor de 25.800 millones de euros, entre transferencias y préstamos. La semana pasada la Comisión Europea efectuó el pago de 6.234 millones del sexto desembolso y avaló la última Adenda al Plan original, con cambios en algunos de los 148 hitos pendientes para dar mayor claridad de cara a su evaluación.

Como parte de esos cambios, el Gobierno también ha renunciado a efectuar una reforma de los beneficios fiscales en vigor, que habría sumado unos 1.700 millones de recaudación, ante la falta de mayorías parlamentarias para sacarla adelante. Tampoco subirá el impuesto al diésel, como se comprometió en un principio, lo que supondrá una merma de unos 200 millones de euros. Y, además, ha notificado que no solicitará 1.250 millones en préstamos.

En total, y si la Comisión Europea no pone pegas al último desembolso, España habrá recibido antes del 31 de diciembre de este año más de 100.000 millones de fondos europeos.

A futuro, el Gobierno ya ha puesto el fondo España Crece, articulado en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el que pretenden evitar el “efecto escalón” de que desaparezca el impulso de la inversión pública cuando expire el Plan de Recuperación. El objetivo es que movilice 120.000 millones de euros, entre financiación pública y privada, en los mismos sectores clave y en la construcción de vivienda para alquiler asequible.

Los tres diputados de Sumar que denunciaron al Banco de España en 2023 por no entregarles la información de las ganancias que reciben la banca por ‘aparcar’ su liquidez en el Eurosistema –lo que se conoce como “facilidad de depósito”– han recurrido a la justicia la decisión del gobernador José Luis Escrivá de ofrecerles un acceso reservado a información, después de que el Tribunal Supremo reconociera su derecho a esos datos, y piden que se les entregue “en el plazo máximo de cinco días”.

Así, han presentado un incidente de ejecución por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el acceso a la información de los diputados “porque no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político”, de acuerdo con el fallo al que ha tenido acceso elDiario.es. Pero también confirmó el carácter reservado de la misma al afectar a datos del negocio de las entidades, que era lo que argumentaba la institución para no dar publicidad a los datos.

La entidad resolvió dar cumplimiento a la sentencia enviando una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que ponía a disposición de los diputados una sala de lectura con la información desagregada por entidades bancarias de cuánto han recibido por ‘aparcar’ su dinero en el Eurosistema, un privilegio solo disponible para la banca.

En el escrito presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, los diputados Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago alegan que “la interpretación del Banco de España vacía el fallo de su contenido propio, porque sustituye la entrega por una exhibición controlada por la propia Administración que denegó la información y perdió el litigio”. El conflicto se retrotrae a 2023, cuando los tres diputados llevaron al supervisor ante la justicia por su negativa de desglosar por entidades financieras los intereses abonados por la facilidad de depósito.

Los diputados se comprometen a la confidencialidad

Así, subrayan que si el Tribunal Supremo –donde recurrieron en casación la decisión primera de la Audiencia Nacional– hubiese querido reconocer “únicamente un derecho de presencia física para examinar datos en una sala del Banco de España, lo habría dicho”. Y apuntan también que el conflicto no es entre dos instituciones (Banco de España y Congreso de los Diputados), sino entre el supervisor y los tres diputados denunciantes. Es por esto que la institución que preside Escrivá “no puede desplazar el centro de gravedad de la ejecución hacia una relación institucional con el Congreso ni convertir a un órgano ajeno al proceso en presupuesto de cumplimiento”.

En el recurso, los tres diputados se abren a “adoptar medidas razonables de confidencialidad” en el caso de que se les entregue dicha información, pero insisten en que “no cabe sustituir la entrega por una consulta en la sede del Banco de España”.

Es por ello que reclaman a la Audiencia Nacional que se le requiera al supervisor a entregar, “en el plazo máximo de cinco días”, “toda la información desglosada por entidad de crédito sobre los intereses por facilidades de depósito abonados por el Banco de España durante los ejercicios 2022 y 2023” y que se haga “en soporte documental completo y verificable, ya sea en papel en sobre cerrado o en soporte electrónico cifrado, con firma de recibí y expresa advertencia de confidencialidad”. Y se abre a la posibilidad de que esa recepción se produzca ante la Secretaría de la Sala de la Audiencia Nacional pero “sin que ello pueda convertirse en una mera consulta presencial en la sede del Banco de España”.

Además, requieren que se “aperciba expresamente” tanto al gobernador como a los responsables administrativos “de que el incumplimiento del requerimiento judicial podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas”.

“Su actitud obstruccionista revela que confunde autonomía con soberanía”, señaló, a través de su cuenta en la red social X, el diputado Carlos Martín. Una soberanía, indican desde el entorno de los denunciantes, que sigue estando representada en las Cortes Generales, por lo que los diputados deberían tener acceso a esta información para su labor de control.

Fuentes del Banco de España consultadas por esta decisión reiteran que la institución tiene capacidad, a la vista de la sentencia del Supremo, para imponer las medidas que consideren oportunas para garantizar la reserva de esos datos. En este sentido, la propuesta de poner a disposición de los tres diputados una sala de lectura, dicen, ya se aplicó para los trabajos de la comisión de investigación de la quiebra de las cajas de ahorros en la crisis financiera y cumple a rajatabla con lo dictado por la justicia.

Según los últimos datos de 2025, publicados en las cuentas anuales del supervisor, el Banco de España abonó algo más de 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26%. En total, en los tres últimos años desde que el Banco Central Europeo comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria, han recibido unos 20.000 millones de euros.

Los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han cerrado el curso político con un acuerdo de calado: la reforma del registro horario para endurecerlo y convertirlo en digital e interoperable por la Inspección de Trabajo se aprobará a la vuelta del verano, en septiembre, una vez el Ejecutivo cierre los últimos flecos para salvar las objeciones que puso el Consejo de Estado a su redacción.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo el acuerdo con el Ministerio de Economía pasa por que el real decreto (reglamento) con la reforma no se apruebe antes del 31 de julio, como reclamaban los sindicatos y se había comprometido la propia Yolanda Díaz, sino que se haga al arranque del curso. El concurso de Carlos Cuerpo era necesario ya que preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el 'Consejillo' de ministros económicos que masca los grandes asuntos del área antes de cada reunión semanal del gabinete y la mesa donde estaba 'atascado' el proyecto.

A cambio, indican las mismas fuentes, el acuerdo desbloquea la norma clave para el departamento de Yolanda Díaz, que vino a sustituir el espíritu de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, una vez esta decayó en el Congreso.

Un año de espera

El real decreto saldrá de la mesa del Consejo de Ministros prácticamente un año después de que pasara, en primera ronda, por dicha reunión. El reglamento se ha retrasado no solo por las reticencias expresadas por el Ministerio de Economía, sino también por los dos informes demoledores del Consejo de Estado y de la Agencia de Protección de Datos durante la tramitación de la norma. Ambos informes preceptivos y no vinculantes, pero que servirían de base para cualquier recurso contra el nuevo registro horario. Algo que la patronal ya se plantea hacer en cuanto esté en vigor.

El Consejo de Estado puso en duda que el vehículo legal, un real decreto, fuera el adecuado para los cambios que plantea la cartera de Yolanda Díaz. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, dijo el órgano consultivo que ahora lidera la exvicepresidenta Carmen Calvo. Un decreto que “no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.

Además, el Consejo citaba en su informe una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el que se cuestionaba “que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

El propio Ministerio de Economía también planteó sus reservas sobre los plazos de su entrada en vigor, como adelantó este periódico. En un informe previo al dictamen del Consejo de Estado, reclamó un periodo transitorio de un año para su implementación en las pymes, en lugar de los 20 días que contempla la norma redactada por Trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan que ahora es el momento de cerrar los detalles técnicos que permitan salvar las objeciones presentadas por el Consejo de Estado sin tocar las líneas principales del registro horario: es decir, que sea completamente digital, interoperable y permita acabar con el fraude de las horas extra sin pagar.

La vicepresidenta Díaz se confesó esta misma semana, tras el Consejo de Ministros del martes, “muy optimista” por el devenir del registro horario, asegurando que estaba “prácticamente listo” para sacarlo adelante. “Esta vulneración e irregularidad manifiesta se va a acabar”, dijo la titular de Trabajo.

Precisamente la aprobación del registro horario fue una de las cuestiones que la diputada de Sumar Aina Vidal reprochó al vicepresidente Cuerpo este jueves durante el Pleno extraordinario del Congreso en el que se aprobó la extensión de las medidas por la guerra en Irán. Preguntado por esta cuestión en una entrevista reciente, Cuerpo, que siempre ha defendido la implantación “equilibrada” de esta norma, defendió que era un proyecto “importante”. “Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas”, dijo.

La decisión de llevar esta norma a septiembre coincidirá, también, con la campaña de Díaz para hacerse con la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una votación prevista para noviembre y cuyo mandato comenzaría en octubre del año próximo. Ya con la legislatura acabada.