La emergencia climática y los desastres naturales le han costado 65.085 millones de euros al Estado, ya sea en obras, ayudas o indemnizaciones, en apenas 20 años, de acuerdo con los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), unos fenómenos que cada vez son más frecuentes y pueden tener un mayor impacto en las cuentas públicas.

El supervisor de las cuentas públicas ha publicado este miércoles su segunda Opinión sobre riesgos fiscales, en el que analiza los efectos sobre la sostenibilidad presupuestaria que pueden tener diversos factores, desde macroeconómicos a aquellos vinculados por sentencias judiciales, con el ejemplo de los mutualistas como el más reciente.

Según han detallado fuentes de la AIReF, si bien los riesgos macroeconómicos (por ejemplo, una subida abrupta de los precios de la energía o el endurecimiento de las condiciones financieras) son los que tienen un mayor potencial de golpear a los Presupuestos españoles, hay una “evidencia” de que los factores ambientes son cada vez más frecuentes e intensos, con una tendencia a concentrarse. Por lo que su factura podría dispararse en los próximos años.

Los cálculos del supervisor apuntan que, entre 2005 y 2025, los riesgos ambientales le han costado 65.085 millones a las arcas públicas. Esos desastres naturales han sido sequías, incendios forestales, inundaciones u otros fenómenos meteorológicos. En esta rúbrica incluyen riesgos geofísicos (como el volcán de La Palma, en 2021) o biológicos (la pandemia de COVID-19).

El ejemplo más claro de cómo estos riesgos se materializan con cada vez más fuerza es que solo la DANA de Valencia del año 2024 ha supuesto un coste de 8.000 millones de euros en aplicaciones del Fondo de Contingencia, así como 4.200 millones en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

En total, el Estado ha desembolsado, desde 2005, 16.500 millones de euros a obras de emergencia y ayudas a damnificados, 12.800 millones en compensaciones del CCS, y 35.000 millones de euros en otros costes de respuesta, donde la AIReF incluye también aquellos vinculados a la pandemia.

“Estas cifras ponen de manifiesto que los riesgos ambientales constituyen una de las principales fuentes de materialización efectiva de riesgos fiscales en España”, aduce el organismo en la Opinión, en el que subraya que esto es solo “una aproximación”. 

Además de la información presupuestaria y de las bases de datos del CCS, la AIReF ha diseñado una herramienta con Inteligencia Artificial que analiza las referencias del Consejo de Ministros, el resumen de las principales medidas adoptadas por la reunión semanal del gabinete. Entre ellas, han detectado 437 desastres y 1.555 asuntos, desde el terremoto de Lorca de 2011 a la Borrasca Filomena en 2021.

La AIReF apunta que “la elevada frecuencia” con la que se materializan los desastres naturales y el coste fiscal vinculado “aconsejan una gestión activa de estos riesgos”. En este sentido, recomienda al Ejecutivo mejorar las fuentes de datos, avanzar en la cuantificación de los costes fiscales y establecer una estrategia de mitigación de estos riesgos.

14.000 millones de pago en sentencias en 2024 y 2025

Otros riesgos cada vez más relevantes que señala la AIReF son aquellos vinculados a las sentencias contra el Estado. Solo en dos años, 2024 y 2025, las acciones legales tuvieron un impacto de 14.400 millones de euros, principalmente por la sentencia de los mutualistas (5.936 millones) y las devoluciones por el Impuesto de Sociedades (3.048 millones).

En términos acumulados, el gasto acumulado en concepto de sentencias desde 2014 es 19.407 millones de euros.

El análisis de la AIReF incorpora, por primera vez, las garantías públicas, una figura que ha cobrado un notable protagonismo en los últimos años gracias al papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y sus avales para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y otras crisis sobrevenidas. Si bien la Autoridad Fiscal reconoce que estas medidas no tienen un impacto presupuestario inmediato, pueden tenerlo en el caso de que que lleguen a ejecutarse.

De acuerdo con sus datos, a cierre de 2025 había 24.000 millones de euros en saldo vivo de las líneas COVID, de las que 7.500 millones se encontraban en riesgo mora.

Una lengua de mar de poco más de 40 kilómetros de ancho ha sido capaz de poner en jaque la economía global durante casi cuatro meses. La reapertura del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos supondrá un alivio a escala mundial, pero sus efectos, tras un primer impacto en los mercados financieros, todavía tardarán en trasladarse a los bolsillos.

El pacto anunciado en la noche del domingo ha sido un revulsivo para los mercados: las bolsas asiáticas –donde la escasez de combustible ha llevado a racionamientos energéticos– cerraron el lunes con grandes ganancias, el Ibex 35 superó por primera vez en su historia la cota de los 19.000 puntos y los precios del petróleo y el gas experimentaron caídas hasta niveles cercanos, pero aún por encima, de sus referencias preguerra (70 dólares, en el caso del Brent, de referencia en Europa).

Sin embargo, la influencia del conflicto sobre la inflación, el fenómeno más cercano, tardará meses en disiparse. La principal correa de transmisión del conflicto han sido los precios del petróleo, traducido en una subida de costes en la gasolinera pero que, a diferencia de lo ocurrido en 2022, con el estallido de la guerra de Ucrania, no se ha trasladado a otros segmentos como la electricidad. Y, aunque aflojen, los precios del crudo siguen estando en referencias elevadas. 

“El precio del petróleo ya está bajando, tanto el de entrega inmediata como los futuros. Los de diciembre están ya por debajo de 80 dólares, cuando a lo largo de estos meses se había movido entre 80 y 85”, explica la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández. “El impacto más relevante será sobre la inflación, cuyas previsiones tendremos que revisar a la baja. No obstante, no se espera que el petróleo retorne a los niveles previos al conflicto en 2026, de modo que, aunque el precio de los combustibles baje con respecto al nivel actual, seguirá siendo mayor que en enero-febrero, y las tasas de inflación seguirán siendo relativamente altas”, abunda.

La inflación apunta a presiones persistentes

El dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo, un 3,2%, arrojó una cierta estabilidad con respecto al de abril, en parte gracias a las medidas desplegadas por el Gobierno. Pero la inflación subyacente –la que excluye de su cálculo a los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos, que muchos economistas denominan “núcleo” del sistema productivo– escaló al 3%, lo que anticipa presiones inflacionistas que van más allá del episodio bélico.

“Se producirá una reacción rápida en los mercados financieros y precios de futuros, pero una transmisión más lenta a la economía real”, resume José Manuel Corrales, profesor de Economía en la Universidad Europea. A corto plazo, los precios mayoristas del gas y el petróleo bajarán, lo que poco a poco se trasladará a las gasolineras “siempre que no haya cuellos de botella fiscales o logísticos”. Pero en el medio plazo, los niveles seguirán estando por encima de lo registrado antes de la guerra y de la pandemia. “Europa ya ha internalizado un coste energético mayor por diversificación de suministros. Ese sobrecoste es, en mi estimación, del 20-30%”, apunta.

A diferencia del shock de inflación que desató la invasión rusa de Ucrania, que provocó la mayor crisis de precios desde los años 80, el shock en la oferta de energía no ha sido solo una disrupción del suministro o las sanciones que se aplicaron al gas ruso. “En el caso de Irán, las capacidades productivas se han visto claramente afectadas de forma directa”, dice María Romero, directora de Análisis Económico en Afi. “Restablecer el flujo que hay en Ormuz no va a hacerse de la noche a mañana y, por lo tanto, la inflación no va a volver al redil de manera rápida. Pero no será tan ‘pegajosa’ como en 2022”, señala la experta.

Los alimentos pueden dispararse un 7%

El shock de 2022 no solo afectó a la energía, sino que dio de lleno al “granero” de Europa. El cierre de Ormuz ha impactado ahora a los precios de los fertilizantes, por lo que su aparición en la inflación podría ser más dilatada, hasta después del verano, cuando lleguen las primeras cosechas. El servicio de estudios del BBVA apunta a una subida interanual de los frescos del 7% después del verano, mientras que en los alimentos elaborados se situará en línea con el IPC, el 3%. “El componente de los alimentos no elaborados no ha tenido una reducción en la inflación como sí se ha visto en otros componentes y ya venía relativamente alta”, dijo el economista jefe para España, Miguel Cardoso, durante la presentación de su último informe de previsiones económicas.

Desde Funcas señalan que el traslado de los precios finales a los alimentos puede que sea menor de lo esperado a la luz del acuerdo, “puesto que los productores ahora considerarán que el pico de la subida ha sido transitorio y, aunque los costes van a seguir siendo algo mayores que antes del conflicto, lo serán en una medida más asumible”, detalla Fernández.

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo, apunta que otro factor a tener en cuenta es que “llueve sobre mojado”. “El impacto de 2022 fue sobre una sociedad que no estaba acostumbrada y no recordaba episodios de inflación elevados desde hacía décadas. Ahora el peligro que tenemos es que la inflación se enquiste en cifras superiores al 3% por el comportamiento de unos agentes que absorbieron el shock del 2022 y que ya no quieren seguir perdiendo”, advierte.

En una entrada publicada en su blog, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntaba este lunes que “la combinación de una resiliencia económica y los avances tecnológicos han ayudado a amortiguar el impacto del shock de oferta en la energía sobre el crecimiento a nivel global”, aunque con diferencias notables entre países. En el caso de España, la combinación de un mix energético con un mayor peso de las renovables y las medidas desplegadas por el Ejecutivo han disipado parte de los vientos de cara.

La economía española “resiste”

“España no sale reforzada, pero sí menos dañada de lo que cabía esperar, y con margen para estabilizar su crecimiento si el contexto internacional acompaña”, cree el profesor Corrales, de la Universidad Europea. Los últimos datos de actividad subrayan que el vigor del crecimiento económico del primer trimestre se ha mantenido durante el segundo. 

“Incluso la actividad industrial y las exportaciones parecen haber registrado un repunte, pero probablemente ha sido debido a un adelanto de pedidos y de actividad para acumular stocks en anticipación a posibles problemas de suministro”, apunta la experta de Funcas. “De ser así, ese adelanto de actividad industrial al segundo trimestre sería a costa de menos actividad en el próximo. Lo cual no quiere decir que esperemos un impacto negativo en el tercer trimestre, porque otros sectores, concretamente servicios, tanto turísticos como de otro tipo, lo compensarían”, apunta Fernández.

Hidalgo, que elabora un tracker de seguimiento de la economía a tiempo real para EsadeEcPol, apunta a que este segundo trimestre seguirá en la línea del primero, cuando la economía española creció un 0,6%. “No se va a notar demasiado el impacto del conflicto y, de momento, la dinámica de crecimiento sigue con cierta relajación y sin excesivos elementos que nos hagan preocuparnos a corto plazo”, detalla. Todo ello pasa por que el acuerdo de paz se firme este viernes sin sobresaltos.

La investigación de la Audiencia Nacional en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, su patrimonio y su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la pandemia se ha encontrado con un esqueje salido de los primeros registros: las joyas encontradas en el interior de una caja fuerte en un despacho del equipo del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz. Ahora el juez Calama quiere saber de dónde salieron esas joyas, cuánto valen y si su posesión abre la puerta a nuevas acusaciones contra Zapatero. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil entró en la oficina del expresidente el pasado 19 de mayo, a las 8.17 de la mañana. Durante ese registro abrieron una caja fuerte donde Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó lo que iban a encontrar: joyas, “algunas” procedentes de la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y “regalos de viajes”, según quedó recogido en el acta de los agentes.

La ramificación central del caso gira en torno a si José Luis Rodríguez Zapatero cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. Entre otros métodos, el juez José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la consultora de sus hijas o si la trama planeaba abrir una sociedad en Dubái. 

Las joyas encontradas en la caja fuerte han abierto un nuevo frente y el primer paso del instructor fue pedir un peritaje para calcular su valor. La respuesta de los joyeros ha sido que el ajuar encontrado vale, potencialmente, más de 1,3 millones de euros. Y ese dato se ha convertido en una nueva imputación para José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo 17 de junio el expresidente del Gobierno no solo tendrá que explicar su relación con Plus Ultra y Julio Martínez, sino también responder por delitos de fraude fiscal y contrabando. 

Para el magistrado de la Audiencia Nacional es necesario saber si Zapatero pagó los impuestos relacionados con esas joyas y descubrir de dónde las sacó. Solo por el IRPF, dice el juez, el tipo aplicable es del 46% aproximadamente. Si no se pagaron los aranceles necesarios, añade, podría estar ante un caso de contrabando. “La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”, dice el juez.

Herencia familiar y regalos “de viajes”

El exdirigente socialista tendrá que concretar ante el juez la procedencia de los relojes, collares y otros efectos que su entorno ha atribuido en parte a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y en parte a regalos procedentes de “viajes”, así como aclarar si fueron durante su etapa como presidente.

Zapatero mantuvo a lo largo de sus dos legislaturas una amplia agenda internacional con más de 200 viajes, según reveló una petición a Transparencia realizada por Maldita.es en 2020 sobre el uso del avión presidencial. Según esos datos, el expresidente socialista realizó 134 vuelos a países extranjeros entre 2004 y 2011 sin contar cumbres ni consejos europeos. Por ejemplo, viajó en una veintena de ocasiones a países de África (Marruecos, Argelia, Senegal, Egipto...) e hizo 16 visitas a países situados en el continente asiático (China, Kazajistán, Siria, Arabia Saudí...).

En esos viajes se vio con multitud de primeros ministros, presidentes o reyes como Mohamed VI de Marruecos. A este país viajó en cuatro ocasiones: la primera vez fue en 2004 a Casablanca, la siguiente en 2005 a Rabat, mismo destino que en 2007 (para una reunión de alto nivel hispano-marroquí), y la última vez a Uxda y Rabat en 2008.

Zapatero también se reunió durante su etapa como presidente con el Rey Abdulá bin Abdelaziz de Arabia Saudí en la ciudad de Yeda en 2009 o con el entonces líder interino de Túnez Fuad Mebaza en el Palacio presidencial de Cartago en 2011, su último año como presidente. Este último encuentro fue, en realidad, parte de un viaje más amplio que también le llevó a Catar —donde negoció acuerdos bilaterales con el emir y el primer ministro— y a Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Cuando Zapatero llegó al Gobierno, en 2004, no existía una normativa específica que regulara o limitara los regalos de los servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo. Pero precisamente su Gobierno aprobó en marzo de 2005 en Consejo de Ministros el llamado “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” que, por primera vez, sí recogía una referencia explícita a los obsequios. 

En su artículo tercero, referido a los “principios de conducta”, el Gobierno de Zapatero incluyó el siguiente párrafo: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”.

La orden ministerial se aprobó cuando Zapatero apenas llevaba un año en la Moncloa y estuvo vigente hasta su salida, en 2011, por lo que la limitación estuvo en vigor la mayor parte de su mandato.

El origen y el momento en que las recibió, claves

El origen y el momento temporal en el que el expresidente Zapatero heredó o recibió las joyas como regalo será clave de cara a su posible responsabilidad con la Hacienda pública, si la hubiera. Deberían haberse tributado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo progresivo que oscila entre el 8% y el 40%, en función del grado de parentesco entre el que da y el que recibe, y el importe de lo recibido. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, señala Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

En el caso de que no existan pruebas documentales que demuestren la prescripción de estas deudas, Hacienda podría incorporar como ganancias no justificadas el valor de las joyas a la declaración del IRPF del expresidente, que sería al tipo máximo en la escala de la renta: el 46%.

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central. En el caso de Patrimonio, y siendo residente en Madrid, al menos debería haberlo incorporado en las declaraciones de 2024, 2025 y 2026. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, asegura el director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno.

La apertura de esta nueva línea de investigación podría, según los expertos consultados, bloquear una potencial regularización voluntaria del expresidente, en el caso de que estas joyas no se hubiesen declarado con anterioridad. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apunta el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, a preguntas de este periódico.

El peritaje de las joyas halladas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero abre un escenario que va más allá de los hechos vinculados a la presunta mediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha arrancado este viernes una nueva derivada en el caso e investiga al exjefe del Ejecutivo por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, después de que la tasación del ajuar arrojase un valor de 1,3 millones de euros.

A la espera de que el expresidente clarifique si estas joyas, que alegó que formaban parte de una herencia de su esposa así como de regalos recibidos durante sus viajes, están correctamente declaradas ante el fisco, el embrollo fiscal y las posibles consecuencias penales a las que se enfrenta Zapatero pasan por una clave fundamental: el origen y el momento en que se produjo la herencia o el regalo.

El director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno, explica varios aspectos de la tributación de estas alhajas. El impuesto de sucesiones y donaciones cubre las herencias y los regalos. En el caso de las primeras, la declaración tendría que haberse producido en los seis meses posteriores al fallecimiento del familiar. Mientras que, en el segundo, debería haberse reportado a los 30 días de recibir el regalo.

En estos casos, la prescripción de la deuda tributaria se produce a los cuatro años del hecho imponible. “Es decir, si lo heredó hace más de cuatro años y no lo ha pillado Hacienda, la prescripción tributaria es a favor del contribuyente”, detalla Gimeno.

Para esto es fundamental demostrar temporalmente cuándo se recibieron las pruebas. También para evitar la persecución por un delito contra la Hacienda pública, ya que estos tienen unos plazos de caducidad más extensos. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, apunta Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

Los expertos consultados apuntan que, de no poder demostrar el origen de las joyas y su momento temporal, esas joyas puede imputarse como “ganancia no justificada” dentro de la declaración del Impuesto sobre la renta. Es decir, como si fuera un rendimiento del trabajo. “Hacienda valora el valor de mercado y te hacen tributar al tipo general del impuesto, que puede ser un 45% o 47%, lo que corresponda”, señala Gimeno. 

Además, no importa el hecho de que las joyas fueran presentes en el marco de viajes en el extranjero. “El residente fiscal en España tributa por lo que recibe en cualquier parte del mundo, aunque el regalo se entregue en el extranjero y el donante sea extranjero, conforme a la normativa de su comunidad autónoma”, recuerda el abogado Rubert.

Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central.

“Mientras se conserven, deben declararse, además, cada año en el Impuesto sobre el Patrimonio por su valor de mercado, porque la ley las excluye expresamente del ajuar doméstico exento”, detalla Rubert. Si bien no es necesaria una tasación formal –el portavoz oficial de Zapatero llegó a hablar de un valor de entre 30.000 y 50.000 euros, cuestión por la que se ha disculpado–, obliga a explicitar ese valor de mercado. “Como las joyas no tienen valor de referencia oficial, fijar ese valor es responsabilidad del contribuyente, y en piezas relevantes es muy aconsejable una tasación gemológica o, al menos, facturas o pólizas de seguro”, insiste.

Si bien el Impuesto de Patrimonio estaba exento en la Comunidad de Madrid hasta 2023, en 2024 el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo recuperó para evitar que esa recaudación fuera al Gobierno central a través del tributo a las grandes fortunas. “A menos en esos tres ejercicios, 2024, 2025 y 2026, se debe presentar el impuesto en Madrid, donde reside Zapatero, porque tiene bienes valorados por encima de un millón de euros”, explica Gimeno.

Determinar el origen y el marco temporal será clave para definir si se han cometido uno o varios delitos fiscales. Un mismo hecho puede llevar sanciones o delitos, ya que se consideran de manera individual, en función del impuesto y del ejercicio. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, insiste Gimeno.

Además, el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), José María Peláez, señala que, en el caso de que las joyas se hayan introducido en España sin control aduanero, “podríamos estar también contemplando un supuesto delito de contrabando”.

Zapatero declarará por las joyas la semana que viene

El juez Calama ha defendido la apertura de la nueva derivada de la investigación al expresidente Zapatero ante un origen de las joyas que “en estos momentos no está justificado” y tomará declaración al acusado los próximos 17 y 18 de junio, cuando estaba prevista su comparecencia en la Audiencia Nacional.

Esta investigación abierto podría bloquear que el expresidente Zapatero, en el caso que no estuvieran declarados esos bienes, pudiera regularizar, a través de una declaración voluntaria, su patrimonio para incorporar estas joyas. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apuntan el portavoz de los inspectores de Hacienda.

El instructor indica que, una vez recibida la tasación preliminar y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye “un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico”.

Además, Calama argumenta que la actuación de Rodríguez Zapatero también podría encajar en un delito de contrabando. Y lo explica “en la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”.

De acuerdo con el peritaje realizado por Ansorena, la pieza más notable de cuantas se requisaron en la caja fuerte del despacho es un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. Otro collar, también de oro blanco de 18 kilates y decorado con diamantes de origen tailandés, está tasado en 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes está valorado en 155.000 euros.

El INE ha confirmado este viernes que el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró mayo en el 3,2% interanual, el mismo dato que en el mes de abril, gracias a que las bajadas de los precios de la electricidad y algunos alimentos frescos compensaron las subidas de los carburantes. El dato de mayo, ya definitivo, es el último que conocerá el Ejecutivo antes de decidir si prorroga o amplía las medidas desplegadas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio, que terminan en apenas dos semanas.

Los datos publicados por Estadística dan un toque de atención importante sobre los efectos que ya está teniendo la subida de los precios en el tejido productivo. La inflación subyacente -es decir, la que excluye de su cálculo los precios de la energía y los alimentos frescos, por ser más volátiles- se situó en el 3%, una décima por encima de lo adelantado a finales de mes y dos por encima del dato de abril. Este dato es el que los economistas denominan 'núcleo' de la economía, y su subida por encima del 3% indica que ya se está trasladando a la actividad más allá del impacto puntual de la guerra sobre los precios de la gasolina o el gasóleo.

Según desglosa el INE, influyeron al alza en el dato de la inflación la subida de los precios de los billetes de avión (que bajaron en mayo del año pasado), ante las dudas por una posible crisis de suministro del queroseno con el que vuelan los aviones, y también los paquetes turísticos, que bajaron menos este año de lo que lo hicieron en 2025.

En sentido contrario, presionaron a la baja la caída de los precios de la ropa (que bajaron, frente a la subida de mayo de 2025) y la de los alimentos y bebidas no alcohólicas, grupo cuya inflación interanual se moderó al 2,2%, cuatro décimas menos que en abril. Esto es porque los precios de las frutas y frutos de cáscara subieron menos que el año pasado, mientras que los precios de las hortalizas, legumbres y patatas cayeron con más fuerza este año que el anterior.

Los precios mensuales -es decir, los de mayo comparados con los abril- avanzaron un 0,1%, empujados por la subida de la hostelería. A la baja influyó la caída del precio de los combustibles, en un mes en el que los precios internacionales del petróleo se moderaron ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía ha apuntado que monitoriza “minuto a minuto” la evolución de los precios. De hecho, apuntan desde el Ejecutivo que la estabilidad del dato de mayo “confirma que el Plan de Respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación general y el poder adquisitivo de los hogares”.

El vicepresidente Carlos Cuerpo ha iniciado una ronda de consultas con los sectores más afectados por las subidas de costes, como el transporte o la logística, para definir qué medidas extender o ampliar a partir del 30 de junio, cuando decae el real decreto-ley aprobado en marzo.

El Gobierno valora que, sin las medidas fiscales aprobadas, la inflación de los carburantes sería cerca del doble de la registrada en mayo, que fue del 15,9%. Los precios de la electricidad y el gas natural, antes de que expiraran las rebajas en estos componentes, ya caían un 5,5% y un 9,7%, respectivamente.

Cinco comunidades autonomas (Madrid, Cantabria, Galicia, Baleares y Castilla-La Mancha) registraron un dato de inflación por encima de la media nacional, en tanto que nueve (Aragón, Cataluña, Andalucía, Melilla, Asturias, Murcia, La Rioja, Extremadura y Ceuta) lo hicieron por debajo. Las cinco restantes (Canarias, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Navarra y País Vasco) se situaron en el promedio nacional.

El dato del IPC Armonizado -que utiliza una cesta de productos común y se utiliza para comparar con el resto de la Unión Europea- se colocó en el 3,6%, una décima por encima del registrado en abril, mientras la subyacente fue del 3,2% (dos décimas más).

El impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la economía española se va a traducir en un incremento de los precios “más intenso y persistente” de lo anticipado que, a corto plazo, no afectará al crecimiento del producto interior bruto (PIB), pero que provocará una ralentización de la actividad conforme la inflación vaya haciendo mella en las familias y las empresas. Esa es la conclusión principal del Informe España de BBVA Research, el centro de estudios de la entidad, que mantiene su previsión de crecimiento del 2,4% para 2026, pero con una inflación disparada hasta el 3,8%.

Esta subida de los precios –son 0,9 puntos más de lo proyectado en marzo, al inicio de la guerra y 1,1 más que la media de 2025– supondrá una desaceleración en el crecimiento del año próximo: será del 2,1%, tres décimas menos de lo anticipado en marzo. La previsión es que la inflación se modere al 2,8%. 

“El mensaje que queremos trasladar es que, por ahora, los efectos los estamos viendo solo en la inflación relacionada con los combustibles. Vamos a ver cómo se traslada a otros sectores”, ha dicho el economista jefe de la entidad y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, durante la presentación del informe.

Según los economistas del banco, si bien la economía aún está aguantando el impacto de la subida de los precios, algunos indicadores de confianza ya muestran un deterioro en la percepción de las familias, con el recuerdo del shock de 2022, tras la invasión de Ucrania, muy presente en los bolsillos. “Si el deterioro se prolonga, podría tener un impacto importante sobre el crecimiento de la demanda interna, particularmente en el gasto de los hogares”, apunta el documento.

El responsable de análisis económico del banco, Rafael Doménech, ha subrayado que el crecimiento económico de España está mostrando una “inercia muy fuerte”, como demuestran los datos de actividad que se van conociendo (singularmente, la afiliación a la Seguridad Social) y que apuntan a un avance trimestral del 0,6% del PIB. El mismo dato que entre enero y marzo, cuando la economía española ya mostró una gran resiliencia ante los primeros impactos de la guerra.

El precio de la vivienda se modera, pero seguirá creciendo

Aunque España está más protegida de la guerra al no depender de la importación de energía del Golfo pérsico, los efectos del conflicto se transmitirán a través de otros canales –no solo precios–, como las exportaciones de bienes o la inversión. BBVA Research apunta que el shock podría restar entre 0,5 y 0,1 puntos de PIB en 2026 y 2027 y elevar la inflación 1,3 y 0,6 puntos, respectivamente. Esto se traduciría en una pérdida de competitividad de los productos españoles, sobre todo para las manufacturas o el sector agroalimentario, muy dependiente de la subida de precios de los fertilizantes.

Además, el empeoramiento económico de los principales socios comerciales de España –Alemania y Francia, singularmente– afectará al dinamismo de las exportaciones, que se espera que caigan un 1,2% este año. Se recuperarían ligeramente (un 2,4%) el año próximo.

La inversión dará un impulso al crecimiento, sobre todo la de la construcción de vivienda, favorecida por la creación de hogares y la subida de los precios. Sin embargo, estos últimos tenderán a moderarse, ante la oferta cada vez más limitada y la subida de los costes de financiación. El precio de la vivienda avanzará un 12% en 2026 y un 5,7% en 2027.

El consumo de los hogares seguirá creciendo gracias al ahorro y a la mejora de las rentas experimentada en los últimos años. La atracción de turistas desde destinos cercanos a la guerra, o encarecidos por la subida de los precios de la energía, también aportará en positivo al crecimiento económico.

Sin embargo, y a pesar de que el ahorro es una fuerza que sustenta el mantenimiento de las previsiones económicas, Doménech ha subrayado que “no está uniformemente distribuido”. “El ahorro se acumula sobre todo en la parte media y alta de los hogares con mayores ingresos, mientras que la capacidad para hacer frente a ese aumento de la inflación con ahorro es inexistente en el 20% más bajo de la distribución”, ha apuntado.

El mercado laboral seguirá creciendo de manera vigorosa: el BBVA anticipa una creación e empleo de 540.000 y 455.000 personas en 2026 y 2027. Esto es gracias a la inmigración, pero también al aumento de la participación en el mercado laboral de los nacidos en España.

El politólogo judío Ernst Fraenkel acuñó, desde el exilio en Estados Unidos, el término “Estado dual” para definir el funcionamiento de la Alemania nazi. El III Reich era, por un lado, un Estado normativo, donde en apariencia primaba el imperio de la ley, pero, por otro, convivía con el Estado prerrogativo, que aprovechaba el sistema para sus tropelías sin ningún contrapeso. Para el abogado estadounidense Robert Amsterdam, que se ha hecho popular en los últimos meses por lanzar una campaña desde el Financial Times donde acusaba a la Agencia Tributaria de “carterista”, el funcionamiento de la Hacienda española es un buen ejemplo de esto mismo.

A solo unos pasos del Congreso de los Diputados, y con la presencia en el público de referentes del turboliberalismo como el economista Daniel Lacalle, el abogado ha presentado este martes su libro Hacienda y el Estado Dual, escrito a cuatro manos con el fiscalista británico Christopher Wales. La portada –un toro de Osborne con la bandera española que proyecta una sombra con forma de mano a punto de agarrar a un ciudadano que huye– es toda una declaración de intenciones.

“Corruptos”, “depredadores”, “mafia” o “criminales” son solo algunos de los términos con los que ambos activistas se han dirigido a Hacienda, la Agencia Tributaria, los inspectores y los gobernantes –de PP y de PSOE–, en una presentación donde, a ratos y caóticamente, han mezclado sus críticas al funcionamiento del fisco con declaraciones sobre política, fondos europeos, los casos de corrupción o el diario El País. No han faltado comparaciones: Corea del Norte, China, Ruanda, Uganda… A pesar de que organismos internacionales como la OCDE, el FMI o la Unión Europea validan el sistema fiscal español.

“En Rusia los abogados son más valientes que en España”, ha dicho Amsterdam durante el coloquio. “Cuando fui detenido en Rusia en 2005 sabía que podía llamar a abogados para defenderme, pero en España no. (...) El miedo en España es algo que no se puede vivir en ningún otro país”, ha asegurado. “Creemos que Hacienda es una mafia. Es un problema de recursos humanos”, ha subrayado.

Contra los Inspectores de Hacienda

Amsterdam ha dicho que, durante 15 años, se dedicó a ejercer la abogacía y la defensa de los derechos humanos. Derechos humanos que estarían amenazados en el país por la labor de la Agencia Tributaria, que se dedica a exprimir a los contribuyentes y a presumir su culpabilidad. El abogado ha puesto a la Hacienda española en el foco de su actividad tras defender a varios contribuyentes inspeccionados tras acogerse a la Ley Beckham. Ahora, prevé una tournée por España para reunirse con patronales y pedir una reforma fiscal en profundidad. Aunque sin números ni cifras, ni opiniones más allá del trazo grueso sobre unos inspectores de Hacienda a los que “pagan por joder”.

Los inspectores de Hacienda ya enviaron un comunicado hace unas semanas en el que, a raíz del revés judicial en el ‘caso Shakira’ y de la campaña desatada por Amsterdam, reclamaron respeto hacia su trabajo, asegurando que las críticas “han traspasado el límite de lo razonable”.

Su compañero de firma, Wales, que en su día asesoró a los laboristas Tony Blair y Gordon Brown en su paso por el Gobierno británico, ha asegurado que “el punto de partida en España, lo que los inspectores hacen, es estar convencidos de que eres culpable de fraude” a la Hacienda pública y que no hay control a labor del fisco, como sí existe en países como Ruanda o Uganda. Países perfectamente comparables con España, claro, según él.

De la IA a 1984, de Orwell

La intrusividad del Estado se va a disparar con el uso de la Inteligencia Artificial que, según Amsterdam, llevará al sistema más allá de las autocracias como el III Reich o la Rusia de Putin… Al mundo del 1984 de George Orwell.

Preguntado sobre por qué si la Hacienda española cae en los estándares de las autocracias, ninguna organización internacional actúa, Amsterdam ha explicado que para los expertos fiscalistas lo importante de un sistema es que recaude. España, lejos de ser un infierno fiscal, recauda mucho menos que otras potencias europeas en relación con el tamaño de su economía.

Insistido por este medio en sus comparaciones con dictaduras y si se plantea acudir a la justicia comunitaria, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amsterdam ha dado a entender que sí, aunque el problema es que la justicia va muy lenta.

“Puedes apostar a que vamos a acabar con esto. Vamos continuar hasta que esos bastardos corruptos dejen de arruinar vidas”, ha dicho, con la misma solemnidad con la que Escarlata O’Hara puso a Dios por testigo de que jamás volvería a pasar hambre.

“Chris y yo estamos aprovechando que no somos contribuyentes españoles y podemos decir la verdad”, ha zanjado Amsterdam. Los autores dicen que no se llevarán ni un euro de beneficios del libro. Hacienda, al menos, recaudará el IVA, del 4%. Sale a la venta este martes 9. Para cafeteros.

“A ver, corazón, me lo exige la marca. Este piso es sí o sí con Kiron”. Álvaro estaba interesado en un piso anunciado en Tecnocasa por 220.000 euros en el barrio de Las Águilas de Madrid, hasta que la comercial de la inmobiliaria le aseguró que solo se lo vendía si para la hipoteca utilizaba la financiera filial de la empresa, que se llama Kiron. Dos clientes han contado a elDiario.es las presiones de comerciales de la inmobiliaria para contratar la financiera y este medio tiene constancia de al menos dos casos más. Las asociaciones de consumidores y el Ministerio de Consumo coinciden en que se trata de una práctica ilícita. Tecnocasa niega que obligue a contratar la financiera.

Ya se lo había sugerido a Álvaro la comercial con otras palabras menos explícitas, pero a base de preguntarle, la trabajadora acabó reconociendo que si no firmaba con Kiron ni siquiera podría ver la vivienda. “Lo siento, no puedes ver el piso”, “Kiron y Tecnocasa van de la mano”, son algunas de las frases más explícitas de la comercial en las conversaciones de WhatsApp a las que ha tenido acceso elDiario.es. Kiron realiza un estudio de mercado y negocia con las entidades bancarias para cerrar la hipoteca y después cobra unos honorarios de intermediación de entre el 3% y el 4% sobre el valor total.

Las plataformas de consumidores Cecu y Facua coinciden en que se trata de una práctica ilegal. En Facua, de hecho, recibieron una reclamación con un caso parecido, pero el consumidor no siguió adelante con la denuncia. “El consumidor siempre tiene derecho a elegir banco, da igual que compre a una promotora, a un particular o a través de un intermediario”, sentencia Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que añade que por ello sería una “cláusula abusiva” y admiten la posibilidad de presentar una reclamación si reúnen pruebas al respecto. 

Desde el CAES, el abogado experto en vivienda Víctor Palomo explica que ha trabajado también con un cliente que, en su caso, accedió a la compra obligado a contratar Kiron.

Cecu apunta al artículo 82.1 del RDL 1/2007, que establece que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Las cláusulas que “vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario” o que supongan la “limitación de derechos del consumidor”, en este caso la elección de una hipoteca, se consideran ilegales. 

Tecnocasa lo niega

Preguntada por elDiario.es, Tecnocasa asegura que “la contratación de Kiron no es en absoluto obligatoria”, lo cual argumenta con el hecho de que solo el 37% de las compraventas realizadas a través de Tecnocasa fueron intermediadas por Kiron. “Cualquier práctica de presión, imposición o vinculación entre la compra de un inmueble comercializado por la red Tecnocasa y la contratación de servicios de intermediación de crédito de Kiron es completamente contraria a la política de la compañía”, añaden.

“Lo que hacen los franquiciados de la red Tecnocasa, cuando detectan que un cliente puede necesitar financiación para adquirir una vivienda, es informarle de la existencia de Kiron para que, si así lo desea, pueda recibir información sobre las opciones de financiación disponibles y la viabilidad de su operación. A partir de ahí, la decisión de contratar o no dichos servicios corresponde exclusivamente al cliente y se adopta siempre de forma libre y voluntaria”, abundan.

La versión choca con los testimonios recogidos por elDiario.es. El de Álvaro no es el único caso en que Tecnocasa ha vinculado estas dos prácticas de manera presuntamente ilícita. Facua tiene una reclamación al respecto y este medio ha contactado con otro caso. Julio, nombre ficticio porque el protagonista prefiere el anonimato, llegó más lejos y firmó en el año 2024 un documento de reserva sin conocer estas condiciones. Además, abogados del CAES explican que se han encontrado con personas que habían firmado con la financiera presionadas por Tecnocasa.

“En una reunión que tuve para firmar el documento de responsabilidad hipotecaria (que esclarece el importe por el que responde un inmueble en caso de impago), me di cuenta de que imponían una cláusula obligatoria para hacer la hipoteca con Kiron”, relata Julio. “Además de eso, me imponían unos nuevos honorarios que no estaban contemplados”, añade. 

“Fue un momento desagradable, una conversación muy tensa y compleja, porque te están forzando a comprar un producto, pero al mismo tiempo tienes miedo a perder el piso. Te ves ante el documento y ya sin tiempo de echarte atrás, notas la tensión en el trato personal”, cuenta. “Lo hacen para impedir la competencia”, añade. 

“No puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron”

En el caso de Álvaro, se disponía a visitar el piso cuando le dijeron que era obligatorio presentar documentación para el estudio financiero antes y también que tendría que realizar la hipoteca con la financiera Kiron. “Me exigen que no puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron por este piso. Lo siento, ya si me sale otra cosa te contacto!”, fue el primer mensaje explícito. 

Incrédulo, Álvaro insistió en preguntar, ya que un compañero de la inmobiliaria sí que le había dicho que podía hacerse por otra vía. “En otra ocasión sí, pero este piso se tiene que cerrar con Kiron”, insistía la comercial, “porque Kiron y Tecnocasa van de la mano”. 

“Lo siento, no puedes venir a ver el piso”, concluye la comercial al ver que Álvaro no accedía, tras lo cual advirtió que hablaría con el Ministerio de Consumo para averiguar si se trataba de una práctica abusiva. “Puedes consultar con consumo”, dice. En respuesta a elDiario.es, fuentes del departamento de Pablo Bustinduy reconocen la práctica como abusiva. 

Nacida en Milán y fundada por Oreste Pasquali, Tecnocasa tiene más de 1.000 oficinas en España, adonde llegó en 1994 con sedes en Madrid y Barcelona. Un año después abrió su financiera Kiron, que hoy tiene más de 100 oficinas en el país y se define en su página web como “el grupo líder en intermediación inmobiliaria y de crédito en Europa”. 

El CEO de Tecnocasa en España es Miguel Ángel Pérez Luna, que ocupa el cargo desde principios de 2018. La empresa facturó 35,4 millones de euros y ganó 12,2 en 2024, últimas cuentas disponibles. Cuenta con cuatro filiales entre las que está Kiron, que facturó 7,8 millones en 2024 y obtuvo 3,7 millones de beneficios.

Mientras todos los ojos estarán puestos este lunes en la primera visita del papa León XIV a España y en el primer discurso de un pontífice ante el Congreso de los Diputados, parte de la plantilla de una de las instituciones más relevantes del país, la Agencia Tributaria, estará en huelga. Por segunda vez en siete meses, y en plena Campaña de la Renta 2025, inspectores, técnicos y el resto de los 28.000 trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) están llamados a parar.

La huelga de este lunes, convocada por el sindicato CSIF, se produce tras varios paros de una hora que han tenido lugar en las últimas semanas y en pleno hartazgo de la plantilla por la falta de desarrollo del plan de carrera profesional al que tienen derecho sus trabajadores, un hecho en el que coinciden todas las fuentes sindicales consultadas.

“Es un problema de voluntad política”, resume, al teléfono, el portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, Pablo Burgos. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“En el año 2022 ya iniciamos un conflicto con todas las organizaciones sindicales y, al final, llegamos a un acuerdo con el compromiso de que se sacaría adelante el desarrollo de la carrera profesional. Pero se incumplió. Volvimos a otro conflicto en 2024, que finalizó con un compromiso por parte de la directora general de la Agencia Tributaria en el que se comprometía a hacerlo. Estamos a junio de 2026 y no hay absolutamente nada”, se lamenta.

Segundo conflicto en menos de un año

CSIF es el cuarto sindicato en la Agencia Tributaria y cuenta con un 15% de la representatividad. Pero esta huelga llega apenas medio año después de otra, convocada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que en esta ocasión no se ha sumado a las movilizaciones.

“Los Técnicos ya advertimos en 2025, con nuestras concentraciones y nuestra huelga, que bajo la aparente normalidad de la AEAT se estaba acumulando un profundo malestar fruto de problemas estructurales que llevan años sin abordarse, entre ellos la congelación de la carrera profesional y el progresivo deterioro de la estructura de la organización”, detalla el presidente del sindicato, Javier Gómez Vergel, a elDiario.es.

Esas tensiones estructurales suman presión a unos equipos cada vez más descontentos y en Gestha hablan de “abandono” y un “deterioro de la estructura y de las expectativas profesionales” de sus funcionarios.

El responsable de UGT Servicios Públicos en la AEAT, Antonio García Soto, coincide en el diagnóstico, pero apunta que apoyan movilizaciones por parte de la plantilla siempre y cuando sea consensuada por todas las centrales representadas en la Agencia. 

Los sindicatos creen que el problema ya se sitúa por encima de la directora general de la AEAT, Soledad Fernández. La propia responsable lo señaló durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta de 2025, cuando reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”.

“La Agencia Tributaria tiene intención, pero es un problema de voluntad política en el sentido de que no le dan las herramientas ni las disposiciones reglamentarias para articular todos los mecanismos necesarios”, señala Burgos, de CSIF, apuntando directamente a los pasillos del Ministerio de Hacienda. El número dos del departamento, Jesús Gascón, ejerce la presidencia de la Agencia y, antes de eso, fue su director general.

CSIF, además del desarrollo profesional, reclama la regulación del teletrabajo en el organismo y el reconocimiento de profesión de riesgo para los compañeros de Vigilancia Aduanera, que ejercen un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes de la dirección de la Agencia Tributaria apuntan que, a pesar del “reducido seguimiento” de los paros parciales convocados por CSIF, la directiva es “consciente de la existencia de una problemática que afecta a la plantilla”. Pero recuerdan que el acuerdo de carrera profesional, firmado en 2007, lo hizo en “un contexto social y jurídico muy distinto al actual” y que, desde entonces, se han llevado a cabo “esfuerzos” para tratar de solventarlo en el margen de sus competencias. “Sin descartar la aprobación de normas en el ámbito correspondiente que permitan alcanzar una solución adecuada”, subrayan.

El reciente revés judicial al fisco por parte de la justicia a cuenta del ‘caso Shakira’ ya caldeó el ambiente, con los inspectores de Hacienda emitiendo una nota en reivindicación de su trabajo. El paro, de 24 horas desde la medianoche del lunes, es un episodio más. Aunque en Madrid, visita del Papa mediante, el foco estará en otro lado.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha enfrentado este jueves al primer examen en la Comisión del Congreso que fiscaliza su cartera con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que presentará Presupuestos para 2027 bajo el brazo. Por cuarta vez en lo que va de legislatura, el Ejecutivo dice que habrá cuentas públicas. Pero, esta vez, y a poco más de un año para el fin del mandato, el Gobierno se ha encontrado con los recelos de sus socios parlamentarios.

“Ayer el presidente anunció que vamos a poner en marcha la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. Mañana mismo se publicará la orden de elaboración y, este mes, el ministro de Economía actualizará el cuadro macro para traer a esta cámara unas cuentas que nazcan del diálogo”, ha desgranado España en su estreno en la Comisión de Hacienda, donde acudió para presentar las líneas fundamentales de su departamento dos meses después de su nombramiento en sustitución de María Jesús Montero.

El anuncio de Sánchez ante el Cercle d’Economia confirmó el elefante en la habitación de que, tras varios retrasos, tampoco habrá unas cuentas actualizadas en 2026 y las de 2023, aprobadas a finales de 2022, seguirán en vigor durante todo el ejercicio. 

Pero, para los socios, el boato con el que el presidente dio el pistoletazo de salida a los Presupuestos del año que viene se aleja de una negociación presupuestaria tradicional y tiene más que ver con la necesidad del Gobierno de ganar oxígeno entre tantos frentes judiciales, e iniciar una larga precampaña que desembocará en la convocatoria de elecciones generales.

“Un anuncio de precampaña”

La portavoz del PNV en la Comisión de Hacienda, Idoia Sagastizabal, ha sido la más clara en su dudas, al plantearle una pregunta muy directa al ministro España: “Llevan anunciando esa negociación mucho tiempo. (...) ¿Es un intento de estirar la legislatura o un déjà vu de lo que ocurrió en 2019?”. En aquel año, el proyecto presupuestario fue tumbado en el Congreso y Sánchez adelantó las generales a abril.

La diputada jeltzale ha reconocido que hubo conversaciones con su grupo parlamentario de cara a unas potenciales cuentas para 2026, ya descartadas, pero ha asegurado que el contexto ha cambiado por completo. No solo por la guerra en Irán, la razón oficial por la que el Ejecutivo retrasó la presentación de una ley que anunciaron para el primer trimestre. También por el estallido de las investigaciones judiciales en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o por la publicación del sumario de la presunta fontanera del PSOE Leire Díez.

“Hubo conversaciones con mi grupo y voluntad de acuerdo, pero ese ya no es nuestro punto de partida. No dé aquella negociación por heredada”, ha advertido Sagastizabal.

La tentación de que la coalición de PSOE y Sumar use esos presupuestos como programa político, aunque sepan que no va a salir adelante, también ha provocado recelos en otro de los socios clave de la legislatura: ERC. La diputada Pilar Vallugera ha asegurado que son “escépticos y críticos” con lo que, directamente, han tachado de “anuncio de precampaña”. “Creemos que, con la tesitura y las circunstancias actuales, seguramente es la necesidad de empezar ya la precampaña”, ha asegurado.

A la reunión de la Comisión no han acudido ni EH Bildu ni Junts, los otros grupos parlamentarios que habitualmente necesita el Gobierno para ahormar sus mayorías. Por el Grupo Mixto, ha sido el representante del BNG, Néstor Rego, quien ha dado el toque de atención al Ejecutivo.

“Permítame que acoja este anuncio con toda prudencias, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la cuarta ocasión, el cuarto año, en que se anuncia la realización de los PGE y, como es bien sabido, en los últimos tres años no llegó a concretarse”, ha afeado.

Una herida en la que ha ahondado el portavoz popular, Pedro Puy: “Ahora dicen que van a traer un Presupuesto. Antes no lo traían porque había incertidumbre a escala internacional. ¿Estamos ante una operación publicitaria porque estamos muy próximos al año electoral?”, se ha cuestionado.

España ha tratado de responder a las dudas de sus socios asegurando que los compromisos adquiridos –y por cumplir– del Gobierno se abordarán en las cuentas públicas. “Vamos a cumplir los acuerdos con los distintos grupos parlamentarios de investidura. (...) Esos compromisos, cuando iniciemos el diálogo, los repasaremos uno a uno y veremos su encaje en el Presupuesto”, ha dicho.

La financiación autonómica será “multilateral”

El ministro de Hacienda se ha reafirmado en que el impulso de las cuentas públicas no solo permitirá tener los primeros presupuestos de la legislatura, sino que permitirá avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica que impulsó la exvicepresidenta Montero.

Esta misma semana, el Ministerio envió una serie de cartas a las comunidades autónomas para citarlas a reuniones bilaterales para abordar el modelo, con el objetivo de desembocar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano multilateral que reúne a la Hacienda nacional con los consejeros regionales– para un último debate antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la mayoría de los gobiernos populares dieron un portazo a esa petición, negándose a esa bilateralidad en la negociación.

“Hubo un CPFF, que es un órgano multilateral, donde se planteó el modelo. En ese consejo la ministra anunció que habría reuniones con los distintos gobiernos autonómicos para luego volver a una mesa multilateral [de nuevo el CPFF] y luego al Congreso de los Diputados”, ha insistido. “Se quiera o no se quiera, el modelo siempre es multilateral porque se decide en el Congreso de los Diputados”, ha zanjado.

Una vez pasado el trámite de la Comisión, el ministro se enfrenta a un fin de curso, antes de las vacaciones de verano, en el que tendrá que presentar la senda de estabilidad para elaborar las cuentas públicas y enviar la reforma del modelo de financiación autonómico al Congreso. También está pendiente la aprobación de la quita de la deuda. “Yo, que soy optimista, intento mirar las cosas hacia delante”, ha asegurado España.

La OCDE ha elevado al 2,2% el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España para el año 2026, una décima más de lo calculado en sus anteriores proyecciones de marzo, y destacan que la actividad económica será “robusta” y “resiliente” a pesar de los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio, que provocarán una ralentización global.

La organización de las economías desarrolladas ha publicado este miércoles la actualización de sus previsiones económicas y, a pesar de la mejora para 2026, mantienen en el 1,7% el avance proyectado para 2027. España es la única gran economía del euro a la que se le revisa el crecimiento al alza, con un avance que casi triplicará al de la zona euro (0,8%) y muy por encima de Alemania (0,7%), Francia (0,7%) e Italia (0,5%).

Si bien la demanda interna de la economía española se mantendrá sólida gracias al “sólido” mercado laboral y el crecimiento de los salarios reales, el encarecimiento de la energía por el conflicto en Irán pesará en la actividad.

La OCDE anticipa una aceleración de los precios, alimentada por el encarecimiento de la energía. El Índice de precios al consumo armonizado subirá al 3,3% en 2026, frente el 2,7% en el que terminó 2025, y se prevé que la inflación se modere al 2,9% el año que viene.

“La exposición de España al conflicto en desarrollo en Oriente Medio es limitada, principalmente a través de unos precios de la energía más altos que han sido parcialmente amortiguados por el paquete de ayudas temporal de 5.000 millones de euros aprobado por el Gobierno”, destaca el organismo en su ficha sobre el país.

El organismo con sede en París subraya el vigor de la economía española en varios aspectos: desde el flujo de crédito a las empresas privadas hasta las exportaciones, a pesar de la guerra comercial desatada por Donald Trump. La inversión, señala la OCDE, se va a reforzar en el horizonte de previsión, gracias a la construcción de vivienda y al despliegue de los fondos europeos, ya en el tramo final.

Sin embargo, un conflicto prolongado en Oriente Medio sigue siendo el principal riesgo a la baja en la economía española, ya que “podría intensificar las disrupciones energéticas” y mantener las presiones sobre los precios. A cambio, podría darle un empujón al turismo en España, al ser considerado un destino más seguro que la competencia en destinos cercanos a Oriente Medio.

Sobre las cuentas públicas, la OCDE anticipa que el déficit se situará en el 2,2% del PIB tanto en 2026 como en 2027. La recaudación sigue con mucho tirón, pero ese avance de los ingresos será compensado por el incremento del gasto en defensa, por las medidas para paliar los efectos de la guerra y por el coste de la actualización de las pensiones, que será mayor de lo previsto por la aceleración de la inflación. La deuda pública se situará ya este año por debajo del 100% del PIB, en el 98,5%, mientras que la ratio se recortará al 97,3% el próximo.

La OCDE plantea priorizar la recuperación del espacio fiscal, empezando por redirigir las medidas aprobadas frente al conflicto hacia los grupos más vulnerables. “Afianzar la senda de consolidación al tiempo que se acelera la reducción del déficit ayudaría a reconstruir los colchones fiscales ante las presiones crecientes del gasto vinculado al envejecimiento”, apunta el organismo.

En materia energética, si bien la OCDE destaca la “sólida expansión de las energías renovables”, pero para que estas ventajas se manifiesten por completo es necesario acelerar los procesos de aprobación de permisos, las inversiones en redes y en almacenamiento energético. Estas medidas, dice la organización, mejorarían la seguridad energética y apoyaría las inversiones y el crecimiento a largo plazo.

El Ministerio de Economía, en una valoración remitida a los medios de comunicación, ha destacado que, con estas previsiones, “España refuerza el liderazgo en crecimiento económico entre las grandes economías europeas”. Y que la OCDE reconoce el vigor del mercado laboral y la efectividad de las medidas desplegadas para hacer frente a los efectos económicos del conflicto.

La economía mundial, “bajo presión”

La OCDE anticipa una desaceleración del crecimiento mundial (2,8%) y de las economías avanzadas (3,0%) en un momento en el que la actividad global “está de nuevo bajo presión”. “Las disrupciones en los cargamentos a través del estrecho de Ormuz, junto con los daños a las infraestructuras energéticas, han disparado los precios de la energía y han incrementado el coste de los fertilizantes y otros insumos críticos para la industria”, dice el economista jefe, Stefano Scarpetta, en la introducción del informe.

Así, diseñan dos escenarios para su previsión de crecimiento: uno con una duración limitada y otro de mayor duración y más consecuencias negativas sobre el tejido productivo. En el peor de los escenarios, la ralentización de la economía mundial sería más acusada (2,1% en 2026) y se ralentizaría hasta el 1,8% en 2027 “empujando potencialmente a algunas economías a la recesión, o cerca”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó al Gobierno que su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica entre en vigor de manera progresiva, lo que daría al Estado margen suficiente para adaptarse “con subidas de impuestos o recortes del gasto” a la pérdida de recursos que tendrá que inyectar en el nuevo sistema.

El organismo abordó las propuestas para las cuentas públicas de las autonomías impulsadas por el Gobierno en su último informe sobre la economía española, el conocido como Artículo IV, publicado hace unas semanas.

La misión del FMI que visitó España evalúa por primera vez el modelo planteado por el Ejecutivo a principios del año, una reforma que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha querido impulsar de nuevo esta misma semana con el arranque de las reuniones bilaterales con cada una de las comunidades autónomas.

“El plan de las autoridades de revisar el sistema de ingresos y transferencias a los gobiernos regionales proveería de recursos adicionales útiles a las comunidades autónomas, pero tiene que abordarse la pérdida implícita en el espacio fiscal del Gobierno central”, dice el informe.

21.000 millones para las comunidades autónomas

Los economistas del FMI se refieren a la inyección adicional de 21.000 millones de euros que el Estado traspasará a las autonomías, según cálculos de Hacienda. Estos fondos procederán de una mayor cesión de impuestos como el IVA y el IRPF, así como de una transferencia extra para recortar las diferencias de financiación por habitante ajustado entre regiones.

“Estos recursos adicionales –valora el FMI– aliviarían la infrafinanciación de algunas comunidades y las equiparía mejor para afrontar las presiones de gasto crecientes vinculadas al envejecimiento en sanidad y protección social”. Pero a cambio de la “pérdida proporcional” del espacio fiscal del Ejecutivo central. Una crítica similar a la esgrimida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su análisis sobre la propuesta, al considerar que resta demasiado margen al Gobierno en un momento en que el gasto en pensiones va en aumento y las inversiones en defensa exigirán una parte importante del Presupuesto.

El objetivo del Gobierno es que, una vez tengan lugar las reuniones con las comunidades, se cite a todas ellas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera –el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros del ramo– y, después, la ley se encamine al Consejo de Ministros para iniciar el trámite parlamentario. La meta es que esté aprobada a finales de año, para que el nuevo sistema entre ya en vigor el 1 de enero de 2027.

Pero desde el FMI proponen que la entrada en vigor del sistema sea progresiva para facilitar su adopción por parte del Estado, que será la parte perjudicada, pero también para asegurar la eficiencia en el gasto por parte de las comunidades.

“Dicha reforma solo debería adoptarse gradualmente para darle tiempo al Gobierno central a compensar la pérdida de ingresos a través de una subida de impuestos o de recortes en el gasto, así como para permitir a las regiones que gasten esos recursos adicionales de manera más eficiente en áreas de alta prioridad”, plantea el fondo.

Una condonación condicionada

Los economistas también entran a valorar la condonación de deuda que propuso el Ejecutivo, que se encuentra en el Congreso de los Diputados a la espera de que los grupos le den impulso. El FMI valora que esto permitirá a las comunidades autónomas reducir el gasto en intereses y también ve bien la eliminación de la Facilidad Financiera y la reforma del conocido Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para convertirlo en un instrumento de último recurso.

Sin embargo, creen que la condonación solo será efectiva si es “excepcional” y limitando el “riesgo moral” al condicionar la asunción del pasivo a un plan de consolidación fiscal “creíble” por parte de las comunidades autónomas que reciban el perdón del Estado.

El informe del FMI también recoge la visión de las autoridades –entre ellas, el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá– en su informe: “en relación con las comunidades autónomas, las autoridades se muestran confiadas en que las reformas propuestas reforzarán el marco general”.

El Gobierno tiene ahora por delante la titánica tarea de ahormar una mayoría en el Congreso de los Diputados que le dé luz verde al proyecto clave de la legislatura, en un momento en el que arrecian las dudas sobre la continuidad del Ejecutivo por los casos de presunta corrupción vinculados al PSOE. La mayoría de las comunidades del PP ya han anunciado que no se sentarán con Hacienda en las reuniones bilaterales. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera –que previsiblemente será antes del verano– el Ejecutivo cuenta con la mayoría de votos y solo necesita el apoyo de una de las comunidades que lidera el PSOE. Ahora la duda es cuándo llegará al debate parlamentario... y si coincide con los Presupuestos, que tienen prioridad en el trámite.

El Ministerio de Hacienda comenzará a llamar por orden estatutario a las comunidades autónoma para iniciar las conversaciones de cara a la aprobación del modelo de financiación autonómica, lo que implica que Catalunya será la primera con la que el Ejecutivo se pondrá en contacto, y ha reclamado a las comunidades lideradas por el PP “voluntad constructiva”, después de que la mayoría ya hayan anunciado que plantarán al Ministerio.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que el orden de aprobación de los Estatutos de Autonomía será la guía para agendar las citas, pero que serán “flexibles” para acomodar los encuentros con los responsables regionales. La primera comunidad en dar luz verde fue el País Vasco, pero cuentan con un régimen foral propio, por lo que la segunda, Catalunya, será la primera a la que llamará el Ejecutivo esta misma tarde.

“Espero que todas quieran sentarse”, ha dicho el titular de Hacienda. El ministro se ha referido específicamente a unas declaraciones de la consejera de Andalucía en funciones, Carolina España, en las que rechazaba la cita con el Ejecutivo central por ser “un juego de distracción”.

También el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que no acudirán a ese encuentro bilateral. “No aceptamos una propuesta que asigna a nuestra Comunidad el 1,29% de los fondos, cuando representamos casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España”, ha aseverado.

Tampoco acudirán otras comunidades como Extremadura, Aragón, Baleares o Cantabria. La Rioja aún quiere más información por parte del Ministerio antes de decidir si ir o no.

Por su parte, la portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marisa López, ha subrayado que su posición no ha cambiado y que “la comunidad peor financiada del sistema actual”, que es la suya, defiende una reforma del modelo de financiación autonómica, pero en un marco multilateral.

“No hay razones para no dialogar”

Para el ministro, no hay razones para no dialogar sobre este sistema de reparto y ha enunciado tres razones que puedan explicar la negativa de los populares: que “no tiene modelo”, que “no priorizan los intereses del territorio, sino lo que dice la calle Génova” o que “no necesitan más recursos”.

“No querer dialogar con el Gobierno y, ahora, querer pedirles favores a Junts y al PNV después de lo que han dicho de ellos... La coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas deberían estudiar”, ha lanzado España.

Preguntado acerca de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno se ha comprometido a presentar sí o sí, el ministro ha insistido en que están “centrados y priorizados” en las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. “Habrá Presupuestos y habrá modelo”, ha dicho.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dado el primer paso para retomar las negociaciones con las comunidades de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica. Así, España ha enviado una carta a cada uno de los consejeros regionales para iniciar una ronda de reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

En una nota de prensa, el Ministerio ha anunciado que será el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien dirija las reuniones con las comunidades autónomas.

Gascón, el que fuera el número dos de la vicepresidenta María Jesús Montero, conoce al detalle el modelo de financiación autonómica que propuso el Ejecutivo a principios de año. Una reforma que el nuevo ministro ha hecho propia. “Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual”, dijo España en una entrevista con elDiario.es.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevan citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

Más de 220.000 millones para las comunidades

El Gobierno se reafirma en el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este lunes que se apruebe un nuevo decreto ley de manera “urgente” que recupere las rebajas fiscales en el IVA de la luz y el gas que han decaído este lunes, 1 de junio, así como que se apruebe de nuevo la prórroga de los alquileres por los efectos de la guerra en Irán. En el Ministerio de Economía apuntaban esta misma mañana que el Gobierno está analizando qué medidas extender en el contexto actual.

Las rebajas fiscales en las facturas de la luz y el gas se incluyeron en uno de los decretos impulsados como consecuencia de las subidas de precios que provocó el conflicto en Oriente Medio. Las medidas estaban en vigor desde el pasado marzo, pero desde este 1 de junio se ha desactivado gradualmente ese paquete por la moderación de la inflación, que se ha contenido en España en el 3,2% en mayo.

Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención en unas jornadas en el Congreso de los Diputados, del colectivo empresarial AlianzAS, para afirmar que es necesario “de manera urgente” un nuevo decreto que prorrogue las medidas decaídas, como el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, briquetas, pellets y leña, que ha pasado este lunes del 10% al 21%.

“Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy”, ha dicho Díaz, que ha insistido en que el alza de los precios se nota en el bolsillo de las familias y de las empresas.

Además la vicepresidenta segunda y líder de Sumar dentro del Gobierno ha insistido en la necesidad de volver a aprobar también la congelación de los contratos de alquiler, que fue rechazada en el Congreso, ya que ha asegurado que es “la emergencia nacional de España” en la actualidad.

El Gobierno analiza qué medidas extender

Fuentes del Ministerio de Economía han apuntado esta mañana que el Ejecutivo analiza los efectos de las medidas desplegadas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán y se reunirá con los agentes sociales para definir cuáles extender o adaptar más allá del 30 de junio.

Este mismo lunes han decaído algunas de las desplegadas en marzo: las rebajas en el IVA de la electricidad y el gas natural, que vuelven al 21%, así como el recorte el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

En el departamento dirigido por Carlos Cuerpo han defendido la efectividad de las ayudas adoptadas para proteger el poder adquisitivo de hogares y empresas, pero se emplazan a reuniones en las próximas semanas con los sectores más afectados “de cara a calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias” una vez expire el plazo del 30 de junio.

Estas mismas fuentes han subrayado que la capacidad de refino del país, así como el despliegue de las renovables, sitúan a la economía española “en mejores condiciones” que el resto de los socios de la Unión Europea para afrontar el verano “con garantías”.

Impuestos y moda no suelen ir de la mano. Pero seis años después del estallido de la pandemia y con la eclosión de los llamados tecnoligarcas —que cada vez acumulan más presencia, poder y riqueza—, los tributos a las grandes fortunas marcan tendencia. De Estados Unidos a Francia, de Dinamarca a Brasil. El eslogan “eat the rich” (comerse a los ricos) ha evolucionado a “tax the rich” (gravad a los ricos). Y, en España, hasta el PP parece estar de acuerdo.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) constata que la imposición sobre la riqueza ha vuelto a una posición central en la agenda académica y política mundial. No solo por las desigualdades crecientes, sino porque las evidencias muestran que, proporcionalmente, las grandes fortunas son capaces de aprovechar mejor los ‘agujeros’ en el sistema para pagar menos que las rentas más bajas. 

El fenómeno, en España, se ha acelerado en la última década, como evidencia el estudio del ‘think tank’ del Ministerio de Hacienda: “En 2017, el 1% más rico de la población poseía el 24% de la riqueza nacional, proporción que aumentó hasta cerca del 30% en 2023. Esto significa que, en un período de seis años, la participación de la riqueza en manos del 1% más rico se incrementó aproximadamente en 6 puntos porcentuales”.

La acumulación de riqueza, dice el estudio, “es un proceso autorreforzante”. Es decir, como una pescadilla que se muerde la cola: “Quienes poseen mayores volúmenes de capital disponen de una mayor capacidad de inversión, lo que genera rendimientos —en forma de intereses y dividendos— que se capitalizan sobre el stock inicial, impulsando un crecimiento de carácter exponencial. Las personas con mayores ingresos tienen una mayor propensión al ahorro, lo que les permite invertir más, a menudo en activos de mayor rentabilidad, lo que, en última instancia, conduce a una mayor acumulación de riqueza”, describen los autores, y se puede ver en el gráfico siguiente.

El trabajo, La fiscalidad de los grandes patrimonios: el estado de la cuestión, recoge las grandes dinámicas a escala internacional no solo con el Impuesto de Patrimonio —que existe, comparativamente, en pocos países del entorno—, sino también con otros gravámenes como a las grandes herencias (que Sumar ya ha propuesto en España), tributos para las donaciones recibidas desde el extranjero, más progresividad en la imposición sobre las rentas del capital o el endurecimiento de los ‘exit taxes’ (impuestos de salida) para aquellos contribuyentes que abandonan el territorio y la residencia fiscal.

De la tasa Zucman en Francia a Mamdani en Nueva York

Quizá la mayor aportación ‘pop’ a esta tendencia internacional ha sido el trabajo del economista francés Gabriel Zucman, que recoge la estela de otro francés, Thomas Piketty, y propuso una tasa anual del 2% a los grandes millonarios, presentada en 2024 durante la presidencia brasileña del G-20. El estudio del economista apuntó que los multimillonarios apenas pagan un 0,3% de impuestos sobre sus fortunas y que, entre 1987 y 2004, el número de multimillonarios ha pasado del 3% al 14% a escala mundial.

“¿Por qué habríamos de permitir que los multimillonarios no pagaran nada?”, se pregunta el propio Zucman en el prefacio de Por qué los multimillonarios no pagan impuestos sobre la renta y cómo vamos a ponerle fin, una pequeña obra editada por Anagrama y que ha visto la luz este mes de mayo. “Los impuestos que no pagan ellos los tienen que pagar otros, ya sea directa o indirectamente, a través de un menor gasto público en educación, sanidad o infraestructuras”, defiende el economista.

Ese argumento de la pescadilla de la riqueza que se come la cola tiene consecuencias no solo en materia de desigualdad o de poder adquisitivo. También repercute en el funcionamiento de la propia democracia: “Mientras no se exija a los ultrarricos que contribuyan todos los años con una cantidad mínima de impuestos, su riqueza seguirá incrementándose más deprisa que la de los demás, al igual que su poder, incluido el de influir en los mercados, en la ideología dominante y en la configuración de las políticas”, advierte.

Con figuras como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Sam Altman (OpenAI) o el propio Donald Trump, ha surgido una ola en el neoliberal Estados Unidos que apuesta por aumentar los impuestos a los más ricos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó una exitosa campaña electoral con esta promesa. Y le llevó a la alcaldía de la Gran Manzana. En California tendrá lugar el próximo noviembre un referéndum sobre la creación de un tributo del 5% a los milmillonarios en su territorio. El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, es uno de los posibles aspirantes a la presidencia en las elecciones de 2028.

Los agujeros de los que se benefician las grandes fortunas

En España, en los últimos años ha cobrado mucho interés no solo la posibilidad de imponer la tasa Zucman, sino también la de reforzar el Impuesto sobre el patrimonio, la figura que debería gravar a estas grandes fortunas. Ya en 2022 se impulsó desde el Gobierno el Impuesto Temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas para compensar las rebajas fiscales impulsadas por los gobiernos regionales del PP. Pero el diseño del tributo al patrimonio sigue teniendo demasiadas lagunas. “Agujeros”, como lo ha descrito Oxfam Intermón en un estudio reciente, por los que se pierden todos los años 8.800 millones de euros.

“Es un impuesto que tiene techo de cristal y pies de barro. Cuando uno mira la cantidad del patrimonio que queda exento estamos hablando del 98%”, resumió hace unos días el coordinador de investigaciones de la ONG, Íñigo Macías, durante una jornada en la que se presentaron las principales conclusiones del informe.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros, y 300.000 para la residencia principal, con tipos impositivos que van del 0,2% al 3,5%. Pero las comunidades autónomas tienen margen para modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales al impuesto.

En una mesa redonda con otros investigadores, la conclusión fue clara: el sistema fiscal no está siendo capaz de reducir las desigualdades, que cada vez son más acusadas. “El 1% y el 5% más rico se han disparado, sobre todo después de la Gran Recesión. Pero, desde 2008 en adelante, uno de los grandes problemas es que se ha dividido entre dos la riqueza del 50% que menos tiene. Son 25 millones de personas que han perdido la mitad de su riqueza neta y esto hace que seamos mucho menos resilientes a los futuros shocks económicos”, resumió Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá. 

La investigadora publicó recientemente un estudio, junto al doctorando Francisco García-Rodríguez, sobre las posibilidades de una reforma del Impuesto de Patrimonio. “¿Podemos con la fiscalidad cambiar la distribución de la riqueza? No. Es imposible. La propuesta más amplia, que es la que propone Piketty en 2014, aplicada a España recaudaría unos 15.000 millones. Con esos 15.000 millones podemos hacer políticas públicas, pero no vamos a cambiar la estructura de la riqueza”, detalló la experta.

La investigadora del Instituto de Estudios Fiscales Nuria Badenes subrayó que “el sistema fiscal está diseñado para una gran mayoría”, que son los trabajadores, no los grandes patrimonios. “Y no es que el sistema esté mal diseñado, pero tenemos que hacer algo para gravar a los más ricos, que no se escapan a un paraíso fiscal, sino que aprovechan las ventajas que les da el sistema”, afirmó. Esos “agujeros” por los que escapan casi 9.000 millones.

Sintonía entre PP, PSOE y Sumar

Y aunque pueda parecer paradójico, parece haber agua en la política española para la piscina que supone un impuesto a los superricos. No hay acuerdo sobre patrimonio, pero PP, PSOE y Sumar mostraron sintonía sobre la posibilidad de gravar a los milmillonarios. 

El diputado popular Pedro Puy, que preside la Comisión de Economía del Congreso, se mostró favorable a un “impuesto global” sobre estas grandes fortunas. “Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, aseveró. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de Sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó. Ideas en las que, más o menos, coincidieron los representantes del PSOE, Juan Antonio González, y de Sumar, Carlos Martín.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, definió la imposición a los que más ganan como una “lucha justa”. “Si se quiere la democracia, se quiere un país justo. Si algo ha demostrado la historia, y lo vemos ahora, es que en los países con un menor nivel de desigualdad, sus economías funcionan mejor y son sociedades más justas”. La moda parece ser que, antes de comerse a los ricos, es mejor freírlos a impuestos.

Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) se sienta con elDiario.es cuando cumple un año siendo la máxima representante de las pymes en España, como presidenta de la patronal Cepyme, e insiste una y otra vez en la necesidad de dar “más voz” a las pequeñas empresas. Tras una dura batalla interna, se impuso su candidatura –impulsada por el líder de la CEOE, Antonio Garamendi– frente a la de su antecesor en el cargo, el granadino Gerardo Cuerva, que algunos sitúan ahora entre los candidatos a disputar el liderazgo de la gran patronal este otoño.

Con un perfil aún desconocido para muchos, Ángela de Miguel destaca su trabajo interno por la “unidad” de las pymes en todo el país y para que se las escuche en las mesas de negociación con el Gobierno. En este terreno también tiene competencia, con patronales alternativas como Conpymes y Pimec que quieren entrar en el diálogo social, algo que rechaza de plano por su escasa representatividad, sostiene.

Acaba de cumplir el primer aniversario como presidenta de Cepyme. ¿Qué valoración hace de este primer año al frente de la patronal de pequeñas y medianas empresas?

Como me comprometí, en este año he visitado 53 territorios y me he reunido con 30 sectoriales, y el sentir general vayas donde vayas es que la pyme es la gran olvidada de las políticas públicas y está pasando una situación muy complicada en un momento de crecimiento económico en España. Y la verdad es que produce mucha tristeza porque muchas veces nuestras pymes no están creciendo, no están saliendo fuera, no están ganando tamaño y no se están creando nuevas empresas por barreras artificiales que estamos colocando, no porque haya un entorno económico de crisis. 

Que en algunos momentos lo hay y ahora previsiblemente puede que nos llegue uno. Entonces, ahí es entendible. Pero ¿por qué estamos poniendo tantas dificultades a nuestras empresas más pequeñas? Cuando hacen una función social, no hacen daño a nadie… Todo lo contrario, son la solución. 

Dentro de la organización, estoy muy contenta. Es un orgullo poder defender a las pymes españolas y lo que percibimos dentro de la organización es muchísima unidad y una problemática común, trabajando todos en la misma dirección.

Mencionaba esa posible crisis, esos efectos que estamos ahora experimentando a cuenta de la guerra en Oriente Medio. Esta semana hubo una reunión con el vicepresidente Cuerpo a la que asistió. ¿Cómo valora las medidas que están en vigor?

Muchas medidas han sido muy positivas, son las que solicitamos. Se han adoptado pronto, sobre todo medidas fiscales y de apoyo a los sectores que van a tener más impacto por el aumento de combustibles o energía, como los transportistas y el sector agro. Hemos visto, y ahí están los resultados, que se ha contenido bastante la inflación. Estamos en el 3,2% que es alta, pero más o menos controlable. Si no se hubieran tomado todas estas medidas estaríamos probablemente en torno a un 4,5%, con una subida mucho mayor de los combustibles. Y esto es escalonado. La subida de precios se queda para siempre. 

¿Y a futuro? ¿Qué medidas cree que deberían tomarse?

Estamos pidiendo que estas medidas se mantengan, porque hay una gran inestabilidad. Fue muy positiva la reunión [con el Gobierno], en la que se está trabajando en futuras medidas, que además se mande un mensaje también para que la empresa pueda hacer su estrategia y diseño a unos meses vista. Cuando te dan ayudas para dos meses es muy complicado organizarte, porque los tiempos en la empresa son muchísimo más largos.  

Entonces, creemos que es importante continuar en el tiempo con estas medidas, que creemos que están funcionando y que se pueden asumir en este momento. Hasta que haya cierta estabilidad y que podamos ver que hay esa contención de precios. 

Es importante continuar en el tiempo con las medidas (por la guerra de Irán), que creemos que están funcionando, hasta que haya cierta estabilidad

El otro día Cepyme lanzó un comunicado advirtiendo de la falta de diálogo social, en concreto en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están las relaciones con el departamento de Yolanda Díaz? 

Hemos estado reunidos prácticamente en toda España, con todas las sectoriales, y hay un sentir general de que a la pyme no se la está escuchando. Entonces hicimos el comunicado conjunto, que salió de abajo para arriba. 

Se pactó una reforma laboral en el año 2021, en la cual renunciamos a una serie de cosas a cambio de que se cediera en otras. Eso es un acuerdo. Desde el año 2022, ha habido 272 modificaciones laborales unilaterales y sin contar con nosotros. Cuando tú renuncias a posiciones para tener una estabilidad en el medio plazo, lo que no puede ser es: ‘Renuncia a todo esto, que en lo que yo he cedido, al día siguiente te lo voy a cambiar por el poder que tengo como gobierno’. 

Se habla mucho de falta de diálogo social, pero ¿no es más una falta de acuerdo? Porque sí que hay negociaciones que se alargan durante muchos meses en las que están presentes haciendo propuestas y negociando, como la Ley de Riesgos laborales o la de la reducción de jornada. 

Para mí el diálogo es diálogo. No que te digan siéntate aquí, esto es lo que hay. Esto son lentejas. Si quieres las comes y si no, también. Si eso lo queremos llamar diálogo, lo llamamos como queramos, pero el diálogo tiene que ser eficaz. 

Nosotros creemos en el artículo 7 de la Constitución Española, somos muy serios y creemos en el diálogo social porque es un pilar fundamental en España, como una institución que nos da fortaleza al país y que ha ayudado mucho a nuestro crecimiento. Y el diálogo social no es que el Ministerio se siente y diga que no va a mover una coma. Yo quiero las 37 horas y media. Y nos sentamos las veces que quieras, pero son 37 horas y media. Eso para mí no es diálogo. Lo podremos disfrazar y vestir de lo que queramos. 

Curiosamente, en ninguna de las últimas reformas ha habido ninguna opción. Nosotros hemos presentado alternativas, sensatas que la empresa puede cumplir. No estamos en contra de las 37 horas y media. Estamos pactando reducciones de horas en la negociación colectiva, pero creemos que debe hacerse cuando se puede y donde se puede. No dejar sin maniobra a todas las pymes, cuando tenemos un tercio en pérdidas. Porque eso va a suponer que no solamente perdamos 15.000 microempresas, como tenemos ahora, sino que a lo mejor habríamos perdido 100.000. 

Cuando hablan de esas 15.000 pequeñas empresas que se están eliminando, ¿no hay también un cambio estructural en cuanto al tamaño de las empresas? Muchas veces se pone como meta aumentar esa capacidad. ¿Cuánto hay de eso o de jubilación o falta de relevo generacional en sectores como el comercio?

Si tienes una población empresarial envejecida y no permites que entren nuevos operadores en el sistema, esto es la crónica de una muerte anunciada. Que, de las que ya están unas crezcan y otras desaparezcan por la razón que sea, en un momento de crecimiento económico, tendrían que estar entrando nuevos emprendedores al sistema. Pero hay unas barreras de entrada que lo están impidiendo. El 50% de las empresas no sobreviven más de cinco años, con lo cual muchas desaparecen. No deberían desaparecer tantas si tuviéramos un ecosistema favorable. Tenemos un tercio de las pymes con pérdidas en España y la gente resiste porque pone su patrimonio personal. Nos está desapareciendo la empresa más pequeña y son muchísimos los servicios y opciones que nos dan. Mañana se te estropea la lavadora y nadie te la va a arreglar. Ya está pasando.

¿Qué problemas detectan en estas empresas?

Uno de los grandísimos problemas es la cantidad de normativa laboral, el aumento de costes laborales y del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en España son 1.900 euros al mes. Al trabajador le llegan 1.200 euros, porque el Estado decide que lleguen 1.200 euros. Pero cuando una empresa y quien contrata y paga el salario mínimo interprofesional tiene que destinar 1.900 euros.

Con el salario mínimo interprofesional, estamos creando la España de las dos velocidades. Hay zonas donde el salario mínimo interprofesional es casi el 80% del salario medio del territorio. Con lo cual, cuando tú te sientas a negociar con los sindicatos solo puedes negociar el 20% de los salarios. 

En esos territorios, la capacidad de negociación, de mejora, la capacidad que tienes tú para competir e igualar a otras zonas que van mucho más avanzadas en España van mejor, te las están reduciendo prácticamente a cero. Y recordamos que, cuando nosotros fijamos salario, lo fijamos de acuerdo con los trabajadores, que saben la realidad de la empresa y hasta dónde pueden llegar. Y las empresas sabemos qué necesitan nuestros trabajadores. Lo que más queremos en nuestras empresas es a nuestros equipos. Sobre todo en las pymes, donde las relaciones laborales son horizontales, cuasi familiares.

¿Y temen la llegada de Vox a gobiernos autonómicos o al central en un futuro? Porque su postura respecto al diálogo social ha sido tratar de eliminar algunas instituciones clave de mediación laboral, como el SERLA en su comunidad autónoma, y defiende eliminar todo tipo de subvención a los agentes sociales.

Nosotros defendemos el diálogo social porque creemos en él y nos dan igual las siglas. Nosotros no estamos en política, hablamos de políticas públicas. Si hay un Ministerio de Trabajo que está tratando de reducir el diálogo social, porque cuando fijo el salario del 80% de los trabajadores, lo estoy eliminando de facto, y si hay otros que dicen que lo quieren eliminar, nosotros vamos a estar ahí, defendiendo el diálogo social. Porque creemos que es importante como país. Los países con instituciones independientes y libres son los más prósperos. Nos da igual la sigla y, cuando alguien haga una política pública que considero que no es la adecuada, la denunciaré.

Mencionaba usted la reducción de la jornada laboral. El Gobierno está inmerso en la reforma del registro horario. ¿Tan difícil es que las pymes puedan tener un registro digital?

Sí, claro. Para empezar, ¿qué vamos a hacer en todos los pueblos y el mundo rural, donde no hay conexión? Además, la pyme española no cuenta con un técnico en su organización. Hay muchísimas empresas pequeñitas en las que la gente no tiene herramientas. Además, las relaciones con los trabajadores de las pymes son de muchísima confianza. No necesitas introducir elementos que no están pensados para una organización horizontal, que están pensados para organizaciones en vertical. ¿Alguien piensa que cuando una persona lleva 20 años trabajando contigo y te dice que tiene que llevar al niño al médico, tiene que rellenar un papel, pedir un permiso, hablar con Recursos Humanos que no existe…? Supone obligar a hacer una inversión a empresas en las que, en muchos casos, el empresario gana menos que el trabajador.

Estamos abiertos a negociar el acuerdo de salarios, pero a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable

El último acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC) terminó su vigencia a finales del año pasado. Los sindicatos ya han presentado sus propuestas, pero no sabemos cómo van las negociaciones. ¿Nos puede dar algún avance?

Estamos en el diálogo social y abiertos a negociar. Pero en unas circunstancias como las que estamos ahora mismo, a veces es difícil llegar a acuerdos cuando la situación es tan inestable. ¿Se van a aplicar las 37,5 horas? ¿Me vas a subir el salario mínimo interprofesional? ¿Para qué voy a negociar un salario si ya me lo va a fijar el Gobierno? Nosotros estamos totalmente a favor de tener un marco preparado y necesitamos que acompañe una estabilidad que nos permita hacer una previsión a las empresas. 

¿Y es posible que sea este año?

Todo es posible. Hay que tener buena voluntad por parte de todos, por supuesto. Estamos muy dispuestos a llegar a acuerdos porque creemos que dan un marco estable fundamental para las empresas.

¿Cómo cree que puede afectar al emprendimiento y a la falta de mano de obra el proceso de regularización impulsado por el Gobierno?

Una de las cosas que le hemos dicho al Gobierno es que hay que vincular esa regularización al empleo. Tenemos que derivar a todas esas personas que estamos regularizando hacia el empleo, porque ahora tenemos dos millones de vacantes sin cubrir en España. Es muy importante acercar a estas personas que se van a regularizar a la formación habilitante, que permitirá cubrir muchas vacantes. Porque, si no, vamos a tener un problema como país.

En cuanto a la actualidad política, estos días estamos conociendo muchas informaciones con respecto a presuntos casos de corrupción. ¿Qué valoración hacen desde Cepyme? ¿Debería el Gobierno convocar elecciones o la oposición presentar una moción de censura?

Nosotros en temas políticos no entramos. Creemos en la estabilidad de las instituciones, porque cuando estamos en un entorno más estable, la economía va mejor y la vida de todos los ciudadanos va mejor. El resto de vicisitudes las tendrán que decir nuestros representantes. 

Pero, cuando hablamos de corrupción, nos fijamos muchas veces en los corruptos y no en los corruptores, que muchas veces son empresarios. ¿Cómo deben castigarse estos comportamientos?

Ya se está castigando. Pero no hay que olvidar que muchas veces no son empresarios, es gente que ha constituido una sociedad. Esto lo quiero distinguir, porque muchas veces son amigos del poder que constituyen una sociedad cuyos ingresos provienen de operaciones con el poder público. A mí me cuesta llamarlo empresario. Para mí esa gente son delincuentes que han constituido una sociedad limitada. Un empresario es el que se levanta todas la mañana, diseña su plan de negocio, invierte su dinero, genera riqueza y empleo y trabaja todos los días. Necesitamos que haya unas reglas claras y juego limpio. Los que más perdemos con este tipo de cosas somos las empresas porque, además del dinero público que se va con la corrupción, perdemos la capacidad de que nuestras mejores empresas y talento puedan crecer. Necesitamos un entorno que permita competir y que el mejor consiga el contrato.

Antes ha mencionado que Cepyme estaba muy unida. ¿Cómo se ha trabajado para volver a la unidad este año? Porque las elecciones que ganó fueron muy duras, reñidas, y salió de esa votación una imagen de división dentro de las pequeñas y medianas empresas.

A los que creemos en la democracia nos parece fantástico que haya diferentes opciones y los empresarios en general somos muy pragmáticos. Es decir, yo puedo tener una posición distinta, pero luego mi presidente es mi presidente y, al día siguiente, todos estamos trabajando por la organización. Estamos ahí por el compromiso de defender a nuestras pymes. Eso está muy por encima de cualquier otra cosa que pueda salir. 

Hay un rumor en el mundo empresarial, ya que este año se tienen que convocar elecciones a la presidencia de CEOE, de que su predecesor, Gerardo Cuerva, se presente a la presidencia de la patronal. ¿Se ve trabajando mano a mano con él como presidente?

Tengo buena relación con Gerardo Cuerva y, por supuesto, trabajaré mano a mano con el que sea mi presidente de CEOE. Evidentemente, no lo he ocultado y no lo voy a ocultar, creo que Antonio Garamendi es un grandísimo presidente y, si decide presentarse, espero que lo siga siendo. Soy demócrata y respeto siempre las decisiones de la mayoría.

La representatividad la tiene Cepyme. Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso

El Gobierno ha planteado una reforma de la representatividad empresarial que podría abrir espacio a otras organizaciones patronales de pymes, como son Conpymes o la catalana Pimec. ¿Teme que Cepyme quede relegada por la entrada de estos actores?

Creo en el diálogo social y en la representatividad y ningún gobierno puede cambiar las reglas del juego para dar un espacio a quien sus representados no se lo han dado. Es como en el Parlamento: nos puede gustar un partido que no tenga representación parlamentaria y podemos creer que debe de estar. Pero si la mayoría de los ciudadanos no lo votan, no lo han votado. Si la gran mayoría de las empresas que pagan sus cuotas a organizaciones empresariales están adheridas a Cepyme, la representatividad la tiene Cepyme.

Que se quiera hacer trampas vía cambios de la ley para colocar a alguien a quien las empresas no le están dando su apoyo nos parece muy peligroso. Nosotros negociamos más de 4.000 convenios colectivos en España. ¿Cómo se puede discutir nuestra representatividad?

El Índice de Precios al Consumo (IPC) cierra mayo en el 3,2%, misma cifra que la registrada en abril y dos décimas por debajo del pico de marzo, justo cuando estalló el conflicto en Oriente Medio, a pesar de la incertidumbre por los precios globales de la energía. El dato se conoce cuando apenas quedan unos días para que expire parte de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, mientras el Ejecutivo se replantea qué alivios mantener más allá del 30 de junio.

Los datos de la inflación publicados este viernes confirman una cierta estabilización del efecto de la guerra en la economía española que, a diferencia de lo sucedido con la invasión rusa de Ucrania, no se ha trasladado a los precios de la electricidad. Es por esto que a partir del próximo lunes 1 de junio expiran las rebajas del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. El alivio sobre el IVA del carburante, así como el resto de medidas fiscales, seguirán en vigor hasta el 30 de junio.

Sin embargo, el IPC subyacente -que excluye de su cálculo los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos, por lo que los economistas lo consideran la inflación núcleo del sistema productivo- sí repuntó una décima, hasta el 2,9%. Esto implica que ya se estaría recogiendo parte del incremento del precio de los carburantes de manera estructural en el resto de bienes de servicios.

Los alimentos se mantienen estables

De acuerdo con el INE, en la estabilidad del índice general han influido varios factores. Al alza, las categorías de transporte y actividades recreativas, en tanto que sus precios descendieron este mayo menos que el mismo mes del año pasado.

Y a la baja, la caída de los precios del vestido y el calzado, mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas se han mantenido estables frente a las subidas de precio registradas el año pasado.

Los precios mensuales -es decir, los de mayo sobre los de abril- avanzaron solo una décima. El indicador del IPC armonizado, que es el que utiliza una cesta común de productos y que se emplea para las comparaciones con el resto de países europeos, registró un alza del 3,6%, una décima más que en abril.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía ha subrayado que esta estabilidad en el indicador “confirma que el plan de respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares”.

La cartera que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo, que esta semana mantuvo una reunión con patronales y sindicatos para valorar el efecto de las medidas desplegadas hasta ahora, asegura que “seguirá monitorizando la evolución de los precios de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados”.

Parecía imposible en el ambiente enrarecido de la política española, pero apareció un oasis en el temprano verano madrileño en el que PP, PSOE y Sumar se pusieron de acuerdo en uno de los asuntos que más los aleja: los impuestos. Y, en concreto, los partidos que sustentan al Gobierno y la principal formación de la oposición coincidieron en que hay que gravar más a los superricos.

Durante una jornada sobre fiscalidad organizada este lunes por Oxfam Intermón, donde presentaron los resultados de su último estudio sobre el Impuesto de Patrimonio, portavoces de los tres partidos en la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja escenificaron un consenso insólito a escasos metros del Palacio del Congreso. Pedro Puy (PP), Juan Antonio González (PSOE) y Carlos Martín (Sumar) vieron necesario implantar en España un esquema similar a la tasa Zucman, el modelo ideado por el economista francés para gravar con un 2% a aquellas grandes fortunas superiores al 2% anual.

Puy se esforzó por explicar por qué el PP, que es un profundo detractor del Impuesto al Patrimonio --el que grava la riqueza en España–, sí estaría a favor de esa tasa a los grandísimos patrimonios “generados como consecuencia de los cambios tecnológicos y la aparición de compañías gigantescas”.

“Hay una serie de mecanismos fiscales que podrían ser más efectivos que el Impuesto de Patrimonio”, dijo el diputado, que alegó la complejidad del tributo y su difícil aplicación. Y, más allá, de un modelo concreto, el popular llamó a “pensar por qué se acumula tanta riqueza”. “Repensar si el impuesto de sociedades está bien hecho, si está bien hecha la tributación de los dividendos en el caso de las personas físicas, si las ganancias de capital tributan adecuadamente y, por supuesto, el Impuesto de sucesiones, que es el mecanismo que mejor hace que se perpetúen las diferencias”, reflexionó Puy.

Un “infierno patronal”

El portavoz de Sumar a punto estuvo de echarse a aplaudir. Tras meses jugando la baza del “infierno fiscal”, el PP se sentó a debatir con argumentos y sin eslóganes. De hecho, fue el propio Martín quien evocó el purgatorio. Pero, en su caso, “patronal”. Porque la productividad ha crecido más en las últimas décadas que los salarios. Y la “inflación de beneficios” en la cesta de la compra o el mercado de la vivienda no hace sino “canibalizar” los sueldos más bajos.

El socialista González valoró que la tasa Zucman está vinculada a la “democracia, la igualdad y el modelo de país que queremos construir”. “Estar de acuerdo con la tasa Zucman no es un gesto simbólico, es una respuesta seria. La riqueza extrema está cada vez más concentrada y cada vez contribuye menos”, aseveró.

Pero no pudo evitar atizar al PP, cuya política fiscal en las comunidades que gobierna ha pasado por bajar o bonificar los impuestos de patrimonio y de sucesiones, tributos cedidos a los ejecutivos regionales. “En mi tierra [Extremadura], gobiernos de PP y Vox bonificaron el 100% del impuesto. Y, mientras hacían esto con una mano, con la otra le pedían al Gobierno de España que mejorara su financiación autonómica. Es decir, ‘yo invito a esta ronda, pero la va a pagar otro’”.

Bustinduy cita a León XIV

La jornada, celebrada en el Círculo de Bellas Artes, arrancó con la intervención del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha defendido en los últimos meses que España imponga el gravamen del francés para financiar una ayuda universal por crianza. Y, para defenderlo, tiró del papa León XIV, que este lunes advirtió en su primera encíclica de los peligros de la Inteligencia Artificial.

“Estamos a las puertas de una revolución industrial de una profundidad y de unas consecuencias probablemente inimaginables a día de hoy”, aseguró Bustinduy. “Nos aproximamos a una era de profundas sacudidas económicas en nuestros sistemas de producción que van a producir una enorme liberación de tiempo social (...). Y la pregunta es qué es lo que va a suceder, a dónde va a ir, cómo se va a repartir y quién se lo a apropiar”, insistió.

La clausura corrió a cuenta del ministro de Hacienda, Arcadi España, que puso en valor la “isla” que había supuesto la “conversación de país” entre fuerzas progresistas y conservadoras. “Algunos plantean un debate en este país sobre impuestos sí o impuestos no”, insistió el responsable de las cuentas públicas, que aseguró que cada vez se demoniza más el papel del fisco.

“No voy a decir nombres porque no me dedico a cantar ni a gente que canta”, ironizó España, aludiendo sutilmente al caso Shakira. “No puede ser que sean tratados como héroes personas que van a otros sitios para pagar menos”, zanjó.

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) defiende la “labor esencial” que ejercen para el Estado del Bienestar, tras las “descalificaciones reiteradas” a su trabajo al hilo del 'caso Shakira' o por la campaña del bufete estadounidense Amsterdam & Partners en el que se tachaba de “carterista” a la Agencia Tributaria.

En un comunicado enviado este lunes, la organización profesional asevera que las críticas “han traspasado el límite de lo razonable” y que presentar a los inspectores como “adversarios del contribuyente” solo favorece “a quienes eluden sus obligaciones fiscales”.

IHE responde así a las críticas a raíz de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que tumbó el procedimiento de la Agencia Tributaria contra la cantante Shakira al considerar que en 2011 no era residente fiscal en el país. Sí lo fue entre 2012 y 2014, ejercicios en los que la artista reconoció haber defraudado al fisco.

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, declaró la cantante tras conocerse el fallo a su favor.

No son “carteristas”

El comunicado responde también a los ataques por parte del bufete Amsterdam & Partners, que pagó un anuncio en el 'Financial Times' acusando a la Hacienda española de de ser “carterista” por las inspecciones a los beneficiados por la Ley Beckham. A raíz del caso Shakira, el despacho estadounidense ha insistido en que el fisco español funciona como una “mafia”.

“La crítica legítima debe apoyarse en datos, fundamento y objetividad. No es admisible la construcción de relatos o descalificaciones personales que erosionan injustamente la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas”, aseveran los funcionarios en la nota. Una “labor esencial para el Estado del bienestar”, dicen, “investigando estructuras cada vez más sofisticadas que causan un grave perjuicio al erario público”.

El comunicado también critica el contexto de “incertidumbre” vinculada a las investigaciones por corrupción, así como los cambios legislativos que pueden afectarles, como aquellos vinculados a la financiación autónomica.

“Por todo ello, pedimos respeto hacia un colectivo cuya profesionalidad no puede ponerse en duda y hacemos un llamamiento a la opinión pública, y a todos nuestros ciudadanos para que contribuyan a un debate respetuoso y serio sobre la fiscalidad en España y sobre su administración”, zanjan.