Los tres diputados de Sumar que denunciaron al Banco de España en 2023 por no entregarles la información de las ganancias que reciben la banca por ‘aparcar’ su liquidez en el Eurosistema –lo que se conoce como “facilidad de depósito”– han recurrido a la justicia la decisión del gobernador José Luis Escrivá de ofrecerles un acceso reservado a información, después de que el Tribunal Supremo reconociera su derecho a esos datos, y piden que se les entregue “en el plazo máximo de cinco días”.

Así, han presentado un incidente de ejecución por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el acceso a la información de los diputados “porque no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político”, de acuerdo con el fallo al que ha tenido acceso elDiario.es. Pero también confirmó el carácter reservado de la misma al afectar a datos del negocio de las entidades, que era lo que argumentaba la institución para no dar publicidad a los datos.

La entidad resolvió dar cumplimiento a la sentencia enviando una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que ponía a disposición de los diputados una sala de lectura con la información desagregada por entidades bancarias de cuánto han recibido por ‘aparcar’ su dinero en el Eurosistema, un privilegio solo disponible para la banca.

En el escrito presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, los diputados Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago alegan que “la interpretación del Banco de España vacía el fallo de su contenido propio, porque sustituye la entrega por una exhibición controlada por la propia Administración que denegó la información y perdió el litigio”. El conflicto se retrotrae a 2023, cuando los tres diputados llevaron al supervisor ante la justicia por su negativa de desglosar por entidades financieras los intereses abonados por la facilidad de depósito.

Los diputados se comprometen a la confidencialidad

Así, subrayan que si el Tribunal Supremo –donde recurrieron en casación la decisión primera de la Audiencia Nacional– hubiese querido reconocer “únicamente un derecho de presencia física para examinar datos en una sala del Banco de España, lo habría dicho”. Y apuntan también que el conflicto no es entre dos instituciones (Banco de España y Congreso de los Diputados), sino entre el supervisor y los tres diputados denunciantes. Es por esto que la institución que preside Escrivá “no puede desplazar el centro de gravedad de la ejecución hacia una relación institucional con el Congreso ni convertir a un órgano ajeno al proceso en presupuesto de cumplimiento”.

En el recurso, los tres diputados se abren a “adoptar medidas razonables de confidencialidad” en el caso de que se les entregue dicha información, pero insisten en que “no cabe sustituir la entrega por una consulta en la sede del Banco de España”.

Es por ello que reclaman a la Audiencia Nacional que se le requiera al supervisor a entregar, “en el plazo máximo de cinco días”, “toda la información desglosada por entidad de crédito sobre los intereses por facilidades de depósito abonados por el Banco de España durante los ejercicios 2022 y 2023” y que se haga “en soporte documental completo y verificable, ya sea en papel en sobre cerrado o en soporte electrónico cifrado, con firma de recibí y expresa advertencia de confidencialidad”. Y se abre a la posibilidad de que esa recepción se produzca ante la Secretaría de la Sala de la Audiencia Nacional pero “sin que ello pueda convertirse en una mera consulta presencial en la sede del Banco de España”.

Además, requieren que se “aperciba expresamente” tanto al gobernador como a los responsables administrativos “de que el incumplimiento del requerimiento judicial podrá dar lugar a la imposición de multas coercitivas”.

“Su actitud obstruccionista revela que confunde autonomía con soberanía”, señaló, a través de su cuenta en la red social X, el diputado Carlos Martín. Una soberanía, indican desde el entorno de los denunciantes, que sigue estando representada en las Cortes Generales, por lo que los diputados deberían tener acceso a esta información para su labor de control.

Fuentes del Banco de España consultadas por esta decisión reiteran que la institución tiene capacidad, a la vista de la sentencia del Supremo, para imponer las medidas que consideren oportunas para garantizar la reserva de esos datos. En este sentido, la propuesta de poner a disposición de los tres diputados una sala de lectura, dicen, ya se aplicó para los trabajos de la comisión de investigación de la quiebra de las cajas de ahorros en la crisis financiera y cumple a rajatabla con lo dictado por la justicia.

Según los últimos datos de 2025, publicados en las cuentas anuales del supervisor, el Banco de España abonó algo más de 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26%. En total, en los tres últimos años desde que el Banco Central Europeo comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria, han recibido unos 20.000 millones de euros.

Los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz han cerrado el curso político con un acuerdo de calado: la reforma del registro horario para endurecerlo y convertirlo en digital e interoperable por la Inspección de Trabajo se aprobará a la vuelta del verano, en septiembre, una vez el Ejecutivo cierre los últimos flecos para salvar las objeciones que puso el Consejo de Estado a su redacción.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo el acuerdo con el Ministerio de Economía pasa por que el real decreto (reglamento) con la reforma no se apruebe antes del 31 de julio, como reclamaban los sindicatos y se había comprometido la propia Yolanda Díaz, sino que se haga al arranque del curso. El concurso de Carlos Cuerpo era necesario ya que preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el 'Consejillo' de ministros económicos que masca los grandes asuntos del área antes de cada reunión semanal del gabinete y la mesa donde estaba 'atascado' el proyecto.

A cambio, indican las mismas fuentes, el acuerdo desbloquea la norma clave para el departamento de Yolanda Díaz, que vino a sustituir el espíritu de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, una vez esta decayó en el Congreso.

Un año de espera

El real decreto saldrá de la mesa del Consejo de Ministros prácticamente un año después de que pasara, en primera ronda, por dicha reunión. El reglamento se ha retrasado no solo por las reticencias expresadas por el Ministerio de Economía, sino también por los dos informes demoledores del Consejo de Estado y de la Agencia de Protección de Datos durante la tramitación de la norma. Ambos informes preceptivos y no vinculantes, pero que servirían de base para cualquier recurso contra el nuevo registro horario. Algo que la patronal ya se plantea hacer en cuanto esté en vigor.

El Consejo de Estado puso en duda que el vehículo legal, un real decreto, fuera el adecuado para los cambios que plantea la cartera de Yolanda Díaz. “Lo que puede la ley no lo puede el reglamento”, dijo el órgano consultivo que ahora lidera la exvicepresidenta Carmen Calvo. Un decreto que “no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.

Además, el Consejo citaba en su informe una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en el que se cuestionaba “que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros” al registro, “ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos”.

El propio Ministerio de Economía también planteó sus reservas sobre los plazos de su entrada en vigor, como adelantó este periódico. En un informe previo al dictamen del Consejo de Estado, reclamó un periodo transitorio de un año para su implementación en las pymes, en lugar de los 20 días que contempla la norma redactada por Trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo señalan que ahora es el momento de cerrar los detalles técnicos que permitan salvar las objeciones presentadas por el Consejo de Estado sin tocar las líneas principales del registro horario: es decir, que sea completamente digital, interoperable y permita acabar con el fraude de las horas extra sin pagar.

La vicepresidenta Díaz se confesó esta misma semana, tras el Consejo de Ministros del martes, “muy optimista” por el devenir del registro horario, asegurando que estaba “prácticamente listo” para sacarlo adelante. “Esta vulneración e irregularidad manifiesta se va a acabar”, dijo la titular de Trabajo.

Precisamente la aprobación del registro horario fue una de las cuestiones que la diputada de Sumar Aina Vidal reprochó al vicepresidente Cuerpo este jueves durante el Pleno extraordinario del Congreso en el que se aprobó la extensión de las medidas por la guerra en Irán. Preguntado por esta cuestión en una entrevista reciente, Cuerpo, que siempre ha defendido la implantación “equilibrada” de esta norma, defendió que era un proyecto “importante”. “Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas”, dijo.

La decisión de llevar esta norma a septiembre coincidirá, también, con la campaña de Díaz para hacerse con la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una votación prevista para noviembre y cuyo mandato comenzaría en octubre del año próximo. Ya con la legislatura acabada.

El Congreso ha tumbado con los votos del PP, Vox y Junts la senda de estabilidad, la segunda vez en diez días que los diputados vetan los objetivos de déficit de Hacienda, dando una agridulce derrota al Ejecutivo: si bien tumban el primer paso parlamentario para los Presupuestos, ahora el Gobierno se va con la vía libre para redactarlos y presentarlos a la vuelta del verano.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha acudido al Pleno extraordinario que cierra el curso político antes del verano con la certeza de que se enfrentaba a una derrota casi segura. En declaraciones públicas a su llegada al Congreso mostraba su “confianza” en que, singularmente, los diputados del PP, hubieran reconsiderado su postura.

“Espero que hayan reflexionado sobre lo que es perder dinero para sus comunidades autónomas, 5.800 millones de euros”, ha dicho España. Esa cifra sale de sumar el 0,1% de déficit público en el que podrían incurrir las comunidades autónomas durante los próximos tres años de haberse aprobado los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno.

“¿Prefieren la derrota del Gobierno o tener 5.849 millones de margen fiscal más para sus comunidades autónomas? Hoy tienen una nueva oportunidad para decidir. Espero que hayan reflexionado y que no opten por el bloqueo, y sí por la construcción para obtener más recursos para el conjunto de las comunidades autónomas”, ha asegurado el ministro, ya desde la tribuna del Congreso.

Los diputados han optado, de nuevo, por el bloqueo, usando los mismos argumentos que se utilizaron hace solo una semana, un debate con una cierta sensación de déjà vu, como lo ha definido la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal. Tanto es así que el popular José Vicente Marí ha esgrimido el diario de sesiones con su intervención anterior. “No puede proponer una senda para el futuro porque usted representa el pasado”, ha dicho.

Así, los objetivos de estabilidad han caído con 178 votos en contra de PP, Vox, Junts y el diputado de UPN; frente a los 167 a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Podemos se ha abstenido y la diputada de Compromís en el grupo mixto, también.

Presupuestos tras el verano

El Gobierno ha apretado para dejar finiquitada antes de irse de vacaciones la tramitación de la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas, y ha asumido como “puro trámite” la segunda votación al respecto, tras ser rechazada la senda al primer intento la semana pasada. Tanto es así que ni siquiera la portavoz, Elma Saiz, mencionó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había dado luz verde a los mismos objetivos que tumbó el Congreso: un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Con la segunda derrota, el Ejecutivo podrá iniciar septiembre teniendo la sartén por el mango y controlando los tiempos para presentar su proyecto de Presupuestos. El Gobierno argumenta que el rechazo a la senda de estabilidad no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. E interpreta, por tanto, que podrá presentar Cuentas públicas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028.

Esas son las mismas cifras que incluye la senda que se lleva a votación, pero el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas no contempla un reparto por administraciones, esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales. Desde el Gobierno argumentan que, en ese caso, es la Carta Magna la que prima, lo que obligaría a las comunidades a presupuestar en equilibrio (tantos gastos como ingresos). Es decir, sin esos 5.850 millones de euros de margen que sí tendrían si se aprobara la senda de estabilidad, en la cual el Ejecutivo les había permitido un margen presupuestario del 0,1% cada año.

El Ejecutivo, de momento, no se marca fechas para alcanzar el siguiente hito: la presentación de los Presupuestos. La Constitución fija que estos deben entrar en el Congreso tres meses antes de que finalice el año, es decir, el 30 de septiembre como tarde, aunque no sería la primera vez que se saltan esta referencia constitucional. En una entrevista este fin de semana, el ministro de Hacienda, Arcadi España, apuntó a octubre como horizonte “razonable” para la presentación de las cuentas públicas. Pero, ante unos Presupuestos que pueden precipitar y fijar los tiempos de un adelanto electoral, en la Moncloa no quieren pillarse los dedos.

El Gobierno ha salvado el escudo anticrisis por la guerra en Irán, que prorroga las rebajas fiscales a los carburantes y despliega ayudas a los sectores más afectados como el campo o los transportistas, atando los votos de sus socios habituales y consigue un importante balón de óxigeno en el último Pleno del curso. Todo ello pese a la derrota prevista en los objetivos de estabilidad, el primer paso para los Presupuestos de 2027.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha encargado de defender el Real Decreto-Ley aprobado a finales de junio, cuando el conflicto parecía encarrilado hacia el fin de las hostilidades, y que incluía la desaparición progresiva de los alivios a los hogares en los carburantes. El 'número dos' del Ejecutivo ha reconocido la “volatilidad aumentada” del conflicto y ha puesto en valor el diseño “prudente” de las medidas, que incluye una cláusula de reactivación de las rebajas fiscales para una potencial –como así ha sucedido– reactivación de la guerra.

“La reactivación de los ataques en los últimos días nos recuerda que, pese a los grandes avances, nuestra dependencia energética exterior sigue teniendo costes elevados, sobre todo fuera del ámbito eléctrico”, ha señalado el ministro. Pero el Gobierno considera que las medidas están funcionando para “hacer frente a las consecuencias más inmediatas” de la guerra en los hogares y empresas y que, a pesar de que se subieron los tipos del IVA para articular el alivio fiscal a través del Impuesto especial sobre hidrocarburos, las rebajas siguen llegando.

El Real Decreto ha sido aprobado por 175 votos a favor, con la abstención del PP.

Los socios advierten que no es un “cheque en blanco”

El Ejecutivo ha ahormado una mayoría a su izquierda y a su derecha, con el apoyo muy crítico de partidos como Podemos o Unión del Pueblo Navarro (UPN). Así, el diputado morado Javier Sánchez Serna ha asegurado que no bloquearán la convalidación del decreto, pero ha sido muy crítico con las rebajas fiscales aprobadas. Ha insistido en que las petroleras “no necesitan más regalos” tras conocer los resultados de Repsol, conocidos este mismo jueves, que ha cuatriplicado sus beneficios por las subidas de los carburantes. “¿Son políticas de un Gobierno progresista o de izquierdas? Nosotros creemos que no”, ha subrayado.

Junts ha confirmado su apoyo al decreto aunque lo ha tachado de “insuficiente” y con “agravios”, al expirar la rebaja del IVA en la electricidad. “¿Saben cuánta gente tendrá un problema cuando abra la factura? Precisamente en uno de los momentos de máximo consumo eléctrico del año, y en medio de las olas de calor, ustedes suben el IVA del 10 al 21%, provocando sobrecoste en los ciudadanos”, ha dicho el neoconvergente Josep Maria Cruset.

ERC también ha avanzado su voto a favor, pero remarcando que no es un “cheque en blanco”, sino un “sí exigente”. “Vemos bien que protejan a consumidores vulnerables y que refuercen las medidas en renovables y energéticas. (...) Pero eliminar un impuesto no es suficiente si no aumentan luego otros”, ha aseverado la republicana Teresa Jordà.

Críticas incluso desde el socio de coalición del PSOE, Sumar, cuya diputada, Aina Vidal, ha criticado a Cuerpo que aún no se haya aprobado la reforma del registro horario impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Cuando uno trabaja y no se le paga, es un robo, a la Seguridad Social y al trabajador”, ha dicho, reclamando al Gobierno ir más allá de resistir.

“¿Por qué no tributar las rentas per cápita, o que las familias tengan que pelear para que los niños enfermos puedan compatibilizar asistir de vez en cuando a clase? ¿Por qué no asumir que esta administración tiene unas deudas con el ingreso mínimo vital y fue un error de la administración? ¿Por qué no asegurar que el crecimiento llegue a las familias y trabajadores?”, se ha preguntado.

Por su parte, el PP, que no ha anunciado si votará a favor o en contra, ha acusado al Gobierno de subir los impuestos a las familias, ya que se sustituyen las rebajas en el IVA por alivios a través del tributo de hidrocarburos: “Ante una crisis energética no pueden ustedes subir los impuestos”, ha dicho el diputado popular Jaime de Olano.

Olano ha lanzado un duro mensaje al Ejecutivo, a quien ha acusado de ser “más corruptos que pésimos gestores” y de no hacer “políticas sociales”, sino “políticas socialistas donde la gente sufre y algún socialista se forra”.

Las medidas estarán en vigor hasta octubre

El decreto debatido este jueves articula una rebaja en el impuesto especial de hidrocarburos que desaparecerá de manera progresiva hasta octubre. Los cálculos del Gobierno pasan por que esta rebaja será de 20 céntimos por litro en julio; en agosto, de 15 céntimos por litro; en septiembre, de 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos.

Además, el Gobierno incluyó una cláusula automática de reactivación de la rebaja, por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los carburantes supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

El Real Decreto-Ley también suprime progresivamente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como impuesto del 7% a la generación, sobre el que ya actuó en el primer paquete normativo para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Así, el tributo se reduce un 30% durante el tercer trimestre de 2026, un 40% durante el cuarto trimestre, un 50% durante todo 2027 –situándose en el tipo de gravamen en el 3,5%– y desaparece totalmente en 2028.

Asimismo, el Real Decreto-Ley incluye la prórroga en la prohibición del despido por razones vinculadas al conflicto en Oriente Medio, así como ayudas condicionadas a planes de movilidad sostenible para trabajadores.

El Gobierno ha decidido proponer a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata a directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo clave de Naciones Unidas para los derechos laborales. La elección está prevista para el próximo noviembre y el mandato, en cualquier caso, no comenzaría hasta octubre de 2027.

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la candidatura de Yolanda Díaz a través de un mensaje en la red social X, calificando de “honor” la promoción de su vicepresidenta segunda. De ser elegida como directora general, sería la primera vez que una mujer y España estarían al frente de “esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social”, ha destacado el jefe del Ejecutivo.

La OIT es el único organismo de Naciones Unidas en el que están representados no solo los países, sino también los agentes sociales, como sindicatos y patronales. “Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social”, subrayan desde La Moncloa.

El anuncio llega después de una intensa gira internacional en la que Yolanda Díaz, en las últimas semanas, ha visitado países como Estados Unidos, Senegal o China, y ha mantenido numerosas reuniones con responsables públicos de los 187 países miembros del organismo.

“La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas. Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional”, ha dicho la Díaz en un mensaje a través de su cuenta en Bluesky, que ha replicado en inglés y en francés, los idiomas oficiales del organismo. “Vamos a hacerlo juntas y juntos”, ha concluido.

Una candidata para una OIT “en crisis”

La vicepresidenta Díaz ya participó en la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra (Suiza), donde tiene su sede la organización. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, dijo con solemnidad. Antes de entrar, ya había apuntado directamente como causante a la Casa Blanca, ahora en manos de Donald Trump, quien lleva tiempo retrasando el pago de los fondos comprometidos al organismo. “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, aseveró ante los medios de comunicación.

Yolanda Díaz ya había anunciado hace tiempo que no solo no sería la líder de Sumar en las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, sino que tampoco concurriría como candidata a un escaño en el Congreso de los Diputados, dando por hecho su salida de la primera línea de la política nacional.

Si bien el Ministerio de Trabajo desmintió los primeros rumores, el anuncio de hoy confirma que Díaz es la apuesta española para tratar de dar un revulsivo a este organismo. “Con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social”, destaca el comunicado del Ejecutivo.

El Gobierno tenía de plazo hasta el 31 de agosto para postular sus candidaturas al liderazgo de la organización, mientras que las elecciones están previstas para el 16 de noviembre. En caso de resultar elegida, el mandato no arrancaría hasta octubre de 2027, con la legislatura ya finiquitada tiempo atrás.

“Como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos. Durante estos años, se impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, que ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia”, glosan desde La Moncloa.

La propuesta de Díaz choca con la candidatura de otro compañero de gabinete que también aspira a un alto cargo en el sistema de Naciones Unidas: el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien el Gobierno ha postulado a la presidencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). La elección, en este caso, no está prevista hasta junio del año próximo, por lo que queda todavía recorrido en el caso de que las aspiraciones a la OIT no prosperen.

El Congreso de los Diputados celebrará este jueves la última sesión plenaria antes del parón del mes de agosto. Y lo hará, como es habitual, intentando dejar cerrados varios de los asuntos pendientes antes de dar carpetazo al primer periodo de sesiones de 2026. El principal de ellos es la senda de estabilidad presupuestaria. El Gobierno da por descontado que se apuntará una nueva derrota después de la de la semana pasada, cuando PP, Vox y Junts tumbaron por primera vez el cuadro económico, primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el Ejecutivo sí confía en sacar adelante otras tantas votaciones, entre ellas la convalidación del decreto con el que mantuvo vigentes algunas de las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Irán, entre ellas las rebajas en las gasolinas.

El último pleno del curso político será lo que en el argot parlamentario se conoce como un “pleno escoba”, una larga sesión en la que se acumularán multitud de temas. El Gobierno ha apretado para dejar finiquitada antes de irse de vacaciones la tramitación de la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas, y ha asumido como “puro trámite” la segunda votación al respecto, tras ser rechazada la senda al primer intento la semana pasada. Tanto es así que ni siquiera la portavoz, Elma Saiz, mencionó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había dado luz verde a los mismos objetivos que tumbó el Congreso hace poco más de siete días: un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029.

Con una derrota de este jueves casi asegurada, ese capítulo quedará cerrado y el Ejecutivo podrá iniciar septiembre teniendo la sartén por el mango y controlando los tiempos para presentar su proyecto de Presupuestos, que tendrá mucho de escaparate de cara a unas elecciones generales que el presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar al primer trimestre de 2027. El Gobierno argumenta que el rechazo a la senda de estabilidad no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. E interpreta, por tanto, que podrá presentar Cuentas públicas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028.

Esas son las mismas cifras que incluye la senda que se lleva a votación, pero el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas no contempla un reparto por administraciones, esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales. Desde el Gobierno argumentan que, en ese caso, es la Carta Magna la que prima, lo que obligaría a las comunidades a presupuestar en equilibrio (tantos gastos como ingresos). Es decir, sin esos 5.850 millones de euros de margen que sí tendrían si se aprobara la senda de estabilidad, en la cual el Ejecutivo les había permitido un margen presupuestario del 0,1% cada año.

El Ejecutivo, de momento, no se marca fechas para alcanzar el siguiente hito: la presentación de los Presupuestos. La Constitución fija que estos deben entrar en el Congreso tres meses antes de que finalice el año, es decir, el 30 de septiembre como tarde, aunque no sería la primera vez que se saltan esta referencia constitucional. En una entrevista este fin de semana, el ministro de Hacienda, Arcadi España, apuntó a octubre como horizonte “razonable” para la presentación de las cuentas públicas. Pero, ante unos Presupuestos que pueden precipitar y fijar los tiempos de un adelanto electoral, en la Moncloa no quieren pillarse los dedos.

El decreto anticrisis, mejor encaminado

Más allá de la derrota asegurada en la senda de estabilidad, el pleno escoba también permitirá al Gobierno coger algo de oxígeno para irse de vacaciones presumiendo de triunfos parlamentarios. La convalidación del decreto anticrisis, aprobado a finales de junio, es uno de los puntos que tiene más opciones de salir adelante, puesto que la Moncloa ha tenido la precaución de incluir en el mismo la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una demanda de Junts que permitirá a los independentistas apuntarse un tanto si apoyan el texto. El paquete de medidas contiene ayudas por valor de más de 1.800 millones de euros, entre las que se cuentan el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para agricultores y transportistas.

El decreto, asimismo, contempla ayudas para los hogares y consumidores no profesionales, aunque el Gobierno irá reduciendo paulatinamente el alcance de la medida, que se vehicula a través del impuesto especial de hidrocarburos y no a través del IVA, como se hizo hasta el 30 de junio. En julio, la rebaja en el carburante es de 20 céntimos por litro; en agosto, se reducirá hasta los 15 céntimos por litro; en septiembre, volverá a bajar hasta los 10 céntimos; y en octubre se recortará hasta los 5 céntimos. Se ha incluido una cláusula automática de reactivación de la rebaja por la que se elevará hasta los 20 céntimos/litro si la inflación de los combustibles supera el 15%. También se aplicará a los precios de la electricidad y del gas natural, activándose en el caso de que se disparen en ese mismo porcentaje.

Y, aunque las medidas anticrisis y el punto y final de los objetivos de estabilidad se llevarán buena parte de los focos en el pleno, los diputados tendrán también que decidir si convalidan la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas. Ese decreto permite, desde finales de junio, que los asalariados públicos –no los funcionarios ni estatutarios– compatibilicen una reducción de su jornada laboral con la pensión.

Por otra parte, el Congreso abordará el último trámite de la conocida como pasarela de los mutualistas al RETA –el régimen especial de autónomos–, después de que el Senado aprobara, con enmiendas, el proyecto de ley que permitirá un ‘rescate público’ a colectivos como abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros. El pleno todavía puede eliminar los cambios que incluyó el Senado en el texto, de gran complejidad, que volvió a excluir a los ya jubilados (salvo los casos de viudedad), mientras que abrió el paso a quienes tienen más de 15 años cotizados y, por tanto, derecho a una pensión.

La condonación de la deuda

La traca final para despedir el curso político también incluye el debate de totalidad al proyecto de ley para la condonación de la deuda pública autonómica, uno de los grandes compromisos del Gobierno con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez, en 2023. Tras meses atascada en la Comisión de Hacienda, la quita de la deuda pasa por su primer examen parlamentario. Tanto Vox como el PP registraron enmiendas para devolver el proyecto de ley al Gobierno, pero está previsto que la norma supere este primer trámite para comenzar su recorrido legislativo.

Por último, el Congreso también tiene previsto dejar cerrada de forma definitiva este miércoles la reforma del reglamento promovida por los socios progresistas del Gobierno (y apoyada por PSOE y Sumar) para rebajar los requisitos para formar grupo parlamentario. La reforma, impulsada ante el temor de que el bloque derechista acabe la próxima legislatura con la tradicional manga ancha que da la Mesa de la Cámara Baja para que los partidos pequeños —también los conservadores— no se queden sin las ventajas que ofrece tener grupo, es rechazada de plano por PP y Vox.

El Gobierno ha entregado este viernes a las Cortes Generales el detalle de las inversiones estatales por comunidades autónomas, una cifra que superó los 15.300 millones de euros en 2025, pero que arroja grandes diferencias una vez se reparte por población. Así, una persona de Murcia o de Galicia recibió casi seis veces más en inversiones que un habitante de las Islas Canarias.

Los datos recogidos por la Intervención General del Estado, a los que ha tenido acceso elDiario.es, colocan a Madrid (3.218 millones de euros), la Comunitat Valenciana (1.738 millones) y Andalucía (1.620 millones) como las regiones en las que más invirtió el Estado el pasado ejercicio. Cifras, las de este podio, muy lejanas de las comunidades en las que asignó menos recursos el Estado: La Rioja (92 millones), Navarra (188 millones) o Canarias (228 millones).

Pero la historia cambia con contundencia una vez se distribuye cada euro de inversión por habitante. Un murciano recibió 590 euros de inversión estatal el año pasado, muy cerca de lo que percibió cada habitante gallego (582 euros), pero muy lejos de lo que se asignó a un canario (101 euros) o un residente en Catalunya (163 euros), las regiones que se encuentran a la cola.

Es verdad que este cálculo excluye las inversiones realizadas por el Estado en los servicios centrales, el extranjero o que directamente no pueden ser regionalizadas, que alcanzan los 10.400 millones de euros; pero da una visión de cómo se repartió la prórroga presupuestaria de 2025 entre las distintas comunidades autónomas.

La prórroga –en 2025 no se aprobaron Presupuestos, sino que las cuentas en vigor son las de 2023– es la razón por la cual no es posible imputar un porcentaje de ejecución a las inversiones presupuestadas, sino que el Gobierno se limita a informar de lo ejecutado el año pasado. Todos los datos se pueden comprobar en la tabla que aparece bajo estas líneas.

Así, 11 comunidades (con la ciudad autónoma de Melilla) reciben menos de 400 euros de inversión por habitante, frente a 8 (incluyendo a Ceuta) que superan holgadamente esa cifra.

Madrid recibe 7 puntos más de lo que corresponde a su población

La comparación por habitante es la más justa que se puede realizar, aunque las diferencias en función de las aportaciones al total del producto interior bruto (PIB) nacional o sobre el porcentaje de población también son relevantes.

Madrid percibió cerca del 21% de la inversión total, por encima de su peso en la economía nacional (19,8%) y mucho más de lo que correspondería en función de su población (14,5%). Todo esto sin tener en cuenta que gran parte de las inversiones en servicios centrales tienen su sede en la capital.

Catalunya, que es la segunda economía española (19%), apenas recibe un 8,6% de la inversión total, la mitad de lo que le correspondería en función de su población (16,5% del total).

Andalucía es también una de las perjudicadas en el reparto, a pesar de situarse en el podio en términos brutos. La comunidad más poblada (17,7%), y que concentra un 13,3% de la economía española, solo recibe un 10,5% de la inversión del año pasado.

Al otro lado, casos como el de Galicia supone recibir el doble (10,2%) de su peso económico (5,1%) y poblacional (5,5%), un ejemplo que se repite en Murcia, que concentra el 6,1% de las inversiones, representando un 2,7% del total de la economía española y concentrando el 3,2% de la población. Algo similar a lo que ocurre en Castilla y León, que se lleva un 7,9% de las inversiones con un 4,9% de la población y un 4,6% del total de la economía. Bajo estas líneas se puede ver la comparación en función de la población, por cada una de las comunidades.

Junts habla de “asfixia” a Catalunya

Catalunya es una de las comunidades donde con más lupa se miran estas cifras, en las que la comunidad sale año tras año en la cola de la inversión estatal. Además, el Ministerio dejó de publicar este dato hace dos años, por lo que una de las reivindicaciones habituales de Junts ante el PSOE era volver a conocer estas cifras, al igual que las balanzas fiscales.

Sobre la inversión territorializada conocida este viernes, Junts ha vuelto a poner el grito en el cielo. Catalunya recibe “menos de la mitad de lo que le correspondería por peso económico y población”, ha dicho la portavoz independentista, Mònica Sales, que ha opinado que Catalunya sufre una “asfixia premeditada en forma de déficit fiscal y de inversiones”.

En el lado opuesto, la consellera de Economía del Govern catalán, Alicia Romero, ha destacado el crecimiento de la inversión en Catalunya en términos totales, ya que se invierte, ha dicho, “prácticamente el doble que en 2018”. Romero ha asegurado además que “se consolida la tendencia al alza” de la inversión del Estado en Catalunya, aunque ha reconocido que le gustaría que el aumento fuese más importante.

Estas cifras, probablemente, avivarán el debate sobre la viabilidad de unos Presupuestos para 2027 que el Gobierno está decidido a presentar y para los que ya ha prometido unos recursos récord para las comunidades autónomas. Pero si el objetivo es convencer a Junts de que negocie las cuentas, y primero permita la aprobación de la senda de déficit, las cifras presentadas este viernes tienen poco de zanahoria y mucho de palo.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Iberdrola y ha levantado la sanción de 25 millones de euros que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015, que multó a la compañía por haber manipulado el mercado para subir artificialmente los precios y llevarse un beneficio económico de 21,5 millones. Unos hechos por los que la energética fue absuelta en 2024.

En una sentencia fechada el 8 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sigue la estela del fallo de la Sala de lo Penal de enero de 2024, en el que se absolvió a la energética de haber alterado los precios durante el llamado 'tarifazo', cuando el Gobierno —entonces en manos del Partido Popular— decidió no cubrir los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse el 1 de enero de 2014. Pocos días después se produjo una escalada de precios que, entonces, se vinculó con esta decisión política.

En concreto, la práctica de la que se acusó a Iberdrola Generación —la filial dedicada a la producción eléctrica— fue la de elevar los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.

Ahora, la Audiencia Nacional considera que la multa ha de levantarse ya que los hechos por los que se impuso “son sustancialmente análogos” a los ya juzgados, por los que no cabe lugar la sanción “muy grave” que la CNMC impuso amparándose en la Ley del Sector Eléctrico.

La sentencia incide en el tirón de orejas al supervisor que dio la Sala de lo Penal, al apuntar que el procedimiento por el que se investigó el perjuicio “se basó en meras estimaciones” y se consideró “un sistema ad hoc creado exclusivamente para este caso concreto”, adoleciendo de “graves deficiencias” y con sus “variables fundamentales (...) siendo modificadas subjetivamente”.

La Sala de lo Penal también dio por probado que los operadores de mercado de Iberdrola actuaron de forma autónoma, sin instrucciones de sus superiores, descartando la existencia de una actuación dolosa en la fijación de las ofertas.

El Ministerio de Economía ha dado un plazo de 30 días al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que detalle qué instrumentos financieros va a poner en marcha para desplegar España Crece, el llamado “fondo soberano” con el que el Gobierno quiere mantener el impulso del Plan de Recuperación tras su finalización el próximo 31 de agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la Estrategia de Inversión del fondo España Crece, la orden aprobada por el Gobierno que fija las parcelas básicas a las que estará enfocado el instrumento y que es uno de los hitos cruciales para que la Comisión Europea abone el séptimo desembolso de los fondos europeos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó el año con el anuncio de este fondo soberano. Con la inyección de más de 13.600 millones de euros (10.800 en ampliación de capital y 2.800 en transferencias) procedentes de los fondos europeos al ICO, el Gobierno pretende movilizar 120.000 millones de euros, entre financiación pública y privada.

En concreto, y de manera similar a las prioridades desplegadas en el Plan de Recuperación original, España Crece financiará actuaciones en sectores económicos con alta productividad y elevado potencial de transformación; en el ámbito de la vivienda, especialmente para el desarrollo de alquileres asequibles o sociales; en inversiones 'verdes', como desarrollo de energías renovables o de adaptación climática; y también se enfocará a financiar a las pymes y “otras prioridades estratégicas alineadas con las orientaciones de política económica nacional o europea”.

Es en este último epígrafe donde se encuadrarán algunas inversiones en el ámbito de la Defensa. Un ámbito donde el presidente del ICO, Manuel Illueca, ya ha avanzado que serán “estratégicas” y “a largo plazo”, no a la manera oportunista que trabajan otros fondos.

Estarán excluidas, eso sí, inversiones vinculadas a combustibles fósiles, aquellas con altas emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos contaminantes o el “procesamiento de combustibles nucleares y producción de energía nuclear”.

“La actuación del ICO en el marco de este programa se orientará por criterios de potencial de desarrollo en la economía española, capacidad transformadora, coherencia con los objetivos generales del país y la plena complementariedad respecto a la iniciativa privada”, destaca la orden firmada por el vicepresidente Carlos Cuerpo.

Un informe antes del 31 de agosto

El ICO tendrá 30 días a partir de este 15 de julio para aprobar la Estrategia de Inversión donde se definan los instrumentos financieros con los que se pondrá en marcha España Crece con un “carácter indicativo”. Eso sí, tendrá que definir qué importes se asignará a cada área, los potenciales beneficiarios finales –“que deberán tener alguna vinculación con la Unión Europea”–, las operaciones financiables y el multiplicador del apalancamiento esperado. Es decir, cuántos euros privados esperan atraer por cada euro público.

Además, ese documento tendrá que detallar cómo se asignarán algunos componentes subvencionables (el desarrollo contempla algunas ayudas, especialmente en el desarrollo de vivienda), los requisitos de etiquetado de las inversiones y cuál es el calendario que se prevé para su implementación.

La orden también establece que el ICO tendrá que publicar un informe anual con la información detallada de las medidas adoptadas para ejecutar su estrategia de inversión, así como las que prevé adoptar. El primer informe lo tendrá que enviar “en todo caso antes del 31 de agosto de 2026”, la fecha en la que tendrán que estar ejecutadas todas las inversiones y reformas vinculadas al Plan de Recuperación.

Este mes, además, el Ejecutivo prevé aprobar la reforma de los estatutos del ICO, como avanzó el vicepresidente Cuerpo durante una comparecencia parlamentaria la pasada semana.

El Gobierno solicitará en septiembre el séptimo desembolso, valorado en 25.000 millones de euros, que la Comisión Europea deberá transferir al Tesoro Público antes del 31 de diciembre.

El INE ha confirmado este miércoles que la inflación cerró junio en el 3,2%, la misma tasa por tercer mes consecutivo, ya que la bajada de los carburantes y la moderación de los precios de la alimentación compensaron las subidas de la electricidad tras expirar la rebaja temporal del IVA.

Los datos publicados por Estadística confirman que el Plan de Respuesta ante la guerra en Oriente Medio sirvió para aplacar las subidas del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante los tres meses que estuvo en vigor. El Gobierno aprobó a finales del mes de junio otro paquete fiscal que prorrogaba algunas medidas pero, en el caso del alivio a los carburantes, sustituía la rebaja del IVA por un recorte en el Impuesto especial de hidrocarburos.

En junio, la inflación se mantuvo estable porque los precios de los combustibles para vehículos personales bajaron, en comparación con el mismo mes del año anterior. Mientras que los de la electricidad subieron con más intensidad que hace un año. En términos mensuales (los precios de junio sobre los de mayo), la luz subió un 16,1%, en tanto que los combustibles cayeron un 5,1%.

Una lectura positiva de los datos del IPC de junio es que la inflación subyacente –la que se calcula excluyendo los precios más volátiles de los alimentos frescos y la energía– se moderó una décima, hasta el 2,9%. Esto aleja algunos temores de que la subida de precios haya podido consolidarse en el tejido productivo, lo que alimentaría potenciales efectos de segunda ronda, haciendo más complicado despegarse del shock inflacionario.

Además, los alimentos y bebidas no alcohólicas también moderaron su subida al 1,9%, tres décimas por debajo de lo registrado en mayo, y la tasa más baja desde principios de 2025. Uno de los temores de los economistas y del Gobierno era que la subida de precios de la energía y de los fertilizantes se trasladara a los alimentos a una velocidad similar a como sucedió tras la invasión rusa de Ucrania. Algo que, después de tres meses, no ha sucedido.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía ha subrayado que las medidas adoptadas han permitido recortar en un punto porcentual la subida de los precios. “Esta estabilidad corrobora que el plan de respuesta del Gobierno sigue cumpliendo su objetivo: amortiguar el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación y proteger el poder adquisitivo de los hogares”, indican desde la cartera que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo.

Por comunidades autónomas, Madrid fue la región donde más subieron los precios (3,8%). Por encima de la media nacional se situaron también Cantabria (3,5%), Baleares y Canarias (3,4% ambas) y Galicia (3,3%).

Extremadura fue la región con un menor alza de la inflación: 2,4%. Otras diez comunidades registraron incrementos inferiores a la media nacional: Ceuta (2,6%), Navarra (2,7%), Asturas (2,7%), Melilla (2,8%), Andalucía (2,8%), Aragón (2,9%), La Rioja (3,0%), Murcia (3,0%), Castilla-La Mancha (3,1%) y Castilla y León (3,1%).

Las tres regiones restantes (Catalunya, Comunitat Valenciana y País Vasco) se situaron en la media nacional (3,2%).

El Congreso de los Diputados ha tumbado con los votos de PP, Vox y Junts la senda de estabilidad del Gobierno, el primer trámite de los Presupuestos, asestando el primer golpe a unas cuentas públicas aún por redactar, que el Ejecutivo está decidido a presentar a la vuelta del verano.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ya había asumido que este martes saldría del hemiciclo con una derrota segura, después de que Junts, cuyos votos son necesarios para arrancar este primer examen, haya confirmado su 'no' a los objetivos de déficit del Ejecutivo, y de que Podemos haya mostrado su oposición por el aumento del gasto en Defensa.

“Hoy algunos intentan presentar esta votación como una victoria o una derrota del Gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si quieren que las comunidades autónomas dispongan de más o menos recursos, si queremos dotar de mayor certidumbre y estabilidad a comunidades autónomas y ayuntamintos, si queremos una senda compatible con el crecimiento y la cohesión social o una más restrictiva”, ha sostenido España desde la tribuna del Congreso.

El ministro de Hacienda ha defendido ante el Congreso los 'números rojos' en los que incurrirá el Estado en los próximos años, con un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029, siendo la Administración General del Estado quien asumirá el ajuste. Las comunidades autónomas, por su parte, dispondrán, según esta senda, de un margen del 0,1% cada año, 5.580 millones de euros para gastar más durante el trienio.

La senda de estabilidad ha sido rechazada con 178 votos en contra de PP, Vox, Junts y el diputado de UPN; frente a los 167 a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. Podemos se ha abstenido.

A pesar de su decaída, el Ministerio de Hacienda está decidido a acelerar la presentación de los Presupuestos y el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la misma senda de déficit para llevarla a votación en el próximo Pleno extraordinario, que se celebrará el jueves 23.

Un vacío legal y un informe de la Abogacía del Estado

Si los objetivos de estabilidad son rechazados, la Ley de Estabilidad Presupuestaria da 30 días al Ejecutivo para aprobar otro acuerdo con la senda (que puede ser la misma) para que se vote de nuevo en el Congreso. Pero la ley no dice qué hacer en el caso de que los tumben en dos ocasiones. En el Ejecutivo, ya a finales del año pasado, argumentaron que el rechazo a este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, de acuerdo con un informe de la Abogacía del Estado encargado por Hacienda.

De ahí las prisas del Ministerio por cumplir con los trámites. Sin objetivos en vigor, el Ejecutivo podría hacer sus Cuentas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y, sin un reparto por Administraciones en vigor –esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales–, en Hacienda dan por hecho que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio. Es decir, sin esos 5.850 millones de euros.

El Gobierno ha asumido la previsible derrota en los objetivos de estabilidad, el primer examen parlamentario a unos Presupuestos para 2027 que todavía no se han presentado, pero el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reclamado “responsabilidad” a los grupos parlamentarios, ante una senda de déficit que daría más margen de gasto a las comunidades autónomas. La mayor parte de ellas, gobernadas por el PP.

“Hoy algunos intentan presentar esta votación como una victoria o una derrota del Gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si quieren que las comunidades autónomas dispongan de más o menos recursos, si queremos dotar de mayor certidumbre y estabilidad a comunidades autónomas y ayuntamintos, si queremos una senda compatible con el crecimiento y la cohesión social o una más restrictiva”, ha defendido España desde la tribuna del Congreso.

El Gobierno ha llevado hoy a un Pleno extraordinario el acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad para los próximos tres años, el primer trámite en el Congreso para la elaboración de las cuentas públicas. Y lo ha hecho sabiendo que contaba con la negativa de Junts, que ya votó en contra en 2026 y en 2025, y con la abstención de Podemos, que esgrime el aumento del gasto militar para abstenerse.

“De cada 100 euros que se repartirían ustedes, propone dar solo uno a Catalunya. Eso sí, de cada 100 euros, los catalanes tendremos que pagar 21. Lo que ustedes proponen hoy es evidente que es una estafa para Catalunya y ustedes no pueden contar con los siete votos de Junts para poder aprobarlo”, ha dicho el diputado Josep Maria Cruset, adelantando su voto en contra.

El ministro de Hacienda ha defendido ante el Congreso los 'números rojos' en los que incurrirá el Estado en los próximos años, con un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029, siendo la Administración General del Estado quien asumirá el ajuste. Las comunidades autónomas, por su parte, dispondrán, según esta senda, de un margen del 0,1% cada año, 5.580 millones de euros para gastar más durante el trienio.

“Reitero el llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que actúen con responsabilidad, pensando en el interés general y evitando debates estériles”, ha reclamado España.

Sin éxito. El PP, que gobierna en la mayoría de comunidades y se vería beneficiado por los números aprobados por el Gobierno, ha avanzado su negativa. “Ha presentado un acuerdo de senda de estabilidad cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de españoles es la dimisión del señor Sánchez”, ha dicho José Vicente María, el 'popular' encargado de dar la replica al ministro de Hacienda.

Más catastrofista ha sido José María Figaredo, de Vox, que ha dicho que los números del país son “un puñetero desastre”. “Es usted, señor ministro, el que se encuentra gestionando la Hacienda pública en este auténtico desastre. Está hundiéndose el barco con usted al timón”, ha dicho, en un momento en el que la recaudación está en máximos, el déficit en mínimos y la deuda pública ya está en niveles previos a la pandemia.

A favor de la senda de estabilidad, aunque con críticas al Gobierno, se han mostrado Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria y el BNG.

“Nos hubiera gustado que incorporase objetivos asimétricos por comunidades autónomas”, ha lamentado el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín.

La diputada de ERC Teresa Jordà ha subrayado que votarán a favor no “porque pensemos que el Gobierno del Estado ya ha cumplido” con los acuerdos alcanzados con su formación, sino porque quieren “dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”.

Para el PNV, su voto a favor se explica porque es el escenario “menos perjudicial” de los posibles, ha dicho la diputada Idoia Sagastizabal. “La alternativa es peor, porque son unos objetivos de déficit más restrictivos”, ha señalado, anticipando que el apoyo al déficit “no anticipa” el voto a los Presupuestos.

Dos votaciones y un vacío legal

Si los objetivos de estabilidad decaen, la Ley de Estabilidad Presupuestaria da 30 días al Ejecutivo para aprobar otro acuerdo con la senda (que puede ser la misma) para que se vote de nuevo en el Congreso. Pero la ley no dice qué hacer en el caso de que los tumben en dos ocasiones. En el Ejecutivo, ya a finales del año pasado, argumentaron que el rechazo a este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.

Así, sin objetivos en vigor, el Ejecutivo podría hacer sus Cuentas con las referencias acordadas con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las reglas fiscales: un déficit del 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y, sin un reparto por Administraciones en vigor –esto es, cuánto corresponde al Gobierno central, a los autonómicos y a las entidades locales–, en Hacienda dan por hecho que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio. Es decir, sin esos 5.850 millones de euros.

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al nombramiento del catedrático Juan José Ganuza como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el apoyo del Gobierno y sus socios habituales, frente al rechazo del PP y Junts.

Los candidatos a incorporarse al consejo de Competencia han comparecido este martes en el Congreso, un trámite preceptivo para avalar la designación que hizo el Consejo de Ministros el pasado 23 de junio. Además de Ganuza, los diputados han aprobado la designación de tres nuevos consejeros por un mandato de seis años: Carmen Balsa, Joan Capdevila y Marina Echebarría.

La mayoría de la Comisión ha avalado los nombramientos, con 19 votos a favor y 17 en contra, y ha desestimado los vetos que han presentado tanto PP como Vox a los nombramientos de los cuatro nuevos miembros de la CNMC.

Durante su intervención, Ganuza se ha definido como un “apasionado de la competencia”, que es “un mecanismo para reducir la desigualdad”. El ya presidente de la CNMC ha defendido que el mayor reto al que se enfrenta el supervisor están relacionados con la “competencia extrema” que suponen la economía digital y el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Esto obliga, ha dicho el ya presidente de la CNMC, a actuar no solo 'ex post', sino con nuevas herramientas que eviten el “abuso de posiciones de dominio”.

“Soy un apasionado de la competencia. Creo firmemente que democratiza los mercados, abarata los precios, traslada las mejoras de productividad a los salarios de los trabajadores e incentiva a las empresas a innovar”, ha dicho.

El nuevo presidente de la CNMC, que sustituye a Cani Fernández al frente del 'zar' que supervisa los sectores regulados, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Carlos III. Catedrático de Economía y Empresa en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, se ha especializado en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública y dirigió durante más de una década el máster de Competencia y Regulación de la Barcelona School of Economics.

Además, desde 2014 es el responsable de la División de Regulación y Competencia de Funcas, el 'think-tank' de la Fundación de las Antiguas Cajas de Ahorro, y preside el Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación, que depende del Ministerio de Ciencia.

Un exdiputado, la exjefa de gabinete de Calviño y una catedrática

Junto al nuevo presidente, se incorporan como vocal Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño entre 2018 y 2021 y, ahora, responsable de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán. Balsa, que es técnico comercial y economista del Estado, cuenta con una dilatada experiencia en la Administración pública española y en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Fue subdirectora de Estudios de la División de Promoción de la Competencia de la CNC, organismo que se integró en la CNMC, entre 2008 y 2009. Ha defendido durante su comparecencia el “honor” de sumarse al consejo de la CNMC.

También Joan Capdevila, exdiputado de ERC (2015-2024) y exdelegado del Govern de Catalunya en Madrid (2024-2025), que se desempeñó en su época en el Congreso en las comisiones de Industria, Transición Ecológica y Economía. Precisamente ha glosado esta experiencia y su trabajo “en más de 30 proyectos de ley”, lo que le ha permitido, a su juicio, “saber de la intersercción entre norma, mercado, empresa, consumidor y administración”. “Una experiencia presumo que útil para un órgano colegiado que debe decidir sobre problemas en los que la norma jurídica, el análisis económico, la realidad sectorial y el impacto social se cruzan constantemente”, ha señalado.

Por su parte, Marina Echebarría es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid, cuya investigación académica se ha especializado en ámbitos como el Derecho de la distribución comercial, los mercados electrónicos y las nuevas tecnologías. Echebarría, nombrada en 2020 la primera catedrática trans de España, fue candidata de IU-Sumar en las elecciones de Castilla y León del pasado mes de marzo.

La jurista ha asegurado que no pretende ser “experta” en los ocho sectores regulados de la CNMC pero se ha confiado a su “experiencia y capacidad de aprendizaje” para tomar las mejores decisiones en su órgano colegiado y hacer frente a los “abusos explotativos” vinculados a las posiciones dominantes en los mercados, lo que puede favorecer “actos desleales” que tengan incidencia en el derecho de la competencia.

Los diputados se han despedido con un sentido aplauso de Cani Fernández, presente en la sala mientras defendían su idoneidad los nuevos consejeros de la CNMC, cuyo mandato caducó el pasado mes de junio.

El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria para lanzar la nueva financiación autonómica después del verano y este martes se reunirá el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para mascar la letra pequeña que el Ministerio de Hacienda envió el pasado viernes a las comunidades autónomas del régimen común (esto es, sin las forales País Vasco y Navarra). El objetivo: llegar a que el nuevo modelo entre en vigor a 1 de enero de 2027, aunque los trámites parlamentarios y el resto de la burocracia que conlleva después probablemente lo lleve más allá de esa fecha.

El texto de la nueva financiación autonómica, al que ha tenido acceso elDiario.es, diseña un modelo en el que prima la voluntariedad del sistema –las comunidades decidirán no solo si se adhieren al nuevo formato, sino si participan de algunos de los mecanismos puestos en marcha– y que busca cumplir el “compromiso político de proporcionar mayores recursos” a los Gobiernos regionales. En concreto, cerca de 21.000 millones, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Estos recursos adicionales para las comunidades autónomas se traducen en una mayor cesión de impuestos tan relevantes como el IRPF o el IVA; la incorporación oficial al modelo de algunos tributos que ya estaban cedidos (como el de la banca); dos fondos de redistribución horizontal (entre comunidades) y vertical (desde el Estado); así como de fondos creados específicamente para hacer frente a las singularidades territoriales o competenciales, como uno para las regiones más expuestas al cambio climático u otro que recoge el IVA de las pymes en el territorio.

Una financiación a dos velocidades

Pero el modelo de Hacienda contempla una serie de flexibilidades con las que tratar de atraer a todas las comunidades, un propósito que, de momento, parece complicado. De primeras, no será obligatorio aceptar el modelo en vigor y aquellas regiones que lo deseen podrán seguir con el de 2009, el que está en vigor y caducó en 2014. “El cálculo de esta financiación se realizará como si la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se aplicara a todas las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía”, apunta el Ejecutivo en su propuesta. De igual manera, las que acepten el nuevo sistema, recibirán los fondos como si todas las regiones lo hubieran suscrito.

Si aceptan entrar al nuevo sistema, las Comunidades tendrán que indicar también si aceptan adherirse al llamado fondo IVA Pymes, con el que el Gobierno quiere premiar “el esfuerzo” de las regiones que impulsan a las empresas de menor tamaño con la transferencia del impuesto vinculado a su actividad.

Los Ejecutivos regionales también tendrán que especificar si prefieren seguir con el sistema de entregas a cuenta o si prefieren avanzar a una “caja común o compartida en el que los ingresos tributarios lleguen simultáneamente a la administración, estatal o autonómica, que corresponda”, una decisión –al igual que la del IVA de las pymes– que podrá ser revisada cada cinco años.

Relaciones bilaterales en un ámbito multilateral

Y, en el caso del mecanismo creado para financiar competencias no homogéneas de las comunidades, las regiones deberán especificar si prefieren recibir la compensación mediante transferencia, como hasta ahora, o prefiere incrementar la cesión del IVA “que se determinará en el año base [2023] en función del importe actual de estas competencias y, por tanto, será diferente en cada comunidad”, detalla el texto elaborado por Hacienda.

El nuevo sistema que propone el Gobierno “necesita”, dice el documento, de “un mayor espacio para la bilateralidad en la relación de cada comunidad autónoma con la Administración General del Estado”, una bilateralidad –demonizada por el PP– “compatible con la participación en órganos multilaterales cuando la naturaleza o el ámbito de los acuerdos así lo exija”.

La propuesta del Gobierno no aborda específicamente el ‘dumping fiscal’ entre comunidades, las bajadas de impuestos que hacen algunas regiones –singularmente, Madrid– aprovechando su mayor capacidad económica y recaudatorias en detrimento de las que disponen de menor margen. Pero sí apunta a que la propuesta “prevé mejorar la metodología actual para la determinación del valor normativo” de los tributos cedidos “a una medición más correcta de la capacidad fiscal de cada Comunidad Autónoma”. Es decir, cuánto podrían recaudar de Impuestos como el de Patrimonio con la ley en la mano y sin aplicar las deducciones que algunas comunidades todavía aplican. Esta mejora, dice el documento, “redundará en una mayor equidad y justicia de todos los cálculos del modelo”.

El documento incluye un apartado específico sobre “lealtad institucional”, en el que el Gobierno se compromete a compensar a las comunidades autónomas por aquellas “normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones en los ingresos tributarios”. Esta es una crítica frecuente por parte de las comunidades del PP, que, por un lado, exigían rebajas del IVA, pero, por otro, pedían al Gobierno que les compensara por la pérdida recaudatoria asociada. O por la subida de salarios de los funcionarios, una política decidida por el Ejecutivo pero que redunda en las cuentas de todas las administraciones.

Pero también apuntan que, cada cinco años, se revisará el impacto “de las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas” sobre la financiación en el seno del CPFF. Un efecto que se incorporará en la revisión del modelo para los siguientes cinco ejercicios.

El PP y Junts, en contra

Si bien desde Hacienda rebajan el carácter de la reunión de mañana a un encuentro técnico que, con anterioridad, nunca se ha publicitado, las comunidades autónomas acuden con las espadas en alza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachó este lunes el modelo de “profundamente injusto” e “impuesto” por Catalunya. La vicepresidenta andaluza, Carolina España, lo definió como “un traje a medida para el independentismo”. Incluso el Gobierno socialista de Asturias –menos beligerante que el de Castilla-La Mancha– pidió cambios “sustanciales” a la propuesta. Solo el Ejecutivo de Canarias se mostró “muy optimista, pero no excesivamente confiado”.

El Gobierno tiene asegurada la victoria en la votación del CPFF del próximo 29 de julio, ya que cuenta con la mitad de los votos en el organismo y solo necesita del apoyo de una comunidad autónoma. Singularmente, Catalunya, que está a favor y ha participado en el diseño de la propuesta. El Ministerio de Hacienda ha tendido la mano al resto de Ejecutivos regionales, y al PP, para incorporar cambios al texto.

Pero la gran batalla se librará en el Congreso, que sí o sí ha de avalar la reforma y cada una de las leyes que efectúen la cesión de impuestos a cada una de las comunidades autónomas del régimen común. Y aquí Junts, cuyo concurso es necesario, ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad.

El Gobierno afronta el penúltimo pleno del curso político en el Congreso antes de las vacaciones con la certeza de que se apuntará, casi con absoluta seguridad, una derrota en la votación de la senda de estabilidad, el cuadro económico que ha presentado como primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero a esa convicción le acompaña otra: la de presentar igualmente un proyecto de cuentas públicas tras tres años sin hacerlo y no convocar las elecciones generales hasta 2027. Además, la sesión de este martes permitirá al Ejecutivo tomar algo de oxígeno para lograr ese objetivo porque —salvo sorpresa— logrará varias victorias parlamentarias en materia de dependencia y discapacidad, así como para hacer avanzar la reforma del Código Penal cuyo objetivo es suprimir delitos como las injurias a la Corona.

La Ley establece que el Gobierno, antes de presentar su proyecto de Presupuestos para 2027 al Congreso, debe someter a votación la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas. Si el Ejecutivo contara con una mayoría estable en la Cámara Baja, esta votación sería un trámite que serviría para dar el pistoletazo de salida a la negociación presupuestaria y ofrecería las primeras pistas sobre las posiciones de los grupos parlamentarios y de las prioridades que exigirían al Ejecutivo incluir en esas cuentas.

Pero en el Gobierno y entre sus socios nadie espera que los Presupuestos Generales del Estado vayan a ser aprobados cuando lleguen a las Cortes, fundamentalmente porque Junts, actor imprescindible para ello, rechaza siquiera negociarlos. “Para nosotros ya no hay suficiente zanahoria con todos los palos que nos han dado”, afirmaba hace un mes el secretario general de Junts, Jordi Turull, preguntado por esa posibilidad. Y, este mismo lunes, el portavoz orgánico del partido, Josep Rius, tachaba de “frivolidad” presentar unas cuentas sin tener “una mayoría” en el Congreso para que salgan adelante y acusaba al Gobierno de tener “un objetivo claramente electoralista”.

Con ese escenario, la votación de este martes se perfila como la antesala de la previsible derrota de los Presupuestos Generales del Estado dentro de unos meses. Rius también confirmó este lunes que Junts, además de no plantearse negociar las cuentas, rechazará la senda de estabilidad como ya hizo con la presentada para los Presupuestos de 2025 y 2026, lo cual —unido al voto en contra de PP y Vox— dará al traste con la misma. Por su parte Podemos, cuyo voto también es necesario, se decanta por la abstención, alegando que ese mayor gasto se destinará a engordar las partidas militares

El previsible fracaso de este martes no implica que el trámite presupuestario vaya a quedar paralizado antes de comenzar. La ley obliga al Gobierno a presentar una segunda propuesta de senda de estabilidad si la primera sale derrotada, algo que el Ejecutivo tiene previsto hacer en el último pleno parlamentario del año, el próximo 23 de julio. Y si ese cuadro tampoco es aprobado —como presumiblemente ocurrirá—, Hacienda podrá llevar los Presupuestos igualmente al Congreso, puesto que cuenta con un informe de la abogacía del Estado que aduce que la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo establece que la senda de déficit ha de votarse dos veces en las Cortes Generales, pero se abre un vacío legal una vez el parlamento lo ha rechazado en ambas ocasiones.

En ese caso, señalan desde el Ejecutivo, la ley que prima es la Constitución. Y esta fija que las comunidades deberían presupuestar en equilibrio, lo que les impediría disfrutar de un colchón de 5.800 millones en los tres próximos años del que sí dispondrían de salir adelante la senda de estabilidad que se vota este martes. En el pleno del Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, informará a los diputados del techo de gasto –este no se vota– y de los números rojos en los que podría incurrir el Estado en los próximos tres años si las Cortes dieran luz verde al cuadro económico: en concreto, un desvío equivalente al 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. De esas cifras, a las comunidades autónomas les correspondería un 0,1% cada ejercicio.

Consciente del presumible fracaso de la votación, este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lamentó en una entrevista en RNE que algunos grupos parlamentarios —como Junts— ya hayan anunciado que votarán en contra del “mayor techo de gasto de la historia de nuestro país, lo que supone mayor estado del bienestar”. Bolaños, asimismo, admitió las “dificultades parlamentarias” a las que se enfrentará el Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos. Pero también insistió en que la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “es agotar la legislatura y llevarla a término”, si bien el propio Sánchez abrió hace unas semanas la puerta a adelantar las elecciones generales al primer trimestre de 2027.

Oxígeno para el Ejecutivo

En cualquier caso, aunque el panorama que se le presenta a la Moncloa en relación con los Presupuestos es bastante negro, el pleno del Congreso de este lunes también proporcionará —salvo sorpresa de última hora— algo de oxígeno a un Gobierno necesitado de él. Previsiblemente, el Ejecutivo logrará una mayoría para convalidar el decreto aprobado el mes pasado para dotar a las comunidades de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 para sus sistemas de dependencia. Y también está previsto que el Congreso dé luz verde a la reforma de la ley para reformar este derecho y blindar la exigencia de que el Estado se haga cargo del 50% de su financiación —la otra mitad corresponde a las comunidades—.

Está por ver cuál será la posición del PP en ambas votaciones, que son clave: la convalidación del decreto ratificaría el aumento de la financiación para el sistema de dependencia, mientras la aprobación de la reforma enviaría dicha ley al Senado para cumplir con la última etapa de su tramitación parlamentaria. No obstante, se espera que Junts vote a favor de ambos textos, lo cual convertiría en irrelevante la posición de los populares, que no sumarían mayoría junto a Vox para tumbarlos.

Esa misma mayoría, la que suma el Gobierno junto a sus habituales aliados parlamentarios y a Junts, será la misma que, presumiblemente, permitiría continuar la tramitación de la proposición de ley para eliminar del Código Penal delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma, planteada por Sumar, comenzó a tramitarse en 2023, pero hasta el mes pasado el PSOE no se avino a desbloquear el procedimiento.

“A Soledad la agotaron”, resume el responsable de UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto. Una visión sobre la ya exdirectora general del fisco, Soledad Fernández —sustituida esta semana—, que coincide con la de José María Mollinedo, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha: “Ella estaba ya cansada porque veía que no podía lograr más avances en el Plan Estratégico”.

La Agencia Tributaria no está acostumbrada a situarse en el centro de la polémica, más allá del protagonismo obligado durante los tres meses de la Campaña de la Renta en los que los contribuyentes cumplen sus obligaciones con el fisco. Pero, de un tiempo a esta parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no ha dejado de copar titulares, bien por las huelgas de su plantilla, por los reveses de la justicia, por investigaciones prominentes o, en el último caso, por un recambio en su cúpula para tratar de calmar las tensiones internas en un organismo con casi 26.000 empleados públicos.

El Ministerio de Hacienda aprobó esta semana el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general del organismo recaudatorio del Estado, después de que su predecesora, Soledad Fernández, solicitara su relevo al Gobierno. Fuentes gubernamentales confirmaron que esta petición se había cursado hacía meses, pero se llegó al acuerdo de dejar pasar el periodo de mayor tensión del año —la declaración del IRPF— antes de su cese.

Antonio Ansón, inspector de Hacienda y exjefe de gabinete del ‘número dos’ del Ministerio, Jesús Gascón, vuelve a una casa que conoce bien —fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos hace solo unos años— tras una amplia carrera en el ámbito tributario que lo llevó a permanecer ocho años en un puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Pero ni el revés judicial por el caso Shakira, ni el foco por la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni las negociaciones para una financiación singular para Catalunya están detrás de la salida de Soledad Fernández. Los sindicatos apuntan a que la ya exjefa del fisco estaba “cansada” y “agotada”, tras cuatro años de mandato en los que no consiguió su objetivo principal: reforzar el organismo y recuperar el desarrollo de la carrera profesional de su plantilla.

Hizo frente a la primera huelga en campaña de la renta

En el comunicado en el que el Ministerio de Hacienda confirmaba la salida de Fernández, fuentes del Ministerio señalaban que se producía cuando “se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027” que ella misma puso en marcha al frente del organismo. Un programa para reforzar controles contra el fraude y también el número de efectivos, en resumen.

Pero uno de sus compromisos, el de recuperar el desarrollo profesional, no se ha llevado a cabo. Esta fue la razón de la huelga convocada en el organismo hace un mes, en plena visita del papa León XIV, por el sindicato CSIF. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“Cuando Soledad empezó, le hicimos un encierro por una serie de incumplimientos y ella dijo que lo intentaría arreglar, pero después de cuatro años no ha arreglado nada”, critica García Soto en conversación por teléfono.

“La parte del león del plan estratégico, la de los medios personales, estaba bloqueada y no ha sido capaz de tomar una decisión y seguir hacia delante”, señala Mollinedo, de Gestha.

La propia Fernández reconoció su frustración durante la última presentación de la campaña de la renta cuando, a preguntas de los periodistas, reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”. Y después enfadó a todos los sindicatos con unas declaraciones sobre la imposibilidad de ir a la huelga durante las presentaciones del IRPF. Algo que terminó sucediendo.

Desde UGT señalan que la caída de Fernández se aceleró cuando intentó un concurso de carrera vertical que beneficiaba únicamente a los salarios más elevados de la plantilla, algo que se habría frenado por parte del ministro de Hacienda, Arcadi España, que habría reclamado “paz social” en el organismo.

La mano derecha del 'número dos' de Hacienda

La respuesta del Gobierno ha sido colocar al jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que antes fue director general de la Agencia Tributaria, al frente del organismo. El currículum de Ansón no está en duda y Gestha —que pone en valor que antes de inspector, fue técnico de Hacienda— cree que su conocimiento de la organización permitirá poner orden.

Pero en UGT critican el “perfil bajo” del nuevo nombramiento, sin apenas significación política. “Es un movimiento tremendamente corporativo”, deplora el sindicalista de UGT.

La experiencia de Ansón como jefe de gabinete de Gascón también le da un conocimiento específico de todos los movimientos que el Gobierno está llevando en financiación autonómica o de las negociaciones para el trabajo en red con agencias tributarias regionales.

Un aspecto que, precisamente, preocupó a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, al que le reclamaron, en un comunicado tras conocerse su nombramiento, que evite “injerencias externas” e impida “cualquier fragmentación de la AEAT, de la caja común, del sistema de información tributaria y defienda a sus funcionarios evitando que se produzcan traslados forzosos o situaciones que impidan su movilidad”.

Además de Fernández, también se conoció la salida de los responsables de Recaudación, Virginia Muñoz, y de Inspección Financiera y Tributaria, Manuel Trillo. Desde Hacienda descartaban una crisis en la cúpula y apuntan a que ambos altos cargos se han presentado a altos cargos en embajadas en el extranjero, de los que tomarán posesión en los próximos meses.

Ansón se reunió, el martes, con su antecesora y con España en una de las salas más nobles del Ministerio de Hacienda. El reto que tiene por delante es mayúsculo y la polémica no tiene visos de amainar. De momento, Vox ha reclamado la comparecencia del ministro en el Congreso para explicar los cambios en el organismo. Y CSIF, el sindicato que convocó la huelga en junio, ya ha advertido que seguirán las movilizaciones en septiembre para mejorar sus condiciones laborales.

El Gobierno ha enviado al conjunto de las comunidades autónomas la letra pequeña del modelo de financiación autonómica que ha propuesto y que plantea debatir en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 29 de julio.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han destacado que están abiertos a debatir el nuevo modelo, que aportaría 20.975 millones de euros adicionales y más recursos “para todas las comunidades autónomas sin excepción”, y tiende la mano a las comunidades lideradas por el PP para incorporar posibles cambios a su redacción.

El Gobierno se comprometió a principios de esta semana a remitir antes del viernes la letra pequeña del acuerdo sobre la nueva financiación autónomica, de cara a su debate en un comité técnico con los Ejecutivos regionales –el órgano que prepara las citas de los CPFF entre el ministro y los consejeros– el próximo 14 de julio.

En concreto, lo que ha enviado Hacienda a las comunidades es la propuesta de acuerdo de CPFF, un trámite cuya aprobación está prácticamente asegurada ya que el Ejecutivo central cuenta con la mitad de los votos de esta reunión multilateral y solo necesita el apoyo de una comunidad para sacar adelante cualquier iniciativa. El Govern catalán, que ha participado activamente en la redacción del nuevo modelo y que preside el PSC, está a favor.

Ofrece al PP pactar cambios en el modelo

Según indican fuentes del Ministerio de Hacienda, el ministro Arcadi España mantiene la “mano tendida” a las comunidades autónomas para negociar posibles cambios en la redacción del modelo. Un ofrecimiento que extiende al PP a escala nacional, dado que, en última estancia, la reforma modelo pasa por la aprobación de una ley orgánica en el Congreso de los Diputados.

De hecho, señalan que es “un error rechazar por puro interés partidista” un modelo que beneficiaría a comunidades infrafinanciadas como la Comunitat Valenciana o Murcia. De hecho, las regiones presididas por los populares serían las grandes beneficiadas del nuevo modelo, en tanto que percibirían 15.000 millones de euros adicionales para políticas públicas como la educación o la sanidad, competencias puramente autonómicas.

El nuevo modelo que propuso la exvicepresidenta María Jesús Montero tras pactarlo con ERC parte de una reforma de la población ajustada (la cifra que se emplea para el reparto de fondos y que incluye parámetros como el envejecimiento o la dispersión geográfica) y un mayor porcentaje de cesión de los impuestos que ya perciben las comunidades.

Asimismo, plantea diferentes mecanismos de nivelación horizontal (entre comunidades) y vertical (por parte del Estado), para tratar de evitar las diferencias en la financiación que perciben los distintos territorios de las que adolece el modelo en vigor, caducado desde 2014.

La mano tendida del Ejecutivo a pactar es un paso más en la estrategia del Gobierno de explotar la debilidad que supone para el PP liderar la mayoría de los ejecutivos regionales. Pasó con la condonación de más de 80.000 millones de deuda pública regional, que arrojaba el mayor alivio para la Andalucía de Juanma Moreno (PP). O con la propuesta de plantear objetivos de déficit asimétricos, en función del punto de partida de cada región, a la hora del cumplimiento de las reglas fiscales.

“Hay muchas comunidades autónomas que han cerrado su ejercicio con superávit. Su estructura de gasto y otras condiciones como el modelo de financiación les garantizan ese superávit y, por tanto, no necesitan de un colchón financiero adicional que, en este caso, es el déficit”, justificó España en la rueda de prensa posterior al CPFF del lunes. “Lo que hemos propuesto, que han propuesto comunidades del PP en otro momento y se ha aprobado en nuestro país en el año 2013, es un ejercicio que debe llevar a la reflexión. Que se lo pregunten a la Comunitat Valenciana o a Murcia si quieren, de ese 0,1%, tener una parte mayor para ellos”, planteó el ministro tras su primera reunión con las comunidades al frente de Hacienda.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prevé cerrar este mes los últimos flecos para poner en marcha España Crece, el llamado ‘fondo soberano’ en torno al Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiado con el Plan de Recuperación, con la aprobación de la estrategia de inversión del nuevo instrumento y la reforma de los estatutos del banco público para permitir su despliegue.

El ‘número dos’ del Gobierno ha comparecido ante la Comisión Mixta de la Unión Europea para dar cuenta de los avances del Plan de Recuperación, solo unos días después de que Bruselas diera luz verde al sexto pago, por valor de 7.000 millones de euros, y cuando queda poco más de un mes para el final de este programa millonario.

Cuerpo ha puesto en valor la aportación del Plan de Recuperación a la transformación económica del país que, hasta el 31 de mayo, ya había desplegado 68.534 millones de euros, de acuerdo con los datos de ejecución de la plataforma ELISA del Gobierno.

El reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fija que los fondos europeos y las reformas vinculadas deben estar ejecutados antes del 31 de agosto de este año, mientras la Comisión Europea tiene hasta el 31 de diciembre para abonar el último desembolso –el séptimo, por valor de algo más de 25.000 millones–.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de año la puesta en marcha de lo que llamó un fondo soberano, financiado con partidas procedentes del Plan de Recuperación, para movilizar 120.000 millones de euros entre inversión pública y privada. El objetivo: que el motor de la economía y la inversión no se desacelere con la finalización del ‘maná europeo’.

El pasado mes de mayo el Consejo de Ministros aprobó la transferencia de capital de 13.300 millones al ICO para aumentar su capacidad de apalancamiento, de tal manera que sea capaz de movilizar 60.000 millones de euros desde la parte pública, que se complementarían con otros 60.000 millones del sector privado.

Según ha avanzado Cuerpo, el Gobierno trabaja ahora en finalizar los “tres elementos de cierre” para el lanzamiento de esta facilidad financiera. En primer lugar, con la aprobación de la estrategia de inversión de España Crece, negociada con la Comisión Europea y que, ha dicho el vicepresidente, confía aprobar la próxima semana en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Esta definirá las líneas generales de actuación, los tipos de operaciones elegibles y los criterios de prioridad sectorial. Además, incorporará los criterios europeos aplicables al Plan de Recuperación, incluido el principio de no causar un perjuicio significativo al medio, y priorizará operaciones con un claro efecto transformador sobre la economía española y con capacidad de impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo. Las líneas de actuación podrán revisarse periódicamente para adaptarse a la demanda de inversión y a las necesidades del tejido productivo.

El ‘número dos’ del Gobierno ha confiado en aprobar, en un Consejo de Ministros de julio, el real decreto que reforme los estatutos del ICO “para adaptarlos a las necesidades” del nuevo instrumento. Finalmente, también en julio prevén transferir los fondos necesarios para poner en marcha España Crece.

“Estamos, así lo evidencian los datos, ante un proyecto de país que ha supuesto una oportunidad histórica que creo que hemos sabido aprovechar”, ha dicho el vicepresidente, que ha confiado en que tenga no solo efecto positivo a corto plazo, sino “duradero en nuestro tejido productivo”.

Una adenda técnica para cerrar el Plan

Cuerpo ha apuntado que el Ejecutivo se encuentra ahora inmerso en la negociación con la Comisión Europea de una “adenda técnica de cierre” al Plan de Recuperación para “reconciliar” los hitos que quedan pendientes con las evidencias disponibles para mostrar el cumplimiento de los mismos.

“Estamos trabajando no solo a nivel de la Administración General del Estado, también a nivel de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para completar con éxito la certificación de los hitos y todos los hitos pendientes antes del 31 de agosto”, ha dicho el vicepresidente.

Los planes del Gobierno pasan por negociar esa última modificación del Plan para matizar la redacción de algunos hitos que han quedado pendientes de validar del sexto desembolso. El objetivo es presentar la séptima petición de fondos en septiembre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene sin cambios la previsión de crecimiento de España para 2026 y 2027, con un avance del producto interior bruto (PIB) del 2,1% y del 1,8% respectivamente, mientras que recorta 0,2% la proyección para la zona euro, que crecerá un raquítico 0,9% este año.

La institución con sede en Washington ha publicado este miércoles la actualización intermedia de su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), en el que recorta ligeramente las expectativas de crecimiento globales con motivo de la guerra en Oriente Medio. “Esta ralentización modesta refleja los efectos de la guerra en Oriente Medio, parcialmente compensados por una aceleración en la demanda global de tecnología, gracias a los avances en la Inteligencia Artificial y en su adopción”, detallan.

Si bien el efecto será limitado, apuntan a una mayor inflación de la estimada en abril, justo al arranque de la guerra, que será del 4,7% en 2026 a escala global, y se ralentizará hasta el 3,9% el próximo ejercicio. “Estas proyecciones indican que la tendencia desinflacionaria en marcha desde principios de 2024 se ha estancado”, apuntan.

En el caso de España, el FMI espera que la economía crezca un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027. Son las mismas cifras que adelantó en marzo y confirmó a finales de mayo, cuando cerró su informe anual sobre la economía española (el conocido como Artículo IV).

De hecho, los economistas del Fondo son los más pesimistas con respecto a la evolución del PIB español. La OCDE anticipa un crecimiento del 2,2% en 2026 (revisó al alza sus previsiones), el Banco de España apunta a un 2,3% y el Gobierno, el más optimista, disparó su proyección hasta el 2,6% para este ejercicio.

Un crecimiento diferencial si se compara con el escenario proyectado para la zona euro. El área de la moneda única crecerá un 0,9% este año, dos décimas menos de lo previsto en abril. Alemania lo hará un 0,7%, Francia un 0,6% e Italia un 0,5%.

Para 2027, cuando el FMI prevé un avance del 1,8% para España, la zona euro crecerá un 1,2%, Alemania un 1%, Francia un 0,9% e Italia un 0,5%.

En una valoración de estas previsiones, el Ministerio de Economía recuerda que la actualización de estas previsiones “no captura” la caída de los precios del petróleo posterior al 10 de junio. “La fecha de corte de los supuestos de materias primas del Fondo es previa a la bajada de cerca del 20% del precio del barril de petróleo en las últimas semanas, lo que implica automáticamente un escenario más negativo que el contemplado por otras previsiones más recientes como la del cuadro económico del propio Gobierno”, apuntan desde la cartera que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo.

El Gobierno sigue dando pasos en la aprobación de los presupuestos para 2027, un camino que se antoja cada vez más cuesta arriba al Ministerio de Hacienda, porque las intenciones de La Moncloa de presentar las primeras cuentas de la legislatura chocan con unos socios –singularmente, Junts y Podemos– que no parecen estar muy por la labor de apoyarlos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la pata que le faltaba al Gobierno para el diseño de los presupuestos: el techo de gasto, que es la cifra clave con la que el Ejecutivo procede a financiar cada uno de los capítulos de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el de 2027 será de 226.032 millones, un 6,6% más –excluidos los fondos europeos– que el de la ley de 2026, que La Moncloa renunció a presentar.

“Es la cifra más alta jamás aprobada”, se felicitó España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, un número que “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia”, incidió.

Por ponerlo en perspectiva, el último presupuesto de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, de junio de 2018, contó con un techo de gasto de 119.834 millones. Es decir, en solo ocho años los recursos de las cuentas públicas han sumado 106.198 millones, prácticamente el doble (88,6%). Y el efecto no es únicamente por la subida de los precios: desde junio de 2018 la inflación acumulada es del 25%.

Sumar saca pecho, Podemos y Junts critican

El Gobierno ha tirado de chequera para elaborar las cuentas públicas con “los mayores recursos de la historia” para “blindar el Estado del bienestar”, dijo el ministro de Hacienda. Pero estas cifras abultadas parecen más un canto de sirena con el que tratar de contentar a unos socios que, a puertas de un año electoral, no parecen dispuestos a darle ese balón de oxígeno al Gobierno.

Incluso dentro de la propia coalición. Fuentes de Sumar se apresuraron a anunciar que habían alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar el techo de gasto en 1.500 millones de euros, una cifra con la que se encuentran “satisfechos”, ya que dará más margen en ese eventual presupuesto para financiar más políticas sociales.

El techo de gasto no se vota en el Congreso, como sí sucede con los objetivos de estabilidad presupuestaria, el corsé para las administraciones públicas. El gobierno ha fijado un déficit del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Y la corrección de este desequilibrio irá a cuenta de la Administración Central, ya que las comunidades autónomas contarán con un margen del 0,1% del PIB durante el trienio. 5.849 millones de euros de holgura, en total.

Y estas cifras no han gustado a dos socios cuyos votos son clave para pasar el filtro de las Cortes Generales. Ni Podemos ni Junts están entusiasmados, lo que aboca a la senda de déficit a una derrota el próximo 14 de julio y, previsiblemente, en una segunda votación en un Pleno extraordinario el 23 de este mes.

“Por lo que sabemos, estamos hablando básicamente de la misma propuesta que se produjo hace un año y, obviamente, quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados”, dijo este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ya el año pasado se abstuvo en las dos votaciones que el Gobierno llevó al Congreso. Ese techo de gasto “amplio”, a su juicio, no se está empleando en la mejora de los servicios públicos, como defiende el Gobierno, sino en “reforzar los compromisos militares de España” y “contribuir a la escalada militar”.

Un argumento calcado al de Junts, el hueso más duro de roer para La Moncloa. “Si el gobierno español hace las mismas propuestas que los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto”, indican fuentes de los posconvergentes, que ya el año pasado tumbó los dos intentos del Ejecutivo por aprobar la senda de estabilidad. “El PSOE persiste en el error. La misma fórmula de siempre —no pagar a Catalunya— que pretenden que compremos a cambio de nada”, apuntan.

En el pasado, el partido de Carles Puigdemont argumentó su rechazo en que el Gobierno se reservaba el grueso del déficit, que debería repartir en tercios para cada nivel de la Administración (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos). Eso supondría darle este año a las regiones un margen del 0,6% del PIB.

Pero en Hacienda argumentan que, en realidad, una vez descontadas las transferencias a la Seguridad Social y la recaudación del impuesto a la banca (que capta el Ejecutivo, pero remite a las comunidades), el objetivo de la Administración central y las regionales es el mismo: un déficit 0,2%. Tesis que no convence a Junts.

“Invito y pido al PP que reflexione, que no es el momento de partidismos y no es el momento de estar pensando en jugadas electorales”, dijo España desde la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha tratado de tentar a las comunidades peor financiadas, que son del PP, para tratar de forzar las costuras del partido. “Cada territorio y sus diputados deberían votar en función de sus intereses y del conjunto del país, y no de la calle Génova”, abundó el titular de Hacienda.

Si decae en dos ocasiones la senda de estabilidad, el Gobierno tendrá libertad para redactar sus Presupuestos con toda la flexibilidad presupuestaria, mientras que las comunidades tendrán que elaborar sus cuentas en equilibrio. Pero esas dos votaciones son batallas menores. La idea en La Moncloa es presentar el proyecto en septiembre, a la vuelta del verano. Y ahí se decidirá el futuro de la legislatura.