Cosentino, la multinacional almeriense famosa a nivel mundial por la producción de encimeras artificiales de cuarzo, cada vez más criticadas por la comunidad médica por el auge de silicosis de trabajadores, afronta un nuevo e importante problema. El presidente de EEUU, Donald Trump, acordó hace unos días aranceles adicionales a la importación de superficie de piedra artificial de cuarzo, de entre el 25% y el 50%, lo que ataca al principal mercado de Cosentino, que acumula la mitad de sus ventas en Norteamérica. La propia compañía ha informado a la plantilla de la “relevante” decisión de EEUU y de la elaboración de varios “planes de actuación”.

La medida, reclamada por fabricantes estadounidenses como el gigante Cambria, cuyo CEO es donante y fiel apoyo de Trump, fue aprobada el pasado 31 de julio y prevé su entrada en vigor el próximo 15 de agosto. España, al igual que el resto de la Unión Europea, es uno de los países afectados por estos aranceles adicionales, que se suman a los ya aprobados por EEUU hasta la fecha.

No afectarán, en cambio, a un grupo de países que queda exceptuado por el presidente de EEUU, como Canadá, México, Australia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Nicaragua, Panamá y Corea del Sur, entre otros, además de los “países en desarrollo”.

En España, la producción de piedra artificial es sinónimo de Cosentino, una de las multinacionales más destacadas del sector a nivel mundial y por ello con más afectación de este nuevo arancel que otros estados. Con 39 millones de euros de beneficios en 2025, algo más de la mitad (52%) de los 1.400 millones de euros en ventas del grupo Cosentino el año pasado procedió de EEUU y Canadá.

Fuentes de Cosentino reconocen que los aranceles anunciados por la Administración de Estados Unidos son “una decisión relevante” para el sector, aunque precisan que en su caso “no afecta a las líneas de superficies ultracompacta Dekton, ni a la de piedra natural Sensa” y que, además, han ido tomando preparando medidas desde hace tiempo para prepararse para afrontar esta situación.

Uno de sus mercados “más importantes”

Con unos 5.800 empleados a nivel mundial, la gran mayoría en España (3.500), centro de su producción en la fábrica de Cantoria, Cosentino difundió el pasado 4 de agosto un comunicado entre la plantilla ante los nuevos aranceles, al que ha podido acceder elDiario.es.

La empresa informó de esta “relevante” decisión de EEUU “en uno de los mercados más importantes para Cosentino”. “Anticipando este evento, llevamos meses trabajando en distintos escenarios y preparando planes de actuación para responder con agilidad a cualquier resultado posible del proceso”, recoge el escrito, que sostiene que la empresa afronta la situación desde una “posición sólida”.

Las cuentas de 2025 de Cosentino ya reflejan algunos efectos de la política arancelaria iniciada por Donald Trump. Las “políticas comerciales proteccionistas” son una de las mayores amenazas detectadas por la empresa, seguida de los “riesgos asociados a la salud y seguridad laboral en la cadena de valor” en un contexto de explosión casos de silicosis en España, con afectados entre su plantilla y otros trabajadores de materiales de piedra artificial.

Cosentino sostiene que la implantación de aranceles “ha generado gran variabilidad en las tarifas tanto de los fabricados en España como en Brasil, encareciendo obviamente el precio a pagar por los consumidores finales, con lo que afecta a la competitividad de las exportaciones”.

Además, concreta que un aumento del pago en impuestos de las cuentas que “está influenciado fuertemente por los nuevos aranceles existentes en Estados Unidos”.

Y, aunque sigue siendo su principal mercado, las cuentas de 2025 recogen cierta caída de las ventas de Cosentino en EEUU respecto al año anterior, casi un 9%, frente al crecimiento de los mercados de Europa Occidental y “el resto del mundo”.

Sin adelantar cuáles son estos posibles “planes de actuación” ante estos nuevos aranceles, la dirección añade en el comunciado a la plantilla que “es importante recordar” que cuenta con “activos y proyectos de largo recorrido en Estados Unidos”, entre ellos su inversión en Jacksonville, donde Cosentino va a construir una planta de fabricación en suelo norteamericano. “Entendemos seguirá siendo un elemento clave en el corto, medio y largo plazo”, destaca el comunicado.

elDiario.es ha consultado a Cosentino si estos nuevos aranceles supondrán una mayor fabricación en EEUU, a lo que responde que “en estos momentos es prematuro anticipar decisiones concretas”. Sobre si se plantea algún ajuste en España, Cosentino prefiere no “hacer valoraciones especulativas” y destaca que afronta la situación “con confianza” sobre la fortaleza de su proyecto y su “capacidad de adaptación”.

Negociaciones a la espera del “escenario definitivo”

Una de las claves es que, aunque los aranceles ya han sido aprobados y hay una cuenta atrás para su aplicación, la orden de Trump deja abierta una puerta a la negociación de acuerdos bilaterales con los países afectados para modificar los aranceles, totalmente o en parte.

Entre las “condiciones” para ello, la orden recoge acuerdos que limiten la exportación de estos materiales por parte de socios comerciales extranjeros a Estados Unidos, así como compromisos para invertir en la producción en suelo estadounidense. “Vende aquí, fabrica aquí”, resume Peter Navarro, asesor de política comercial del presidente Donald Trump, en este artículo en The WashingtonTimes.

Señalando esta ventana de la propia Administración Trump, en Cosentino confirman las posibilidades de negociación. “Durante los próximos días mantendremos conversaciones con las autoridades a ambos lados del Atlántico para analizar el alcance de la medida y valorar las diferentes opciones disponibles”, responden fuentes de la empresa.

Así, la empresa señaló a los trabajadores que todavía está por definir “el escenario definitivo”. Fuentes de la empresa sostienen a este medio que “en función del resultado final puede suponer una oportunidad para la compañía”.

En EEUU, la prensa ha destacado cómo la medida favorece especialmente a Cambria, principal fabricante estadounidense, incluso en detrimento de otras empresas americanas y los consumidores, que se aquejan del aumento de costes de los materiales. El CEO de Cambria, Marty Davis, es donante de Trump y habitual defensor de su política económica en los medios de comunicación.

Frente millonario de denuncias de trabajadores con silicosis

Hace unos meses, Cambria y otros productores también sumaron otra victoria en uno de los frentes más preocupantes, el auge de trabajadores enfermos de silicosis, especialmente en California, que ha llevado a la mayor sociedad de neumología del mundo a pedir que se prohíban las encimeras de cuarzo. Los republicanos están tramitando una iniciativa para prohibir las demandas de los trabajadores contra los fabricantes ante el aumento de sentencias con indemnizaciones millonarias para familias de afectados fallecidos.

La última es de hace unos días, del bufete Brayton Purcell LLP, que logró una indemnización de 47 millones de dólares para la familia de Wilmer Rubén Martínez Paredes, que murió a los 41 años de silicosis. James Nevin, uno de los abogados que ha llevado el caso, explica a este medio que el jurado determinó que varias empresas fabricantes del material, como Cambria y Cosentino, tenían cada una un 6% de responsabilidad en el fallecimiento.

No obstante, los 47 millones de indemnización a la familia –que se pueden recurrir– afectan solo a la compañía Dal-tile, precisa el abogado, ya que Cosentino alcanzó un acuerdo extrajudicial confidencial, indica.

Fuentes de Cosentino responden que respetan “profundamente a las personas y familias afectadas por esta enfermedad” y, en relación con este procedimiento, destacan que “Cosentino no ha formado parte de él y, por lo tanto, no ha sido condenado”, por lo que no comentan el litigio.

El abogado de Brayton Purcell LLP sostiene que tienen unos “800 casos pendientes” que afectan a Cosentino, de los que se han resuelto una decena, todos con acuerdos extrajudiciales, sostiene el abogado James Nevin.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha presentado su programa para plantar la batalla al liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al actual presidente, Gilbert F. Houngbo. La declaración de intenciones de Díaz dibuja un escenario de OIT “en crisis” ante el que se sitúa como candidata para “recuperar el liderazgo” de la entidad y encarar algunos desafíos clave para el mundo del trabajo en estos momentos, como son la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Díaz destaca su gestión como ministra de Trabajo de España –el fuerte crecimiento del empleo, la aprobación de reformas y nuevos derechos, y el consenso de gran parte a través del diálogo social– para postularse. Con esta mochila, considera que “puede contribuir de manera decisiva a reforzar el papel de la OIT como referente de la justicia social en el mundo”.

La vicepresidenta señala que la OIT se encuentra “en una encrucijada” por la “actual crisis”, tanto financiera –por la reducción de fondos por parte de países clave como EEUU– como “programática”.

“Lo que está en juego es si la comunidad internacional está dispuesta a preservar el único sistema universal concebido para situar la justicia social en el centro de la gobernanza mundial, gracias al corpus de normas internacionales del trabajo y el diálogo social entre personas trabajadoras, empleadores y empleadoras y Gobiernos”, sostiene el documento.

Encarar los desafíos de la IA y el cambio climático

Yolanda Díaz argumenta que el mundo se encuentra “en un momento histórico marcado por grandes desafíos”, como la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización en el empleo, la necesidad de una transición justa y la cronificación de la economía informal.

Ante ellos, considera que la OIT “debe estar en condiciones de liderar el debate internacional para así minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios desde el punto de vista del trabajo decente y la empresa sostenible”.

Díaz apuesta por regular ante estos desafíos, con mínimos internacionales que permitan garantizar ciertas condiciones y derechos a nivel mundial. Así, plantea “avanzar hacia una estrategia tripartita de gobernanza tecnológica y de la inteligencia artificial” y “una nueva iniciativa sobre las repercusiones socio-económicas del cambio climático”.

Cambios en la gobernanza y en la financiación

La vicepresidenta también considera que la “crisis” de la OIT afecta a su propio funcionamiento interno y sus vías de financiación. Así, plantea cambios en la gobernanza de la institución de Nacionales Unidas, con más diálogo social en el seno del organismo, así como la búsqueda de nuevas vías de financiación.

“Dado que las cuotas ordinarias de los Estados miembros difícilmente experimentarán incrementos significativos a corto plazo, la OIT debe emprender una búsqueda de contribuciones voluntarias. Estas aportaciones, procedentes de gobiernos donantes tradicionales, de agencias de desarrollo, de bancos regionales de inversión, y de cooperación público-privada, deben convertirse en un motor financiero de la organización”, propone el documento.

Una Carta Global de Derechos en el mundo

Otra de las propuestas concretas de la vicepresidenta es aprobar una Carta Global de Derechos laborales en el mundo, que aúne un conjunto de condiciones mínimas en todos los países adheridos. “Ante los desafíos globales, resulta necesario reafirmar la existencia de un suelo universal de derechos laborales”, indica.

Díaz plantea una Carta Global de Derechos Laborales, que adopte la forma de Convenio, que considera que “permitiría sistematizar los grandes principios desarrollados por la OIT a lo largo de su historia y, al tiempo, incorporar los nuevos desafíos del trabajo del siglo XXI”.

“Su elaboración, mediante el diálogo tripartito, podría convertirse en una gran iniciativa movilizadora en torno a la justicia social y el trabajo decente. Una Carta Global de Derechos Laborales ofrecería una referencia universal para gobernar una economía global que debe situar los derechos de las personas en el centro, siendo el gran paso adelante de la Organización tras las declaraciones del centenario, la justicia social y los principios y normas fundamentales en el trabajo”, recoge el documento.

El plazo para presentar candidaturas a presidir la OIT aún está abierto hasta el próximo 31 de agosto. Por el momento, solo hay dos, la de Gilbert F. Houngbo y Yolanda Díaz. Las votaciones se prevén para el próximo 16 de noviembre y el inicio del próximo mandato se despliega a partir de octubre de 2027.

El Ministerio de Trabajo ha iniciado la tramitación de la norma que obligará a las empresas a una mayor transparencia en los salarios por sexos, como exige una directiva europea de 2023 y que España ya va a transponer con retraso. Esta demora explica las prisas del departamento de Díaz para acelerar su tramitación, con la intención de evitar una posible multa de Bruselas. No obstante, el texto legal aún sigue abierto en la negociación del diálogo social y no convence todavía a los sindicatos, advierten en CCOO y UGT.

La norma en cuestión regula cambios relevantes. Supone ampliar la información disponible para los trabajadores a día de hoy sobre los salarios por sexos en sus categorías profesionales, así como sobre los criterios para fijar los sueldos dentro de sus empresas. También, regula una nueva obligación que desvelará al público la brecha salarial en las compañías a partir de 50 trabajadores, entre otras medidas.

Trabajo ha activado la maquinaria del proceso normativo con la publicación este 3 de agosto en Audiencia Pública de un proyecto de real decreto para transponer –aunque parcialmente– esta directiva europea contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Algunos cambios requieren de la vía legislativa, como las modificaciones en las sanciones a las empresas incumplidoras.

“Seguimos en el diálogo social a la vez que avanzamos en los trámites normativos para ganar tiempo e ir más rápido”, sostienen fuentes del Ministerio de Trabajo. “Es necesario que algunos cambios se hagan por ley. Estos últimos los acordaremos y los tramitaremos en el Parlamento por la vía que sea más rápida”, indican en el departamento que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Más transparencia salarial ante los trabajadores y las autoridades

España ya ha aprobado varias regulaciones en favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los últimos años, como la obligación de todas las empresas de tener un registro salarial por sexos y de realizar una auditoría salarial en aquellas compañías a partir de 50 empleados.

El texto normativo que ahora se pretende aprobar el Gobierno reforma el decreto de 2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, con novedades que requiere la nueva directiva europea.

Entre ellas, y a falta de que culmine la negociación con los sindicatos y la patronal (que puede variar el texto), el proyecto publicado por el Ministerio de Trabajo recoge que todas las empresas tendrán que informar a su personal sobre los criterios que utilizan para determinar los sueldos de los trabajadores, así como los distintos niveles retributivos de las categorías profesionales.

Además, las empresas a partir de 50 empleados deberán informar “sobre los criterios de progresión retributiva”, es decir, “el proceso por el que una persona trabajadora pasa a percibir una retribución superior, cuando proceda”.

Se recoge también el “derecho a la información de las personas trabajadoras” por el que los empleados tendrán derecho a recibir “por escrito” información sobre su retribución individual y sobre los salarios medias desglosados por sexo de quienes realizan el mismo trabajo (o de igual valor) al suyo. El plazo de respuesta de las empresas será de dos meses.

Además, las empresas a partir de 50 empleados deberán comunicar a un nuevo organismo estatal –la futura Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva– la brecha salarial de género que existe en sus plantillas, con datos en múltiples variables: la brecha retributiva media y mediana, por categorías profesionales, en los complementos salariales y cuántos hombres y mujeres cobran complementos salariales, entre otros. La medida se prevé para junio de 2027 para las empresas a partir de 150 empleados y de junio de 2031 para el resto.

Esta información sobre la brecha salarial será publicada por este organismo público, en “un formato de fácil acceso y en términos que permitan la comparación entre empresas y sectores manteniéndolos accesibles durante, al menos, cuatro años”, recoge el documento.

Los sindicatos siguen exigiendo cambios en la norma

Aunque sin una fecha cerrada aún, Trabajo señala su intención de aprobar el decreto “a la mayor brevedad” para “evitar el riesgo” de una multa de Europa por el retraso en la transposición de la directiva, que tenía como límite máximo el pasado 7 de junio tras tres años de plazo para su adaptación.

“En todo caso, solo tres o cuatro estados la han transpuesto hasta la fecha”, sostienen en el Ministerio de Díaz, que destaca que “nuestro país es un referente en esta materia con mucho trabajo ya hecho”.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, advierten de la importancia de esta transposición legal y del decreto en cuestión, que aún no comparten y que, por tanto, insisten en que debe seguir negociándose.

En CCOO destacan varias “carencias” del actual borrador. Entre otras, que ciña la información sobre la progresión salarial y la publicación de la brecha a las empresas a partir de 50 trabajadores, la ampliación a seis meses del periodo para resolver brechas injustificadas (de los dos inicialmente propuestos), así como que se modifique el concepto de igualdad salarial por trabajo de “igual valor” al salario por hora (excluyendo el salario anual), lo que creen que puede invisibilizar discriminaciones fruto del trabajo a tiempo parcial y aquella ligada a complementos de disponibilidad.

Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, destaca además que “el Gobierno debe cumplir con los acuerdos alcanzados si quiere que CCOO siga avanzando en los procesos de diálogo social”. Recuerda que hay abiertas mesas sobre el despido, la democracia en la empresa, esta negociación sobre transparencia salarial y “en breve debería abrirse la transposición de la directiva de plataformas”.

“Para ello, el Gobierno debe finalizar la tramitación para su aprobación de manera inmediata en el mes de septiembre de los decretos sobre el registro horario y sobre la compensación y absorción de complementos del salario mínimo”, advierte Pacheco.

En la misma línea se expresan en UGT, donde subrayan que este decreto “tiene que tener cambios, pero antes de profundizar en ellos tiene que salir adelante el registro horario”, sostiene Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT.

El Gobierno estudia modificar las devoluciones del ingreso mínimo vital (IMV) por los llamados “cobros indebidos”, uno de los aspectos más problemáticos de la renta mínima estatal contra la pobreza y que está investigando el Consejo de Europa a raíz de la denuncia de una ONG. Así lo ha anunciado el Ministerio de la Seguridad Social al Consejo Europeo de Derechos Sociales, en un escrito en el que sostiene que está “promoviendo una norma” que permita las condonaciones de deudas desde 2024.

“Se informa que por parte del ministerio se está promoviendo una norma que permita la condonación de deudas todavía no tratadas correspondiente a los cruces realizados en el año 2024 y 2025”, recoge de manera escueta el documento.

La respuesta del Ministerio liderado por Elma Saiz es fruto de la investigación abierta sobre el IMV por este organismo del Consejo de Europa a raíz de una reclamación presentada por la entidad ATD Cuarto Mundo. El colectivo contra la pobreza pidió a Europa que analizara la renta mínima española por lo que consideran que son varias vulneraciones de la Carta Social Europea.

Casi 320.000 expedientes de devolución

En especial, la ONG puso el foco en las devoluciones de la ayuda que la Seguridad Social reclama cada año a miles de hogares fruto de las revisiones anuales del ingreso mínimo vital, que se realizan a posteriori tras el cruce de datos con Hacienda de las declaraciones de la renta de los beneficiarios.

El Ministerio cifra en su escrito al Comité Europeo de Derechos Sociales en casi 320.000 los expedientes de devolución iniciados desde 2021.

“Desde la experiencia de los afectados, puede estar por debajo del número real, dado que los expedientes tienen cinco años para ser revisados”, consideran en ATD Cuarto Mundo. El IMV llega en la actualidad a 860.500 hogares, según los datos de junio.

La respuesta del Gobierno al organismo europeo no informa de cuánto dinero se ha reclamado en estos expedientes de devolución del IMV. Con datos hasta julio de 2024, la Seguridad Social había reclamado deudas por valor de 500 millones de euros, según informó al Defensor del Pueblo.

Las devoluciones son masivas por el propio funcionamiento del IMV. La ayuda se reconoce según la renta de los hogares del año anterior, la contrastada por la Agencia Tributaria, pero a posteriori se revisa esta cuantía según los ingresos reales del hogar en la siguiente declaración de la renta.

Se trata de un proceso que implica meses de retraso y que deriva en reconocimientos tardíos de atrasos de IMV (si este era inferior de lo debido) o en la exigencia de devolución de toda o parte de la ayuda ya recibida. La Seguridad Social adelantó en 2025 este proceso algunos meses, con una primera revisión provisional en mayo-junio y una segunda definitiva en octubre, para reducir las cuantías reclamadas a las familias.

Estas devoluciones son uno de los aspectos más criticados de la renta mínima estatal por los enormes problemas que generan a hogares ya muy vulnerables y, por tanto, sin capacidad de ahorro ni de afrontar estos pagos, como ha advertido el Defensor del Pueblo, la AIReF, el Tribunal de Cuentas y las ONG especializadas en la lucha contra la pobreza.

Las ONG lo ven positivo, pero insuficiente

Colectivos sociales que denuncian las devoluciones del IMV han recibido como una “buena noticia” que el Gobierno estudie una reforma legal para permitir las condonaciones de deuda, algo recomendado por el Defensor del Pueblo en varias ocasiones, pero insisten en que lo anunciado a Europa es insuficiente, sostienen en ATD Cuarto Mundo y 'Afectados por el IMV'.

“Ha sido una sorpresa y, por una parte, nos alegramos de que el Gobierno reconozca el problema y anuncie condonaciones. Pero por otro, no hay una norma aún, es solo una promesa. Además, estas condonaciones serían solo a futuro, no afectarían a pasado a los miles de hogares ya afectados”, explica Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo.

elDiario.es ha consultado al Ministerio de la Seguridad Social sobre en qué consistiría esta reforma legal y a quiénes afectaría, pero se ha limitado a responder que es una de las iniciativas que se están estudiando, entre otras muchas. A nivel regional, Catalunya aprobó un decreto para condonar deudas de su Renta Garantizada de Ciudadanía a finales de 2025 y Asturias anunció hace unos meses una reforma en este sentido.

“No podemos olvidar a quienes llevan años sufriendo las consecuencias de un sistema que ha generado reclamaciones de devolución, incertidumbre y graves dificultades económicas”, afirman en 'Afectados por el IMV'. En muchos casos, las devoluciones fueron incluso derivadas de reconocimientos de oficio de la ayuda por parte de la Seguridad Social.

“¿Es que hay perceptores de primera y perceptores de segunda? Miles de personas continúan soportando deudas generadas por el propio funcionamiento del sistema. Una solución justa debe alcanzar también a quienes llevan años soportando las consecuencias de estos errores administrativos”, sostienen en 'Afectados por el IMV'.

ATD Cuarto Mundo responderá al Comité Europeo de Derechos Sociales este mes, gracias a su derecho de réplica, e insiste en la necesidad de acabar con este modelo de devoluciones. “Esto es algo muy gordo, afecta a muchísimas personas. Juegan con que la gente vulnerable no tiene mucho eco, pero esto tiene tal dimensión que algo tienen que hacer. Si no, les va a pasar factura”, sostiene Arranz.

Apuntarse al paro es una mala noticia para la inmensa mayoría de las personas, pero no siempre. A veces, es el primer paso de la inclusión en el mercado laboral. Este escenario más halagüeño es el protagonista de la inusual subida del paro de este julio, en 19.500 personas, moderada y que se debe principalmente a la regularización extraordinaria de migrantes, que sobre todo está provocando un fuerte crecimiento del empleo en los últimos meses.

El paro registrado, las personas que se apuntan como desempleadas a las oficinas públicas de empleo, ascendió este julio frente a los descensos habituales en este mes. “Aunque veamos un aumento, es una buena noticia para el país”, ha valorado este martes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Cuando se ahonda en quién forma parte de este aumento de 19.500 personas más en paro, se observa que sobresalen los trabajadores extranjeros –unos 15.500– y, en especial, aquellos que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo formal (“colectivo sin empleo anterior”, en la estadística oficial), que se sitúan en 11.300.

Trabajo ha explicado que estos datos están vinculados a la regularización extraordinaria masiva de migrantes que está en proceso en estos momentos y que, sobre todo, se está traduciendo en un gran auge del crecimiento del empleo.

Por un lado, la Seguridad Social ha cifrado en unas 263.000 personas regularizadas que han pasado a estar trabajando de alta, con datos hasta el pasado 30 de julio. Por su parte, Trabajo señala un aumento del paro desde abril de alrededor de 18.000 las personas extranjeras extracomunitarias, entre las que están los ciudadanos acogidos a la regularización.

En Trabajo, ubican este aumento del paro dentro de lo “normal” de la entrada simultánea de miles de personas al mercado laboral formal, ha explicado el secretario de Estado de Trabajo. Joaquín Pérez Rey ha expresado además su confianza en que en la mayoría de casos será un paso breve por el paro registrado antes de formalizar sus primeros contratos laborales, como ocurrió en la pasada regularización extraordinaria de mediados de los 2000.

Está aflorando empleo sumergido y sin derechos

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han destacado este martes que el proceso de regularización es positivo además porque está aflorando miles de empleos que hasta ahora se mantenían en la economía sumergida, en un número difícil de determinar, y que afectan en gran medida a las personas migrantes sin papeles.

“Es otra de las conquistas del proceso de regularización”, ha destacado el 'número dos' de Yolanda Díaz, que ha recordado que el empleo informal tiene “un fuerte componente de explotación” y va ligado de manera inherente a una falta de derechos laborales.

Por ello, Joaquín Pérez Rey ha destacado de manera positiva que estos ciudadanos estén ejerciendo su nuevo derecho a acudir a las oficinas públicas de empleo para poder buscar y encontrar empleo a través de los canales legales.

El empleo informal no es solo una “lacra” para los trabajadores que lo sufren, sino también para las arcas del Estado, por la falta de cotización y el pago de impuestos, así como por una práctica de competencia desleal a la baja para el resto de empresas.

Aunque aún hay que esperar a cómo evoluciona el paro y el empleo en los próximos meses, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha recordado que las personas extranjeras han sido claves en la creación de empleo en España en los últimos años, algo que ha sido compatible con el crecimiento del empleo de la población nacional y con la reducción del paro a mínimos desde 2008.

El paro registrado da derecho a ayudas para las empresas

Además, que los trabajadores se apunten al paro en las oficinas públicas de empleo es en muchos casos un trámite administrativo previo para que las empresas puedan beneficiarse de ayudas a la contratación.

“Parte de estas personas pueden estar incorporándose a las estadísticas de desempleo para acceder a programas de inserción laboral o facilitar su contratación mediante incentivos y bonificaciones en las cotizaciones sociales”, ha recordado este martes la patronal CEOE.

La organización empresarial ha valorado que la regularización de trabajadores extranjeros “está contribuyendo positivamente al crecimiento de la afiliación” y ha destacado la “capacidad” del sector privado “para sostener el empleo pese a la persistencia de desequilibrios estructurales”.

En cualquier caso, los empresarios han reclamado “un entorno regulatorio que refuerce la empleabilidad, favorezca la competitividad y el crecimiento de las empresas y permita aprovechar, plenamente, el potencial del mercado de trabajo para impulsar una creación de empleo más sólida y sostenible”.

El mercado laboral español batió en julio otro máximo histórico. En concreto, superó los 22,5 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, un hito impulsado en gran medida por la regularización extraordinaria de migrantes extranjeros. Esta ha supuesto un fuerte impulso del empleo, con casi 262.500 trabajadores más de alta, cifra el Gobierno, aunque también ha provocado un aumento del paro, de momento menor. En julio, este aumentó en 19.500 personas, en un mes de habitual descenso de este indicador.

Los datos publicados este martes por el Ministerio de la Seguridad Social dejan así el nuevo techo del mercado de trabajo en España en un total de 22.508.065 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

Aunque España ya estaba acumulando récords de empleo antes del proceso de regularización extraordinario de migrantes, en los últimos meses este ha supuesto un fuerte empujón de la afiliación, de miles de personas extranjeras que ya vivían en España y que ahora han pasado a tener papeles y, por tanto, a poder firmar su primer contrato de trabajo.

Casi 262.500 migrantes regularizados ya trabajan de alta

En solo unos meses, la Seguridad Social cifra en 262.475 las personas extranjeras afiliadas en alta por la regularización extraordinaria, con datos hasta este 30 de julio. El 81,5% están empleados como asalariados, mientras que casi un 5% son trabajadores autónomos. Por sexos, el 60% son hombres y el 40%, mujeres.

La inclusión al mercado laboral formal de estos migrantes, en muchos casos antes trabajando en la economía sumergida y sin derechos, ha acelarado la creación de empleo ya existente. En julio, el ritmo interanual se incrementó hasta el 2,9%, lo que se traduce en casi 650.000 empleos más en el último año. En abril, cuando se inició la regularización, el dato era de 517.000 empleos.

En los últimos meses los trabajadores migrantes explican de hecho la mayor parte del auge del empleo, que se ha situado por encima de lo habitual. Ocurrió en junio y de nuevo ha sucedido en julio, que ha registrado 41.700 trabajadores afiliados más de media frente a los 4.400 del año pasado.

Julio suele ser un mes positivo para el empleo, sobre todo por el empuje de varias actividades en verano, como la hostelería, el ocio y el comercio, así como las sustituciones en sectores como la sanidad, pero con mucho menos tirón que junio, que concentra el grueso de las contrataciones de cara a la época estival. Además, julio se resiente por las pérdidas de empleo en la educación (-128.500 este año).

Si se atiende a la nacionalidad, el empleo extranjero aumentó en 66.000 personas respecto a junio. Tras este aumento, se alcanza también un nuevo récord de empleo extranjero, con 3.512.223 afiliados medios, que son 420.875 más que hace un año.

“En conjunto, representan ya el 15,6% del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”, ha subrayado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

El paro registrado aumenta también

Por el lado del paro, los primeros indicios de junio se confirman en julio: el desempleo también se está viendo influido con aumentos por la regularización extraordinaria, aunque en mucho menor volumen.

En julio, el paro registrado aumentó en casi 19.500 personas, en un mes de habituales descensos. Si se observa la nacionalidad, la mayor parte del alza corresponde a personas extranjeras (+15.500).

Además, cuando se analiza el aumento por sectores, se observa que el grueso del alza del paro se sitúa en el “colectivo sin empleo anterior”, casi 8.300 personas, lo que “está fundamentalmente ligado al proceso de regularización extraordinaria en curso”, explican en el Ministerio de Trabajo. Entre los migrantes, este aumento alcanza las 11.400 personas respecto a junio.

La regularización “da la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz. Hay que recordar que estas personas están apuntadas como demandantes de empleo, como desempleadas, pero no están cobrando el paro, ya que no han cotizado el mínimo para ello.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ya apuntó el mes pasado que la regularización supondría “un ajuste” en las estadísticas de la afiliación, pero también del paro, y apostó por “ser capaces de nuevo de reconducir a estas personas que están en una situación de desempleo a oportunidades hacia aquellos sectores que están demandando trabajo”.

En total, el paro registrado subió así en julio hasta las 2.311.499 personas, la cifra más baja en este mes desde 2007, destaca el Ministerio de Trabajo, que recuerda también el dato de tasa de paro, inferior al 10%, un mínimo desde los inicios de la pasada crisis financiera.

Yolanda Díaz ha celebrado que el paro juvenil haya vuelto a marcar un mínimo histórico, con 159.562 desempleados menores de 25 años. “Nuestras políticas laborales centradas en ellos han dado sus frutos. Nunca antes hubo tan pocos jóvenes en paro”, ha afirmado.

“De 10 años a aquí, esto es insoportable”, dice Abraham de la Calle Espinosa, electricista de 58 años que trabaja en el mantenimiento de varios parques de la capital. Es uno de tantos miles de personas que trabajan a diario a la intemperie, en la calle, en un país cada vez más amenazado por el calor extremo. Mientras hay quienes minimizan lo que sucede, porque “en verano siempre ha hecho calor”, en el tajo saben bien que los científicos tienen razón: la situación está agravándose cada año.

“El calor existía, pero no era esto”, responde el electricista. “No había tantos días de calor, y sobre todo tantas noches. Ni era tanto el calor. Además, ahora empieza mucho antes”, advierte Abraham de la Calle Espinosa, que lleva “toda la vida” trabajando en la calle. Primero en obras como electricista y desde hace 16 años en su puesto de mantenimiento en varios parques de Madrid.

Si antes los días “insufribles” llegaban en julio y “a mediados de agosto bajaba la cosa”, recuerda el trabajador, ahora el calor extremo aterriza ya en junio, como ha demostrado la primera ola de calor de este verano, y se sigue pasando mucho calor “hasta en septiembre”.

El riesgo es muy grave. El pasado martes falleció un trabajador, de 48 años, que se desvaneció en la calle en Sevilla capital “tras una exposición prolongada a altas temperaturas en la vía pública”, afirmó la Junta de Andalucía. El viernes se conoció la muerte de un jornalero de 64 años en Lleida tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba el miércoles en una finca agrícola, en plena ola de calor.

Fin al “hasta el 40 de mayo no te quites el sayo”

El cambio respecto al pasado se encuentra retratado de manera sencilla en el refranero popular, advierte Abraham de la Calle Espinosa, con un “hasta el 40 de mayo no te quites el sayo” totalmente desfasado.

José Viciana, que coge el teléfono desde Linares (Jaén), una de las muchas sartenes de España, también ha visto cómo “la calor” de los últimos años ha dejado ya para la historia otro refrán típico de su localidad, muy utilizado entre los agricultores que trabajan día a día “al Lorenzo”. “Santa Ana, Santa Anilla, su prima y su primilla”, dice entre risas.

“Son los días 26, 27, 28 y 29 de julio”, explica, “cuatro días terribles” que antes se situaban como referencia de la llegada de “calor fuerte”. “Ahora se ha adelantado a junio”, coincide el agricultor.

Viciana, de 52 años, trabaja desde que tiene “uso de razón” a la intemperie. “Desde los 11 o 12 años, con ganado” y después, en el campo. Ahora, trabaja el cereal y el olivar, cultivo emblema de su tierra, para sí mismo como autónomo así como jornalero para otras fincas.

No solo el calor llega antes, sino que también se alcanzan más grados y, sobre todo, abarca más días. “Los fenómenos meteorológicos adversos extremos cada vez ocupan más parte del tiempo y cada vez vivimos más fuera de los patrones habituales”, advierte Aida Suárez, secretaria de Salud Laboral de CCOO del Hábitat. Esto hace más duro el trabajo ya no solo por la exposición, sino por la acumulación.

Abraham de la Calle Espinosa no solo lo nota por los días, sino por la suma “de noches”. “No puedes descansar bien, con tantos grados y eso se nota al día siguiente”, dice el electricista. En este sentido, en CCOO, sindicato del que es delegado, insisten en la necesidad de vincular la prevención laboral también a las políticas contra la “pobreza energética”, como el mejor aislamiento de los edificios de los barrios de gente trabajadora.

“Si estás trabajando a 37 o 38 grados, no es lo mismo llegar a una casa climatizada que a otra que esté a 30 y pico grados. A esa persona le cuesta muchísimo más recuperarse”, sostiene Aida Suárez.

Prevenir o morir

Así, aunque algunos no lo quieran ver, el cambio climático está desplegando cada vez más sus efectos en el aumento de las olas de calor y otros episodios meteorológicos extremos. La alternativa de no actuar al respecto pasa por miles de muertes, advierten los especialistas y demuestran las cifras que facilitan cada año los servicios sanitarios.

José Viciana nota en su cuerpo lo que explican los expertos: que el inicio de las altas temperaturas y los primeros días de los episodios extremos son los más peligrosos. “Los dos o tres primeros días son los peores, luego el cuerpo es muy duro y muy sabio, y te vas aclimatando. Se aguanta mejor la calor”, explica el agricultor.

La clave pasa por prevenir, insisten las autoridades como el INSST (Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo). “Y la prevención se basa en anticiparse, no en lamentar”, reclama Aida Suárez.

Por ejemplo, con información a los trabajadores sobre los efectos del calor extremo para que sean capaces de identificarlos con celeridad, así como la existencia de protocolos de actuación claros en las empresas, que no se circunscriban a épocas del año concretas (julio o agosto), sino a las circunstancias que haya en cada momento. “Que si llega una ola de calor en mayo, se active y la gente sepa cómo actuar”, sostiene la responsable de salud laboral.

Cuando llegan las altas temperaturas, los agricultores adelantan sus jornadas a la madrugada, explica José Viciana. “Empezamos a las 3 de la mañana y a las 12 o 12.30 horas nos vamos a casa, porque ya no se puede aguantar”, explica. En ocasiones, al final de la tarde, a partir de las ocho, vuelve a echar otro rato de trabajo.

Abraham de la Calle Espinosa explica que en su empresa hay “bastante conciencia” sobre el calor, un riesgo que les afecta mucho, con jornada intensiva ante las altas temperaturas, la recomendación de aumentar los descansos a la sombra y beber agua más a menudo. “Son los básicos, pero insistimos en ellos porque en muchas empresas aún no se cumplen”, sostiene la responsable de salud laboral de CCOO Hábitat.

Este año, el electricista se ha puesto además una pulsera que mide sus constantes y temperatura que la empresa ha facilitado de manera voluntaria a gente con patologías y mayor riesgo, como es su caso, explica. “Hay gente que no ha querido, pero yo me la he puesto. Si hay riesgo de golpe de calor, pita”, dice el trabajador.

Además, los sindicatos y la Inspección de Trabajo están a disposición de los trabajadores y de la ciudadanía para poder denunciar abusos ante las malas temperaturas. La factura de las negligencias puede ser muy elevada. No solo por las multas, sino por los accidentes mortales que cada año impiden que decenas de trabajadores y trabajadoras vuelvan a sus casas al final de su jornada.

Tras las numerosas críticas al discurso de Alberto Núñez Feijóo sobre recortar lo que ganan los trabajadores enfermos, el Partido Popular y varios miembros de la patronal se lanzaron a difundir un nuevo mensaje. El “absentismo”, como llaman a las bajas médicas, “perjudica a los compañeros de trabajo”. Un marco con el que se asimilan el incremento de las ausencias al fraude o el abuso masivo, sin datos e ignorando otras muchas causas del aumento, y en el que se pone en la diana a los trabajadores enfermos frente al resto.

“El absentismo se ha disparado sin que el Gobierno haga absolutamente nada”, ha criticado el responsable económico del PP, Alberto Nadal. “Resultado: empresas asfixiadas, compañeros cargando con trabajo ajeno y 18.400 millones de coste para la Seguridad Social”, concluía.

El portavoz del PP Borja Sémper apuntaba por su parte que “quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en COMBATIR EL FRAUDE y el absentismo para tener el derecho a una baja laboral por enfermedad cuando la necesiten sin perder derechos”.

En la patronal, el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, respaldaba al PP frente a las críticas con un argumento similar: “El absentismo es un problema grave que perjudica a empresas, a la seguridad social y a los compañeros de trabajo”.

Desde la CEOE y otras patronales incluyen a menudo este discurso en sus críticas al “absentismo”, en las que aseguran que están tratando de “proteger” a sus plantillas ante el abuso de las bajas, aunque no cuantifican este supuesto incremento del fraude.

Fuentes de CEOE sitúan el “problema del absentismo” en una cuestión de salud, primordialmente. “Dicho esto, cuando una persona, por estas causas, prolonga su baja, lo que se está produciendo es una serie de efectos que no se puede obviar”, añaden en la organización empresarial.

“Un coste para la Seguridad Social, también para las empresas; y también problemas organizativos y, en muchos casos, una sobrecarga temporal de trabajo para otros trabajadores”, sostienen los empresarios.

Celebrar a quienes “nunca se cogen la baja”

El responsable económico del PP ha destacado otro de los datos más usados por las patronales: “El 70% de los españoles nunca cogen una baja”. Es un dato habitual en los discursos de Alberto Nadal, acompañado de críticas como que el Gobierno manda el mensaje de que “trabajar es opcional”, en referencia a la defensa de la reducción de la jornada laboral y de permisos retribuidos, como los climáticos.

La contraposición entre quienes van “siempre” al trabajo (quienes “no faltan ni un solo día” a su puesto) frente a las personas que sí se ausentan es bastante llamativo cuando de lo que se está hablando es de bajas médicas. Es decir, de ausencias por enfermedad.

Porque enfermar no es una elección, ni siquiera una situación deseable, sino algo que querrían evitar las personas afectadas y que lastra su bienestar y salud, advertían esta semana desde CCOO, donde lamentaban que se está dibujando una imagen distorsionada de cómo funcionan las bajas y de supuestas ausencias “sin justificación” de trabajadores, que simplemente no existen en España.

Aunque el PP y la patronal aseguran que no dirigen sus mensajes contra los trabajadores enfermos, es precisamente ese motivo –estar enfermo y no poder ir al trabajo– lo que sitúa a las personas fuera de ese colectivo celebrado: los que no faltan “nunca” al trabajo.

“Partidos que aspiran a gobernar están apostando por un modelo de 'libertad de odiar'. Los jóvenes, a los pensionistas; los nacidos en España, a los migrantes; y ahora los trabajadores sanos, a los enfermos”, critica Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT.

“Es un discurso muy peligroso. Quiere hacer responsable a los compañeros enfermos, en contra de la responsabilidad de empresas de organizar el trabajo y las ausencias”, continúa Patricia Ruiz, que recuerda que muchas veces son los propios empresarios quienes sobrecargan de trabajo a las plantillas en España, uno de los países con más estrés laboral de la UE, o quienes obligan a los trabajadores a hacer horas extra sin pagar.

“No estamos diciendo que la culpa sea del trabajador enfermo y, por tanto, no debería producirse ningún tipo de enfrentamiento”, responden al respecto en la patronal CEOE.

La excusa de un “fraude” masivo que no cifran

Estos discursos se justifican a menudo por los casos de abuso o fraude en las bajas. Es decir, que no es que señalen a los trabajadores enfermos, sino solo a quienes abusan del sistema. Así lo ha hecho de nuevo ante las críticas el PP, que eleva la magnitud del fraude a algo masivo, pero sin dar cifras al respecto.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha llegado a afirmar que el gasto derivado de las bajas médicas debería reducirse más de la mitad, algo imposible sin recortes. “Que no hablemos de 33.000 millones, sino que estemos más cerca de 14.000, que posiblemente responde más a las situaciones de enfermedad”, afirmó.

“Fraude hay como en todo en esta viña del Señor, que dirían algunos. Pero, si alguien tiene constancia de fraude masivo, lo que debería hacer es aportar los datos”, sostiene Paulino Cubero, médico de Atención Primaria y miembro de semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria).

Cubero advierte de que estos discursos de supuesto fraude masivo “nos acusa también a nosotros, los médicos, que somos los que estamos dando la cara”. El sanitario destaca también cómo a menudo se divide a los pacientes de baja según sus patologías, y se exceptúa de las críticas “a los pacientes de cáncer, porque están muy malitos, pero los demás parece que no son tan importantes”. “Para mí son importantes todos mis pacientes, cada uno con su problema”, afirma el médico de familia.

Los sindicatos piden ir a las causas reales del aumento de bajas, como la saturación de la sanidad pública y del INSS o el deterioro de la salud mental, para poder abordar este tema. Desde semFYC han elaborado también un documento de propuestas para aligerar la atención y la recuperación de los trabajadores, como permitir que los médicos de familia pidan resonancias o que los médicos especialistas asuman el seguimiento de las bajas de los pacientes que tratan, explica Paulino Cubero.

Tras un informe de la Abogacía del Estado, el Tribunal de la oposición investigada y paralizada de Renfe, para operador comercial con 600 plazas provisionales ya adjudicadas y a la que se presentaron 5.000 aspirantes, ha acordado este viernes repetir la prueba psicotécnica bajo sospecha, según confirman Renfe y CCOO a elDiario.es.

Renfe celebrará la repetición de la prueba el próximo 25 de julio en Madrid, Barcelona, Sevilla y León, según ha comunicado ya a los aspirantes, y sitúa la cifra de personas afectadas en “2.213” candidatos, que volverán a ser llamados a este examen.

La empresa pública insiste en que ha tomado su decisión para garantizar “la igualdad de oportunidades” en el proceso selectivo.

La polémica con la oposición investigada

La prueba en cuestión investigada es la psicotécnica de comprensión lectora, externalizada a la empresa People Experts, y que varios aspirantes advirtieron que había estado disponible en una academia (Eticop) y en internet previamente, “desde hacía años”, explicaron varios opositores a elDiario.es.

Tras la apertura de una investigación interna por parte de Renfe y la subcontrata, así como de una consulta jurídica a la Abogacía del Estado, esta ha allanado el camino para la repetición de ese examen y mantener el resto de las pruebas (psicotécnica numérica y el examen de contenidos), dado que la difusión del contenido de manera externa solo afecta a ese examen.

En el informe de la Abogacía figura que la empresa People Experts reconoció que los documentos externos analizados “constituyen una reproducción del contenido de la prueba oficial utilizada en el proceso”, al que pudo tener acceso “un número indeterminado de candidatos”, por lo que existe “una gran probabilidad de vulneración del principio de igualdad, mérito y capacidad”, ante lo que recomendó la anulación de la prueba.

La decisión es del tribunal

No obstante, la Abogacía del Estado recuerda que no le compete a ella ordenar esta repetición, ni resolver si la difusión del contenido analizada en este caso ha quebrantado los principios de igualdad, mérito y capacidad de la prueba, decisión que debe tomar el tribunal de la oposición.

En el informe, expresa que, si el psicotécnico “ha perdido objetivamente su aptitud para garantizar una valoración de los aspirantes en condiciones de igualdad”, “el mantenimiento de sus resultados dejaría de ofrecer las garantías objetivas inherentes a todo procedimiento selectivo”.

Pero contempla también que la anulación total del proceso “solo encontraría justificación cuando la incidencia apreciada afectara de forma inseparable al conjunto del proceso selectivo”, por lo que se inclina por la repetición de dicho psicotécnico.

“Esta solución permite restablecer la igualdad entre los aspirantes respecto de la actuación afectada sin extender necesariamente los efectos e la incidencia a pruebas cuya regularidad no ha sido cuestionada”, observa.

La Abogacía contempla que el mantenimiento del proceso selectivo “únicamente resultarán conformes a Derecho si el Tribunal considera motivadamente que la incidencia detectada carece de entidad suficiente para afectar objetivamente a los principios de igualdad, mérito y capacidad que debían presidir la prueba controvertida”.

Este viernes, este tribunal se ha reunido y ha analizado el informe de la Abogacía, tras lo que ha votado la repetición de la prueba. Esta repetición ha salido adelante con los tres votos de Renfe y el del sindicato de maquinistas Semaf, mientras que UGT y CCOO no han respaldado la medida, según fuentes conocedoras del resultado.

CCOO y UGT rechazan la repetición

CCOO se ha opuesto a la repetición del examen, decisión con la que también difiere UGT, según fuentes del sindicato, porque consideran “desproporcionada” ante los hechos y dadas las circunstancias, con cientos de candidatos con la plaza ya adjudicada de manera provisional.

“El informe emitido por la Abogacía del Estado sitúa la responsabilidad de valorar la existencia o no de una posible irregularidad y, en su caso, la adopción de las medidas que pudieran corresponder, en el propio Tribunal del proceso selectivo, como órgano competente para ello”, indican en CCOO.

El análisis de la situación lleva a CCOO a concluir “que no existen elementos objetivos suficientes que justifiquen la repetición de la prueba y que, por el contrario, generaría inseguridad jurídica y perjudicaría a cientos de personas que participaron de buena fe y conforme a las reglas establecidas”.

En la misma línea se expresan en UGT. El sindicato “considera que no resulta admisible que personas aspirantes puedan verse afectadas por una circunstancia objetiva, sobrevenida y completamente ajena a su conducta. Esta organización no puede avalar una solución que, directa o indirectamente, genere perjuicios sobre quienes no han tenido responsabilidad alguna en los hechos objeto de análisis”, indica la organización.

Semaf por su parte explica su voto a favor de la repetición debido a que ha sido la recomendación de la Abogacía del Estado.

Una candidata de la oposición, con la plaza provisional asignada y afiliada a CCOO, confirma que el sindicato acaba de celebrar una asamblea con sus miembros en la que les ha comunicado la repetición del examen. “Es un atropello”, lamenta la aspirante, que afirma que varios afectados están estudiando si presentar denuncias de manera colectiva o individuales contra esta decisión.

Por otro lado, un candidato que no había superado esta prueba psicotécnica también critica a elDiario.es la decisión de repetir el examen de comprensión lectora sin que se hayan publicado de manera transparente las plantillas con las respuestas correctas y incorrectas, como reclama un amplio colectivo de opositores.

Este afectado condena además que en la asamblea de CCOO se haya dado voz a un abogado que representa a afectados con la plaza provisional, algo que no considera independiente siendo el sindicato miembro del tribunal opositor.

Tras más de una semana de huelga y movilizaciones al alza de la plantilla de Airbus, la multinacional ha lanzado un comunicado este viernes en el que se muestra “abierta al diálogo” con la parte trabajadora y en la que reconoce que los paros están causando un “impacto” en sus operaciones y clientes. “Tomamos nota”, dicen desde la dirección ante las preocupaciones de la plantilla, que se ha levantado contra el recorte del teletrabajo y la imposición de varias medidas unilaterales.

“La intención de Airbus es avanzar de manera constructiva como parte de las negociaciones en curso y tomamos nota de las preocupaciones de nuestros empleados. Nuestro objetivo es volver a la normalidad lo antes posible para mitigar el impacto de la huelga en nuestros empleados, operaciones y clientes”, indica el breve comunicado.

El mensaje público de la empresa ha tardado algo más de una semana en llegar, días en los que la huelga de la plantilla, convocada desde el 1 al 31 de julio, y las protestas a las puertas del centro de trabajo de Getafe, inicio de la movilización, no han hecho más que crecer.

“Es una huelga un poco atípica. Empezamos desde SIPA, en el sindicato le dimos la herramienta a los trabajadores para manifestarse. Y con los días el resto de organizaciones se ha ido sumando a la convocatoria. Los empleados ha visto que el conflicto ganaba peso y también se han ido sumando”, explica Israel Paredes, presidente del comité de empresa en Getafe y líder de SIPA (Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos), segunda organización con más representación dentro de la multinacional, tras CCOO.

Paredes explica que se han adherido a la huelga todas las organizaciones sindicales –CGT, UGT, ATP-SAE y UTIL–, savo CCOO, que de momento plantea una huelga a partir de septiembre.

SIPA: “El cabreo de la gente es monumental”

Airbus reconoce en su breve comunicado el “impacto” de la huelga en su actividad y clientes, algo poco habitual en las compañías y que para la parte trabajadora refleja “la movilización masiva que hay ahora mismo en todos los centros de Airbus de España”, dice Paredes.

La empresa no ha dado datos de seguimiento en la huelga, algo también poco frecuente. El líder de SIPA indica que los paros han ido en aumento, de un “70%” los primeros días hasta alrededor del “90%” en la actualidad.

“El cabreo de la gente es monumental”, resumen Paredes. La eliminación de un día de teletrabajo, de los dos existentes, por parte de la dirección fue “la gota que colmó el vaso”, explicaron desde SIPA a este medio, de un conjunto de medidas unilaterales por parte de la compañía, en materia de salarios y vacaciones, en un contexto además de beneficios récord por parte de Airbus.

“En general las imposiciones por parte de la empresa son la nueva normalidad y nos encontramos en un tobogán hacia abajo de recorte de derechos (supresión de rutas de transporte / copago del comedor de la empresa / reducción de servicios médicos / etc...)”, dice también un trabajador a este medio.

Los trabajadores quieren negociar mejoras

El presidente del comité de empresa de Getafe explica que, aunque lamenta que Airbus “haya tardado una semana” para responder con un comunicado, “haciendo que la gente tenga que hacer huelga”, la parte trabajadora está “dispuesta al diálogo” y “a expensas de que la dirección convoque una reunión para negociar”.

Eso sí, Israel Paredes advierte que espera “que la empresa presente propuestas a la altura de la movilización que hay”.

Los trabajadores reclaman mejoras salariales negociadas, que no les hagan perder poder adquisitivo en un contexto de récords de beneficios de Airbus, así como suprimir los recortes del teletrabajo y otros beneficios sociales de la plantilla, entre otras prioridades.

Mientras, el lunes seguirán las movilizaciones. Tanto la huelga, como los piquetes informativos que arrancan de madrugada y que luego finalizan en una gran asamblea y protesta de trabajadores a las 10 horas, en la puerta sur del centro de Getafe.

El Senado ha enviado este jueves la llamada “pasarela al RETA”, para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas, a su votación definitiva en el Congreso de los Diputados. Las enmiendas que la Cámara Alta ha incluido en la ley, que aún las puede tumbar el Parlamento, son fruto de una autoenmienda del PP al texto que salió del Pleno del Congreso. La pasarela ha vuelto a excluir a los ya jubilados (salvo los casos de viudedad), mientras que ha abierto el paso a quienes tienen más de 15 años cotizados y, por tanto, derecho a una pensión.

Con 164 votos a favor, uno en contra y 96 abstenciones, el texto legal ha sido respaldado por la mayoría de la Cámara Alta y sido enviado de nuevo al Congreso de los Diputados, para que este vote acerca de las modificaciones incorporadas. “El momento de la verdad” será la votación en el Parlamento, ha destacado el senador del PP Gerardo Camps, donde se puede volver a modificar la proposición de ley.

El debate en el Senado ha sido bronco, sobre todo entre el PP y el PSOE, tras una negociación de todos los partidos políticos que se ha alargado durante meses y que trata un asunto complicado, con miles de afectados. Según algunos cálculos de asociaciones de mutualistas, unas 100.000 personas.

Los distintos portavoces en el Senado han reconocido que la legislación que va al Parlamento para su examen final no es “perfecta”, ni da una respuesta “integral” a todos los perjudicados, pero han subrayado que es “una solución” para miles de profesionales ante el riesgo de “no hacer nada”, ha destacado la senadora del PNV, Nerea Ahedo.

La recta final de la “pasarela al RETA”

La “pasarela al RETA” es una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

La pasarela que se pretende aprobar supone un rescate desde lo público de estos profesionales, con largas carreras profesionales, pero que en muchos casos han cotizado a las mutualidades privadas menos de lo que aportaban los autónomos a la Seguridad Social.

La negociación ha tratado de dar una salida a estos colectivos, que en muchos casos se sienten engañados y abocados a pensiones de indigencia, pero a la vez tratando de dar una salida justa respecto a quienes sí han aportado a lo público y que cuide la sostenibilidad del propio sistema público.

Los senadores y senadoras que han tomado la palabra han celebrado la “solución” que esta pasarela ofrece a miles de profesionales, aunque desde varias formaciones de izquierdas se ha criticado el modelo de las mutualidades privadas que han llevado a esta necesidad de intervención de lo público.

“Permitir la alternatividad fue un error. Hay que reconocer el error. Se ha hablado de hacer justicia, pero poco del origen, de por qué estamos aquí”, ha denunciado la senadora Idurre Bideguren, de EH Bildu. Por su parte, la senadora socialista Rocío Briones ha criticado que el PP haya eliminado “el fin de la alternatividad” que planteaba la proposición inicial del PSOE, por lo que ha acusado a los 'populares' de estar “a favor de las mutualidades, y no de los mutualistas”.

Las claves de la ley que sale del Senado

La proposición de ley que ha respaldado la Cámara Alta crea una pasarela para que estos profesionales puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social, con el objetivo de acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema.

Finalmente, el PP ha modificado en el Senado el acceso a la pasarela respecto a lo pactado en el Congreso por la mayoría de grupos políticos, que dejaba fuera a los pensionistas y a las personas que ya tienen derecho a una pensión (con 15 años cotizados).

Los 'populares' eliminaron estos criterios con una enmienda en el Pleno del Parlamento, pero después han recuperado la exclusión de los llamados “pasivos” –los pensionistas, salvo los casos de viudedad– en la tramitación en la Cámara Alta. No obstante, ha abierto la puerta de la pasarela a los profesionales con 15 años cotizados.

Por otro lado, aunque la enmienda del PP en el Congreso eliminó varios avances acordados por los grupos políticos, en el Senado se han recuperado algunos de ellos. Así, se establece que el Gobierno debe regular la letra pequeña de las condiciones de la pasarela en un reglamento en el plazo de tres meses. En el PP han insistido en que el Gobierno tiene ahora la responsabilidad de “dar una solución” a los mutualistas en este reglamento y ha pedido que “no defraude” al colectivo.

El Senado también ha recuperado la mejora pactada en el Congreso por las fuerzas progresistas para los mutualistas mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que puedan computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión.

Además, el PP ha ampliado esta regla del 1x1 para los años cotizados en las mutualidades antes de 1995, cuando la adscripción a estas eran obligatorias.

En cuanto al cálculo de los periodos cotizados, queda bastante abierto de cara al reglamento del Gobierno, aunque no tanto como en la enmienda del PP que prosperó en el Congreso, que no daba apenas detalle al respecto y vinculaba la cuestión a la evolución del IPC.

En la Cámara Alta se ha incorporado que se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habrían pagado al régimen de autónomos estos mutualistas, eliminando la referencia a la actualización al IPC, y se ha añadido que se aplicará “un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas”.

El PP quiere acabar con “el cáncer” del “absentismo laboral”, como lo tildó su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, este martes en un acto organizado por empresarios vascos. Un mensaje calcado a los que lanza la patronal, que señala a los trabajadores que reciben una baja médica o hacen uso de los permisos legalmente establecidos. En su intervención, Feijóo apuntó que, si llega al Gobierno, tomará “una decisión” para atajarlo, y planteó tanto reducciones de sueldo como de “prestaciones”. “Con o sin acuerdo” con los sindicatos.

El comentario de Feijóo desató una tormenta de críticas desde el Gobierno, partidos políticos y sindicatos. El PP intentó este miércoles aparentar que modulaba su discurso por boca del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Pero lo que hizo fue ratificar las líneas centrales de lo dicho por su jefe de filas.

En una gira televisiva por la mañana, Bravo apuntó a que el fraude está detrás del incremento del coste que el “absentismo” tiene para las arcas públicas y de las empresas. En concreto, el dirigente dijo que España ha pasado de gastar 14.000 millones en 2018 a unos 33.000 millones en 2025. Y planteó que el objetivo de Feijóo es recuperar los niveles de 2018.

“Feijóo hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas”, apuntó Bravo en La Sexta. “Lo que él decía es que en este caso [fraude en las bajas] no parece adecuado que cobren el 100%” del salario, añadió. Bravo aseguró que su jefe no se refería a “cuando una persona esté de baja por enfermedad”.

Según Bravo, “los datos” indican “que hay fraude”. Fue ahí cuando dio la mencionada cifra de 14.000 millones: explicó que Feijóo quiere “trabajar sobre ello para reducirlo y para que no hablemos de 33.000 millones, sino que estemos más cerca de 14.000, que posiblemente responde más a las situaciones de enfermedad”. Con este marco, el PP está situando bajo la sospecha de abuso más de la mitad del gasto actual, algo que no hacen ni las patronales más beligerantes en este tema.

Reconocen que no tienen datos del porcentaje de fraude

Desde la dirección del PP reconocen a elDiario.es que no tienen datos concretos sobre el porcentaje de fraude que hay dentro del “absentismo laboral”, un concepto con el que el PP y patronales denominan a las bajas médicas, pero también en ocasiones otras ausencias, como aquellas por permisos retribuidos. Pero apuntan a que “no está justificado que cada año suba más de 4.000 millones” el coste que acarrea.

“Hay que bajarlo al máximo”, añaden las mismas fuentes. “Eso significa recuperar antes y mejor al que tiene una patología, luchar contra el fraude y mejorar las condiciones de todos los trabajadores”, concluyen.

La magnitud del recorte del gasto del PP es mayúscula. El partido quiere recuperar el nivel de gasto de 2018, con la realidad de 2026, algo que es incompatible sin aplicar recortes por muchos motivos. Por un lado, porque los salarios de los trabajadores son ahora mucho más altos que en 2018, además de haber también más empleo, por lo que el coste de las bajas se elevaría por defecto aunque hubiera el mismo porcentaje de bajas. El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, ha cifrado este miércoles que la buena situación económica, con más empleo y mayores salarios, explica por sí sola “un 40%” del aumento del gasto en incapacidad temporal.

Por otro lado, además, hay un aumento notable de bajas por enfermedad por motivos justificados muy claros, como el envejecimiento de la población trabajadora y el enorme deterioro de la salud mental tras la pandemia. Cuerpo ha estimado que otro 30% del incremento del gasto se debe a una mayor duración de estos procesos de bajas laborales (algo que sucede especialmente entre la gente mayor y en procesos de salud mental) y el “30% restante” debido a “una mayor incidencia” de las bajas. Cuando se amplía la mirada, se observa que no solo es un proceso que atraviese España, sino que también sucede en muchos otros países.

En las comunidades donde gobierna el PP, hay algunas muestras de cómo están gestionando este tema. En Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, ha ofrecido a los médicos cobrar un plus si acortan las bajas de sus pacientes. En Catalunya, donde gobierna el PSC, el Govern rectificó hace unos meses y retiró los incentivos a los ambulatorios para acortar bajas laborales.

Esta mañana Bravo reiteró también otra de las advertencias que lanzó Feijóo y que más estupor provocaron: que esa futura reforma se acometerá “con o sin acuerdo” social. Con o sin los sindicatos. “Porque el Gobierno lo que está diciendo es que como no hay acuerdo, no toma las medidas”, zanjó. La patronal ha recibido el planteamiento del PP con alborozo: “Nos alegra que haya políticos responsables”. Hace unas semanas, varias patronales emplazaban al “futuro gobierno” a tomar medidas como recuperar el despido por absentismo y permitir que las mutuas –gestionadas por organizaciones empresariales– den de alta a los trabajadores por enfermedad común (algo ahora reservado a la sanidad pública).

Ruido de recortes en otras propuestas del PP

No es la primera vez que el líder del Partido Popular asume de pleno una reivindicación de la patronal. Es el sello de su propuesta económica desde que llegó a Madrid, en 2022.

Aunque no ha sido nunca tan expreso como en esta ocasión con las bajas médicas, el PP ya ha hecho sonar las alarmas de los sindicatos por propuestas concretas que denotan posibles recortes laborales si vuelve a gobernar. Por ejemplo, con el lema “250 son los nuevos 50”, de su ideario político a propósito de su 21º Congreso Nacional, el PP defendió “eliminar las trabas y los umbrales regulatorios asociados al tamaño empresarial”.

Esas “trabas” y “umbrales” se refieren al límite a partir del cual se crean a día de hoy miles de comités que representan a los trabajadores en sus empresas, defienden sus intereses y negocian sus condiciones laborales. CCOO y UGT, así como la vicepresidenta Yolanda Díaz, han alertado de que elevar este límite a los 250 trabajadores supone vaciar de poder a la parte trabajadora en la mayor parte de empresas del país, que son de menor tamaño.

Las pensiones son otro de los ejes sociales con los que el PP juega a la ambigüedad. Aunque públicamente asegura que defiende este pilar público, a renglón seguido suele insistir en su insostenibilidad y en criticar que las reformas aprobadas por el Gobierno de coalición son “insuficientes”. También dice compartir que las pensiones suban con el IPC, pero en el pasado ha votado varias veces en contra de la medida y el partido llegó a presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso para intentar tumbar la reforma de Escrivá que recuperó el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Los sindicatos y colectivos de pensionistas tienen memoria y conservan el recuerdo del Gobierno de PP de Mariano Rajoy, que aprobó la reforma de 2013, con amplios recortes presentes (en la subida anual de la pensión) y futuros (a través del factor de sostenibilidad, que no se llegó a aplicar nunca).

Lo mismo sucede con las bajas médicas. Que el PP hable ahora de recortar lo que perciben los trabajadores de baja no extraña si se tiene en cuenta que fue una medida que aplicó el propio partido en el Gobierno a los trabajadores públicos en la pasada crisis. Rajoy también facilitó el llamado “despido por absentismo” en su reforma laboral de 2012, para trabajadores que sumaran más bajas médicas, la primera medida que desmontó Yolanda Díaz al frente de Trabajo.

El ingreso mínimo vital

El PP también ha puesto en su mirilla uno de los grandes hitos del Gobierno de coalición: el ingreso mínimo vital. “Se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras de Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

El mensaje de Feijóo busca atacar, a la vez, esta prestación, surgida durante la pandemia, y a las personas migrantes. “Cualquiera puede entrar ilegalmente y, sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato, y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”, ha dicho. Una afirmación falsa.

En la ponencia política que aprobó el PP en su congreso de hace un año se proponía “eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas”, una forma de referirse al IMV sin mencionarlo expresamente. Una situación en la que Feijóo ha dicho que hay “muchos, muchos miles” de personas. El problema es que para cobrar el IMV hay que tener una residencia legal y efectiva de más de un año en España.

La “prioridad nacional” amenaza las ayudas sociales

Pero quizá el mayor riesgo para el sistema asistencial en España sea la “prioridad nacional” que el PP ha pactado con Vox ya en cuatro comunidades autónomas, y que se extenderá a los lugares donde la derecha y la ultraderecha tengan que entenderse para gobernar.

En los pactos firmados por los barones del PP, con el sello de aprobación del equipo más cercano a Feijóo, se asegura: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Aunque todavía este principio no está desarrollado legalmente en detalle, los documentos suscritos por María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández-Mañueco y Juan Manuel Moreno hablan de un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”. Pero va más allá y establece una “trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”, lo que puede significar la exclusión no solo de migrantes en situación irregular, sino de españoles ajenos al sistema, en situación precaria o que han trabajado mayoritariamente en la economía sumergida.

El acuerdo deja entrever, incluso, que PP y Vox podrían recuperar uno de los principales recortes que impuso Mariano Rajoy en 2012: la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas migrantes. El pacto avalado por Feijóo apunta a la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dibujado la sombra del “fraude” masivo en las bajas laborales en un discurso en el que apuesta por recortar lo que cobran los trabajadores enfermos. “Esto es un cáncer que no podemos pagar”, ha afirmado. Las bajas por enfermedad han aumentado mucho en los últimos años, en España y en la mayoría de países europeos, pero estos discursos invisibilizan las causas de este incremento. Desde el efecto de la pandemia a la saturación de la sanidad pública, más gente mayor trabajando, el estallido de los problemas de salud mental y cierto cambio generacional, entre otros.

Una de los primeros marcos que hay que aclarar es qué son las bajas laborales. Porque Feijóo, al igual que gran parte de las patronales de empresarios y organismos conservadores, las denominan de “absentismo”. El líder del PP llegó a decir esta semana que “la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación” y seguir cobrando “lo mismo”.

Esto es algo que directamente no existe en España. Las bajas laborales las autoriza siempre un médico, que acredita que un trabajador tiene alguna enfermedad o ha sufrido un accidente que le impide trabajar. Por tanto, este lenguaje trata de rodear las bajas de un aura de voluntariedad y de dejadez de funciones y responsabilidad que culpabilizan a los trabajadores enfermos.

Alberto Núñez Feijóo y algunas patronales señalan como foco del problema a la existencia de un “fraude” masivo en España, sin aportar pruebas ni datos que lo sustenten, para lo que defienden más controles o recortes en el dinero que perciben los trabajadores.

Mientras, ignoran los otros muchos factores que sí se está demostrando que están causando el alza de bajas, y que no tienen que ver con la voluntariedad, ni el abuso de los trabajadores.

Las bajas se han duplicado desde 2016

Teniendo en cuenta qué son las bajas, los datos oficiales son contundentes. Las incapacidades por enfermedad común de trabajadores están creciendo de manera continuada y mucho en los últimos años, hasta duplicarse desde 2016, con un salto cualitativo después de la pandemia de coronavirus, como refleja el siguiente gráfico.

En 2016, hubo 4,9 millones de procesos de baja por incapacidad temporal iniciados. Año tras año, el dato fue aumentando hasta los 6,6 millones de bajas en 2019. Y llegó la COVID, que disparó los procesos al pico registrado en 2022, cuando tuvo lugar la explosión de casos por la variante Ómicron.

Tras la pandemia, las bajas descendieron, pero se quedaron por encima del nivel previo al coronavirus. En 2024 y 2025, volvieron a aumentar, hasta los 9,76 millones de bajas médicas el año pasado. El doble que en 2016.

Aumentan las bajas y también los días totales de trabajadores en incapacidad por enfermedad. Pero no así la duración media de los procesos, que se ha ido manteniendo e incluso reduciendo, por el mayor auge de las bajas de escasa duración.

Es cierto que ahora tenemos un mercado laboral mucho más grande, con máximo de empleo de más de 22 millones de trabajadores. Pero, aunque influye en el total de procesos, no es el elemento decisivo que explica este incremento. No obstante, la buena marcha del empleo sí es un factor a tener en cuenta en el aumento de las bajas. Así, en contextos de crecimiento del empleo y, sobre todo, de reducción del paro está constatado que aumentan el nivel de bajas, como explica el Banco de España.

La menor precariedad en los contratos en España, con una caída drástica de los contratos temporales tras la reforma laboral, también influye, ya que la AIReF ha constatado cómo quienes trabajan con este tipo de contrato eventual tienen menos bajas que aquellas personas con una mayor estabilidad en sus puestos (contratos indefinidos y trabajadores públicos).

“Habría que interpretar si cuando hay bonanza económica se cogen más bajas de las debidas o si cuando no la hay se cogen menos de las necesarias. Esto es muy subjetivo, muchas veces nosotros ofrecemos la baja y el paciente la rechaza porque dice que tiene que ir trabajar”, valoraba a este medio el médico Paulino Cubero. En los sindicatos lo tienen claro: la precariedad es un obstáculo para ejercer derechos, por miedo a quedarse sin trabajo.

Al observar al detalle los datos de bajas de la Seguridad Social de los últimos nueve años (hasta 2024), a los que ha tenido acceso elDiario.es vía Ley de Transparencia, se observa un crecimiento muy generalizado, como recogen los gráficos de este artículo. Aunque en algunos grupos especialmente, las bajas aumentan notablemente en todas las edades, sexos, actividades económicas, patologías y regiones del país.

Pero, cuando se amplía la mirada, se observa que no solo es un proceso que atraviese España, sino que también sucede en muchos otros países.

En Europa está afectando prácticamente a todos los estados. España ha escalado al primer puesto de ausencias por enfermedad, un 4,5% de los trabajadores en 2024, según los microdatos de las encuestas de población de activa de cada país en Eurostat que ha analizado un estudio de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Así, los aumentos no son una particularidad española, como muestra el anterior gráfico, sino una situación compartida por muchos países, con legislaciones, contextos y culturas diferentes, que se ha agudizado especialmente a raíz de la pandemia mundial de COVID.

La pandemia tiene un papel clave en el aumento

La pandemia es precisamente un factor clave en el análisis que la Seguridad Social está haciendo del aumento con sindicatos y patronales, con una magnitud todavía por definir. La COVID supuso un salto en las ausencias por enfermedad que ha dejado el nivel mucho más elevado que antes de la crisis sanitaria.

Si miramos la evolución mes a mes, hemos pasado de entre 400.000 y 500.000 bajas mensuales antes de la pandemia a las 700.000-800.000 actuales.

Por un lado, se analiza si la pandemia ha dejado un deterioro de la salud en ciertas patologías, como la salud mental. La Encuesta Nacional de Salud que publica el INE nos está dando múltiples cifras del deterioro de estas dolencias, como que se ha triplicado la población con depresión en los últimos tres años. Además, España es el país del mundo líder en consumo de ansiolíticos.

Los datos de bajas la Seguridad Social reflejan este deterioro. Las ausencias por salud mental son más del doble que en 2016. Es la tercera patología que más ha aumentado sus incapacidades, según los datos de las bajas en grandes capítulos de CIE10, una clasificación internacional de enfermedades.

Las bajas por salud mental en términos absolutos no suponen tantos procesos (+377.000) sobre los cuatro millones de aumento desde 2016. Pero suelen tener duraciones más prolongadas que otras patologías y suponen un motivo de preocupación por la suma de días de ausencia de los pacientes.

Además, el rastro de la pandemia se aprecia también de manera clara en el salto al alza de las “enfermedades respiratorias” y las “enfermedades infecciosas y parasitarias”, con casi 1,2 millones de bajas más en este periodo.

Aquí se engloban por ejemplo las gripes y otros procesos infecciosos, como los intestinales, sobre los que todas las fuentes consultadas perciben un cambio social tras la COVID. Es decir, antes se iba a trabajar enfermo y con síntomas, pero tras la pandemia muchas personas han dejado de hacerlo.

La sombra de las listas de espera en la sanidad

El rastro de la pandemia también es clave en el auge de las patologías que más aumentan, que han triplicado sus bajas, con casi 800.000 procesos más en 2024 que en 2016: “Los síntomas, signos y resultados anormales de pruebas sin clasificar”.

Los sanitarios contactados por elDiario.es explican que esta categoría es “un cajón de sastre”. En él los médicos de Atención Primaria incluyen a muchos pacientes a la espera de que sus dolencias o patologías tengan nombre, una vez pasen por el especialista en cuestión.

Pedimos una resonancia, pero se la hacen dentro de seis meses. Y el hombre sigue mal porque a lo mejor tiene una hernia de disco no diagnosticada

Amparo Naranjo Álvarez — Médica de Atención Primaria

El problema es que la saturación del sistema sanitario demora las listas de espera y la realización de esas pruebas y sus tratamientos, lo que “está alargando mucho las bajas”, coincidían en entrevistas a este medio los médicos Amparo Naranjo y Paulino Cubero.

“Hay gente que está mucho tiempo de baja porque no le hacen la resonancia o la ecografía que le tienen que hacer, y no están para trabajar. Pedimos una resonancia, pero se la hacen dentro de seis meses. Y el hombre sigue mal porque a lo mejor tiene una hernia de disco no diagnosticada”, ponía como ejemplo Naranjo.

Las bajas de más de 365 días se han duplicado en estos años, destaca en la Seguridad Social. Estos procesos, aunque suponen solo el 2,4% del total, representan el 34% del total de días de baja, recoge el Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de Umivale y el IVIE. Por ello, son muy relevantes en términos de coste económico.

Más aumento de bajas en jóvenes, aunque hay más ancianos

Aunque se señala a menudo a los trabajadores más jóvenes por el mayor aumento de las bajas en este grupo de edad, uno de los factores clave, transversal y de fondo, señala al envejecimiento de la población. No solo hay más gente trabajando, sino que cada vez es más mayor. Debido a una pirámide poblacional con menos jóvenes y al progresivo retraso de la edad de jubilación, los afiliados de más de 50 años han pasado de representar el 29% de los trabajadores en 2016 al 35% en 2024.

¿Se nota esto en las bajas? Sí. Es relevante porque la salud tiende a deteriorarse con la edad, recuerda el Banco de España, y porque los procesos de baja suelen ser de mayor duración y gravedad. En términos absolutos, el grupo de personas de 56 a 65 años es uno de los que más ha incrementado sus bajas por enfermedad y son los que tienen incapacidades más largas, de media 60 días.

Las ausencias por enfermedad de los trabajadores más mayores explica gran parte del incremento de las “jornadas perdidas por absentismo” que denuncian habitualmente mutuas y patronales. Según el informe de Umivale Activa y el Ivie, y que ha analizado todos los procesos de incapacidad temporal 2016 a 2023, “el grupo de trabajadores de 50 años o más explica el 70% del incremento del indicador”.

Por su parte, los jóvenes son el grupo de población en el que más han crecido las bajas por enfermedad común, tanto en términos absolutos como relativos. Eso sí, sus ausencias son las más cortas.

“La gente más joven ahora creo que no aguanta lo que aguantábamos antes. Por una parte, está bien porque en nuestra generación hemos ido todos muy enfermos a trabajar”, explicaba a este medio la doctora Naranjo Álvarez, que por otra parte cree que hay casos donde “se acude a la primera de cambio a por una incapacidad al médico”.

Fuentes de la Seguridad Social destacan un “hecho diferencial” de los jóvenes en los últimos años: la novedad de la estabilidad de sus contratos. Tras la reforma laboral, los trabajadores temporales se han desplomado y, especialmente entre los jóvenes, pasando de más del 55% al 23,5% entre los menores de 30 años.

“Esto también es relevante”, analizan en el ministerio de Elma Saiz, ya que la precariedad impide en muchas ocasiones ejercer ciertos derechos, como faltar al trabajo en caso de enfermedad. “No es lo mismo tener un contrato temporal, que no sabes si te van a renovar, y afrontar una precariedad absoluta a tener un contrato indefinido. La posición es distinta”, subrayan.

Tras las palabras del líder del PP, los sindicatos mayoritarios y el Gobierno han insistido en no estigmatizar ni culpabilizar a las personas enfermas y centrar el debate en las causas concretas del alza de bajas. Por su parte, la patronal insiste en que el Ejecutivo “no hace nada” con este problema y desde su cúpula han celebrado que haya “políticos responsables” como Feijóo para abordarlo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado de “cáncer” las bajas laborales, las ausencias de trabajadores por enfermedad, que ha concluido que “no podemos pagar”. En su discurso, Feijóo ha calificado estas ausencias de “absentismo”, un término culpabilizador que utiliza la patronal, y criticado un supuesto “fraude” masivo en la actualidad, sin aportar datos. Desde este marco, ha apostado por recortar lo que cobran a día de hoy los trabajadores enfermos.

Feijóo utiliza en su discurso datos de bajas por enfermedad, que han aumentado mucho en los últimos años (son el doble que en 2016), para retratar un supuesto abuso o fraude masivo de los trabajadores, del que no aporta datos, pero que da por hecho. Por ejemplo, con declaraciones como esta: “Todo aquello que supera un 4% y un 5% tiene un enorme porcentaje de fraude”, dijo Feijóo. Una generalización sin ningún tipo de sustento.

El líder del PP no ha mencionado ninguna de otras muchas causas que están explicando el aumento de las bajas, como una población trabajadora más envejecida, el aumento de las listas de espera y la saturación de la sanidad pública, así como la explosión de los problemas de salud mental tras la pandemia, especialmente entre la gente joven.

Habla de “absentismo” en lugar de personas enfermas

El propio marco, hablar de las bajas por enfermedad como “absentismo”, importa. La Real Academia Española (RAE) define absentismo como sigue: “Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación” y “abandono habitual del desempeño de funciones y deberes propios de un cargo”.

Así, cuando Feijóo y las patronales equiparan las bajas médicas al “absentismo” las rodean de un aura de “voluntariedad” y de desatención de responsabilidad por parte de los trabajadores, culpando a personas que no pueden ir al trabajo por estar enfermas. Y no porque lo digan ellas, sino porque lo acredita un médico. Siempre.

Feijóo compara además datos de ausencias diarias –un cálculo medio que hacen las mutuas– de 2018 y 2026 en términos brutos, pasando de unos 450.000 trabajadores fuera de su trabajo a 1,1 millones. Más allá de que efectivamente ha habido un gran aumento de las bajas, en España y toda Europa, la comparación ignora “que España ha pasado de rondar los 19 millones de personas ocupadas a acercarse actualmente a los 22,5 millones”, recuerda UGT.

“Cualquier análisis mínimamente riguroso exige comparar tasas y contextualizar los datos, no manipular cifras para construir un relato que criminaliza a quienes enferman”, denuncia el sindicato liderado por Pepe Álvarez.

Las ausencias “sin justificación” no existen

El líder del PP va más allá y habla directamente, también sin datos, de que “la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación” y seguir cobrando “lo mismo”. Esto es algo que directamente no existe.

En España, las bajas laborales por enfermedad común siempre las autoriza un médico de la sanidad pública. Si un trabajador falta a su puesto de trabajo sin ninguna justificación, la empresa tiene la potestad de sancionar o despedir a esa persona. Algo que no dudan en hacer. Y, en caso de que una persona engañe a los sanitarios y finja una enfermedad, el verdadero fraude, hay controles para ello, que realizan tanto las mutuas como la Seguridad Social.

Lo que ya no pueden hacer las empresas es despedir a las personas porque tienen un determinado número de bajas, que consideran elevado. Era algo que sí se podía hacer en el pasado, el llamado “despido por absentismo” que facilitó la reforma laboral del PP de 2012 y que fue la primera medida que desmanteló el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Varias patronales, como la madrileña CEIM y la patronal de limpieza ASPEL, han pedido ya expresamente que el próximo gobierno recupere este despido por bajas médicas.

El líder de CCOO, Unai Sordo, ha lamentado como un “despropósito” iniciar un debate sobre las bajas que afectan a millones de personas trabajadoras en España “desde falsedades”. “No es verdad que en España nadie se pueda coger la baja sin justificar. No es verdad que el 40% de las bajas en nuestro país se ven en fraude de ley”, ha criticado.

En la mesa de negociación abierta sobre el aumento de bajas, los sindicatos no se han negado a aumentar o mejorar los controles de la Seguridad Social si es necesario, pero sí rechazan los discursos que tratan de situar el fraude como el principal problema o algo generalizado.

Diana sobre los médicos de la sanidad pública

Las declaraciones de Feijóo tienen otra diana clara: la crítica a una supuesta manga ancha y falta de profesionalidad de los médicos de la sanidad pública a la hora de dar bajas. El líder del PP afirmó que lo vio en el pasado “en el Insalud” (como se llamaba en el pasado a la sanidad pública, que dirigió en el primer mandato de José María Aznar), que tildó de “fábrica de bajas”, ya que afirma que “es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico”.

Esta crítica siguen también la estela de las que lanzan a diario muchas patronales, que reclaman un cambio legal para que las mutuas –que gestionan organizaciones empresariales– puedan dar altas por enfermedad común.

Tampoco cobra todo el mundo “lo mismo”

Otra de las generalizaciones del discurso de Feijóo ha apuntado a que las personas de baja médica por enfermedad cobran “lo mismo” que si van a trabajar. Aunque no es cierto que esto suceda siempre, en primer lugar hay que recordar que la mejora de la prestación de incapacidad ha sido históricamente pactada por sindicatos y también por empresas con una lógica, que ahora se intenta ignorar: que las personas que estén enfermas no pasen además por un empeoramiento de su situación económica.

Pero, además, no es cierto que todos los trabajadores cobren “lo mismo” cuando están enfermos. La prestación por incapacidad temporal –para la que hay que trabajar al menos seis meses– comienza al cuarto día de enfermedad, los tres primeros días no están cubiertos. Muchos convenios colectivos y de empresa cubren estos días con todo o algo de salario, pero si no es así, las personas enfermas no reciben ninguna remuneración.

A partir del cuarto día, la prestación por enfermedad común es del 60% de la base reguladora –cantidad similar al salario– desde el 4º día de la baja hasta el 20º, y del 75% desde el día 21 en adelante. Estas cantidades son las que a menudo, pero no siempre, se mejoran en los convenios colectivos sectoriales y de empresa, con un complemento de salario por parte de la empresa. De nuevo, para que las personas enfermas, por ejemplo con cáncer o cualquier otra patología, no vean tan resentida su situación económica.

Ante el aumento de bajas, las patronales están apostando por recortar estos complementos en los convenios colectivos, una negociación que no es unilateral y de la que dependen también de lo que pacten con los sindicatos. Precisamente a esta negociación apuntó el líder del PP, ya que afirmó que “con o sin acuerdo” de los sindicatos, había que modificar esta situación.

Desde UGT han denunciado la “falta de respeto absoluta” al diálogo social de Feijóo y en CCOO han ido más allá: “Que el Partido Popular diga si va a prohibir a las empresas negociar en los convenios colectivos esas mejoras en las situaciones de tratamiento de las bajas”, ha pedido Unai Sordo.

La ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro sigue sumando cambios. Tras la sorpresa en el Pleno del Congreso, que dio luz verde a la pasarela con modificaciones notables debido a una enmienda del PP, la proposición de ley ha recuperado parte de las medidas tumbadas gracias a los propios 'populares' durante su tramitación en el Senado. Una de las más relevantes: la exclusión de los ya pensionistas. La ley se vota este jueves en el Pleno de la Cámara Alta.

La también conocida como “pasarela al RETA” (régimen de autónomos de la Seguridad Social) es una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que estos profesionales puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social, con el objetivo de acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía.

Aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios, algunas estimaciones de los colectivos de afectados apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela.

Los pensionistas no, pero sí quienes cotizaran más de 15 años

La luz verde a la ley del Pleno del Congreso, donde prosperó la enmienda 47 del PP, alteró sustancialmente el texto pactado en Comisión por el PSOE (que presentó la proposición de ley) y la mayoría de grupos parlamentarios. En cuanto al acceso a la medida, se eliminó la exclusión de la pasarela de los mutualistas ya pensionistas (excepto viudedad), así como de aquellos profesionales que sumaran al menos 15 años cotizados en la Seguridad Social y que, por tanto, tuvieran ya acceso a una pensión contributiva. Ambos vetos han sido defendidos por el Ministerio de la Seguridad Social en las negociaciones parlamentarias.

Ahora, tras su debate en Comisión en el Senado, el PP ha vuelto a introducir en la ley la exclusión de la pasarela de los mutualistas ya pensionistas, excepto las personas que reciban una pensión de viudedad. No obstante, ha mantenido su criterio de permitir el acceso a los mutualistas en activo que tengan al menos 15 años cotizados, que se estiman en unas 50.000 personas. elDiario.es ha consultado al grupo popular en el Senado por este cambio, pero no ha recibido respuesta.

El ICAM (Colegio de la Abogacía de Madrid) valora como un “retroceso” este veto de nuevo de los pensionistas, y sitúa la votación del Pleno del Senado de este jueves como “decisiva” para que la pasarela sea “realmente operativa y dé respuesta efectiva a los afectados”, indican a este medio desde el organismo.

El texto en Comisión en el Senado “no es definitivo”, recuerdan en el ICAM, ya que hay enmiendas vivas que llegarán al Pleno de la Cámara Alta y que podrían modificar aún la pasarela en muchos puntos (entre ellos el acceso de pensionistas y de personas con 15 años cotizados).

Qué otros cambios ha introducido el Senado

La Comisión del Senado ha recuperado en el dictamen de la ley la mejora pactada en el Congreso para los mutualistas mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión.

Además, el PP amplió esta regla del 1x1 para los años cotizados en las mutualidades antes de 1995, cuando la adscripción a estas eran obligatorias.

También se ha vuelto a recuperar el plazo de tres meses para que el Gobierno concrete el reglamento que defina toda la letra pequeña de las condiciones de la pasarela, otro de los avances que decayó en el Pleno del Congreso.

En cuanto al cálculo de los periodos cotizados, se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habrían pagado al régimen de autónomos estos mutualistas, eliminando la referencia a la actualización al IPC, y se ha añadido que se aplicará “un coeficiente de mejora comprendido entre el 0,67 y el 0,87 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas”.

Tras la votación del Senado del jueves, la ley volverá al Congreso de los Diputados, ya para afrontar su examen definitivo. El Parlamento podrá rechazar o respaldar la ley que salga de la Cámara Alta, así como quedarse con todas o solo parte de sus enmiendas, recuerdas desde el ICAM.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este martes ante el Círculo de Empresarios Vascos por reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. El jefe de la oposición ha sostenido que España gasta 30.000 millones de euros al año porque cada día se produce un absentismo laboral de 1,16 millones de personas. “Es un cáncer”, ha dicho. Y ha prometido que “con o sin acuerdo”, si llega al Gobierno tomará “una decisión con el absentismo”.

Feijóo ha anunciado que su intención es abrir una negociación en el diálogo social entre sindicatos y patronal. Pero ha anticipado que, si llega él al Gobierno, esas conversaciones serán secundarias porque “con o sin acuerdo” quiere “tomar una decisión con el absentismo”.

“Esto no es una cuestión para discutir”, ha reiterado, para explicar que “lo que ocurre con el absentismo es muy fácil”. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quieren que les diga”, ha dicho, ante empresarios vascos en un acto cerrado a prensa. El PP ha distribuido un vídeo con su intervención completa.

Feijóo ha añadido que “si, además, la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre”.

“Es un cáncer que no podemos pagar”, ha espetado el líder del PP. “Esto cuesta más de 30.000 millones de euros, y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros”, ha apuntado.

El líder del PP ha relatado que “este asunto” lo abordó “en el Insalud” que “era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico” .“Y lo abordé en Correos, donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días” que “con una plantilla de 60.000 era un 8% de absentismo”, ha asegurado.

“Lo bajamos al 4%. Todo aquello que supere un 4% o un 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, ha rematado. Feijóo dirigió el Insalud entre 1996 y el 2000, cuando pasó a presidir Correos hasta 2004.

“Este asunto debemos retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico; y si no llegamos a un acuerdo, pues qué le vamos a hacer”, ha zanjado.

Un crecimiento no exclusivo de España

“En 2018, el número de personas que no acudían a trabajar todos los días era de 450.000 personas”, ha apuntado Feijóo. “En el año 2025”, ha añadido, “el número de personas que no van a trabajar todos los días es de 1.160.000”. Feijóo no ha desagregado las causas de ese absentismo. Pero ha dicho que “es algo que España no se puede permitir, y Euskadi tampoco”.

“Hoy sale el 'ranking' de absentismo en España”, ha dicho, aunque el dato se publicó ayer lunes. “Ha vuelto a subir en el primer trimestre del año 2026. Euskadi se sitúa a la cabeza”, ha apuntado. Feijóo se refiere a un informe publicado por la empresa de trabajo temporal Randstad que sostiene que las bajas por incapacidad temporal escalaron al 5,6%, mientras las ausencias totales subieron al 7,2%.

Feijóo ha lanzado este planteamiento ante las quejas de la patronal por el aumento de las bajas médicas de trabajadores, que casi se han duplicado desde 2016. El crecimiento, que no es exclusivo de España y que se da también a nivel internacional, se ha acentuado tras la pandemia, por un cóctel de factores: desde la saturación de la sanidad pública, el envejecimiento de la población trabajadora y una explosión de problemas de salud mental tras la COVID, especialmente entre los más jóvenes.

Aunque el aumento de bajas es asumido tanto por sindicatos como por patronales, el enfoque para abordar la situación es muy distinto. Mientras los primeros ponen el foco en solucionar el “tapón” en la sanidad pública y en mejorar la atención en salud mental, por ejemplo, los empresarios reconocen estos problemas, pero están centrando su discurso en el elevado coste para las empresas y en un supuesto abuso del “absentismo”, no avalado por datos.

En estos discursos, las patronales apuestan por eximir a las empresas del pago de la baja (ahora pagan del día 4 al 15), incluso por recuperar el despido por bajas médicas, así como reclaman que las mutuas den el alta a los trabajadores en casos de enfermedad común y no solo la sanidad pública.

También se está cuestionando de manera más amplia el aumento de permisos retribuidos, por ejemplo por cuidados familiares y de convivientes, que algunas patronales también incluyen en las cifras de “absentismo”.ç

El Gobierno: “Quién llama cáncer a las bajas deja claro de qué lado está”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la propuesta de Feijóo. “Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está”, ha escrito Sánchez en X. “Los derechos no se recortan. Se defienden”.

Yolanda Díaz ha respondido al líder del PP que “estar enfermo no es una elección”: “Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. No lo vamos a permitir”.

Otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; o el de Transportes, Óscar Puente, han cargado también contra la idea de Feijóo.

Puente ha escrito en un post en X que la propuesta es un “ejercicio de honestidad”, que Feijóo “viene con la motosierra”. “Esto es la derecha: un señor con varios sueldos diciendo que los trabajadores enfermos deben cobrar menos”, ha escrito Bolaños.

Los sindicatos se revuelven

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han criticado también la propuesta del PP. “Mandar a la gente enferma a trabajar [...] más qu un programa electoral, es una declaración de intenciones”, ha tuiteado Unai Sordo.

“Meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias es un disparate”, ha tuiteado Pepe Álvarez. “Para empezar, lo pactado en los convenios colectivos tiene fuerza de ley. Se respeta”.

El Ministerio de Función Pública ha acordado con los sindicatos UGT y CSIF el aumento de la indemnización por residencia del personal de la Administración del Estado destinado en las Illes Balears, que alcanzará desde los 105 euros a 697 euros al mes, según el caso, recoge el acuerdo alcanzado este lunes al que ha accedido elDiario.es.

El alza, que no ha suscrito CCOO, tendrá efectos desde el 1 de julio, aunque aún tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. La subida afecta a “aproximadamente 11.200 empleados públicos” de la Administración central destinados en Balears, cifran en UGT.

El Ministerio de Óscar López ha celebrado el acuerdo, por el que se elevan “las indemnizaciones por residencia un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto de las islas de Baleares”, han subrayado desde su departamento.

El aumento de esta indemnización por residencia busca facilitar la ocupación de los puestos públicos estatales en Balears y compensar a los empleados destinados en la región, una de las que afronta un mayor tensionamiento de los precios de la vivienda.

“La Administración se compromete, previa negociación colectiva en el plazo de seis meses, a tramitar las modificaciones normativas necesarias para hacer efectiva esta actualización, incluyendo los incrementos retributivos vinculados a la antigüedad que formen parte del mismo”, destacan en CSIF.

CCOO ha valorado el incremento de la cuantía para Balears, pero ha considerado el paso como “insuficiente”, por lo que se abstuvo en la votación.

Entre 56 y 570 euros más al mes respecto a ahora

El incremento supone “entre 56 y 100 euros” más al mes para el personal destinado en Mallorca, según su grupo o categoría profesional, y “entre 195 y 570 euros” más al mes para quienes prestan servicio en Menorca, Ibiza y Formentera, destaca UGT.

Así, en la actualidad la menor indemnización (del agrupaciones profesionales grupo E) se sitúa en casi 59 euros en Mallorca y se ha acordado que se sitúe en 105 euros.

En el caso del plus en Menorca, Ibiza y Formentera de trabajadores y trabajadoras de la categoría A1, ahora situado en 127 euros, subirá hasta los 697 euros al mes.

El Ministerio de Función Pública ha explicado que “en dicha actualización de las cantidades han tenido que ver los actuales problemas de acceso a la vivienda y la necesidad de adecuarlas a la realidad socioeconómica”.

El sindicato CSIF ha difundido una tabla donde recoge las cuantías actuales y pactadas, por regiones y categorías profesionales.

Negociación para Canarias, Ceuta y Melilla

UGT y CSIF han coincidido en situar este acuerpo como un primer paso, de una negociación que continúa y que debe alcanzar a más territorios.

El pacto recoge el compromiso de negociar en “el último cuatrimestre” de este año, tras el verano, las indemnización por razón de destino de otras regiones particulares, como Canarias, Ceuta y Melilla, subrayan los sindicatos.

El acuerdo recoge el objetivo de aprobar estas cuantías se aprueben “en el primer trimestre de 2027”.

“La situación geográfica de estos territorios les otorga unas características especiales que los convierte en destinos con muchas dificultades para su cobertura. Esta circunstancia perjudica el mantenimiento de los servicios públicos por la falta de atractivo para los profesionales públicos y provoca una fuga constante de talento”, recuerdan desde CSIF.

La plantilla de Airbus ha iniciado movilizaciones esta semana, con una huelga convocada para todo el mes de julio por el sindicato SIPA, por el descontento respecto a varias “decisiones unilaterales” de la multinacional. Entre ellas, la subida salarial de 2026 y 2027 y, hace unas semanas, se comunicó a los trabajadores la reducción de un día de teletrabajo, en un momento de beneficios récords de Airbus.

“El teletrabajo ha colmado el vaso”, dice Israel Paredes, presidente del comité de empresa de Airbus Defence and Space y representante de SIPA (Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos), segunda organización con más representación dentro de la multinacional, tras CCOO.

El también líder sindical del centro de trabajo de Airbus en Getafe explica que, hace un par de semanas, el CEO a nivel internacional comunicó que a partir de septiembre la plantilla tiene la obligación de acudir de manera presencial “cuatro días”, lo que supone eliminar un día de teletrabajo de los dos vigentes en estos momentos.

Esta medida se sumaba a otras de carácter unilateral por parte de Airbus, critican en SIPA, como la fijación del aumento salarial para 2026 y 2027 (“del 3% y 2%, respectivamente”), tras meses de negociaciones con la parte sindical en las que no se ha llegado a un acuerdo

“También hubo una imposición, del disfrute de tres semanas de vacaciones en agosto”, añade Israel Paredes, que si bien está contemplado como una posibilidad en el convenio colectivo, “tradicionalmente a lo largo de los años las vacaciones se pactaban entre trabajador y manager”.

Huelga convocada hasta el 31 de julio

Por estos motivos, SIPA ha convocado una huelga en todos los turnos durante todo el mes de julio para tratar de forzar a Airbus a negociar estas condiciones laborales. Aunque es el único sindicato convocante, UGT lanzó un comunicado para apoyar el fondo de las protestas, pero pidió canalizar las movilizaciones en acciones en las que haya unidad sindical.

Los paros arrancaron el pasado miércoles, con un “gran seguimiento”, dice Israel Paredes. “Calculamos que del 70%, pero la empresa no nos da cifras”, explica a elDiario.es. Este medio ha intentado contactar con Airbus, pero no ha tenido respuesta hasta el momento de publicación de esta información.

Por su parte, el responsable de UGT FICA en Airbus, Juan Antonio Vázquez, denunció hace unos días a la Agencia EFE el “fuerte contraste” entre la buena situación económica de la compañía y el retroceso de las condiciones laborales y salariales de la plantilla. Airbus tuvo el pasado año unos beneficios récord de 5.221 millones de euros, un 23% más que en 2024.

“Mientras en España se apuesta por incrementos salariales, aquí no, y en una situación de la compañía inmejorable no se justifican pérdidas de derechos adquiridos ni de poder adquisitivo en 2024, 2025 y también en 2026, año en el que todavía no se ha negociado el incremento salarial”, señaló.

Vázquez recordó que el convenio colectivo se encuentra en su tercer año de vigencia y calificó la situación de “sin precedentes”. UGT pide dar “mayor participación” a los trabajadores durante el conflicto, tanto en el análisis y debate de la situación como en la decisión de las medidas a adoptar, los objetivos de la negociación y la eventual aceptación de un acuerdo.

El mercado laboral registró un nuevo máximo histórico de empleo en España el mes de junio, cuando superó la cima de más de 22,4 millones de personas trabajadoras de media afiliadas a la Seguridad Social. El empleo anotó su tercer mejor junio en lo que va de siglo, con 128.500 afiliaciones más que en mayo, una cifra muy elevada alimentada por el gran tirón del empleo extranjero, en pleno contexto de la regularización extraordinaria de migrantes.

En concreto, el nuevo récord de empleo se situó en los 22.466.339 afiliados de media a la Seguridad Social. Además, en los registros diarios, durante cinco jornadas seguidas, entre el 15 y el 19 de junio, se superó la barrera de los 22,5 millones.

“Nunca en la historia ha habido tantos trabajadores en alta”, subraya el Ministerio de Elma Saiz, que destaca varios niveles récord: “De jóvenes y de mujeres afiliadas; también de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros”, lo que sitúa a España a la cabeza en la creación de empleo en Europa.

En el primer trimestre del año, más de la mitad de los puestos de trabajo creados en la UE estaban en España.

Junio es un buen mes para el mercado laboral, sobre todo por el empuje del empleo debido a la temporada turística estival, pero este lo ha sido muy especialmente. El aumento de 128.500 trabajadores está muy por encima de los datos alcanzados en los últimos años (de alrededor de 70.000 afiliaciones), solo superado por varios hitos de las últimas dos décadas: la regularización de migrantes de mediados de los 2000 y la recuperación del empleo post pandemia.

El dato de este junio también se ve afectado por un contexto extraordinario, como es la regularización de migrantes que aprobó el Gobierno de coalición y que finalizó el 30 de junio, con más de 1,2 millones de solicitudes. Así, el aumento de trabajadores de alta en la Seguridad Social se ve muy influenciado por el gran empuje del empleo de personas extranjeras, que suman más de la mitad del total: 86.630 personas, el 67%.

Este jueves, el Ministerio de la Seguridad Social ha cifrado por primera vez el impacto directo de la regularización extraordinaria en el aumento del empleo, en casi 160.000 personas afiliadas hasta el 30 de junio.

Tras este incremento, se alcanza un nuevo récord de 3.446.178 afiliados extranjeros, que suponen el 15% del total.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado que la regularización aprobada por el Ejecutivo está permitiendo “que aflore mucho empleo que está hoy ya ganando derechos y contribuyendo también al aumento de la afiliación”.

El dato extraordinario de junio ha acelerado mucho la creación de empleo, con un ritmo interanual que asciende al 2,8% –el más elevado en tres años– y que aterriza en un valor absoluto de gran volumen, con más de 605.200 empleos creados de media en los últimos doce meses.

En términos desestacionalizados, que aíslan el mercado laboral de los vaivenes propios del calendario y la estacionalidad, el mercado laboral creó 92.500 empleos. También un dato muy elevado para esta serie.

El paro desciende de la barrera de los 2,3 millones de personas

Por su parte, el paro registrado descendió menos de lo habitual en este mes. El número de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en 28.700 personas respecto al mes anterior, casi la mitad que el año anterior (48.900).

No obstante, este tímido descenso valió para anotar un hito en cuanto al paro en España, ya que por fin descendió de la barrera de los 2,3 millones de personas. Algo que no se lograba “desde enero del año 2008”, en el inicio de la Gran Recesión.

Así, el total de paro registrado se situó así en 2.291.982 personas. En el último año, descendió en 113.981 personas (-4,7%).

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado el menor descenso mensual de este junio principalmente por dos motivos: que cada vez hay un número más reducido de parados y, por lo tanto, las reducciones de este total son inferiores, así como por la menor temporalidad del empleo tras la reforma laboral, que considera que también tiene un reflejo reduciendo las fluctuaciones de las personas que se apuntan al paro.

En cuanto a si está incidiendo también la regularización de migrantes en los datos de paro, como ha afirmado el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, en el Ministerio de Trabajo consideran que aún es “demasiado pronto” para ver estos efectos y que, en caso de haberlos, estos serían “insignificantes” por el momento, de “menos del 1%”, ha afirmado Pérez Rey

Sobre los contratos, el número total suscritos en junio se sitúa en algo más de 1,6 millones, de los que el 41% eran indefinidos.

Tanto el secretario de Estado de Trabajo, como el de la Seguridad Social, Borja Suárez, han insistido en la importancia de la reducción del empleo temporal en España tras la reforma de 2021. Esta se mantiene en situaciones de incertidumbre como la reciente guerra de Irán, en este contexto de gran creación de empleo, e incluso en los meses más estacionales, como los del verano, lo que han considerado una muestra del “cambio estructural” del mercado laboral español hacia un empleo de “mayor calidad”.

La parálisis de las oposiciones a operador comercial de Renfe, por las denuncias de la difusión previa de parte del examen psicotécnico, ha sumido en la incertidumbre a cientos de personas de las 5.000 que han participado en el proceso. Las 600 personas que han resultado adjudicatarias provisionales de la plaza ahora temen que este empleo fijo esté en peligro. “Estoy en el paro, que se me acaba en dos meses, y me he dedicado a tope para sacarlo”, lamenta Carlos (nombre ficticio). Por otro lado, algunos aspirantes piden más transparencia en el proceso selectivo y explicaciones ante lo sucedido.

“Nos han paralizado la vida a 700 personas, sin pruebas de nada, fuera de plazo, y causando unos daños económicos y psicológicos incalculables”, dice Patricia –que habla con nombre ficticio, como el resto de testimonios que figuran en este artículo–. Es otra de las opositoras que ha logrado la plaza de manera provisional y suma entre los “afectados” a las 600 personas con la plaza provisional y a “entre unas 70 y 100 personas”, que están o en bolsa o en la lista con opciones de tener plaza si hay algún aspirante renuncia.

Roberto, ahora con un contrato temporal que le finaliza en unos meses, afirma que está dispuesto “a llegar donde haga falta” para defender su plaza. “Lo peor que nos puede pasar a todos los aspirantes es que se anule la oposición entera. Necesitamos una solución que sea lo más justa y lo más rápida posible”, reclama.

Por su parte, Pedro está en un colectivo de “108 personas” que concurrieron a la oposición, no pasaron este examen psicotécnico ahora bajo lupa y que tienen dudas sobre la nota que han tenido, que consideraban que sería mayor.

Pedro explica que el problema es que no pueden consultar la plantilla de respuestas correctas oficial, porque Renfe no las publica en el caso de los psicotécnicos (sí en el examen de conocimiento), algo que consideran opaco y también injusto, porque les impide en la práctica impugnaar preguntas, sostiene el candidato. Por ello, reclama “transparencia” a Renfe, para que los aspirantes puedan al menos verificar sus respuestas.

Un contenido en internet “desde hace años”

La paralización del proceso selectivo responde a que varios aspirantes denunciaron “una posible coincidencia entre parte del contenido de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora, celebrada el día 6 de junio de 2026, y determinados materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por terceros”, explican fuentes de Renfe.

La realización de esa prueba está externalizada, en la empresa People Experts, y parte del contenido de uno de los exámenes había sido difundido previamente en exámenes de la academia Eticop, indican fuentes de CCOO. elDiario.es ha tratado de consultar a ambas compañías, pero no ha obtenido respuestas de ninguna.

La empresa pública se puso a investigar lo sucedido y el tribunal de la oposición –compuesto por Renfe y los sindicatos– decidió paralizar el proceso selectivo y remitir el caso a la Abogacía del Estado para decidir cómo proceder.

Los tres afectados contactados con la plaza provisional destacan que el contenido ahora analizado estaba colgado en internet “desde hace años”, según la información de que disponen. “Es rotundamente falso que haya sido Eticop quien ha filtrado estas preguntas, puesto que llevaban circulando desde 2009 en Internet. Así lo tenemos acreditado. El archivo de Eticop data de septiembre del año pasado, no es, por tanto, prueba alguna de que hayan realizado ninguna filtración”, sostiene Roberto.

Este afectado afirma que “no es ilegal que se reutilicen psicotécnicos, puesto que sucede en multitud de oposiciones”. En la misma línea se expresa Patricia, que sostiene que “en la Oferta de Empleo Público de 2023 cayó la misma prueba verbal que en 2021. Eso no es ilegal en ningún caso”, indica.

Por otro lado, Pedro pide que se aclare “si es legal” que una oposición utilice contenido “calcado” de un examen ya disponible en una academia, como se analiza en este caso. “Tenemos serias dudas de que lo sea, hay juristas que nos dicen que el contenido de las pruebas debe ser inédito y original”, sostiene el opositor, que reconoce que esta situación está perjudicando a muchas personas, también a los compañeros que han sacado provisionalmente la plaza, para sufrimiento “de todos”. “Esto no tiene que volver a pasar”, reclama a Renfe de cara al futuro.

“En juego” el futuro de cientos de personas

En CCOO reconocen el “sindiós” de esta situación, con muchos perjudicados, porque está en juego “el futuro de mucha gente, no es ninguna tontería”. Por un lado, hay personas que no pasaron la primera fase de la oposición que “se sienten en desventaja” respecto a quienes pudieron estar en contacto con este material previamente, mientras que quienes han obtenido la plaza de manera provisional –no todos conocedores de este contenido previamente– hacen valer sus méritos y piden que no les hagan “pagar el pato” de esta situación.

Carlos destaca que esta primera fase fue superada por “1.500 personas”, entre las que se ha asignado plaza a las 600 que tienen la nota más elevada. Si se tomara alguna medida, considera que debería acotarse a estos 1.500 aprobados. Ante quienes piden repetir esa parte del examen, Carlos considera que sería una medida “bastante injusta, sobre todo para la gente que están en los últimos puestos, pues podría pasar por delante gente que fue considera no apta en esta prueba selectiva”.

Los tres opositores contactados sostienen que se reservan la opción de acudir a los tribunales si se anula el proceso selectivo. Carlos denuncia también que algunos afectados se sienten “un poco en medio de una pelea política”, de medios que buscan criticar al Gobierno y a Renfe.

“En lugar de buscar a los culpables, en el caso de que hubiera, porque tampoco saben a ciencia cierta que los haya, espero que no paguemos todos el pato”, denuncia el opositor.

Un proveedor externo contratado este año

Ahora mismo, la resolución de estas oposiciones a puestos comerciales de Renfe está en el aire. Para saber cómo se resuelven habrá que esperar al dictamen de la Abogacía del Estado, a la que el tribunal de este proceso ha consultado esta misma semana para saber cómo proceder. 

La operadora pública argumenta que será la decisión de la Abogacía del Estado la que guíe los próximos pasos y la que permita “adoptar una resolución con todas las garantías” para las personas que se presentaron a la prueba. “Esta decisión será comunicada a todos los participantes”, añade. “Todos los procesos de selección del grupo se rigen por los principios de mérito, capacidad e igualdad que garantizan el acceso al empleo público”. “Por este motivo, la compañía adoptará las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso y asegurar la plena igualdad de condiciones entre los aspirantes”, adelanta.

Renfe también explica que People Experts es el proveedor al que se adjudicó la ejecución de los procesos de selección, por licitación pública, y que, en este contrato, comenzó a prestar servicio este mismo año, tanto en las contrataciones para los puestos comerciales, como de maquinistas o de ingeniería y mantenimiento, que siguen adelante. También fue contratado en oposiciones anteriores.

En el caso de los puestos comerciales, en esta fase de la oposición, había un examen de conocimientos y dos exámenes psicotécnicos. Fuentes de Renfe explican que, en el caso de estos últimos, la empresa contratada fue responsable de la elaboración, aplicación y corrección de las pruebas. Mientras, en la parte de la prueba teórica, de conocimientos, People Experts se ha encargado de la aplicación y corrección de las pruebas; y Renfe, de la elaboración de los contenidos.

Una parte esencial de sus planes de contratación 

A la espera de saber cómo se resuelve el proceso, estas oposiciones a operadores comerciales son una de las patas esenciales del plan de contratación de Renfe para 2026. No es un acuerdo de renovación de plantilla similar al de años anteriores, porque la operadora se comprometió a ampliar y reforzar su plantilla en cerca de 2.000 personas tras los paros convocados por los representantes sindicales después de los trágicos accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) en los que fallecieron 47 personas, incluidos tres maquinistas.

Este acuerdo con los representantes de la plantilla se calificó como histórico y buscó garantizar el relevo generacional y cubrir necesidades operativas y logísticas del operador. En concreto, explicó que esas 2.000 plazas correspondían a la tasa de reposición ordinaria, a una adicional y al citado acuerdo que permitió desconvocar los paros de principios de febrero. 

Ahora, tras la paralización de las oposiciones para la contratación de 600 operadores comerciales, uno de sus pilares para la ampliación de la plantilla queda suspendido en el tiempo. Además de estos puestos de trabajo, la operadora ha puesto en marcha la contratación de 500 maquinistas, 360 plazas para sus talleres de mantenimiento y reparaciones; además de contemplar el refuerzo de Logiral, la filial de servicios logísticos en tierra, con más de 200 personas.