A día de hoy puede parecer casi imposible, pero hace unos años Antonio Garamendi encabezaba su perfil de Twitter con una foto sonriente junto a Pedro Sánchez. Corría 2018, cuando el empresario vasco fue elegido por primera vez presidente de la gran patronal española CEOE. Con fama de “amable” y “dialogante” así como de “conservador”, un carácter que se ha confirmado en sus años al frente de los empresarios españoles. En unos días, iniciará su tercer mandato al frente de CEOE envuelto en un contexto político mucho más hostil en España y el mundo, que se ha dejado notar también en su gestión. Frente a una larga lista de pactos en un inicio, ahora está sumido en la sequía de acuerdos con el Gobierno y los sindicatos.

Garamendi (Getxo, 1958) es licenciado en Derecho, proviene de una familia de empresarios y tiene más un perfil de directivo. Ha formado parte de la dirección o de los consejos de administración de varias empresas, como REE (Red Eléctrica de España), Bankoa (entidad ahora integrada en Abanca), Albura, Tubos Reunidos y Grupo de Negocios de Ediciones y Publicaciones (La Gaceta de los Negocios, Radio Intereconomía y Revista Dinero), entre otras.

“Hay que concienciar a la sociedad de que haya más vocaciones empresariales”, defiende Garamendi en el perfil de su cuenta en X, ahora con una foto de apertura con el rey Felipe VI en un acto institucional.

Larga carrera como dirigente empresarial

Esa defensa de la figura del empresario –ante los ataques “injustos” y “populistas” que suele denunciar– le ha llevado a impulsar junto a la exministra de Trabajo Fátima Báñez (en la Fundación CEOE) un cómic para niños de Primaria de un duende llamado Olegario, así como a involucrarse en distintas organizaciones empresariales desde que era joven y hasta la actualidad.

Fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco (Ajebask), en 1996, y ha ocupado la presidencia de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), y de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (Cije).

También fue presidente de la Comisión de Energía de CEOE y de la organización empresarial del Metal (Confemetal), así como líder de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), hasta que logró –al segundo intento– alcanzar la presidencia de la gran patronal, tras el catalán Juan Rosell.

Rosell le disputó el puesto la primera vez, pero no la siguiente, ya que había aprobado una limitación de dos mandatos en los Estatutos de CEOE, que apoyó Garamendi. Después, el vasco eliminó este límite cuando llegó a liderar la organización y ahora se presenta a su tercera elección como presidente de CEOE.

Esta labor de representación ha considerado que tenía que ser remunerada. Como presidente de Cepyme, se puso un sueldo –de 120.000 euros anuales, según publicó El Confidencial– que enfadó a varios empresarios, como Joaquim Gay de Montellà, hasta ese noviembre responsable de la patronal catalana Foment del Treball. Después, volvió a levantar ampollas con su salario al frente de CEOE, muy superior, de casi 400.000 euros anuales en 2023.

Garamendi defendió su sueldo como una decisión “privada” y “en libertad” y tildó las críticas de “campaña de descrédito” a los empresarios. “Es como cuando en una violación dicen que la chica iba en minifalda”, se quejó.

Un directivo “afable” y “moderado” que ha endurecido el tono

Al líder empresarial le suelen definir, tanto las personas próximas como quienes que difieren con él, como alguien de “trato fácil”, “afable” y “simpático”. También como una persona “conservadora” en lo ideológico y económico, pero “moderada” dentro de la patronal frente a otros perfiles mucho más situados en la derecha o ultraderecha. El vasco es poco amigo de “los extremos”, dicen desde su entorno y ha afirmado él en varias ocasiones.

“Frente al ruido y la polarización, conviene recordar una idea sencilla: alzad la mirada”, destacó el empresario vasco de la visita del Papa León XIV a España, en el que realizó un acto con los líderes sindicales y patronales en Madrid.

Esa afabilidad de Garamendi se mantuvo en un inicio con la ministra de Trabajo y el Gobierno progresista, aun con diferencias y choques frecuentes, pero se fue diluyendo ante las críticas externas –con una dirección del PP de Pablo Casado abiertamente hostil varias ocasiones– y también internas en las patronales, que alimentaban perfiles más duros, como el granadino Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme y que quería disputar el puesto a Garamendi al frente de CEOE.

El año pasado, el vasco planteó un liderazgo alternativo a Cuerva en Cepyme, lo que abrió una guerra directa y pública –poco frecuente en la patronal– en la que finalmente salió vencedora la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel. Y Cuerva no se presentó finalmente a la carrera electoral de CEOE. Así, el próximo 1 de octubre, Antonio Garamendi será revalidado como presidente por tercera vez por aclamación, sin ningún rival.

Lo hará un Garamendi que ha endurecido claramente el tono respecto al Gobierno y a Yolanda Díaz, a la que acusa de haber “dinamitado” el diálogo social por firmar varios acuerdos solo con los sindicatos –como las subidas del salario mínimo– ante las negativas de la patronal y haber legislado en solitario varias medidas laborales.

En medidas del Ejecutivo que su dirección comparte, pero que generan controversia o rechazo en la derecha, como la regularización extraordinaria de migrantes, Garamendi ha optado por mantener un perfil bajo, sin grandes respaldos al Gobierno.

Por el contrario, los gestos y alabanzas se repiten con varios cargos del PP de Alberto Núñez Feijóo, con el que se superó la crisis de la época de Casado, así como respecto a Isabel Díaz Ayuso, de la que suele celebrar “los impuestos a la madrileña”.

Sequía de acuerdos en contexto electoral

Esta deriva no va solo del tono, sino de hechos. Hay un “no a todo”, resumía un dirigente sindical a este medio hace un año. Una situación que perdura en la actualidad y que ya deja cada vez más en el pasado las fotos de pactos tripartitos en materias tan complejas como la reforma laboral –que muchas voces consideraban “impensable” con un gobierno progresista y, más aún, una ministra de Trabajo comunista, como es el caso de Yolanda Díaz– o la primera de pensiones, la Ley Rider y la de teletrabajo, entre muchas otras que situaron a España como referencia mundial de diálogo social.

El bloqueo patronal –incluso para sentarse a negociar con los sindicatos mayoritarios el nuevo gran pacto de negociación colectiva (AENC)– se explica por varios motivos. Entre los que los sindicatos y en el Ministerio de Trabajo destacan los procesos electorales. Primero, el interno en la CEOE que Garamendi está a punto de superar y, en 2027, los comicios políticos en el conjunto del país, en los que la patronal no quiere dar victoria alguna al Ejecutivo progresista.

Desde la CEOE, y el propio Garamendi, defienden con frecuencia su derecho a diferir y rechazar propuestas que no comparten. Ahora, el vasco –que se caracteriza por su pragmatismo– tiene menos alicientes para negociar, ya que, al contrario que al inicio de su mandato, el Gobierno es mucho más débil y apenas puede sacar adelante leyes en el Parlamento.

Una vez se proclame de nuevo presidente, el tiempo dirá cómo es el tercer mandato de Garamendi, marcado también por una fuerte inestabilidad internacional y el reto económico de los precios de la energía al alza. Fuentes sindicales consideran que el bloqueo perdurará hasta que se aclare qué gobierno sale de las urnas en las próximas elecciones generales. “Hasta entonces, no van a dar ni agua”, resume.

Mientras casi la mitad de las horas extraordinarias que se realizan en España son ilegales, con más de 2,5 millones de horas a la semana sin pagar ni compensar a los trabajadores, el gurú económico del PP, Alberto Nadal, defiende una reforma legal para dar “más libertad” a los pactos entre trabajadores y empresas ante las “muchas prohibiciones para poder trabajar” en España. En concreto, lamenta el actual límite de horas extraordinarias, que, subraya, es “de los más bajos de Europa”.

“Hay que dar más libertad tanto a la negociación colectiva como al pacto entre trabajadores y la empresa. Hay muchas prohibiciones para poder trabajar en España, o realizar acuerdos. Un ejemplo: España es de los países de Europa donde el límite de las horas es más bajo”, argumentó Nadal esta semana en una entrevista en el Forbes Economic Summit 2026, cuando fue preguntado por qué reforma laboral necesita el país.

“Pero [un límite] mucho más bajo que en Francia o Italia”, enfatizó el vicesecretario de Economía del PP. “Aunque se pusieran de acuerdo el empresario y el trabajador, no pueden hacerlo”, lamentó sobre la imposibilidad de superar el límite legal de 80 horas extra al año que contempla el Estatuto de los Trabajadores.

En realidad, se trata del máximo para las horas extraordinarias pagadas (salvo excepciones para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes). Porque aquellas horas extra que se compensan en descanso no tienen un límite.

Horas extra más limitadas, pero más precarias que en Europa

España es uno de los países europeos con la legislación más restrictiva respecto al número de horas extraordinarias que se pueden realizar al año, pero a la vez es de los menos generosos en su retribución para los empleados, destacó un informe de UGT y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) de 2024.

Así, mientras que en España las horas extra pagadas no pueden exceder las 80 al año, hay numerosos países con límites más altos, como las 220 horas en Francia y 250 en Italia (ampliables mediante negociación colectiva), hasta la inexistencia de máximo alguno en Reino Unido, Dinamarca y Estonia, recoge el informe del sindicato.

Sobre la remuneración, la ley en España establece que las horas extra pueden pagarse por el valor de la hora ordinaria de trabajo. Pero, además, el Tribunal Supremo interpretó que a estos tiempos no hay que aplicarles los complementos extrasalariales lo que, en la práctica, hace que los trabajadores puedan cobrar menos.

“Retribuirla como una hora ordinaria es una anomalía”, denunció UGT, que presentó una denuncia contra España en Europa al considerar que incumple la Carta Social Europea. En el caso francés se reconoce al menos una prima de un 10% y la media europea “está entre el 30 y el 50%”, explicó el sindicato, con casos incluso donde se duplica el salario/hora.

Más de 2,5 millones de horas extra gratis a la semana

Más allá del salario, el responsable económico del PP ignoró en su entrevista el enorme abuso de las horas extra sin pagar en España, que denuncian a diario los sindicatos y para la que el Gobierno está a punto de legislar con un refuerzo del registro horario.

En España, casi la mitad de las horas extra que se realizan son ilegales: no se pagan ni se compensan en descanso por parte de las empresas. Un 43% del total, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Son más de 2,5 millones de horas extra gratis a la semana, por las que no se paga a los trabajadores, ni se cotiza a la Seguridad Social, ni se abonan impuestos. El sindicato CCOO calcula que supone el equivalente a unos 68.000 empleos a jornada completa.

En el anterior gráfico*, se ilustra la evolución de las horas extra desde 2011, con un fuerte aumento de las no pagadas durante la crisis financiera y su posterior descenso con la recuperación económica. No obstante, en la última década, esta reducción se ha frenado.

Y, aunque está aumentando la realización de horas extra pagadas, sobre todo en contratos indefinidos y en hombres más que en mujeres, en los sindicatos recuerdan que la hora extra debe ser –como su nombre indica– algo extraordinario.

En primer lugar, para proteger la salud y el descanso de los trabajadores, que se resienten con las largas jornadas laborales. También por una cuestión de desconexión y conciliación de la vida laboral y personal, que han ensalzado debates como el de la reducción de la jornada laboral. Pero, además, porque en muchos casos las horas extra son un parche para no contratar más personal cuando realmente se necesita.

En número de trabajadores, casi 420.000 personas afirmaron en la última EPA que realizaban estas horas extra no pagadas, una cifra bastante estable en las últimas dos décadas.

A nivel sectorial, sobresalen en este abuso actividades como la banca, la educación y las actividades científicas.

Ojo a una reforma del teletrabajo

Además del límite de las horas extra, la medida que más desarrolló Alberto Nadal en su entrevista, el vicesecretario de Economía del PP mencionó que a España le falta “una modernización” del mercado laboral “especialmente en lo que se refiere a nuevos sectores, nuevas tecnologías, nuevas cualificaciones”.

Nadal afirmó que el marco jurídico “es muy rígido” y señaló que “cuestiones como el teletrabajo están más resueltas”, con supuestos “obstáculos” al trabajo a distancia, regulado en plena pandemia para obligar a un mínimo de compensación de gastos.

El trabajo a distancia –que en España se extendió a raíz de la pandemia de covid– solo alcanza a una minoría de los trabajadores, pero en aumento. Según los últimos datos, de 2025, el teletrabajo está en máximos y lo disfrutan el 15,6% de trabajadores. Un 7,9% dice teletrabajar más de la mitad de la semana y un 7,7% lo hace “ocasionalmente”, según la EPA.

De manera más genérica, Alberto Nadal criticó un “exceso de burocracia” en la legislación laboral. “Todo eso hay que eliminarlo”, defendió el responsable económico del PP.

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*Nota metodológica: El gráfico ilustra con puntos los datos de la EPA de cada trimestre y además dibuja linealmente una media móvil de horas extra que tiene en cuenta los datos de los dos últimos años, para mostrar resultados más robustos y evitar los vaivenes propios de la estacionalidad y el calendario a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de cada trimestre.

Luz verde al referéndum del preacuerdo laboral en Airbus. La Audiencia Nacional ha levantado la medida cautelar que frenó el pasado viernes la consulta a la plantilla, a petición de CGT, por lo que permitirá a la multinacional realizar la votación entre su personal, confirman desde la organización de trabajadores. El referéndum “tendrá lugar el próximo miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre”, informan fuentes de Airbus.

Se trata del último capítulo del conflicto laboral en Airbus, que estalló a principios de julio tras un recorte en el teletrabajo, con más de cinco semanas de huelgas multitudinarias. A principios de septiembre, el Ministerio de Industria intervino y anunció un principio de acuerdo entre la multinacional y los sindicatos mayoritarios, pero excluyó de la mediación y conversaciones a dos de los sindicatos convocantes de los paros: CGT y ÚTIL.

El sindicato CGT denunció en la Audiencia Nacional a Airbus por vulnerar el derecho fundamental a la huelga y a la libertad sindical en la negociación de este preacuerdo. Además, pidió medidas cautelares para frenar el referéndum del pacto entre la plantilla, que la empresa iba a realizar los días 24 y 25 de septiembre.

La Audiencia Nacional paralizó cautelarmente la votación el pasado viernes, hasta que estimara el caso hoy 24 de septiembre, cuando ha dado luz verde a la consulta. No obstante, aún queda que el tribunal analice el fondo del asunto de la demanda de CGT, si el preacuerdo incumplió la ley vulnerando los derechos del sindicato y los trabajadores en huelga. “La vista es el día 4 de noviembre”, sostienen en CGT.

Un referéndum envuelto en polémica

Así, la consulta se realizará a la plantilla la semana que viene, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, informan en la multinacional.

Fuentes de los trabajadores y sindicatos explican que en la plantilla hay polémica sobre el propio referéndum. Por un lado, por el texto que se lleve a votación. “Los trabajadores solicitamos que el referéndum sea sobre un texto completo y cerrado. La empresa nos pide confianza en que el desarrollo de un texto sobre los ejes definidos en el Ministerio será beneficioso para los trabajadores”, explica un empleado.

Por otro lado, en todo momento ha habido muchos recelos sobre el universo de trabajadores que pueden votar, entre los que se incluyen altos cargos que no se ven afectados por el convenio colectivo, así como su control.

Como respuesta, Airbus anunció que la consulta contaría “con auditores de todos los sindicatos que deseen participar y con la intervención de la consultora externa PwC para garantizar la máxima transparencia e integridad del proceso”.

Visita del CEO para tratar de recobrar la confianza

Fuentes de los trabajadores y los sindicatos explican también que el contexto en la multinacional de aviación sigue siendo de malestar, aunque ya sin huelgas ni paros. Las asambleas votaron por la mínima seguir con la convocatoria de huelga tras el acuerdo en Industria, más como un mensaje de descontento a la dirección sobre cómo se había fraguado el pacto que con una vocación de mantener los paros, explicaron a este medio miembros de la plantilla.

Desde entonces, la multinacional ha realizado varias reuniones con los sindicatos para tratar de explicar el pacto con los sindicatos mayoritarios y convencer a la plantilla de su ratificación.

Esta semana, el CEO de Airbus, el francés Guillaume Faury, y la responsable mundial de Recursos Humanos, la alemana Carmen Maja-Rex, han hecho una gira por la mayoría de centros de Airbus en España “hablando directamente con los empleados en sus puestos de trabajo pidiendo confianza”, explica un empleado.

Entre las medidas del preacuerdo alcanzado en Industria destacan garantizar al menos el IPC en las subidas salariales, una recuperación de parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años, en un contexto de beneficios récord de la multinacional, así como la marcha atrás en el recorte anunciado en el teletrabajo, entre otras.

“Soy mujer. Sé lo que es estar al mando de un mundo en crisis”, ha destacado la vicepresidenta Yolanda Díaz este miércoles en Ginebra a modo de carta de presentación de su candidatura para dirigir la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que está sumida en una profunda crisis financiera, con más de 390 millones de euros. De resultar ganadora, Díaz se convertiría en la primera mujer en liderar esta agencia tripartita centenaria de la ONU sobre los derechos laborales.

Este miércoles, la OIT celebra el primer acto formal de cara a las elecciones para su Dirección General de la entidad, que se celebrarán el próximo 16 de noviembre. Se trata de un acto interactivo en el que los tres aspirantes responden a preguntas de los estados miembros, representantes empresariales y sindicales que forman parte de la organización internacional.

La vicepresidenta segunda, que ha subrayado su experiencia como gobernante en España enfrentando crisis como la pandemia de COVID y aplicando múltiples reformas pactadas en el diálogo social, con una mejora del empleo en el país, ha insistido en la necesidad de un cambio de gestión para “relanzar” la OIT.

Las primeras palabras de Díaz, la primera candidata en participar en el evento, se han dirigido a agradecer la labor de los trabajadores y trabajadoras del organismo internacional, “que lo están pasando mal”, en un contexto de despidos impulsados por la actual dirección ante la situación de crisis financiera.

“El continuismo no es posible. Sería una enorme irresponsabilidad”, ha afirmado en un ataque directo a su principal rival y actual director general, el togolés Gilbert F. Houngbo. En principio, parece el candidato más fuerte frente al aspirante presentado a última hora por el gobierno fujimorista de Perú, el exministro de Relaciones Exteriores conservador y “anticomunista” Javier González-Olaechea.

Díaz ha insistido en varias ocasiones que sería una directora general que “baje a la tierra”, que sea “ejecutiva” y “pise el terreno”, para poder abordar los problemas que atraviesa la organización internacional.

Por su parte, Houngbo –el primer africano en liderar la OIT– ha reivindicado su conocimiento de la entidad así como de otros organismos multilaterales en los que ha trabajado, lo que le ha permitido tener conocimiento del “sur” y “norte”, ha afirmado. El togolés ha defendido su plan de recortes y ha subrayado su formación en contabilidad, por lo que ha sostenido que su especialización es “la financiera”, ante las continuas preguntas sobre cómo mejorará las cuentas de la OIT.

El actual director general ha concluido que la OIT necesita “un líder imparcial, y que también sea percibido como imparcial”, un rasgo que considera que puede ejercer.

El aspirante peruano ha puesto en valor su experiencia y conocimiento gracias a “20 años” de trabajo en la OIT, así como en la labor de ministro de Perú y como empresario, con una gran defensa de esta última profesión. “El capital es necesario, hay que darle garantías”, ha sostenido. A una pregunta sobre cómo impulsará la igualdad de género, el candidato fujimorista ha dicho que está “completamente” comprometico con la agenda de la OIT, sin mencionar la palabra igualdad ni dar ninguna medida al respecto.

Ante la crisis financiera de la OIT, Javier González-Olaechea ha dicho que presentará sus propuestas si es elegido director general y ha dejado ver en varias ocasiones su buena relación con la Administración trumpista de EEUU, a la que ha dicho que tratará de “convencer” para financiar el organismo. “Yo ya sé lo que les preocupa, me lo han dicho”, ha afirmado y ha sostenido que no es un problema “sin solución”.

Sanear las cuentas de la OIT para cumplir sus mandatos

La vicepresidenta segunda ha centrado gran parte de su intervención en criticar la crisis financiera que atraviesa la OIT, en la que ha argumentado que no se puede responsabilizar solo a la asfixia de fondos que está ejerciendo el Gobierno estadounidense de EEUU, su principal donante, que alcanza los 280 millones de euros.

Yolanda Díaz ha destacado que otros organismos multilaterales están enfrentando este mismo reto de falta de fondos, por la negativa del Gobierno de Trump de financiarlos, pero ha afirmado que han actuado y gestionado para afrontar la situación.

“Lo que han hecho otros organismos, les pongo ejemplos, como la OMS, fue anticiparse a la crisis, fue gobernar bien esa crisis”, ha afirmado Díaz, que ha denunciado la falta de anticipación y la gestión de la dirección de la OIT. Como el plan de recortes que incluye 73 despidos (desde una propuesta inicial de 120), que la candidata española ha criticado que se aplicó “sin diálogo”, un “retroceso en derechos laborales” en la casa internacional que los defiende.

La vicepresidenta ha propuesto como objetivo prioritario “sanear” las cuentas de la OIT, para lo que ha planteado la necesidad de “diversificar las fuentes de financiación”. En concreto, ha propuesto como alternativa un aumento de los fondos que recibe a día de hoy la OIT de los bancos regionales de inversión.

Díaz ha cifrado la inversión de estos bancos regionales al sistema multilateral en unos “218.000 millones de dólares” en 2024, de los que ha afirmado que mientras que la OMS recibió unos 240 millones y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) otros 260 millones, la OIT recibe “una pequeñísima cantidad”. “Me comprometo a negociar con los bancos”, de todas las regiones, ha prometido Díaz.

La candidata española ha insistido en que es necesaria esa financiación para cumplir los mandatos de la OIT y preservar su relevancia internacional, que hoy “están en riesgo”.

Díaz ha enfatizado en que la actual situación de crisis presenta “un reto mayúsculo”, pero precisamente ha señalado que es este contexto de excepcional dificultad, y su cariño y respeto a la OIT, lo que la ha animado a dar el paso para tratar de dirigirla.

Avanzar en la democratización de la OIT y nuevos retos

Además, Yolanda Díaz ha puesto el acento en su intervención y en las respuestas a las preguntas de los participantes en su apuesta por avanzar en la “democratización de la OIT”, para lo que se ha mostrado capaz de convencer a más países dispuestos a defender a esta tarea, así como a los empresarios y sindicatos.

“Mi experiencia me dice que es posible”, ha insistido en varias ocasiones, en referencia a los pactos de diálogo social alcanzados en España, en los que se impuso el pacto a los intereses enfrentados. “No hay que tenerle ningún miedo a la democracia”, ha defendido Díaz: “La democracia es eficiente”.

La vicepresidenta también ha subrayado la necesidad de que la OIT gestione los principales retos emergentes de la actualidad y el futuro, como son el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático en las relaciones laborales y la economía. También otros más antiguos, pero que aún presentan tareas pendientes, como la igualdad de género y la justicia social.

“No hay paz duradera sin la justicia social”, ha advertido Díaz, que ha defendido tener “la fuerza, la energía y la esperanza necesarias para situar la OIT en el centro del sistema multilateral”.

La Fiscalia investiga l'anul·lació per part del Govern de Mazón de diverses sancions laborals durant la dana, entre aquestes una multa de 50.000 euros a la televisió pública À Punt, que la Inspecció de Treball va imposar per posar en perill treballadors durant la catàstrofe. Després de la petició del Ministeri de Treball, el Ministeri Públic ha observat que els fets “poden ser constitutius d'un delicte de prevaricació administrativa” i ha assignat el cas a una fiscal perquè estudie si l'eleva a un jutjat penal, segons ha pogut confirmar elDiario.es.

A més, després de mesos d'investigació, segons han confirmat fonts de la Fiscalia Provincial de València, el Ministeri Públic ha sol·licitat a la Conselleria que entregue els expedients del procés de sanció i derogació de multes de fins a 60.000 euros revocades a les empreses UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL i Plastic 7A SL.

Un decret de la Fiscalia Provincial de València, al qual ha tingut accés aquest mitjà, recull que el fiscal investigador considera que les anul·lacions d'aquestes multes de la Inspecció per part de la Generalitat Valenciana poden incórrer en aquest delicte recollit en l'article 404 del Codi Penal.

El delicte de prevaricació castiga “l'autoritat o funcionari públic que, sabent de la seua injustícia, dictara una resolució arbitrària en un assumpte administratiu”, fet que pot comportar “la pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per un període de nou a quinze anys”.

S'assenyala l'aleshores director general de Treball

Per aquest motiu, la Fiscalia Provincial de València va acordar incoar diligències d'investigació preprocessals amb l'objectiu de practicar “totes les actuacions que siguen necessàries per a determinar l'eventual tipicitat dels fets denunciats”, amb la delegació del cas a una fiscal perquè estudie si finalment eleva una denúncia davant dels jutjats penals.

El fiscal investigador assenyala que “la persona considerada sospitosa” és el director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. En aquell moment, aquest càrrec l'ocupava Andrés Lluch Figueres, nomenat l'agost de 2023 i cessat l'octubre de 2025.

Des de desembre d'aquell any ocupa la direcció general María Lurueña Ruiz, inspectora de treball de professió.

Treballadors exposats a riscos i un mort

Com va denunciar la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, la Generalitat Valenciana, aleshores dirigida per Carlos Mazón —amb diversos càrrecs investigats als tribunals per la seua responsabilitat en les més de 230 víctimes mortals de la catàstrofe—, va anul·lar diverses sancions de la Inspecció de Treball a empreses per no garantir la seguretat dels seus treballadors durant la dana.

“Això sí que és corrupció, política i moral”, va acusar Díaz en una resposta parlamentària al Congrés. Més tard, el Ministeri de Treball va demanar a la Fiscalía General del Estado que estudiara l'existència d'una possible prevaricació, que és el que ha donat lloc a aquesta investigació.

En les investigacions del Ministeri Públic s'analitzen els expedients anul·lats a les quatre empreses mencionades, amb seus a Llíria, Riba-roja de Túria, Requena o Burjassot, aquesta última la radiotelevisió pública valenciana. En el cas d'À Punt, va ser denunciada pels sindicats, a petició de diversos treballadors, que consideraren que la seguretat personal dels empleats es va posar en risc durant la cobertura de la catàstrofe. Així ho va considerar la Inspecció de Treball, que va detectar una infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball.

No obstant això, la Direcció General de Treball va anul·lar la sanció amb l'argument que, encara que “les autoritats van enviar alertes i recomanacions per les fortes pluges”, “la informació que es detallava no feia presagiar la seua virulència ni els efectes extraordinaris que provocaren”.

La Fiscalia també investiga l'anul·lació de la sanció a la UTE Conservación Valenciana, de conservació de carreteres, per la seua responsabilitat en la mort d'un treballador quan tornava a casa. Segons va denunciar el Ministeri de Treball, l'empresa l'hauria obligat a treballar en plena alerta roja, fora del seu horari laboral i posant en risc la seua vida, com va explicar la seua família al diari Las Provincias.

Davant de la denúncia del Ministeri de Treball, fonts de la Generalitat Valenciana van negar qualsevol “insinuació d'actuació arbitrària” i van argumentar que les resolucions adoptades es van dictar “després de la tramitació del procediment legalment establit, sobre la base d'informes tècnics i una anàlisi jurídica individualitzada de cada expedient, dins de l'exercici legítim de les competències que l'ordenament jurídic atribueix a l'autoritat laboral autonòmica”.

La Fiscalía investiga la anulación del Gobierno de Mazón de varias sanciones laborales en la dana, entre otras una multa de 50.000 euros a la televisión pública À Punt, que impuso la Inspección de Trabajo por poner en peligro a trabajadores en la catástrofe. Tras la petición del Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público ha observado que los hechos “pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa” y ha asignado el caso a una fiscal para que estudie si lo eleva a un juzgado de lo penal, según ha podido confirmar elDiario.es.

Además, tras meses de investigación, según han confirmado fuentes de la Fiscalía Provincial de Valencia, el Ministerio Público ha solicitado a la Conselleria que entregue los expedientes del proceso de sanción y derogación de multas de hasta 60.000 euros revocados a las empresas UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL.

Un decreto de la Fiscalía Provincial de Valencia, al que ha tenido acceso este medio, recoge que el fiscal investigador considera que las anulaciones de estas multas de la Inspección por parte de la Generalitat Valenciana pueden incurrir en este delito recogido en el artículo 404 del Código Penal. 

El delito de prevaricación castiga “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo”, que puede suponer “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. 

Se señala al entonces director general de Trabajo

Por ello, la Fiscalía Provincial de Valencia acordó incoar diligencias de investigación preprocesales con el objetivo de practicar “cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados”, con la delegación del caso a una fiscal para estudiar si se eleva finalmente una denuncia ante los juzgados de lo penal. 

El fiscal investigador señala que “la persona considerada sospechosa” es el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. En ese momento, ocupaba este cargo Andrés Lluch Figueres, nombrado en agosto de 2023 y cesado en octubre de 2025.

Desde diciembre de ese año ocupa la dirección general María Lurueña Ruiz, inspectora de trabajo de profesión. 

Trabajadores expuestos a riesgos y un fallecido

Como denunció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la Generalitat Valenciana en ese momento dirigida por Carlos Mazón –con varios cargos investigados en los tribunales por su responsabilidad en las más de 230 víctimas mortales de la catástrofe– anuló varias sanciones de la Inspección de Trabajo a empresas por no garantizar la seguridad de sus trabajadores durante la dana. 

“Eso sí que es corrupción, política y moral”, acusó Díaz en una respuesta parlamentaria en el Congreso. Más tarde, el Ministerio de Trabajo pidió a la Fiscalía General del Estado que estudiara la existencia de posible prevaricación, que es lo que ha dado lugar a esta investigación. 

En las pesquisas del Ministerio Público se analizan los expedientes anulados a las cuatro empresas mencionadas, con sedes en Llíria, Riba-roja, Requena o Burjassot, esta última la radiotelevisión pública valenciana. En el caso de À Punt fue denunciada por los sindicatos, a petición de varios trabajadores, que consideraron que la seguridad personal de los empleados se puso en riesgo en la cobertura de la catástrofe. Así lo consideró la Inspección de Trabajo, que detectó una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Sin embargo, la Dirección General de Trabajo anuló la sanción con el argumento de que, aunque “las autoridades enviaron alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias”, “la información que se detallaba no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron”. 

La Fiscalía también investiga la anulación de la sanción a la UTE Conservación Valenciana, de conservación de carreteras, por su responsabilidad en el fallecimiento de un trabajador al volver a casa. Según denunció el Ministerio de Trabajo, la empresa le habría obligado a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario laboral y poniendo en riesgo su vida, como explicó su familia al diario Las Provincias. 

Ante la denuncia del Ministerio de Trabajo, fuentes de la Generalitat Valenciana negaron cualquier “insinuación de actuación arbitraria” y argumentaron que las resoluciones adoptadas se dictaron “tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido, con base en informes técnicos y análisis jurídico individualizado de cada expediente, dentro del ejercicio legítimo de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la autoridad laboral autonómica”. 

Recta final para las elecciones a la Dirección General de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la agencia tripartita de Naciones Unidas dedicada a proteger y promocionar los derechos laborales, y a la que aspira la candidatura española de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Enfrente tiene dos contrincantes: el actual director de la entidad, el togolés Gilbert F. Houngbo, y el exministro peruano Javier González-Olaechea. Sobre el primero, en principio con más opciones, pesa, sin embargo, su gestión de la profunda crisis económica en la OIT, con una deuda millonaria al alza, ya de 390 millones de euros, y varios acuerdos con Qatar que han dibujado una sombra de sospecha sobre la independencia de la agencia de la ONU.

Los tres aspirantes enfrentarán este miércoles sus candidaturas y programas en el primer acto formal de las elecciones de la OIT: un evento interactivo público en las que los candidatos responderán a preguntas de países miembros de la organización de Naciones Unidas, así como del bloque de representantes empresariales y de los sindicatos.

El acto, que se retransmitirá en streaming, comienza a las 13 horas. Las elecciones, con voto secreto de países, sindicatos y empresarios, tendrán lugar el próximo 16 de noviembre.

La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere convertirse en la primera mujer en liderar esta agencia internacional centenaria, con un programa en el que defiende su experiencia en reformas laborales en España y la necesidad de regular a nivel mundial ante retos como la Inteligencia Artificial y el cambio climático.

Javier González-Olaechea, de perfil conservador y “anticomunista”, es el candidato del Gobierno de derechas de Keiko Fujimori, presentado de manera sorpresiva el último día de plazo. Entre sus cartas, destaca la de ser empresario, afirmó en una entrevista en EFE, un rasgo que le diferencia del resto.

En tercer lugar, el actual director del organismo Gilbert F. Houngbo, primer africano en el cargo y presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, quiere revalidar su asiento por un nuevo mandato como “garantía” de estabilidad en tiempos difíciles, explicó en otra entrevista con la agencia pública de noticias.

Una adversidad provocada principalmente por la asfixia financiera a la que está sometiendo a la OIT el Gobierno de Donald Trump, enemigo de la mayoría de organizaciones multilaterales. Sin embargo, Houngbo no critica a la Administración estadounidense, a la que sigue tratando de atraer en sus declaraciones y con ofrecimiento de varios altos cargos a EEUU.

Deuda de más de 390 millones y plan de despidos

El roto de los impagos acumulados de EEUU, de los ejercicios de 2024 y 2025, alcanza los 257 millones de francos suizos (unos 280 millones de euros). Y no es menor, ya que es el país con mayor aportación al presupuesto de la OIT, del 22%, ligeramente por detrás de China (20%).

Así, esta situación ha sumido a la OIT en una grave crisis financiera, con una deuda total de unos 364 millones de francos suizos (unos 390 millones de euros), con fecha del 11 de septiembre.

En este contexto, Gilbert F. Houngbo ha propuesto una estrategia de reducción de costes para este año y el que viene que, entre otras medidas, incluía un plan de 120 despidos. En el Consejo de Administración de la OIT del pasado 7 de septiembre se aprobó finalmente “una reducción de hasta 73 puestos” de trabajo, que priorizará las salidas voluntarias.

En la entrevista con la agencia EFE, Houngbo afirmó que en el sistema multilateral “tenemos algo de grasa que podríamos recortar”. “Tenemos que ser responsables y reconocerlo, eso es lo que estamos intentando hacer. Por supuesto, nuestra responsabilidad también es asegurarnos de no recortar hasta el hueso”, apuntó.

El responsable togolés presentó estos recortes como una medida que puede atraer de nuevo el apoyo de EEUU y otros países. “Estoy convencido de que los Estados miembros, no solo EEUU, sino todos, una vez que vean el esfuerzo que estamos realizando, estarán dispuestos a estudiar cómo pueden ayudarnos con la financiación”, señaló, con la idea de poner en marcha un fondo para situaciones de crisis como la actual.

En general, la experiencia ha jugado a favor de los directores generales de la OIT que han querido repetir en el cargo. El antecesor de Houngbo, el británico Guy Ryder, estuvo en el cargo diez años, de 2012 a 2022. El anterior, el chileno Juan Somavía, lideró la organización de Naciones Unidas de 1999 a 2012, y su antecesor –el belga Michel Hansenne– otra década, de 1989 a 1999.

Sin embargo, en la actualidad la OIT está afrontando una situación financiera crítica, con denuncias de los sindicatos y algunos países por los despidos en la entidad y la reacción ante los impagos de EEUU, que pueden jugar en contra de Houngbo.

“Es verdad que la Administración norteamericana no contribuye ni en la OIT ni en el resto del sistema multilateral, pero la diferencia es que el resto se ha anticipado, ha tomado medidas y ha gobernado bien esta crisis. Esta es la diferencia”, ha criticado Yolanda Díaz este martes.

Sospechas sobre los acuerdos con Qatar

Otra de las polémicas que ha acompañado a Gilbert F. Houngbo en su mandato ha sido la relación y los acuerdos con Qatar, que le han valido a la OIT multitud de críticas sobre su independencia, como publicó The New York Times en marzo de 2023. Funcionarios de la organización de Naciones Unidas denunciaron al periódico estadounidense la práctica de años de lobby por parte de Qatar para evitar las críticas de la OIT en el contexto del Mundial de fútbol de 2022.

En 2021, The Guardian publicó una investigación en la que desvelaba que más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habían muerto en Qatar desde que el país del Golfo fue nombrado organizador del Mundial de Fútbol, diez años antes.

Y, mientras organizaciones como Human Rights Watch denunciaban las condiciones laborales de los trabajadores de los preparativos para el Mundial, la OIT se pronunció de manera bastante favorable a las reformas que estaba llevando a cabo el país del Golfo Pérsico. Gilbert F. Houngbo viajó a Qatar en el contexto del propio Mundial, desde donde destacó los “muchos progresos” de las políticas laborales que estaba aplicando el país.

Los funcionarios que entrevistó The New York Times criticaron que el lobby qatarí vino sucedido de un viraje de una posición crítica de la OIT a otra afín a Qatar, algo que la OIT negó en un comunicado.

En 2017, el Consejo de Administración de la OIT decidió archivar la denuncia contra Qatar por incumplir la legislación sobre trabajo forzoso e Inspección de Trabajo de 2014 para firmar un “proyecto de cooperación técnica” con el país del Golfo Pérsico de varios años, para aplicar varias mejoras laborales. Este contó con 25 millones de euros de presupuesto, una cantidad muy elevada respecto a lo habitual, según denunciaron estos funcionarios de la OIT.

El programa tuvo como consecuencia avances laborales, como una reforma del sistema de kafala de empleo doméstico, denunciado por explotación laboral y semiesclavitud de las trabajadoras, así como una mejora de las políticas de seguridad y salud laboral, destacó la OIT, aunque también se quedaron varios retos sin cumplir por ser un programa “demasiado ambicioso” para el plazo establecido y que contó con deficiencias en la planificación inicial, según su evaluación.

Poco después del Mundial, y pese a haber estallado el escándalo de corrupción del QatarGate, de presuntos sobornos de Qatar a eurodiputados y también representantes sindicales (como Luca Visenti, en ese momento líder de la Confederación Internacional de Sindicatos), se repitieron las críticas a la independencia de la OIT por su intención de nombrar al ministro de Trabajo qatarí, Ali bin Saeed bin Samikh Al Marri, presidente de su Conferencia Anual.

Aunque en un inicio hubo críticas de los sindicatos, finalmente los representantes de los trabajadores a nivel internacional apoyaron también la decisión y el ministro qatarí Al Marri presidió la reunión anual de la OIT en 2023. Para ello, fueron decisivas las “largas conversaciones”, propiciadas por el director general (Houngbo) y su equipo, que culminaron en “un entendimiento común sobre la necesidad de reanudar la colaboración y agilizar las reformas”, dijo la portavoz de los sindicatos.

En 2024, la OIT de Houngbo firmó un nuevo programa de cooperación técnica con Qatar, a cuatro años, hasta 2028, con un presupuesto de 19 millones de dólares. Y en 2025, otro, de dos millones de dólares en “financiación flexible” impulsar el empleo decente en el mundo.

A casi tres meses de final de año, los autónomos siguen sin saber cuánto van a pagar en cuotas a la Seguridad Social en 2027. Tampoco, cuándo llegarán algunas mejoras anunciadas para el colectivo, en prestaciones como el cese de actividad (el paro de los autónomos) o la corrección de la penalización actual en ciertos casos de paternidad, maternidad y bajas médicas. Su reforma se interrumpió el año pasado y sigue paralizada, sin que el Ministerio de la Seguridad Social haya retomado la negociación en la mesa de diálogo con patronales, sindicatos y organizaciones de autónomos.

“La negociación no puede seguir aplazándose”, sostienen en UATAE, organización de autónomos próxima al sindicato CCOO. Como UPTA –el colectivo de trabajadores por cuenta propia vinculado a UGT–, ambas entidades y los sindicatos están reclamando desde hace meses al departamento de Elma Saiz que convoque la mesa de negociación para tratar de retomar el consenso de la reforma de autónomos de 2022.

No solo están en juego las cuotas a la Seguridad Social, advierten los colectivos progresistas, sino también “más protección social de los trabajadores”, apunta Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social en CCOO, en un paquete de medidas con dos bloques y que está parado por el momento.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, respondió a principio de mes que el Ministerio aborda este tema dentro de los trabajos de los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y pidió “un poco de paciencia” para retomar la negociación a la vuelta de las vacaciones.

Cuotas según las ganancias y más protección social

La reforma, firmada por el entonces ministro José Luis Escrivá, acordó que los autónomos cotizaran a la Seguridad Social según sus ganancias y no lo que quisieran, una libertad que implicaba que casi un 90% cotizara lo mínimo posible y, en consecuencia, recibiera prestaciones (como permisos por maternidad/paternidad, bajas médicas y pensiones de jubilación) también muy escasas.

La brecha en la pensión de jubilación de asalariados y autónomos se acerca al 40% (1.734 euros al mes frente a 1.062 euros), una diferencia de “672 euros al mes y unos 9.400 euros al año en 14 pagas”, subrayan en UPTA, consecuencia “de décadas de cotizaciones insuficientes”. “No se trata únicamente de cuánto cuesta cotizar hoy, sino también de qué pensión y qué protección tendrá ese autónomo mañana”, advierte la organización presidida por Eduardo Abad.

El pacto social de las entidades de autónomos, patronales y sindicatos con el Gobierno fijó las cotizaciones para tres años, hasta 2025, y emplazó al diálogo social para seguir definiendo la senda de cuotas en los siguientes años, hasta culminarla como tarde el 1 de enero de 2032. El Parlamento las respaldó por amplia mayoría, con el apoyo del PP.

Sin embargo, el año pasado, tras una primera propuesta de la Seguridad Social y un volantazo posterior que no contentó a nadie, la asociación conservadora ATA, dentro de la patronal CEOE, rechazó continuar la reforma. La entidad liderada por Lorenzo Amor la ha dado por terminada a pesar de que a día de hoy sigue habiendo una brecha importante entre lo que los autónomos cotizan y sus ingresos reales. Sobre todo, de quienes más ganan: los autónomos que ganan más de 6.000 euros pueden cotizar como un asalariado con un sueldo de 1.500 euros.

“ATA no va a aceptar ninguna subida de cuotas. Lo que exigimos es que se solucione lo que queda pendiente en protección social, que no se está haciendo nada, ya que desde hace un año no hay mesa de diálogo social de autónomos”, responden en ATA.

UPTA reclama subir las cuotas tres puntos por encima del IPC, con algunas excepciones (como autónomos societarios y familiares colaboradores), mientras que UATAE defienden “aliviar el esfuerzo de quienes menos ingresan y hacer que quienes tienen mayores rendimientos contribuyan de manera acorde con su capacidad económica”.

Y ello, insisten ambas entidades, acompañado de una mejora de la protección social de los autónomos en varios ámbitos, desde facilitar el acceso al cese de actividad, a una mejora de las prestaciones por incapacidad, enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad profesional, entre otras. “Si pedimos un esfuerzo contributivo al colectivo, ese esfuerzo tiene que traducirse en una protección social cada vez más próxima a la que tiene cualquier otra persona trabajadora”, dicen en UATAE, liderada por Mª José Landaburu.

El Ministerio de la Seguridad Social además incorporó en esta misma negociación las mejoras en la regularización anual de las cuotas fruto de problemas que se han ido detectando en el proceso, como la penalización a algunos autónomos de baja y permiso de maternidad y paternidad, que se ha producido en las dos regularizaciones existentes hasta la fecha.

Temor a “las prisas” de final de año y al bloqueo patronal

Tras el parón veraniego de agosto, las organizaciones progresistas de autónomos han intensificado sus llamamientos al Gobierno para que convoque la mesa del diálogo social, a la vista de que cada vez queda menos tiempo antes de que finalice el año y con el temor de que, como el año pasado, “las prisas” vuelvan a jugar una mala pasada y se posponga un año más esta negociación clave. La reforma es además un hito del Plan de Recuperación dentro de la reforma de pensiones pactada con Bruselas.

Aunque el bloqueo patronal parece casi seguro, dado que la CEOE que no está cerrando acuerdos con el Gobierno en prácticamente ninguna materia, si la negociación se presenta sin apenas tiempo, estará condenada al fracaso de partida, lamentan desde los sindicatos.

Más allá del diálogo social, la reforma requiere de una ley, por lo que el Gobierno también tiene que lograr los apoyos parlamentarios para sacarla adelante. Otro punto de enorme complejidad en el panorama actual en el Congreso de los Diputados y en un tema en el que formaciones como Junts y el PP se han mostrado muy beligerantes.

En los sindicatos piden ser didácticos con el bloqueo de la reforma: no solo se estará paralizando una subida de las cuotas que pagan los autónomos, sino también de las prestaciones que se reciben y de la mejora de su paro por cese de actividad y otros avances que la Seguridad Social ha condicionado a sacar adelante todo el paquete de medidas. Hay que recordar el déficit que genera en estos momentos el régimen de autónomos, con cotizaciones que solo cubren la mitad de su gasto en pensiones.

Siendo 2027 año electoral, la reforma además puede quedar a expensas del próximo gobierno, que puede cambiar de signo. “No tiene sentido haber iniciado este camino para dejarlo paralizado a mitad del recorrido. Necesitamos sentarnos cuanto antes, evaluar qué ha funcionado, corregir lo que no y acordar la siguiente fase de las cuotas y de implementación de la protección social”, sostienen en UATAE.

“Volver a congelar las cotizaciones no soluciona el problema, sino que lo traslada directamente a la jubilación y a las futuras prestaciones de los trabajadores autónomos”, advierte por su parte UPTA.

En la banca y otras entidades financieras cada vez más gana peso la retribución variable, especialmente entre los jefes (o managers), pero también otros gestores y trabajadores. Un elemento que puede parecer anecdótico, pero que actúa como una trampa para las plantillas, denuncian en CCOO, ya que implica una “presión brutal” de los jefes a los empleados, sobre todo en el terreno comercial, una política salarial “discrecional y opaca”, así como la realización de horas extra generalizadas para tratar de llegar a los objetivos marcados.

El sindicato –mayoritario en el sector– ha alertado este jueves de un “insoportable clima laboral” en las entidades financieras y las cajas de ahorro y crédito, en un contexto de beneficios récord, ante lo que advierten de una “escalada de movilizaciones” en los próximos meses. Entre otros motivos, por un aumento de la carga de trabajo tras las salidas masivas de los últimos años a raíz de la pasada crisis financiera.

Desde los picos de 2008, “se ha destruido casi el 40% del empleo directo (108.000 puestos eliminados en entidades de crédito y 105.000 en entidades de depósito)”, recoge el informe presentado, titulado 'El momento es ahora', que recoge propuestas para la próxima negociación de los convenios colectivos sectoriales, que terminan su vigencia el 31 de diciembre de este año.

El variable importa mucho en la nómina

Los representantes de CCOO en varios grandes bancos, como BBVA y Caixabank, han subrayado los efectos silenciosos y perjudiciales que generan los actuales sistemas de retribución variable en el sector.

Esta parte variable supone una gran parte del salario final, sobre todo los jefes, lo que explica que sea un elemento “suficientemente persuasivo” para generar presión a los empleados para llegar a ciertos objetivos y que proliferen las horas extra no pagadas para tratar de alcanzarlos, ha afirmado Ramón González Monroy, secretario general de CCOO Servicios. “En los objetivos te juegas el 60% o 70% de salario” en muchos casos, ha explicado, e incluso más.

“Los sistemas de retribución variable son perversos y generan una rueda de presión de arriba y abajo”, ha denunciado por su parte Íñigo Vicente Herrero, responsable estatal de CCOO en CaixaBank, que ha protagonizado varias concentraciones y una huelga este año por este y otros motivos de “presión comercial”.

Paola Torrico Portero, secretaria general de la sección sindical de CCOO en BBVA, ha advertido de que los managers –con un gran peso de la retribución variable en sus salarios– ejercen una “presión brutal” sobre los gestores comerciales, que son los que en la práctica consiguen los objetivos.

Torrico Portero ha explicado que los gestores están sometidos a la medición continua de su rendimiento, “hora a hora y casi minuto a minuto”, en las que se les cuestiona por las llamadas y las ventas que realizan, hasta el punto de forzar que se comercialicen productos “que en realidad no necesitan los clientes” para alcanzar los objetivos fijados.

“Opacidad” sobre los algoritmos contraria a la ley

Vicente Herrero (Caixabank) ha afirmado que las entidades bancarias no están dando la información legal exigida a los representantes de la plantilla que recoge el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 64 en varias cuestiones, como por ejemplo sobre los criterios para definir esta retribución variable, que desconocen los trabajadores y que el sindicato reclama poder negociar.

Los bancos tampoco están informando sobre los algoritmos que se utilizan para definir las condiciones laborales de los trabajadores, han denunciado los representantes sindicales de BBVA y Caixabank, algo que también incumple la legislación laboral en España tras la aprobación de la Ley Rider.

En este contexto, los representantes de CCOO han sostenido la necesidad de negociar varias mejoras de condiciones en los convenios colectivos. Tanto un aumento de salarios, que denuncian que han pedido competitividad frente a otros sectores –especialmente entre la gente más joven, así como una mejora de las cargas de trabajo, una reducción de la presión sobre la plantilla y acabar con los “liderazgos tóxicos” que minan la salud de los trabajadores, y una reducción del tiempo de trabajo que dé a los trabajadores “más tiempo para vivir” y conciliar ante el auge de la digitalización y la expansión de la IA (inteligencia artificial).

En este sentido, el sindicato propone fines de semana de tres días de manera rotativa entre los trabajadores, por ejemplo una vez al mes, que permitan reducir la jornada anual a las 1.600 horas al año.

Las nuevas obligaciones de transparencia laboral aprobadas por el Gobierno entran en vigor en España el próximo 5 de octubre. La norma, fruto de la transposición parcial de una directiva europea de 2019, implica que las empresas deberán facilitar más información sobre condiciones salariales, el periodo de prueba, los horarios y los algoritmos e IA (inteligencia artificial) a sus trabajadores, entre otros datos.

El Gobierno aprobó el real decreto el pasado 8 de septiembre, pero su entrada en vigor está contemplada 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dado que la norma se ha publicado este martes, las obligaciones comienzan a partir del lunes 5 de octubre.

Las nuevas obligaciones, que tratan de dar más transparencia y previsibilidad a las condiciones de trabajo, deben facilitarse en los contratos laborales o en documentos por escrito antes de comenzar la relación laboral en cuestión.

Para los contratos ya en vigor, las personas trabajadoras pueden solicitar esta nueva información obligatoria a sus empresas, que tendrán un plazo de 30 días hábiles para responder a su petición.

España transpone muy tarde esta directiva. Debería estar en vigor desde agosto de 2022 y ha contado con el bloqueo en el Congreso de una ley de 2024, que el Gobierno no ha podido sacar adelante. Aunque el decreto transpone el grueso de los cambios, hay algunos que aún quedan pendientes de la aprobación de una ley, como un endurecimiento de las sanciones por incumplir esta transparencia y previsibilidad de los contratos laborale

Entre otras novedades, se resumen a continuación algunas de las más destacadas.

Hay que revelar si IA o algoritmos fijan condiciones laborales

Uno de los aspectos más novedosos es que Trabajo ha incluido en el real decreto la obligación de que las empresas desvelen a los trabajadores “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones” en lo que afecte a sus condiciones laborales.

Esto incluye “las pautas, criterios y reglas de funcionamiento” de estos sistemas cuando se empleen para fijar o modificar condiciones de trabajo, “tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato”, recoge el texto.

La representación legal de los trabajadores ya puede solicitar esta información a las empresas, aprobado en la Ley Rider (aunque incumplido en muchos casos), pero ahora este derecho se individualiza a cada persona trabajadora.

Habrá que justificar más el periodo de prueba

Las empresas tendrán que justificar más el periodo de prueba, por el que pueden echar a los trabajadores sin indemnización. El Estatuto de los Trabajadores limita este periodo a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

Por un lado, las empresas deberán concretar las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”, lo que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “causaliza” este periodo con el objetivo de evitar abusos.

Además, se debe informar de la “duración concreta” del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

Más transparencia sobre jornada, salarios y conciliación

Entre el resto de novedades, destaca que las empresas tendrán que especificar no solo el salario base y los complementos salariales, como hasta ahora, sino también “el modo de cálculo de los conceptos salariales que sean variables y los criterios que determinan su percepción”.

En cuanto a los horarios laborales, además de la duración y distribución de la jornada, se especifica que las empresas deberán facilitar estos datos de la jornada “diaria, semanal y anual”. Y “se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos”.

Aún más relevante, se obliga a que informar de “los acuerdos relativos a las horas extraordinarias y su retribución”, los supuestos y procedimientos para realizar cambios de turno.

En caso de que exista distribución irregular de la jornada, se añaden nuevos mandatos, como identificar “las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios” y “los períodos mínimos de preaviso”.

Informar por escrito sobre el protocolo de acoso

Además, las empresas tendrán que poner negro sobre blanco “la existencia y la identificación del plan de igualdad”, si lo hay, así como “la política empresarial de conciliación personal, laboral y familiar” en caso de existir y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio en todas las empresas.

El decreto incluye también medidas específicas para los trabajadores de la pesca, así como “la gente de mar”, y trabajadores que prestan servicios en el extranjero.

Once sindicatos de Perú, reunidos en la Coalición Sindical Peruana, han pedido el apoyo a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lugar del candidato que promociona el gobierno de su país, de la conservadora Keiko Fujimori, el exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea. “Sería un caballo de Troya de la patronal en el corazón del sistema de normas laborales internacionales”, alertan del candidato peruano.

La coalición ha lanzado un comunicado en el que “toma distancia de los pronunciamientos de respaldo conocidos hasta la fecha por dirigencias de centrales sindicales peruanas a la candidatura del gobierno fujimorista”.

En la reciente presentación oficial de la candidatura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea agradeció la “generosidad” de los dirigentes sindicales de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) –la mayor central sindical del país– al respaldarlo “por encima de cualquier diferencia”.

En la Coalición Sindical Peruana están presentes organizaciones como el Sindicato Nacional Unificado de Trabajadores de Derrama Magisterial (SINUTDEMA), Fenttraperú (Federación Nacional de Trabajadores tercerizados del Perú), FETRATEL (Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones del Perú) y FETRAPEP (Federación de Trabajadores del Sector Petróleo, Energía y Afines), entre otros.

Pasado de “represión” de protestas y la sombra de EEUU

Los once sindicatos peruanos unidos en la Coalición advierten de que la elección de la Dirección General de la OIT –agencia tripartita de Naciones Unidas sobre los derechos laborales– “no es un trámite diplomático”. “Es una disputa política de clase sobre el rumbo de la normativa laboral internacional, la libertad sindical, el trabajo decente y el futuro del trabajo ante la voracidad del capital transnacional, la inteligencia artificial y la precarización”, sostienen en un comunicado.

Por ello, rechazan de plano la candidatura fujimorista. “No podemos ser ingenuos: un candidato no se analiza por sus folletos, sino por quién lo postula, quién lo financia políticamente y a quién sirve. González-Olaechea fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Dina Boluarte, responsable de la sangre derramada en las protestas populares de 2022-2023, y es ahora postulado por el gobierno de Keiko Fujimori, cuyo programa y cuya trayectoria familiar son abiertamente contrarios a los derechos laborales”, reza el comunicado

Los sindicatos denuncian que la hoja de ruta del gobierno conservador peruano es la “flexibilización, tercerización sin límite, represión de la protesta social y hostilidad sistemática hacia la organización sindical”.

Y en esa estrategia advierten de que, si llega a prosperar la candidatura de Javier González-Olaechea, un director general de la OIT con el aval del gobierno fujimorista y de la patronal peruana CONFIEP, sería “un caballo de Troya de la patronal en el corazón del sistema de normas laborales internacionales”.

Las organizaciones de trabajadores denuncian además que tras la candidatura peruana se cierne la sombra de Estados Unidos, que mantiene a la OIT en una situación de asfixia económica al adeudar unos 280 millones de euros, su aportación de varios ejercicios.

“Lo más grave de esta postulación es que quien la presenta detrás de todo es el gobierno de Donald Trump, utilizando a su nuevo peón, el gobierno fujimorista que se acaba de alinear al Escudo de las Américas, y de respaldar el plan de copamiento de Latinoamérica, y de los recursos del mundo de parte del neoliberalismo extremo de USA”, denuncia el comunicado.

Díaz como “única candidatura” de defensa de los trabajadores

La Coalición Sindical Peruana pide el voto para Yolanda Díaz entre las candidaturas existentes, con la del actual director del organismo Gilbert F. Houngbo, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo.

Las organizaciones califican a Houngbo como un “funcionario internacional de carrera”, con una gestión “administrativa” y “presupuestal, no de impulso a los derechos laborales”. “Su proximidad a los grandes financiadores del organismo y su estrategia de búsqueda del respaldo de potencias alejadas de la agenda trabajista lo descartan como opción para la clase”, sostienen.

En cambio, las organizaciones firmantes consideran a Yolanda Díaz como “la única candidatura surgida y forjada en la defensa de los trabajadores, con una hoja de servicios al movimiento obrero verificable y no discutible”, entre la que destacan la reforma laboral contra la temporalidad abusiva, las subidas del salario mínimo interprofesional y la llamada 'Ley Rider'. En España, por su parte, la patronal española CEOE se ha mostrado en contra de la candidatura de la vicepresidenta segunda.

El comunicado emplaza a las bases de todas las organizaciones sindicales de Perú a exigir a sus líderes el rechazo a la candidatura fujimorista, “un peligro objetivo para la clase trabajadora mundial y peruana”, y a exhortar al Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT –con 14 votos– “a votar en unidad de clase el 16 de noviembre”. “Una OIT fuerte necesita una directora que sea de la casa obrera”, reclaman.

Con la inflación de nuevo al alza, en el 4,3% en agosto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha vuelto al debate público. Y, entre todos, el salario mínimo interprofesional (1.221 euros brutos al mes), el más bajo legal y el que aprueba el Gobierno, al que los sindicatos mayoritarios exigen un nuevo incremento. Este año, más allá de la cifra de subida, hay un elemento que está protagonizando el debate: la prometida –y pendiente– reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales.

Se trata de un cambio normativo que pretende evitar una práctica de las empresas (avalada por el Tribunal Supremo) por la que los empleadores “absorben” la subida del salario mínimo –y la pactada en convenios colectivos– a través de los complementos salariales que perciben los trabajadores.

Un ejemplo: pensemos en Patricia, una trabajadora que cobra 1.250 euros brutos al mes (1.150 euros de salario base y 100 euros de plus de nocturnidad). Cuando el SMI subió a 1.221 euros este 2026, su sueldo no aumentó, porque en total cobra más del mínimo legal.

CCOO y UGT denuncian que esta práctica supone que los trabajadores cobran menos por los pluses que venían percibiendo (por causas como peligrosidad, nocturnidad o productividad, por ejemplo) y que, además, genera agravios comparativos dentro de las empresas.

De nuevo, imaginemos el caso de Sandra, compañera de Patricia, que cobraba solo los 1.150 euros brutos al mes de salario base, ya que no realizaba turnos de noche. A ella sí le subiría el sueldo gracias al alza del SMI, hasta los 1.221 euros.

El Gobierno pactó el cambio, pero aún no lo ha aprobado

Los sindicatos mayoritarios llevan años defendiendo un cambio legal de esta situación, de las llamadas reglas de “compensación o absorción” de los pluses salariales. Porque esto blindaría el valor de los complementos salariales, y de paso multiplica los trabajadores afectados por las subidas salariales. En el caso del SMI, en estos momentos cubre a unas 2,5 millones de personas.

Como España es todavía un país de salarios bajos y las sucesivas subidas del SMI de los últimos años no han ido acompañadas de incrementos similares en muchos convenios, el salario mínimo ha ido 'comiéndose' el suelo salarial de numerosos sectores, como recoge un reciente estudio de Eurofound.

Esta reforma de los pluses salariales elevaría aún más la cobertura del SMI, empujando al alza los salarios más bajos de muchas actividades, algo a lo que se niega con rotundidad la patronal CEOE, que afirma que invade las competencias de la negociación colectiva.

Finalmente, el Gobierno se comprometió con CCOO y UGT a esta reforma en el acuerdo de subida del SMI de 2026, que contó en la firma con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Trabajo dio el primer paso para regular este decreto el pasado febrero, cuando colgó un borrador a Audiencia Pública, pero seis meses después aún no lo ha llevado al Consejo de Ministros para su aprobación, lo que está impacientando a los sindicatos.

A principios de mes, el secretario de Estado de Trabajo afirmó que aún faltaban algunos informes preceptivos de otros ministerios para poder enviar el texto al Consejo de Estado, pero fuentes del departamento de Yolanda Díaz responden a este medio que ya solo falta el dictamen de este órgano consultivo. El plazo de respuesta del Consejo de Estado es de hasta dos meses (15 días en los casos más urgentes).

Amenaza del primer rechazo sindical en ocho años

Con la negociación de la subida del salario mínimo de 2027 a la vuelta de la esquina, en la que se pretende abordar la pérdida de poder adquisitivo fruto de la inflación, los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han reclamado al Gobierno que cumpla de inmediato con esta reforma de los pluses salariales comprometida.

De lo contrario, los sindicatos han situado dos escenarios sobre la mesa. Unai Sordo ha advertido de que no firmará un nuevo acuerdo de salario mínimo con el Gobierno sin que esto “se resuelva”, lo que supondría la primera subida del SMI sin respaldo sindical en ocho años. Desde 2019, cuando Pedro Sánchez pactó el alza a 900 euros con Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos.

Por su parte, Pepe Álvarez ha afirmado que UGT aún se debate entre esta opción o exigir al Ejecutivo un mayor aumento del SMI. Ambas organizaciones prevén cerrar una posición conjunta en los próximos días, indicaron los líderes sindicales.

El alza, en cualquier caso, tiene que ser superior a lo que están subiendo los salarios de media, afirmó Sordo, lo que apunta a un incremento del SMI por encima del 5%, explicó.

Se abre así ahora un periodo clave hasta final de año para la reforma de la compensación de pluses, que condicionará la negociación del SMI. Como cita en el horizonte, destaca el futuro dictamen del Consejo de Estado. Habrá que ver si el órgano respalda el cambio legal vía real decreto que defienden Trabajo y los sindicatos, o si por el contrario vuelve a oponerse y a coincidir con el criterio patronal, como ocurrió con el del registro horario.

Asociaciones de víctimas del amianto y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) han denunciado este jueves el rechazo del Senado a la exención fiscal de las ayudas públicas de compensación para este colectivo, que presentó el PNV en una enmienda a la Ley de Discapacidad y que tumbaron los votos en contra del PSOE y la abstención de la mayoría del PP.

“Para discriminar a trabajadores que perdieron la salud o la vida de manera injusta sí saben ponerse de acuerdo”, ha denunciado CCOO en redes sociales.

“Una actitud tremendamente injusta de los grupos parlamentarios que se abstienen o votan en contra condenando a las víctimas del amianto a un tratamiento diferente en cuanto a las indemnizaciones que deberían percibir”, denuncian también en Salud Laboral de UGT.

Pretendía equiparar a afectados en España y a otras víctimas

La exención fiscal, reclamada por las asociación de víctimas del amianto y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, fue defendida por la senadora del PNV Nerea Ahedo.

“La enmienda solicitaba la exención del IRPF en las indemnizaciones del fondo de compensación de las víctimas del amianto como ya tienen otros colectivos: víctimas del amianto, del VIH, de la talidomida, de los incendios forestales, del accidente ferroviario de Adamuz...”, recuerdan en CCOO.

Además, como recordó la senadora Ahedo, la enmienda pretendía equiparar a las víctimas de toda España, ya que Euskadi y Navarra sí han concedido esta exención fiscal a las ayudas gracias a su autonomía foral.

Asociaciones de víctimas: “Es insólito”

Desde las asociaciones de víctimas del amianto, Jon García denuncia como “insólito” lo sucedido ayer en el Senado y lo que está ocurriendo con la aplicación práctica de este fondo público de compensación para las personas afectadas por este material tóxico.

Por un lado, porque el fondo había gozado de unanimidad política en numerosas mociones y proposiciones no de ley, pero conforme se fue convirtiendo en una realidad ha ido sumando obstáculos. Desde retrasos a su aprobación y creación a los detalles de su puesta en marcha, con un amplio colectivo de personas con derecho a las compensaciones públicas según la ley, pero que no pueden aún solicitarlas por el actual reglamento en vigor.

En el Gobierno justifican este veto temporal por la falta de Presupuestos Generales del Estado, algo que no comparten los sindicatos ni las asociaciones de afectados. De los 25 millones presupuestados para estas ayudas al año, solo se han ejecutado 6,3 millones en el primer año de funcionamiento del fondo, subrayan, por lo que sostienen que no hay un problema de falta de fondos.

Otra de las quejas repetidas de las víctimas y sindicatos ha sido su “escasa cuantía” y, sobre todo, el pago de impuestos que reduce estas en la práctica y que supone un “agravio” comparativo con otras víctimas.

Tras reclamar en multitud de ocasiones cambios al Gobierno, a través del Ministerio de la Seguridad Social, que puso en marcha el fondo, víctimas y sindicatos tocaron la puerta de todos los grupos políticos para tratar de sacar adelante algunos cambios.

PNV presentó dos enmiendas al respecto en la Ley de Discapacidad en el Senado, una con la exención fiscal y otra emplazando al Gobierno a revisar el reglamento en un periodo de tres meses para ampliar los posibles beneficiarios. Ambas fueron rechazadas gracias a la abstención de la mayoría del PP en la Cámara Alta y los votos negativos del PSOE.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha rechazado con rotundidad este miércoles la nueva comunicación exclusivamente telemática de procesos relacionados con bajas médicas por parte de la Seguridad Social, que entró en vigor el 1 de septiembre. Álvarez ha denunciado que no todos los ciudadanos tienen teléfono móvil o un correo electrónico, por lo que ha exigido que se mantengan también las cartas vía correo postal. “Es inaceptable”, ha insistido.

El dirigente sindical ha advertido de que en ocasiones hay comunicaciones de altas de tribunales médicos y decisiones relevantes, en las que hay un plazo de 10 días para ser consultadas, y ha criticado que el medio de comunicación de la Administración Pública sea “un SMS”, un canal a menudo utilizado para ejecutar fraudes y abusos como phising, y que pueden generar desconfianza en los ciudadanos.

El Ministerio de la Seguridad Social aplicó este cambio de comunicaciones telemáticas de prestaciones de incapacidad temporal, permanente y permisos de nacimiento, entre otras, el pasado 1 de septiembre, aprobado tres meses antes.

Así, ahora la Seguridad Social avisa a los ciudadanos a través de mensajes al teléfono móvil o al correo electrónico que la persona interesada haya facilitado previamente, informando de que tiene una comunicación o notificación disponible en la sede electrónica y pendiente de consulta.

La Seguridad Social defiende que es “más seguro”

Fuentes del departamento de Elma Saiz explican que el objetivo es “una gestión más eficiente y segura de las notificaciones mediante el empleo de medios electrónicos”.

“La medida persigue compatibilizar dichas garantías con a la necesidad de reforzar las garantías de confidencialidad, seguridad y protección de datos de carácter personal en los procedimientos de incapacidades laborales y lesiones permanentes no incapacitantes, teniendo en cuenta que en su tramitación se manejan categorías especiales de datos, especialmente información relativa a la salud”, añaden en la Seguridad Social.

En ocasiones, las cartas vía postal también generaban problemas en la comunicación a los pacientes, por recibirse en domicilios no actualizados por los pacientes, así como por contener datos personales especialmente sensibles y estar más expuestos a terceros.

Se puede ir “sin cita” a oficinas de la Seguridad Social

Desde el Ministerio de la Seguridad Social sostienen que se puede ir a una oficina de la Seguridad Social, “sin cita”, para consultar esta notificación y “tramitar la expedición del certificado digital o clave permanente”, si los ciudadanos tienen problemas para acceder por la vía telemática.

La normativa prevé además “determinadas excepciones para algunas situaciones en las que las comunicaciones podrán realizarse por otras vías”, añaden en el departamento de Saiz.

Así “se incluyen medidas para facilitar el acceso de la ciudadanía a las notificaciones electrónicas, tales como la asistencia presencial en los centros de atención de la Seguridad Social, los teléfonos de atención y el apoyo para acceder a estos servicios cuando sea necesario”, indican en la Seguridad Social.

Desde UGT han insistido en criticar la decisión, que han sostenido que no se ha comunicado a las organizaciones sindicales, y que prevén abordar con los responsables del Ministerio.

Fuentes del departamento de Saiz lo niegan. “Se trabaja desde hace meses y se ha compartido con sindicatos en diferentes foros”, sostienen en la Seguridad Social.

La huelga se mantiene en Airbus. Las asambleas de trabajadores ha decidido por la mínima (51%) continuar el paro en la multinacional de aviación a la espera del referéndum a toda la plantilla del acuerdo anunciado el viernes por el Ministerio de Industria con la multinacional y los sindicatos mayoritarios. En la gestión del pacto se excluyó de la mediación a CGT y ÚTIL, organizaciones convocantes de este paro con un amplio seguimiento de la plantilla, lo que generó un gran enfado entre los trabajadores en huelga.

Según los resultados a los que ha tenido acceso elDiario.es, un 51% de los participantes en las asambleas de trabajadores ha votado en contra de pausar la huelga, mientras que un 48% se manifestó a favor de su suspensión, y el resto votó abstención. La decisión la han decantado 67 votos, indican fuentes de la asamblea de trabajadores y el sindicato ÚTIL.

Por centros de trabajo, el de San Pablo (Sevilla) se manifestó mayoritariamente a favor de seguir el paro (76%), mientras que en Getafe (Madrid) también se inclinaron por seguir, aunque con un escaso margen: 46% a favor de mantener la huelga frente a 45% a favor de pausarla.

Estos dos centros de trabajo, los más numerosos en Airbus, han inclinado la balanza global hacia el mantenimiento de la huelga aunque el resto de centros había pedido interrumpir el paro: Cádiz (94%), Albacete, Illescas (casi 60%) y Tablada (60%).

Desde el pasado viernes, las asambleas de trabajadores y los sindicatos CGT, ÚTIL y UGT han exigido a Airbus que se reúna con el comité de huelga, algo que finalmente ha sucedido este martes por la mañana.

Marc Vidal, representante de ÚTIL, explica que “en la reunión con la empresa no se mueven de la propuesta del viernes en el Ministerio”. El comité de huelga trasladará mañana a las asambleas la situación en las asambleas y “seguramente se irá valorando más veces a lo largo de la semana” si continuar o no el paro.

El comité de huelga ha decidido esta tarde “pausar el conflicto” a las puertas de los centros de trabajo a partir de este miércoles y “dejar espacios de encuentro en asambleas”-

Entre los trabajadores, la decisión de este martes se interpreta como un mensaje a la dirección sobre “las formas” y la gestión de la negociación del acuerdo, que consideran no obstante que se ha logrado gracias a la movilización de la plantilla. “En realidad es nuestro”, dice un trabajador a este medio sobre la subida salarial según el IPC y la recuperación de parte del poder adquisitivo perdido y del teletrabajo a la que ha accedido finalmente Airbus en este pacto con la mayoría sindical.

El enfado se impone de nuevo en las votaciones

El malestar de la plantilla se ha impuesto de nuevo en este conflicto laboral, que comenzó a inicios de julio con el anuncio de un recorte del teletrabajo por la multinacional, y que fue la “gota que colmó el vaso” de la plantilla ante una serie de pérdida de derechos y la devaluación de sus salarios en un contexto de beneficios récord de Airbus.

Tras ello, han venido cinco semanas de huelga, con un elevado seguimiento y varios episodios que han visibilizado el malestar de gran parte de la plantilla con la dirección de la multinacional, a la que acusan de “no escuchar” las quejas de las asambleas de trabajadores.

Primero en julio, cuando se votó un primer principio de acuerdo a finales de mes entre Airbus y la mayoría sindical de CCOO, ATP y SIPA, que rechazó la plantilla en un ajustado referéndum. Se interrumpió entonces el paro, llegaron las vacaciones de agosto y, a la vuelta, las asambleas de trabajadores volvieron a votar a favor de la huelga, que se retomó el 25 de agosto de manera indefinida.

Incluso cuando la multinacional puso varias propuestas sobre la mesa a los sindicatos convocantes del paro (CGT, UGT y ÚTIL), y exigió que se desconvocaran los paros para seguir negociando un posible acuerdo, las asambleas de trabajadores mantuvieron el pulso y apoyaron mantener la huelga.

El “atropello” del acuerdo y la espera del referéndum

Desde la asamblea de trabajadores de Getafe (Madrid) trasladan la sensación compartida de “atropello” del principio de acuerdo anunciado el viernes por el ministro de Industria, Jordi Hereu, con Airbus y la mayoría sindical en la empresa (CCOO, ATP, SIPA y UGT) por no permitir entrar a la reunión a los sindicatos CGT y ÚTIL, convocantes de la huelga.

UGT mandó un comunicado de corrección esa misma tarde, señalando que no se había adherido a este pacto, sino que solo recogió la propuesta para someterla a votación entre los trabajadores. Una postura en la que el sindicato ha insistido este lunes en las asambleas.

En cualquier, UGT se mostró a favor de pausar la huelga este lunes, de votar el acuerdo alcanzado y valorar después los próximos pasos. Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz, hizo hincapié en que la decisión “vinculante” será el día referéndum, que probablemente se celebrará el miércoles o el jueves, momento en el que “serán los trabajadores los que decidan”.

Mientras tanto, viven con “incertidumbre” estos momentos y, en todo caso, Montoro criticó la estrategia de la compañía: “Airbus se ha equivocado desde primera hora con la idea de dividir. Tiene que aceptar la variedad de sindicatos que hay en estos momentos y sentarse con la mesa negociadora”.

En ÚTIL también apostaron este lunes por pausar la huelga y ver qué sucede con el resultado del referéndum, mientras que CGT fue el único sindicato que defendió mantener el paro, al menos hasta que se celebre la votación del acuerdo.

Además, el sindicato anarcosindicalista considera que el referémdum no debe realizarse a toda la plantilla como en julio, en el que pudieron votar managers (jefes) y personal de dirección a quienes no afecta el convenio colectivo.

CGT también ha anunciado una demanda en la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales, en concreto por vulneración del derecho de huelga, por excluir de la negociación y cierre de este acuerdo a los representantes legales de la plantilla en el conflicto colectivo.

Manifestación el 12 de septiembre en Madrid

Por otro lado, los trabajadores han decidido hacer una manifestación en Madrid el próximo sábado, 12 de septiembre, de Colón al Ministerio de Industria, explican fuentes de la asamblea y los sindicatos.

Las asambleas de trabajadores estaban organizando esta marcha en las últimas semanas para manifestar la unidad de los distintos centros de Airbus en España durante el conflicto, con la participación de empleados de todos los centros de trabajo, desde Madrid, Sevilla, Albacete, Toledo a Cádiz.

Este lunes y martes, en las asambleas de trabajadores había dudas y división sobre qué hacer con el paro y el acuerdo que Airbus va a poner sobre la mesa a los empleados, pero no sobre la apertura de una nueva etapa de mayor movilización y concienciación de la plantilla, que se plasmará en la carrera para las próximas elecciones sindicales, en septiembre de 2027.

En breve, las empresas estarán obligadas a dar mucha más información por escrito a los trabajadores sobre sus condiciones y derechos laborales. El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto, que transpone parcialmente una Directiva Europea, por la que las compañías tendrán que revelar a sus empleados si usan algoritmos o alguna IA (inteligencia artificial) para fijar salarios, acordar ascensos o, incluso, para ejecutar despidos, entre otros datos.

“El Gobierno da un paso más en la lucha contra la precariedad”, ha sostenido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta mayor información permitirá a los empleados “defenderse mejor”, ha afirmado Díaz, así como poner negro sobre blanco varias de las obligaciones de las empresas y las administraciones públicas. La norma se aplica también a los empleados públicos, ha subrayado la vicepresidenta.

Aunque se preveía una entrada en vigor inmediata, al día siguiente de la publicación en el BOE, el Ministerio de Trabajo finalmente ha concedido un plazo de 20 días a las empresas para que se adapten a los cambios legales, según el texto legal al que ha accedido elDiario.es. El departamento de Yolanda Díaz elaborará además un modelo de documento que pueda servir a las compañías de referencia, especialmente, a las más pequeñas.

La norma aprobada es relevante porque amplía en múltiples aspectos –periodo de prueba, algoritmos, jornada, conciliación, medidas de igualdad– la información que las empresas están obligadas a facilitar hasta ahora a sus empleados (con relaciones laborales de más de cuatro semanas), debido a la aplicación de una Directiva europea de 2019 “relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles”.

La información debe ser incluida en los contratos, o por escrito en otro documento, con carácter previo al inicio de la relación laboral, de manera que las personas sepan de manera más detallada qué condiciones y derechos tienen en su puesto laboral.

Para los contratos ya en vigor, los trabajadores pueden pedir esta información y la empresa tendrá 30 días hábiles para entregarles los datos por escrito.

Hay que revelar si IA o algoritmos fijan condiciones laborales

Uno de los aspectos más novedosos es que Trabajo ha incluido en el real decreto la obligación de que las empresas desvelen a los trabajadores “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones” en lo que afecte a sus condiciones laborales.

Esto incluye “las pautas, criterios y reglas de funcionamiento” de estos sistemas cuando se empleen para fijar o modificar condiciones de trabajo, “tales como la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, la determinación de los salarios, de la progresión profesional, del lugar de trabajo o de la extinción del contrato”, recoge el texto del real decreto al que ha accedido elDiario.es.

La representación legal de los trabajadores ya puede solicitar esta información a las empresas, aprobado en la Ley Rider (aunque incumplido en muchos casos), pero ahora este derecho se individualiza a cada persona trabajadora.

Habrá que justificar más el periodo de prueba

Las empresas tendrán que justificar más el periodo de prueba, por el que pueden echar a los trabajadores sin indemnización. El Estatuto de los Trabajadores limita este periodo a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

La vicepresidenta ha destacado que un “75%” de las empresas que analizó la Inspección de Trabajo respecto a la finalización del periodo de prueba de contratos había cometido irregularidades.

Por un lado, las empresas deberán concretar las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”, lo que Yolanda Díaz ha afirmado que “causaliza” este periodo con el objetivo de evitar abusos.

Por otro, Trabajo sostiene que endurecerá los criterios para ampliar este periodo, ya que se tendrá que informar de su duración exacta, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

Más transparencia sobre jornada, salarios y conciliación

Entre el resto de novedades, destaca que las empresas tendrán que especificar no solo el salario base y los complementos salariales, como hasta ahora, sino también “el modo de cálculo de los conceptos salariales que sean variables y los criterios que determinan su percepción”.

En cuanto a los horarios laborales, además de la duración y distribución de la jornada, se especifica que las empresas deberán facilitar estos datos de la jornada “diaria, semanal y anual”. Y “se identificará cuando la totalidad o parte de la jornada se desarrolle mediante trabajo nocturno o a turnos”.

Aún más relevante, se obliga a que informar de “los acuerdos relativos a las horas extraordinarias y su retribución”, los supuestos y procedimientos para realizar cambios de turno. En caso de que exista distribución irregular de la jornada, se añaden nuevos mandatos, como identificar “las horas y los días de referencia en los que la empresa puede exigir la prestación de servicios” y “los períodos mínimos de preaviso”.

Además, las empresas tendrán que poner negro sobre blanco “la existencia y la identificación del plan de igualdad”, si lo hay, así como “la política empresarial de conciliación personal, laboral y familiar” y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio en todas las empresas.

El decreto incluye medidas específicas para los trabajadores de la pesca, así como “la gente de mar”, y trabajadores que prestan servicios en el extranjero.

La subida del salario mínimo tiene que ser “ambiciosa” este 2027, ha afirmado este lunes el líder de Comisiones Obras, Unai Sordo, en un desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid. Eso se concreta en un aumento “por encima del 5%”, ha afirmado, una cifra en la que estima que puede situarse el alza media de los salarios. No obstante, el sindicato presentará próximamente su propuesta concreta de manera conjunta con UGT, ha afirmado Sordo.

En un contexto de pérdida de poder adquisitivo del SMI –situado en 1.221 euros brutos al mes– debido al auge de la inflación, situada en el 4,3% en agosto, el líder de CCOO ha explicado que los sindicatos plantearan una “propuesto ofensiva” y “ambiciosa” de subida del salario mínimo en 2027.

Además, esta debe ir acompañada sí o sí al cumplimiento de la promesa del Gobierno de modificar la absorción y compensación de pluses salariales. Esta medida pretende evitar que las empresas absorban la subida del SMI restando parte de los complementos salariales (sin que al final el salario suba en el bolsillo de los trabajadores).

Sin compensación de pluses, “no” hay acuerdo de SMI

Unai Sordo ha sostenido que el sindicato no cerrará un acuerdo del salario mínimo con el Gobierno “si no se resuelve el tema de los pluses”, ha sostenido el líder de CCOO.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) ya han defendido esta postura en los últimos dos años, pero al final accedieron a la firma de pactos tras el compromiso del Gobierno de que aprobaría la medida. La última vez, por escrito y con el sello del presidente del Gobierno, que acudió a la firma de la subida del SMI de 2026.

Este año, Sordo ha insistido en que se tiene que “resolver” este tema para contar con un nuevo acuerdo de los sindicatos.

Aunque el Ministerio de Trabajo dio el primer paso para aprobar este compromiso en febrero, elevando a Audiencia Pública un borrador del decreto, la reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales aún no se ha aprobado en el Consejo de Ministros.

Y la previsión es que esa aprobación aún se demore unos meses, porque Trabajo todavía no ha recibido todos los informes preceptivos del conjunto del Gobierno y, tras ellos, tiene que enviarlos al Consejo de Estado para su valoración.

La duda está en si esa demora será tal que hará imposible la aprobación de la reforma de los pluses antes de la subida del SMI de 2027, o si podrá llegar a tiempo a que ambas cosas salgan adelante de manera paralela a finales de este año o el arranque del próximo.

Pide “solidaridad” del resto de Comunidades con Ceuta

Preguntado por los periodistas del Ateneo de Madrid, el líder de CCOO se ha referido a varios temas de actualidad política, entre los que ha destacado la crisis que está viviendo Ceuta por la entrada de miles de migrantes a finales de julio, muchos en situación de calle en la actualidad.

Sordo ha reclamado “solidaridad” al resto de Comunidades Autónomas con Ceuta, que ha sostenido que debe ir más allá de las proclamas “todos con Ceuta” y concretarse en la asunción de parte de las miles de personas que están en suelo ceutí.

En este sentido, ha recordado que es necesario el cumplimiento de la ley, con los procesos regulados de peticiones de asilo, tratamiento de los menores de edad y de las devoluciones de migrantes, que llevan tiempo. Por ello, ha considerado que Ceuta no puede asumir sola esa “presión demográfica” y que el Gobierno y las Comunidades Autónomas deberían articular un proceso de reparto en la Península que pueda aliviar la situación de la ciudad autónoma.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este viernes un “principio de acuerdo” entre Airbus y los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CCOO), ATP, SIPA y UGT, que les permite “recuperar el poder adquisitivo por encima de la inflación” y sumar otros derechos reivindicados como comedor y flexibilidad laboral con teletrabajo. Los otros dos sindicatos convocantes de la huelga con paros que dura ya 35 días, CGT y ÚTIL, se han quedado a las puertas de la reunión en el Ministerio, a la que no les han permitido entrar, explican fuentes de ambos sindicatos.

“No era una negociación, a esta reunión estaban convocados los que estaban de acuerdo con el acuerdo”, ha zanjado Hereu. A la reunión ha asistido también el CEO global de Airbus, Guillaume Faury, que ha conversado brevemente con Hereu tras la reunión formal.

Fuentes de UGT precisan a elDiario.es que “no han firmado” ningún acuerdo, ni preacuerdo, que solo “han recogido una propuesta”. Según ha podido saber este medio, en la intervención de UGT ha expresado su “incomodidad” por la ausencia de los representantes de CGT y ÚTIL y ha “apoyado” la propuesta del Ministerio de Industria, al que ha agradecido su intermediación.

El portavoz de UGT ha precisado que la propuesta deberá pasar por los cauces de consulta a la plantilla, pero ha afirmado que el sindicato se va a mostrar a favor de lo que entienden que es una salida “digna” al conflicto.

Airbus ha mandado un comunicado tras la reunión en el que afirma que “la empresa y los representantes sindicales de ATP, CCOO, SIPA y UGT hemos llegado a una propuesta de entendimiento, facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, que nos permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos nuestros empleados”. La multinacional destaca que “estos sindicatos suman el 88% de los representantes sindicales en Airbus”.

La propuesta se someterá a un referéndum por la empresa

Ahora, la multinacional volverá a someter esta nueva “propuesta de entendimiento” a un referéndum interno en la plantilla, como el que se realizó en julio y que rechazaron los trabajadores. Aún sin fecha, la votación se celebrará este mes de septiembre.

Desde las asambleas de trabajadores criticaron el procedimiento de votación de julio por la nula capacidad de supervisión por parte de los sindicatos, así como por la posibilidad de votar de los managers y otros altos cargos de la empresa a los que no se les aplica el convenio colectivo.

Airbus ha calificado la propuesta como “una solución equilibrada al conflicto”, que permite “proteger la estabilidad de la empresa, el bienestar y la seguridad de todos los empleados”, así como el futuro de la actividad industrial de la multinacional en España.

Alfonso Mora, responsable de CCOO en el Comité Intercentros, se ha mostrado a favor de la propuesta tras la reunión y ha afirmado que se explicará su contenido en los próximos días a la plantilla, de cara a la futura votación.

Las entradas en escena del ministro como mediador y del CEO global de Airbus que ha aterrizado en Madrid, al parecer, han sido claves para cerrar esta “propuesta de entendimiento”, a la espera de que los trabajadores den o no el visto bueno al acuerdo.

Bronca por la negociación durante el conflicto

Tras un mes de tensión, el jueves las asambleas de trabajadores de Sevilla y Getafe, dos de las mayores plantas de la compañía en España, expresaban su descontento, no solo por la falta de acuerdo. También, acusaban a la empresa de dividir a la plantilla de forma “ilegal” y con “mala fe” al cerrar la mesa con el comité de huelga y trata de ubicar un acuerdo en otro foro con todos los sindicatos. La empresa aeronáutica tiene 14.000 trabajadores repartidos en cinco centros en toda España.

Fuentes sindicales de CGT y ÚTIL han expresado su malestar por la forma en que se ha cerrado el acuerdo. Tras haber sido invitados al acto, a los representantes de ÚTIL se les ha invitado a una sala para una reunión previa donde los abogados de la empresa les han asegurado que “lo de este viernes no era una negociación”, explican en el sindicato.

Aunque les han dicho que hablarían con el secretario, han estado dos horas en una sala de espera, cuentan, sin poder mediar. “Nos han aclarado que solo querían reunirse con aquellos que estaban de acuerdo con los términos del acuerdo”, cuentan estas fuentes. Pero solo a posteriori han recibido un borrador de este acuerdo, sin darles oportunidad de explicar su postura.

Fuentes de CGT confirman la misma situación, en las que se les ha derivado a otra sala, sin conocer la propuesta de entendimiento ni permitirles entrar en la reunión. Según fuentes del sindicato, sin ninguna explicación sobre esta exclusión.

El ministro Hereu ha querido quitar hierro al malentendido con los sindicatos y ha invitado a CGT y ÚTIL a “unirse al acuerdo”. Ha asegurado que “Airbus es una empresa estratégica para Europa y para España” y que el acuerdo supone “un paso adelante importante” para garantizar su competitividad.

El ministro ha puesto de relieve la importancia del “diálogo social” para los avances y la competitividad industriales. “Es un magnífico principio de acuerdo, porque salen ganando los trabajadores pero la empresa garantiza viabilidad y competitividad”, ha añadido. “La inmensa mayoría está a favor del acuerdo. Necesitamos un fuerte respaldo porque este acuerdo es el que garantiza el futuro de la empresa”, ha completado.

Hereu también se ha expresado sobre el posible fin de la marca Seat anunciado por Volkswagen, que la sustituirá paulatinamente por Cupra. “Es evidente que Seat es una gran marca”, ha dicho Hereu. “Quiero recordar que nacen proyectos industriales en base a la recuperación de marcas, como Santana o Ebro”, ha añadido, y ha expresado su querencia por Seat, “una de las grandes marcas”. “Espero que en un futuro podremos hablar del desarrollo industrial ligado a esta marca”, ha completado.

El Gobierno aprobará el próximo martes un real decreto para transponer el grueso de la Directiva Europea relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, pendiente en España desde agosto de 2022 y por la que Bruselas ha denunciado al país ante la justicia europea por su tardanza. La norma exigirá a las empresas especificar más la información sobre los salarios y la jornada de los trabajadores en los contratos de trabajo, entre otros datos, así como justificar más el periodo de prueba en este documento, explican fuentes del Ministerio de Trabajo.

El real decreto será un reglamento en el que se especifiquen algunas de las nuevas exigencias que deberán plasmar los nuevos contratos de trabajo debido a la Directiva europea, así como algunas especificaciones más que ha incluido el Ministerio de Trabajo.

Por ejemplo, el derecho individual de las personas trabajadoras a que en el contrato se especifique si hay algoritmos que intervengan en su relación laboral, en cuestiones como la fijación de horarios, salarios o en la extinción del contrato, destacan desde el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio de Trabajo destacan la relevancia de esta nueva norma en cuanto a la lucha contra la precariedad y la discriminación. Así, subrayan el mayor derecho de información de los trabajadores y su valor de cara a conflictos y procedimientos judiciales que puedan existir.

Los trabajadores ya contratados pueden pedir la información

La obligación de información para los nuevos contratos de trabajo estará en vigor al día siguiente de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), indican en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, previsiblemente, será el miércoles o el jueves.

El decreto obligará a detallar más en el contrato el salario que cobrará la persona trabajadora (también en cuanto a los complementos y pluses), así como su jornada de trabajo. En el departamento de Yolanda Díaz destacan que se deberá concretar en qué consiste la distribución irregular de la jornada, si la hubiere, algo que consideran muy relevante para evitar abusos en los horarios y para poder probar excesos sobre las jornadas “formales” en caso de conflicto judicial.

Los trabajadores y trabajadoras ya contratadas no se quedan fuera de la normativa. El decreto prevé el derecho de solicitar esta nueva información requerida a sus empresas, que deberán proporcionarla en un plazo de 30 días, explican en Trabajo.

Además, si sus condiciones laborales pactadas cambian, por ejemplo con un nuevo salario, nuevos pluses o un nuevo horario, las empresas sí estarían obligadas a reflejar estos cambios por escrito, afirman en el Ministerio de Díaz.

Más justificación del periodo de prueba

En el departamento de Yolanda Díaz insisten también en la importancia de varias novedades incluidas en el real decreto respecto el periodo de prueba. El Estatuto de los Trabajadores limita el periodo de prueba a un máximo de seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabajadores, salvo que se pacte en convenio un periodo superior.

El Ministerio de Trabajo quería prohibir esta posibilidad de ampliación, como contempló en un proyecto de ley, pero este texto legal está bloqueado en el Congreso de los Diputados. En este nuevo reglamento no se modifica esta duración (ya que requiere una norma con rango de ley), pero Trabajo destaca que ha incluido varias precisiones para que las empresas tengan que justificar más el periodo de prueba.

Por un lado, las exigencias requeridas a los trabajadores que “constituyan el objeto de la prueba”. Y, por otro, la duración exacta del periodo de prueba, “ya se encuentre dentro del límite de seis meses previsto legalmente o se trate de un periodo superior fijado por convenio colectivo en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”.

En Trabajo consideran claves estas precisiones, ya que creen que dan herramientas a los trabajadores para evitar contratos de prueba abusivos, sin causas que lo justifiquen, y que también impone más exigencias a las prolongaciones del periodo de prueba por convenio.

Qué se queda pendiente de aprobar

Ante el bloqueo parlamentario al anteproyecto de ley que pretendía transponer esta Directiva europea, el Gobierno va a recurrir a este real decreto con el objetivo de tratar de reducir las consecuencias del retraso en el cumplimiento de la normativa, que pueden suponer una cuantiosa multa para España.

No obstante, todavía quedan pendientes de aprobar algunos cambios que requieren de rango de ley. Por ejemplo, la obligación de informar de las vacantes a todos los trabajadores, ya que el Estatuto de los Trabajadores ahora solo regula esta posibilidad para ciertos contratos, como los temporales, formativos y fijos-discontinuos.

También un endurecimiento de las sanciones por incumplir esta transparencia y previsibilidad de los contratos laborales. Fuentes de Trabajo indican que el grueso de la directiva quedará transpuesta, algo que creen que valorará la Comisión Europea, y están estudiando en qué ley pueden aprobar estas otras exigencias pendientes.

El Ministerio de Industria ha llamado a los sindicatos convocantes de la huelga de Airbus, CGT, UGT y ÚTIL, para mediar en el conflicto laboral que ya encadena cinco semanas de paros en la multinacional de aviación, como ha adelantado elDiario.es con fuentes de la asamblea de trabajadores y ÚTIL. El departamento de Jordi Hereu ha confirmado la cita, que se producirá a las 12.30 horas en el Ministerio situado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Al encuentro va a asistir el CEO de Airbus a nivel mundial, Guillaume Faury, según ha podido saber elDiario.es.

La noticia se ha trasladado este viernes por la mañana a la plantilla por parte de los sindicatos convocantes de los paros, minoritarios en Airbus, pero que cuentan con un gran apoyo de la asamblea de trabajadores, que es la que ha impulsado estos paros que suman ya 35 días en esta empresa estratégica de la industria en España.

Fuentes de CCOO, sindicato mayoritario en Airbus, pero que no ha apoyado la huelga indefinida desde agosto, también confirma el contacto con el Ministerio.

elDiario.es ha consultado a Airbus por el encuentro, pero por el momento no ha dado una valoración.

Según ha podido saber este medio, a la reunión de este viernes en Madrid asistirá el CEO de Airbus a nivel mundial, Guillaume Faury, que ya vino a España para conocer la situación de la crisis laboral en julio y que formó un grupo de cuatro directivos españoles para tratar de desactivar este conflicto, que se denomina Proyecto Fénix.

Mediación ante el bloqueo de la negociación

El departamento de Jordi Hereu ha intervenido finalmente en el conflicto laboral en Airbus después de más de dos meses de conflicto, que estalló a comienzos de julio tras el anuncio de un recorte en el teletrabajo, y tras cinco semanas de huelga, en un momento en el que las negociaciones estaban entrando en una situación de cierto bloqueo entre la multinacional y los sindicatos.

Hereu ya había afirmado que seguía con atención la situación, aunque en el Ministerio preferían no tener que intervenir y dejar autonomía a la negociación bilateral entre la empresa y los representantes de la plantilla.

Sin embargo, en los últimos días, Industria reconocía “preocupación” y que estaba preparada para mediar si era necesario. “No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años”, afirmó el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

Airbus no solo es una empresa estratégica por su importancia en el tejido industrial y económico de España, sino que también es receptora de ayudas públicas millonarias y de contratos fundamentales en el área de Defensa, reforzados desde la escalada bélica provocada por la guerra de Ucrania.

Ante la duración de los paros, que ya han comenzado a afectar incluso a la industria auxiliar andaluza, según afirmó ayer la Junta, y en un contexto de cierre de las mesas de diálogo en el SIMA por parte de la multinacional, Industria ha llamado a las partes este viernes para una reunión urgente que trate de acercar posturas.

Las asambleas de trabajadores de Getafe (Madrid) y San Pablo (Sevilla) pedían este jueves a Airbus una negociación “real” con el comité de los paros, con “respeto” a la plantilla movilizada y el abandono de “amenazas” de retirada de carga de trabajo a España.