Casi el 90% de la población española rechaza aumenta la edad de jubilación progresivamente a los 70 años, los planes de la reforma que acaba de anunciar Alemania, según una encuesta realizada por Funcas, el centro de estudios de la fundación de las antiguas cajas de ahorros. La oposición es generalizada, superior al 80% en todos los grupos de edad, de jóvenes a mayores.

Es uno de los resultados de la “Encuesta 2026 sobre pensiones y educación financiera”, la segunda en este tema elaborada por Funcas, tras la primera edición de septiembre de 2025. De hecho, el 70% de la población responde que le parece “alta” la edad de jubilación de 67 años, a la que se encamina el sistema español (que permite aún el retiro a los 65 años para las largas carreras laborales).

Los resultados de estudio –para el que se ha preguntado a 1.127 hombres y mujeres, de nacionalidad española, entre 18 y 75 años– se han presentado este jueves en una rueda de prensa por la investigadora Elisa Chuliá, que ha subrayado que “se reconoce” que hay “un problema” económico con las pensiones de forma mayoritaria, “pero la sociedad no está muy dispuesta a hacer reformas”.

Funcas consulta a los entrevistados cuánto de acuerdo o desacuerdo están con que “se escucha con frecuencia que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema importante para nuestra economía”. A esta pregunta, dos tercios de la población dice estar muy o bastante de acuerdo.

En este contexto, 9 de cada 10 entrevistados prevén que habrá más reformas de pensiones antes de su jubilación.

Menos en contra de un impuesto o subir las cotizaciones

Elisa Chuliá ha explicado que la encuesta pregunta a las personas entrevistadas por cuatro posibles reformas del sistema. La primera es la ampliación de la edad de jubilación a los 70 años, en línea con las reformas de algunos países, ha apuntado la experta, que suscita un “superconsenso” en contra por parte de la población española.

La segunda propuesta de reforma es aumentar los años de cotización para conseguir una pensión contributiva, ahora en 15 años, un periodo elevado en España respecto a otros países europeos, ha recordado Chuliá. Esta es rechazada por un 73% de las personas entrevistadas.

La tercera y la cuarta son medidas que inciden en el aumento de los ingresos del sistema. Por un lado, “introducir algún impuesto específico a todos los ciudadanos para pagar las pensiones”, que rechaza un 66% de las personas entrevistadas.

Por último, se pregunta por si las personas entrevistadas están de acuerdo con “aumentar las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y las empresas”, una medida que va en la línea de las últimas reformas implementadas por el Gobierno. Aunque también obtiene el rechazo de la mayoría, la oposición es mucho menor: del 54%. En el grupo de las personas estudiantes el dato de quienes están a favor (45%) supera a quienes se oponen (44%).

Chuliá ha argumentado que “tiene sentido” que las personas entrevistadas sean más favorables a las medidas de aumento de ingresos “que a los recortes”, ya que el impuesto y el aumento de cotizaciones se visualiza como algo más general, que afecta al conjunto de la población, mientras que el aumento de la edad de jubilación se proyecta como una medida que les afecta individualmente.

La Fundación ONCE del Perro Guía, que se dedica a criar y adiestrar perros guía para personas con ceguera o deficiencia visual grave, ha tenido que hacer indefinidos a seis trabajadores con contratos temporales irregulares por mandato de la Inspección de Trabajo. Además, ha exigido también que elabore un plan de igualdad, confirman fuentes de la propia fundación, medida que ya debería tener desde hace varios años al superar el umbral de 50 empleados.

La Fundación, creada por la ONCE en 1990, entrega cada año más de 120 perros guía de manera gratuita a personas afiliadas a esta entidad. Recibe la gran mayoría de sus fondos de ONCE (5,1 millones de los 5,2 millones de euros de ingresos fruto de su actividad en 2024), más 30.000 euros en una subvención de la Comunidad de Madrid y casi 148.000 euros en donaciones de empresas privadas y particulares, según sus últimas cuentas.

Fuentes de la Fundación ONCE del Perro Guía destacan que la Inspección de Trabajo ha emitido un requerimiento y “no un acta de infracción” contra la entidad, que supone la imposición de una sanción económica. En los requerimientos, los inspectores detectan ciertas irregularidades e instan a las empresas a que las solventen en un determinado plazo, pero sin imponer una multa de partida.

La fundación retrasa la estabilización de otros empleados

Tras una visita a las instalaciones de la fundación en Boadilla del Monte (Madrid), la Inspección de Trabajo consideró que los contratos de seis empleados temporales no se ajustaban a la legalidad vigente y obligó a convertirlos en indefinidos. La medida ha generado “un lío importante” dentro de la fundación, especialmente en las perreras en las que trabaja el personal al cuidado de los animales, explica Benedicto Cubillo, miembro del comité de empresa por el sindicato CCOO.

La regularización ha supuesto saltarse el sistema de mejora de turnos que la fundación tiene establecido por convenio colectivo, que funciona según la antigüedad y del que dependen muchas personas para mejorar sus condiciones. “Por ejemplo, hay gente que lleva cinco años en fin de semana, esperando que salga plaza entre semana y de repente hay contratos tres meses que se les ha hecho indefinidos” en este turno, explica Cubillo.

Fuentes de la plantilla que piden no ser identificadas confirman esta situación de malestar, que la propia directora gerente de la fundación reconoció en un correo electrónico a los trabajadores. En este, apuntaba que, “con carácter previo a esta inspección, desde la dirección ya se estaba trabajando en un plan para ir subsanando ciertas situaciones de temporalidad en los contratos”, pero alega que ahora tendrán que retrasarse.

“Ahora esta actuación supone un imprevisto más que nos obliga a modificar parte de la planificación inicial para regularizar y mejorar la estabilidad de los puestos”, informó la directora gerente a los trabajadores, como ha podido comprobar elDiario.es.

CCOO denuncia “un abuso brutal” de horas complementarias

Desde el comité de empresa, Benedicto Cubillo denuncia las “malas condiciones” de los contratos de los trabajadores en perreras, especialmente. “De los 22 trabajadores que hay hoy trabajando solo tres” tienen contrato indefinido para el turno de lunes a viernes, explica el representante de CCOO.

“El resto son trabajadores con contrato a tiempo parcial”, el contrato que se firma en la fundación para el fin de semana, “realizando horas complementarias, las cuales casi todos han superado”, o son “interinos, con contratos de sustitución en algunos casos”.

Cubillo denuncia “un abuso brutal” de las horas complementarias de los trabajadores a tiempo parcial, una medida que da flexibilidad a las empresas en detrimento de la estabilidad de horas de trabajo de los empleados, así como un convenio colectivo negociándose desde hace varios años, sin avances, y tras pasar una década de congelación salarial.

“Abusan porque trabajar con perros en España es muy difícil. O eres policía o guardia civil en la unidad canina, o entrar en una entidad grande para trabajar con perros es muy difícil. Así que hay mucha gente que, aunque cobre poco y sus condiciones laborales sean pocas, aguanta con el afán de poder trabajar en algo que les gusta y les motiva. Este es un trabajo muy vocacional”, explica el representante de CCOO.

Fuentes de la Fundación ONCE del Perro Guía sostienen que “no existe ninguna actuación que pueda considerarse precarización” del personal. Además, indican que la fundación ya ha dado los primeros pasos para elaborar el plan de igualdad, con el proceso de contratación de una consultora para ello.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado, por sorpresa y antes de lo previsto, el primer paso para celebrar las elecciones al liderazgo de la gran patronal, unos comicios que estaban previstos para otoño y que podrían tener lugar a la vuelta del verano. El empresario vasco ha convocado el próximo miércoles 1 de julio al Comité Ejecutivo, que es el organismo competente para fijar la fecha definitiva de las elecciones.

“Hay prevista una cumbre en noviembre y, teniendo en cuenta que los estatutos establecen un plazo mínimo de tres meses, no queríamos que los tiempos se solaparan con ese evento”, detallan fuentes de la CEOE consultadas por elDiario.es, que confirman la reunión de la dirección de la patronal la próxima semana.

En este sentido, las fuentes patronales apuntan que era “importante intentar que la convocatoria quedara cerrada durante el mes de julio, de manera que las organizaciones dispusieran de margen suficiente para realizar toda la tramitación y los procedimientos necesarios antes de agosto”.

La cita, adelantada por El Correo, podría tener lugar antes del tope legal de cuatro años para su celebración, el 23 de noviembre de 2022.

Garamendi podría aspirar a un tercer mandato

Garamendi promovió una reforma de los estatutos de CEOE en julio de 2023 para eliminar el tope de dos mandatos en la presidencia de la patronal, dando vía libre a presentarse a liderar a los empresarios españoles por tercera vez consecutiva, hasta 2030. Aunque el empresario vasco no ha confirmado aún sus pretensiones de presentarse, en el mundo patronal se da por hecho que concurrirá.

Las dudas están en si será un candidato único y por aclamación, o tendrá que fajarse contra otra lista, despertando los ecos de la dura guerra patronal del año pasado en Cepyme, la 'hermana pequeña' de la CEOE. En estos comicios la empresaria Ángela de Miguel, avalada por Garamendi, se impuso al entonces presidente, Gerardo Cuerva, que se había distanciado del vasco tras defender una línea más dura contra el Gobierno.

El anuncio llega después de que El Confidencial publicara que un antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de la Riva Zorrilla, ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi sobre el desarrollo de las elecciones de Cepyme. Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Eso sí: a día de hoy no hay ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

El presidente de la CEOE lleva tiempo endureciendo su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tras un primer mandato salpicado de crisis, como la de la pandemia, en el que se cerraron numerosos acuerdos de diálogo social con los sindicatos y el Ejecutivo. Fruto de ese acercamiento se aprobaron la reforma laboral o la primera pata de la reforma de las pensiones, así como el primero de los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) con Yolanda Díaz al frente del Ministerio (en 2020, de 900 a 950 euros).

Durante la Asamblea General de la CEOE que tuvo lugar la semana pasada, Garamendi dio un paso más y criticó el “brutal ataque” que se hace a los jueces desde el Ejecutivo, a su juicio, y mostró su apoyo a la judicatura, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Tras un verano catastrófico para los incendios en España como fue el de 2025, el peor del siglo XXI, los bomberos forestales esperaban más prevención y preparación de los equipos que pelean cara a cara contra el fuego. Pero no ha sido así, ha denunciado este martes CCOO, donde han señalado la falta de personal en varias Comunidades. Sobre todo, paradójicamente, la más castigada el año pasado, Castilla y León.

“Estamos a 23 de junio y no sabemos qué operativos tiene esta Comunidad”, ha denunciado Rubén Pinel, de la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral del sindicato, que ha apuntado que les consta que se están buscando incluso empleados en el SEPE, personas de las listas del paro y sin formación, con la temporada de incendios formalmente iniciada desde el pasado 1 de junio.

Carlos Martín, bombero forestal BRIF MITECO de Madrid, ha alertado sobre Castilla y León como la comunidad autónoma en la que perciben más falta de personal, seguida de Castilla-La Mancha. Gloria Sánchez, bombera forestal de GEACAM (Castilla-La Mancha) ha afirmado que “con incendios bastante grandes a fecha de 1 de junio, tenemos medios de extinción escasos, con retenes al 50%”, ha sostenido.

Los bomberos forestales también ha señalado la falta de efectivos en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, donde sus compañeros advierten de un déficit de “unos 250 efectivos”.

Carlos Martín ha advertido que la falta de planificación de las Comunidades lleva a recurrir a última hora a personal sin experiencia. “A día de hoy, con cinco horas de formación teórica, incluso online, se está considerando a personal operativo para intervenir en incendios forestales. Es jugársela demasiado”, ha denunciado.

Además ha denunciado la conflictividad laboral en varias regiones, como la Comunidad de Madrid, con los bomberos forestales que cumplen más de un año de huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y más meses de trabajo, entre otras medidas.

“En Murcia, tras un año de continuas reclamaciones, piden al menos 60 efectivos más”, ha apuntado Martín, que ha recordado que también piden mejoras salariales, con remuneraciones que rozan los 1.2000 euros, casi el salario mínimo.

Jornadas abusivas, sin zonas de descanso, ni baños

El bombero del BRIF ha denunciado “tiempos de trabajo abusivos”, que superan con normalidad las 12 horas de trabajo y que llevan “incluso a las 18 horas y en ocasiones a las 24 horas”. También ha advertido de la falta de descansos entre jornadas, no solo respecto al tiempo sino a las condiciones en las que se dan estos, lo que supone en la práctica “días de cansancio acumulado” y un riesgo para la seguridad de los bomberos.

“Los centros de trabajo tiene que ser apropiados también para nuestras guardias. Hay centros de trabajo sin agua, sin electricidad, sin baños, y lo más importante sin vestuarios”, ha denunciado Gloria Sánchez, lo que supone en la práctica que no pueden cambiarse la ropa y llevan a sus casas el material de trabajo contaminado con sustancias tóxicas con sus familiares, convivientes e hijos.

La bombera ha denunciado también la falta incluso de EPIS (Equipos de Protección Individual), con denuncias en Extremadura incluso de recibir “material caducado”. “Trabajamos en primera linea, un buen EPI y un material de trabajo correcto es muy importante”, ha recordado Gloria Sánchez.

Manifestación el 29 de junio frente al Ministerio de Trabajo

Debido a esta precariedad que afecta varias cuestiones clave para la seguridad de los profesionales, CCOO ha urgido al Ministerio de Trabajo a que apruebe ya los decretos comprometidos en la Ley Básica de Bomberos Forestales sobre prevención de riesgos laborales y las jornadas especiales de trabajo, que “debería haber entrado en vigor en noviembre del año pasado”. El sindicato se movilizará el próximo 29 de junio en el Paseo de la Castellana, frente al Ministerio de Yolanda Díaz.

Entre las cuestiones prioritarias, reclaman que se regulen jornadas máximas de hasta 12 horas (ocho de intervención directa), buenas condiciones de descanso, la necesidad de proporcionar EPI y la limpieza de los equipos.

CCOO ha subrayado que, pese a tener constancia de borradores ambiciosos de Trabajo desde hace meses, pero los textos no han salido adelante y denuncian trabas por parte de las Comunidades Autónomas y del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (del Ministerio de Transición Ecológica), en el que los representantes de los trabajadores no tienen representación.

El sindicato ha pedido “valentía” al departamento de Yolanda Díaz para sacar adelante el real decreto, que puede aprobar el Gobierno en solitario, sin pasar por el Parlamento.

Este domingo ha comenzado la primera ola de calor de este verano, que se prevé especialmente caluroso debido a la incidencia de un fenómeno de El Niño. Olas de calor que cada vez llegan más pronto, advierten los especialistas, y que se anticipan incluso al inicio de medidas preventivas tradicionales, como por ejemplo las jornadas intensivas para el verano en sectores como la construcción, que en algunos casos comienzan en julio.

“El cambio climático no es un problema que va a venir, ya lo tenemos aquí”, advirtió hace un par de semanas Mariano Sanz, secretario confederal Salud laboral y Medio Ambiente de CCOO, en una rueda de prensa sobre la protección de trabajadores frente al calor. El año pasado fue el verano más caluroso de la serie histórica y este se prevé que siga la misma estela.

Sanz puso precisamente el ejemplo de la construcción como uno de los sectores que “ha avanzado” en la toma de medidas preventivas en la negociación colectiva, a través de estas jornadas de verano, por las que los trabajadores pueden entrar antes al trabajo para evitar las horas más calurosas. Antes estaban muy ceñidas solo a algunas provincias más calurosas del país, como Sevilla, y se han ido extendiendo en los últimos años.

“Pero no es algo generalizado”, recordó, con muchas otras actividades expuestas que no tienen pactadas medidas de flexibilidad o adaptación horaria. Estas jornadas reducidas en verano también están extendidas en trabajos de oficina, donde están más orientadas a facilitar la conciliación y como una medida de 'gracia' a los trabajadores en época estival, donde se reduce la actividad en muchos sectores.

Los expertos piden más anticipación: “Desde mayo”

“No es solo las jornadas intensivas”, señala Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT, “falta anticipación y planificación de manera generalizada en la prevención frente a las altas temperaturas”.

Uno de los ejemplos más claros son las denuncias de altas temperaturas en los colegios, apunta Ruiz, con multitud de protestas por el calor, que cada vez hace más difícil el último tramo de curso escolar a docentes y alumnos. “Aquí no solo es un problema de salud laboral, sino de salud pública, que afecta a personas vulnerables, jóvenes y niños”, destacó también Mariano Sanz.

Los especialistas en prevención destacan la importancia de actuar previamente, sobre todo antes de que lleguen estos episodios de calor extremo. “Desde principios de mayo, aunque pueda parecer temprano, ya habría que estar alerta a los pronósticos meteorológicos”, recomienda Mª José García Tomás, responsable de la Unidad de Agentes Físicos de INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo).

García Tomás recuerda que uno de los momentos más peligrosos son precisamente “los cambios bruscos” de temperaturas, más frecuentes en el inicio del verano, cuando el cuerpo aún no se ha adaptado al alza de las temperaturas.

Entonces, es más importante si cabe tomar medidas de protección de las plantillas, ya que el calor está demostrado que es un riesgo para la salud –en ocasiones mortal– en forma de golpes de calor, empeoramiento de otras patologías y un aumento de los accidentes de trabajo.

Según estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año cerca de 19.000 personas trabajadoras mueren por causas relacionadas con el calor y más de 22 millones sufren lesiones derivadas de la exposición a altas temperaturas, recuerda el INSST.

La ley obliga a tomar medidas según el riesgo

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya exige que todas las empresas protejan a sus trabajadores del calor, con todas las medidas necesarias para ello, según el riesgo existente y las particularidades de las personas, como su estado de salud.

Además, la ley exige desde 2023 que todas las empresas con trabajos al aire libre tengan diseñadas medidas preventivas específicas frente a las temperaturas extremas, y en especial ante las alertas meteorológicas roja y naranja de la AEMET y otras autoridades. En estos casos, “las empresas pueden y deben adaptar las jornadas laborales para evitar los golpes de calor”, ha recordado Yolanda Díaz este lunes.

Las medidas preventivas más urgentes en olas de calor pasan por “evitar las horas centrales del día” en trabajos al aire libre, destaca Mª José García Tomás, así como aumentar los descansos, la hidratación y adaptar las tareas para reducir los esfuerzos físicos y la ropa de trabajo, entre otras. En los casos en que no sean suficientes, la ley prevé la paralización de actividades si no es seguro trabajar.

En interiores, donde en ocasiones también se afrontan temperaturas extremas en fábricas y naves industriales, es “mucho más sencillo” evitar el estrés térmico a través del “aislamiento y la climatización”, sostiene la especialista del INSST.

“Insistimos en que no se están tomando las medidas necesarias, ni en la evaluación de riesgos, ni en la planificación de medidas”, denuncia Patricia Ruiz. La Inspección de Trabajo mandó la semana pasada más de 110.000 avisos a empresas para recordar la obligación de proteger a las plantillas del calor, aunque el organismo “realiza acciones frente al calor durante todo el año”, precisan en el Ministerio de Trabajo.

Más allá del mandato legal, los sindicatos mayoritarios consideran que la negociación colectiva, y en concreto los convenios colectivos sectoriales, son un terreno ideal para extender las medidas de prevención frente al calor adaptadas a las circunstancias de cada actividad y con el acuerdo de patronal y sindicatos.

“La negociación colectiva, cuyos efectos se extienden a nueve de cada diez personas trabajadoras, tiene que incorporar ya el cambio climático y es en este nivel, en el de las propias empresas, donde se puede hacer de manera más precisa un diseño flexible de medidas para afrontar tanto las altas temperaturas como otros fenómenos adversos”, coinciden en el Ministerio de Trabajo.

La conciliación de la vida laboral y los cuidados familiares, un auténtico rompecabezas para muchos hogares, sigue recayendo especialmente sobre las mujeres. Y no solo eso. Cuando los hombres también concilian, se observan desigualdades en las medidas para hacerlo: mientras las reducciones de jornada y las excedencias –con la consecuente pérdida de salario– las concentran casi en exclusiva las mujeres, ellos principalmente adaptan sus jornadas, pero sin perder horas de trabajo.

Así lo indican los datos del módulo de “Conciliación entre la vida laboral y la familiar” de la Encuesta de Población Activa (EPA), con datos de 2025, que ha publicado este viernes el INE.

Del total de algo más de ocho millones de trabajadores que afirman tener responsabilidades de cuidados, casi el 75% dicen no haber hecho ningún cambio en su trabajo para conciliar. Si atendemos al sexo, es el 82% de los hombres con responsabilidades de cuidados, mientras que entre las mujeres el dato desciende al 67%.

El cambio más mencionado entre las mujeres son las adaptaciones de jornada sin necesidad de modificar el número de horas (10,4%), seguido muy de cerca por las reducciones de horario (pasando de jornada completa a parcial, disminuyendo el número de horas, etc.), con un 9%. En total, una de cada cinco mujeres reduce o adapta su jornada para cuidar.

En cambio, cuando se mira a los hombres, prácticamente desaparece la reducción horaria (solo un 0,9%), y se acogen básicamente a la adaptación de jornada sin reducción de horario (un 9%).

En términos absolutos, del total de 361.400 trabajadores que afirman reducir sus horarios para conciliar los cuidados familiares, el 91% son mujeres. Estas reducciones de horario son las que explican casi la mitad de la brecha salarial media entre hombres y mujeres, destacaba recientemente un análisis del sindicato CCOO.

Por ello, los sindicatos suelen recomendar que se impulsen las facilidades para conciliar sin tener que recurrir a reducciones de jornada, o a ausencias como las excedencias o permisos no remunerados, que lastran las rentas de las mujeres.

Ellas concentran el 90% de las excedencias

Si se atiende a las excedencias o los permisos por cuidados, los utilizaban un 0,7% de las trabajadoras y un 0,4% de los trabajadores en activo.

Cuando el INE consulta al conjunto de personas entre 18 y 74 años que han criado a algún menor de 15 años sobre qué permisos ha utilizado para ello, vuelven a aflorar las diferencias por sexo respecto a las ausencias no remuneradas.

Mientras que los hombres principalmente se cogen solo el permiso por nacimiento de un hijo (después del nacimiento y remunerado por el Estado), con casi un 62% del total, las mujeres son casi las únicas que además se cogen también excedencias. Lo hace un 9,2% del total de mujeres, frente al 1,3% de los hombres.

Si se atiende a los datos absolutos, del total 530.400 personas que afirman haberse cogido una excedencia para criar –ya sea junto al permiso de nacimiento o en solitario–, el 87% del total son mujeres.

Los permisos y excedencias de las mujeres son más largos

Cuando se atiende a la duración de estos permisos de cuidados de menores, aflora otra diferencia significativa. Ellos se ausentan menos tiempo del trabajo, mientras que los permisos y excedencias de las mujeres para criar se alargan más.

En este punto, hay que recordar que los permisos por nacimiento –antes de maternidad y paternidad– se han ido alargando y equiparando en los últimos años, hasta las 16 semanas desde 2021 y a las 19 semanas desde finales de 2025. Así, dado que la estadística pregunta por personas con hijos de hasta 15 años, incluye a trabajadores que tenían derecho a menos semanas de cuidados.

Ante la realidad de que las mujeres son quienes centran los permisos y excedencias por cuidados, y que cuendo estos se alargan en el tiempo también recaen en ellas, los sindicatos y expertas en igualdad reclaman permisos retribuidos que no penalicen a las mujeres. Por ejemplo, como el permiso parental de 8 semanas aprobado por el Gobierno para menores de hasta ocho años, que sigue sin estar remunerado pese a sus reclamaciones.

“Sí se puede, claro que se puede”, gritaba un grupo de sindicalistas mientras se llenaba este jueves el Palacio de Vistalegre de Madrid. Varios miles de personas han asistido a un acto del sindicalismo europeo en la capital que quería mandar justo ese mensaje a la población y gobiernos de la Unión Europea. Que se puede crecer económicamente, ser líderes en creación de empleo, avanzar en derechos laborales y defender la paz. “España es el ejemplo”, ha sostenido Esther Lynch, secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Bajo el lema ‘Europa en democracia. Trabajo decente, justicia social y paz’, el sindicalismo europeo ha concentrado a más de “10.500” personas en el palacio de congresos, según las centrales sindicales españolas CCOO y UGT, organizadoras del acto. Sindicatos de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Noruega, entre otros países, han subido al escenario con sus banderas nacionales en la apertura del acto, arropados por un largo aplauso.

“Habéis venido al país del 'No pasarán'”, ha saludado a la audiencia extranjera el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en medio de una gran ovación. Más tarde, Oliver Roethig, secretario regional de UNI Europa, ha coreado junto al auditorio este mismo lema, símbolo del antifascismo.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocida con numerosos aplausos por el auditorio, ha cerrado el acto sindical y ha destacado la movilización y trabajo diario de los sindicatos en favor de los derechos de las personas trabajadoras. “Si vosolotros lo hacéis, ganaremos”, ha sostenido.

En su discurso, Yolanda Díaz ha argumentado que “la resignación es un lujo que la gente trabajadora no se puede permitir”, por lo que ha emplazado a seguir luchando “por muy malo que sea el momento”. “Porque cuando nosotras votamos, ellos pierdes”, ha destacado la vicepresidenta segunda, que se ha mostrado “muy orgullosa” del gobierno de coalición por “mejorar la vida de la gente”.

España como “prueba del éxito” de las políticas sindicales

Antes de empezar el acto, Esther Lynch ha señalado a España como “el ejemplo para el resto de la Unión Europea” de que se puede gobernar de manera “exitosa” aplicando políticas que reclaman los sindicatos, como el aumento del salario mínimo, el refuerzo de la negociación colectiva y el avance en derechos laborales.

Con estas medidas, España se ha situado a la cabeza del crecimiento de la economía y del empleo en toda Europa. Y no lo dicen los sindicatos, ha destacado la líder del CES, sino organismos como la OCDE y el FMI.

“España ha probado que aumentando el salario mínimo hay más trabajo y dinero en el bolsillo de los trabajadores”, ha celebrado Esther Lynch. “Mirad a España”, ha emplazado la sindicalista a los gobernantes en Bruselas y el resto de países de la UE, “así es como podemos ser más competitivos”.

“Estamos aquí por la paz, por los derechos humanos y el multilateralismo”, ha afirmado también Lynch, que ha clamado “contra el silencio” frente a las políticas belicistas y agresiones de Donald Trump. “Esto solo es el comienzo de una movilización para cambiar el rumbo de Europa”, ha avisado la líder sindical europea. 

Varios sindicalistas europeos han clamado contra el auge del fascimo y de las políticas xenófobas en Europa contra la población migrante, como Enrico Somaglia, secretario general del EFFAT italiano, que ha denunciado la “vergüenza” del respaldo del Parlamento europeo al reglamento de retornos, así como ha denunciado “el asesinato” de cuatro jornaleros presuntamente por sus capataces en un pueblo al ser de Italia.

Amenaza de empobrecimiento y menos derechos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado el “referente” que es España cuando viajan a otros países debido a las políticas laborales, que ha recordado que en la mayoría de casos surgen fruto del acuerdo con los sindicatos en el seno del diálogo social. “Si no hubiera este Gobierno de progreso, de unidad de las izquierdas, esto no hubiera sido posible”, ha reconocido también Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

El líder de UGT ha advertido de que nuestro contexto “impide que la sociedad española conozca la situación” que hay en muchos países de la UE y, en concreto, en la Comisión Europea. Álvarez ha subrayado que están avanzando varios proyectos regulatorios en Bruselas que apuestan por la desregulación de derechos, también laborales y sindicales, “y el Pacto Verde está prácticamente abandonado”, ha lamentado el secretario general de UGT, que ha exigido su recuperación.

“Europa está en un dilema. Del avance o del retroceso”, ha resumido Unai Sordo, que ha exigido a Europa “la necesidad” de avanzar en derechos, de reducir dependencias estratégicas del exterior, y en especial de EEUU, en aspectos clave como la energía y la defensa.

El líder de CCOO ha advertido de que el auge del gasto en defensa, que reivindican varios países y la OTAN, puede suponer “recortes en cuestión de tiempo”. “Hay que oponerse a los intentos de austericidio”, que llevarán el ampobrecimiento de la población y, en especial, de la clase trabajadora y popular, ha sostenido Sordo.

El líder de la gran patronal, Antonio Garamendi, ha elevado el tono contra el Gobierno en la Asamblea General de la CEOE, celebrada este miércoles en Madrid, por las causas judiciales que rodean al Ejecutivo. En concreto, el empresario vasco ha sostenido que “es brutal el ataque se está haciendo a los jueces”, a los que ha mostrado todo su apoyo, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Garamendi ha insistido en que es “lamentable” el contexto actual, que ha afirmado que deja “perplejo” a cualquier ciudadano.

“Levantemos las alfombras, porque los casos de corrupción son increíbles”, ha afirmado el dirigente empresarial, que ha subrayado que “fuera” están mirando a España. “Esto no nos viene nada bien”, ha dicho respecto a las empresas.

Critica la “inestabilidad institucional”

En su discurso al auditorio de la Asamblea General de CEOE, Antonio Garmendi ya había destacado que “la inestabilidad institucional a la que asistimos es el peor contexto posible para una buena marcha de la economía y el empleo”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno apenas pueda aprobar leyes en el Parlamento y que el país lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado.

Preguntado por los medios de comunicación sobre si con estos mensajes está emplazando a un adelanto electoral, Antonio Garamendi ha evitado llamar a unas elecciones. Ha afirmado que hay varías “fórmulas” que tiene disponibles tanto el Parlamento y el Gobierno. “Ahí están, tómenlas”, ha afirmado.

Culpa a Yolanda Díaz de impedir un acuerdo de salaros

En la línea habitual de duros ataques al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, Antonio Garamendi ha cargado contra la “asfixia normativa” de su departamento, el “continuo abuso” de la vía reglamentaria y la “desnaturalización” del diálogo social, que ha calificado de “irreal” e “interesado”.

Antonio Garamendi ha señalado específicamente a Trabajo y la “inseguridad” jurídica –“que no va a parar”– para sostener que así es “muy difícil” poder negociar un acuerdo con los sindicatos de negociación colectiva, el gran acuerdo de salarios y otras materias clave de los convenios colectivos que debería revalidarse este año.

Los sindicatos CCOO y UGT llevan meses emplazando a la patronal a sentarse a iniciar esta negociación, sin éxito. Garamendi ha rechazado que se les acuse de “bloqueo” y ha insistido en criticar la “intromisión” del Ministerio en cuestiones como las reglas de compensación y absorción de los complementos salariales, entre otras.

La asociación ASFACUME, de familias con hijos con enfermedades graves que perciben la CUME, denuncian que la reforma propuesta por el Ministerio de la Seguridad Social de la ayuda, que amplía las enfermedades y el periodo de percepción inicial y de las prórrogas, es un “recorte encubierto”. “Quitaría la prestación a miles de familias que hoy la tenemos”, denuncia su vicepresidenta, Ainhoa Urones.

La conocida popularmente como CUME es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo (mínimo un 50%) para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El departamento de la ministra Elma Saiz subió este lunes a Audiencia Pública el texto del real decreto para reformar la ayuda, que cita expresamente a las familias como uno de los impulsos para clarificar los requisitos para acceder y renovar la prestación.

Así, por ejemplo, se incorpora de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración, sin exigir este obligatoriamente.

Denuncian que se ciñe la ayuda a cuidados “clínicos”

Sin embargo, en ASFACUME advierten de que en la redacción de estos supuestos se ciñe el derecho a la prestación a los “cuidados clínicos”, sostiene Urones, algo que ahora no se exige, aunque sí la necesidad de un cuidado “directo, continuo y permanente”.

“Hay muchas familias con la prestación cuyos hijos necesitan cuidados continuos, pero que no son clínicos. Esto les dejaría fuera”, denuncia la afectada, que considera que con este texto percibirían la ayuda solo las familias en situaciones muy críticas y en cuidados paliativos.

Urones sitúa como un “engaño” la ampliación del listado de enfermadades, que incluye el autismo (TEA), pero que considera que en muchos casos no podrían acceder a la ayuda al no requerir de los cuidados clínicos que se exigen.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social insisten en que “el objetivo del nuevo reglamento es dar seguridad ante situaciones que antes no se recogían”. “Se trata de proteger más casuísticas. En todo caso, el texto ha iniciado su tramitación y ahora se encuentra en audiencia pública, por lo que se pueden realizar aportaciones para su consideración”, añaden en el departamento de Elma Saiz.

“Nos vamos a movilizar, esto hay que pararlo”

La portavoz de ASFACUME lamenta que la reforma obligaría a que las prórrogas de la CUME las autorice un médico especialista, en lugar del médico de Atención Primaria como sucede en la actualidad, lo que consideran que obstaculiza los trámites. “Los pediatras y médicos de familia son los que tratan y conocen a nuestros hijos”, dice Ainhoa Urones, que recuerda la saturación y la dificultad de conseguir citas en las especialidades.

Además, se incluye un nuevo requisito a las familias, pasar por la Inspección Médica del servicio público de salud cada dos años. “No es que tengamos miedo a ningún control. Las familias estamos hartas de que valoren a nuestros hijos, para la prestación, para la discapacidad... La cuestión es qué detrás de todo esto, para qué quieres que pasemos una inspección médica”, sostiene Urones.

Esta asociación de familias denuncia también las declaraciones médicas para dar derecho a la ayuda “son un calco de las de la Mutua Umivale”, la más señalada por ASFACUME por sus criterios restrictivos.

“Estamos muy enfadadas, nos sentimos engañadas”, afirma la portavoz de ASFACUME, que asegura que su asociación va a iniciar movilizaciones y contactos con otras asociaciones de familias para que se modifique el texto legal. “Esto hay que pararlo”, reclama Urones.

El Ministerio de la Seguridad Social ha iniciado los trámites para reformar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), con varias medidas para concretar su percepción y clarificar los requisitos para su reconocimiento. La reforma llega tras las persistentes denuncias de colectivos de familias de menores enfermos, como ASFACUME, que critican las negativas injustificadas y diferencias de trato en varias mutuas.

La conocida popularmente como CUME es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo (mínimo un 50%) para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El departamento dirigido por Elma Saiz ha subido este martes a Audiencia Pública un texto del Real Decreto para reformar la regulación de la prestación CUME, que derogará el anterior, de 2011. La fecha límite para la presentación de aportaciones es el próximo 25 de junio. Al tratarse de un real decreto, el Gobierno tiene la facultad de aprobar estas medidas en solitario, sin pasar por el Parlamento.

El Gobierno justifica la nueva norma por las propias peticiones de las familias y el Defensor del Pueblo, así como por “la experiencia acumulada en la gestión de la prestación”, que “ha evidenciado determinadas cuestiones interpretativas y operativas que requieren una nueva reforma reglamentaria”.

Sin embargo, la asociación ASFACUME es muy crítica con el actual texto, que considera que puede limitar más aún la percepción de la ayuda, y reclama cambios para que no salga así adelante, indican en desde esta organización de familias a elDiario.es.

Nuevas enfermedades como el autismo

Entre las novedades que modifican el acceso a esta ayuda el real decreto actualiza el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías. En concreto, se incluyen el trastorno del espectro autista –ya reconocido en tribunales– y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

Además, se prevé la posibilidad de actualizar dicho listado mediante norma reglamentaria “cuando así lo aconsejen los avances científicos o médicos”.

Más meses de reconocimiento inicial y prórrogas

También se reconoce la prestación CUME durante más meses en el reconocimiento inicial y en las prórrogas posibles, “con el fin de responder a las demandas formuladas por las familias y asociaciones representativas”, apunta el decreto, “configurando un sistema más flexible y ajustado a la realidad clínica de las enfermedades graves”.

En la actualidad el subsidio se reconoce “por un periodo de un mes, prorrogable inicialmente por un periodo de dos meses y sucesivos de cuatro meses”. El decreto que pretende aprobar la Seguridad Social recoge que el subsidio se reconocerá “por un periodo de cuatro meses, prorrogable inicialmente por un periodo de seis meses y sucesivos de ocho meses”.

Situaciones asimilables al ingreso hospitalario

Se incorpora también de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración, sin exigir este obligatoriamente. “Incluyendo supuestos de hospitalización domiciliaria y tratamientos ambulatorios complejos que, aun sin requerir hospitalización convencional, implican la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente por parte de las personas progenitoras, guardadoras o acogedoras”, recoge el texto.

“Esta actualización permite reforzar la seguridad jurídica y garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio”, indica el Gobierno.

Posibilidad de cobro simultáneo por los dos progenitores

Además, la Seguridad Social incorpora la posibilidad de percibir de forma simultánea la prestación CUME por parte de los dos progenitores en determinados casos, ahora no disponibles.

Se establece el acceso a la ayuda a los dos progenitores cuando “exista más de una persona afectada por una enfermedad grave que requiera un cuidado directo, continuo y permanente”, siempre que cada una de ellos cumpla los requisitos exigidos y la reducción de jornada se refiera al cuidado de personas distintas.

El gran aumento de bajas médicas de trabajadores en España es una de las mayores preocupaciones de los empresarios a día de hoy, como ha reflejado la jornada sobre “absentismo” organizada este martes en Madrid por la gran patronal, CEOE, con una gran cantidad de organizaciones sectoriales y regionales. Su líder, Antonio Garamendi, ha lanzado “una llamada de atención” ante un “problema de país”, para el que en la jornada se han expuesto varias propuestas. Desde que las mutuas puedan dar el alta por enfermedad común, una de las más repetidas, a que se recupere el despido por absentismo, que derogó el Gobierno en 2020.

La convocatoria ha reunido la voz de muchas patronales. Desde la Confebask de Euskadi, liderada por su presidenta Tamara Yagüe, que ha situado el gran aumento de bajas desde una perspectiva más social, que especialmente desde la pandemia ha disparado las ausencias por enfermedad de los trabajadores y que requiere un enfoque multifactorial para ser abordado. Hasta la visión del responsable de la CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, también director gerente de una mutua, que ha llamado “memos” a los jóvenes por las bajas de salud mental. Antonio Garamendi se ha distanciado de sus palabras al ser preguntado por la prensa.

Las distintas organizaciones empresariales han situado el aumento de las bajas médicas como un gran “problema de país”, tanto a nivel social y sanitario como económico, por el coste para las empresas y para la Seguridad Social, así como el lastre que supone para la competitividad de las compañías y la economía española.

Los responsables patronales han advertido de las grandes dificultades para sustituir a las plantillas de baja por enfermedad, en algunos sectores de manera agravada por la falta de profesionales disponibles, lo que han señalado que “pone en riesgo” incluso algunos servicios públicos, como la dependencia, ayuda a domicilio y seguridad.

La hoja de ruta de los empresarios

Los empresarios han señalado los problemas que enfrentan por el aumento de bajas médicas, pero también qué medidas reclaman para reducir estas ausencias. “La respuesta no puede limitarse al diagnóstico”, ha dirigido Antonio Garamendi al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de la Seguridad Social, que tiene una mesa de diálogo social abierta en esta materia.

La medida más repetida por los responsables empresariales, expresada de manera más o menos clara, ha sido que las mutuas puedan dar el alta médica en casos de enfermedad común. Algo que está reservado a los médicos del sistema público, y para lo que han reclamado un cambio normativo.

Garamendi ha pedido en general el refuerzo de la sanidad, que se contraten “más médicos” y que aumenten también los controles sobre los trabajadores de baja.

El presidente de CEOE ha recuperado una de las reclamaciones ya tradicional de las empresas: que la Seguridad Social pague toda la prestación por incapacidad, desde los 15 primeros días. En la actualidad, las empresas abonan la prestación del día 4 al 15, y los tres primeros no hay prestación por incapacidad temporal, pero la gran mayoría de convenios colectivos recogen la cobertura de esos días a cargo de la empresa.

A esta, los empresarios han sumado la reclamación de que la Seguridad Social les ahorre la totalidad de la cotización de los trabajadores que contratan para sustituir al personal de baja médica.

Además, varios responsables empresariales han pedido recuperar el “despido por absentismo”, como expresamente han hecho la madrileña CEIM y la patronal de limpieza ASPEL, que han reclamado que se recupere este despido procedente debido a las bajas médicas. Su derogación fue una de las primeras medidas del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, después de que este fuera avalado por el Tribunal Constitucional.

El responsable de la patronal canaria, aunque sin nombrar este despido, ha afirmado que “la legislación laboral en estos años” está consiguiendo “que no haya ningún riesgo por no ir a trabajar”. “No te va a pasar nada. Hay un incumplimiento de la buena fe contractual. Una parte se aprovecha claramente de la otra. Hay un reto de cara al próximo gobierno, para conseguir revertir este tipo de situaciones”, ha afirmado.

Por último, otra de las prioridades de las patronales es reducir los complementos salariales por enfermedad que se han pactado en los últimos años en los convenios colectivos. Algunos de ellos cubren al 100% del salario, complementando la prestación por incapacidad.

La gran mayoría de representantes empresariales han considerado que estos pluses puede generar “incentivos” perversos. “No es lo mismo ir a trabajar que no ir”, ha advertido el líder de la patronal navarra, que ha reclamado a los sindicatos que se abran a negociar este tema, para lo que se ha abierto a abordar por la parte empresarial aumentos salariales y reducciones de jornada.

El presidente de CECAM, la patronal castellanomanchega, ha llamado hoy “memos” a los jóvenes que solicitan una baja médica por salud mental porque “les ha dejado la novia” y no “porque exista un maltrato o un acoso laboral de la empresa” en la que trabajen. Así lo ha manifestado Ángel Nicolás durante su intervención en el Encuentro 'Todos Contamos. Absentismo x IT: un problema de país', organizado por CEOE-CEPYME en Madrid.

Cuando le ha llegado el turno de palabra, ha comenzado afirmando que Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma “como cualquier otra, igual de buena, igual de mala” en cuanto al tema central de la jornada. Pero a renglón seguido, ha comenzado a arremeter contra la prestación por Incapacidad Temporal (IT o ITT) como un “fraude manifiesto” en el 20% de los casos.

Nicolás, que también es director gerente de la mutua Solimat, ha añadido que en España “se va al médico a por la baja” y los médicos de Atención Primaria están dando bajas por salud mental a pacientes “cuando ni siquiera les ve un especialista, un psicólogo, o un psiquiatra”, mientras “desde las mutuas estamos pagando esa contingencia común”, ha argumentado. “Nosotros nos inflamos”, decía en alusión de las mutuas, a proponer altas médicas.

Según los datos que ha aportado, Castilla-La Mancha cerró el año 2025 con 279.000 bajas por IT, sobre una población de más de 800.000 cotizantes, algo que “no es razonable”. También ha abundado en que 60.000 trabajadores castellanomanchegos “no acuden cada día a su puesto de trabajo” y que la cobertura de las solicitudes de IT supone un 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma, “un auténtico disparate”.

Pide más inspectores médicos para supervisar bajas laborales

Al hilo de ello, se ha referido a una reciente reunión de la patronal castellanomanchega con los consejeros de Sanidad, Hacienda y Economía del Gobierno regional, en la que CECAM pidió más inspectores médicos para supervisar bajas laborales. “¿Por qué no se nos atiende nuestra petición y sí se atiende la de los sindicatos, cuando hay 72 inspectores de trabajo y 11 inspectores médicos? Porque los sindicatos están en contra de las medidas que proponemos”, ha remarcado, sin detallar a qué propuestas se refería.

Ha sido en este punto cuando se ha referido a la salud mental y a los jóvenes. Sin ningún tipo de dato que lo demuestre, Ángel Nicolás ha dicho que hay quien se coge la baja “porque le ha dejado la novia, no porque la empresa lo ha maltratado”.

“Te das cuenta de que tenemos una población joven que no es comparable con otras, son unos memos, cualquier cosa que les suceda en el trabajo ya es un problema, y que tenga que cumplir un horario ya le supone un acoso laboral. ¿Cuántas demandas no tenemos porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje y al día siguiente ya ha cogido la baja?”, ha subrayado.

Durante una segunda intervención, Nicolás ha explicado que CECAM puso en marcha un Observatorio Regional del Absentismo que ya ha realizado una primera encuesta para conocer el impacto en la comunidad autónoma. La encuesta, ha dicho, se circuló entre más de 85.000 empresas de todos los tamaños y confía en tener los primeros resultados antes del mes de agosto. 

De 25.000 empleos, en cuestión de dos semanas, vamos a tener 20.000 bajas. Este es nuestro histórico de los planes de empleo que hacemos

Ha detallado también que cada mes se hace un seguimiento del impacto de las bajas laborales en Castilla-La Mancha, “gracias a los magníficos informes que nos mandan desde AMAT, la Asociación de Mutuas de Trabajo, cosa que agradecemos”.

Las mutuas, ha dicho, están reclamando la posibilidad de realizar “atención integral con capacidad de alta en los procesos traumatológicos”. En el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha, el proceso medio de ITTC traumatológico está durando 75,74 días. Cuando lo hacen las mujeres ese mismo proceso está durando 40,83 días, detallaba.

Por otra parte, se ha referido a los Planes de Empleo de la comunidad autónoma, que el Gobierno regional pone en marcha en colaboración con ayuntamientos o diputaciones, algo “no muy extendido”, decía, en otros territorios. En este sentido, ha lamentado que los ayuntamientos no hagan “una revisión de salud previa a estos trabajadores”. “Con lo cual, de estos 25.000 empleos, en cuestión de dos semanas, vamos a tener 20.000 bajas. Este es nuestro histórico de los planes de empleo que hacemos”.

“Cuando se hace el reconocimiento médico, todos son válidos para trabajar y en tres semanas los tienes en la mutua para pedir ayuda”, ha concluido, reclamando la colaboración entre las administraciones.

Garamendi rectifica al presidente de CECAM

Preguntado por los comentarios de Ángel Nicolás relativos a las bajas laborales de los jóvenes, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado en la existencia real de un problema de salud mental entre los jóvenes, que se materializa en los casos más dramáticos con intentos de suicidios.

Por ello, ha pedido abordar este “problema de país” y se ha distanciado de las palabras del dirigente empresarial castellano manchego.

La nueva “cuota de la solidaridad” de los salarios más altos a las pensiones públicas, implementada en 2025, supondrá un ingreso a la Seguridad Social de “567 millones” de euros este año, “un 42% más” que el año pasado, ha cifrado este lunes la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en su comparencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

Saiz ha comparecido en el Parlamento esta tarde a petición propia, para dar cuenta del cumplimiento de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas en 2020, así como del informe del Ministerio de la Seguridad Social sobre su nuevo simulador del gasto en pensiones, INTegraSS, que prevé menos peso del gasto que Bruselas y la AIReF.

Las últimas reformas de pensiones recuperaron la subida anual de las pensiones según el IPC, lo que incrementó el gasto previsto para los próximos años, pero también recogió una panoplia de medidas para aumentar los ingresos del sistema público. Especialmente, de los salarios más altos (a través de un incremento de la base máxima de cotización y de una nueva “cuota de solidaridad” para las remuneraciones más elevadas, por encima de esta).

Un gran aumento por más empleo de alto valor añadido

Elma Saiz ha detallado en el Pacto de Toledo lo que supone a las arcas públicas de las pensiones esta última medida, la “cuota de solidaridad” aplicada en los salarios por encima de los 5.100 euros al mes en 2026.

La previsión de la Seguridad Social es que alcance los 567 millones de euros este año, lo que supone un importante aumento (del 42%) respecto al año pasado, el primero en el que se aplicó esta medida.

Fuentes de la Seguridad Social explican que este gran incremento se debe a varios factores. Por un lado, al progresivo aumento en el porcentaje de cuota de solidaridad que se aplica año tras año. Por otro, también al aumento del empleo de alto valor añadido, y de mayores salarios, en los últimos años. Por último, también influye el crecimiento de estos salarios más elevados, indican en el departamento de Saiz.

En 2026, las cuotas de solidaridad en las pensiones son: del 1,15% a la parte del sueldo entre los 5.101 euros y 5.611 euros euros mensuales; del 1,25% a la parte del sueldo entre 5.611 euros y 7.653 euros al mes, y del 1,46% a la parte del sueldo que supere los 7.652 euros al mes.

Estos tres tramos avanzarán poco a poco hasta una cuota de solidaridad del 5,5%, 6% y 7% en 2045.

En una semana en la que los termómetros escalan hacia los 40 grados en varios puntos del país, la Inspección de Trabajo lanza su ya habitual campaña estival para proteger a los trabajadores del calor extremo en su puesto laboral. Yolanda Díaz ha anunciado que esta semana se enviarán más de 110.000 avisos a empresas de los sectores más expuestos, como la agricultura y la construcción.

“No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica celebrado en Barcelona.

En concreto, la Inspección enviará 113.916 avisos para informar a los empleadores de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas.

1,6 millones de euros en multas el pasado verano

La vicepresidenta segunda ha detallado que el verano pasado, entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones en esta materia, con la detección de casi 300 infracciones (291), que supusieron multas de alrededor de 1,6 millones de euros para las empresas.

También “92 requerimientos a las Administraciones Públicas”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha recordado que la Inspección también actúa para proteger a los empleados del calor cuando el empleador es público.

En los casos de temperaturas extremas, con alertas de la AEMET u otras agencias regionales, la legislación prevé la posibilidad de adaptar el trabajo o la jornada, e incluso suspender la actividad para proteger la salud de las plantillas.

Además, el Gobierno aprobó en 2024 los llamados “permisos climáticos”, con hasta cuatro días de permiso retribuido para las situaciones “de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso”. Aunque, si la naturaleza de la actividad es compatible con el trabajo a distancia, las empresas pueden acogerse a esta opción.

Evitar muertes y accidentes evitables

“Trabajar no puede costar la salud ni la vida”, ha insistido este lunes Yolanda Díaz. El verano pasado, trascendieron varias muertes de trabajadores por presuntos golpes de calor en su puesto laboral, como Ovidiu Vranciu, temporero de 61 años que murió este lunes durante su jornada en plena ola de calor en una explotación agrícola de Alcarràs (Lleida).

A veces los siniestros no se vinculan con el calor, pero son el origen de una caída o la pérdida de capacidad o concentración que da lugar a un accidente. Así, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) alerta además de que las altas temperaturas aumentan los accidentes laborales un 17,4% durante las olas de calor.

Según los especialistas en salud laboral, la planificación en los días de calor extremo son fundamentales para evitar los siniestros, con medidas preventivas como adaptar los horarios para evitar los picos de calor, aumentar los descansos, habilitar las zonas de sombra, aumentar la hidratación y modificar los uniformes, entre otras.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) está en el centro de muchos corrillos políticos en España este lunes. Hace unos días, aprobó un convenio histórico para regular derechos de trabajadores en plataformas digitales en el mundo, pero el foco no se lo ha llevado este paso, sino las informaciones que sitúan a la vicepresidenta Yolanda Díaz como posible candidata a presidir el organismo. Aunque en el Ministerio de Trabajo niegan que exista una propuesta formal, su nombre está sonando como una posibilidad para las elecciones del próximo noviembre, según confirman fuentes sindicales.

La OIT es la entidad de las Naciones Unidas encargada de fomentar los derechos laborales a nivel internacional, “persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente”, recoge el organismo en su página web. En estos momentos afronta un importante reto: un gran bocado en su presupuesto por la demora en el abono de los fondos comprometidos por los Estados Unidos de Donald Trump.

Es la única agencia tripartita de la ONU, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros con el objetivo de establecer las normas del trabajo, así como fomentar políticas y programas promoviendo el “trabajo decente”.

En la actualidad, la entidad está liderada por el togolés Gilbert F. Houngbo, director general elegido en marzo de 2022 para un mandato de cinco años, que llegan a su término en septiembre de 2027. El proceso para la elección del próximo director general de la OIT ya se ha iniciado, de momento con su única candidatura para la reelección, pero se espera que puedan surgir algunas opciones alternativas, entre las que algunas voces sitúan la de Yolanda Díaz.

Un “runrún” de una posible candidatura, que no es oficial

“Hay runrún con su nombre”, reconoce una fuente de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, cuyos representantes estuvieron la semana pasada en Ginebra para participar en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT.

Oficialmente, el Ministerio de Trabajo evita pronunciarse sobre la posibilidad de que Díaz opte a liderar la OIT y se limitan a trasladar su preocupación por el estado de la organización, que expresó la vicepresidenta en un crítico discurso durante la Conferencia Internacional de hace unos días. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, sostuvo.

Estas fuentes ministeriales explican que la vicepresidenta no ha recibido ninguna propuesta formal para dirigir la organización. Y, oficialmente, Díaz no se está planteando optar a suceder a Houngbo, pese a habérselo planteado de manera informal algunos dirigentes sindicales.

Una elección que también definen las patronales

El plazo para presentar las candidaturas al liderazgo de la OIT se alarga hasta el próximo 31 de agosto. Estas deberán ser presentadas por un Estado Miembro de la organización o por un miembro del Consejo de Administración de la OIT. La votación está prevista para el 16 de noviembre, que exige una mayoría simple, y el próximo mandato del director/a general se iniciará casi un año más tarde, en octubre de 2027.

En caso de que Yolanda Díaz decidiera presentarse, tendría un camino complicado para alcanzar el liderazgo de la OIT, coinciden varias fuentes. Pese a que podría lograr el apoyo de organizaciones sindicales, estas son solo una pata de los miembros que eligen al director general de la organización. En ellos también están representados patronales y gobiernos. Y en esos dos colectivos, especialmente en el primero, el nombre de la vicepresidenta de un Gobierno de coalición de izquierdas es una rara avis que genera muchas más reticencias.

Algunas fuentes sindicales consideran que la figura de Yolanda Díaz podría destacar como un liderazgo que “ponga coto a la irrupción del trumpismo en la OIT”, como catalizador de algo alternativo a la dirección actual, que trata de acercar a la administración estadounidense (sin mucho éxito, al menos en la consecución de los fondos prometidos).

Sin embargo, otras fuentes recuerdan que el nombre de Yolanda Díaz es solo uno de los que resonaron la semana pasada en Ginebra, y que el propio Gilbert F. Houngbo mantiene “bastantes apoyos”, especialmente entre los países africanos.

Además, hay otro factor que genera incertidumbres sobre una posible candidatura española de Díaz al liderazgo de la OIT y es la ya anunciada del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Fuentes sindicales reconocen que podrían quitarse opciones mutuamente, ya que “España no podría conseguir dos liderazgos” de organismos de ONU.

Mientras el debate se centra a menudo en cuántas horas trabajamos, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València Adrián Todolí abre el marco y señala al 'cómo' lo hacemos. En España, la mitad de las personas sostienen que están expuestas a “presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo” y, en paralelo, somos de los países europeos con más estrés y depresión por el trabajo. Estos datos empujaron a este jurista a investigar el problema y a dedicarle un libro a las posibles soluciones. Porque, defiende, “la sobrecarga de trabajo es una vulneración de derechos fundamentales”.

Se trata de abordar un problema de salud, pero no solo. “La sobrecarga de trabajo también está generando una sociedad cansada” y “cabreada”, advierte Todolí. Incapaz de desconectar, de tener ocio de calidad cuando termina su jornada laboral, de movilizarse en su barrio o de salir del sofá, sostiene en esta entrevista con elDiario.es tras la publicación de La huida del trabajo: sobrecarga de trabajo, salud mental y derechos fundamentales (Aranzadi La Ley, 2026).

Como jurista especializado en Derecho del Trabajo, ¿por qué decidió hacer un libro sobre salud mental y, en concreto, sobre sobrecarga laboral?

Hay varias razones. Una es jurídica: se empiezan a ver sentencias que establecen la sobrecarga de trabajo como concepto jurídico, tras demandas de personas que consideran que sus derechos fundamentales han sido afectados. Pero es secundaria. La razón principal, que lleva precisamente a estas sentencias, es que vivimos en una sociedad sobrecargada de trabajo. Y lo demuestran los datos. 

El 51% de los trabajadores consideran que están sobrecargados en el trabajo, de acuerdo con los estudios de OSHA (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo). Hay un aumento de incapacidades temporales por salud mental que prácticamente se ha triplicado en los últimos ocho años. Intento investigar cuáles son las razones que hay detrás de eso, para dar soluciones al problema.

¿Qué soluciones se pueden dar a esta sobrecarga desde el mundo del Derecho? 

El marco preventivo es jurídico. En la historia, los sindicatos siempre han buscado que sus reivindicaciones sean norma, que es lo que garantiza los derechos en un Estado democrático. 

La cuestión es que históricamente se ha regulado la jornada de trabajo, porque se entendía que si trabajabas ocho horas, luego tenías tiempo para disfrutar de la vida. Y ahora nos estamos dando cuenta de que, incluso trabajando ocho horas, por el hecho de haber trabajado muy intensamente o porque la carga de trabajo es muy grande (y cuando estás en casa estás pensando que al día siguiente te espera un montón de trabajo, de correos…), al final tu tiempo libre no queda a tu disposición. Estás tan cansado mentalmente o físicamente, o tan estresado, que no puedes disfrutar de la vida. 

Creo que esto hace 30 años no pasaba, pero hay una serie de causas que provocan que ahora mismo el límite histórico de 'ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas de ocio' sea insuficiente. Hay un problema de sobrecarga de trabajo y hace falta darle soluciones jurídicas.

Muchas personas acaban el trabajo tan cansadas mentalmente o físicamente, o tan estresadas, que no pueden disfrutar de la vida en su tiempo libre

Entre las propuestas que plantea está establecer límites máximos de carga de trabajo. ¿Cómo se puede hacer esto?

Ahora mismo, la empresa recoge todos tus datos para poder exigirte más velocidad y más intensidad, y la tecnología también se puede utilizar en sentido inverso, para establecer límites. Hay ya ejemplos muy interesantes, como el caso de Polonia, donde en los trabajos físicos se establece un mínimo y un máximo de kilojulios de energía consumidos en una jornada. Hace 15 años, para medir las kilocalorías probablemente se necesitaba unos electrodos o mucha tecnología. Ahora mismo, todo el mundo mide cuántas calorías ha quemado en el día simplemente con un reloj.

Es decir, ahora la tecnología permite de manera muy fácil establecer esos controles. Y se podría incluso individualizar. Por ejemplo, hay personas que, porque su corazón va más acelerado, consumen más calorías sin cansarse, y a lo mejor su límite podría ser superior. O al revés. Ahora la Ley de Prevención ya exige que esta sea individual, no general.

Y respecto a los trabajos del conocimiento, aunque está menos desarrollado, también hay ejemplos de que se puede medir la carga mental y el cansancio por el trabajo.

¿Como cuáles?

Se ha hecho históricamente con los pilotos de avión. Porque se entiende que un avión es muy caro y está la vida de muchas personas en juego, por lo que es importante medir la carga mental de esa persona para que no haya un accidente.

Así que me pregunto: ¿por qué no se hace con los médicos? También tienen la vida de muchas personas en sus manos. Y más allá: ¿por qué no pensamos en la vida del propio trabajador que, si está sobrecargado puede acabar con un ataque al corazón, con una depresión, un burnout o un accidente de trabajo? Existe la tecnología para hacerlo, pero no se está poniendo en práctica.

Hay también mucho temor de dar acceso a las empresas a tantos datos personales. ¿Esto no puede acabar penalizando a trabajadores, por ejemplo al revelar quiénes pueden asumir menos carga de trabajo de cara a un despido?

Legislativamente, esto está bastante resuelto. La Ley de Protección de Datos ya establece que los datos no pueden ser utilizados para fines incompatibles respecto a aquellos para los que se recogieron. Entonces, si se recogen datos para medir y limitar la carga de trabajo, no se podrían utilizar para un ERE. La cuestión sería que las empresas que lo hicieran realmente fueran sancionadas y perseguidas por ello.

Luego hay un argumento quizá más sociológico o incluso práctico: las empresas ya están utilizando la tecnología y ya están recogiendo datos, solo que ahora mismo lo están utilizando para los ERE y para los despidos. Así que lo mínimo es que se utilice también para proteger a la salud de las personas.

Las empresas ya están utilizando la tecnología y los datos para los ERE y los despidos, así que lo mínimo es que se utilice también para proteger a la salud de las personas

¿Cómo ve el Anteproyecto de Ley que aprobó el Gobierno para modernizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Hay también pendiente un reglamento sobre riesgos psicosociales comprometido.

El Gobierno puede aprobar el reglamento de riesgos psicosociales, no necesita mayoría parlamentaria. Viendo la situación política, podría ser el momento de hacerlo. Ahí se podría incluir la necesidad de medir las cargas de trabajo, porque creo que tiene amparo de la ley, sin necesidad de cambiarla.

Respecto a los cambios que se proponen en la Ley de Prevención, considero que están muy bien, porque se da mayor especificidad a los riesgos psicosociales, a la digitalización y a que se tenga en cuenta la perspectiva de género, entre otras cuestiones. Todo lo que se aclare va a ser positivo, pero creo que la clave está en el reglamento. Ahí es donde se detallará qué cosas habrá que medir, cómo medirlas, qué validamos y qué no.

¿Qué está pasando en los casos que ya han llegado a los tribunales? ¿Cuándo se considera que los trabajadores han sido sobrecargados por sus empresas?

Los tribunales están siendo bastante sensibles a esto, creo que en parte porque los jueces han sido los primeros que han demandado por su propia sobrecarga de trabajo. Al Tribunal Supremo han llegado solo tres sentencias de este tema: una de jueces y dos de médicos en hospitales públicos.

Se están valorando varios indicios de sobrecarga. Por ejemplo, cuando un trabajador lleva tiempo diciendo por correo electrónico a sus jefes que tiene mucha carga o que necesita que se contrate a más personas, sin que esto suceda. También cuando hay varios compañeros que están de baja o que dimiten y la empresa no los sustituye, porque se entiende que la carga de trabajo ha tenido que aumentar para el resto. O cuando ya hay otros compañeros que han dimitido por la sobrecarga de trabajo.

Hay otro caso interesante, que afecta a los derechos de conciliación, que sobre todo ejercen mujeres. Estas se reducen la jornada, pero se les mantiene la carga de trabajo o se reduce muy poco. Al final tienen que hacer el trabajo en la mitad de tiempo, cobran la mitad, pero luego se les exige prácticamente lo mismo.

En el libro defiende que no hace falta que las personas afectadas lleguen a una situación de burnout o de baja médica por salud mental para poder demandar la situación de sobrecarga laboral.

El Tribunal Constitucional ha sido bastante protector, dice que hay vulneración de derechos fundamentales cuando una actitud o una forma de funcionar en la empresa pone en riesgo la vida o la salud de la persona, sin necesidad de que se produzca el daño.

Entonces, aunque no se llegue a un burnout, simplemente que haya un riesgo para la salud por situaciones objetivamente de sobrecarga es suficiente para entender que se vulnera el derecho fundamental. Tiene todo el sentido, porque la ley y la Constitución no quieren simplemente castigar a posteriori, cuando ya ha producido el daño, sino proteger antes de que pase.

Debido al aumento de bajas médicas, hay cada vez más críticas al "absentismo" en el lado empresarial. ¿Cómo les convencería ded este marco que plantea, de limitar las cargas de trabajo?

Hay argumentos que podrían ser humanitarios, de protección de las personas, pero quizá a estos grupos les apela más la cuestión económica. Hay muchos estudios académicos que demuestran que la sobrecarga de trabajo perjudica la productividad, porque normalmente produce pérdidas de calidad del trabajo, más rotación de personal, menos capacidad de formación... Así que, desde una perspectiva puramente económica, también es bueno limitar la carga de trabajo.

Una sociedad cansada o estresada es incapaz de reaccionar como ciudadanos ante todo lo que está pasando y es también una sociedad cabreada, que busca un objetivo contra el que volcar su enfado

¿Cuáles son los riesgos de no abordar este problema de sobrecarga de trabajo?

Estamos viendo el incremento de incapacidades temporales por salud mental, que aunque muchas veces no se califiquen como accidentes de trabajo, sí están relacionados con él. Esto es importante porque estamos hablando de la vida de las personas.

Y no es necesario que a una persona le dé un ataque al corazón o que muera por el trabajo, que por supuesto hay que luchar contra ello. Simplemente es que hay muchas personas que acaban el trabajo tan cansadas que no disfrutan de su vida, de sus hijos o del ocio, porque lo único que hacen es ponerse en el sofá mirando Instagram o con un programa de la tele porque han consumido totalmente su energía.

Estamos generando una sociedad cansada, que es incapaz de tomar acciones políticas o apuntarse a asociaciones vecinales... Una sociedad estresada es incapaz de reaccionar como ciudadanos ante todo lo que está pasando y también es una sociedad cabreada, que busca un objetivo contra el que volcar su enfado, que a veces es la propia clase política o la inmigración.

Sorpresa en la luz verde de este jueves del Congreso de los Diputados a una ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro. El Pleno del Parlamento ha aprobado el proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, pero con una enmienda del PP que cambia notablemente la pasarela que recogía la iniciativa del PSOE. La novedad más destacada es que ya no excluye a los ya pensionistas, ni a las personas con el mínimo cotizado de 15 años, como exigía el Gobierno, y que elimina varios detalles pactados en comisión parlamentaria y deja su definición a expensas de un reglamento.

Con estos cambios, se abre mucho más el acceso a la pasarela de mutualistas al RETA (el régimen de autónomos de la Seguridad Social) respecto a lo que se preveía, aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios. Algunas estimaciones de los colectivos apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela, a los que habría que sumar ahora unos 50.000 profesionales con el mínimo cotizado –según cifró el Gobierno– y a quienes ya se hayan jubilado.

Por otro lado, ahora hay más indefinición sobre las condiciones de la propia pasarela, ya que han decaído varias condiciones pactadas por los grupos parlamentarios, y habrá que esperar a que el Gobierno las regule en un reglamento.

No obstante, la legislación aún no se ha aprobado de manera definitiva. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde podrá seguir incorporando cambios y, en ese caso, volver a una segunda vuelta al Congreso de los Diputados.

Qué es la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social

La ley en cuestión –proposición del PSOE en el Parlamento, en lugar de ser tramitada por el Gobierno– contiene una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate de la norma ha sido muy complejo, porque surge de una situación casi de rescate público de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados, que se sienten engañados–, los trabajadores han reclamado una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas.

Qué pasarela ha salido adelante en el Congreso

Tras el 'sí' a la enmienda 47 del PP, que ha salido adelante este jueves con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de Junts y BNG, la pasarela que recoge la ley cambia sustancialmente.

Estaba planteada para los mutualistas en activo, excluidos los “pasivos” (las personas ya jubiladas), así como aquellas que tuvieran el mínimo cotizado a la Seguridad Social. Estas dos exclusiones, que no contentaban a la gran mayoría de grupos parlamentarios, se eliminan en el texto planteado por el PP que ha salido adelante.

Por otro lado, el texto del PSOE recogía más detalle sobre la concreción de esta pasarela, pactados por la mayoría durante la comisión parlamentaria, que ahora se elimina. Por ejemplo, el coeficiente del 0,77 para el cálculo de los años cotizados en la Seguridad Social según el dinero acumulado en las mutualidades de cada profesional.

En la enmienda del PP, el detalle queda a expensas de desarrollo reglamentario: “Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos, actualizada al lPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia los parámetros que reglamentariamente se determinen”.

También cae la mejora expresa pactada en Comisión para los mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión. Esta mejora, de las más destacadas por las fuerzas progresistas del debate parlamentario, no figura en la enmienda del PP.

Los 'populares' incluyen otra novedad importante: reconocen el derecho a que “todo el tiempo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva hasta que pasó a ser alternativa, se considere como tiempo de afiliación y alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a efectos del cómputo del periodo de carencia” que se exige para acceder a la jubilación de la Seguridad Social.

En el grupo socialista sostienen que este escenario “obliga a seguir trabajando en el Senado para recuperar” las condiciones mínimas pactadas “y garantizar que la ley llegue a su aprobación definitiva con la máxima claridad y protección posible”.

La Seguridad Social trabajará por una pasarela “equilibrada”

Fuentes de la Seguridad Social destacan que, durante la tramitación parlamentaria, en las fases de ponencia y comisión en el Congreso, “se habían introducido diferentes enmiendas que concretaban y mejoraban los derechos de los mutualistas que transfierieran sus fondos de la mutualidad al RETA”. “De manera inesperada, hoy se ha dado algún paso en la dirección contraria a lo trabajado”, lamentan.

La concreción de la pasarela queda a expensas de un desarrollo reglamentario y ya sin el plazo de tres meses que también habían pactado las fuerzas progresistas en la Comisión. De manera que, si prospera así la ley en el Senado y en el Congreso en segunda vuelta, todo indica que la pasarela tardaría más en concretarse y en llevarse a la práctica.

“Desde el Gobierno se seguirá trabajando en que el texto finalmente aprobado sea equilibrado, con la necesaria seguridad jurídica y que respete los principios del Sistema de solidaridad, equidad y contributividad”, añaden en el Ministerio de Elma Saiz.

La brecha salarial “se enquista” en los complementos salariales, sostiene un nuevo informe del gabinete económico de CCOO que desgrana qué factores explican la diferencia retributiva entre hombres y mujeres, que de media alcanza los 5.000 euros al año. La mayor parte se debe a las horas de trabajo, con muchas más jornadas parciales entre las mujeres, pero otro de los elementos clave son los pluses, que explican 4 de cada 10 euros de diferencia en los sueldos. La cuestión es que estos complementos siguen siendo muy superiores para los hombres incluso en perfiles laborales similares a las mujeres, cifra el sindicato.

Con datos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial (EES) del INE, de 2022, el gabinete económico sitúa en el 20,6% la brecha salarial media, que calculan como lo que debería aumentar el salario de las mujeres para equipararse al de los hombres. En dinero, son unos 5.000 euros brutos menos al año que perciben las trabajadoras.

Esta brecha es más pronunciada en el sector privado, del 30,7%, frente al 8,8% del sector público. Debido al mayor problema en las empresas, y a que estas concentran al grueso de trabajadores y trabajadoras, el sindicato se centra en analizar los motivos que explican esta diferencia de remuneraciones en el sector privado.

Más de la mitad de la brecha, 15,6 puntos porcentuales, se debe a las desiguales jornadas laborales de hombres y mujeres, con más de un 70% de los empleos a tiempo parcial en manos de trabajadoras, ha explicado Natalia Arias, miembro del gabinete económico del sindicato. “Aquí están los cuidados”, ha advertido Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO. “Las mujeres no somos dueñas de nuestro tiempo tampoco para poder trabajar porque tenemos que cuidar”, ha explicado.

El segundo grueso de la brecha, casi 12 puntos, no puede atribuirse a ningún motivo de los que analiza el modelo de análisis: ni a la diferente jornada, actividad, tipo de contrato, ocupación, formación o tamaño de la empresa. En este grueso “no explicado”, la literatura académica suele situar la posible discriminación entre hombres y mujeres, más o menos directa.

En tercer lugar, la rama de actividad es otro de los motivos que más explica la desigualdad salarial, algo preocupante dados los escasos movimientos sectoriales por género de las últimas décadas, ha señalado Arias. Las mujeres se concentran en los sectores peor pagados, una situación a veces explicada por esta misma circunstancia: los empleos feminizados son en general peor pagados que los masculinizados.

Detrás de la brecha “no explicada” afloran los pluses

El gabinete económico se propuso ahondar en los motivos de esta brecha de género no explicada y en su informe analiza la situación de trabajadores y trabajadoras con un perfil laboral similar: misma jornada (tiempo completo), mismo contrato (indefinido) y empleados en el sector privado. La brecha salarial se reduce, pero no desaparece: se sitúa en un 11%.

Dentro de esta brecha de trabajadores similares, más del 60% se explica por los complementos salariales, ha destacado Natalia Arias.

El siguiente gráfico desgrana la brecha salarial de este perfil de trabajadores similares por sectores, con la parte de color morado oscuro que corresponde a los complementos salariales.

¿Por qué los hombres cobran mucho más en complementos que las mujeres? Los datos de la encuesta del INE no permiten analizarlo, ya que apenas desgranan el 'apellido' de estos pluses. Solo detallan los correspondientes a nocturnidad, turnicidad y fin de semana, que explican una parte muy pequeña del total y de la diferencia entre hombres y mujeres, ha señalado Arias. Para ello, CCOO reclama más transparencia salarial, para lo que será clave la transposición de la directiva europea pendiente desde el 7 de junio.

Sin embargo, por la experiencia del sindicato, Carolina Vidal ha situado dos focos principales de desigualdad en los complementos. Por un lado, los pluses que premian el tiempo, la disponibilidad y la presencialidad, a los que las mujeres no pueden acceder en muchos casos por la atención de cuidados familiares. Por otro, los complementos individuales, casi personales, que asignan muchas empresas de manera discrecional a la plantilla y que consideran que están premiando mucho más a hombres que a mujeres.

De nuevo, para aflorar estas desigualdades y poder resolverlas, CCOO ha exigido la negociación urgente de la transposición de la directiva europea de transparencia salarial, ha reclamado Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones estratégicas del sindicato. España debería haberla incorporado a nuestra legislación antes del 7 de junio.

Pacheco también se ha referido a los sesgos de género –también dentro de la negociación colectiva– que explican que tradicionalmente se hayan reconocido más salarialmente algunas condiciones más masculinizadas, como la disponibilidad o el trabajo a turnos, frente a otras más feminizadas, como “la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, la atención al público, a domicilio...”. Esta es una de las materias que el sindicato quiere abordar en la negociación con la patronal del próximo gran acuerdo de negociación colectiva (AENC), atascado por el momento por la resistencia patronal a dialogar.

Para aterrizar esta diferencia salarial por sexos en trabajadores similares, el sindicato elige el sector con más brecha y muy pujante en la actualidad: las actividades profesionales, científicas y técnicas. Bajando al detalle de las ocupaciones, el estudio muestra cómo la distancia en lo que cobran hombres y mujeres se explica principalmente por los pluses. Sobre todo, en las categorías de más responsabilidad, como se ve en el siguiente gráfico.

De media, las directoras y gerentes en este sector cobran 4.512 euros al mes frente a los 5.479 euros de los gerentes. Son casi 1.000 euros menos al mes para ellas, de los que 900 se explican por los pluses, detalla el informe.

Además de transponer la directiva europea, Carolina Vidal ha urgido al Ministerio de Trabajo y al de Igualdad a que creen una mesa de diálogo social para afrontar el aumento de la brecha salarial que ha reflejado el INE en 2024, tras once años de descensos. CCOO considera que hay que tomar medidas específicas en el área de cuidados y también en materia laboral, como la reforma del contrato a tiempo parcial, para poder atajar esta situación. “La brecha no se cierra sola”, ha insistido por su parte Arias.

La reforma laboral de 2021 elevó sustancialmente las probabilidades de los jóvenes de acceder a un contrato indefinido en España, que además se acompañó de un aumento de los días de trabajo de estos primeros empleos, así como de una mayor ganancia salarial, según un estudio presentado este martes por el think tank Fedea.

La reforma laboral de 2021 ha desplomado la tasa de trabajadores temporales en España a mínimos históricos, a algo menos del 12%, en una “auténtica transformación de la contratación”, ha señalado el economista Marcel Jansen, uno de los autores de la investigación.

Los autores indagan en este aumento de los contratos indefinidos, especialmente en el grupo de jóvenes, así como en indicadores de calidad de estos primeros empleos.

Mucha más probabilidad de ser indefinidos

Sus resultados indican que la reforma produjo un “cambio muy sustancial en la contratación”. Para el estudio, Marcel Jansen ha explicado que comparan el comportamiento en el empleo de aquellas provincias con mayores índices de empleo temporal antes de la reforma legislativa respecto a aquellas con menor tasa de temporales.

Con el cambio normativo, el acceso de los jóvenes a contratos indefinidos aumentó de forma intensa, especialmente en las provincias donde antes de la reforma existía un mayor exceso de temporalidad.

“Las estimaciones muestran que la reforma elevó en 6,4 puntos porcentuales adicionales la probabilidad de acceder a algún tipo de contrato indefinido en estas provincias, lo que supone eliminar aproximadamente el 87% de la brecha previa respecto a las provincias menos expuestas”, indican en Fedea.

“Está claro que la reforma ha reducido los márgenes de discrecionalidad que permitían a las empresas ofrecer contratos peores de lo que correspondería”, ha sostenido Marcel Jansen, también profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.

Mejora también la calidad del empleo, pero con menos intensidad

En cuanto al análisis de calidad de ese primer empleo de los jóvenes (centrado en su duración, la probabilidad de superar los seis meses y las ganancias salariales), el estudio recoge mejoras en todas las variables, pero con menor intensidad. “Los efectos sobre la duración del empleo y los ingresos son positivos, pero más modestos”, indica el think tank.

La duración del primer contrato aumentó en 8,2 días de media en los nuevos indefinidos de las provincias antes más expuestas a la temporalidad, lo que “redujo aproximadamente un 40% de la brecha previa en la duración del primer empleo” respecto a las otras regiones con empleos más estables.

Por otro lado, se redujo en “un 32% de la brecha en la probabilidad de que el primer empleo durase al menos seis meses” y “un 14% de la brecha en los ingresos acumulados durante ese primer empleo”. Este aumento de los ingresos salariales se atribuye principalmente al alza de los días trabajados tras la reforma, no a un incremento del salario por hora, han explicado los autores en la rueda de prensa de presentación del estudio.

Fedea también lanza una mirada a medio plazo, que abarca dos años y medio de reforma laboral (30 meses) y que compara nuevos trabajadores indefinidos justo antes del cambio normativo con los nuevos contratos firmados justo después. En este escenario, se detecta un “mayor impacto” en el aumento de días de trabajo de los indefinidos post reforma laboral, ha explicado Sergi Jiménez Martin, investigador de Fedea y de la Universitat Pompeu Fabra.

La investigación analiza un grupo de trabajadores jóvenes, con un aumento de 11,5 días adicionales, un 9% más que el grupo de control, y otro de los trabajadores mayores (de 52 a 60 años) que “es sustancialmente mayor”, ha subrayado Jiménez Martín, de 54,4 días adicionales, un 24% más que grupo de control.

Los nuevos contratos indefinidos son 100 días más cortos

Pese a estas mejoras, el estudio refleja que la duración media de los nuevos contratos indefinidos disminuyó en más de 100 días tras la reforma laboral. El principal motivo es justamente el trasvase de lo que antes eran empleados temporales a nuevos indefinidos. “La reforma te obliga a ofrecer un contrato indefinido en situaciones en las que antes no se hacía”, ha recordado Marcel Jansen, también en “tareas menos estables intrínsecamente, no todo es abuso”.

Por tanto, los nuevos contratos indefinidos son más cortos que antes de la reforma, “pero hay muchas más personas y muchos más jóvenes que ocupan estos contratos”, ha explicado el economista. Entre los motivos de cese de los contratos, Florentino Felgueroso –también autor del estudio– ha señalado que no se registra un aumento de los despidos, mientras que sí se ha producido un notable auge de las salidas voluntarias de trabajadores y de la no superación del periodo de prueba.

Acerca del debate sobre el coste del despido, Marcel Jansen ha apuntado que en contratos indefinidos de corta duración “es relativamente barato”, pero ha apostado por un sistema de incentivos bonus malus (que castigue a las empresas de más rotación y premie a las más estables) frente a una legislación que endurezca por ley el despido, como pretende el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

“No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”. Con estas palabras se ha dirigido Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, al auditorio de la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Díaz ha advertido que “está en juego” el mandato de esta institución de la ONU dedicada al mundo del trabajo y ha defendido que siga avanzando en sus normas, en un momento en el que se debate un convenio de mínimos sobre plataformas digitales, que cuenta con el rechazo frontal de Estados Unidos.

“Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, ha sostenido la ministra de Trabajo a los medios de comunicación antes de entrar en el auditorio.

Yolanda Díaz ha explicado que la delegación del Gobierno de España “está empujando e intentando” que la convención de derechos laborales mínimos en plataformas digitales salga adelante, tras la experiencia española pionera en regular esta materia, en la llamada la Ley Rider.

“Frente a ese modelo de 'ley de la selva', lo que estamos señalando justamente es tener instrumento normativo de mínimos con capacidad de desarrollo de normas propias, para que tengamos la posibilidad de tener normas laborales, derechos humanos y competencial leal entre las empresas”, ha argumentado la vicepresidenta.

La OIT “no puede ser una mercancía”

Ya desde el atril de la Conferencia Internacional del Trabajo, Yolanda Díaz ha afirmado que “si el trabajo no es una mercancía”, como recoge la Declaración de Filadelfia, “tampoco puede serlo la organización que lo representa”.

La vicepresidenta ha lanzado cuatro reflexiones al auditorio, comenzando por las “turbulencias financieras” que atraviesa la organización internacional, ante una merma de la financiación de EEUU, pero ha sostenido que no puede salir de ellas “poniendo en riesgo sus valores fundamentales”.

Hace unos días, Reuters publicó que la OIT suspendió el nombramiento de un alto funcionario estadounidense, Sheng Li, que estaba previsto que ocupara el cargo de subdirector general de la organización este mismo julio, por el impago de cuotas de EEUU.

“Asegurar el mandato de la OIT es nuestra verdadera misión”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha reivindicado que la OIT siga avanzando en sus normas laborales. “Sin normas es una organización inane frente a los grandes cambios digitales y verdes que tenemos la obligación de gobernar”, ha sostenido.

La vicepresidenta ha añadido que se puede “discutir cómo han de ser esas normas, seguramente más atentas a las particularidades regionales, pero no las normas en sí mismas”.

La IA y la digitalización como debate “de época”

Yolanda Díaz ha insistido en los debates de “época” que afronta la humanidad con la irrupción de la Inteligencia Artificial, los algoritmos y otras tecnologías vinculadas a la digitalización.

“El director general, al que le agradezco el impulso de este debate civilizatorio, nos pide que reflexionemos sobre la inteligencia artificial y el impacto en el mundo del trabajo. Creo que no hay nada más oportuno. El Papa León XIV acaba de recordarnos en mi país que la automatización, la robótica y la inteligencia artificial están transformando la estructura misma del trabajo”.

“Para evitar que la tecnología sea un regreso al pasado, debemos convertir la inteligencia artificial en una oportunidad. Y los sistemas deben diseñarse, como dice su encíclica, centrados en las personas y no solo en el rendimiento”, ha emplazado Díaz.