Bajo la lluvia, los primeros grupos de sindicalistas han salido ya en piquetes informativos para dar el pistoletazo de salida a la huelga general del 11N por una vivienda y salarios dignos. En uno de los puntos de salida, en la Puerta del Sol de Madrid, los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han animado a secundar masivamente el paro impulsado por el Sindicato de Inquilinas. “Esto tiene que ser una riada de gente”, ha emplazado Sordo, mientras que Álvarez ha subrayado que “gobierne quien gobierne, pase lo que pase el día 29, tendrán que escuchar a la calle” después de este 11N.

Esta tarde, decenas de personas del Sindicato de Inquilinas han irrumpido este martes en la sede de Alquiler Seguro en Madrid para protestar contra “una de las empresas responsables de nuestra miseria”, también como acción movilizadora a pocas horas de que arranque la huelga general.

Los piquetes informativos de sindicalistas, organizados en diversos lugares de España, han salido a la calle para acudir desde esta noche a distintos centros de trabajo, “informar a los compañeros y las compañeras de las razones que nos llevan a convocar esta jornada de movilización, esta huelga general”, ha explicado Sordo. Estos son, principalmente, el derecho a la vivienda, la defensa de los servicios públicos y de subidas salariales en un contexto de beneficios empresariales récord.

La huelga general de este 11 de noviembre es un paro de 24 horas, pero que tiene cobertura también para los turnos que empiezan esta noche y se alargan hasta este miércoles, así como para el último turno que empiece el miércoles al finalizar el día aunque este concluya después de las 24:00 horas.

Los “piquetes de la libertad”, como los ha denominado Álvarez, son muy relevantes para animar e informar a aquellos trabajadores y trabajadoras cuyos centros están menos sindicalizados, pero que quieren secundar el paro general por la vivienda, ha afirmado el líder de UGT.

“Será una huelga general extraordinariamente positiva. Pocas huelgas ha habido con un soporte popular tan amplio”, ha añadido Álvarez.

El paro también busca defender y reforzar los servicios públicos, han recordado los sindicatos. “Sin servicios públicos no hay futuro. Nuestros salarios se arruinan cuando tenemos que pagar la universidad, la educación privada, tantos y tantos servicios públicos que hoy por desgracia no están al alcance de trabajadores y trabajadoras”, ha explicado Álvarez.

Llamada especial para la juventud

La huelga general se dirige a todos los trabajadores y trabajadoras, pero los sindicatos son conscientes de que el problema de la vivienda es especialmente grave para los jóvenes, sin posibilidad de emanciparse, en muchos casos incluso aunque trabajen, o de vivir en solitario, obligados a residir en habitaciones y pisos compartidos ante la escalada continua de los alquileres.

“Esta huelga, en gran medida, tiene que ver con las condiciones de vida de la gente joven para las próximas décadas. El problema de la vivienda es la gran fractura socioeconómica que tiene España y hay que pegarle un arreón y hay que ser mucho más ambiciosos para que en los próximos años la juventud trabajadora pueda acceder a una vivienda”, ha afirmado Unai Sordo.

“Jóvenes de España, mañana es vuestro día. Mañana hay que salir de las clases, de los centros de FP, de las universidades, de los centros de trabajo. Mañana hay que tapar la calle”, ha animado el líder de CCOO.

Los dos sindicatos mayoritarios han animado a secundar masivamente la huelga este miércoles y a acudir a las manifestaciones que se han convocado por todo el país junto al Sindicato de Inquilinas.

“Mañana hay que reivindicar políticas ambiciosas que saquen a este país de la lacra del rentismo”, ha afirmado Sordo, que ha destacado que quien gobierne a partir del 29N tiene que saber “que no se podrá volver a hacer política de vivienda para las grandes especulaciones, para los fondos de inversión o para los usos turísticos de viviendas que tienen que estar para vivir”.

La agenda de Unai Sordo (Bilbao, 1972) y Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, 1956) es un esquema imposible desde hace semanas. Los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y UGT, apuran cada minuto saltando de una entrevista a un acto o asamblea de delegados y delegadas en multitud de ciudades para organizar la huelga general del 11 de noviembre, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y que será el primer gran paro general en 14 años. “Va a haber grandes movilizaciones”, dicen ambos en una entrevista por separado en la redacción de elDiario.es.

La huelga está convocada, “pero ahora hay que hacerla”, explican. Los líderes de ambos sindicatos responden sobre cómo van los preparativos del paro laboral, así como sobre las recientes críticas lanzadas desde la derecha. Con especial dureza por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que enfrentó la huelga a la tragedia de Urda, con 69 víctimas mortales.

El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal fue desahuciada de su casa. Parece que ha pasado muchísimo tiempo. Hace un mes y medio, y España se encamina a una huelga general y a un adelanto electoral. El problema de la vivienda no es nuevo en España. ¿Qué cree que tocó el caso de Maricarmen?

Unai Sordo: Creo que fue un golpe de emocionalidad en la parte de la sociedad española más sensibilizada con el problema de la vivienda, y fue un ejercicio de empatía colectiva con la visión de una mujer de 87 años que era sacada de la casa donde había vivido siete décadas y que finalmente fallecía en un hospital. Puso de manifiesto la mayor fractura socioeconómica que tiene España, que es la dificultad de acceso a la vivienda de millones de personas y el drama que viven algunas de ellas, de no poder renovar un alquiler o de ser desahuciada de su casa. Estas chispas prenden cuando hay una base estructural en la sociedad, que genera ese combustible y que fue lo que motivó movilizaciones masivas y que recomendaban dar una respuesta en clave de paro general.

Pepe Álvarez: Siempre hay un detonante, lo que llamamos una chispa, que demuestra hasta qué punto estamos en una sociedad cruel, inhumana. Ante eso ha habido una reacción brutal, ejemplar, de muchísima gente que en Madrid, en toda España, ha dicho 'hasta aquí hemos llegado'. Es el punto de inflexión. A Maricarmen la salida de su casa sin ningún lugar a dudas le costó la vida. Una mujer de 87 años. Tenemos que recordar su vida y, además, no va a ser una vida que se haya perdido en vano, sino que es la culminación de una lucha –que además ella tuvo– por la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas hace un llamamiento a hacer una huelga general, un paro laboral. ¿Por qué creen que es relevante o necesaria esa movilización laboral más allá de las manifestaciones masivas que ya hay a día de hoy por la vivienda?

Unai Sordo: Porque había que introducir una vertiente de reivindicación laboral sobre los salarios y los precios en esta movilización. Y porque, aunque el tema de la vivienda es bastante transversal, apela con un sesgo de edad muy claro, sobre todo a gente que tiene menos de 35 años, que tiene serias dificultades para emanciparse de la casa de sus padres y que, en general, como ha llevado vidas laborales un tanto fragmentadas, el conflicto socioeconómico capital-trabajo lo ve un poco extraño todavía.

Y, si quieres ir a una gran movilización general de carácter laboral, eso tiene un nombre: huelga. Y es lo que nos decidió, con esa visión también de acercarnos generacionalmente a la gente que ve el sindicalismo más lejano. Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional o heterodoxo porque no responde a los viejos parámetros de lo que es una huelga general en España. El gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda distinto a como se ha producido en las últimas cuatro o cinco décadas.

Pepe Álvarez: Las huelgas generales siempre han estado marcadas por una conciencia ciudadana muy amplia, por más de un tema, que nos indican que hay que actuar. Casi siempre han venido además motivadas por una agresión por parte de las administraciones públicas. Quizá esta es atípica porque en realidad lo que queremos es avanzar. Y, después de mucho tiempo -años, incluso- hablando con los sindicatos de inquilinas, hemos visto que es el gran momento de unir a la sociedad y plantear de manera clara y directa que la vivienda puede tener solución.

Es un problema de recursos, es un problema de voluntad política, de no depender de los fondos de inversiones, de no depender de los poderosos. Y es un problema de que las administraciones públicas se pongan manos a la obra en un gran pacto de Estado, que nosotros hemos cifrado que debería de, por lo menos, invertir el 1% del PIB durante diez años para poder construir ese parque público que sitúe el alquiler entre el 25% y el 30% del salario.

A eso le sumamos una parálisis de la negociación colectiva, porque la CEOE no ha querido sentarse a negociar. Ahora dicen: 'Nos íbamos a sentar'. No es verdad. Están esperando que cambie el Gobierno de España. Quieren ir a una negociación en otras condiciones. Ese es un poco el punto de partida.

¿Cómo están percibiendo los centros de trabajo desde que anunciaron este paro? Estamos ya a días previos. ¿Cómo está calando este paro atípico en los trabajadores y especialmente en los jóvenes, a los que afecta más el problema?

Unai Sordo: Tenemos más de 3.000 comités de empresa a favor del paro. Hemos hecho más de mil actos y la percepción es que la simpatía de la causa es muy alta. Hay encuestas que, por ejemplo, como sacasteis en elDiario.es, donde el problema de la vivienda se veía como una causa que generaba mucha adhesión de una forma muy transversal, tanto por edades como por ideologías. Incluso el apoyo a una convocatoria de huelga era muy mayoritario.

Luego la decisión de hacer la huelga depende de realidades bastante asimétricas. Por ejemplo, una plantilla donde la edad media está en 54 años, y quien más quien menos tiene reconducido el problema de la vivienda, aunque seguramente tenga hijos e hijas que saben que se van a enfrentar también al gran problema. O no es lo mismo una gran ciudad o una zona tensionada que la España vaciada o en las dos Castillas. La percepción del dramatismo del problema es distinta, pero creo que va a haber una dimensión laboral del paro relevante. Y, sobre todo, que va a haber grandes movilizaciones a lo largo del día 11.

Pepe Álvarez: Afecta a todo el mundo. Porque a unos les afecta directamente y a otros porque afecta a sus hijos, a sus nietos. Hay un consenso muy amplio de que este es el momento de decir “hasta aquí hemos llegado”. Los responsables políticos, más después de haber convocado elecciones, van a tener que tener en consideración estas reivindicaciones y de camino vamos a hablar de servicios públicos, que es el otro debate fundamental. Aquí está la vivienda, pero también el conjunto de los servicios públicos.

La huelga trata de generar una corriente de opinión que cuestione las políticas de vivienda, fracasadas en las últimas décadas en España, hasta el punto que hoy está concebida casi más como un activo de ahorro, de inversión o de especulación que como un bien social en el que la gente tiene que vivir

Unai Sordo — Líder de CCOO

Hablan también de que este paro, más allá de las cifras que luego secunden la huelga, como pasó con el 8M, está generando una conversación y una relevancia al problema desde múltiples perspectivas que no sé si estaba tan situado en el café diario, en las asambleas de trabajo...

Unai Sordo. No vivimos ya en los años 80 o en los años 90, donde una huelga general era una respuesta a una agresión estrictamente laboral que afectaba al núcleo duro de la clase trabajadora, en forma de reforma laboral, de pensiones o de la prestación de desempleo. Esto es otra cosa. Se trata de generar una corriente mayoritaria de opinión que cuestione la orientación de las políticas de vivienda, fracasadas en las últimas décadas en España, hasta el punto que hoy la vivienda está concebida casi más como un activo de ahorro, de inversión o de especulación que como un bien social elemental en el que la gente tiene que vivir.

Cambiar ese sentido común larvado durante seis o siete décadas no se hace con un chasquido de dedos, se hace moviendo las bases de conversación pública del país. Ese era realmente el gran objetivo de situar, ni más ni menos, la iconografía de la huelga general en el escenario. Creo que en buena parte se ha conseguido, aunque sería necio por mi parte no ser conscientes de que, desde el accidente ferroviario, el estado de ánimo y la conversación del país ha vuelto a virar de una forma evidente.

Precisamente cuando el país estaba digiriendo todavía esta tragedia del accidente de Urda, ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha retomado a primera línea mediática la huelga para acusarles prácticamente de no respetar el dolor de las víctimas, de que “era un error” y les pedía que desconvocaran. ¿Cómo lo han interpretado? ¿Les ha sorprendido?

Unai Sordo: A mí me parece una indignidad lo que ha hecho Feijóo. Lo digo sinceramente. Entiendo que se pueda discrepar de los motivos de la huelga e incluso de la oportunidad de convocarla a pocos días de una campaña electoral. Entra dentro de la discusión de opiniones y es perfectamente respetable. Pero tratar de oponer la movilización social a un número de fallecidos en un accidente me parece indigno, una demagogia absolutamente denunciable.

Yo le cambio la pregunta a Alberto Núñez Feijóo. Yo no me presento a las elecciones generales, pero él sí y está dispuesto a gobernar con un partido que dice que hay que tomar medidas fiscales que reducirían los ingresos del Estado unos 70.000 millones de euros, con una reducción de los ingresos fiscales del 4% del PIB. ¿Qué políticas de seguridad ferroviaria va a hacer el Gobierno que quiere liderar Núñez Feijóo? ¿Va a arruinar los servicios públicos de este país? Que deje de hacer demagogia y que explique estas cosas.

No se puede tener un discurso que me atrevería a decir miserable, de contraponer una movilización social que, entre otras cosas, pide reforzar los servicios públicos con una cifra de muertos que es un drama y que estamos todos absolutamente consternados.

Creo que Feijóo en el fondo sabe que va a haber una gran huelga general y seguramente está diciéndole a los suyos esta no va contigo.Y va con ellos.

Pepe Álvarez — Líder de UGT

Pepe Álvarez: Lo he percibido con mucha tristeza porque nos conocen, saben quiénes somos y deberían respetarnos. Lo he recibido también con algo de amenaza. Porque esto de que, si no [desconvocamos], nos vamos a convertir en sanchistas… Creo que en el fondo sabe que va a haber una gran huelga general y seguramente está diciéndole a los suyos “esta no va contigo”.

Pero va con ellos. Los votantes del Partido Popular están también llamados a esta huelga. Son personas que están trabajando cada día y, especialmente, los autónomos, que les han reventado los precios de los alquileres de sus negocios por la especulación de lo que llamamos los pisos turísticos. Porque, además, si tocan la Seguridad Social, los van a tocar especialmente a ellos.

Y, si el líder del partido Popular lo ha hecho como amenaza, se ha equivocado. Que mire a Estados Unidos. Trump se dedicó a amenazar a las organizaciones sindicales, encarceló a sindicalistas hispanoamericanos, y el resultado ahí lo tienen. Pueden demonizar lo que quieran, pero la gente sabe que cuando se cierran todas las puertas hay una ventana que queda abierta, que es la de los sindicatos.

Aunque PP y Vox digan que es una huelga contra la oposición, ustedes han insistido en que esta es una huelga que interpela a muchos actores. Al haber periodo electoral y tantas administraciones interpeladas, ¿temen que las reivindicaciones queden un poco en el aire y nadie les coja ese guante de actuar?

Unai Sordo: Ya se han ocupado ellos de darse por aludidos, que alucino. El legislativo es uno de los tres poderes del Estado y no es “hacerle una huelga a la oposición”, pero es recordar que el Partido Popular y Vox han votado en contra, por ejemplo, de los reales decretos-ley sobre vivienda o de la reducción de la jornada laboral. Es de sentido común y de democracia nivel parvulitos que los sindicatos denunciemos que esas votaciones lesionan los intereses de los trabajadores. Y vivimos en un Estado compuesto, donde no gobiernan desde la Moncloa y ya está, sino que tiene 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, que son las principales competentes en materia de servicios públicos y de vivienda.

¿Quiere decir esto que libremos de la crítica al Gobierno? Ya hemos dicho que no. Lo que pasa es que las comunidades autónomas son también sumamente responsables, por ejemplo, de no aplicar los márgenes que dejaba la Ley de Vivienda para topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas y son los que gestionan servicios públicos que cada vez están dando un peor resultado a la ciudadanía, como la sanidad y la educación que se está privatizando. Si alguien se enfada porque digamos esto, está en su derecho, pero nosotros, más allá de que haya elecciones o no, vamos a seguir diciéndolo.

Están situando el foco en los servicios públicos y en el poder del Estado a la hora de garantizar cierto Estado del bienestar, como el acceso a la vivienda. ¿Hemos normalizado que sea cada vez menor ese papel? ¿Son los servicios públicos ese campo de batalla discursivo y de debate que están intentando abrir con la huelga?

Unai Sordo: Es indiscutible que ahora mismo si hay una forma de dar certezas a las mayorías sociales en un mundo tan convulso y cambiante es reforzando los servicios públicos. El Estado no puede retirarse de esa responsabilidad, no puede avanzar en un sistema de privatización en la educación o en la sanidad, que está segmentando a la población. Y vivimos 50 millones de personas y no 40, que creo que a veces se nos escapa. Que el uso de las líneas ferroviarias es infinitamente más intenso que el que había hace diez o 20 años, que somos una población más envejecida y que, por tanto, usa más los servicios sanitarios, y no hablo ya de la dependencia. Si queremos recuperar la seguridad para las mayorías, el Estado tiene que jugar un papel central, de todas las administraciones.

El tema de la vivienda es un ejemplo claro. No vale solo con regular los precios de los alquileres, las zonas tensionadas, los pisos turísticos, la irrupción de los fondos buitre... Todo esto hay que hacerlo, pero solo se reconducirá el tema de la vivienda si se favorece un parque de vivienda pública, o al menos a precio protegido, con la garantía de que esto no va a desclasificarse nunca. Esto es construir y movilizar vivienda vacía, que en España haya un millón y medio, dos o tres millones de viviendas donde la gente puede acceder a un precio asequible y que además tire a la baja los precios de mercado.

Esto no lo va a hacer solo la iniciativa privada, lo tiene que impulsar la promoción de políticas públicas y ese es el paradigma que hay que situar en la sociedad. Porque este fracaso económico del neoliberalismo todavía nos puede llevar por callejones sin salida, si se sigue en la idea de la privatización, la segregación, la desigualdad y de la pérdida de garantías sociales. Esa es en gran parte la pugna de época.

Hay que construir y movilizar vivienda vacía, y que en España haya un millón y medio, dos o tres millones de viviendas donde la gente puede acceder a un precio asequible, que además tire a la baja los precios de mercado

Unai Sordo — Líder de CCOO

Pepe Álvarez: Sin ninguna duda. Supone dar respuesta a esta pregunta que nos hace mucha gente, de: ‘Oye suben los convenios, decís que sube más que el coste de la vida, pero yo vivo peor que el año pasado’. Y esa realidad tiene un eje muy importante que es la vivienda, pero tiene un eje importantísimo que es la sanidad. En Madrid más del 50% de los ciudadanos tiene una póliza de seguro privada. Eso quiere decir que eso va a cuenta de su salario.

¿Eso de “no llegar” qué más quiere decir? Que los carburantes han destrozado el coste de la vida, el precio de la gasolina y de precios indirectos de la alimentación. Y ahí queremos situar claramente que esta es una huelga que tiene también ese carácter internacional. Nos están mirando de todo el mundo, porque estos señores de la guerra, llámese Trump, Netanyahu o Putin, son los responsables de que cuando vamos a poner gasolina o cuando vamos a una tienda los precios se hayan disparado.

Y, en este debate, se abre el melón de las pensiones o lo abre la derecha motu propio, porque están situando ese debate de insostenibilidad del sistema público y la necesidad de cambios. ¿Creen que si vamos a un cambio de ciclo y a un gobierno de derechas, PP y Vox, las pensiones públicas peligran en España?

Unai Sordo: No tengo ninguna duda. Nadie se va a cargar las pensiones públicas porque arruina el país, pero sí la calidad de la protección de la pensión pública. Alguien que va a gobernar y que dice que va a reducir en 70.000 millones de euros los ingresos, evidentemente tiene que meterle un tajo a las pensiones de marca mayor. Además, ya lo hemos vivido en el año 2013. En España, ha estado vigente una reforma de pensiones que, si siguiera operando, haría que en el año 2050 la protección de la pensión respecto al último salario sería aproximadamente del 48%. Ya se habían establecido canales para que esto fuera así.

Es lo que Figaredo llama el “sistema mixto” de pensiones. La parte pública cubre una pequeñita parte, una pensión apenas de supervivencia, y el resto son pensiones capitalizadas en sistemas privados. De quien pueda ahorrar y meter 200 o 300 o 400 euros al mes. El que no puede capitalizar parte de su sueldo pasa necesidad cuando es mayor, y el que lo puede hacer, sustituye la fiabilidad, la estabilidad y la solidez de la pensión pública por la incertidumbre del mercado financiero.

El Estado, en vez de gastar el 15% en pagar pensiones públicas, gasta el 12% del PIB. Y ese ahorro es lo que da negocio a las entidades privadas y lo que conduce a una desaparición de las garantías públicas en las pensiones, como antes decía en la sanidad, la educación o las infraestructuras. Es legítimo que lo planteen, pero sería bueno que lo explicasen y que la gente sepa a lo que se atiene.

Pepe Álvarez: Lo han dicho ellos. Han sido algo así como el sistema estaba fallido, y eso de “la estafa piramidal”, que esta frase también se la he oído a la señora Cayetana [Álvarez de Toledo], número dos del PP por Madrid. Ahora dirán que no, pero en realidad quieren meterle mano a la Seguridad Social, lo han querido hacer siempre. Lo hizo Rajoy, con un recorte de las pensiones brutal. Una pensión que en el 2017 era de 1.000 euros, con la reforma de Rajoy hoy sería de 1.060. Con la reforma que hicimos nosotros es de 1.570 y algo de euros. Son hechos.

La Seguridad Social tiene una situación económica razonable, como dice la AIReF. Yo podría decir que es muy buena porque razonable en un sistema público de pensiones quiere decir que es una situación muy buena. ¿Por qué? Porque llegamos a un acuerdo en 2021 con la patronal que creo que alejó cualquier fantasma de crisis en la Seguridad Social. Y, en todo caso, si hay algún problema lo vamos a saber con tiempo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal acaba de emitir un informe en el año 2025 que dice que estamos dentro de los parámetros que teníamos previsto. Entonces, ¿por qué este lío? Muy sencillo, porque hay quien quiere que ese dinero, en lugar de estar en la Seguridad Social, esté en el sector financiero.

La derecha quiere meterle mano a la Seguridad Social. Lo hizo Rajoy, con un recorte de las pensiones brutal. Una pensión que en 2017 era de 1.000 euros, con la reforma de Rajoy hoy sería de 1.060. Con nuestra reforma es de 1.570 euros

Pepe Álvarez — Líder de UGT

La huelga apela también a los empresarios. Reclaman una subida salarial sustancial de ciertos salarios, sobre todo los bajos. ¿Hay margen para ese salto sin llevar a problemas económicos a las empresas? ¿Tenemos margen en un tejido productivo con tantas pymes?

Unai Sordo: Lo están diciendo los resultados de los observatorios de márgenes empresariales, que nos están diciendo algo que ya pasó en el año 2022. Que las empresas están imputando el incremento de los costes de la guerra de Ucrania y de Irán a los precios. Y esto lo están haciendo para mantener intactos o incluso mejorar sus beneficios y sus márgenes empresariales.

¿Qué decimos nosotros? Que parte de esos márgenes empresariales sirvan para mejorar los salarios y proteger el poder adquisitivo de las familias. Eso requiere subidas salariales del entorno del 4% en general y hasta el 7% en los convenios colectivos que están netamente por debajo de la media salarial. Hay ocho, nueve o 10 millones de personas en España cuyos sueldos están sufriendo un efecto de la inflación absolutamente letal sobre los bolsillos de las familias que tienen ingresos más limitados, con salarios en el SMI, poco más del salario mínimo y con tiempos parciales de muchas mujeres. Hay que distribuir esos beneficios empresariales.

Pepe Álvarez: Estamos hablando de que este año con toda seguridad van a tener márgenes empresariales por arriba del 18%. ¿Cómo no van a tener márgenes para subir los salarios un 7%? ¿Cómo no va a haber margen para subir el salario mínimo interprofesional si ha sido el motor justamente de la situación económica de España? En mejores condiciones que los países de nuestro entorno. Imagínese si no deben tener margen empresas como Iberdrola, que es un escándalo, que llevan tres años sin convenio los trabajadores y las trabajadoras, con estos beneficios absolutamente caídos del cielo que están teniendo las eléctricas y las petroleras.

Y para terminar, ¿les inquietan que estos movimientos violentos que sobre todo han estallado en Francia, pero también en España, puedan intentar sabotear la huelga? Más allá del 11N, ¿cómo consideran que habría que afrontar este tema para evitar estos incidentes violentos?

Unai Sordo: Lo primero, garantizar que la acción sindical en los piquetes de huelga se va a desarrollar en los parámetros habituales y que nosotros no vamos a promover, evidentemente, ningún escenario ni de caos ni de violencia. En segundo lugar, prácticamente el 100% de las movilizaciones socioeconómicas y sociopolíticas que se dan en España, excluyendo la de los grupúsculos de extrema derecha, son estrictamente pacíficas y de un nivel de civismo ejemplar. Por tanto, desligar episodios de violencia y de pillaje que se hayan podido dar en algunas ciudades de cualquier movilización sociopolítica y socioeconómica que ha habido en España.

A partir de ahí, creo que hay que analizar exactamente qué hay detrás de estas expresiones, porque a mí me genera cierta inquietud cómo es convocada a esta gente. ¿Por quién? ¿Por qué se parecen tanto estos movimientos en ciudades tan distintas, como las españolas y otras europeas? ¿Cómo se segmenta la comunicación para llamar a estas movilizaciones a un perfil de gente sí y a otro no? Creo que necesitamos una investigación muy en profundidad para saber lo que está pasando.

Pepe Álvarez: A mí me parece que las redes sociales tienen que dejar de vivir en la impunidad. Es decir, a ningún medio de comunicación le permitirían que publique llamamientos a un atraco violento, seguro que habría una intervención inmediata y una denuncia contra el medio que publicara eso. La cuestión es: ¿por qué no ocurre en las redes sociales? A mí me parece que aquí hay un agujero que hay que arreglar, porque efectivamente peligra la seguridad, la vida y el bienestar. Necesitamos una regulación y una penalización a las empresas.

A mí no me preocupan excesivamente nuestras manifestaciones. Estos violentos actúan cuando no hay gente. Y lo que va a ocurrir, si la climatología es un poco propicia, es que se van a llenar las ciudades de mujeres y de hombres libres que queremos que se reparta la riqueza. Porque es que el grito fundamental: que se reparta la riqueza en un mundo que crece, en el que cada día hay más multimillonarios. Por tanto, animo a la gente. Van a ser grandes demostraciones pacíficas de reivindicación.

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Entrevistas completas:

El sindicato de los empleados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado una queja formal contra su actual director general, Gilbert F. Houngbo, a quien acusan de ocultar los recortes de personal que va a efectuar para tratar de aliviar la grave crisis financiera que atraviesa la agencia de Naciones Unidas.

En un documento de posición que han trasladado a la cúpula del organismo, al que ha tenido acceso elDiario.es, los trabajadores señalan al dirigente togolés, que aspira a revalidar su mandato frente a la candidata española Yolanda Díaz. Entre otras cuestiones, acusan al máximo responsable de la única agencia tripartita de la ONU (además de los Estados, tiene representación de sindicatos y empresarios) de saltarse el diálogo social y de centrar en la plantilla todas las actuaciones para ahorrar presupuesto.

El sindicato de la OIT cuestiona a Houngbo que las conversaciones con los sindicatos se han centrado en “gestionar las consecuencias de las decisiones organizacionales y de reestructuración que ya se habían diseñado”, y que a los sindicatos se le pusieron dificultades a la hora de obtener acceso a informaciones clave, algo que provocó la presentación de una queja formal.

“Mientras que el sindicato estaba participando activamente en la negociación del proceso de ajuste de la plantilla y sus implicaciones para el personal, conocimos a través de documentación publicada por la Junta Directiva que numerosas y relevantes decisiones organizativas y de reforma ya habían avanzado a pesar de ser asuntos que deberían haber estado sujetos a diálogo social”, recoge el documento. Algo que preocupa al sindicato, dicen, y mina la efectividad del diálogo social en la agencia de la ONU que, precisamente, se encarga de velar los derechos laborales a escala global.

El sindicato denuncia también que, bajo la gestión de Houngbo, todos los ajustes del personal se han procedido a efectuar “desde una óptica financiera” y no desde el impacto que tendrá en la capacidad de la organización para efectuar su mandato.

Además, critican que el director general, cuyo mandato caduca el próximo año y que afronta este mes las elecciones frente a la candidatura española de la vicepresidenta Yolanda Díaz, está maquillando las cifras de los recortes previstos de personal.

Según los trabajadores, hay una propuesta de eliminar 266 puestos de trabajo, de los cuales 86 serán despidos y 180 están vacantes o lo estarán próximamente. Pero la propia dirección reconoce que “aproximadamente la mitad de las 180 posiciones que estarán vacantes en el momento de su supresión, están ahora mismo ocupadas”, pero que serán puestos que quedarán libres por jubilación, salidas voluntarias o el fin de contratos temporales.

“El ajuste de la plantilla, por tanto, concierne a un número sustancialmente mayor al de las posiciones que ahora mismo están cubiertas”, concluye el documento del sindicato. “En total, aproximadamente 175 o 180 miembros de la plantilla dejarán la Organización como consecuencia del proceso de ajuste de personal”, cifran, a lo que hay que sumar las más de 500 plazas que han sido eliminadas en anteriores procedimientos y como consecuencia del recorte de la financiación de Estados Unidos.

Una deuda de EEUU de más de 390 millones de euros

El roto de los impagos acumulados de EEUU, de los ejercicios de 2024 y 2025, alcanza los 257 millones de francos suizos (unos 280 millones de euros). Y no es menor, ya que es el país con mayor aportación al presupuesto de la OIT, del 22%, ligeramente por detrás de China (20%). Así, esta situación ha sumido a la OIT en una grave crisis financiera, con una deuda total de unos 364 millones de francos suizos (unos 390 millones de euros), con fecha del 11 de septiembre.

A esta circunstancia, propiciada por la Administración Trump, Houngbo trató de hacerle frente de dos maneras. Uno, con el nombramiento de un alto funcionario de la Administración Trump, un MAGA, como Director General Adjunto. Designación que después tuvo que revocar. Y dos, con un millonario plan de ahorro en las cuentas de la organización.

Pero los sindicatos critican que se ha cebado con el personal. El objetivo de ahorros vinculados a la plantilla era de 132,4 millones de dólares, pero los planes del director general actual ya superan los 135,5 millones. Al otro lado, los ahorros no vinculados al personal tenían un objetivo de alcanzar los 72,3 millones de dólares. Y está muy por debajo: 63,6 millones. “Las últimas cifras sugieren que la carga del ajuste se ha movido cada vez más sobre los trabajadores que en el gasto no vinculado a los empleados”, señalan, y dicen que no hay ninguna prueba de que se haya intentado recortar por otras vías.

“Además, ningún documento identifica qué actividades han sido reducidas, qué resultados ya no se producirán, qué distritos estarán afectados y qué capacidades se han perdido. El foco permanece, sobre todo, en los resultados financieros y no en las consecuencias organizacionales”, sostienen. Las medidas para afrontar una crisis coyuntural y “excepcional”, dicen, condicionan por completo el futuro de la OIT.

La queja formal continúa con la preocupación de que ni los sindicatos ni el Consejo de Administración han recibido la información suficiente para entender lo que hay detrás de los planes de reforma de Houngbo. “Sin esa transparencia ni escrutinio, hay un riesgo real de que estas decisiones para responder a la inmediata crisis financiera erosionen permanentemente la experiencia, el recuerdo institucional, la capacidad técnica y la resiliencia de las que depende la efectividad futura de la OIT”, zanjan.

Tanto Houngbo como la vicepresidenta Yolanda Díaz participarán en una audiencia ante el Consejo de Administración de la OIT el próximo lunes, 9 de noviembre, un hito que promete ser decisivo antes de la elección, que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre.

De momento, Díaz cuenta con el respaldo de numerosos gobiernos y sindicatos europeos, americanos y asiáticos, aunque la cúpula de la Confederencia Sindical Internacional (CSI) ha mostrado el respaldo al togolés. Aun así, con el voto secreto y los sindicatos europeos empujando a favor de Yolanda Díaz, la carrera no está decidida, insisten los aliados de la candidatura española.

Una huelga no se convoca, “una huelga se organiza”. Es casi el grito de guerra de muchos sindicalistas estos días en España, a solo unas jornadas del paro general inédito del 11N por la crisis de la vivienda, que impulsó el Sindicato de Inquilinas y se vio respaldo por los sindicatos mayoritarios del país, así como multitud de minoritarios. Recogieron la “chispa” de indignación de la sociedad ante el doloroso desahucio de Maricarmen y desde entonces impulsan para convertirlo en un gran paro laboral el próximo miércoles. Es una huelga atípica, lo que supone un reto, pero también “histórica”, dicen los más optimistas, sobre todo para los más jóvenes. Es la primera gran huelga general en 14 años.

En las últimas semanas, se suceden por todo el país asambleas de trabajadores y trabajadoras de sindicatos de muy distinto signo, desde CCOO y UGT, hasta CGT, LAB o CIG, que explican los motivos de la huelga general, motivan a las plantillas, resuelven dudas sobre el derecho constitucional y, en general, sobre cómo participar. A la vez, se multiplican las asambleas de barrio en muchas ciudades, gracias sobre todo al Sindicato de Inquilinas, impulsor del movimiento vecinal y de asociaciones surgido al calor de la acampada del 26S, desalojada ahora hace unos días.

Una bicefalia que da cuenta de lo inédito de este paro. Es laboral, pero surge de un enorme malestar social. De llenar las calles de indignación a vaciar los centros de trabajo como movilización política, y no al revés.

Cuando estaban levantando los andamios de la ilusión y la rabia para secundar el paro, la tragedia ferroviaria de Urda supuso un mazazo para el conjunto del país. Tras unos días de conmoción, y atravesados aún por el accidente, los organizadores han retomado la agenda para la movilización, pero conscientes de que el estado de ánimo del país ha cambiado. El suyo también.

Por eso ha dolido e indignado tanto el intento del PP de enfrentar la huelga con las víctimas del accidente. “Es patético”, denunciaba hace unos días en una entrevista en elDiario.es Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas. Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, lo tacharon de “insultante”.

“No me llega”: se llama vivienda y se apellida salarios

Una vez recogen el guante a las inquilinas, los sindicatos han empezado a mover una maquinaria que conocen bien, la de la huelga, pero que en el caso de un paro general de país hace tiempo que no engrasaban. Ni más ni menos que 14 años. En los últimos tiempos, ha habido paros relevantes, como el feminista del 8M de 2018, pero no sumaron a los sindicatos mayoritarios a una movilización de 24 horas.

Ahora, se trata de nuevo de parar la fuerza laboral del país en la medida de lo posible, aunque las organizaciones de trabajadores son conscientes de que no están ante la España de los 80, donde las huelgas generales detenían por completo la actividad productiva. Ahora aspiran a un paro “relevante”, a vaciar muchos centros de trabajo y, sobre todo, a llenar las calles por la tarde en manifestaciones masivas a lo largo y ancho del país.

Una frase que repiten varios delegados y delegadas en una asamblea de trabajadores de Getafe (Madrid) de los sindicatos mayoritarios aúna los motivos del paro del 11N. “No me llega”. Personas con trabajo, a veces que incluso logran subidas salariales notables, pero que ven cómo el salario se les esfuma entre los dedos cada mes tras pagar bienes básicos. Sobre todo la vivienda, pero también los alimentos y la energía en el contexto de inflación que vivimos desde hace años.

Los problemas para pagar un alquiler o una hipoteca incluso expulsan a los trabajadores de sus hogares y barrios. “Nos obligan a irnos, al extrarradio del extrarradio, nos quitan tiempo en transporte público. Tiempo con nuestra familia y dinero en transporte”, critica Miguel Ángel Kamisato, trabajador y delegado de CCOO en el sector de la limpieza. “Nuestros compañeros sienten que por mucho que trabajen, su vida no mejora”, comparte Sandra Luna Fernández, delegada de UGT en Carrefour. Que trabajan solo “para pagar facturas”. Al casero, al súper, a la gasolinera de turno.

Los sindicatos están tratando de reunir todo ese malestar y ponerle nombre, apellido y contexto. Generar conciencia y movilización. Explican que es el resultado de la crisis desbocada de los precios de la vivienda que llevamos años viviendo, pero también de unos salarios que no suben “tanto como deberían”, denuncian, en un contexto de beneficios empresariales récord. Es también fruto de la falta de servicios públicos y del papel mermado del Estado en las políticas de vivienda, pero no solo, con una privatización creciente de la sanidad y la educación, que llevan a las familias a pagar servicios que antes les ofrecía lo público. Otro bocado a su bolsillo y un deterioro de la calidad de vida y bienestar general de la sociedad.

“En el descanso, en el café, entre llamada y llamada si podemos respirar, en la salida, en cualquier momento”, instruye la responsable sectorial del Contact Center de CCOO en una asamblea a delegadas y delegados de preparación para la huelga del 11N. “A transmitir el mensaje con ilusión. Va a ser un día superbonito. A transmitir toda la fuerza que tiene el sindicato”, anima al resto de compañeras.

“La huelga va cogiendo pulso. Hay mejor ambiente del esperado al inicio”, explica Javier Pacheco, responsable de Acción Sindical de CCOO, que reconoce que en algunos ámbitos el paro por la vivienda pilló un poco por sorpresa, aunque las centrales de trabajadores llevaban meses hablando con las inquilinas. “El sector industrial parará bien y el comercio mejor que en otros paros, porque también les está afectando mucho los precios de los alquileres”, explica.

Entre los retos, además de un mercado laboral y tejido productivo más fragmentados, cuentan por primera vez con posibilidades de “esquirolaje tecnológico”, tanto por ser la primera huelga con teletrabajo significativo en España, como por la posibilidad de automatización de tareas. Prácticas a las que estarán vigilantes, pero que son “muy difíciles de controlar”, advierten en CCOO.

En UGT, Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical, coincide en que “las bases están respondiendo muy bien” a la movilización de la huelga y, especialmente, que están conectando con muchos trabajadores y trabajadoras jóvenes, menos cercanas a los sindicatos.

“La juventud lleva semanas dándonos lecciones bastante potentes”, coincide Miguel Fadrique, secretario general de CGT, que destaca su papel central en la movilización por la vivienda y las acampadas tras el desahucio de Maricarmen. Ahora, desde el sindicato tratan de vehicular y conectar todo eso con la movilización laboral, que en muchos casos les es ajena. “Hay una parte de la clase trabajadora que le falta un poco de conciencia obrera y de huelga”, explica Fadrique, para lo que este 11N no es solo un desafío, sino también una oportunidad.

La huelga también se calienta en los barrios

Por parte del Sindicato de Inquilinas, la acción sobre la huelga se canaliza a través de una aplicación donde se visualizan perfectamente las actividades y los barrios donde tiene lugar, Toka. A cinco días para la huelga, se han registrado más de 8.800 personas en la aplicación en 290 comités diferentes alrededor de España, con 1.899 actividades convocadas. Pegadas de carteles, reparto de octavillas, puntos informativos, chocolatadas... el despliegue en las calles busca resolver dudas, convencer a los que dudan y dar a conocer la huelga a quienes no conocen sus derechos o su mera existencia.

En los barrios, las asambleas abiertas organizan toda esta acción. Asistimos a una en Arganzuela, en la que se cuentan 23 personas. Prefieren que sus nombres no aparezcan y que no se den detalles de las acciones concretas convocadas para el día de la huelga. Hay varios profesores que además están implicados en la huelga de educación, un informático, un técnico electricista, una diseñadora, personas que militan en el Sindicato de Inquilinas y personas que no, dos militantes de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), un jubilado, vecinos del barrio.

Debaten sobre la chocolatada de barrio que se celebra el domingo para defender y dar a conocer la huelga a tres días que se celebre, sobre pegadas de carteles, reparto de octavillas, poner pegatinas en las bicicletas de Bicimad. Un militante explica que los antidisturbios les han retenido e identificado e impedido desplegar una pancarta en la M-30, los profesores explican su experiencia divulgando la huelga en los colegios y algunos que han repartido información a la salida de centros de trabajo reconocen que “a muchos cuando salen de trabajar no les apetece hablar”.

Se preguntan si se han sentido cómodos en las diferentes acciones y se plantean cómo hacerlo mejor o cómo dinamizar zonas menos conectadas con la huelga. Resuelven cuestiones logísticas como quien tiene un termo para la chocolatada o de dónde van a sacar las sillas y mesas. Son temas que se ponen encima de la mesa en la asamblea, pero que les acompañan también en grupos de WhatsApp.

A las asambleas de barrio no solo se llega a través del Sindicato de Inquilinas. Aunque es el colectivo con más fuerza y capacidad de movilización en clave de vivienda y quien convocó la huelga, al calor de la acampada de Sol se han reactivado y conectado movimientos vecinales. La acampada sigue organizando la acción de protesta mediante cuatro nodos, el Sur, el Norte, el Centro-Oeste y el Este, que aglutinan cada uno a diferentes barrios y municipios del área metropolitana y la sierra de Madrid. Desde ellos, se organizan acciones en barrios que no tienen asambleas y comités propios o bien se coordinan y se deriva a las personas a las organizaciones de sus barrios. Son las reuniones que, desde la acampada, nacieron para recuperar y reactivar el activismo en los barrios como sucedió en el 15M.

Aunque los nodos no son organizadas por el Sindicato de Inquilinas, sino por la Acampada, es común que asistan personas del sindicato o que las asambleas de barrio a las que se deriva desde ellos sean las mismas que aparecen en la aplicación de Toka, del Sindicato de Inquilinas. Los diferentes movimientos vecinales por la vivienda u otras causas y ciudadanos comprometidos sin militancia se van encontrando y fusionando en las actividades concretas. No hay división, hay organizaciones diversas que interactúan.

En un reparto de octavillas desde un punto informativo del barrio de Arganzuela, comprobamos cómo es la interacción con los vecinos. Héctor, fotógrafo de 28 años independiente, no afiliado al sindicato, y Paula, de la misma edad, funcionaria interina y militante en la asamblea de juventud del barrio, se dirigen a quien pasa cerca de la mesa puesta en el aparcamiento de la Casa del Reloj, frente al Matadero.

“¿La manifestación dónde y cuándo es? Que tengo que organizarme la semana”, pregunta una vecina. “Nosotros ya no podremos hacer huelga. Pero no te preocupes que a la manifestación iremos”, comenta un jubilado. “Ah, pues no sabía que había huelga, intentaré hacerla”, dice una vecina despistada. Otros pasan de largo sin interés, pero la sensación que predomina es de conocimiento e implicación con el paro.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado este viernes a la población trabajadora a secundar la huelga general del 11N para convertirla en una “marea de esperanza” de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con una victoria de fuerzas de izquierda frente a la derecha y extrema derecha, siguiendo la estela de lo conseguido por Lula da Silva en Brasil. “Vamos a poder vender a las encuestas”, ha afirmado Díaz.

“Si convertimos efectivamente esta huelga en un acicate para recobrar un poco la alegría, vamos a poder vencer a los algoritmos de los que forman parte esta jornada, pero también vamos a poder vencer a las encuestas. No os creáis el relato, no es verdad”, ha afirmado Yolanda Díaz, en unas jornadas de UGT sobre Inteligencia Artificial.

Yolanda Díaz ha insistido en que la gente que acude a las huelgas “tiene esperanza de mejorar su vida”. Esa esperanza y estado de ánimo, ha sostenido, es crucial para los procesos electorales, por lo que ha pedido que la movilización laboral y social por la vivienda, los salarios y los servicios públicos se transforme en una gran movilización por los derechos de las personas trabajadoras en las urnas.

Subirse a la nueva ola de “esperanza” internacional

“Los últimos procesos electorales están dando esperanza al mundo. No es verdad lo que dicen. Donald Trump acaba de ser derrotado de manera estrepitosa en las urnas. La ciudadanía de Estados Unidos ha condenado las políticas migratorias, los aranceles, el malestar que está generando y las guerras que Donald Trump causa en el mundo”, ha destacado Díaz.

“Y Lula ha ganado con esperanza. Necesitamos ganar el 29N con esperanza. Necesitamos ganar, no por el Gobierno de España, sino por la gente trabajadora de nuestro país”, ha sostenido la hasta ahora líder de Sumar en el Ejecutivo de coalición, que ha recordado que esta lucha ya se vivió en el 2023, con pocas opciones de partida, pero con un resultado final en el que las fuerzas progresistas lograron los votos para formar de nuevo gobierno.

Díaz ha afirmado a los sindicatos y a los trabajadores “que la misión es decirle a la gente que está en sus manos defender la democracia” y el avance de derechos, así como impedir futuros recortes, como en las pensiones, que “vuelven hoy a la carga” contra ellas, ha advertido la responsable de Trabajo en referencia a las declaraciones recientes de PP y Vox.

“Así que os pido que, sin hacer campaña, sí os movilicéis para la huelga. Que ganéis la huelga, que nos movilicemos para el día 29 la ganemos, que la ganemos con alegría y con optimismo”, ha insistido Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda no se presenta a las próximas elecciones generales y está inmersa en la campaña para tratar de dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los comicios son el próximo 16 de noviembre, en una carrera que se ha complicado en los últimos días, con el posicionamiento de la Confederación Sindical Internacional (CSI) a favor de su rival, el actual director de la entidad, Gilbert F. Houngbo. No obstante, en los sindicatos europeos se han desmarcado de esta posición y siguen impulsado el apoyo a Díaz.

Gran “enfado” en la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con la cúpula de la CSI (Confederación Sindical Internacional), Luc Triangle, por el respaldo mostrado hace unos días por la entidad hacia el togolés Gilbert F. Houngbo para que siga al frente de la Organización Internacional del Trabajo. Los sindicatos europeos, que habían apoyado la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz a liderar la OIT, mantienen su respaldo y trabajan para impulsar el voto a la aspirante española de las organizaciones de trabajadores, explican fuentes afiliadas a la Confederación Europea.

La división sindical se encuadra en la carrera electoral para elegir la próxima dirección general de la OIT, la agencia tripartita de Naciones Unidas encargada de velar por los derechos laborales a nivel internacional, que cuenta con representantes de Estados miembro, de organizaciones sindicales y empresariales. Los comicios se celebran el próximo 16 de noviembre, en los que se enfrentan el actual director, el togolés Gilbert F. Houngbo, y la vicepresidenta española Yolanda Díaz, tras la retirada hace unos días del candidato peruano, el exministro de Asuntos Exteriores Javier González-Olaechea.

En este contexto, el pasado 30 de octubre, la Confederación Internacional anunció en un comunicado su apoyo a Houngbo para un segundo mandato, “fruto de las reflexiones internas de la CSI”. Sin embargo, en los sindicatos europeos difieren de las tácticas de la cúpula mundial para anunciar este apoyo, que no comparten, y están trabajando en las últimas horas para ver cómo explicarlo a las organizaciones afiliadas e impulsar el voto a la española, que recuerdan que es secreto.

Una decisión no votada formalmente ni unánime

El comunicado generó un tremendo “enfado” en el sindicalismo europeo, explican fuentes afiliadas a la CES. Y no solo, sino que se extiende a “organizaciones americanas, asiáticas e, incluso, africanas”. Sindicatos peruanos habían apoyado a Yolanda Díaz en contra del candidato de su país (ya retirado), y también hay una gran simpatía de sindicatos brasileños –en línea con el Gobierno de Lula–, argentinos –sumidos en los ataques del Gobierno de Milei– y de otras confederaciones africanas y asiáticas, indican estas fuentes.

Estas fuentes explican que el apoyo de la CSI mundial a Houngbo no se adoptó por el Consejo General de la CSI, sino que se trató de una votación solo “indicativa”, no formal, introducida por una defensa directa del togolés por parte de su líder, Luc Triangle. Además, los europeos consideran que el comunicado parece dar a entender que el apoyo de la CSI es unánime, cuando en esa propia votación “indicativa” hubo muchos apoyos a Yolanda Díaz, destacan estas fuentes.

El apoyo de la CSI al togolés se produjo además el mismo día, con unos minutos de diferencia, que el de la pata empresarial (la Organización Internacional de Empleadores), algo que ha generado también mucho malestar en las organizaciones de trabajadores europeas.

Tal fue su relevancia que el candidato presentado por Perú, el excanciller Javier González-Olaechea, renunció a la carrera porque “estos respaldos implican la virtual reelección del Sr. Houngbo”, apuntó.

Según fuentes gubernamentales, la continuidad de la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz no está en cuestión, ni su compromiso para tratar de convertirse en la primera mujer al frente de esta agencia tripartita de Naciones Unidas encargada de fomentar los derechos laborales a nivel internacional y que está sumida en una profunda crisis de financiación por los impagos millonarios de los EEUU de Donald Trump.

Apoyo “creciente” a Yolanda Díaz de los países

En los sindicatos europeos no se resisten a dar por cerrada la batalla electoral por el liderazgo de la OIT, aunque se ha complicado con el comunicado de la CSI mundial, y mantienen su respaldo a la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Según fuentes afiliadas a la Confederación Europea, la candidatura de Díaz ha estado reuniendo el respaldo de numerosos gobiernos, con una acogida “creciente”, lo que de verdad planteaba posibilidades de disputar el puesto al actual director de la OIT.

Por eso, el “enfado” en el sindicalismo europeo y de otros países fuera del continente es mucho mayor, ya que se considera que las posibilidades de la española se están imposibilitando desde la dirección de la CSI mundial, cuando en los últimos meses se había reconocido que el programa de Díaz era más positivo para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y pese a las críticas recientes de la parte trabajadora en la OIT a la gestión del togolés en la actual crisis financiera del organismo de Naciones Unidas.

En la Confederación Europea recuerda la gran crisis financiera que atraviesa la OIT, por los impagos millonarios de la Administración Trump, y las críticas a la gestión de Houngbo, por ejemplo, en la supresión de más de 200 puestos desde 2025, la aprobación reciente de 73 despidos adicionales y decisiones en las relaciones con Washington, principal responsable de la asfixia financiera de la entidad, como el nombramiento por parte de Houngbo de un alto funcionario de la Administración Trump, un MAGA, como Director General Adjunto, que después se vio obligado a revocar.

En este contexto, en las últimas horas, con vistas a las audiencias privadas del próximo 9 de noviembre que tienen los dos candidatos, se ha trabajado en una carta de queja a la CSI de toda esta situación, apoyando a Yolanda Díaz, que han firmado de los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios españoles, CCOO y UGT.

Desde la dirección de la Confederación Europea, dirigida por la irlandesa Esther Lynch, se pretende difundir esta carta y animar a las organizaciones europeas a votar con toda la información de lo sucedido, de forma secreta, como permite la OIT. La carrera de Díaz se ha complicado con el paso de la dirección de la CSI, reconocen varias fuentes, pero sus aliados no la dan por perdida.

La patronal quiere frenar el aumento del salario mínimo, que Trabajo pretende aumentar a 1.286 euros brutos al mes antes de las elecciones, y pide que sea el próximo Gobierno que salga de las elecciones del 29N quien negocie el incremento.

CEOE y Cepyme consideran que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) planteada por el Ministerio de Trabajo para 2027, del 5,3%, hasta alcanzar los 18.004 euros anuales, “supone una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales”, han afirmado las principales organizaciones empresariales del país en un comunicado conjunto.

“CEOE y CEPYME reiteramos nuestro compromiso con la mejora de los salarios, pero rechazamos su utilización política y reclamamos que cualquier decisión se adopte mediante un diálogo social leal, con criterios económicos objetivos y teniendo en cuenta su impacto sobre el empleo, las empresas y las familias”, sostienen.

“Por ello, emplazamos al Gobierno que salga de las elecciones a negociar la actualización del SMI a partir del mes de diciembre”, reclaman las patronales dirigidas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel.

El Ministerio de Trabajo pretende aprobar el aumento antes de los comicios generales, con la mirada puesta en el Consejo de Ministros posterior a la huelga general del 11N, el del 17 de noviembre, o el siguiente, el del 24 de noviembre, según fuentes del diálogo social.

CCOO y UGT “valoran” la subida, aunque es posible que no la respalden

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han lanzado un comunicado en el que “valoran la propuesta de subida del salario mínimo interprofesional”, que consideran “relevante” aunque algo “corta”, por debajo de su petición del 7%, ha recordado el líder de CCOO, Unai Sordo.

“Esta subida da continuidad a la política salarial que el Gobierno ha mantenido en los últimos años y supone un nuevo impulso para los salarios más bajos, que acumulan un incremento cercano al 75%”, destacan las dos centrales de trabajadores.

Ambas recuerdan que el SMI ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a los 1.286 euros que se proponen para 2027, un avance que “ha sido compatible con la creación de empleo y decisivo para reducir la pobreza laboral y la brecha salarial de género”, subrayan.

Las organizaciones sindicales reivindican dos peticiones más relacionadas con el salario mínimo. En primer lugar, que no tribute, para que la subida llegue íntegra al bolsillo de los trabajadores, algo que ha prometido el Gobierno, pero para lo que es necesario la aprobación de la medida por ley más allá del real decreto que fija el SMI. Y en segundo lugar, reclaman que el Gobierno cumpla la promesa de reformar las reglas de absorción de pluses salariales, para evitar que las empresas los reduzcan y se 'coman' el aumento del salario mínimo.

Esta última reforma, que previsiblemente no va a salir adelante en la recta final de la legislatura, es muy posible que suponga que los sindicatos no apoyen el aumento del salario mínimo este año, que es además inferior a su petición del 7%.

De cumplirse esta falta de acuerdo, sería la primera vez que el Gobierno de coalición subiera el salario mínimo interprofesional (SMI) sin el respaldo de las dos grandes centrales de trabajadores en todo su mandato. La última vez que sucedió fue en 2019, cuando el Gobierno monocolor del PSOE pactó con Podemos el aumento del SMI a los 900 euros al mes.

El salario mínimo subirá un 5,3% hasta los 1.286 euros brutos al mes. Es decir, 65 euros más al mes respecto a los actuales 1.221 euros brutos al mes. El Ministerio de Trabajo ha dado el primer paso para aumentar el salario mínimo interprofesional de 2027, para lo que ha colgado un borrador de real decreto a Audiencia Pública, con el objetivo de aprobar la medida antes de las elecciones generales.

El aumento elegido finalmente por el departamento de Yolanda Díaz es algo superior a la recomendación de la Comisión de expertos del salario mínimo del Ministerio de Trabajo, que recomendó un alza del 4,9%, en línea con el dato de inflación interanual de octubre, para que estos salarios no perdieran poder adquisitivo.

En el decreto se apunta que la cuantía es “el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores”, que incluyen: el índice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Fuentes de Trabajo explican que la cifra elegida pretende blindar el poder adquisitivo para el próximo años, según la inflación actual, y compensar la pérdida de poder adquisitivo del SMI este año, que aumentó un 3,1% respecto a “la inflación media del 3,5%” en el periodo, sostienen.

En el borrador del real decreto figuran varias de las cuantías liadas al salario mínimo, que quedan como sigue (en cuantías brutas): el SMI diario aumenta a 42,87 euros; el SMI mensual alcanza los 1.286 euros, y SMI anual se situará en 18.004 euros.

En cuanto al SMI para personas con contrato de duración determinada, alcanzará los 60,88 euros brutos por jornada legal en la actividad, y el SMI empleados de hogar aumenta a 10,06 euros brutos por hora efectivamente trabajada.

El Gobierno se ha comprometido a que el salario mínimo siga sin tributar en 2027, para lo que es necesario que el Ejecutivo apruebe, además de este real decreto, alguna ley en la que se incluya la ampliación de la deducción fiscal vigente en estos momentos para el SMI de 2026.

Aprobación antes de las elecciones

El departamento que dirige Yolanda Díaz ha dado comienzo así a los trámites preceptivos para poder aprobar la norma en las próximas semanas.

Con la convocatoria electoral, del próximo 29 de noviembre, Trabajo aceleró los pasos para aprobar este aumento del SMI antes de los comicios. En los últimos años, el alza se ha aprobado iniciado el año, en enero o febrero.

En el decreto, Trabajo justifica su aprobación ya porque “no aprobar un real decreto con el contenido establecido supondría el incumplimiento del mandato previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que insta al gobierno a revisar de manera anual la cuantía del SMI”. Esta decisión quedaría en manos del siguiente ejecutivo que salga de las urnas, que al menos no tomará posesión hasta enero, ya que las Cortes se constituirán a finales de diciembre, el día 23.

Fuentes del diálogo social sostienen que el Ministerio de Trabajo baraja aprobar la subida en el Consejo de Ministros posterior a la huelga general del 11N. Es decir, el próximo 17 de noviembre.

Falta de acuerdo con los sindicatos

En la reunión mantenida este miércoles, el Ministerio de Yolanda Diaz ha trasladado a los agentes sociales el informe del Comité de expertos para la subida del salario mínimo y, además, ha escuchado a los interlocutores sociales, los sindicatos y las patronales mayoritarias, sobre su postura para el aumento del SMI.

Los sindicatos CCOO y UGT han presentado su propuesta de aumento del 7% y la aprobación de la reforma comprometida de la compensación de los pluses salariales, para que las empresas no absorban la subida del salario mínimo.

Los empresarios por su parte han rechazado un aumento del salario mínimo en este momento, justo antes de las elecciones generales.

Fuentes sindicales apuntan que es “muy posible” que el Gobierno apruebe la subida al salario mínimo sin el respaldo sindical debido a que la cifra de aumento planteada por Trabajo es inferior a su propuesta y, además, todo indica que no se aprobarán la reforma de los pluses salariales.

De cumplirse esta falta de acuerdo, sería la primera vez que el Gobierno de coalición subiera el salario mínimo interprofesional (SMI) sin el respaldo de las dos grandes centrales de trabajadores en todo su mandato. La última vez que sucedió fue en 2019, cuando el Gobierno monocolor del PSOE pactó con Podemos el aumento del SMI a los 900 euros al mes.

La OCDE, el llamado Club de los países ricos, ha publicado este miércoles su informe anual de Perspectivas sobre Pensiones, correspondiente a 2026, en el que advierte de que en muchos países la población necesitaría ahorrar más para acceder a una jubilación suficiente, que sitúa en una pensión del 70% del último salario. España es uno de los pocos países, nueve en total, excluidos de esta situación, ya que su actual sistema ya garantiza esta nivel a los pensionistas. En el caso de España, gracias al sistema público de pensiones.

“La magnitud de los activos de las pensiones no garantiza por sí sola unos ingresos adecuados para la jubilación”, sostiene el informe. “En muchos países, es poco probable que los regímenes obligatorios por sí solos sean suficientes para segmentos significativos de la población”, añade.

Así, la OCDE sitúa que “la brecha de cotización es del 10% o más para los trabajadores varones con salarios medios en 17 de los 41 países”. Es decir, que estos trabajadores tendrían que aportar al menos el 10% de sus ingresos a un plan de pensiones voluntario para alcanzar la tasa de sustitución objetivo del 70%, además de lo que ya aportan a sus sistemas de pensiones obligatorio.

La brecha de cotización varía según los países. La OCDE señala un grupo con menos del 5% de “brecha” –Bulgaria, Costa Rica, Finlandia, México, Nueva Zelanda, la República Eslovaca, Suecia y la República de Turquía–, y otro con “más del 15%” de brecha, donde se sitúa Croacia, Irlanda, Corea, Lituania y Polonia.

“En nueve países, la brecha de cotización es nula, ya que el sistema de pensiones obligatorio ya ofrece una tasa de sustitución prevista de al menos el 70% para los trabajadores varones con salarios medios”. En este grupo está España, acompañada de Austria, Colombia, Dinamarca, Grecia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal.

No obstante, la OCDE precisa que estas brechas deben entenderse como “mínimos” y que pueden ser superiores. En concreto, menciona el caso de España como uno de los países donde el gasto en pensiones va a aumentar más de tres puntos del PIB hasta 2050, junto a Corea, Lituania, Luxemburgo, Eslovenia, y anticipa posibles reformas que recorten el gasto, reduciendo esta tasa de sustitución respecto al último salario, lo que generaría nuevas brechas.

“Es posible que algunos países apliquen reformas de las pensiones para limitar el aumento del gasto, lo que podría dar lugar a menores tasas de sustitución futuras por parte de los sistemas de pensiones obligatorios y aumentar la brecha de cotización”, recoge el estudio.

España, la excepción que reduce la aportación a planes privados

El informe también señala a España como el único país en el que la aportación a planes de pensiones privados se ha reducido en el largo plazo, en un panorama de aumentos generalizados de estos instrumentos de ahorro para la jubilación.

Así, recoge que “las aportaciones a los planes de pensiones han aumentado en 2025 y a lo largo de las últimas décadas en la mayoría de las 53 jurisdicciones analizadas, incluidos 25 países de la OCDE”.

España, por el contrario, experimentó un descenso de las aportaciones a largo plazo, aunque el informe sostiene que esta tendencia “podría estar invirtiéndose”, ya que las aportaciones a los fondos de pensiones aumentaron en 2023 (un 9%), 2024 (un 10,9%) y 2025 (un 3,3%).

Las aportaciones a los planes de pensiones pueden crecer cuando más personas tengan acceso a estos planes, participen en ellos y realicen aportaciones, o cuando se paguen aportaciones más elevadas, explica la OCDE.

Además, el informe destaca a España en otro aspecto. Se sitúa a España como uno de los países con comisiones más altas a los clientes de planes de pensiones personales, de alrededor del 1,2%.

El proceso de regularización de migrantes sigue impulsando la afiliación de nuevos trabajadores de alta a la Seguridad Social, que está registrando cifras extraordinarias. Este octubre, el empleo creció más que nunca este mes, en unas 187.000 personas, lo que rompió un nuevo máximo histórico de más de 22,6 millones de personas trabajadoras de alta en la Seguridad Social en España. Por su parte, el paro registrado creció en 43.100 personas, más que en los últimos años, también influido por los movimientos del proceso de regulación. 

El balance global es de 22.624.165 personas ocupadas de media afiliadas a la Seguridad Social, así como un total de 2.422.633 personas paradas apuntadas a las oficinas públicas de empleo, ‘la cifra más baja en este mes desde 2007“, destaca el Ministerio de Trabajo. 

Tras el nuevo récord de más de 22,6 millones de afiliados de alta en la Seguridad Social hay varios máximos. Tanto de mujeres, que superan los 10,7 millones, como de hombres, que rozan los 12 millones, de trabajadores autónomos, por encima de los 3,5 millones por primera vez en la serie, así como de personas extranjeras, que se acerca a los 3,7 millones de trabajadores de alta. 

La Seguridad Social destaca el especial buen dinamismo del empleo extranjero, que suma casi 64.000 afiliados en el mes de octubre y eleva el porcentaje de estos trabajadores al 16,4% del total.  

La regularización suma ya casi medio millón de nuevos afiliados

Si se realiza una fotografía específica del impacto de la regularización de migrantes en el mercado laboral, a finales de octubre, el número de afiliados extranjeros en alta provenientes de este proceso alcanzó las 490.586 personas. Y el dato de quienes han logrado un empleo en algún momento desde abril, cuando se inició este procedimiento, es mayor: “557.410 afiliados” que han estado “al menos un día en alta”. 

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes de este proceso es Colombia (27,6%), seguido de Venezuela (15,7%).   

Del total de personas regularizadas de alta, el 75% están empleadas como trabajadoras por cuenta ajena del Régimen General, un 6% en el Régimen de Autónomos (sin tener en cuenta el SETA agrario). Por sexo, el 60% son hombres y el 40%, mujeres. Por comunidades autónomas, Catalunya y Madrid concentran el mayor aumento de trabajadores, con el 39% del total entre ambas regiones. 

Acelera la creación de empleo

El fuerte empuje de la afiliación el mes pasado supuso una nueva aceleración de la creación de empleo, con un ritmo que aumentó al 3,6% interanual (respecto al 3,4 del mes anterior), lo que supone un incremento de casi 785.000 personas afiliadas en el último año. 

Según el dato desestacionalizado, que aísla el mercado laboral de vaivenes propios de la estacionalidad y el calendario, el empleo aumentó en 90.300 personas en octubre, algo menos que en septiembre, que registro casi 109.000 trabajadores más respecto al mes anterior. 

Por sectores, el mayor aumento del empleo en el último año de registra en la construcción (+7,3%), seguida de Actividades Inmobiliarias (+5,8%), Actividades Artísticas, Deportivas y de Entretenimiento (+5,3%) y Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos (+5%).  

El paro aumenta hasta 2,4 millones de personas 

Por el lado del paro, el incremento de 43.100 personas desempleadas apuntadas al SEPE supone una cifra elevada respecto a los últimos años, el doble que en octubre de 2025, pero inferior a la media de la serie histórica, destaca el Ministerio de Trabajo. 

En los últimos meses, el dato de paro también se está viendo afectado por el proceso de regulación de migrantes, con mayores aumentos de lo habitual. Pero en el departamento de Yolanda Díaz insisten en que no son cifras alarmantes, con el grueso de personas dirigidas al empleo, y consideran que el paso por el paro en muchos casos será breve y casi “burocrático” hasta lograr un primer empleo formal, con ayudas para las empresas al darles de alta desde el SEPE. 

Así, el total de paro registrado supera los 2,4 millones de personas (más de 1,4 millones de mujeres y casi un millón de hombres). En el último año, el paro se redujo en unas 21.100 personas (-0,9%). 

En cuanto al tipo de contrato, el peso de los trabajadores temporales se encuentra situado en el 12,1%, “frente al 28,3% que suponía en octubre de 2021”, antes de la reforma laboral, recuerda el Ministerio de la Seguridad Social. “Entre los menores de 30 años, la tasa de temporalidad es del 19,9%, cuando hace un lustro era del 51,7%”, subraya el departamento de Elma Saiz.

Una “amenaza”. Así han percibido en los grandes sindicatos de clase las palabras coincidentes de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal contra ellos por promover la huelga por la vivienda del próximo 11 de noviembre. Los líderes del PP y de Vox se han parapetado en los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) para reclamar que se desconvoque la protesta. Feijóo incluso fía su futura “interlocución” en el diálogo social a que se cumplan sus deseos. Su socio fue más explícito: “Tomaremos nota”. Todo, el día en que Óscar Puente comparecía ante el Congreso para informar del siniestro y a menos de un mes de las elecciones.

Feijóo y Abascal coincidieron en sus mensajes este martes. El líder del PP abrió fuego. “Antes era incomprensible. 69 muertos después, es un grave error. No la hagan”, espetó sobre la huelga del 11N en un acto informativo. El líder de Vox replicó la consigna poco después en Telecinco, dijo que la protesta “no tiene sentido” y planteó que los convocantes “deberían tener un mínimo de vergüenza”

Las críticas contra la huelga no son nuevas, y en ellas han coincidido en las últimas semanas Feijóo y Abascal, quienes han firmado un amplio acuerdo para concurrir juntos en diferentes circunscripciones al Senado. Este mismo martes, Miguel Tellado, número dos del PP, pidió el voto para Vox en esas provincias.

“Ya entonces era un profundo error de concepto”, apuntó este martes Feijóo sobre la convocatoria inicial. Y añadió: “En las circunstancias actuales, debe de desconvocarse”. El líder del PP, que no explicó las relaciones entre el accidente ferroviario y la huelga del 11N, mantiene la tesis de que la protesta se ha convocado contra él. “Las huelgas generales no se convocan contra quien no gobierna”, dijo, aunque desde el Sindicato de Inquilinas y el resto de organizaciones donde se ha fraguado la movilización por la vivienda y el 11N sí se ha señalado al Gobierno.

“Pero hoy la situación es todavía más grave” aseguró Feijóo. “España acaba de vivir una tragedia y han quedado a la vista de todos las debilidades profundas del sistema cuya responsabilidad política corresponde exclusivamente al Gobierno”, dijo.

Abascal: “Tomaremos nota”

Feijóo negó que su intención fuera “abrir un frente” con los sindicatos. Pero sus palabras han enfurecido a CCOO y UGT, que las tildaron de “amenaza” por esas advertencias a futuro, cuando sea presidente del Gobierno. Porque el líder del PP parece verse, esta vez sí, en el Palacio de la Moncloa.

“Yo necesito interlocutores sindicales con los que me pueda sentar, con los que me pueda hablar, dialogar, discrepar y acordar”, dijo. “Y si esos interlocutores sociales inician la legislatura con un problema reputacional, serán más débiles”, apuntó. “Y si adoptan el criterio de no convocar la huelga en este momento, creo que mejora su reputación, mejora su credibilidad y, por lo tanto, facilita la interlocución”, concluyó.

Feijóo, incluso, reconoció que había presionado a través de “líderes dentro de las federaciones de Comisiones Obreras y UGT”. Mucho más contundente fue Abascal, quien directamente dijo que “tomará nota si hay un cambio de ciclo en España” tras los comicios generales.

“Amenaza” a los sindicatos y ataque “sucio” 

Desde el PP niegan que haya existido una coordinación con Vox. Pero no descartan represalias contra los sindicatos si Feijóo gobierna. “Lo iremos viendo”, apuntan desde la dirección del partido a elDiario.es. “A lo mejor les hemos convencido y la cancelan”, ironizan.

Pero los líderes de los sindicatos mayoritarios y el Sindicato de Inquilinas no parecen estar por la labor y, de hecho, rechazaron de forma inmediata las palabras de Feijóo y de Abascal como “insultantes” y “patéticas”.

“Intentar utilizar el accidente contra la huelga es patético y es no entender nada de estas movilizaciones, que luchan precisamente por unos mejores servicios públicos”, afirma Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a este medio.

“Suena a amenaza”, interpretan desde la dirección de UGT. “Sobre todo si sumamos las declaraciones de Abascal”, añaden.

En los sindicatos hay incluso quien ve una “campaña orquestada” que trata de “deslegitimar” a las centrales de trabajadores, con un aumento de las informaciones críticas contra ellos desde el anuncio de la convocatoria de la huelga general del 11N, apunta una fuente a este medio.

“El enfoque es un despropósito”, valoran en la cúpula de CCOO sobre la vinculación directa de Feijóo de la huelga con las 69 personas fallecidas en el siniestro ferroviario. “Es muy poco elegante y muy sucio”, lamentan en el sindicato.  

Ataque que “se le vuelve en contra”

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, criticaron públicamente este martes que Feijóo ignore en su ataque a la huelga los motivos que impulsan la movilización, que son algunos de los principales problemas que la ciudadanía señala en los sondeos: el problema generalizado de acceso a la vivienda, los bajos salario y el futuro de unos servicios públicos en deterioro, como la sanidad, la educación y “la red ferroviaria”.

Los sindicatos ya han anunciado una huelga en Adif el próximo 17 de noviembre que algunos quieren extender a Renfe.

Sordo y Álvarez mandaron al líder del PP otro mensaje: ¿cómo va a mejorar la inversión en la red ferroviaria, y otros servicios públicos, si pretende gobernar con Vox, que quiere desplomar los ingresos fiscales en 64.000 millones de euros? “Quien tiene que dar explicaciones es él, que aspira a gobernar con un partido que quiere reducir de una forma absolutamente bestial la recaudación del Estado. Esto se le vuelve en contra”, contraatacan en CCOO. 

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han respaldado este martes la huelga general del próximo 11 de noviembre por una vivienda y salarios dignos tras la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que la desconvoquen. “No la hagan”, ha pedido Feijóo ante las elecciones y el accidente de Urda. El líder de CCOO, Unai Sordo, le ha invertido su comentario y le ha pedido que “no lo haga”, que “no gobierne” con un partido que pretende desplomar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros y “arruinar” los servicios públicos y el país.

Ambos secretarios generales de los sindicatos mayoritarios han respondido a las palabras de Alberto Núñez Feijóo en una breve intervención en la Cadena Ser. También el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha respondido mediante un mensaje en X, diciendo que desconvocar la huelga “no resuelve la crisis de vivienda”.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha respondido al líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien ha pedido a los sindicatos que se replanteen la convocatoria de huelga general, que desconvocar la jornada de protesta del próximo 11 de noviembre “no resuelve la crisis de vivienda”. La portavoz Alicia del Río ha añadido además, en declaraciones a elDiario.es, que “intentar utilizar el accidente contra la huelga es patético y es no entender nada de estas movilizaciones, que luchan precisamente por unos mejores servicios públicos”.

“Yo le pregunto al señor Feijóo, ¿usted está dispuesto a gobernar con un partido que dice que hay que rebajar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros y un 4% del PIB? ¿Con qué recursos va a afrontar, por tanto, el refuerzo de las infraestructuras públicas? Esa es la pregunta”, ha insistido Sordo en una declaración en un acto de CCOO Aragón.

El secretario general de CCOO ha subrayado cómo se puede hacer eso “sin arruinar” al país, sin arruinar a la ciudadanía y los servicios públicos, como la sanidad, la educación y la inversión ferroviaria, ahora que está el debate también en esta partida tras el accidente mortal de Urda, en el que han fallecido 69 personas.

“Insultante” la petición, sin responder a los motivos del paro

Feijóo ha sostenido a las organizaciones convocantes que “en un país no todo puede leerse con el prisma del interés partidista”. “Por eso”, ha añadido el líder del PP, “en las circunstancias actuales, la huelga general prevista para la próxima semana debe de desconvocarse”.

“Me resulta un poco insultante el argumento”, ha respondido por su parte el líder de UGT, Pepe Álvarez, sobre la petición de Feijóo. “No nos ha dado ningún argumento de fondo para desconvocar la huelga”, ha apuntado sobre las menciones del líder del PP a desconvocar el paro “a tres semanas de ser llamados a las urnas”, sin referirse a los motivos del paro.

Los dirigentes de CCOO y UGT han reivindicado los motivos por los que multitud de sindicatos, junto al Sindicato de Inquilinas, emplazan a parar el próximo miércoles 11 de noviembre: la dificultad de acceso generalizada a una vivienda digna, así como la exigencia de subidas salariales a las empresas para poder garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, en un contexto de márgenes empresariales récord.

Feijóo “se siente aludido” con la huelga

El líder de CCOO ha destacado que Feijóo “se siente aludido” con la convocatoria de la huelga general y “por algo se sentirá aludido”. Los sindicatos también han incluido en los motivos del paro general del 11N la defensa de los servicios públicos y de derechos como las pensiones públicas, sistema que el PP y Vox han cuestionado en las últimas semanas.

Además, el líder del PP también ha anunciado varias medidas contra “el absentismo”, en referencia a las bajas médicas de trabajadores, muy criticadas por los sindicatos, como que aprobaría que las mutuas puedan dar el alta en enfermedad común en caso de gobernar.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios han advertido en estos días de que el paro general del 11N es una huelga atípica, pero que no es una huelga “contra la oposición”, como ha dicho Feijóo, sino contra todos los actores involucrados en las políticas de vivienda –desde el Gobierno central a las Comunidades Autónomas (con más competencias) y los ayuntamientos–, así como contra la patronal, por las políticas salariales y de reparto de la riqueza.

Sordo ha añadido además que “el poder legislativo, es decir, las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado, son tan susceptibles de ser criticados y ser emplazados como pueda ser el poder ejecutivo”.

“Y si el partido del señor Feijóo ha decidido votar en contra de la convalidación de dos decretos sobre vivienda, pues podrá ser apelado como poder legislativo. O si ha decidido votar en contra de la reducción de la jornada laboral, pues podrá ser señalado por las organizaciones sindicales que hemos pactado con el Ejecutivo esa jornada laboral”, ha añadido el secretario general de CCOO.

El mayor accidente de la alta velocidad en España, que ha dejado al menos 69 personas fallecidas en el siniestro de Urda (Toledo) y más de un centenar de heridos, ha puesto el foco en cómo funciona el control de la circulación ferroviaria. Especialmente, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalara al error “inexplicable” del puesto de mando de Atocha que autorizó la marcha del AVE que colisionó con el Iryo. La plantilla y los sindicatos, indignados por el señalamiento de los trabajadores de circulación, advierten de que llevan tiempo denunciando la falta de personal, la elevada carga de trabajo y “presión”, así como la cada vez mayor inexperiencia de los trabajadores que llegan a los puestos de mando, explican varias fuentes a elDiario.es.

La mirada se ha dirigido a los puestos de mando del control de la circulación ferroviaria (denominados “CRC” por Adif, la empresa pública responsable de esta tarea). En estos, el día a día de las líneas ferroviarias son controladas desde distintas mesas, en las que un operario –con el cargo de “responsable de circulación”– está a cargo de una determinada línea, o parte de ella, con todas sus estaciones. Además, puede haber auxiliares que ayuden a estos operarios y, por encima están las figuras de los “supervisores de circulación” y, después, el “técnico de circulación”, como jefe del puesto de mando.

“En mis años como responsable de circulación, desde 2008, nunca tuve un auxiliar. Jamás en mi vida. En control de circulación siempre andan racaneando, vamos con el personal justo”, denuncia un trabajador de Adif que ha ocupado varios puestos de mando y que pide no ser identificado.

Tras la tragedia de Urda, que se suma a los accidentes de Adamuz y Gelida (Barcelona) este mismo año, todos los sindicatos contactados (CCOO, UGT y CGT), mayoritarios en el sector, han lamentado el señalamiento por parte del Ministerio de los “errores” del personal del puesto de control, obviando condiciones laborales que llevan tiempo denunciando y que consideran relevantes para entender cómo se trabaja en estos puestos. Y también los posibles errores que puedan cometerse.

“Las personas no somos la causa, somos la consecuencia. Hay que aprender de lo que ha sucedido, analizar el contexto y ver cómo se ha desarrollado y qué ha influido” en el accidente, sostiene Antonio Tobal, responsable de seguridad en la circulación de UGT en ADIF.

El ministro Puente ha insistido en que el problema de las condiciones laborales que denuncian los sindicatos puede no estar detrás de lo ocurrido. “Si hay miembros de la plantilla que hablan de fallos recurrentes, se estudiará”, dijo el titular de Transportes en su comparecencia de este viernes, en la que matizó que esos condicionantes de carácter laboral pueden ser “perfectamente entendibles”, pero el objeto de la investigación es saber si tienen que ver o no con el accidente. Además, el ministro destacó que el personal del puesto de control de Atocha ha aumentado, de 70 en 2012 a 133 en la actualidad.

Un relevo generacional que ha vaciado de experiencia el control

Fuentes de la plantilla y los sindicatos critican sobre todo la “falta de personal” y la cada vez “menor experiencia” en los puestos de mando de control de la circulación ferroviaria, que en alta velocidad se ha visto incrementada con la liberalización. Hay un mayor número de trenes y también un aumento de las incidencias de una red que va deteriorándose por los años y el aumento de circulaciones.

En los últimos años, los puestos de control –así como otras dependencias del sistema ferroviario, como los maquinistas– están perdiendo un gran número de efectivos por las jubilaciones, “algo totalmente previsible” y que se mantiene para los próximos años, recuerda Noelia Martín, secretaria general del Sindicato del Sector Federal Ferroviario de CGT.

En estas salidas, han abandonado la empresa gran parte de “los militares” que ocupaban los puestos de mando de circulación ferroviaria con gran dedicación y muchos años de experiencia, explican varios trabajadores. Se trata del personal que entró en Renfe a través de la mili, en el Servicio de Ferrocarriles, y que luego lograban trabajo en el ferrocarril. Estos “antiguos ferroviarios” concebían el puesto de mando como “una forma de vida”, explican los trabajadores.

Toda esa experiencia ha ido saliendo “sin un relevo general adecuado”, denuncian CCOO, UGT y CGT. Durante años, especialmente en la pasada crisis financiera, no había oposiciones que permitieran una entrada escalonada de efectivos, con tiempo para que se formaran en puestos menos exigentes y para que aprovecharan el conocimiento de los compañeros más mayores.

En los últimos años ha habido un mayor número de entradas de trabajadores, pero ante la urgencia de cubrir los puestos en el control que se quedaban desiertos, se han ido incorporando compañeros cada vez con menos experiencia a las mesas de circulación. Algo que en el pasado no sucedía, señalan los sindicatos y trabajadores contactados.

“Si tienes suerte, te toca un compañero que lleva 18 o 19 años y tiene bagaje suficiente para explicarte los intríngulis. Si te toca un compañero que lleva dos años, tiene conocimiento, pero evidentemente le falta experiencia”, explica Antonio Tobal (UGT).

“Hay puestos de mando donde alrededor del 80% del personal es de nuevo acceso”, sostiene Noelia Martín, secretaria general de SFF-CGT, en referencia a trabajadores que han entrado desde 2016, cuando volvió a abrirse la mano con las nuevas promociones de opositores.

Un trabajador de Adif denuncia que la incorporación de personal sin experiencia ya está alcanzando no solo a los operarios responsables de la circulación de una mesa, sino “también a supervisores”. “Es muy preocupante, al puesto de mando antes se llegaba bregado en distintos escenarios y con tablas. Eso se ha roto y hay gente que está llegando a supervisor con un año de experiencia”, sostiene este empleado.

El responsable de circulación que controlaba la línea del accidente de Urda llevaba unos meses en el puesto y tenía dos años de experiencia, según afirmó el ministro Puente.

Piden más formación en “incidencias” y más personal

“Como no ha habido ese relevo generacional ordenado antes, ahora hay gente con poca experiencia. Porque, si no, no podían cubrir los CRC (puestos de mando). Y esto no pasa solo en control, también ocurre en los maquinistas. Y al final, se suman inexperiencias”, subraya Noelia Martín (CGT), que reconoce que Adif “aumentó la formación” para estos trabajadores, aunque en estos días se cuestiona si de manera suficiente.

“Falta más formación en resolución de incidencias. Antes lo suplían esos 40 años de trabajo de muchos profesionales. Ahora eso a lo mejor hay que resolverlo con formación continua. Como hacen por ejemplo los bomberos y policías, con sus simulacros, para saber gestionar el estrés, la fatiga y todas estas incidencias”, considera el responsable de seguridad de UGT.

En cualquier caso, en los sindicatos y la plantilla se pone el acento en la “gran carga de trabajo”, “mucha presión” y “estrés” del puesto de responsable de circulación, que consideran que necesita de más personal, con más ayuda de auxiliares, cuyo número ahora mismo tachan de “insuficientes”. Los trabajadores denuncian incluso la imposibilidad de realizar los descansos necesarios en materia de prevención y que en ocasiones solo pueden levantarse de su puesto para lo estrictamente necesario, como ir al baño.

Sobre la presión, un trabajador señala que esta es especialmente elevada en la alta velocidad, por el tipo de servicio, número de pasajeros y, ahora con la liberalización, con hasta tres compañías que “piden explicaciones” por las demoras e incidencias. “Hay mucha presión, un retraso de media hora en un AVE sale en la televisión. Y eso es lo que importa, que sale en la televisión”, lamenta.

Un antiguo responsable de circulación alerta de la complejidad del puesto, con la “atención dividida” a un gran número de trenes, estaciones y kilómetros de vía, con varios ordenadores a la vez y en comunicación continua con múltiples actores. En este contexto, señala, la experiencia es muy importante, pero también los recursos, tanto humanos como técnicos. “Yo me vi en ocasiones desbordado en la mesa, y no fue al principio de mi carrera. No tenía a nadie a mi lado, pero no hubo ningún riesgo porque estaba también la tecnología funcionando. Sin eso, como ha ocurrido ahora, no sé qué habría pasado”, sostiene el trabajador.

Los sindicatos CGT y UGT han anunciado este viernes que impulsarán huelgas en el sector ferroviario para exigir varias mejoras tras este último accidente mortal. El ministro Óscar Puente se ha comprometido a “mejorar la calidad de vida y de prestaciones laborales” de los trabajadores. “Pero no vamos a admitir que se mezclen condiciones laborales que puedan no tener relación con los hechos”, sostuvo este viernes.

La exministra de Trabajo Fátima Báñez ha fallecido este miércoles en el accidente ferroviario de dos trenes de alta velocidad en Toledo, en el que han muerto al menos 69 personas. Báñez era natural de San Juan del Puerto (Huelva) y tenía 59 años. Fue ministra de Trabajo con el Partido Popular desde 2011 a 2018, todo el mandato del presidente Mariano Rajoy, con el que firmó la reforma laboral de 2012, motivo de una de las últimas grandes huelgas generales en el país, muy criticada por los sindicatos y la izquierda y a la que quedó ligada como la medida más destacada de su carrera política. 

Casada y con dos hijos, siempre embajadora de su tierra de origen, tanto Huelva como Andalucía, Báñez ha fallecido este miércoles mientras viajaba a Sevilla para participar en un acto de la patronal por el Día de la Empresa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). La CEOE la fichó en 2020 en plena pandemia para el proyecto ‘Empresas que ayudan’ durante la crisis de la COVID de la Fundación CEOE, que unos meses más tarde pasó a presidir. 

Aunque se apartó de la política más activa en 2019 seguía participando en actos del PP y formaba parte de la Fundación Reformismo 21, creada por el actual presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles le dedicaba unas palabras de afecto mientras aún estaba desaparecida. También Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, con el que iba a verse en Sevilla tras el viaje, que desgraciadamente acabó en tragedia.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE en 1992, Fátima Báñez desarrolló la mayor parte de su carrera profesional como política, en distintos cargos como representante del Partido Popular. 

De 1997 a 2000 fue miembro del Consejo de Administración de RTVA (la televisión pública andaluza), ocupó distintos cargos en el PP andaluz y en el año 2000 dio el salto al Congreso de los Diputados, donde fue parlamentaria hasta 2019. 

En 2011, ocuparía el cargo más relevante de su carrera, cuando fue elegida por el recién nombrado presidente Mariano Rajoy como ministra de Trabajo (en realidad, de “Empleo y Seguridad Social”), sucediendo en el cargo al socialista Valeriano Gómez.

Báñez, de trato amable, educado y cercano, también con sus rivales políticos y con personas alejadas de su ideología, se mantuvo en el puesto durante todo el mandato de Rajoy, pese a las movilizaciones sociales vinculadas a sus políticas y a las constantes críticas de oposición y sindicatos. 

Ministra de importantes recortes en la Gran Recesión

En plena crisis económica, con la tasa de paro disparada al 20% en ese momento (y llegaría al 27%), Báñez fue responsable de la reforma laboral de marzo de 2012 del PP. En un marco de recortes y políticas de austeridad generalizados, la regulación facilitó y abarató el despido, devaluó el papel de los sindicatos en la negociación colectiva, permitió firmar convenios a la baja en las empresas respecto al sector, así como allanó el camino para los descuelgues de condiciones laborales. 

La reforma laboral de 2012 supuso la primera gran huelga general de ese año, en marzo, y se convirtió durante años en el ‘enemigo número 1’ de sindicatos y la izquierda en la oposición, como bandera de una de las políticas del PP menos populares entre la población trabajadora. 

Cuando en 2013 miles de jóvenes españoles salían fuera de España por la falta de oportunidades en la crisis financiera, que disparó el desempleo juvenil por encima del 55%, Báñez tuvo una de sus intervenciones políticas más recordadas y criticadas. “Eso se llama movilidad exterior”, respondió la entonces ministra de Empleo en el Parlamento a una pregunta de la diputada socialista María González.

Además, entre las políticas del mandato de Báñez también destacaron otros importantes recortes sociales. Por un lado, en la protección por desempleo, tanto en la prestación como en el subsidio para mayores de 52 años, que elevó a 55 y que tumbó el Constitucional en su criterio para tener en cuenta toda la renta del hogar. 

Por otro, fue también la artífice de la reforma de las pensiones unilateral de 2013 del PP, con recortes tanto en la subida anual de las pensiones –que quedaban semicongeladas con alzas del 0,25%– como en las futuras pensiones ligadas a la esperanza de vida (el llamado “factor de sostenibilidad”). El propio PP de Mariano Rajoy dejó de aplicarla al final de su mandato por la enorme contestación social de los movimientos pensionistas en la calle. 

En el lado contrario, en su mandato se inició la ampliación de los permisos de paternidad desde las dos semanas a las cinco. La extensión a cuatro semanas estaba prevista por ley en 2007, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el PP la retrasó durante la crisis financiera. En 2017, finalmente se aprobaron estas cuatro semanas y, en 2018, las cinco semanas, fruto de un pacto con Ciudadanos para los Presupuestos Generales del Estado.

Fichada por la patronal para su Fundación

Con el fin del Gobierno de Mariano Rajoy, fruto de la moción de censura de la izquierda en la oposición ante los casos de corrupción del PP, Fátima Báñez permaneció como diputada de la derecha en la oposición hasta 2019. 

En marzo de ese año, la exministra anunció que dejaba la política para “iniciar una nueva etapa en el ámbito privado”. Fátima Báñez, muy próxima a Soraya Sáenz de Santamaría, había formado parte de su equipo en el intento de la 'número 2' de Rajoy de hacerse con la presidencia del PP, que finalmente ganó Pablo Casado. Aunque sin cargos, Báñez siguió participando en actos del PP. 

Un año más tarde, en plena pandemia de COVID, se confirmó el fichaje de la gran patronal CEOE, liderada por Antonio Garamendi, que sonaba desde el año anterior y que se había retrasado ante las críticas de parte del empresariado a un fichaje que consideraban poco estético y que podía ligar demasiado a la CEOE con el PP. 

Desde ese año, Báñez se convirtió en la presidenta de la Fundación CEOE, encargada de proyectos sociales de la patronal, con sueldo de directiva, que ha ocupado hasta este miércoles. 

Fátima Báñez ha ocupado otros cargos en la empresa privada en estos últimos años. Se convirtió también en consejera de la farmacéutica cotizada Rovi, formaba parte del consejo de administración de Iberdrola Energía Internacional y ha sido consejera de las filiales de la eléctrica en Estados Unidos (Avangrid) y México. 

Mucho enfado y malestar entre los trabajadores y los sindicatos del sector ferroviario ante el señalamiento de este miércoles del ministro de Transportes, Óscar Puente, del “error inexplicable” de un solo operario del centro de control de Atocha en sus explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado ya 69 personas fallecidas. “Todos podemos cometer errores, pero hay fallos estructurales que el señor ministro nunca señala, ni mete mano en ellos”, denuncia un maquinista.

Desde varios sindicatos, denuncian la falta de prudencia al señalar de forma tan expresa a una sola persona trabajadora en las primeras horas de un accidente, sin esperar a la investigación de todas las causas que pudieron motivar el siniestro.

“Precisamente por la gravedad de lo sucedido, consideramos inadmisible que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ponga el foco sobre la actuación de las personas trabajadoras antes de que se hayan esclarecido todas las circunstancias. Ministro, señalar a los compañeros no es asumir responsabilidades. Las deficiencias de ADIF no pueden pagarlas quienes sostienen el ferrocarril con su trabajo diario”, denuncia UGT.

“Después de lo ocurrido en Adamuz, ya deberíamos haber aprendido que no caben juicios anticipados ni explicaciones precipitadas. Hay que investigar hasta el final, sin excluir ninguna hipótesis. ¿Y todas las externalizaciones? ¿Y la falta de plantillas? ¿Y las excesivas cargas de trabajo en los CRC? ¿Y las decisiones de su gestión, los recursos disponibles y las condiciones en las que trabajan los profesionales de ADIF? ¿Todo eso tampoco es responsabilidad de su Ministerio?”, denuncia el sindicato.

El secretario general del Semaf, Sindicato Español de Maquinistas, Diego Martín, ha calificado como “irresponsabilidad poner la culpa sobre un trabajador”. Y ha recordado, en declaraciones en Atocha tras los cinco minutos de silencio, que “la huelga estaba convocada justamente porque no se han implantado las medidas de seguridad. ”Ha habido un aumento de circulación tremenda en un sistema degradado“, ha señalado sobre la entrada de los operadores privados en la red ferroviaria. ”El sistema de seguridad no estaba funcionando“, ha asegurado sobre el fallo.

La secretaria general del Sector Ferroviario en Comisiones Obreras, Pepa Páez, ha calificado de “irresponsabilidad” que Óscar Puente “haya apuntado con el dedo acusador a un trabajador”. “Nos pareció deplorable. El ministro tendría que salir a disculparse porque ha hecho mucho daño al colectivo y ha puesto el foco en el eslabón más débil”, ha añadido. Páez ha apuntado a que hay “una mayor carga de trabajo” y un personal “con menos experiencia” en el sistema ferroviario. “Hay que plantearse si la formación es la adecuada, si el estrés es el adecuado, si falta personal, poner el foco en ayudar al sistema ferroviario a hacer su trabajo en condiciones humanas y óptimas”, ha completado.

Noelia Martín, secretaria general del Sindicato del Sector Federal Ferroviario de CGT, sostiene que los sindicatos fueron “prudentes” este miércoles, sin entrar en acusaciones sobre las posibles causas del accidente hasta que se investigaran sus motivos, por lo que lamenta especialmente el señalamiento del ministro.

Error previo del sistema y condiciones laborales del control

Martín sigue manteniendo la prudencia y no quiere ahondar en las causas de este siniestro, pero destaca que en cualquier caso, antes que los “errores humanos” que se están investigando, “hubo un error del sistema”.

Además, advierte de que los errores humanos –más allá de que no serían de una sola persona– pueden estar motivados por muchas razones sobre cómo se trabaja en estas instalaciones.

“Hay un alto grado de estrés, bajas prolongadas, mucha ansiedad, una gran carga de trabajo. Llevamos mucho tiempo denunciando falta de personal en el control y otros puestos”, destaca la responsable de CGT. “La carga de trabajo es muy elevada”, insiste.

La falta de personal procede en gran parte de muchos años de austeridad con el anterior gobierno, en los que no había ofertas públicas de empleo, lo que ha ocasionado precisamente que “no haya habido un relevo generacional” ordenado durante años, con muchas jubilaciones.

“La plantilla de Adif, de mantenimiento y de contratas está trabajando al límite, llevamos años así”, denuncia por su parte Luis, un trabajador de esta área del sector ferroviario, que denuncia que los trabajadores se sienten “el chivo expiatorio” ante este nuevo accidente.

España batió un nuevo máximo histórico de empleo este verano, de más de 22,8 millones de trabajadores, en un tercer trimestre más flojo de lo habitual en creación de puestos de trabajo, con 73.600 personas ocupadas más, y con un alza del paro más elevada de lo que suele registrarse en verano, que alcanzó las 95.900 personas. En paralelo, hay un fuerte incremento de la población dispuesta a trabajar, la población activa, de casi 170.000 personas respecto al trimestre anterior, según los resultados del tercer trimestre de la Encuesta de Población activa (EPA) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hay que recordar que este verano se está viviendo un proceso extraordinario de regularización de migrantes, por el que miles de trabajadores ahora en la economía sumergida –y que figuraban ya como trabajadores en la EPA– están siendo dados de alta a la Seguridad Social, como están recogiendo las estadísticas de este organismo público en los últimos meses, con más de 400.000 afiliados más por este proceso.

El balance de este tercer trimestre recoge así 73.600 personas ocupadas más respecto al trimestre anterior, lo que se situó el total de personas con empleo en 22.852.600 ocupados, un nuevo techo del mercado laboral en España.

El avance del empleo se debe a la incorporación de trabajadores extranjeros, en 75.400 personas, mientras que los ocupados españoles (incluida la doble nacionalidad) se redujeron en 1.800 personas. España en estos momentos está iniciando la retirada de miles de trabajadores de la generación del baby boom, ante la que cobra especial importancia el empleo extranjero a futuro, señalan los organismos económicos.

Como se puede apreciar en el anterior gráfico, el incremento del empleo es inferior al registrado en los últimos años, el menor desde 2019. Esta desaceleración se produce en un contexto de máximos de empleo –en el que en parte es normal que se aminore la creación de puestos de trabajo– y mientras muchas empresas dan de alta por primera vez a miles de trabajadores migrantes.

En el último año, el empleo creció en 465.500 personas, lo que deja un ritmo de creación de empleo del 2,1%, dos décimas menos que en el trimestre anterior.

Por provincias, destaca en términos relativos la creación de empleo de Guadalajara (+10%), Albacete (+9) y Murcia (+7), muy por encima de la media nacional.

El paro vuelve a superar el 10%

Por otro lado, el auge del paro en 95.900 personas, más elevado de lo habitual en esta época, llevó la cifra total de personas desempleadas a 2.591.200.

Como consecuencia, la tasa de paro se incrementó tres décimas y volvió a subir por encima del 10% (10,2%), tras el descenso de esta simbólica barrera el pasado trimestre.

Por sexo, el número de hombres en paro aumentó en 55.700 este trimestre y el de mujeres en 40.300. La tasa de paro femenina subió 26 centésimas –hasta el 11,3%– y la masculina 36 centésimas –hasta el 9,2%–.

Por nacionalidad, el paro se incrementó entre los españoles –incluida la doble nacionalidad– en 71.400, y entre los extranjeros en 24.500 personas.

Cabe destacar que el paro de larga duración, el que supera el año de búsqueda de empleo, se redujo en 12.400 personas en el tercer trimestre y en 24.400 en el último año, hasta las 758.400 personas. “Los que llevan dos años o más disminuyen en 63.000 (-11,07%)”, destaca el Ministerio de Economía.

El balance en el último año es de reducción del desempleo, en 21.900 personas (55.200 hombres más y 77.100 mujeres menos), aunque muy inferior al registrado el trimestre anterior, con una merma de 57.800 personas en los últimos doce meses.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro, un indicador especialmente importantente por su elevada vulnerabilidad, crecieron en 21.800 este trimestre, hasta 786.100. En el último año se han reducido en 4.800 hogares.

Máximos de 25,4 millones de personas activas para trabajar

Por otro lado, destaca como buena noticia que se mantiene una gran incorporación de personas dispuestas a trabajar a la población activa, que se explica en gran parte por la población migrante. Este trimestre se situó en casi 170.000 personas más que el pasado trimestre, un dato en línea con los registrados los últimos verano.

El balance supone alcanzar un nuevo máximo de población activa, de más de 25,4 millones de personas. En los últimos doce meses, esta sumó 443.500 personas.

El número de mujeres activas se incrementó en 87.000 y el de hombres en 82.500. Por nacionalidad, el número de activos aumentó en el último trimestre en 69.600 entre los españoles y en 99.900 entre los extranjeros.

Sigue descendiendo el trabajo temporal

Respecto al tipo de contrato de los trabajadores, el empleo a tiempo completo creció en 244.400 personas en el tercer trimestre del año, mientras que el de tiempo parcial bajó en 170.800.

Por su parte, el número de asalariados subió en 90.000 –los que tenían contrato indefinido aumentaron en 22.100 y los de contrato temporal en 68.000–. El número de autónomos disminuyó en 15.500 personas, hasta un total de 3,17 millones de trabajadores por cuenta propia.

Más allá del aumento de contratos temporales en verano debido a la estacionalidad de las actividades estivales, el balance del último año sigue siendo el del descenso del peso del trabajo temporal en el mercado laboral, algo que España consiguió tras la reforma laboral de 2021.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado este martes que “la tasa de temporalidad privada se sitúa en el 12,57%, dentro de la media europea y más de 12 puntos por debajo de su valor antes de la reforma laboral”.

Por tipo de empleador, el empleo privado se redujo este trimestre en 16.300 personas, hasta 19,1 millones de trabajadores, mientras que el empleo público creció en 89.900, hasta superar los 3,7 millones de personas ocupadas.

No obstante, en el último año la mayor parte del empleo se creó en el sector privado (261.400 personas) mientras que el sector público sumó unos 204.000 trabajadores.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trufado la entrevista en la Cadena SER de este viernes de varias afirmaciones falsas con respecto a la edad de jubilación o la hucha de las pensiones. Estas son algunas de ellas:

El salario mínimo tiene una deducción en el IRPF

El líder del PP acusa al Gobierno de “llevarse el dinero de los trabajadores” y hacer un “buen negocio” con la subida del salario mínimo. Lo ha hecho con estas palabras: “El Gobierno obliga a las empresas a subir el salario, obliga a las empresas a subir las cotizaciones, y cuando ese trabajador recibe más salario, muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando antes y cotiza”. El propio entrevistador, Aimar Bretos, le ha recordado que el salario mínimo no paga IRPF: “No, no, estaba exento antes”, ha contestado el líder del PP, rememorando el debate que hubo entre Hacienda y Trabajo: “El Gobierno quería que estuviese incluido”.

Es cierto que hubo un choque en el seno del Gobierno al respecto, pero se saldó con un acuerdo a través de una deducción diseñada para que el SMI no pagase IRPF en la declaración de 2026 y un pacto para que el impuesto no se coma las nuevas subidas. De forma posterior, Feijóo ha aclarado que se refería a que el incremento de SMI con el PP “quedará exento de IRPF siempre, por ley y automáticamente”.

Carlos Cuerpo no dijo que haya “un problema” con las pensiones

Feijóo también ha mentido al atribuir al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, unas supuestas declaraciones en su entrevista de hace unos días en Onda Cero que nunca dijo. “Que el vicepresidente económico del Gobierno en precampaña diga, oiga, vamos a tener un problema con las pensiones, vamos a tener que incrementar en su caso las cotizaciones, y pensar en un incremento de la edad de jubilación... Este es el diagnóstico del señor Cuerpo, que creo que tiene más legitimidad que el señor Sánchez”, afirmó Feijóo.

Sin embargo, Carlos Cuerpo en ningún momento dijo en esta entrevista que haya “un problema” con las pensiones. Tampoco que fuera a aumentar las cotizaciones sociales ni la edad de jubilación.

En realidad, Cuerpo afirmó que “la sostenibilidad de las pensiones está garantizada y la sostenibilidad de nuestra deuda pública también, es así de claro. Y el que quiera decir que no, pues tendrá que demostrarlo”. De hecho, el vicepresidente pidió no dar pábulo a discursos “alarmistas” como los del PP y Vox, que exigen reformas debido a esta supuesta insostenibilidad del sistema. “¿Qué reformas?”, insistió Cuerpo, que criticó que estas fuerzas no las expliciten, por lo que les pidió ser “valientes” sobre sus planes en esta materia.

Feijóo además tergiversa la única mención de Cuerpo a la edad de jubilación. No dijo que se valore un aumento de la edad de jubilación, sino que las reformas ya aprobadas (con incentivos que premian la demora de la jubilación, entre otros) ya están suponiendo un aumento de la edad “efectiva” de jubilación. Es decir, que la gente se está retirando más tarde del mercado de trabajo (con la misma edad legal para acceder a la pensión).

No es cierto que los médicos tengan un papel “secundario” en la eutanasia

Ha dicho que “el papel de los médicos, los especialistas, es secundario” en el proceso eutanásico. Eso es, directamente, falso. Los facultativos son quienes acompañan, deciden y, sobre todo, tienen la capacidad de revocar en cualquier momento la solicitud de muerte asistida de un ciudadano. “Es una ambigüedad médica clara”, apunta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

España no es el tercer país con más deuda de la UE, es el quinto, según Eurostat

En el segundo trimestre de 2026 la deuda española se situó en el 101,4% del PIB, un 4,26% más que el año anterior, según los datos de Eurostat. El porcentaje equivale a unos 34.500 euros por habitante. Pero España no es el tercer país con más deuda de la Unión Europea, tal y como ha afirmado Feijóo en la Cadena Ser. 

En realidad, es el quinto, por detrás de Grecia (140,8%), Italia (139,9%), Francia (119,1%) y Bélgica (110,2%). Sí es cierto que el país supera casi en 18,5 puntos porcentuales la media de la Unión Europea, que se situó en el 82,9% de deuda pública.

“Aznar dejó una hucha de las pensiones como ningún otro presidente”

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue quien dejó una hucha de las pensiones en su máximo, por delante de José María Aznar. El fondo alcanzó los 66.815 millones de euros al cierre de 2011. Cuando Aznar salió de la Moncloa, el saldo era de 19.330 millones.

“Quien más se ha llevado dinero de los trabajadores ha sido el Gobierno”

La teoría de Feijóo es que el Gobierno ha incrementado el salario mínimo para ganar más dinero. “El Gobierno ha hecho un buen negocio subiendo el salario mínimo porque quien más dinero de los trabajadores se ha llevado ha sido el Gobierno”, ha afirmado, en la entrevista. 

Que los trabajadores paguen un porcentaje mayor de IRPF cuando se les sube el sueldo no tiene nada que ver con que el Gobierno y sus miembros vayan a ganar más dinero. Lo que sí se incrementa es la recaudación fiscal que sirve para financiar los servicios públicos. Por tanto, a quien mejor le viene que se suban los sueldos, además de a los propios trabajadores afortunados, es al conjunto de la ciudadanía que cuenta así con una mejor financiación del Estado del bienestar. 

El bolsillo de los trabajadores sabe bien que la vivienda cada vez 'se come' más sus salarios y el sindicato CCOO ha puesto cifras a este traspaso de ingresos al llamado “rentismo”, que pretende denunciar la huelga general del próximo 11N. Así, el precio para comprar una vivienda ha aumentado 3,6 veces más que los salarios desde el año 2013, “alejando a millones de personas trabajadoras de la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad”, denuncia el sindicato.

El informe titulado El coste del rentismo para los salarios y la economía productiva recoge que, entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2026, el precio de comprar una vivienda aumentó un 108% mientras que el salario medio solo creció un 30%. “Es decir, en estos años, la subida del precio de compra de una vivienda multiplica por 3,6 la subida que han tenido los salarios que deben pagar esa vivienda”, destaca el estudio del gabinete económico del sindicato.

Hacen falta más de 7 salarios para comprar una vivienda

El estudio también muestra otra métrica sobre cómo este gasto ha ido acaparando cada vez más el dinero disponible de los trabajadores: cuántos salarios son necesarios para comprar una vivienda.

Así, actualmente se necesitan “7,1 salarios anuales completos” de media para comprar una vivienda de 90 metros cuadrados, mientras que en 1985 “hacían falta 3,1 salarios”, cifra CCOO. “A esa cantidad hay que sumar el ahorro previo necesario para pagar la entrada, los impuestos y otros gastos, que representan aproximadamente el 30% del precio”, recuerda el estudio.

Este esfuerzo medio, además, se dispara en zonas donde el precio de la vivienda está más tensionado, donde “el incremento del esfuerzo salarial requerido ha sido mucho mayor”. “En Madrid, se ha pasado de 5,7 salarios en 1995 a 10,0 salarios en 2026; en Málaga, de 3,3 salarios anuales en 1995 a 10,8 en 2026 y en Islas Baleares, de 3,9 salarios a 12,2, en el periodo”, destaca el informe.

El roto del alquiler, sobre todo en nuevos contratos

La imposibilidad de comprar para muchos trabajadores, debido a estos aumentos de precios y al ahorro inicial requerido para ello, “no deja más remedio a una parte de la población que dirigirse al alquiler para acceder a la vivienda”, recuerda el sindicato.

“Ahí, las familias se enfrentan también a un mercado privado que fija unos alquileres cada vez más inaccesibles para los salarios de los hogares trabajadores”, especialmente en las zonas más tensionadas, advierte el estudio, que pone cifras al fenómeno.

Entre 2015 y 2024, con un aumento salarial medio del 21% en el periodo (según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE), “la subida media de los contratos de alquiler se sitúa en el 23% acumulada”. Es decir, que el alza del precio del alquiler se come gran parte de la mejora salarial experimentada por el trabajador.

Pero cuando los trabajadores tienen que firmar un nuevo contrato de alquiler, la situación empeora mucho más. En estos, el incremento medio del alquiler es muy superior, “se dispara al 37%, casi el doble que la subida del salario medio en el mismo periodo”.

Así, “la subida del coste del alquiler en contratos existentes es muy similar a la subida del salario medio Esto permite que la evolución del salario medio pueda asumir el coste del alquiler durante la vigencia de los contratos, al aumentar de forma similar y no disparar el esfuerzo que deben asumir. Todo lo contrario de lo que ocurre cuando las viviendas vuelven a salir al mercado cuando vencen los contratos o de lo que experimentan aquellos hogares y trabajadores que buscan su primera vivienda de alquiler. Ahí el esfuerzo requerido se dispara y desborda la capacidad de los salarios”, destaca el estudio.

La enorme brecha entre la subida del precio del alquiler en los nuevos contratos firmados y la subida del salario medio es un problema generalizado que se extiende a todas las comunidades autónomas, aunque no todas con la misma intensidad, precisa CCOO.

“Las comunidades donde la subida de los nuevos contratos de alquiler supera en mayor medida al aumento del salario medio son Comunidad Valenciana y Baleares, con subidas en los nuevos contratos de alquiler cercanas al 50% acumulado y Canarias, con una subida cercana al 40%. En todas las comunidades autónomas, la subida media del alquiler en los nuevos contratos supera ampliamente la del salario medio”, recoge el informe.

CCOO subraya que estos precios disparados hace que una parte de la población también se vea excluida de la vivienda en alquiler y que otra sólo pueda acceder a viviendas por habitaciones “o, en el peor de los casos, a infraviviendas que no cumplen las mínimas condiciones”.

El sindicato destaca también “las dificultades no solo afectan a la economía de las familias trabajadoras”, con un aumento del precio de los locales comerciales que se ha intensificado desde la pandemia y que afecta de forma directa a los negocios, sobre todo a las pequeñas empresas y a las personas autónomas. “Según los datos de la Agencia Tributaria recogidos en el estudio, los alquileres de locales comerciales aumentaron un 5,8% en 2021, un 8,3% en 2022 y un 4,5% en 2023”, detaca el informe.

Con una mirada más amplia, el estudio llama la atención sobre el dinero que “el rentismo” resta a la economía productiva, con la posibilidad de que parte de la renta que ahora paga precios disparados de la vivienda se dedicara al consumo o la inversión en las empresas, por ejemplo.

“Una reducción del 30% en el coste de la vivienda podría generar entre 21.000 y 26.000 millones de euros adicionales de demanda agregada y favorecer la creación de entre 330.000 y 411.000 empleos acumulados en cinco años”, estima el sindicato fruto de una simulación de un estudio publicado por el gabinete el pasado junio.

La patronal CEOE finalmente no impugnará la convocatoria de la huelga general por la vivienda antes de su celebración, el próximo 11 de noviembre, confirman a elDiario.es fuentes de la organización empresarial. El marco que se impone, por tanto, es el de la legalidad del paro, pese a lo que había expresado su líder, Antonio Garamendi.

El empresario vasco afirmó hace unos días que la huelga era “electoral” y confirmó que la patronal la impugnaría en los tribunales.

Sin embargo, preguntada por la fecha de impugnación del paro, desde la CEOE responden a este medio que no se va a recurrir “antes de la huelga”.

Es decir, que no se impugnará previamente su convocatoria, sin cuestionar así la legalidad de la misma, que los sindicatos han vinculado con la vivienda, pero también con varios elementos puramente laborales, como la subida de salarios, las horas extra ilegales y los beneficios empresariales récord.

Los empresarios confían en que la huelga sea “pacífica”

La CEOE recuerdan que su visión sobre la huelga es que los empresarios son los “paganos o damnificados” de una huelga que va contra algo que no es su responsabilidad, consideran, que es el tema de la vivienda.

La organización empresarial afirma que “también existe un derecho al trabajo, a unos servicios mínimos garantizados y confiar en que la huelga suceda de una forma pacífica y cívica”.

“A partir de ahí, haremos un seguimiento de la misma y en función de lo que ocurra adoptaremos las medidas que correspondan”, añaden en la CEOE, con lo que no cierran la puerta a una posible acción judicial a posteriori.

Por su parte, este jueves, desde los sindicatos mayoritarios se ha lanzado una advertencia a las empresas para no utilicen el teletrabajo como “esquirolaje moderno” el 11N.

Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han recordado que la huelga del 11N señala también a la patronal, a la que exigen que se siente a negociar el gran acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), con el que reclaman dar un empujón a los salarios de entre el 4% y el 7% anual los próximos tres años.

Los sindicatos están organizando la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre con un elemento que no existía en los pasados paros generales de más calado: el teletrabajo. En CCOO reconocen que es un factor difícil “de controlar” aunque advierten a las empresas de que no utilicen el teletrabajo como una forma de “esquirolaje moderno”, ha afirmado este jueves Lucho Palazzo Gallo, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato.

Esta federación de CCOO y la de Movilidad de UGT han presentado este jueves una propuesta de servicios mínimos de transportes para el paro general del 11N, con la petición expresa al ministro Óscar Puente de que los negocie y no los imponga.

Los sindicatos piden así evitar niveles abusivos de otros precedentes, como la huelga y paros del 8M, que fueron recurridos por las organizaciones de trabajadores y tumbados a posteriori por los tribunales.

“Hay que garantizar servicios esenciales básicos, pero no puede ser como un día normal. Es un derecho constitucional de huelga y hay que garantizarlo”, ha afirmado Ricardo Casas Tinahones, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT. 

En este contexto, los sindicatos son conscientes de la posibilidad de que el teletrabajo juegue un papel ese día –que antes de la pandemia no existía por su nimia extensión– para trabajar y evitar las incidencias en el transporte, los piquetes o posibles conflictos ese día.

Los sindicatos estarán “vigilantes”

“Estaremos pendiente y vigilantes”, ha afirmado Lucho Palazzo aunque ha reconocido que “no es fácil en estos tiempos controlar” estas maniobras. “Pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Esto es una expresión democrática, constitucional, el derecho a la huelga y todos los actores que confluyen ese día deben garantizar que ese derecho se pueda ejercer en las mejores condiciones”, ha firmado el responsable de CCOO.

“Vamos a suponer la buena fe, y vamos a pensar en que no va a haber un esquirolaje tecnológico”, ha añadido el sindicalista.

Aunque la mayoría de puestos de trabajo no pueden realizarse a distancia, alrededor de 7 de cada 10, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H) del INE, hay alrededor de un 30% de los trabajadores que afirman que realizan tareas que pueden ejecutarse a distancia.

En la actualidad, teletrabajan en España algo más de 3,4 millones de personas en España, de manera ocasional o “más de la mitad de los días de la semana”, según los datos de la EPA de 2025. Se trata de máximos históricos por encima de la pandemia.

Este número podría ser mucho mayor, destaca un reciente informe el sindicato UGT. Dado el número de quienes afirman que podrían trabajar a distancia y quienes realmente lo hacen, hay más de 3,4 millones de personas que podrían teletrabajar, pero a las que no se lo permiten sus empresas.