Hay quien lleva algo más de tres años esperando una avalancha de despidos que no termina de llegar. A finales de 2022, el mundo conoció ChatGPT, y la IA o Inteligencia Artificial aterrizó como algo real para muchas personas. Respondía a preguntas, redactaba textos y creaba imágenes de forma autónoma, mejorando su calidad a gran velocidad. Era “el fin” para millones de empleos. Pero, ¿lo ha sido?

De momento no, coinciden la mayoría de expertos e instituciones, que indican que la IA está teniendo un papel más complementario que sustitutivo de los trabajadores. Sin embargo, varios anuncios recientes de recortes de plantilla en multinacionales tecnológicas han vuelto a encender las alarmas. ¿Ahora sí? ¿Llegaron las malas noticias?

Hace una semana Meta confirmaba un recorte de 8.000 trabajadores y la congelación de 6.000 contrataciones (de una plantilla de unas 80.000 personas); Amazon despidió a unos 30.000 empleados de oficina entre finales de 2025 y principios de 2026 (un área en la que empleaba a unos 350.000 en todo el mundo); mientras que Microsoft está ofreciendo bajas incentivadas a sus trabajadores por primera vez en su historia.

La tendencia sigue por las compañías más pequeñas. Ebay ha despedido a 800 trabajadores (6% de la plantilla), Pinterest a 750 (15%), la firma de software Atlassian a 1.600 (10%). Block, la compañía financiera del fundador de Twitter, ha llegado a los 4.000 empleados (el 40% de su fuerza laboral).

Un equipo significativamente más pequeño, con las herramientas que estamos desarrollando, puede hacer más y mejor. Y las capacidades de las herramientas de IA se multiplican cada semana

Jack Dorsey — Fundador de Twitter y de la firma financiera Block

Ninguno de los responsables de estas compañías han dado demasiados rodeos a la hora de explicar el motivo de los despidos: serán sustituidos por inteligencia artificial. “Un equipo significativamente más pequeño, con las herramientas que estamos desarrollando, puede hacer más y mejor. Y las capacidades de las herramientas de IA se multiplican cada semana”, ha manifestado Jack Dorsey, de Block. 

Sin embargo, esta posición no cuenta la historia completa. Muchas de esas empresas estaban afrontando procesos de reducción de personal previos a la maduración de estas herramientas. El caso más evidente es el de Amazon, que ha reconocido en varias ocasiones que “sobredimensionó” su plantilla durante la pandemia y lleva haciendo grandes recortes desde 2022. “Es el famoso AI washing: atribuir a la inteligencia artificial una serie de reducciones de personal que se iban a hacer de todas maneras”, explica Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School. 

La IA está haciendo a algunas personas bastante más productivas. Pero, en realidad, esto no justificaría un volumen de despidos tan elevado como el que estamos viendo

Enrique Dans — profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School

“La inteligencia artificial está haciendo a algunas personas bastante más productivas, como los desarrolladores o algunos procesos administrativos. Pero, en realidad, esto no justificaría un volumen de despidos tan elevado como el que estamos viendo, que está escalando a decenas de miles de personas”, argumenta.

Transformar un recorte en “innovación” suaviza el impacto de los despidos y permite diluir la responsabilidad por estos. “Frente al discurso de la empresa, que justifica este recorte en una supuesta 'aceleración de la innovación' y el cambio provocado por la Inteligencia Artificial, CCOO ve otras causas”, ha denunciado el sindicato sobre el ERE de Capgemini, una consultora que despedirá a 748 personas en España. “El problema real radica en dos factores que la dirección evita mencionar”, protesta CCOO: “Nula gestión del talento” y “deslocalización agresiva”.

El “tsunami” más anticipado

Estos ceses han reavivado muchos miedos y debates sobre los posibles efectos de la IA en el mercado laboral. En el Día Internacional del Trabajo, algunas personas se preguntan si estamos en la antesala de un “tsunami” en los mercados laborales. O, en una visión menos catastrofista, si estamos ante una nueva revolución –como tantas otras en la historia–, que simplemente cambiará el panorama actual con otra forma de trabajar y la desaparición de algunos empleos junto al surgimiento de otros nuevos. 

“Este año va a ser crucial para saber si vamos a tener un apocalipsis laboral por la IA o no”, considera José Varela, responsable de Digitalización de UGT, que lamenta que no puede “ser optimista” por dos motivos. Por un lado, la actuación de las citadas tecnológicas, que puede provocar un efecto de arrastre. Por otro, la legislación vigente en materia de despido en España, que Varela advierte que es “un puente de plata” para que las compañías achaquen a la IA recortes que se dan por cambios organizativos y productivos. En un reciente informe, UGT advierte de un “frenazo” en el empleo tecnológico en España, tras varios años de fuerte empuje. 

El ruido de despidos por la IA es continuo en ciertos ámbitos empresariales. También en muchos despachos de abogados que asesoran a las grandes compañías, aunque “es una pulsión que todo el mundo va teorizando, pero que no se va concretando todavía”, sostiene Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO. No hay una avalancha de ERE en España por este motivo, pero los sindicatos mayoritarios están en guardia y formando a sus delegados y delegadas para “gobernar” la IA que se está introduciendo en los centros de trabajo, explica. 

Los primeros estudios sobre los efectos de la inteligencia artificial en el empleo, cuando no existía la llamada “IA generativa”, como ChatGPT o Claude, en la década de 2010, estimaban la probabilidad de que profesiones enteras pudieran automatizarse. Como el famoso paper del profesor de Oxford Carl Benedict Frey que pronosticó que casi la mitad de los empleos –el 47%– eran susceptibles de ser reemplazados por una máquina o por una inteligencia artificial, con los empleos menos cualificados y con salarios bajos como los más amenazados. 

Los trabajos posteriores ha pasado a centrarse más en “tareas” automatizables y menos en profesiones, “argumentando que la tecnología afecta a actividades laborales específicas más que a puestos de trabajo completos y que la mayoría de las profesiones combinan tareas que son automatizables de forma diferenciada”, recoge una reciente revisión de la investigación sobre IA y empleo realizada por el servicio de estudios de la Comisión Europea (JRC), en la que participa el investigador Enrique Fernández-Macías.

La IA no debe destruir puestos de trabajo, los tiene que transformar y está rediseñando las tareas. Sobre todo, está haciéndose cargo de las tareas más rutinarias para que la persona se centre en aquellas que aporta más valor

Rocío Millán — directora de Servicio Corporativo del Grupo Adecco

Así, ahora las investigaciones más recientes han pasado de hablar de “riesgo de automatización” a una noción más amplia de “exposición profesional” a la IA, sin conclusiones cerradas todavía sobre su repercusión. Es decir, cuánto de ello afectará a una sustitución de trabajadores por la tecnología o a una modificación de estos empleos. Mientras, también se prevé que se gane en productividad y se creen nuevos perfiles profesionales adaptados a este nuevo entorno tecnológico. 

“La IA no debe destruir puestos de trabajo, los tiene que transformar y está rediseñando las tareas. Sobre todo, está haciéndose cargo de las tareas más rutinarias para que la persona se centre en aquellas en las que aporta más valor”, explica Rocío Millán, directora de Servicio Corporativo del Grupo Adecco, empresa de consultoría y gestión de recursos humanos. En el Ministerio de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, reivindica una IA “en favor de los derechos de las personas trabajadoras”, por ejemplo a través de su uso por parte de la Inspección de Trabajo.

Las empresas sí están adoptando la IA, y muy rápido

Como apunta Millán, ya no hay que mirar solo al futuro para abordar este debate: la inteligencia artificial se está usando en muchos puestos de trabajo a día de hoy. Más de lo que podemos pensar y en constante crecimiento. 

“La adopción de la IA por parte de las empresas es muy rápida”, destaca BBVA Research. En 2025, una de cada cinco empresas de la UE con al menos 10 empleados utilizó tecnologías de inteligencia artificial. Con datos de Eurostat, el dato medio alcanzó el 20%, frente al 13,5% en 2024 y al 8% en 2023, lo que refleja una gran aceleración en apenas dos años. 

La distribución por país muestra que los nórdicos lideran con creces la adopción, con Dinamarca (42%) seguida de Finlandia y Suecia (en torno a 35-38%), mientras que varios países del Este se mantienen por debajo del 10%. España se sitúa algo por encima de la media, con un 20,3% de empresas que dicen usar ya IA. 

Si atendemos a cuántos trabajadores la emplean en su puesto de trabajo, el dato es aún mayor. De media, el 30% de los de la UE, según una macroencuesta que analiza el estudio Supervisión digital, gestión algorítmica y la plataformización del trabajo en Europa (2025), de la Comisión Europea. Vuelven a liderar los nórdicos, con un 45% de trabajadores que dicen usar estas herramientas en Dinamarca. En España, es el 29%. A la cola se sitúa Grecia, con un 14%. 

“Es una difusión increíblemente rápida para una tecnología tan reciente”, destacó Enrique Fernández-Macías, investigador del JRC europeo y uno de los autores del estudio, en las recientes jornadas ‘El trabajo en tiempos de algoritmos’ organizadas por el Ministerio de Trabajo. 

Los datos además son “sorprendentemente transversales”, subrayó Fernández-Macías, ya que aunque es más frecuente entre trabajadores cualificados e intelectuales, también se usa bastante entre otros oficios de sectores como los servicios. “Y tiende a ser a iniciativa de los trabajadores, incluso en muchos casos con sus propios dispositivos, como los teléfonos móviles”. Los usos más habituales: escribir textos con herramientas como ChatGPT, traducir y procesar datos, así como discutir ideas. 

La IA no es solo vista como una amenaza, sino también como una oportunidad para muchas personas. “La máquina me devuelve lo que la vida me quitó”, destaca Carlos Sánchez Almeida, uno de los más relevantes abogados en materia de derechos digitales, propiedad intelectual y libertades fundamentales del Internet español, que padece Parkinson, lo que le ha dificultado mucho su capacidad para escribir. 

Sandra (nombre ficticio) se está preparando unas oposiciones mientras trabaja, “casi sin tiempo ni posibilidad de ir a una academia”, y está utilizando varias herramientas de IA, como NotebookLM, que le están “ayudando mucho” para elaborar resúmenes, pódcast para estudiar y practicar con modelos de examen. “Sin la IA creo que iría mucho peor preparada, me ha dado un tiempo que no tenía”, reflexiona. 

Incluso en las pequeñas y medianas empresas (pymes), a menudo señaladas por su posición de desventaja para implementar estas herramientas respecto a las grandes compañías, la IA se ve en muchas ocasiones como esperanzadora. “Es una gran oportunidad”, afirma la líder de la patronal Cepyme, Ángela de Miguel, que subraya que en muchas ocasiones las pequeñas compañías no podían competir en ciertos proyectos, no por falta de talento, sino de medios, que ahora en algunos casos pueden satisfacerse a través de la IA. 

Nos complementa y manda más que sustituye (por ahora)

Dado el auge de las IA para tareas asociadas de procesamiento de la información y resolución de problemas, más transversales entre las ocupaciones, se observa “un aumento exponencial de la exposición a la IA en todas las categorías ocupacionales de los trabajadores”, aunque las comparativamente más cualificadas están más expuestas que las elementales, indica el estudio Revisando el impacto laboral de la IA en la era de la IA generativa de la Comisión Europea. “Esto apunta a un impacto sustancial y transversal de la IA en el mercado laboral”.

La clave es determinar en qué va a consistir ese impacto. ¿Desaparecerán empleos? ¿Cuáles cambiarán y en qué sentido? ¿Cuántos se crearán? Las respuestas a estas preguntas aún no están cerradas. 

“Por contrastar con los debates más apocalípticos, lo que vemos a día de hoy con la IA –tal y como la vemos ahora– es que la inteligencia artificial es una herramienta digital, avanzada, de difusión sorprendentemente rápida, pero fundamentalmente complementaria al trabajo humano, no sustitutiva”, sostuvo Fernández-Macías en el foro del Ministerio de Trabajo.

Por contrastar con los debates más apocalípticos, lo que vemos a día de hoy con la IA es que es una herramienta avanzada, de difusión sorprendentemente rápida, pero fundamentalmente complementaria al trabajo humano, no sustitutiva

Enrique Fernández-Macías — investigador del servicio de estudios de la Comisión Europea

Las investigaciones que tratan de anticipar el impacto de la IA se acumulan. El jueves, Funcas publicó un nuevo estudio que prevé en su escenario central una destrucción de entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en España en la próxima década y la creación de unos 1,6 millones. El informe prevé un efecto neto negativo, de unos 400.000 empleos menos, aunque reconoce que es una cuestión “todavía abierta y depende de la velocidad de los procesos de formación y reasignación laboral”. 

En BBVA Research subrayan que “las revoluciones industriales han provocado siempre grandes cambios estructurales: sectoriales, espaciales, en la organización del trabajo o en el empleo”, pero sin disparar las tasas de desempleo a largo plazo. “Sí que pensamos que [la IA] va a transformar, pero eso no significa que vaya a haber reestructuraciones o ERE, porque todas las grandes transformaciones del pasado han creado más empleo del que se ha destruido. Un 60% de los puestos de trabajo actuales no existían en la década de 1940. No hay que verlo de forma negativa”, destacó este jueves el CEO de BBVA, Onur Genç.

Muchas voces piden ampliar la mirada a las distintas repercusiones de la IA, no ceñir el debate solo sobre la sustitución (o no) de trabajadores. Los algoritmos –cada vez más con aplicación de inteligencia artificial– ya nos dirigen en muchos casos. La gestión algorítmica está cada vez más extendida, y no solo en plataformas digitales, también en empresas tradicionales. Los datos de la Comisión Europea reflejan que en España, un 30% de los trabajadores realizan tareas que les asignan algoritmos.

Así, es clave conocer qué datos se utilizan para esta gestión algorítmica y qué criterios y sesgos aplica esta tecnología. “Los agentes de IA, por su propia naturaleza, requieren un acceso amplio a los datos para poder funcionar. Necesitan leer correos, poder navegar por bases de datos, acceder a documentos e interactuar con distintos programas en nombre de sus usuarios”, explicó Nick Srnicek, investigador canadiense especializado en inteligencia artificial, en las jornadas organizadas por el Ministerio de Trabajo. 

“El volumen y la sensibilidad de los datos que fluyen a través de la IA no hará más que aumentar y los trabajadores verán cómo aumenta la vigilancia de sus actividades precisamente para poder utilizar esos datos para luego sustituirles en sus puestos de trabajo”, advirtió Srnicek. 

Por ello, una de las principales reclamaciones del movimiento sindical es la transparencia algorítmica y participar en “el gobierno de la propia inteligencia artificial” a través de la negociación colectiva, subraya Javier Pacheco (CCOO). Algunos estudios están poniendo cifras a los efectos de la IA en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, con un aumento de la desigualdad salarial en España debido principalmente a un alza de las remuneraciones más altas, según un paper de la Universidad Complutense de Madrid y Oxford Economics.

Los datos más claros: los júnior son los más afectados

Uno de los efectos más visibles de la IA en el mercado laboral está afectando a quienes aún no han entrado en él. Un estudio elaborado por dos investigadores de Harvard que analizó los datos laborales de 62 millones de trabajadores en 285.000 empresas detectó que las compañías que adoptaron IA generativa contrataron significativamente menos empleados júnior que firmas similares sin esa adopción, mientras la contratación de perfiles sénior se mantuvo estable.

En el sector tecnológico, los datos son más crudos: los puestos de entrada cayeron un 73% interanual, según análisis de la firma de compensación laboral Ravio, mientras los empleos vinculados a la IA crecían un 88% en el mismo periodo.

El fenómeno no se limita a la tecnología. El CEO de Anthropic (la firma que desarrolla el chatbot Claude), Dario Amodei, advirtió a finales de 2025 que la IA podría eliminar buena parte de los empleos de entrada en derecho, finanzas y consultoría en cinco años. Si la automatización de la IA se basa más en “tareas” que en profesiones, las más afectadas son precisamente las que históricamente han entrenado a los profesionales jóvenes: revisión de documentos, procesamiento de datos, análisis básico. Sectores que usaban esas tareas como escuela.

Se trata de un problema de fondo: si las empresas automatizan el trabajo que antes realizaban los júnior sin ofrecer vías para adquirir experiencia a los nuevos profesionales, se elimina el peldaño que permite llegar a puestos sénior. Algunos estudios lo llaman el missing rung, el peldaño que falta. Varias grandes firmas de consultoría están explorando programas de rotación y formación específica para compensarlo, pero son todavía la excepción.

La evolución no ha terminado

Hay diversos motivos por los que la temida automatización masiva no ha terminado de llegar en esta primera oleada de IA generativa. Uno se destaca sobre los demás: la tecnología no está preparada. 

Esta generación se basa en los denominados Modelos Grandes de Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), que tienen problemas recurrentes como las alucinaciones, esa información factible pero inventada que la IA vende como real. De hecho, el impacto de estos errores es tan significativo que se ha convertido en la principal preocupación de sus usuarios a nivel mundial, por encima de la pérdida del empleo, según un estudio de Anthropic. 

La investigación, basada en entrevistas a 81.000 usuarios de su chatbot Claude en 159 países, arroja que el 27% de las personas afirma que su mayor ansiedad frente a la IA es la falta de fiabilidad de la herramienta debido a estas equivocaciones o alucinaciones. Su aleatoriedad provoca que cualquier proyecto en el que participe la IA siga necesitando una supervisión humana exhaustiva de trabajadores que conozcan la materia: una alucinación desapercibida puede generar graves problemas operativos o hacer perder muchas horas de trabajo.

La cifra supera al 22% de encuestados que dice estar preocupado por la automatización laboral o la pérdida de autonomía frente a la máquina. Los más ansiosos son, eso sí, los que perciben que un mayor número de sus tareas laborales ya pueden ser asumidas por la máquina.  

Pero, de nuevo, la historia no termina aquí. Como explica Enrique Dans, la actual ola de modelos de lenguaje tiene limitaciones porque han aprendido sobre el mundo exclusivamente a través de las palabras, restringiéndose a la visión que le dan los autores que escribieron esos textos. Sin embargo, la inteligencia artificial se dirige hacia una nueva fase protagonizada por los “agentes”, una tecnología que tiene “mucho más recorrido del que hemos visto hasta ahora con los LLM”. 

A diferencia de los modelos de lenguaje tradicionales, “los agentes tienen la capacidad de conectarse con otras máquinas y sensores”, adquiriendo una experiencia de la realidad mucho mayor y directa. La IA agéntica permite que “el modelo del mundo” en el que se basa un modelo no sea la universalidad del conocimiento con el que fueron entrenados los LLM, sino los flujos de datos de la arquitectura corporativa de una empresa, desde la información de proveedores hasta la de los clientes. Es un cambio que hace que las alucinaciones caigan en picado.

Los agentes se parecen más a un empleado digital capaz de actuar con autonomía dentro de procesos reales de la empresa que a una herramienta de apoyo al trabajador humano. Las empresas de software y la banca llevan meses experimentando con ellos. Expertos como Dans opinan que es una tecnología que “tiene mucho más recorrido del que hemos visto hasta ahora”. Aunque, de nuevo, la pregunta es si hará que los trabajadores humanos sean mucho más prescindibles, o solo mucho más productivos.

Lo que ya no es una incógnita, mientras tanto, es que la IA está en los puestos de trabajo. Está cambiando quién se contrata y para qué. Y está en manos de un puñado de empresas que toman esas decisiones sin que los trabajadores tengan apenas voz en el proceso, ni siquiera aquellos que la están desarrollando. Una nueva pugna entre capital y trabajadores que vuelve a poner en manos de la sociedad el diseño de las normas que la diriman.

Al menos dos juzgados han dictado sentencias en las últimas semanas que se hacen eco del último fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público en España. Los magistrados europeos respondieron que España no cuenta a día de hoy con medidas que resarzan este abuso sobre los interinos, por lo que estos dos juzgados han resuelto dos soluciones a cada caso estudiado. Un juzgado de Vigo reconoció una indemnización de 52.000 euros a una trabajadora por el abuso de los años en los que estuvo como interina, y otro juzgado de Madrid ha anulado el cese de una interina regional y le ha reconocido el puesto de “indefinida por sentencia”. Ambas son recurribles en instancias superiores.

La primera sentencia, del juzgado de lo Social número 3 de Vigo, difundida por Vento Abogados y adelantada por El País, reconoce la sanción reclamada por una trabajadora, ya fija de la Administración, por los años que estuvo en su puesto como interina y como “indefinida no fija”. En total, 17 años.

Con el respaldo del nuevo fallo del TJUE, la magistrada subraya “el derecho de los trabajadores a percibir una compensación por el abuso derivado del incumplimiento de los plazos máximos de permanencia, que nacerá a partir de la fecha del cese efectivo de dicha contratación temporal irregular, y que debe tener en cuenta a efectos de su cuantificación la naturaleza de las funciones desempeñadas, el número y la duración acumulada de los contratos, las ventajas económicas que el trabajador habría podido obtener de no haberse producido el abuso y el perjuicio derivado de la situación de incertidumbre en la que se ha encontrado como consecuencia de la utilización abusiva de la contratación temporal”.

En este caso, “atendiendo a la duración de la situación precariedad”, desde el año 2008 hasta 2025, la magistrada acepta la petición de 52.100 euros de indemnización.

El segundo fallo, que acuerda lo que se suele denominar coloquialmente como “fijeza” en este debate sobre el abuso de la temporalidad (y que rechaza hasta el momento el Supremo), ha sido difundido este martes por el sindicato CGT. Un tribunal de lo contencioso-administrativo de Madrid ha estimado el recurso de una técnico de prevención de riesgos laborales, funcionaria interina de la Comunidad de Madrid durante casi 20 años, que fue cesada en junio de 2024 del cargo.

La magistrada que ha analizado el caso anula su cese y reconoce su derecho a ser readmitida como “indefinida por sentencia”, sin adquirir la condición de funcionaria de carrera. La dirección letrada ha sido asumida por Beatriz González González, indica CGT, que ha celebrado el fallo.

“Para esta solución de fijeza se tiene en cuenta la edad de la recurrente X años, su sexo y la dificultad objetiva de incorporarse al mundo laboral, considerando que una indemnización no puede suplir el derecho Constitucional al trabajo”, argumenta la magistrada en el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La sentencia menciona también expresamente la resolución del TJUE del pasado 14 de abril, tras una consulta del Tribunal Supremo, que considera que los actuales mecanismos de compensación a los interinos en abuso de temporalidad no son suficientes. Es decir, ni la fórmula del indefinido no fijo, los procesos de estabilización y las indemnizaciones tasadas por cese.

Un debate aún abierto en los tribunales

No obstante, la justicia europea no estableció qué mecanismo sí cumple con la legalidad europea, algo que corresponde al Tribunal Supremo en España. El Ministerio de Función Pública apuntó tras el fallo que estaba analizando la resolución judicial.

Ante los argumentos de la justicia europea, los juristas señalan varias posibles opciones, como indemnizaciones no tasadas que resarzan verdaderamente el abuso específico a los afectados.

Hay otras voces que insisten en reclamar la “fijeza” de los interinos, como ha concluido esta reciente sentencia. Sin embargo, es una opción que ha rechazado hasta el momento el Tribunal Supremo y también el Gobierno, atendiendo a la Constitución Española y a su jurisprudencia, que exige alcanzar la condición de funcionario a través de procesos de selección que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Choque entre CCOO y la vicepresidenta Yolanda Díaz. El sindicato ha respaldado este miércoles a su responsable de Salud Laboral, Mariano Sanz, al que la vicepresidenta segunda acusó ayer de “mentir” y no actuar en nombre del sindicato por denunciar un “incumplimiento” del Ministerio de Trabajo al aprobar solo el anteproyecto de ley sobre prevención de riesgos laborales pactado con los sindicatos, sin los reglamentos también comprometidos en materias como el cambio climático y los riesgos psicosociales.

Preguntada en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Yolanda Díaz negó tal incumplimiento con visible enfado y acusó al responsable de salud laboral de CCOO de “mentir”, dado que en el texto firmado no había plazo para aprobar los reglamentos. Además, señaló que por jerarquía normativa debe tramitarse antes el anteproyecto de ley y después los reglamentos, algo que aseguró que cumplirá “a pies juntillas” en esta legislatura.

La Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato, liderada por Unai Sordo, ha lanzado un comunicado de respuesta, en el que “exige a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno una mínima prudencia a la hora de referirse a cualquier discrepancia derivada de los espacios de diálogo con los agentes sociales”.

Por un lado, el sindicato advierte de que “la posición de CCOO ante los incumplimientos citados es la manifestada por Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente y portavoz en estas materias objeto de negociación con el Ministerio”. Es decir, no una opinión de personal y no del sindicato, como afirmó ayer Díaz.

Temor de que no se apruebe nada

Por otro lado, CCOO recuerda que en la firma del acuerdo con los sindicatos para modificar la ley de riesgos laborales y el reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, “se incluyó la aprobación de una serie de normas de menor rango, con el compromiso de que se iban a desarrollar en paralelo al procedimiento de tramite de la ley”.

“Hace 15 días, por carta, CCOO pedía información a la propia ministra por el avance en el redactado de los reglamentos. Desde el 10 de febrero hasta hoy CCOO no tiene noticias de la evolución de los textos comprometidos, y de hecho ha conocido por los medios de comunicación que el Consejo de Ministros aprobaría esta modificación de la ley”, denuncia el sindicato.

CCOO contraargumentan a Díaz además que los reglamentos comprometidos aluden a normas que “no necesitan aprobación del anteproyecto previamente”, porque son modificaciones de órdenes ministeriales ya vigentes o porque aluden “a algún real decreto urgente (se presenta un verano duro con elevadas temperaturas)”, como el de protección a las personas trabajadoras ante los efectos climáticos en el ámbito laboral.

El comunicado también denuncia que está comprometido por el Ministerio de Trabajo desde febrero de 2023, hace tres años, “un registro donde se recogerán las empresas y las personas trabajadoras que manipulan productos cancerígenos”, que tampoco está listo.

En el sindicato llevan tiempo insistiendo en la gran tardanza del Ministerio de Trabajo para sacar adelante la revisión normativa de la prevención de riesgos laborales, tras más de siete años de gobierno, y su temor de que finalmente se quede en un cajón. Todo indica que el anteproyecto de ley no saldrá adelante en el Congreso, con la patronal en contra y su influencia en las fuerzas conservadoras, por lo que los sindicatos mayoritarios insistieron en comprometer varios reglamentos, con el objetivo de que esta nueva legislatura no terminara de vacío.

Con la luz verde del Consejo de Ministros al anteproyecto de ley, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) celebró el paso del Ejecutivo, pero también apuntó que “dada la complejidad que el futuro proyecto de ley puede tener el futuro” numerosos de los cambios normativos necesarios “se pueden hacer por la vía del Real Decreto”, explica su portavoz, José Antonio Amate.

“El problema es que el tiempo de esta legislatura se está acabando, en el mejor de los casos nos queda prácticamente un año, y en este año o se aprueban los reales decretos o me temo que pasarán a un cajón del olvido”, añade Amate.

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Consejo de Ministros ha dado el primer paso para modernizar y reforzar la ley de prevención de riesgos laborales, de 1995. Ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley, que ahora debe iniciar su recorrido para llegar al Parlamento, donde tiene muy complicado salir adelante. Pactado con los sindicatos y con el rechazo de los empresarios, la norma incluye varias novedades, como una mayor protección específica de la salud mental y frente al cambio climático, la perspectiva de género en las medidas y una mayor vigilancia de los sindicatos sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), donde se producen la mayor parte de los accidentes laborales.

España llega a la conmemoración de este Día mundial con 104 trabajadores fallecidos en los dos primeros meses del año, seis más que en igual periodo de 2025, según los últimos datos provisionales del Ministerio de Trabajo. En 2025, murieron 735 personas en accidentes de trabajo. Como advierten a menudo los sindicatos y las asociaciones de víctimas, muchos de los accidentes laborales son evitables si se implementasen las medidas preventivas necesarias.

“Esta ley se ha quedado caduca”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la ley de prevención de riesgos laborales de 1995 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por ejemplo, “era una ley hecha para hombres”, ha afirmado Díaz, por lo que se tiene en cuenta la perspectiva de género en los puestos de trabajo a la hora de implementar medidas preventivas.

Además se exige que se tenga en cuenta “la perspectiva de la edad” en la prevención de riesgos, ha subrayado Yolanda Díaz, algo clave para un mercado laboral más envejecido, como el que tenemos en la actualidad y en los próximos años.

Foco en la prevención de la salud mental y cambio climático

La legislación incorpora y moderniza la regulación para incorporar de manera expresa la prevención de riesgos laborales que han cobrado importancia en los próximos años. Por un lado, los riesgos psicosociales, que ya existían en el mercado de trabajo, pero que se han visto agravados por la digitalización y la continua conectividad que ha permitido en el ámbito laboral, con un aumento de casos de ansiedad y estrés.

En los últimos años, las bajas médicas por salud mental se ha disparado y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado un novedoso estudio en que pone cifras por primera vez a cuántas personas mueren por este tipo de riesgos. Más de 840.000 personas fallecen cada año debido a riesgos como las largas jornadas y el estrés en el trabajo.

El anteproyecto de ley también incorpora la prevención frente al cambio climático, con un mayor aumento de los riesgos laborales vinculados a las condiciones meteorológicas extremas, ha explicado la vicepresidenta segunda. En este sentido, ya se han aprobado algunas medidas para prevenir a las plantillas ante las olas de calor, por ejemplo.

En ambas cuestiones, el Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos que aprobaría también reglamentos para reforzar la protección de los trabajadores, una medida clave para garantizar ciertos cambios en las empresas dada la previsión de que el anteproyecto de ley no salga adelante en el Parlamento. El líder de Salud Laboral de CCOO, Mariano Sanz, ha denunciado un “incumplimiento” del departamento de Yolanda Díaz, al no aprobar ya de manera paralela estos reglamentos, que no deben pasar por el Congreso de los Diputados.

Díaz ha respondido con enfado que “miente”, dado que en el texto firmado no había plazo para aprobar los reglamentos y que por jerarquía normativa debe tramitarse antes el anteproyecto de ley. Además, ha asegurado que cumplirá “a pies juntillas” con la aprobación de estos reglamentos “en esta legislatura”. En CCOO advierten de que, tras más de siete años de gobierno, la legislación sobre riesgos laborales no se ha aprobado hasta el momento y es clave que esta materia no se quede pendiente, sin cambios, un temor justificado ante las escasas opciones de que el anteproyecto de ley salga adelante en el Parlamento.

Más control sobre pymes, foco de gran parte de accidentes

Una de las principales exigencias sindicales que incluye el anteproyecto de ley, que cuenta con el rechazo patronal, es la mayor vigilancia de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de “agentes territoriales de prevención” a nivel autonómico. Las pymes son precisamente el foco de mayor accidentes laborales, que los sindicatos vinculan a la ausencia de representación de la plantilla y a la falta de medios de la Inspección de Trabajo para controlar a tantas empresas.

En caso de que la ley saliera adelante, estos agentes “realizarán la prevención en las empresas de menos de diez personas trabajadoras” y “estarán designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de cada sector”, ha explicado el Ministerio de Trabajo.

Además, con esa lógica de mejorar la prevención en empresas de menor tamaño, “se limita la posibilidad de que la persona empresaria asuma personalmente las actividades de prevención a empresas de hasta diez personas trabajadoras con un único centro de trabajo y siempre que, además, aquella tenga la capacidad necesaria en función de los riesgos a los que estas estén expuestas y de la peligrosidad de las actividades”, destaca el Ministerio. También “see reduce el número de personas trabajadoras a partir del cual es obligatorio un servicio de prevención propio que deberá contar, al menos, con tres especialidades”.

Yolanda Díaz ha destacado también que el anteproyecto de ley elimina la posibilidad de “pronto pago”, es decir la reducción de la cuantía de las sanciones a las empresas en caso de pagar con rapidez, en caso de que el incumplimiento empresarial haya tenido como resultado un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

Pérdida de empleo y aumento del paro en el primer trimestre del año, como ocurre siempre en este momento del año por cuestiones estacionales, pero en 2026 con más intensidad que en los últimos años de bonanza económica. El paro se incrementó en 231.500 personas, el dato más elevado desde la pasada crisis financiera, en 2013, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes. La tasa de paro vuelve a subir por encima del 10%. Del lado del empleo, bajó en 170.300 personas ocupadas, casi el doble que el año pasado y también el registro más elevado en la última década para un inicio de año (salvo en 2020, por el estallido de la pandemia).

El contexto del primer trimestre de 2026 es también más complicado de lo normal. A la habitual pérdida de empleo en el mercado laboral por elementos como el fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio y el mal tiempo que perjudica a actividades como la construcción y la agricultura (y que este trimestre ha tenido episodios especialmente complejos, por ejemplo en Andalucía), se suma un contexto de gran crisis internacional.

Desde febrero, EEUU e Israel desataron una guerra contra Irán, que ha abierto una crisis energética mundial todavía de alcance imprevisible. No obstante, el mercado laboral parece estar resistiendo bastante bien el estallido del conflicto, al menos en un principio, según los datos récord de afiliación a la Seguridad Social del pasado marzo. Además, en este primer trimestre ha coincidido solo unos días la Semana Santa, momento de incremento de la actividad sobre todo gracias al turismo, que en otras ocasiones coincide de lleno.

Con los movimientos del primer trimestre, el total de personas en paro volvió a situarse por encima de la barrera de los 2,7 millones y con una tasa de paro del 10,8%, después de haber logrado bajar de esta cifra simbólica en 2025 por primera vez en 17 años. Aun así, es la más baja en un inicio de año desde hace 18 años, en 2008, al inicio de la crisis financiera.

El aumento de la tasa de paro se explica por el importante alza de personas desempleadas, en 231.500 personas, así como por un incremento de las personas dispuestas a trabajar (población activa), en 61.200 personas en el trimestre, y que llevó el total por primera vez por encima de los 25 millones.

Del lado del paro, por sexos, el número de hombres en paro creció en 94.500 este trimestre y el de mujeres, en 137.000. La tasa de paro femenina subió 1 puntos –hasta el 12%– y la masculina en 71 centésimas –hasta el 9,5%–. El desempleo subió este trimestre sobre todo en los servicios (162.100 más), la industria (13.000) y la agricultura (9.500), mientras que disminuyó en la construcción (- 11.700 personas).

Por tiempo de búsqueda de empleo, el paro aumentó en 39.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año (el llamado paro de larga duración) y en 19.200 entre las personas que buscan su primer empleo. Los hogares con todos sus miembros activos en paro se incrementaron en 78.500 este trimestre, hasta un total de 850.700.

En el último año, la cifra total de desempleados se redujo en 80.600 personas (62.200 hombres y 18.400 mujeres), lo que supone un descenso anual del 2,9%.

Por su parte, las personas con empleo se situaron en un total de casi 22,3 millones, aunque el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo ha destacado el dato desestacionalizado –que aísla vaivenes propios del calendario y la estacionalidad–, como hizo el pasado mes el presidente del Gobierno con las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Con este indicador, se alcanza un nuevo máximo histórico de empleo en el primer trimestre de 2026, que supera los 22,5 millones de personas ocupadas. Con el dato medio bruto, que es el que se usa habitualmente, el último récord tuvo lugar el pasado trimestre, con más de 22,4 millones de personas con empleo en el cierre de 2025.

Este trimestre, el descenso del empleo se corresponde de lleno al sector servicios, con 228.400 personas ocupadas menos, mientras que se incrementó en la industria (+28.100), la construcción (+17.500) y la agricultura (+12.500), algo positivo respecto a otros años. Por tipo de empleador, la ocupación bajó en el sector privado (-191.400 personas), mientras que el empleo público aumentó en 21.100 personas.

Destaca la caída del empleo de autónomos, en 68.600 personas en este primer trimestre, un dato más onunciado de lo habitual (el año pasado aumentó incluso en 1.400 personas ocupadas por cuenta propia), subrayan en CCOO y la patronal CEOE. “Dicha caída se concentró principalmente en el colectivo de autónomos sin asalariados o trabajadores independientes (-59.900 personas), mientras que en el caso de los autónomos empleadores se produjo un incremento de 10.400 personas”, concreta la CEOE.

Nuevo mínimo de empleo temporal

El número de personas asalariadas bajó en 102.900 –quienes tenían contrato indefinido se redujeron en 17.600 y las personas con contrato temporal, en 85.400–. Por su parte, el número de trabajadores por cuenta propia descendió en 68.600 personas.

Con estas cifras, la temporalidad del empleo –los trabajadores temporales sobre el total de asalariados– volvió a descender y registró un nuevo mínimo histórico, del 14,8%. Una tasa que “se reduce hasta el 11,9% en el sector privado”, destaca Economía.

“Los datos confirman un mercado laboral capaz de seguir creando empleo de mayor calidad incluso en un contexto internacional complejo. Hemos alcanzado un nuevo máximo histórico de ocupación en términos desestacionalizados, lo que demuestra que España afronta los retos de hoy mejor preparada que en crisis anteriores”, ha destacado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Se ralentiza el crecimiento anual del empleo

Si miramos al último año, el mercado laboral español sigue creando mucho empleo, más de medio millón de puestos de trabajo –515.400 personas– en los 12 últimos meses, un 2,4% más. Sin embargo, el ritmo de creación interanual ha experimentado un importante descenso respecto el cierre de año, cuando se registraron 605.400 empleos más (+2,8%).

El mercado laboral de este arranque de 2025 no solo ha afrontado los descensos de empleo propios por la estación, sino que también ha seguido creciendo. Es decir, ha sumado más gente dispuesta a trabajar. Cuando esta logra empleo se sitúa como “ocupada” y, cuando no lo consigue, como “desempleada”.

El aumento de la población activa en el primer trimestre se situó en 61.200 personas, un dato elevado en la última década, pero casi la mitad que el año pasado, como ilustra el anterior gráfico. Por nacionalidad, el número de activos disminuyó en el último trimestre en 4.600 entre los españoles, mientras que aumentó en 65.800 entre las personas extranjeras.

Este nuevo incremento, que supone un alza de 447.000 personas en el último año, llevó la población activa a un nuevo máximo histórico para España, los 25 millones de personas dispuestas a trabajar.

Polémico fallo del Tribunal Supremo contra la libre entrada en las empresas que hoy ejerce la Inspección de Trabajo. El Alto Tribunal ha dictado una sentencia que exige una autorización judicial para que los inspectores puedan entrar en los centros cuando estos coincidan con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente por ejemplo en las pymes, la gran mayoría de empresas del país. Los dos principales sindicatos profesionales de la Inspección han rechazado frontalmente la valoración del Supremo, que critican por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”.

Al solo existir una sentencia del Supremo, sin que se haya sentado jurisprudencia con un segundo fallo, los sindicatos de inspectores indican que seguirán ejerciendo sus funciones y entrando libremente en las empresas como hasta el momento, pero alertan de este criterio y reclaman “una profunda y más cualificada reflexión” para futuros fallos.

El caso analiza el recurso interpuesto por una empresa de comercio al por mayor de frutas y hortalizas en la Comunidad Valenciana, que fue objeto de una visita de la Inspección de Trabajo junto a la Policía Nacional, dentro de una investigación. La actuación se ciñó a la “zona de trabajo fabril” aunque el mismo centro de trabajo era también el domicilio social de la compañía (una SL).

Derecho a la inviolabilidad del domicilio, también de las empresas

El empresario denunció la entrada de la Inspección por considerar que había vulnerado si derecho a la “inviolabilidad del domicilio”, reconocido constitucionalmente. Por este derecho, los inspectores no pueden entrar libremente en las empresas cuando estas son también el domicilio de los empresarios (personas físicas), salvo consentimiento y orden judicial, pero no se extiende esta garantía al domicilio social de las empresas (personas jurídicas).

Así, la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo establece que los Inspectores de Trabajo tienen el carácter de autoridad y están autorizados para: “Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”.

Contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, la Sala cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo considera que esa protección sobre el domicilio de las personas debe extenderse también al domicilio social de las empresas.

El Tribunal Constitucional ya falló en una sentencia de 1999, tras recordar que las personas jurídicas carecen de intimidad, que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de las sociedades mercantiles “solo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros”.

La Abogacía del Estado sostuvo que lo constitucionalmente protegido en el caso de los domicilios de las empresas es el acceso a la documentación –y al centro de dirección de las compañías, indican en los sindicatos de inspectores–, pero no el centro de trabajo en general, lo que limitaría la entrada libre e inmediata de los inspectores en miles de empresas del país.

Los magistrados del Supremo sostienen sin embargo que la protección constitucional debe extenderse a la entrada en el domicilio social de la empresa, aunque no haya ningún registro de documentación. “La única excepción podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera para el cumplimiento de sus funciones legalmente previstas”, añade la sentencia.

Frontal oposición de los inspectores: “El tribunal está legislando”

Los sindicatos de la Inspección SITSS y UPIT han difundido este lunes dos comunicados muy críticos con la sentencia judicial, que recuerdan que su ley ordenadora regula expresamente la exclusión solo del domicilio de las personas físicas. “No se está interpretando un precepto que ofrezca dudas jurídicas, sino más bien se está 'legislando' por el Tribunal, ampliando una norma sin justificar por qué se pone en duda la voluntad del legislador”, advierten desde la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.

El Supremo indica que hay un “vacío legal” en la Ley de la Inspección respecto al domicilio social de las empresas y que, por su parte, procede “la aplicación directa de la correspondiente norma constitucional”, que interpreta.

El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí cuestiona también ese supuesto “vacío” normativo. “No parece que exista tal vacío normativo. El artículo 13.1 establece una regla general taxativa: la Inspección de Trabajo puede entrar libremente en los centros de trabajo sin necesidad de autorización judicial. Y, a continuación, incorpora una única excepción expresa: cuando el centro coincida con el domicilio de una persona física. Desde esta perspectiva, no estamos ante una laguna, sino ante una opción legislativa consciente”, valora en su blog.

El sindicato SITSS alerta de que “esta doctrina tiene un impacto especialmente relevante en el tejido empresarial español, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas en las que es habitual que el domicilio social coincida con el centro de trabajo”. La necesidad de recabar autorización judicial de forma sistemática, señala, “comprometería seriamente la inmediatez y eficacia de la actuación inspectora”.

Los magistrados indican incluso que “cabe preguntarse” si la Ley de la Inspección “está viciado de inconstitucionalidad por omisión” al no proteger la entrada en el domicilio social de las empresas. UPIT subraya que, si el Tribunal Supremo tenía dudas sobre un posible defecto de inconstitucionalidad de la ley, “automáticamente debería haberse abstenido de actuar al carecer de competencias en materia constitucional de normas con rango de ley o, al menos, haber planteado cuestión de inconstitucionalidad ante el único órgano competente para la interpretación de la norma máxima que es el Tribunal Constitucional”.

“Desde el absoluto respeto a las sentencias judiciales y a los convenios internacionales ratificados por España, desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se hace una valoración crítica de este pronunciamiento”, responden por su parte fuentes del Ministerio de Trabajo. “En cualquier caso, se estima que la valoración de la constitucionalidad o no del precepto correspondería al Tribunal Constitucional”, añaden.

La pelea por la jubilación anticipada de las azafatas de vuelo, también denominadas tripulantes de cabina y en su mayoría mujeres, está viviendo un nuevo asalto. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, apoyados por la patronal, han reclamado al Ministerio de la Seguridad Social en la mesa de negociación sobre pensiones que incluya a este colectivo feminizado de trabajadoras en el derecho al retiro anticipado que ya tienen gran parte de sus compañeros de vuelo. “Es una discriminación histórica”, denuncia Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT.

La reivindicación no es nueva. Las tripulantes de cabina “llevan años” reclamando que se les reconozca el derecho a la jubilación anticipada para trabajos aéreos, regulada en un real decreto de 1986, recuerda Ernesto Iglesias, responsable de Tripulantes de Cabina del sindicato USO. Este retiro anticipado sin penalizaciones se reconoce al “personal de vuelo de trabajos aéreos”, debido a las “peculiares condiciones de la actividad aeronáutica y el prematuro envejecimiento” que producen.

Sin embargo, cuando se acude al listado de profesiones del sector aéreo con este derecho, las tripulantes de vuelo no figuran. Están los pilotos, copilotos, mecánicos de aeronave, distintos fotógrafos aéreos, operadores de medios tecnológicos... pero no las azafatas, un colectivo feminizado respecto al resto de ocupaciones que sí tienen el derecho, más masculinizadas.

Sentencias a favor y una “discriminación directa”

“Cualquier colectivo de vuelo lo tiene, menos ellas”, denuncia Cristina Estévez, que explica que la reivindicación para las tripulantes de vuelo se ha reavivado en los últimos meses debido al acuerdo con Junts en el Parlamento por el que se incluyó en una ley el compromiso del Gobierno de impulsar la jubilación anticipada para el personal sanitario en medios aéreos. En la norma se estableció que la Seguridad Social iniciaría de oficio el procedimiento habilitado para la jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad habilitado hace unos meses.

“No podemos dejarlas a ellas como el único colectivo fuera. Es una discriminación directa contra las tripulantes de cabina”, sostiene Estévez. Sumar, que apoyó la enmienda reclamada por Junts para los sanitarios en medios aéreos, presentó una iniciativa en el Congreso para pedir al Gobierno que reconociera la medida también a las tripulantes.

UGT destaca que además ya hay varias sentencias que reconocen esta discriminación. El sindicato USO difundió en enero de 2025 una pionera resolución de instancia en este sentido, que reconocía la jubilación anticipada a una azafata residente en Tenerife pese a no figurar su profesión en el decreto del sector aéreo. “No entenderlo así en realidad supondría no solo una discriminación directa por ser la misma actividad de trabajos aéreos desarrollados por otras categorías, sino, además, sería una discriminación indirecta por razón de género”, estableció la sentencia, citando una resolución previa del juzgado de lo Social 34 de Madrid, de diciembre de 2023.

Esa primera sentencia conocida, de 2023, fue además respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Cuando en el TSJ se reconoce también la jubilación anticipada, la Seguridad Social se retira”, explica Ernesto Iglesias (USO), para evitar que los casos lleguen al Tribunal Supremo y que se genere así jurisprudencia.

Varias fórmulas en discusión

“Hay un agravio comparativo con otros trabajadores en situaciones similares, por lo que estamos reclamando que se reconozca el derecho a las tripulantes de cabina, tanto los sindicatos como la patronal”, explica por su parte Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO.

La patronal aérea (ALA) en el pasado no había sido partidaria de la medida, que supone una sobrecotización de la empresa y la parte trabajadora para sufragar los retiros anticipados, pero ahora “parece que están por la labor”, tanto en esta organización como en algunas empresas de gran importancia en el sector, como Iberia, indican diversas fuentes. Oficialmente, desde ALA sostienen que no tienen posición al respecto. “Todo lo relativo a temas laborales es independiente de cada compañía, que fija su posición de forma individualizada”, indican en la patronal aérea.

En este contexto, la mesa de negociación de pensiones de la Seguridad Social está explorando “dos posibilidades” para tratar de reconocer a las azafatas el retiro anticipado, explica Carlos Bravo. La primera: acudir al procedimiento estándar habilitado para todas las profesiones, una idea que no contenta en UGT, ya que supone “alargar una discriminación” que sufren estas trabajadoras, denuncian. “Hay cosas con las que no se puede mirar para otro lado”, sostiene Cristina Estévez, que pide una solución “inmediata” para el colectivo.

La segunda: una modificación directa del real decreto de 1986 para incluir a estas trabajadoras en la jubilación anticipada ya aprobada para el sector aéreo, sin seguir el nuevo procedimiento habilitado, con el argumento de que se debe resolver con premura una situación de desigualdad.

En este escenario, se plantea una discusión adicional que pueden encontrar más reticencias en la patronal: cuál debería ser la sobrecotización de todo el sector aéreo. Porque es del 4% fruto del decreto aprobado en 1986, mientras que en otros colectivos que se han aprobado la medida a posteriori es mucho mayor, del 10% o más.

Algunas voces consideran además que puede ser problemático no acudir al procedimiento aprobado para estas jubilaciones anticipadas sectoriales, que se aprobó precisamente para acabar con la discrecionalidad en el acceso a la medida hasta ahora, que supuso que solo accedieran al retiro anticipado ciertos oficios que tenían el favor o la atención de alguna formación política, como ocurrió con varias policías regionales.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social prefieren no responder sobre este tema ni la mesa de negociación abierta, por respeto al diálogo social, indican.

Plantón de todos los sindicatos al Ministerio de Función Pública sobre la Oferta Pública de Empleo (OEP) para la Administración General del Estado en 2026. Como el año pasado, los representantes de los trabajadores rechazan el planteamiento del departamento que dirige Óscar López, que no les facilita los datos concretos de plazas ofertadas, sino solo unas líneas generales sobre el tema, lo que les impide llevar a cabo una negociación y diálogo real sobre la oferta, denuncian todas las organizaciones.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y CSIF han lanzado varios comunicados denunciando la falta de transparencia y de negociación. “La Administración sigue sin facilitar información clave sobre la distribución de las plazas por territorios, departamentos, cuerpos y escalas, lo que impide realizar una valoración rigurosa de la propuesta”, denuncia UGT.

La Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado (AGE) de 2025 contó con 26.889 plazas, que, junto a las 9.699 de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sumaron un total de 36.588 plazas. Esta también fue rechazada por los sindicatos por su falta de negociación.

CSIF explica que el Ministerio les ha trasladado el “compromiso de creación de empleo neto, pero sin concretar cuánto ni en qué ámbitos”. “Exigimos los datos y esperamos tenerlos antes de la aprobación por el Consejo de Ministros”, añade el sindicato de funcionarios.

CCOO critica por su parte que el Gobierno pida a las organizaciones sindicales “fe”, sin números. El sindicato sostiene que “se tiene que comprometer un volumen de empleo proporcional al número de bajas, que en 2025 superó los 12.000 efectivos, ya que solo una proporción mayor podría generar empleo neto en la Administración General del Estado, y garantizar unos servicios públicos que se prestan a la ciudadanía que se incrementan año tras año”.

Número de plazas, servicios más urgentes y promoción interna

Los sindicatos mayoritarios señalan varias cuestiones prioritarias que querrían negociar con el Ministerio de Función Pública. En primer lugar, el volumen de plazas para lograr que la Administración General del Estado no pierda personal, ante el gran número de jubilaciones que enfrenta, pero también su distribución en los distintos servicios públicos, para reforzar especialmente aquellos que más adolecen de manos. Por ejemplo, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y la Seguridad Social, entre otros.

En particular, los representantes de los empleados públicos destacan la necesidad de un refuerzo extraordinario del personal de cara a la regularización extraordinaria de migrantes que acaba de aprobar el Gobierno, para facilitar la atención a la ciudadanía, así como plazas para garantizar la aplicación real de la reducción de jornada a 35 horas a la semana para los empleados públicos del Estado, recién aprobada.

El Ministerio ha trasladado a los sindicatos que convocará “una oferta extraordinaria para Transición Ecológica para prevención, reconstrucción y ayuda, en las políticas relacionadas con el cambio climático”, indica CSIF. En UGT ven necesario reforzar estos ámbitos, pero advierten “de que estas iniciativas deben formar parte de una planificación global y coherente del empleo público”.

Además, los sindicatos destacan los problemas de cobertura de muchas plazas de promoción interna, “una herramienta fundamental para adaptarse a las necesidades cambiantes de la Administración, y que constituye un derecho de las empleadas y los empleados públicos”, indica CCOO.

El Ministerio ha comunicado en la reunión de este miércoles que solicitará informes a los departamentos con una cobertura inferior al 75% de las plazas tras los procesos selectivos. “Estos diagnósticos resultan claramente insuficientes si no van acompañados de medidas concretas que garanticen la cobertura efectiva de los puestos”, critican en UGT.

Por ejemplo, CCOO ha señalado la necesidad de “mejorar la competitividad de los salarios” en la AGE, con ejemplos como “la falta de cobertura de las plazas C2 principalmente y algunas del grupo C1”, con salarios que rozan el salario mínimo (SMI).

Convocatorias atrasadas de laborales en “dos meses”

En relación con la ejecución de ofertas anteriores, “el Ministerio se ha comprometido a convocar en un plazo aproximado de dos meses las OEP de personal laboral correspondientes a 2023 y 2024, actualmente acumuladas”, explica UGT. El sindicato subraya que, dado que la OEP de 2023 caduca en el mes de julio, “este anuncio no supone un avance, sino el cumplimiento ineludible para evitar la pérdida de plazas”.

Elena Tarjuelo, portavoz del personal laboral en UGT Servicios Públicos, ha recordado que son más de 9.000 plazas de personal laboral las que están pendientes de convocar: 5.765 en turno libre y 3.328 en promoción interna, referidas a las ofertas de 2023, 2024 y 2025.

“Las ofertas de empleo están para cumplirse, no para guardarse en un cajón. Lo contrario es ineficacia o una estrategia de privatización y UGT no avalará ninguna de las dos” ha concluido la portavoz sindical.

Poner números a esos infartos o un ictus mortales que, aunque muchas veces no se identifiquen, están vinculados con el estrés y la ansiedad laboral. O a los suicidios motivados por el trabajo, que muchas veces permanecen invisibles. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado este miércoles un novedoso informe en el que estima por primera vez el número de muertes en el mundo debido a los llamados “riesgos psicosociales”. Con un análisis solo de cinco de ellos, la organización calcula más de 840.000 muertes al año y casi 45 millones de años de vida perdidos al año ajustados en función de la discapacidad (AVAD).

El informe de la OIT, titulado 'El entorno de trabajo psicosocial: avances mundiales y vías de acción', calcula las muertes atribuibles a cinco importantes factores de riesgo psicosociales relacionados con el trabajo: la tensión laboral, el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, la inseguridad laboral, las jornadas laborales prolongadas (55 horas o más a la semana) y el acoso laboral.

Con un análisis de la prevalencia de estos cinco riesgos psicosociales en el ámbito laboral, a través de encuestas internacionales, y los datos sobre las consecuencias en la salud de estos factores (fruto de las Estimaciones Globales de Salud de la OMS y en los datos de la Carga Global de Morbilidad para 2021), la OIT calcula que una estimación anual de 840.088 muertes al año en todo el mundo por estos riesgos.

De ellas, la OIT estima más de 463.000 muertes en Asia-Pacífico, 174.000 en África, 112.000 en Europa, casi 80.000 en América y unas 11.000 en los países árabes. Por sexos, casi 500.000 fallecimientos corresponden a hombres y 340.000, a mujeres.

“Los riesgos psicosociales se están convirtiendo en uno de los desafíos más importantes para la seguridad y salud en el trabajo en el mundo laboral moderno”, afirmó Manal Azzi, responsable del equipo de Políticas y Sistemas de SST de la OIT. “Mejorar el entorno de trabajo psicosocial es esencial no solo para proteger la salud mental y física de los trabajadores, sino también para fortalecer la productividad, el desempeño organizacional y el desarrollo económico sostenible”, añadió. 

56.400 muertes por trastornos mentales, como suicidios

De este total, la OIT señala que la gran mayoría casi 784.000 muertes se deben a enfermedades cardiovasculares (cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares), mientras que cifra en algo casi 56.400 las muertes por “trastornos mentales”, entre las que se encuentran los suicidios.

La organización internacional explica que “las conductas suicidas constituyen un resultado grave, aunque menos estudiado, en relación con los riesgos psicosociales en el trabajo”. La OIT destaca que las pruebas indican que “los riesgos psicosociales pueden aumentar el riesgo de suicidio, especialmente cuando interactúan con trastornos de salud mental preexistentes, desventajas sociales o factores estresantes acumulativos”.

El informe recoge que se ha observado “un riesgo elevado en los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios de emergencia, donde los riesgos psicosociales pueden combinarse con la exposición a situaciones traumáticas, horarios irregulares, normas que desalientan la búsqueda de ayuda y, en algunos sectores, el acceso a medios letales”, como pueden ser las armas de fuego de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La investigación destaca el caso de Nueva Zelanda, donde los registros nacionales muestran que “alrededor del 12% de los suicidios se consideraron relacionados con el trabajo”. Sin embargo, la OIT destaca que los datos sobre esta problemática “siguen siendo limitados y metodológicamente desiguales”, por lo que se requiere “una interpretación cautelosa” y considerar el trabajo como un factor contribuyente al suicidio dentro de un contexto más amplio.

Justo este miércoles, el sindicato UGT ha presentado también un informe en el que pretende alertar y prevenir sobre los suicidios en el ámbito del trabajo, que solo se reconoce en muy contados casos en los que las familias acuden a los tribunales. El sindicato liderado por Pepe Álvarez ha puesto a disposición de las empresas y representantes de los trabajadores un protocolo de prevención y actuación ante el suicidio, para abordar las causas laborales que pueden desembocar en trastornos mentales y en conductas suicidas. Además, también habrá una línea teléfonica con una primera atención, ha explicad Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral del sindicato.

Años de vida perdidos por enfermedad y discapacidad

El informe también señala que estos riesgos psicosociales son responsables de la pérdida de casi 45 millones de años de vida ajustados por discapacidad al año (AVAD), lo que refleja los años de vida saludable perdidos debido a enfermedad, discapacidad o muerte prematura, y se estima que generan pérdidas económicas equivalentes al 1,4% del PIB mundial cada año. 

De estos millones de años de vida perdidos, la OIT estima que 20,4 millones son atribuibles a enfermedades cardiovasculares y una mayor parte, 24,5 millones, a trastornos mentales. 

Además, el organismo destaca que las pérdidas de años de vida en enfermedades cardiovasculares están aumentando mucho en los últimos años. “El análisis de tendencias muestra que los AVAD atribuibles a factores de riesgo psicosociales aumentaron casi un 14%, pasando de 17,9 millones en 2019 a 20,4 millones en 2021”, recoge el estudio.

La OIT subraya la importancia de medir y reconocer las enfermedades en el trabajo, una pieza clave para conocer el alcance del problema y trabajar para prevenir estos riesgos y reducir las enfermedades y las muertes derivadas de ellos. El sindicato CCOO destacó también la semana pasada el infrarregistro de las patologías mentales originadas por el trabajo en España: en 2025 se registraron en España más de 600.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, pero solo 203 casos se reconocieron como de origen profesional.

Los riesgos psicosociales alcanzan a diversas facetas del entorno laboral, desde cómo se organiza el trabajo, la carga que se asigna a los trabajadores, los ritmos de producción, cómo se gestionan las relaciones entre jefes y empleados, y las situaciones de acoso y violencia en el trabajo.

Al abordar estos riesgos de manera proactiva, “los países y las empresas pueden crear lugares de trabajo más saludables que beneficien tanto a los trabajadores como a las organizaciones, al tiempo que refuerzan la productividad y la resiliencia económica”, destaca la OIT. 

La presidenta de la patronal de pymes Cepyme ha considerado la regularización de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno como una herramienta para afrontar “uno de los grandísimos problemas que tenemos ahora mismo las empresas, especialmente las pymes, que lo tienen más difícil, que es todo el tema de vacantes” sin cubrir. De Miguel ha sostenido que las empresas “necesitan a esas personas”, para las que ha considerado que es “clave” garantizar una formación y cualificación.

Mientras la derecha política, como PP y Vox, se han situado en contra de la regularización de las personas migrantes sin papeles que ya están en España, de manera beligerante y con multitud de bulos contra la medida, la posición en el ámbito empresarial es bien distinta. Varias patronales sectoriales, especialmente algunas que se aquejan de la falta de trabajadores, como la construcción, participaron en un acto con el Gobierno para celebrar la medida.

Desde varias ámbitos empresariales era una medida esperada, reclamada al Gobierno, en lo que consideran una pieza necesaria para tratar de cubrir puestos vacantes sin cubrir en estos momentos.

En esta línea se ha posicionado este martes la presidenta de la patronal de pymes Cepyme. “Creemos que es muy importante trabajar la formación de todos los inmigrantes que se van a regularizar”, ha afirmado Ángela de Miguel para “habilitarles para todas esas vacantes que ahora mismo tenemos en España”.

“Creemos que es fundamental y creemos que es la manera también de que nuestras empresas puedan crecer y podamos trabajar con esas personas, que nosotros necesitamos en nuestras organizaciones”, ha explicado.

“(Es) muy importante ver cómo trabajamos la formación de todos estos inmigrantes que se van a regularizar y cómo podemos llevarles con todos los incentivos necesarios al empleo, porque creemos que eso es la clave para que al final esta regularización sea algo que favorezca a todos los españoles”, ha añadido.

Los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), celebraron ayer que algunas patronales no estén dejándose llevar por la politización y estén apoyando la medida, que consideran también necesaria, en primer lugar, por la ampliación de derechos de estas personas, pero también para la economía y el Estado del Bienestar. Los sindicatos precisaron no obstante que es necesario garantizar los derechos laborales y las condiciones de estos trabajadores, para que las empresas no los utilicen como mano de obra barata.

Defensa del diálogo social frente a los ataques de Vox

A preguntas de los periodistas, la empresaria también ha respondido a si teme que la llegada de Vox a gobiernos autonómicos ponga en peligro el diálogo social, dada la actuación del partido de extrema derecha en el pasado en contra de esta herramienta de negociación entre patronales y sindicatos, por ejemplo con la supresión del organismo de mediación laboral de Castilla y León.

“Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel, en el artículo 7 de la Constitución Española. Lo que vamos a defender es el diálogo social, independientemente de las diferentes vicisitudes políticas que podamos encontrarnos en España”, ha respondido De Miguel. “Creemos y defendemos el diálogo social porque realmente estamos convencidos de que es una institución fundamental para la prosperidad de todos los españoles, que es fundamental para la mejora de nuestro país”, ha añadido.

“Evidentemente, cualquiera que intente limitar ese diálogo social, nosotros vamos a estar ahí defendiéndolo, independientemente de cualquier interlocutor que tengamos enfrente”, ha sostenido la presidenta de Cepyme.

Muy crítica con los costes laborales y fiscales

De Miguel ha sido muy crítica con el Gobierno y, en particular, con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, a la que también ha señalado por no respetar el diálogo social, al llevar adelante medidas solo con el respaldo de los sindicatos tras las negativas de los empresarios. Por ejemplo, las subidas del salario mínimo o los intentos para reducir la jornada laboral y endurecer el registro horario.

Además, la líder de las pymes ha criticado el aumento de costes laborales en España, por el alza del salario mínimo y de las cotizaciones sociales, así como lo que ha considerado una gran “carga fiscal” vinculada al trabajo, que ha considerado que “desincentiva” trabajar.

Principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos laborales, que quedó imposibilitada tras la última reforma de pensiones. El Ministerio que dirige Elma Saiz está ultimando un decreto ley con la medida, pero quiere incorporar más elementos en la norma, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas, pero que aún no están del todo cerrados y algunos sobre los que aún no hay consenso, explican fuentes sindicales.

Junto a acabar con el recorte “de golpe” en la jubilación anticipada de las pensiones máximas, resuelto hace unas semanas, los sindicatos mayoritarios exigieron al departamento de Saiz desbloquear por fin la jubilación parcial de los empleados públicos laborales para seguir negociando cualquier otra cuestión con la Seguridad Social.

Hace dos años, la jubilación parcial de los laborales de la Administración Pública se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para mejorar las condiciones laborales en la incorporación de los relevistas. Esta obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la Administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad.

Se permitirá que los relevistas sean interinos

Este lunes, y tras muchos meses de conversaciones para tratar de alcanzar una solución, CCOO y UGT han anunciado que la medida está a punto de cerrarse, posibilitando que el puesto de relevista se cubra con trabajadores temporales interinos vinculados a una próxima convocatoria de empleo público, una opción que reclamaban los sindicatos desde el inicio.

“Se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo”, explica Comisiones Obreras en un comunicado.

CCOO ha reclamado que la medida sea aprobada “sin demora” en un real decreto ley, en el que considera que también debería quedar solventada la misma situación para los trabajadores funcionarios y estatutarios de la Administración Pública. El sindicato plantea una reforma “ya” del artículo “67 del Estatuto Básico del Empleado Público”, de manera que no se espere a la reforma integral del TREBEP que está tramitándose enel Parlamento.

Viudedad de parejas de hecho sin registrar y otras medidas

Los sindicatos explican que el Ministerio de la Seguridad Social está preparando un real decreto ley con la jubilación parcial de los laborales públicos, pero en el que quiere incluir más medidas pendientes en materia de pensiones y algunas otras referentes a la incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad).

Entre las primeras destaca el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas formalmente que tengan hijos en común o que acrediten una larga convivencia. Aunque los detalles de la medida están por cerrar, en los sindicatos consideran que se podría culminar en breve y que se incluyera la medida en el real decreto ley.

Sin embargo, hay otras cuestiones menos avanzadas e, incluso, aún controvertidas que también se está debatiendo si formarán parte de la norma, lo que podría retrasarla un poco todavía. Principalmente, propuestas sobre incapacidad temporal, que el Ministerio de la Seguridad Social querría incluir para tratar abordar el gran aumento de las bajas laborales por enfermedad.

Desde los sindicatos explican que hay algunas medidas que sí podrían salir adelante, relativas a la agilización de procedimientos, como “la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado”, pero hay otras que creen que requieren más debate y que deberían abordarse con más calma para otra futura ley.

En UGT han insistido por su parte en que se modifique también de manera urgente el reglamento que da acceso a la jubilación anticipada por penosidad en el sector aéreo y que excluye ahora a las azafatas (tripulantes de cabina). Una “situación absurda” y “discriminatoria” que afecta al colectivo, muy feminizado, frente a otros más masculinizados, como el de los pilotos, ha denunciado el sindicato.

“Un clamor del no a la guerra” y por “el derecho a la vivienda”. Son dos de las reivindicaciones centrales de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para el Primero de Mayo, fecha clave a nivel internacional por los derechos de los trabajadores, que este año celebrará su acto central en Málaga. Las centrales de trabajadores han situado esta reclamación a nivel nacional, por los efectos que los conflictos internacionales tienen también en el bolsillo de la población en España, y han insistido en la necesidad de subir los salarios de manera contundente para repartir la riqueza en España, en un momento en el que es líder en el empuje de las economías de la OCDE.

Así lo han explicado este lunes los dos líderes de ambas organizaciones, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), que han desvinculado la celebración del acto central del Primero de Mayo en Málaga de la campaña electoral en Andalucía, que se inicia ese mismo día. Aunque no han negado la importancia del debate de todas estas cuestiones de cara al proceso electoral de la comunidad presidida por Juanma Moreno Bonilla, Sordo y Álvarez han aclarado que la ubicación de Málaga se eligió a finales de 2025, antes de la convocatoria del adelanto electoral.

Además, han señalado que la elección de Málaga es estratégica para visualizar uno de los principales problemas del país que quieren denunciar este Primero de Mayo: la falta de acceso a la vivienda a precios asequibles, especialmente en ciudades más tensionadas por el turismo y la especulación, que expulsa a “la clase obrera y trabajadora” de sus barrios, ha subrayado Sordo.

El “no a la guerra” y el liderazgo de España a nivel internacional

“Tenemos que convertir el Primero de Mayo en un grito contra la guerra, de exigencia de paz, que nos permita acabar con esta situación que vivimos en el mundo”, ha sostenido Pepe Álvarez, que ha recordado los crímenes de lesa humanidad en Gaza, las muertes en Líbano y “los bombardeos sin razón en Irán”.

En especial los líderes sindicales han denunciado el retorno de Donald Trump a la Administración de Estados Unidos, por las vulneraciones continuas a la legalidad internacional y las muertes de ciudadanos inocentes golpeados por las armas en múltiples guerras apoyadas o propiciadas por su gobierno. Desde Palestina y Líbano a Irán.

También, por los objetivos detrás de sus políticas de guerra comercial y de conflictos armados en el mundo, ha denunciado Unai Sordo, que ha situado a la Unión Europea y sus países miembros, como España, como una víctima directa, no colateral, buscada por el presidente de EEUU. “Esto va de empobrecimiento”, ha resumido el líder de CCOO, y de “incrementar la dependencia de los combustibles fósiles de Estados Unidos”, para sacar rendimiento económico de estos conflictos internacionales.

Los líderes sindicales han reconocido el papel del Gobierno de España, y en concreto del presidente Sánchez, como “referente internacional” ante los conflictos armados en el mundo y las políticas internacionales de Estados Unidos, como les han transmitido diversas organizaciones sindicales internacionales este fin de semana en una reunión en Barcelona. “Es evidente que, le guste o no a una parte de la política española, que el Gobierno español es una posición claramente de liderazgo, que agradecen” los sindicatos internacionales, ha sostenido Álvarez.

El coladero de la vivienda para los salarios

La subida de salarios para el reparto de la riqueza que está generando España es una reivindicación constante de CCOO y UGT, que ya han hecho pública su propuesta de subida de remuneraciones para los próximos tres años, del 4% y hasta el 7% para los salarios bajos.

Pero CCOO y UGT han querido centrar la mirada este Primero de Mayo en uno de los principales problemas sociales y económicos del país, el encarecimiento y el problema de acceso a la vivienda, como un coladero por el que se va gran parte del salario de los trabajadores, incluso en los casos en los que se están beneficiando de mayores incrementos de sueldo.

Las centrales de trabajadores han emplazado a las administraciones públicas a actuar para dar soluciones a este problema, en varias direcciones: topar los precios de los alquileres en las ciudades más tensionadas, aumentar la construcción de vivienda pública asequible, penalizar la tenencia de pisos vacíos para especular, y medidas para impedir esta especulación.

Sordo ha insistido en la necesidad también de visualizar y hacer pedagogía a los ciudadanos sobre las competencias en materia de vivienda de cada administración (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), donde ha considerado que hay “mucho desconocimiento”.

La batalla de los empleados públicos por la jornada laboral de 35 horas a la semana ha saltado de pantalla. El acuerdo para la reducción horaria de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), que se prevé que se apruebe este mes de abril, ha desatado una campaña de los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF para tratar de trasladar este horario también a todos los ayuntamientos del país. Aunque algunos ya tienen implantada las 35 horas semanales, como Madrid y Zaragoza, “otros muchos no”, precisan los representantes de los trabajadores.

La reclamación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración local no es nueva. Hay ayuntamientos que la tienen implantada desde hace muchos años, como la capital, y otros que la han ido pactando más recientemente, como hizo hace pocos meses Barcelona. Durante la pasada crisis financiera se interrumpieron muchas de estas reclamaciones e incluso se revirtió la medida en algunas administraciones, como ocurrió durante algunos años en Madrid.

Ahora, con su implantación para los funcionarios del Estado, los sindicatos han visto una nueva oportunidad para tratar de llevar las 35 horas a los empleados públicos municipales.

¿Una vía legal para la implantación?

CCOO, UGT y CSIF consideran que la aprobación de este horario en el Estado abre una vía legal para trasladarla a los ayuntamientos, algo que rechaza tajantemente el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, donde insisten en que las 35 horas afectan exclusivamente a los empleados públicos de la Administración General del Estado, sin ninguna traslación de lo pactado a las entidades locales.

Es cierto que el texto del acuerdo para reducir la jornada a un promedio de 35 horas a la semana (1.533 horas al año) suscrito el pasado marzo menciona exclusivamente a los empleados públicos de la Administración central. Sin embargo, CSIF, CCOO y UGT consideran que “hay base legal” para reclamarla en los ayuntamientos.

Los sindicatos señalan para ello a la Ley de Bases de Régimen Local, que en su artículo 94 establece que “la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada”.

Sin embargo, en Función Pública indican que este artículo “no es de aplicación”, ya que por una disposición adicional en los Presupuestos de 2018 se estableció que la jornada en el sector público sería de 37 horas y media, con la posibilidad de que cada Administración pactara una jornada diferente, si así se negociaba en su mesa de negociación colectiva y se cumplía el objetivo del 8% de temporalidad.

La disposición incluyó expresamente para los ayuntamientos: “De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva”.

La interpretación de este párrafo enfrenta al Ministerio con los sindicatos. CCOO, UGT y CSIF consideran que esa mención a “la normativa aplicable a entidades locales” mantiene la vigencia del artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local y que permite que los ayuntamientos insten a la traslación de las 35 horas de jornada.

Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia, considera que esa mención al carácter “supletorio” de la regulación estatal implica que en los consistorios “donde haya negociación colectiva regulando jornada esto no es directamente aplicable. Ahora bien, en ayuntamientos sin acuerdo de negociación colectiva sí”, valora.

Otras fuentes jurídicas consultadas tienen más dudas. Coinciden en que esta interpretación puede ser válida, pero también la del Ministerio de Función Pública, que sostiene que prevalecen las 37 horas y media aprobadas en 2018, salvo pacto expreso de cada administración en su negociación colectiva.

“Medio millón” de trabajadores afectados

Con esta batalla interpretativa de leyes de fondo, los sindicatos están dando ya los primeros pasos para tratar de alcanzar las 35 horas de jornada en cada consistorio.

CSIF ha instado a todos los ayuntamientos a negociar la implantación de esta reducción de jornada (ya que hay que ajustar calendarios y en ocasiones plantillas) y CCOO también ha informado de que “está coordinando a todos sus delegados y delegadas sindicales” en cada consistorio del país para emplazar a la negociación de las 35 horas. En UGT también están apoyando esta medida, indican a elDiario.es en la organización sindical.

CCOO estima que la reducción horaria está por aplicar para la gran mayoría de los trabajadores públicos de entidades locales, que alcanzan a un total de 632.000 personas según el último Boletín estadístico de del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. “Más de 500.000 empleados y empleadas públicas se van a beneficiar por esta reducción de jornada, que de momento solo estaba implantada en algunas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, entre otras”, sostiene el sindicato. 

Este medio millón de trabajadores “incluye a personal funcionario y personal laboral”, precisa Juan José Regatos, secretario general del Sector de Administración Local de FSC-CCOO, que considera que “no hay ya ninguna duda legal” para volcar las 35 horas a los funcionarios locales y, de manera paralela, a los laborales de los consistorios.

Regatos explica que lo idóneo es que la reducción horaria sea dialogada y pactada en el seno de las mesas de negociación de cada ayuntamiento, pero no descarta que pueda haber algún conflicto que requiera de movilización y que, en algunos casos, acabe judicializado.

Los salarios pactados vuelven a subir menos que los precios por primera vez en casi dos años. El alza salarial media pactada en convenios colectivos fue del 2,92% hasta marzo, varias décimas por debajo de la inflación por primera vez desde el verano de 2024. El mes pasado, el IPC interanual repuntó al 3,3% debido al encarecimiento de los carburantes por la guerra de Irán.

La estadística publicada por el Ministerio de Trabajo refleja que la media de subida salarial de todos los convenios colectivos suscritos con efectos económicos este 2026 se sitúa en el 2,92%. Esta alcanza a casi 7,4 millones de personas trabajadoras, cuyas condiciones laborales se rigen por estos 2.240 convenios.

En concreto, solo los convenios firmados en lo que va de año (75 en total) recogen una subida media algo superior, del 3,27%, que es prácticamente igual a la inflación de marzo. Esta alcanza a unas 165.500 personas trabajadoras.

Si se baja más al detalle, la subida salarial media de los convenios de grupos de empresa se sitúa en el 2,25%; los de empresa, en el 2,56%, y los de los convenios colectivos sectoriales alcanza el 2,96%.

Por grandes sectores, la mayor alza se registra en la construcción, con un 3%, mientras que en los servicios el aumento salarial pactado es del 2,98%. Por debajo de la media se sitúan los convenios de la industria, con un 2,71%; y el sector agrario, con un incremento del 2,68%.

El aumento salarial hasta marzo sigue también por debajo de las cifras de todo 2025, que arrancó con un incremento del 3% para terminar en el 3,5% en diciembre. Aunque mejora ligeramente las del inicio de este año: la de enero se quedó en el 2,87% y el 2,91% de febrero.

Habitualmente, las alzas suelen ser más moderadas en los primeros meses del año, con menos convenios negociados, y van subiendo conforme avanza el ejercicio y se sellan más acuerdos.

El poder adquisitivo, en riesgo por la guerra de Irán

La crisis inflacionista de 2021 y, sobre todo, 2022, supuso un fuerte recorte del poder adquisitivo de los trabajadores. Desde 2023, los salarios volvieron a subir por encima de los precios, pero la recuperación del poder de compra no se había completado. Sin haberlo restituido del todo, la guerra de Irán va a dificultar estas mejoras del bolsillo de los trabajadores. La duda es cuánto.

Los distintos organismos económicos anuncian un aumento de la inflación que había prevista para este año. Con medias del año estimadas que rozan incluso el 3%, y que en estos meses podrían escalar hasta cerca del 4% interanual.

Con el fin de la guerra aún muy incierto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido esta semana de que “no se volverá” al escenario previo a que estallara este conflicto, que afecta de manera clave a la energía mundial.

Del total de 2.240 convenios con efectos económicos en marzo de 2026, solo el 12% (676 convenios) cuenta con una cláusula de garantía salarial, que permite que la subida salarial se revise a posteri en función de la subida de los precios para proteger el poder adquisitivo de las plantillas.

En número de trabajadores, estas cláusulas de revisión con el IPC cubren a casi tres millones de empleados del total de 7,4 millones cubiertos por estos convenios colectivos, el 40% del total.

Menos convenios y sin hoja de ruta estatal

En el inicio de 2026 se han suscrito menos convenios colectivos que el año pasado, 145 convenios respecto a 173 del primer trimestre de 2025, en un contexto en el que las mesas de negociación no cuentan con el paraguas del gran acuerdo estatal de negociación colectiva (el denominado AENC), cuyos efectos caducó el año pasado.

No obstante, los convenios colectivos que se han registrado a principios de año, en general, suelen llevar un proceso de negociación avanzado previo, por lo que la falta de hoja de ruta del AENC se nota más de cara a los convenios que se están negociando en estos momentos y las mesas que aún están por abrirse.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, presentaron sus propuestas de subida salarial antes de que se desatara el conflicto en Oriente Próximo. Reclamaron subidas de sueldo contundentes: de media, un 4% anual en 2026, 2027 y 2028, pero con mayores ascensos para salarios bajos, con alzas de hasta el 7%.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que el empleo ya ha superado “de manera real, no desestacionalizada”, la barrera de los 22 millones de trabajadores, según las cifras de afiliación diaria de la Seguridad Social.

“Hoy, ahora mismo, sí que les digo que en estos días, justamente de manera real, no desestacionalizada, sí tenemos 22 millones de personas ocupadas en España”, ha afirmado Díaz en una entrevista en el European Pulse Forum, organizado por Politico.

La vicepresidenta segunda ha adelantado así este viernes los datos diarios de afiliación. Esta información sobre la marcha del mercado laboral no se suele desvelar más allá de la publicación oficial de la estadística de la Seguridad Social, a principios de cada mes. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció el lunes los 22 millones antes de la hora oficial de publicación de la estadística (las 9 de la mañana).

Polémica por los 22 millones de trabajadores

Las declaraciones de la ministra de Trabajo se producen tras la polémica por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el mercado laboral había alcanzado los 22 millones de trabajadores en marzo. Este nivel solo se había alcanzado en la serie destacionalizada, estadística que se utiliza para analizar la evolución del mercado laboral marginando los vaivenes propios de la estacionalidad y del calendario, pero no así en la serie de afiliación diaria, ni en la afiliación media del mes.

Con este último indicador, que generalmente se usa como referencia del total de trabajadores en el país, el avance del empleo en marzo, récord histórico para ese mes con 211.500 trabajadores más, había alcanzado de todos modos un nuevo techo, cercano a los 21,9 millones.

Debido a esta diferencia, varias voces fueron críticas con el anuncio del Gobierno. En particular, el Partido Popular, que llamó incluso “maquillaje” a las cifras de empleo, como suele ser habitual en la dirección del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Entre otros motivos, el PP criticó al Gobierno por usar la serie destacionalizada, pero también por asimilar “afiliaciones” a personas trabajadoras cuando en realidad es un término que mide empleos (una persona con dos empleos que requieran alta a la Seguridad Social figura como dos afiliaciones).

Se trata de una precisión real, pero la traducción de “afiliaciones” por “trabajadores” es muy habitual, también por parte del propio PP cuando gobierna. Es más, las comunidades autónomas gobernadas por el PP celebraron los datos de empleo de marzo y, de hecho, se atribuyeron el éxito de sus cifras, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid.

Además, la metodología de la Seguridad Social precisa que “hay que tener en cuenta que en la práctica estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad sólo representan un 4% del total de afiliados”.

Díaz prevé que se mantendrán los 22 millones durante el año

“Las estimaciones que hacemos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social es que estos 22 millones de personas ocupadas en España se van a mantener a lo largo de todo el año 2026”, ha afirmado además Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo ha adjudicado la buena marcha del empleo y su gran resistencia ante las últimas crisis e incertidumbres internacionales a la reforma laboral que aprobó en 2021, tras acuerdo con la patronal y los sindicatos.

La legislación atacó uno de los principales puntos débiles del mercado laboral español, la elevada cantidad de trabajadores temporales, que han descendido a mínimos históricos tras la reforma. En la actualidad, se sitúa en el 11,6%.

Díaz ha insistido en la necesidad de un mercado laboral que eleve los salarios de los trabajadores, un ámbito en el que también incidió la reforma laboral, al reequilibrar de nuevo la negociación colectiva tras la legislación del PP de 2012.

“¿Esto quiere decir que no hay nada que hacer? No, queda mucho por hacer, pero desde luego, sí es posible cambiar la situación laboral en nuestros países”, ha afirmado la responsable del Ministerio de Trabajo. Entre los principales retos del mercado laboral destacan seguir reduciendo el paro –especialmente entre los jóvenes – todavía de los más elevados de Europa, así como elevar los bajos salarios y reducir el tiempo parcial involuntario, que afecta sobre todo a mujeres.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.

El nuevo simulador de gasto en pensiones a largo plazo de la Seguridad Social, la herramienta INTegraSS que anunció en verano la ministra Elma Saiz, prevé un menor peso de este gasto social en las próximas décadas frente a las estimaciones de otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Comisión Europea. Son los primeros datos del modelo de proyección, cuya robustez y nivel de detalle destaca el Gobierno, ya que se basa en la enorme base de datos de los pensionistas de Seguridad Social, con información de generaciones desde las nacidas en 1938.

El modelo de proyección del gasto en pensiones ha sido explicado en detalle este jueves, en un acto inaugurado por la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, y con cierre del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

“Vamos a presentar esta importante herramienta pública. Con ese mensaje de compromiso con la transparencia y con acompañar y dar certidumbres al sistema público de pensiones”, ha dicho Saiz a la entrada de la presentación. “Las pensiones son el mayor contrato entre generaciones que tiene nuestra sociedad. Mantenerlas sostenibles, justas y predecibles no es solo una responsabilidad económica: es una obligación moral”, ha afirmado por su parte Cuerpo.

Los equipos técnicos de ambos ministerios han trabajado codo con codo en los últimos dos años para elaborar INTegraSS, que ofrecerá más información y “transparencia” al debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas, para que esté centrado en datos y “no en prejuicios”, sostuvo Saiz este verano. O en sesgos a menudo interesados, advierten fuentes de la Seguridad Social. El Gobierno publicará próximamente una extensa metodología sobre qué elementos tiene en cuenta la herramienta.

Bastante menos gasto, sobre todo en el pico de 2050

Sus resultados arrojan una imagen más halagüeña de la presión de gasto para las próximas décadas en España, en las que el sistema afronta la jubilación de la numerosa generación del baby boom. Si el gasto medio estimado por la AIReF entre 2022 y 2050 se sitúa en el 14,4% del PIB y el de la Comisión Europea, en el 15,5% (el 14,6%, según el dato revisado), el simulador de la Seguridad Social prevé una media del 14%.

Cuando se mira a 2050, el año previsto de mayor tensión para las cuentas públicas, las diferencias son sustanciales. La Comisión Europea calculó en su informe del Ageing Report de 2024 que el gasto en pensiones alcanzaría el 17,3% del PIB y la AIReF lo situó en el 16,1%, mientras que INTegraSS lo reduce casi un punto adicional: el 15,3%.

La ministra Elma Saiz ha destacado que los datos obtenidos por el simulador “permiten ser optimistas”. “El sistema de pensiones es sostenible, su gasto a futuro es asumible y las medidas que hemos adoptado están funcionando”, ha sostenido sobre las reformas aplicadas, como las que incentivan la jubilación demorada o varias modalidades para compatibilizar la pensión y el trabajo, así como desincentivan el retiro anticipado.

Los cálculos del simulador de la Seguridad Social se plantean como informativos y complementarios para el debate sobre las pensiones, pero no afectarán a la cláusula de revisión del sistema cada tres años aprobada en la reforma de 2023. En función de esta, la ley establece si hay que tomar o no medidas adicionales para asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Este control –pactado por el exministro Escrivá con Bruselas– lo realiza la Autoridad Fiscal, que analiza tanto el gasto como los ingresos de la Seguridad Social a largo plazo. Para la previsión de gasto tiene en cuenta los datos de la Comisión Europea, que tiene su propio modelo de proyección.

En su primer análisis, la AIReF concluyó que se cumplía la regla de gasto de la cláusula, lo que descartó los ajustes adicionales por el momento. Antes de junio, el organismo independiente debe realizar un informe de seguimiento de este cálculo por orden del Gobierno, contra el que se posicionó la anterior presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. Hace unas semanas fue elegida la nueva responsable de la entidad, Inés Olóndriz, hasta hace poco miembro del Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, la Seguridad Social reconoce que el objetivo de INTegraSS es mejorar la consistencia de las proyecciones que se realizan sobre pensiones, aportando datos de manera transparente y actualizada. La previsión del Ministerio es publicar los resultados de su simulador periódicamente. En principio, cada año.

CCOO ha celebrado la nueva herramienta que considera “de utilidad tanto para la información que se suministra a los grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo, como para el desarrollo de los mecanismos de concertación y diálogo social en relación con el sistema público de pensiones, mejorando la capacidad de evaluación y seguimiento de su evolución”. El sindicato ha añadido, no obstante, que esta “debe completarse con el desarrollo de herramientas equivalentes para la proyección de los ingresos del sistema”.

Más población y más crecimiento económico

Los resultados de la Seguridad Social reflejan un menor gasto en pensiones que otras herramientas de proyección por varios motivos. Principalmente, porque tiene en cuenta datos distintos, pero también supuestos diferentes.

Por un lado, el Gobierno destaca el principal valor de INTegraSS: la enorme base de datos de jubilaciones que tiene en cuenta el modelo de la Seguridad Social, con información real de millones de pensionistas, con datos de hasta 35 generaciones distintas (jubilados por año de nacimiento), destaca el equipo de Saiz. Otros modelos analizan una muestra de pensionistas y, además, con un menor nivel de granularidad en sus estimaciones frente a las distinciones de la Seguridad Social por sexo, tipo de pensión, edad y régimen.

Por otro lado, la herramienta del Gobierno tiene en cuenta supuestos distintos más optimistas que los de la AIReF. Por ejemplo, un mayor crecimiento económico (que ha calculado el departamento de Carlos Cuerpo), del 2,8% entre 2022 y 2030 y del 1,4% hasta 2050, frente a un empuje medio de la economía del 1,3% que prevé la Autoridad Fiscal en todo este periodo.

INTegraSS también proyecta una mayor cantidad de población en España para las próximas décadas, con 53,7 millones de personas en 2050, frente a las 52,1 de la Autoridad Fiscal, gracias principalmente a la migración. Fuentes de la Seguridad Social apuntan que todos los supuestos se han incorporado desde un principio de prudencia, con escenarios incluso conservadores que confían en que puedan ser mejorados en la práctica.

La patronal de autónomos ATA ha denunciado este miércoles un supuesto nuevo “sablazo” del Gobierno a los trabajadores por cuenta propia, por la subida de la base mínima de cotización –y, en consecuencia, de la cuota– de los autónomos societarios y los familiares colaboradores. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esta queja, como un nuevo “atraco” por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la medida se pactó expresamente en la reforma de autónomos de 2022, con el apoyo tanto de ATA como del PP.

La polémica se centra en la base mínima por la que cotizan a la Seguridad Social los autónomos societarios (empresarios que desarrollan su actividad a través de una sociedad mercantil), los familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos. En la reforma de 2022, para que los autónomos pasaran a cotizar en función de sus ganancias, se previó que este grupo de trabajadores aumentara su base mínima a la del sistema para los asalariados (del Régimen General).

No obstante, se pactó un periodo transitorio para ello. La base de cotización –cuantía de referencia para después calcular la pensión o la baja por enfermedad, por ejemplo– se fijó en 1.000 euros al mes para 2023. Para los años 2024 y 2025, se dejó la decisión a los Presupuestos Generales del Estado, que finalmente se prorrogaron. Y, finalmente, la ley especificaba que a partir del año 2026 se aplicaría la cotización mínima del Régimen General.

Un 42% de aumento, a pagar hasta 2028

En la práctica, la base de cotización sube un 42% de 1.000 euros a 1.424 euros al mes desde enero de 2026 “a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1000 euros al mes”, ha cifrado ATA.

Esta cantidad elevará la cuantía por la que se calculan sus prestaciones, sus pensiones, bajas por enfermedad y permiso por nacimiento de hijo (por ejemplo), pero también la cuota mensual a pagar cada mes. Esta aumentará en 135 euros, hasta una cuota mensual de 435 euros, ha destacado ATA.

En el Ministerio de la Seguridad Social precisan que este aumento de la cuota puede aplicarse este año, pero también pagarse a posteriori, dentro de dos años, en 2028 cuando se realice la regularización de las cuotas del ejercicio de 2026.

ATA pide que se revierta la subida

La patronal de autónomos ATA, dirigida por Lorenzo Amor, ha calificado este miércoles de “sablazo” el aumento de la cuota y ha acusado al Gobierno de “mentir”, por no congelar las cuotas de este colectivo como las del resto de los trabajadores autónomos, con las cuantías de 2025.

Hay una diferencia sustancial entre ambas situaciones. En este caso, el pacto de 2022 ya contemplaba expresamente esta cuota para los autónomos societarios y familiares colaboradores este año, cuyo texto respaldaron tanto en ATA como en el PP.

Sin embargo, para el resto de autónomos no había una cuantía ya cerrada, sino que las partes se comprometieron a seguir negociando la senda de aumentos para 2026 y los años sucesivos, con la intención de continuar el camino a una cotización por ingresos reales en 2032.

En ATA han pedido al Gobierno que revierta el aumento por ley, para lo que han afirmado que se están reuniendo con otras formaciones políticas. En UPTA, la asociación de autónomos vinculada a UGT, su presidente Eduardo Abad también ha apostado por una “fácil solución”: “Hacer un real decreto ley para volver a recuperar esa base mínimas de cotización de 1.000 euros”.

En UATAE, colectivo de autónomos afín a CCOO, responden que este aumento es “algo que se pactó por las tres asociaciones, agentes sociales y Gobierno, para los societarios y se debería quedar así”. “Pero sí que consideramos que es necesario retomar las negociaciones que quedaron suspendidas, para abordar el problema de las personas colaboradoras y otros, como bajar la cuota a los autónomos con menos ingresos y mejorar la protección social”, indican en el colectivo liderado por María José Landaburu.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social sostienen que “el Gobierno sigue tendiendo la mano a las asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos para concretar los términos del despliegue del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, las mejoras del proceso anual de regularización de lo cotizado y la extensión de la acción protectora de los autónomos”.

Con el mundo aguantando el aliento por la guerra en Irán, un conflicto que pone en juego vidas en Oriente Próximo y también la economía a nivel internacional, el mercado laboral en España ha vuelto a sorprender. El empleo no solo ha aguantado la enorme incertidumbre del estallido del conflicto y sus primeros efectos, que han disparado los precios energéticos, sino que ha tirado al alza con más fuerza que en el inicio de año y ha registrado el mejor marzo de la serie histórica, con más de 211.500 trabajadores más. Una resistencia inicial que habrá que ver cómo evoluciona ante el desarrollo del conflicto, clave para determinar sus daños.

“Los datos son claramente positivos”, sostiene el economista Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, que recuerda que el crecimiento del empleo en el inicio de 2026 fue algo flojo, en un contexto de meteorología adversa. Marzo, con mejor tiempo y la celebración de los primeros días de la Semana Santa, ha vivido así cierta recuperación del empleo de todo del trimestre, considera el especialista, con un mayor tirón de algunos sectores como la construcción (casi 19.500 empleos más este marzo, respecto a los 8.500 del año pasado).

Así, pese al complicado escenario internacional, el empleo ha superado finalmente las expectativas de crecimiento del Gobierno en el mes de marzo, como ha reconocido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez. El balance ha sido de un nuevo récord histórico de trabajadores, de casi 21,9 millones de personas de media afiliadas a la Seguridad Social y que en términos desestacionalizados ha llegado a superar la barrera de los 22 millones de personas.

Aunque la guerra en Irán pueda parecer lejana, los economistas ya han destacado su gran importancia a nivel internacional debido a su situación estratégica, al albergar un enclave decisivo en el mercado energético, entre otros motivos.

Por tanto, lo que ocurre a más de 5.500 kilómetros de distancia, en el Estrecho de Ormuz, afecta a los ciudadanos en España, a las empresas y a los trabajadores, como lamentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia sobre el primer paquete de ayudas aprobado para hacer frente a esta nueva crisis internacional.

Esa afectación ya se ha dejado sentir en los bolsillos de la población, con un importante auge de la inflación al 3,3% en el mes de marzo, sobre todo debido al encarecimiento de los carburantes por el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

No hay ERTE por Irán de momento

Además, este lunes la Seguridad Social también ha publicado los datos de trabajadores en ERTE (como es habitual junto a los de afiliación), un instrumento clave para proteger puestos de trabajo durante la pandemia de COVID y crisis posteriores como el volcán de La Palma y la Dana de Valencia.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con suspensiones de contratos o reducciones de jornada de trabajadores tampoco han aumentado en el mes de marzo, con un total de unos 10.200 trabajadores en ERTE a final de marzo respecto a los algo más de 10.100 del cierre del mes anterior.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado que no les “consta ningún ERTE vinculado a la guerra de Irán en la Dirección General de Trabajo”, una falta de incidencia que ha confirmado también 'el número dos' de la Seguridad Social.

“De momento la crisis no ha tenido un impacto que justifique la suspensión o la reducción de jornada, entre otras cosas porque el Gobierno ha actuado de manera prácticamente inmediata para garantizar un descenso de los precios de la energía y para apoyar a los sectores más dependientes del consumo energético”, ha subrayado Joaquín Pérez Rey.

“Esperemos que no sea necesario acudir a los mecanismos de reducción y suspensión de jornada, pero si fuera necesario, están a su disposición, plenamente protegidos”, ha añadido el 'número dos' de Yolanda Díaz. 

Mayor resistencia del mercado laboral

Pese a la necesaria cautela a futuro, el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT han celebrado este lunes la “resistencia” del mercado laboral en este primer golpe del estallido del conflicto, que han vinculado a un cambio estructural del mercado de trabajo, con empleos de más calidad gracias a la reforma laboral. La patronal CEOE, por su parte, ha destacado “el compromiso de las empresas con la creación de empleo, a pesar de un contexto marcado por incertidumbres geopolíticas y un fuerte encarecimiento de los costes laborales y productivos”.

Y es que, en este difícil contexto, la primera reacción del mercado de trabajo en España no ha sido levantar el pie en el crecimiento de puestos de trabajo, en un principio de cautela de las empresas ante la situación de incertidumbre. Todo lo contrario. El auge del empleo no solo se ha mantenido, sino que se ha acelerado, como muestran los datos tanto medios como desestacionalizados.

Raymond Torres coincide en que los mercados de trabajo, tanto los europeos, como “de manera más reciente el español”, están mostrando una “mayor resistencia” tras la pandemia. Por un lado, señala un “elemento demográfico” compartido, por el que las empresas tienen menos trabajadores para elegir y no quieren prescindir del talento ante las situaciones de incertidumbre, por temor a no poder recuperarlo más tarde.

Por otro lado, el economista de Funcas señala, en específico en España, la exitosa experiencia de los ERTE durante la pandemia y también la reforma laboral aprobada en 2021, que ha contribuido a “atajar uno de los principales problemas del mercado laboral” en el país, la elevada temporalidad.

Esta gran reducción de los trabajadores temporales –ahora en mínimos históricos del 11,6%– limita los rápidos ajustes de plantilla que se experimentaban en España de manera habitual ante las crisis e incertidumbres, con rápidos efectos de “montaña rusa” del mercado laboral, recuerda Torres. “Ese problema histórico ahora se ha atenuado”, subraya el economista.

Los próximos meses son decisivos

Raymond Torres considera que estos datos demuestran que “en términos de economía real aún no se ve un impacto” de la guerra de Irán, pero advierte de que estamos en un momento muy inicial del conflicto y “no se puede descartar ese impacto” en los próximos meses.

Principalmente, a través de un encarecimiento de los precios, que vaya en cadena afectando al conjunto de la economía en un contexto en el que en España ahora tiene “menos tirón de la demanda” porque el ahorro de los hogares se redujo en la pasada crisis inflacionista, y un “menor margen fiscal”, porque los fondos europeos se van agotando y han vuelto a aplicarse las reglas fiscales interrumpidas a raíz de la pandemia.

También puede haber algún “efecto positivo” económico colateral de este conflicto, apunta el especialista de Funcas, como un aumento del turismo en España frente a otros destinos, pero que aún está por determinar.

Marzo de récord en el mercado laboral español, que sumó más de 211.500 trabajadores, el dato más elevado de la serie histórica para este mes, y un total de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social en términos desestacionalidos. En términos medios, el dato más común para medir el empleo en España, el total de trabajadores alcanzó un nuevo techo, que rozó los 21,9 millones. Cuando todas las miradas apuntan a unos 6.000 kilómetros de distancia, en la guerra de Irán que inquieta a la economía mundial y ya ha comenzado a elevar los precios también en suelo nacional, el empleo por el momento parece que sigue su rumbo al alza con fuerza sin verse lastrado –al menos aún– por el contexto internacional.

El crecimiento del empleo en el mes de marzo es el mayor en términos absolutos de la serie histórica, de más de 211.500 personas, y también de los más elevados en términos relativos (+0,98%).

Marzo es habitualmente un buen mes para el mercado laboral, con una importante creación de puestos de trabajo, muchos vinculados a la hostelería y el turismo, y que es especialmente favorable, si coincide la celebración de la Semana Santa (en esta ocasión, solo los primeros días). Además, la llegada de mayores temperaturas tras el invierno suele empujar a estos y otros sectores de actividad, como la construcción.  

En esta ocasión, dado el conflicto en Oriente Medio, que ha afectado todo el mes de marzo, había expectación por ver las cifras de empleo, que por el momento parecen aguantar con normalidad. No solo por el tirón del empleo, sino también por los datos diarios de ERTE que refleja la estadística del Ministerio de la Seguridad Social, que no recoge afectación al alza. No obstante, estos datos pueden aumentar a posteriori, ya que hay un cierto decalaje entre la presentación de los expedientes y su reflejo en la estadística oficial.

Nuevo récord de trabajadores: casi 21,9 millones

Con el empuje de marzo, el mercado laboral ha superado un nuevo techo, respecto al anterior marcado en verano, que se ha quedado muy cerca de los 21,9 millones de trabajadores. En concreto, 21.882.147 personas trabajadoras afiliadas de media a la Seguridad Social.

El Gobierno ha destacado esta mañana otro récord, el de los trabajadores según la estadística desestacionalizada, que ha alcanzado por primera vez una cifra redonda: los 22 millones de trabajadores. Esta estadística mide la evolución del mercado laboral aislando los vaivenes propios de del calendario y la estacionalidad, y aunque es un dato muy utilizado y complementario en los análisis sobre el empleo, no es el que se suele utilizar para medir el total de trabajadores en España.

“Hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. En menos de dos años hemos sumado dos millones de afiliados de media”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Antes de las 9.00 horas, que es cuando el Ministerio publica los datos, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había adelantado en sus redes sociales que España había alcanzado los 22 millones de ocupados en marzo por primera vez en su historia, sin precisar que se trataba del dato desestacionalizado. El anuncio lo ha hecho vestido con una camiseta de la selección española de fútbol, con el número 22 a la espalda, como guiño a los 22 millones de ocupados.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró un importante empujón este mes, con una subida mensual de 80.274 afiliados, casi el doble que los registrados en febrero (45.000), que ya había acelerado el empleo respecto a enero (17.300). Así, se ve una importante aceleración de la creación de empleo.

Volviendo a los datos medios, también se observa este mayor empuje del mercado laboral. En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado más de medio millón de personas trabajadoras, con 524.501 afiliados, lo que supone un ritmo de creación de empleo de casi el 2,5%, que suma tres décimas respecto al mes anterior (2,2%).

La hostelería tira del empleo

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó más de 194.200 afiliados medios en marzo (+1%), hasta un total de 18,39 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 14.900 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.429.534 personas. En comparación con marzo de 2025, hay 40.286 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,2%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 79.701 nuevos ocupados (+5,6%), seguido de actividades administrativas, con 17.206 nuevos cotizantes (+1,2%), y de la construcción, que sumó 17.156 afiliados medios (+1,7%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.895 altas (+0,6%) y en el del Hogar, 3.886 bajas (-1,1%). En el mes de marzo se han registrado casi 10,4 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie, además de récord en afiliados extranjeros, que superan los 3,15 millones por primera vez.

23.000 personas menos en paro

Además, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

“Somos conscientes de que muchas personas todavía hoy están en desempleo y seguiremos trabajando para reducir las cifras de desempleo en nuestro país. La próxima parada es el control horario, porque se hacen dos millones y medio de horas extras a la semana sin pagar y lógicamente esto es una irregularidad, por tanto, próxima parada control horario”, ha subrayado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados, destaca Europa Press.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas. En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).

Así, al finalizar el tercer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.458.572 mujeres, su nivel más bajo en un mes de marzo en 18 años, mientras que el de varones totalizó 961.140 desempleados.

Por sectores, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%). Por contra, el desempleo subió en marzo en la agricultura, con 365 parados más (+0,5%), y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

Por comunidades autónomas, el paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los ascensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

El trabajo temporal roza mínimos, del 11,6%

En marzo de este año se registraron algo más de 1,3 contratos, casi un 12,4% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 576.532 fueron contratos indefinidos, el 44% del total.

Yolanda Díaz ha resaltado que ese 44% de contratación indefinida, frente al 10% que suponía antes de la reforma laboral. “Estos datos explican y son la respuesta de todas las reformas laborales que hemos emprendido desde hace ya más de seis años en el Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno de España. Desde la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la protección y la reforma del subsidio por desempleo y tantas y tantas normas”, ha recalcado.

Con estos datos de marzo, el balance de trabajadores temporales sobre el total de personas asalariadas se sitúa en el 11,6%, rozando el mínimo histórico alcanzado tras la reforma laboral (11,5%).