El Ministerio de Sanidad ha informado este viernes de que se ha detectado un posible caso de hantavirus en España. Se trata de una persona del vuelo en el que intentó viajar a Ámsterdam la pasajera del crucero Hondius que finalmente falleció en Johannesburgo. Esa pasajera subió con síntomas, se encontró mal y se decidió que debía bajar. La persona, vecina de Alicante, iba sentada un par de filas más atrás y ha empezado a presentar síntomas compatibles con la infección por hantavirus.

¿Cómo se la ha localizado?

A través del Sistema Europeo de Alerta Temprana y Respuesta Rápida, el Early Warning and Response System, España ha tenido conocimiento de que dos de esas personas del vuelo procedente de Sudáfrica tenían como destino final nuestro país. Esta mujer es una de ellas. “Tras contactar con ella ha referido síntomas compatibles, principalmente tos y malestar general”, ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

¿Dónde está?

La mujer, con la que Sanidad ha contactado este mismo viernes, fue aislada en su domicilio, hasta su traslado al Hospital de Alicante. “Allí se le mete en una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones que sean necesarias”, explica Padilla.

¿Qué protocolo se va a seguir?

El Ministerio de Sanidad se puso en contacto la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Ahora se le aplicará el protocolo establecido para cualquier persona con síntomas y que haya sido contacto con un positivo por hantavirus.

Se le toma una primera muestra de PCR –en sangre y suero, y si presenta síntomas respiratorios también un frotis nasofaríngeo–, que será enviada al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda. La previsión es tener los resultados en unas 24 horas.

¿Qué pasa si da negativo?

Si da negativo pero sigue con síntomas, se volvería a repetir la PCR a las 24 horas. Si siguiera siendo negativa, pero continúase teniendo síntomas, y si además no hay otro diagnóstico que explique su cuadro clínico, se le vuelve a hacer otra prueba más a las 24 horas. Si la situación persiste, se iría repitiendo nuevos test cada 48 horas.

En caso de que la PCR sea negativa y ya no tenga síntomas, la mujer pasará a ser considerada un contacto, y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid. La mujer ya ha sido informada de esta circunstancia. Allí permanecerá en cuarentena tomando como fecha de su contacto con la persona infectada el 25 de abril.

¿Y si es positivo?

En ese caso, la paciente tiene que ser trasladada a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Gómez Ulla, en la que permanecerá totalmente aislada.

Este escenario es “bastante improbable”, según Padilla: “Es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave”.

Mientras se le hacen las pruebas, la Comunidad Valenciana ha empezado a ponerse en contacto con los contactos que ha tenido esta mujer.

¿Quién es la otra persona que vino a España en ese vuelo?

El segundo pasajero es una persona sudafricana que viajó a Barcelona donde estuvo una semana y que se encuentra en Johanesburgo en estos momentos. Sanidad va a intentar contactar con ella pero por ahora no aplicará más medidas.

¿Hay más personas de ese vuelo con síntomas?

Una azafata neerlandesa de la compañía KLM, que iba en ese avión, fue hospitalizada en Ámsterdam por posibles síntomas de hantavirus, pero ha dado negativo, según confirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Padilla ha citado ese ejemplo y ha añadido: “Tenemos la confianza de que ocurra lo mismo”.

La llegada del crucero en el que se ha desatado un brote de hantavirus está provocando un choque entre administraciones. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado al presidente del Gobierno por aceptar que el barco llegue a Tenerife, se ha quejado de falta de información y ha anunciado que hará todo lo posible para que el buque no atraque en sus puertos.

“Los virus mutan, el COVID-19 empezó de una forma y luego los vectores de contagio cambian. Si es difícil que el contagio entre humanos se pueda dar, ¿por qué hay siete contagiados en el mismo barco? Son dudas que yo me hago, que se hacen los profesionales de la sanidad pública canaria y que nadie sabe contestarme”, ha dicho Clavijo en una entrevista en la cadena Ser.

“Entiendo que eso no puede obedecer a un criterio de decisión política, nosotros no vamos a estar de acuerdo y haremos todo lo posible desde el punto de vista legal para que eso no ocurra”, ha añadido Clavijo, que ha puesto en cuestión el “cambio de criterio” del Gobierno para acoger el barco. Clavijo ha insistido en que Cabo Verde –el país frente al que está fondeado el barco– es quien debería ocuparse de la repatriación, y ha dicho que Canarias no tiene “protocolos” para acoger a los infectados.

Lo cierto es que el desembarco en España se ha acordado tras una petición formal de la OMS. Sanidad había propuesto que el crucero siguiera hasta Países Bajos una vez esté libre de infectados, y se ofreció a acogerlo solo si surgían nuevos casos durante la travesía. Pero el presidente de la OMS pidió por carta a Sánchez que permitiera el desembarco en Canarias: “Se debe permitir que los pasajeros y la tripulación del MV Hondius desembarquen tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada de los problemas de salud no relacionados con el hantavirus de los pasajeros”.

En la misiva, el presidente de la OMS no solo alerta sobre la salud de los pasajeros más allá del virus, sino que indica que Cabo Verde no puede hacerse cargo de la situación, y alude a varias normativas internacionales y a la solidaridad para que el buque pueda llegar a Canarias. La decisión se tomó en una reunión en la que también participaron representantes de la Unión Europea.

En la tarde de este miércoles ya se ha evacuado a los casos positivos de hantavirus del barco, que han sido llevados en avión a Países Bajos. Es decir, salvo que aparezcan nuevos casos, el barco llegará a España sin pasajeros infectados y a bordo viajarán dos médicos especialistas.

“Es razonable y justo que se asuma el control del brote”

“Es la decisión correcta. España es, posiblemente, el país más cercano que tiene la capacidad de gestionar esta situación. Es razonable y justo que se asuma el control del brote y se auxilie al buque afectado”, señala Mar Faraco, expresidenta y actual secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) y jefa de Servicio de Sanidad Exterior en Huelva.

Faraco y el resto de científicos y expertos consultados por el SMC coinciden en que se trata de una decisión lógica, obligada por las normas internacionales y sin riesgos para nuestro país.

En esa línea se expresa también Marcos López Hoyos, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL): “Es una decisión correcta y lógica. La transmisión del hantavirus, desde los roedores y a través de contacto estrecho y vía respiratoria entre humanos, se puede controlar perfectamente al encontrarse confinado en el barco y con la preparación técnica de nuestro país, a diferencia de Cabo Verde. Los pasajeros y tripulación del barco tienen todo el derecho a ser tratados y controlados de la forma adecuada”.

España cuenta con los medios y coordinación necesaria para afrontar esta situación

Adrián Hugo Aginagalde — Portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria

“Ningún país que reciba una solicitud de ayuda puede rechazarla, salvo por falta de medios. España dispone de una Red de Unidades de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) y de una Red de Vigilancia en Salud Pública para la monitorización de los posibles contactos”, afirma Adrián Hugo Aginagalde, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud pública y Gestión sanitaria (SEMPSPGS).

En la rueda de prensa de este miércoles, los ministros de Sanidad y de Interior han explicado que es la propia OMS quien decide el puerto al que debe ir el barco. El barco MV Hondius llegará al puerto secundario de Granadilla de Abona, en Canarias —y a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife—. Desde ahí se garantizará “una repatriación de todos los pasajeros y tripulantes en una situación de mayor seguridad”.

“En base a lo que se sabe, la experiencia con situaciones previas y simulacros realizados, este escenario seguiría siendo un nivel muy bajo de riesgo (el más bajo de los cuatro niveles) para la población española. Eso sí, dentro del crucero no puede descartarse que algún contacto inicie síntomas en estos días y necesite evacuación”, explica Aginagalde.

El epidemiólogo Amós García Rojas apela a “razones científicas y de humanidad”. En una entrevista con EFE, afirma que la posibilidad de contagios es “bajísima”: “Es preciso recordar que hay enfermos en ese barco que posiblemente requieren atención hospitalaria y hay que dársela”. “Hay que pensar también en la situación de tensión que están viviendo esas personas, las enfermas y las sanas”, ha añadido.

“España cuenta con los medios y la coordinación necesaria para afrontar esta situación. Se hacen simulacros periódicos sobre emergencias sanitarias en puertos designados, el último, hace pocas semanas en el puerto de Palma, y disponemos de una red de hospitales con Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel si fuera necesario atender a los casos”, detalla María João Forjaz, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología.

Esas Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) han salido a relucir durante la rueda de este miércoles. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que según el plan previsto por el Gobierno, los 14 ciudadanos españoles serán “evaluados y examinados cuando lleguen a Canarias y trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y, de ahí, al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán en cuarentena el tiempo necesario que establezcan los protocolos”.

Este centro cuenta con ocho unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel (UATAN), de las que hay otras 16 camas disponibles si fuera necesario. Una de ellas se encuentra en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, que estará disponible en un plazo de 48 horas, antes de que llegue el barco.

La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública

Salvador Peiró — Epidemiólogo

Antoni Trilla, consultor del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic, coincide: “No hay riesgo para la población general. Si el buque atraca en Canarias, las autoridades sanitarias y los servicios de salud pública pueden realizar una nueva evaluación del estado de salud de todos los pasajeros y tripulación y decidir quiénes deben recibir atención médica”.

“La decisión de acoger la embarcación es más que razonable desde el punto de vista de salud pública, asistencial y de cooperación internacional. No estamos ante un patógeno con capacidad de diseminación comunitaria y los servicios sanitarios y de salud pública de España están muy capacitados para controlar esta situación”, insiste Salvador Peiró, epidemiólogo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado hoy que “nadie” le ha consultado nada ni le han explicado “cuál es el criterio técnico” por el que se ha decidido que el crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus atraque en Canarias y ha pedido una reunión “urgente” con Pedro Sánchez. Fuentes del Gobierno afirman que “están en permanente contacto con el gobierno canario desde ayer a primera hora” y que ese ejecutivo tiene “en tiempo real toda la información”.

En una entrevista en la cadena Ser, Clavijo ha dicho que se enteró por la prensa y por “llamadas de funcionarios de la sanidad pública”, y ha añadido que no ve “garantizadas” las condiciones de seguridad para que el barco llegue a Canarias. El presidente autonómico ha expresado su ''rotunda oposición'' a que esto ocurra porque ''no obedece a ninguna decisión técnica'' y propone que el buque se traslade a su país de origen y que los pasajeros se evacuen a través de Cabo Verde.

El Gobierno asegura que siempre ha estado en contacto con el ejecutivo canario y que los ministros de Sanidad y de Política Territorial han mantenido comunicaciones con Clavijo. El presidente Canario lo ha negado y afirma que solo ha recibido un mensaje por parte de Mónica García, pero ninguna llamada.

Fuentes del Gobierno señalan también que “es muy irresponsable infundir miedo a la ciudadanía”, en referencia a las dudas sobre la seguridad sembradas por Clavijo. “Seguimos a disposición del gobierno de Canarias. Tendrá toda la información que se vaya produciendo”, añaden.

En declaraciones a los medios, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que hay un contacto permanente: “Lo he hecho en varias ocasiones, al menos dos o tres veces. Se le ha dado la información que tenemos. Y la ministra [de Sanidad] también ha estado en contacto con él porque los puse en contacto yo porque no tenían el teléfono”.

Torres ha añadido que reconoce que “que todo esto produce inquietud y nerviosismo”. “Es comprensible, pero tenemos información de expertos que hacen llamamiento a la calma”, ha concluído.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó oficialmente este martes a España que acoja a los tripulantes del barco en el que hay un brote de Hantavirus y les deje desembarcar en Canarias. “La OMS en coordinación con la Unión Europea, acaba de solicitar al Gobierno de España que acoja a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, indicaba Sanidad en un comunicado, en el que añade que “España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles”.

El presidente de la OMS, Tedros Adhanom, envió una carta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la misiva, el presidente de ese organismo pide “con carácter urgente la colaboración y el apoyo continuados de su Gobierno con el fin de facilitar la llegada del MV Hondius a España, permitir el desembarque de los pasajeros y la aplicación de medidas de salud pública basadas en un enfoque de riesgo”.

En esa misma carta, Adhanom afirma que “el Gobierno de Cabo Verde ha indicado que no tiene la capacidad para llevar a cabo evaluaciones de salud pública, investigaciones epidemiológicas y ambientales, ni para aplicar medidas de respuesta de salud pública”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado oficialmente a España que acoja a los tripulantes del barco en el que hay un brote de Hantavirus y les deje desembarcar en Canarias. “La OMS en coordinación con la Unión Europea, acaba de solicitar al Gobierno de España que acoja a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, indica Sanidad en un comunicado, en el que añade que “España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles”.

El presidente de la OMS, Tedros Adhanom, ha enviado una carta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el presidente de ese organismo pide “con carácter urgente la colaboración y el apoyo continuados de su Gobierno con el fin de facilitar la llegada del MV Hondius a España, permitir el desembarque de los pasajeros y la aplicación de medidas de salud pública basadas en un enfoque de riesgo”.

“Cabo Verde no puede realizar esta operación”

En esa misma carta, Adhanom afirma que “el Gobierno de Cabo Verde ha indicado que no tiene la capacidad para llevar a cabo evaluaciones de salud pública, investigaciones epidemiológicas y ambientales, ni para aplicar medidas de respuesta de salud pública”.

Añade que “se debe permitir que los pasajeros y la tripulación del MV Hondius desembarquen tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada de los problemas de salud no relacionados con el hantavirus de los pasajeros y la tripulación, muchos de los cuales son personas mayores”.

“El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 o 4 días”, afirma el comunicado difundido por el Ministerio de Sanidad.

“El puerto en concreto aún no ha sido definido. Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario”, afirma Sanidad. El Ministerio añade que “el Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por la OMS y el ECDC”.

España acogerá al médico del barco, en situación grave

El Gobierno español ha aceptado también una petición formal de Países Bajos, para acoger al médico del crucero, “que se encuentra en una situación grave y que será transportado a Canarias en un avion hospitalizado en el día de hoy”, indica Sanidad.

La decisión de que el desembarco tenga lugar en Canarias se produce tras varias reuniones, de las que ha derivado una petición formal por parte de la OMS. En ella, la Organización Mundial de la Salud ha explicado “que Cabo Verde no puede realizar esta operación” y que “las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias”.

El Ministerio de Sanidad y la OMS llevan todo el día en contacto para tratar de resolver el desembarco del pasaje. Unas reuniones en las que desde el departamento que dirige Mónica García insisten, el Gobierno español no se ha negado en ningún momento a acoger el barco. De hecho, a lo largo del martes han repetido que el país “prestará su ayuda en lo que sea necesario”.

Ello, a pesar de que desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias han estimado que, si los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo desembarcaran en Cabo Verde, “no habría motivo clínico” para realizar una escala en las Islas Canarias, salvo que en el trayecto se detectaran nuevos casos sospechosos.

Por la mañana, la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, María Van Kerkhove, señaló que estaban trabajando con las autoridades españolas para que el barco llegase a Canarias. Fuentes ministeriales indicaron entonces que la decisión todavía no está tomada.

A última hora de este martes se ha vuelto a producir una reunión entre representantes de la OMS, de la Comisión Europea y del Ministerio de Sanidad. En ella, ha vuelto a evaluarse la situación y tanto la OMS como la Comisión Europea han insistido en mantener Canarias como posible destino del barco. Tras la solicitud formal, España, el puerto europeo más cercano, ha aceptado la petición.

Las víctimas de los Testigos de Jehová han vuelto a ganar a esa congregación en los tribunales. La sección civil de la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia anterior y considera que los afectados por las prácticas de los testigos pueden considerarse víctimas, que se pueden agrupar en una asociación y que pueden denominar a la congregación “como secta destructiva”, porque están amparados por la libertad de expresión.

Los jueces consideran además que esas expresiones se encuentra avaladas por las experiencias reales de los antiguos miembros de los testigos, que han contado lo que sufrieron dentro de la secta durante este proceso judicial. La sentencia entiende que “no constituyen meros insultos, sino juicios de valor con base fáctica suficiente” y que “se insertan en un debate social relevante y de interés general”, según recoge en un comunicado el despacho Bardavío Abogados, que ha representado a las víctimas en este proceso.

El tribunal subraya que estas manifestaciones están protegidas cuando se sustentan en hechos contrastados y en testimonios veraces, dentro del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Además, el fallo se basa en las prácticas denunciadas por los numerosos testimonios de exmiembros que habla de sistemas de control interno mediante normas disciplinarias y comités; presión social y familiar, especialmente en casos de expulsión o disidencia y aislamiento social.

“En primer lugar, la relevancia pública del contenido de la información no se puede discutir salvo que vivamos ajenos a los medios de comunicación en una sociedad democrática como es la española. Pocos temas serios despiertan mayor interés en las sociedades democráticas que el funcionamiento interno de las religiones, la relación entre sus miembros y la acomodación de sus viejos dogmas a los valores actualmente imperantes en las sociedades democráticas”, recoge la sentencia.

En la parte final de la sentencia, los jueces pone el foco en una cuestión fundamental: “Los miembros de la Asociación demandada que salieron de los Testigos de Jehová lo que pretenden es recuperar una relación de afectividad con sus parientes que continúan en la confesión religiosa y por los que sienten verdadero amor que excluye promover contra ellos un daño o justificarlo de alguna manera”.

Añaden además que las víctimas no tienen “ánimo de injuriar”, sino que “actúan con un evidente ánimo de denuncia para lograr que se cambien los hábitos de la confesión religiosa acomodándose a los valores actuales de las sociedades democráticas”.

El camino en los tribunales empezó en 2019 y giraba en torno a la existencia misma de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, sus estatutos y sus quejas.

La sentencia que rechazó la demanda de honor de los Testigos contra las víctimas recogía casi 70 páginas de argumentos a favor de su libertad de expresión, valorando que sus críticas son veraces, documentadas y, en la mayoría de los casos, basadas en testimonios de afectados.

“Aunque sea molesta y profundamente hiriente, la existencia de la Asociación ha de tolerarse”, dijo la magistrada de Torrejón de Ardoz. Afirmar que los testigos actúan como una “secta”, reconoció la jueza, puede ser “desagradable, incluso hiriente, para los fieles” pero es una “crítica legítima”. La congregación ha anunciado que recurrirá esta sentencia, que entre otras cosas rechaza su petición de ser indemnizada con 25.000 euros.

La Comunidad de Madrid ha empezado el año con mal pie en los tribunales. El Ejecutivo de Ayuso acumula varapalos desde que el 12 de enero el Tribunal Constitucional abriese la veda con la decisión de tumbar el veto del PP a las preguntas en la Asamblea sobre Miguel Ángel Rodríguez. Luego se han sumado varios rechazos a sus variopintos recursos contra leyes del Gobierno, la orden judicial para iniciar los trámites del registro de objetores del aborto y hasta la citación de su jefe de gabinete como investigado.

En enero, el Constitucional respondió a los recursos que había presentado la oposición por la forma en la que el PP se aprovecha de su control de la Mesa de la Asamblea de Madrid para frenar debates incómodos para Ayuso, como las amenazas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de elDiario.es. El Constitucional lo zanjó con dos sentencias separadas por unos pocos días. La primera, del 12 de enero, estimó un recurso del PSOE y constató que la Mesa vulneró los derechos de los diputados al bloquear la tramitación de preguntas sobre Rodríguez después de que este periódico publicara la exclusiva sobre el caso de fraude fiscal de González Amador.

Solo dos días después llegó la segunda sentencia en el mismo sentido, en este caso para dar la razón a Más Madrid. El tribunal entendió que la Mesa de la Asamblea se excedió en sus funciones al vetar este tipo de iniciativas, que tendrían que tramitarse para su debate de forma pública. Con el rodillo de su mayoría absoluta, hurtó “la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas”, en palabras del Constitucional. Entre las cuestiones que la oposición quería debatir estaba examinar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del gigante Quirón. Así zanjó Ayuso el debate sobre las iniciativas censuradas a la oposición: “Plantean preguntas absurdas”.

Los derechos de la oposición también fueron protagonistas de la tercera y última sentencia del Constitucional. El tribunal censuró el procedimiento elegido por el ejecutivo de Ayuso para sacar adelante la norma que permitió al PP controlar Telemadrid sin enmiendas y sin debate parlamentario. El recurso cuestionaba la forma en la que se realizó ese cambio legal, no el contenido de la reforma.

Orden judicial para poner en marcha el registro de objetores

Ayuso aplicó con el registro de médicos objetores al aborto su particular manual de confrontación contra el Gobierno. Primero anunció que no cumpliría la medida, lo mezcló con la Guerra Civil, Hamás o los “narcoestados” y dejó una nueva proclama para resumir su posición sobre este derecho reconocido por la ley: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Y después recurrió a los tribunales.

La presidenta madrileña vio una nueva oportunidad de conflicto pese a que su Gobierno no había puesto ninguna pega a ese registro impulsado por el Ministerio de Sanidad, que obliga a que los médicos comuniquen que son objetores y rechazan practicar abortos. En un inicio, el Gobierno de Ayuso votó a favor de la medida en el Consejo Interterritorial en el que se aprobó. Cuando Sanidad abrió el plazo para que los registros de objetores se pusieran en marcha, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, criticó la medida aunque dijo que la cumpliría, pero la presidenta la corrigió en cuanto vio una nueva oportunidad de confrontar.

Es precisamente aquel voto a favor de la medida en el que ahora basa su decisión cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta que haya decisión definitiva, la Justicia dice que hay que ir poniendo en marcha ese registro, entre otras cosas, porque habían votado a favor y porque el resto de territorios ya lo habían creado, y que es una obligación recogida en una ley orgánica. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha dado el primer paso.

“El registro previsto en la ley tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y a garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de los profesionales sanitarios”, argumentó el tribunal. No es la decisión definitiva, pero los argumentos de la resolución, que tiran por tierra las alegaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, complican que salga victorioso de este proceso.

MAR investigado y el caso de Ana Millán, archivado

El todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tiene una cita marcada en el calendario: el 6 de mayo tendrá que declarar como investigado por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, “incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

Unas semanas antes que Rodríguez tendrá que declarar el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Lo hará como testigo en la causa que investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de un documento policial interno que el político utilizó para defender unas afirmaciones de Ayuso en las que vinculaba a un grupo de migrantes con delitos sexuales. La citación se ha retrasado tres veces y, de llegar a ocurrir, habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración. Serrano es, también, uno de los señalados por la exconcejala de Móstoles que se ha querellado por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y el PP. El número dos del PP madrileño fue el encargado de gestionar ese caso que ahora está en manos de los tribunales.

Otra estrecha colaborada de Ayuso involucrada en la gestión de esa crisis es Ana Millán, número tres de Ayuso, quien precisamente ha visto cómo a finales de marzo se archivaba la investigación por corrupción en su contra. La Fiscalía cambió de criterio por sorpresa y apoyó la petición de archivo de Millán con los mismos indicios que había contra la exalcaldesa de Arroyomolinos en los cuatro años que ha impulsado la investigación contra ella.

Batería de recursos contra leyes del Gobierno

Los tribunales también han comenzado a dar respuesta a la batería de recursos que presentó Ayuso como parte de su ofensiva contra leyes de todo tipo del Gobierno. La Comunidad de Madrid despidió el año pasado con la noticia de que el Constitucional rechazaba las alegaciones contra la ley de amnistía, con el voto en contra del sector conservador, y el arranque de 2026 no ha ido mejor para sus intereses. En febrero, la mayoría progresista de este mismo tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda —que Madrid ni siquiera aplica— y avaló las competencias del Estado.

La Audiencia Nacional también ha desestimado un recurso de la Comunidad, en este caso contra la reforma judicial del ministro Bolaños que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. En concreto, el ejecutivo madrileño exigía que se condenase al Ministerio de Justicia a poner en marcha “mecanismos” para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma. La Comunidad de Madrid ha recurrido.

En un futuro próximo los tribunales tendrán que dar respuesta a otro frente abierto: la autorización del centro universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió diligencias en febrero tras admitir a trámite un recurso del Gobierno y otro de los socialistas madrileños contra el centro del ICAM, acusación particular en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El pasado 8 de enero, el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo para crear un sistema de reparación mixto para las víctimas de pederastia. Aquello fue solo el inicio de una larga y delicada negociación para plasmar aquel pacto genérico en un protocolo concreto para atender a las víctimas que quisieran algún tipo de reparación cuando no era posible acudir a la Justicia.

Desde aquel 8 de enero, los representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo –quien tendrá la última palabra en las reclamaciones– se han reunido en casi una decena de ocasiones y ha mantenido innumerables llamadas. Fuentes conocedoras de las negociaciones relatan a elDiario.es semanas de muchas tensiones que cristalizaron el pasado sábado, cuando el acuerdo estuvo a punto de romperse.

No rebasar las “líneas rojas”

Durante aquellas conversaciones quedó patente que los representantes de la Iglesia, pese a haber firmado aquel acuerdo del 8 de enero, querían ahora revertir algunas de las cuestiones que contenía. Fuentes presentes en las negociaciones señalan que eso era una “línea roja” para el Ministerio y que la negociación podría resumirse en un intento constante de que el acuerdo ya firmado no se desvirtuara.

Desde el inicio, los principales desacuerdos han estado centrados en dos cuestiones: que esta nueva vía permitiera a las víctimas que ya habían obtenido una compensación de la Iglesia reclamar más dinero. Por otro, que ante la falta de acuerdo sobre la compensación, la última palabra la tenga el Defensor del Pueblo.

Las reticencias de la Iglesia eran, en resumen, que el acuerdo suponía que el control que había tenido ellos en exclusiva a través del PRIVA –Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales– pasaba ahora a ser compartido con el Estado. Y con obligación de acatar lo que establezca el Defensor del Pueblo.

“Hubo un momento en el que se rompió todo”

Estos escollos ya impidieron hace diez días la firma del acuerdo, cuando se daba prácticamente por hecho. Aquello solo fue un retraso, en parte también relacionado con la inmediata visita de los reyes y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Vaticano un día después. Pero ese retraso se tornó en una crisis total el pasado sábado.

“El sábado por la mañana hubo un momento en el que se rompió todo”, cuenta una fuente presente en las conversaciones. Ese día, ya con el borrador encima de la mesa, hubo un momento “crítico” en el que parecía que no iba a ser posible el acuerdo. Y es entonces cuando resultó fundamental el papel del mediador más importante de todas estas semanas: el Vaticano.

El Gobierno ha recurrido al Vaticano para engrasar el acuerdo con la Iglesia desde el inicio. Ya lo hizo para el acuerdo inicial de enero –hubo dos reuniones con la Santa Sede– y durante estas negociaciones han continuado las llamadas entre Bolaños y el secretario de Estado, Pietro Parolin.

El pasado viernes 20 de marzo, durante la visita al Vaticano, ambos mantuvieron un encuentro de trabajo para tratar los reparos de la Iglesia española. Ese día el ministro de Justicia trasladó a Parolin las dificultades a las que se estaba enfrentando y los puntos de discordia. El secretario de Estado del Vaticano contestó que no sabía nada. La Iglesia española no le había informado de su rechazo a firmar el acuerdo en los términos previstos.

Un intento de “revertir” lo ya firmado

Bolaños y Parolin mantuvieron contactos todo el tiempo, cuando el acuerdo pendía de un hilo. La presión del Vaticano y los esfuerzos de Justicia para medir hasta el extremo la redacción algunas frases del texto consiguieron poner de acuerdo a todas las partes.

La Iglesia había estado poniendo muchas pegas al hecho de que las víctimas ya indemnizadas con el plan PRIVA pudieran ahora pedir compensaciones más altas. A veces las pegas eran a la forma en la que quedaba escrita alguna frase del texto, pero en otras ocasiones su rechazo era a los postulados generales del acuerdo. Había un intento de “revertir” lo ya firmado.

De hecho, en la nota informativa enviada este lunes por los obispos no figura este punto. En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha eludido el asunto en su intervención inicial y a preguntas de los periodistas ha insistido en que cuando las víctimas ya indemnizadas reclamen se intentará “evitar duplicidades” y se tendrá en cuenta “la situación anterior”, en referencia a una posible indemnización ya recibida.

Bolaños ha sido más directo al aclarar que todas las víctimas que hayan acudido al mecanismo que la Iglesia había puesto en marcha puede ahora acogerse a esta nueva vía, aunque hayan recibido una indemnización.

Las fuentes presentes en las conversaciones señalan que han sido semanas de tensiones constantes, en las que los negociadores del Ministerio han tenido que “tirar del carro” frente a los obispos, que no tenían ninguna prisa por llegar a un acuerdo. De hecho, el acuerdo se debería haber firmado a principios de febrero, que fue el plazo que se dio en el primer pacto y el que se trasladó a las asociaciones de víctimas.

Aunque los obispos han obviado plazos y compromisos, el Ministerio si tenía a su favor una fecha marcha en rojo: la visita del papa el próximo mes de junio. Para la Iglesia hubiese sido un desastre acercarse a esa fecha sin haber alcanzado un acuerdo.

“Sería insostenible, no nos lo planteamos” responden desde del Ministerio cuando se les pregunta sobre si, constatadas las resistencias de la Iglesia, hay temor a que no cumplan ahora el acuerdo. Insisten en que se ha fijado una fecha –el 15 de abril– para que se ponga en marcha el proceso, se ha establecido un plazo y hay unos documentos firmados: “Todo eso nos da mucha tranquilidad”.

El plan, que no ha fijado baremos ni horquillas para las reparaciones a las víctimas, estudiará caso por caso para establecer una indemnización. En caso de acuerdo entre las partes, se sellará sin mayor problema, pero si hay discrepancias será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. También para aquellas víctimas que estén descontentas con la compensación que ya les haya pagado la Iglesia. Tras meses de negociaciones, los obispos han tenido que claudicar en este punto.

El Gobierno, la Iglesia española y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones a víctimas de pederastia tras meses de negociaciones. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pierde de esta manera el monopolio sobre los procesos de reparación a las víctimas y claudica con su principal rechazo al pacto: que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar más dinero con este nuevo sistema. El nuevo protocolo se pondrá en marcha a mediados de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra en caso de que no haya acuerdo, pero no se han fijado horquillas ni baremos.

El presidente de los obispos, Luis Argüello, ha comenzado la rueda de prensa diciendo que “en un lunes santo, es bueno poder plasmar un acuerdo y al mismo tiempo como es tiempo de pasión, que ese acuerdo sirva para aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. “Somos conscientes de que este paso ha sido necesario porque algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis, en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí esta este cauce para entrar en esta senda. Nosotros insistimos en que sí que es posible confiar y ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración. Confiamos en que podamos caminar rostro a rostro”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que recurran las víctimas ya indemnizadas, Argüello ha dicho: “Una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen, pero se dice explícitamente en el acuerdo que tratamos de evitar duplicidades. Habrá de tener en cuenta cuál ha sido la situación anterior si esto se ha producido”. El acuerdo, ha aclarado Argüello, no se establecen horquillas ni baremos para la indemnización de las víctimas.

Tras Argüello ha comparecido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños: “Ceo que hoy es un día de justicia, de justicia con las víctimas, de esas miles de víctimas que en su día sufrieron abusos sexuales en el seno de la iglesia católica y que no solo nadie les acompañó, sino que se puso en duda lo que dijeron, fueron olvidadas. Y eso aumentó el dolor casi tanto como el propio abuso que habían sufrido”.

Sobre la ausencia de unos baremos para las indemnizaciones, Bolaños ha dicho que “una reparación justa no debe de estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”. “Lo que sí establece el protocolo son cuáles son los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, la gravedad del daño, la reiteración, la edad, todo tipo de criterios objetivos para poder llegar a una reparación justa”, ha añadido.

Además, Bolaños ha sido mucho más contundente que Argüello sobre la reclamación de víctimas ya indemnizadas: “Todas las víctimas que acudieron al plan PRIVA y que fueron reparadas por la iglesia tienen ahora la oportunidad de volver a hacer la solicitud de reparación en el nuevo plan del sistema mixto estado iglesia que creamos con este protocolo”.

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha indicado que “este procedimiento pretende la recuperación de las personas, la reparación de los daños y entender la reparación como un proceso no es un mero trámite burocrático, no es una ventanilla bancaria”.

El acuerdo inicial se firmó el pasado 8 de enero pero todas las partes tuvieron entonces que ponerse a negociar los detalles de esas indemnizaciones y los protocolos para atender a las víctimas, en un proceso que hasta ahora había estado únicamente en manos de la Iglesia. Ese pacto incluía un punto fundamental y crítico para los obispos: que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran reclamar al Defensor del Pueblo para obtener más dinero.

Hace diez días la Iglesia bloqueó la firma del acuerdo justo antes de la visita de los reyes al Papa León XIV, en parte por ese desacuerdo. Los obispos se negaron entonces a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical.

Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas. La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador.

Las claves del acuerdo

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramitará a través del Defensor del Pueblo, entrará en vigor el próximo 15 de abril con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Según los detalles del acuerdo que ha facilitado el Ministerio de Justicia, una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.

Si no hay acuerdo, se convocará la comisión mixta en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas. Ahí se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

La Iglesia católica deberá hacerse cargo de la indemnización. Si no lo hace directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

Primero fue la universidad. Esta semana le ha tocado a la Sanidad. En dos meses será el turno de la Formación Profesional (FP). Tras siete años en la Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha embarcado en una ofensiva contra la creciente privatización de los pilares básicos del estado del bienestar, una medida que la izquierda venía reivindicando hace tiempo, siempre con un ojo en la Comunidad de Madrid. En los tres casos, Moncloa se ha encontrado con la resistencia del PP, que pelea cada medida en favor de lo público en todos los frentes, desde el político hasta el judicial.

Estas medidas forman parte de la batalla ideológica contra la derecha ultraliberal que Sánchez inició haces meses y que representa fundamentalmente Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. A cada palo del Gobierno regional a derechos o servicios públicos, el Consejo de Ministros ha intentado contestar con medidas. Por ejemplo, ocurrió cuando el PP de Madrid sucumbió a una propuesta de Vox para torpedear el derecho al aborto obligando a los servicios municipales a informar de un falso síndrome postaborto. El Ejecutivo contraatacó con medidas para blindar el aborto en la Constitución y para obligar a las comunidades a cumplir con la ley enviando el registro de objetores de conciencia. 

En Moncloa están convencidos de que el mensaje acabará calando en los ciudadanos, aunque en los dos últimos test electorales, en Aragón y Extremadura, la estrategia no ha funcionado y la derecha se ha disparado mientras que los socialistas se han hundido. La intención del Gobierno es, en todo caso, seguir dando la batalla en lo ideológico, a pesar de la complejidad de que algunas iniciativas terminen por ver la luz dada la minoría parlamentaria de la coalición. Uno de los problemas es que en la aritmética tienen que encajar dos fuerzas de derechas, como PNV y Junts, que ha roto, además, con Sánchez mientras no se cumplan una serie de exigencias. El otro es que el PP ya ha dejado claro que será un dique en defensa de la privatización, mediante iniciativas parlamentarias y recursos en los tribunales.

Lo que sostienen en el Gobierno es que a la ultraderecha se la frena, además de no blanqueándola, con políticas. “Es lo que está haciendo el Gobierno: más política frente al intento de avance de la anti-política”, expresó la portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, donde se aprobaron medidas como el combate a la privatización sanitaria, las multas por el 'spam telefónico' de las energéticas o la prohibición de las subidas exageradas de precios en casos de emergencia.

Más allá de las palabras, la importancia que el Gobierno da a estas iniciativas se puede calibrar en el hecho de que, en el caso de las que atañen a los ministerios que lleva el PSOE, ha sido el propio presidente quien ha salido a presentarlas en vez de las respectivas ministras, un movimiento que Moncloa realiza cuando quiere que algún anuncio tenga más efecto. Todo lo que hace el presidente ocupa lugares destacados en los medios de comunicación; si el anuncio lo hace Diana Morant o Milagros Tolón probablemente no ocupe portadas ni sumarios del telediario.

“Presentan la privatización como única salida”

En uno de esos actos, hace casi un año, Pedro Sánchez desgranó cómo funciona el método que –principalmente los diferentes gobiernos del PP, el nacional en su momento y los autonómicos ahora– han puesto en marcha para minar lo público e impulsar lo privado: “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, razonó entonces Sánchez.

El paso ha sido recibido con buenos ojos por la comunidad educativa (solo el PP y algunos centros privados se han opuesto al endurecimiento de los requisitos para crear nuevas universidades), aunque muchos piensan que no van lo suficientemente lejos. “Son medidas necesarias, pero insuficientes”, valora Enrique Díez, catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León. Este experto explica que en los últimos años se ha “llevado a las universidades públicas a un proceso de competición permanente a través de rankings, búsqueda de financiación, captación de alumnado... Un modelo que lleva a la mercantilización de la educación superior”, sostiene.

En opinión de Díez “hay que ir hacia la sucesiva supresión de lo privado en los bienes comunes, en los derechos sociales. No puede haber beneficio, ánimo de lucro y usura, como sucede en el caso de Quirón. En ese caso se ve muy evidente porque es salud, pero sucede exactamente lo mismo con la educación”, sostiene.

Díez concede que el marco se ha ido desplazando tanto que solo plantear esto suena radical, pero está convencido de que es una cuestión de “voluntad política”. “Poco después de la Inquisión, dos personas decidieron que iban a desamortizar todos los bienes de la iglesia”, recuerda en alusión las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en el siglo XIX. “Se decía que era imposible, pero en una época en la que la Iglesia tenía un inmenso poder, se hizo. Es voluntad política”, insiste. “Pero, claro, tras la moción de censura lo primero que firmaron en sede parlamentaria los grupos que apoyaron a Sánchez fue derogar la ley mordaza, algunos [como Sumar] pidieron derogar los acuerdos con el Vaticano. Pero no se hizo nada”, expone esa, en su opinión, falta de ambición.

El mismo argumento, palabra por palabra

En la educación, la privatización progresa adecuadamente. El estancamiento de la oferta pública tanto en la FP como en la universidad, unido al aumento de la demanda de formación ante un mercado laboral ultracompetitivo han propiciado el desembarco de todo tipo de actores, con los fondos de inversión a la cabeza, para ocupar el espacio que el sector público ha dejado libre. Se compran y venden universidades con un 100% de beneficio, las empresas registran ganancias que rondan el 10%, cifras difíciles de alcanzar en otros sectores, y la clientela parece garantizada y, en algunos casos, creciente: España es la puerta de entrada a Europa para toda Latinoamérica.

La resistencia del Gobierno empezó con la universidad el pasado mes de octubre, cuando el Congreso aprobó la reforma del real decreto 640/2021, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El Ministerio de Universidades de Diana Morant endureció las condiciones para abrir nuevos centros tras comprobar, a base de experiencia, que la modificación anterior, realizada por el exministro Manuel Castells, no había surtido el efecto deseado: al dejar la decisión de aprobar o no un proyecto completamente en manos de las comunidades autónomas, estas podían dar el visto bueno aunque no cumpliera los requisitos. Y así lo hicieron: en los últimos años se han aprobado al menos tres universidades con informes desfavorables del Ministerio.

“Una universidad no puede ser una máquina expendedora (...) una fábrica de títulos sin garantías”, argumentó el presidente cuando presentó la segunda actualización del Real Decreto. Ese día habló de “chiringuitos”. “Toca elegir entre un modelo de educación superior universal, de calidad, que dé oportunidades a quien las necesita y que cohesiona el territorio, o un modelo que discrimina entre quienes pueden pagar y quienes no”, explicó.

Desde el pasado octubre, para abrir universidades privadas es necesario que una agencia de calidad independiente (nacional o autonómica) dé el visto bueno al proyecto, más allá de que este debe cumplir una serie de requisitos para obtener una licencia de universidad.

El (intento) de reforzar el sistema público educativo se quiere complementar ahora con la FP, otro sector en el que la privatización se ha disparado en los últimos años. En algunos ciclos populares, como los biomédicos o informáticos, se están matriculando más personas en centros privados que en públicos, básicamente porque estos no existen.

El presidente anunció hace dos semanas que quiere seguir el camino iniciado con la universidad y que va a “poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías” y que, afirmó, “se han convertido en chiringuitos que solo dan diplomas” sin calidad formativa. Casi palabra por palabra con el argumento utilizado para la universidad hace un año. En este caso, sin embargo, Sánchez no adelantó por dónde va a ir la reforma de un proceso que, en este momento, apenas pide a la iniciativa privada ajustarse a ciertos requisitos de instalaciones y profesorado. Como ocurre con la universidad, las competencias para autorizar centros las tienen en exclusiva las comunidades autónomas.

“Las garras especuladoras” de la Sanidad

El plan en Sanidad sigue la misma línea. No se trata de revertir lo ya privatizado, sino de al menos establecer algunos límites y mecanismos de control a un modelo instaurado hace 30 años por el Gobierno de José María Aznar y que ha dado como resultado que los grandes grupos de la sanidad privada estén haciendo negocio a costa de la insuficiencia de recursos públicos.

Aquella ley, de 1997, estableció que las comunidades autónomas podían apoyarse en el sector privado en dos vertientes: externalizando la gestión de centros hospitalarios públicos a cambio de un canon anual y subcontratando servicios y tratamientos de la sanidad pública a la privada. El resultado, tres décadas más tarde, es una red pública cada vez más en manos privadas, y unas empresas que hacen caja con los presupuestos de las administraciones regionales.

Hace un par de meses, el Ministerio de Sanidad sentó las bases para justificar la medida que ahora han tomado. Presentaron un demoledor informe en el que señalaban que entre 2011 y 2023 el gasto público en sanidad privada se había disparado un 84%, a consecuencia de que en la actualidad uno de cada tres hospitales de la red pública esté gestionado por una empresa.

La salud es como la educación, siempre tiene clientela. Pero en el caso de la Sanidad hay muchos costes que pueden mermar los beneficios, así que las compañías han ido encontrando la manera de potenciar su rentabilidad. Por ejemplo, como señala el informe, rechazando los procedimientos clínicos más costosos, que acaban asumidos por el sistema público. Pero hay casos más extremos: el Hospital de Torrejón demostró que las prácticas para mejorar la cuenta de resultados llegaban al extremo de rechazar pacientes en función de su gravedad, se daban órdenes para reutilizar material de un solo uso, se prescindía de algunos tratamientos o se aligeraban listas de esperar cambiado el triaje de los pacientes.

El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado el pasado martes y al que le queda un largo camino hasta que se debata en el Congreso, no entra a revertir esas privatizaciones. Pero sí plantea requisitos para las nuevas, como justificaciones a las externalizaciones de gestión de hospitales, auditorías a las cuentas o la obligación de priorizar a entidades sin ánimo de lucro frente a las empresas. “Vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, resumió la ministra de Sanidad, Mónica García.

Eso sí, para que eso acabe sucediendo el texto tiene que ser aprobado en un Congreso enormemente fragmentado, y con una mayoría que pasa por sumar a algunos partidos que lejos de tener problemas con la privatización sanitaria, la han impulsado en sus territorios.

El Ministerio de Sanidad ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma buscar desterrar la ley de 1997 del Gobierno de José María Aznar que abrió la puerta a la privatización sanitaria y establece más requisitos y controles para las comunidades autónomas que quieran externalizar servicios y la gestión de los centros.

Aunque el texto del anteproyecto no se conoce aún, estas son algunas de las claves que ha ofrecido el Ministerio y Mónica García durante la rueda de prensa de este martes.

¿Qué decía la ley de Aznar?

El 10 de abril de 1997, el Congreso de los Diputados aprobó una ley muy sencilla: “En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”. Ese era el primer epígrafe, el segundo apostillaba: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

Es decir, esa norma, aprobada durante el Gobierno de Aznar pero que recibió el apoyo de 290 diputados (PP, PSOE, CiU, PNV y CC), abría en la práctica la puerta a la entrada de las empresas privadas al Sistema Nacional de Salud.

¿Qué consecuencias ha tenido?

El último informe sobre la Sanidad Privada indica que el número de hospitales privados que acaban integrados en la red pública ha subido un 36,8%, lo que supone que ya el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen “dependencia funcional privada”. Además, el gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6% entre 2011 y 2023. El informe señala que el Sistema Nacional de Salud ha pasado de tener 106 hospitales privados integrados en 2011 a 145 en 2023

Además de que haya empresas privadas gestionando hospitales públicos, en muchos territorios se derivan buena parte de las pruebas y tratamientos a centros privados. En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada que no forman parte del sistema público fueron financiadas con fondos públicos.

Es decir: las arcas públicas cada vez financian en mayor medida el negocio de las empresas de la sanidad privada.

¿Por qué quiere el Ministerio frenar esa privatización?

Lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, con un par de ejemplos. Ha reproducido durante la rueda de prensa algunas de las frases que el CEO de Ribera Salud dijo a los directivos del Hospital de Torrejón para instarles a ahorrar dinero en el tratamiento a pacientes y ha denunciado prácticas como que “se dan citas a las 4 de la mañana para hacer caja con las listas de espera”, o que grupos sanitarios como Quirón han “multiplicado por seis el número de pacientes que capta de la sanidad pública” en Madrid.

El caso de Torrejón es el más reciente y que resume bien las consecuencias de la privatización. La dirección del Hospital, público pero de gestión privada, ha estado tratando de ahorrar rechazando a pacientes para priorizar los más rentables, ahorrando en material o modificando el triaje en urgencias para aligerar las listas de espera.

El modelo es un sistema perfecto de extracción de dinero público hacia las compañías privadas de salud, tanto por el canon que se paga por la gestión de hospitales públicos como por el dinero que reciben esas empresas por asumir operaciones o pruebas que les deriva el sistema público. En Madrid, por ejemplo, el Gobierno de Ayuso ha pagado 1.268 millones entre 2018 y 2023.

¿No es más eficiente la gestión privada que la pública?

No. Al contrario, el Ministerio argumenta que “el análisis de 38 países de la OCDE concluyó que no existe evidencia favorable hacia la privatización en términos de eficiencia, mostrando que los sistemas públicos hacen un mejor uso de los recursos”.

“En el contexto español, la evidencia analizada muestra que modelos de gestión indirecta, como el modelo Alzira, obtuvieron peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares. Además, la privatización se asocia con una reducción de plantillas que puede erosionar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema”, señala el Ministerio.

Hay un extra. Los análisis sobre el funcionamiento de la gestión privatizada han revelado que los hospitales en manos privadas tienden a deshacerse de las pruebas más costosas y es el sistema público quien las asume. Esos hospitales no hacen trasplantes, no tratan a neonatos con bajo peso o esquivan procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea. En resumen, el sistema público asume el 95% de los procesos asistenciales más costosos. La gestión privada no es más eficiente, busca ahorrar dinero a costa de los pacientes.

¿Qué es el modelo Alzira al que alude la ministra?

El 10 de abril se aprobó la ley de Aznar que permitía la privatización de la Sanidad. El 19 de junio de 1997, solo dos meses después, la Comunidad Valenciana firmaba el primer contrato para externalizar servicios sanitarios a Ribera Salud. El Gobierno de Eduardo Zaplana fue el primero en permitir que una empresa privada gestionara un hospital público a cambio de un canon anual.

Ese modelo se ha extendido por otros territorios, pero ha calado especialmente en Madrid. Esperanza Aguirre también innovó a su manera con un modelo por el cual las empresas construían los hospitales a cambio de quedarse con su gestión durante 20 o 30 años. La nueva ley incluye un apartado específico para prohibir “fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio”.

¿Cómo va a frenar la privatización la nueva ley?

En anteproyecto señala que solo se podrá optar por la gestión indirecta cuando no sea posible asumir la directa, cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Además, la norma quiere establecer que se priorice a entidades sin ánimo de lucro cuando haya que externalizar servicios, por encima de las grandes multinacionales del sector: “Vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadora”, ha resumido García.

¿Y quién va a decidir si se cumplen?

Hay un procedimiento de evaluación, que hay que superar para poder externalizar la gestión. Se tiene que presentar una memoria justificativa, que será analizada por un comité compuesto por personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y de la sociedad civil. Toda la documentación será pública.

En el caso de que se quieran externalizar servicios, por ejemplo algunos tratamientos, la ley obligará a que haya un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.

¿Y si la privatización sale adelante?

Según la información aportada por el Ministerio, las empresas que gestionen hospitales públicos deberán someterse a una auditoría anual de sus cuentas y habrá un control sobre las condiciones de su personal. Habrá controles de calidad de los servicios prestados y las comunidades autónomas tendrán que publicar periódicamente información sobre el estado de la concesión.

¿Y los hospitales que ya están privatizados?

La norma no les afecta. Lo ha dejado claro la ministra en la rueda de prensa: el anteproyecto solo aplica a las nuevas concesiones, no a las que ya están en marcha. Eso sí, la ley busca facilitar que los hospitales privatizados vuelvan a ser públicos, tanto cuando se acabe el contrato con la empresa privada como si se quiere adelantar. La norma prevé el asesoramiento técnico de la Alta Inspección del SNS a las administraciones que deseen revertir servicios previamente externalizados.

¿Cuándo entra en vigor?

Empieza ahora un largo camino. Se trata de un anteproyecto que se aprueba “en primera vuelta”, es decir, que ahora tiene que ser sometido a aportaciones de otros ministerios y de informes de organismos estatales. Una vez que eso suceda, el texto volverá a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Será entonces cuando se convierta en un proyecto de ley que se pueda enviar al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que busca impedir que se externalice la gestión de hospitales públicos sin justificación ni control. “Personalmente me parece un triunfo de la sociedad civil, vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, ha dicho García.

La ministra ha reproducido durante la rueda de prensa algunas de las frases que el CEO de Ribera Salud dijo a los directivos del Hospital de Torrejón para instarles a ahorrar dinero en el tratamiento a pacientes y ha denunciado prácticas como que “se dan citas a las 4 de la mañana para hacer caja con las listas de espera”, o que grupos sanitarios como Quirón han “multiplicado por seis el número de pacientes que capta de la sanidad pública” en Madrid.

“Esta ley pone fin a esta deriva, cierra la etapa de la ley del 97, una ley de Aznar, que permitió que el lucro entrara en la gestión pública”, ha apuntado García, que ha insistido en que la norma establece la “gestión pública directa como preferencia” y que “la gestión indirecta queda limitada a casos excepcionales, cuando se demuestre que la gestión pública no tiene capacidad”. “No se va a poder recurrir por capricho, ideología o porque sea un modelo heredado”, ha concluido.

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye la obligación de que las comunidades autónomas que quieran externalizar la gestión de un hospital tengan que someter ese proyecto a una evaluación previa, y deberán justificar con un informe la necesidad de esa privatización. Esa propuesta pasará el examen de un comité de expertos y técnicos.

Con la nueva norma, la externalización sanitaria solo podrá ponerse en marcha cuando no sea posible la prestación directa, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. El informe de las comunidades autónomas que recoja estos puntos tendrá que ser público.

Además, la norma incluye que se prioricen los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, en lugar de con empresas que buscan hacer negocio. En la práctica, la ley busca limitar el modelo de grupos como Quirón o Ribera Salud, especialidados en la gestión privada de hospitales públicos.

Organizaciones de pacientes y productos sanitarios

Junto a la norma sobre la privatización de la Sanidad, el Ministerio también ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes. El texto reconoce por primera vez su singularidad jurídica y su función como agentes clave en la defensa de los derechos e intereses de pacientes, familiares y personas cuidadoras. El texto garantiza su participación en los órganos de gobernanza del Sistema Nacional de Salud, define sus derechos y prevé instrumentos específicos como el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes

El Ministerio de Sanidad también ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un real decreto que regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica. La norma actualiza y fija los criterios para la inclusión, modificación y exclusión de productos sanitarios en la prestación farmacéutica.

El decreto establece que solo se financiarán productos fabricados en serie con sello de la Unión Europea, que no puedan ser objeto de publicidad y que requieran receta médica. Para que el Sistema Nacional de Salud lo cubra deberá ser evaluado primero por la administración.

Según el Ministerio, la norma “desbloquea una situación existente y largamente desatendida, permitiendo la incorporación de nuevos ofertantes y productos sanitarios a la prestación farmacéutica”. Además, se obligará a las empresas a garantizar el suministro de estos productos.

El Ministerio de Sanidad ha firmado este lunes el acuerdo del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud con los sindicatos SATSE, UGT, CCOO y CSIF. El acuerdo llega tras tres años de negociaciones y deriva en un anteproyecto de ley que tiene que pasar por la tramitación parlamentaria.

El acuerdo se ha alcanzado con las organizaciones sindicales que negocian con el Ministerio, mientras los sindicatos de médicos mantienen sus protestas contra el estatuto y las convocatorias de huelga. Tienen previsto parar durante una semana al mes desde febrero hasta junio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que “la democracia es diálogo y lo demás es ruido” y ha celebrado que tras tres años de negociación se haya alcanzado un acuerdo para modificar un texto “que no se tocaba desde hace 22 años”. Eso sí, ha lamentado que durante este tiempo de conversaciones haya habido “intentos de deslegitimar la mesa constituida de manera democrática”.

Del acuerdo se queda fuera la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos, que abandonó hace semanas la mesa de negociación del estatuto, y que ahora está detrás de las convocatorias de huelgas. “Máximo respeto a movilizaciones porque sabemos que detrás hay malestar”, ha dicho García, que ha añadido que “todas las reivindicaciones de la convocatoria de huelga están en el estatuto marco”. “Siempre que estén dentro de nuestras competencias”, ha puntualizado.

García ha afirmado que la única reivindicación que queda viva en las protestas de los médicos es que haya un estatuto propio para ellos. La ministra ha vuelto a rechazarlo: “Consideramos que no podemos fragmentar el sistema, que las mejoras se las merecen todos los profesionales del sistema sanitario”. Así, ha animado a los sindicatos que no estén de acuerdo con el estatuto y quieran uno propio que lo presenten como iniciativa en las cortes.

El acuerdo que se ha firmado hoy incluye la eliminación de las guardias de 24 horas, que ahora se reducen a un máximo de 17. También se establece una jornada máxima semanal de 45 horas, inferior al umbral europeo, y se incorpora por primera vez un mecanismo de intervención ante situaciones de sobrecarga persistente, según destaca el Ministerio.

El estatuto también contempla ofertas públicas de empleo periódicas y límites a la temporalidad, se facilitan los concursos de traslado con convocatorias abiertas y permanentes, y se actualiza la clasificación profesional, reconociendo además la labor investigadora y docente como trabajo efectivo.

El texto inicia ahora un largo camino hasta su aprobación definitiva. Primero tendrá que se aprobado por el Consejo de Ministros en primera vuelta, recibir los informes preceptivos y pasar por el trámite de audiencia pública, para luego volver a ser ratificado por el Gobierno. Será entonces cuando se remita al Congreso, donde Sanidad tendrá que negociar para logar su aprobación definitiva.

El negocio de la sanidad privada sigue creciendo a costa de la pública. En la última década, el número de hospitales privados que acaban integrados en la red pública ha subido un 36,8%, lo que implica que ya el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen “dependencia funcional privada”. O lo que es lo mismo: uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por una empresa privada. Además, el gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6% entre 2011 y 2023.

Así lo revela un extenso informe sobre la sanidad privada que ha presentado este martes en Consejo de Ministros la ministra de Sanidad, Mónica García. “El estudio concluye que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”, señala el Ministerio.

El documento que ha presentado García llega en plena polémica por las noticias acerca el Hospital de Torrejón, un centro público de Madrid gestionado por la multinacional Ribera Salud, y en el que se han destapado prácticas para ahorrar costes como no coger a pacientes complejos de fuera del área sanitaria u obligar a cambios en el triaje de Urgencia para calificar como leves a enfermos graves. García ha calificado lo ocurrido en Torrejón como un ejemplo del “modus operandi que intenta parasitar el sistema público”.

“Quirón y Ribera Salud son las dos caras de la misma moneda”, ha dicho García, que considera que el “patrón” de la privatización “necesita de la connivencia” del PP en la Comunidad de Madrid. La ministra ha advertido de que nadie debe “anteponer” los intereses económicos a los de la salud, como se demostró en los audios del CEO de Ribera Salud en el caso del hospital de Torrejón que reveló El País.

En la rueda de prensa, García ha incidido en que los estudios cuestionan el mantra de que las empresas privadas gestionan mejor la sanidad. “La sanidad privada se utiliza para casos puntuales”, ha señalado García, que ha incidido en que el seguimiento de las patologías se hace en la sanidad pública.

El informe señala que el Sistema Nacional de Salud ha pasado de tener 106 hospitales privados integrados en 2011 a 145 en 2023. “La proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%”, señala el documento.

Además de que haya empresas privadas gestionando hospitales públicos, en muchos territorios se derivan buena parte de las pruebas y tratamientos a centros privados. En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada que no forman parte del sistema público fueron financiadas con fondos públicos.

Es decir: las arcas públicas cada vez financian en mayor medida el negocio de las empresas de la sanidad privada. Por un lado con la gestión externalizada de hospitales de la red pública y por otro con las derivaciones a hospitales privados de pruebas que los públicos no pueden asumir.

Según recalca el Ministerio en su nota de prensa, “este modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud, y advierte sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema”.

Un ejemplo es que esos hospitales privatizados no asumen los procesos asistenciales de mayor coste: “Al estudiar en qué centros hospitalarios se abordan los procesos asistenciales más costosos, como los relacionados con trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, la cobertura por parte de hospitales del Sistema Nacional de Salud es, en la mayoría de los casos, superior al 95%”.

El informe también señala que el modelo implica riesgos para el sistema público, como la fragmentación de la red asistencial, que se cree una brecha salaria y de condiciones del personal, que la red pública pierda capacidad de planificación o que hay riesgo de sobrecoste y se pierde capacidad para vigilar la facturación. Pero además, el informe señala como riesgo lo que ya se ha comprobado que ocurre en el Hospital de Torrejón: “Atención selectiva por parte del sector privado, que concentra los casos menos complejos”.

El documento recoge también que el número de seguros privados ha crecido desde el 17,2% en 2017 al 32,6% en 2024. “Este aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Extremadura (296,4 %), Ceuta (270,8 %), Cantabria (247,8 %) y la Comunidad Valenciana (234,8 %)”, señala la nota de Sanidad, que incide en que los pacientes se decantan por los servicios públicos en atención primaria, urgencias o ingresos hospitalarios.

El estudio de Sanidad señala la pandemia del Covid-19 como el principal causante en ese aumento de seguros privados “como respuesta a la percepción de saturación del sistema público, el incremento de los tiempos de espera y la búsqueda de una atención más rápida y accesible, especialmente en consultas diagnósticas y especializadas”.

Como conclusiones a su estudio, el Ministerio recomienda “reforzar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos, exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos y promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos”.

La dirección del Hospital Universitario de Torrejón, un centro público que gestiona la empresa Ribera Salud, modificó el funcionamiento de las Urgencias para que se atendiera antes a los pacientes leves, que se evitara subir a enfermos a las plantas de medicina interna y llegó a dar órdenes verbales para que los pacientes graves fueran reasignados como leves y se les atendiera con rapidez pero sin los “mínimos de calidad y seguridad”.

Así lo recoge un documento elaborado por el personal de Enfermería en abril de este año, que fue entregado a la dirección del Hospital, y lo confirman los trabajadores del centro. La dirección se saltó las bases del triaje en Urgencias –el sistema que clasifica pacientes por colores en función de su gravedad y el tiempo en que deberían ser atendidos– para priorizar a los leves y así aligerar los tiempos de espera y evitar reclamaciones e insatisfacción entre los enfermos.

Tanto en el documento como en los testimonios de los trabajadores se deja claro que este sistema ponía en riesgo a los pacientes y comprometía “los estándares mínimos de calidad y seguridad”. “Estas prácticas no solo son inseguras y poco éticas, sino que también deterioran gravemente la calidad asistencial”, explican.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, está elaborado por la sección sindical del Sindicato de Enfermería del Hospital de Torrejón y fechado el 17 de abril. El texto denuncia “las prácticas inapropiadas” en el servicio de Urgencias, donde se han dado directrices a los profesionales para “para realizar modificaciones en el triaje que no responden a criterios clínicos”.

El triaje en los hospitales emplea el denominado sistema Manchester y funciona con un código de colores: los rojos y naranjas, los más urgentes con riesgo para su vida, los amarillos, los graves que necesitan ser atendidos en menos de una hora, los verdes son los casos leves, que pueden esperar, y por último los azules son aquellos pacientes menos urgentes que incluso podrían ser derivados a un centro de salud.

Lo que denuncia el documento es que la dirección del Hospital se saltó este sistema por razones organizativas y de costes, sin atender a criterios médicos: “Un ejemplo de ello es la reasignación de pacientes amarillos a triaje verde de menor gravedad, sin justificación médica, basándose en razones estadísticas y organizativas inaceptables”. O lo que es lo mismo, se calificó a algunos pacientes como “estándar”, o leves, cuando deberían ser “urgentes” o graves.

Además, la dirección creó una consulta paralela a Urgencias, con un médico y un enfermero, para que vieran a los pacientes menos graves y darles prioridad. Esos dos profesionales se restaron del servicio de Urgencias, que vio mermada su plantilla para atender los casos más complejos.

En conclusión, se aligeraba la lista de espera con una doble estrategia: por un lado, se instaba a calificar como verdes a pacientes más graves; por otro, se daban órdenes de entre los verdes, atender a los menos graves para darles salida rápido. “A los pacientes con dolor de cabeza o dolor muscular leve se les atendía antes que a los graves”, confirma una fuente interna del hospital.

Los trabajadores atribuyen esa estrategia a un intento de reducir la espera de los pacientes para mejorar su satisfacción con el Hospital y evitar reclamaciones, pero a costa de ser peor atendidos.

“Estas directrices cambiantes, según los tiempos de espera, generan situaciones que impiden realizar valoraciones objetivas” de los enfermos, señala el escrito, que añade otra derivada: “Pacientes que deberían estar en boxes según el criterio Manchester son clasificados en colores inapropiados, en base a criterios ajenos del sistema Manchester”. Es decir, pacientes que debían recibir una atención específica por su gravedad eran considerados leves para que únicamente pasaran por la consulta y se les despachara con rapidez.

Pero hay más. Las órdenes, siempre verbales y nunca por escrito, cambiaban según considerase la dirección, generando “situaciones que impiden realizar valoraciones objetivas”. Por ejemplo, a veces “se insta a asignar pacientes al nivel 0 con justificación clínica de mayor gravedad”, pero en otras ocasiones “se prohíbe la asignación del color azul en el triaje”.

El color azul es el de los pacientes leves, que pueden esperar o que incluso pueden ser atendidos en un centro de salud. El Hospital no querían gente esperando en la sala de espera durante mucho tiempo, así que en ocasiones impedía calificar con ese color y se instaba a que se les atendiese rápidamente, poniendo en riesgo la seguridad de quienes sí necesitaban una atención urgente.

“Estas decisiones no solo generan caos operativo, sino que comprometen los estándares mínimos de calidad y seguridad, puesto que no responden a criterios clínicos válidos, sino a necesidades organizativas mal planteadas”, resumen los profesionales del servicio de Urgencias.

El documento plantea que, cuando haya mucha gente en urgencias calificada como “amarilla”, es decir, grave, la solución no puede ser cambiar los colores del triaje, sino atender a esos pacientes y asignar a más médicos: “Alterar el triaje arbitrariamente pone en riesgo la atención de todos”.

“Pacientes verdes están siendo atendidos antes que pacientes amarillos, a pesar de que se nos ha negado esta situación en reiteradas ocasiones, y no porque no sucedan, sino porque, efectivamente no se dejan estas directrices por escrito para evitar dejar constancia de que estas acciones, a pesar de ser poco éticas, se están ordenando”, concluye el documento.

Pacientes hacinados que cuentan como ingresos

El Hospital de Torrejón se encuentra estos días en el centro de la polémica porque sus responsables, de la empresa Ribera Salud, han dado directrices para que el centro atienda a pacientes que generan poco coste, y ha llevado a cabo modificaciones en la organización y la atención para abaratar gastos. Fuentes del Hospital señalan que esa estrategia también tuvo su impacto en Urgencias.

La dirección del Hospital creó la Unidad de Corta Estancia. En una sala que debía dedicarse a pacientes bajo observación de Urgencias, el Hospital metió a enfermos a los que no quería subir a planta. Los trabajadores relatan que en esos espacios se hacinaban casi una veintena de personas que, en circunstancias normales, debían ingresar en una habitación.

Eso permitía al Hospital que los pacientes pasaran como ingresos, lo que garantiza un extra si son de fuera del área sanitaria, pero sin abrir una planta con los costes que eso implica. Forma parte de la estrategia del centro para atraer pacientes de fuera de Torrejón, los llamados no cápita, por los que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso paga un extra a Ribera Salud.

Los pacientes de esa sala, que está aún activa, en lugar de tener su propia habitación tenían que compartirla con otros enfermos, “sin medidas de privacidad y seguridad”, y con el único objetivo de “ahorrar dinero”, según relatan trabajadores del Hospital.

Contactado por elDiario.es, el hospital desmiente estas informaciones acerca de malas prácticas en el servicio de urgencias. “El área de urgencias ofrece atención a los pacientes con normalidad y el criterio de priorización e ingreso responden a criterios exclusivamente clínicos. Las continuas auditorías de la Consejeria de Sanidad ponen de manifiesto la calidad del servicio y sus protocolos que son incuestionables”, añaden.

Si tienes información sobre este caso o conoces otros similares, puedes escribir a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

La situación en el hospital Universitario de Torrejón hace años que es insostenible. La gestión por parte del gigante de la sanidad privada Ribera Salud ha degradado la atención en el centro hasta el punto de seleccionar pacientes “por motivos de rentabilidad empresarial”, con presiones incluidas a los médicos para priorizar a unos u otros enfermos. La dirección ha impuesto un modelo que ha reducido prestaciones con el único objetivo de “abaratar costes”, según recoge un manifiesto interno elaborado por trabajadores del hospital y al que ha tenido acceso elDiario.es.

El texto hace una radiografía detallada del estado del hospital de Torrejón, un centro público de gestión privatizada, y alerta de la degradación del servicio, de la pérdida de profesionales de primer nivel y de la implantación de un modelo que pone los resultados empresariales por encima de los pacientes. El documento, elaborado por un grupo de trabajadores y al que se adhirieron más de 250 profesionales, propone una serie de soluciones para recuperar la calidad asistencial y señalan como responsables de la situación actual a algunos de los directivos ahora despedidos por supuestamente denunciar las malas prácticas.

La polémica en torno a este hospital estalló este miércoles tras la publicación de un audio, desvelado por El País, en el que se escucha al CEO del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart reclamar a los responsables médicos rechazar pacientes poco rentables para el hospital, cuya dirección ha estado durante años empeñada en atraer a pacientes de otras áreas sanitarias.

El modelo sanitario de Madrid, impuesto por Esperanza Aguirre, permite que los pacientes elijan el hospital que quieran entre todos los de la Comunidad de Madrid. Eso, unido a un proceso de privatización de la sanidad que otorga la gestión de hospitales públicos a empresas privadas, ha fomentado que algunos centros traten de competir entre ellos para lograr el máximo número de pacientes posible, porque eso implica más ingresos cuando esos enfermos son rentables, es decir, implican poco gasto médico.

Es lo que ha ocurrido durante años en el hospital de Torrejón y que ha quedado recogido en un manifiesto de 10 páginas elaborado por los trabajadores de ese centro, al que ha tenido acceso elDiario.es. Y donde se encuentra el germen de la situación actual.

“Abaratamiento de los costes”

El documento señala que en los primeros años del hospital el trabajo diario estaba guiado por “el compromiso profesional, la humanidad y el rigor científico”, y que la dirección supo combinar una “excelente selección de personal” con un “liderazgo respetuoso, moderno, colaborativo y centrado en el paciente”. Pero eso, dicen, cambió cuando entraron nuevos responsables en Gerencia, Dirección Médica-Quirúrgica y Dirección de Enfermería.

Esos responsables han tomado decisiones que chocan con el marco deontológico: “Sus insólitas medidas y sus formas a menudo desafortunadas, cuando no autoritarias, han generado una mantenida destrucción de equipos, prestaciones y motivación profesional desde su llegada”.

El documento denuncia que se ha socavado la autonomía de los responsables de las áreas del hospital, metiéndose en sus decisiones, y con un trasfondo constante de “cuestionamiento del compromiso y capacidad de trabajo” del personal del centro.

Detrás de todo se encuentra “una gestión dirigida a la optimización presupuestaria sin valorar el verdadero objetivo de nuestro trabajo: asistir a personas enfermas”. “El personal del hospital de Torrejón asiste con incredulidad a una pérdida imparable de prestaciones basada exclusivamente en un presunto (y probablemente mal estimado) abaratamiento de los costes para la empresa”, denuncian. Contactados por elDiario.es, la dirección del hospital ha rechazado hacer declaraciones.

“Presiones” y dinero para atender a otros pacientes

En concreto, el documento detalla que las ecografías ya no las hacen especialistas en Radiología, o que los informes radiológicos los elaboran “especialistas en remoto sin comunicación accesible con el clínico que solicita el estudio”, y también que hay áreas donde no hay alternativa a la telemedicina o que en Urgencias no hay profesionales con título de MIR.

Pero lo más escandaloso, señala el documento, es que “algunas jefaturas de servicio son presionadas para priorizar en la programación tanto de consultas externas como de las listas de espera quirúrgicas a los pacientes procedentes de otras áreas sanitarias frente a la de Torrejón”.

Fuentes de los trabajadores detallan que la dirección llegaba incluso a gratificar económicamente a los médicos que hacían horas extras para atender a esos pacientes de fuera de área sanitaria. La última memoria disponible del Sermas, de 2023, revela cómo el hospital de Torrejón ha ido engordando las citas “entrantes”. Crecieron de 15.677 en 2022 a 24.377 un año después.

Eso provocó que el hospital de Torrejón asumiera un número muy elevado de pacientes, algunos de una enorme complejidad clínica que, señalan los trabajadores, han pasado a “no ser rentables” para la empresa. Y de ahí el mensaje que el CEO trasladó a los mandos: “Seguro que estamos haciendo mucha actividad 'no cápita' que no nos es contributiva, es decir, que nos está perjudicando. No sé si hay posibilidad de captar o no actividad que más nos interese”. Lo que reclama Gallart es que haya un esfuerzo por dejar fuera a pacientes de fuera de Torrejón que no son rentables para el hospital, que es un centro público.

El hospital ha estado años tratando de atraer pacientes de toda la región para aumentar su facturación y ahora se enfrenta a las consecuencias de ese modelo. Los trabajadores lo denunciaron en su documento interno, en el que reclamaron acabar con “la diferenciación entre pacientes por motivos de rentabilidad empresarial, mediante el abandono, en cualquier prestación del hospital de la imposición de cuotas de pacientes 'no cápita' [de fuera de Torrejón] y la priorización frente a los pacientes 'cápita', algo en contra del código deontológico de nuestra profesión”.

Fuentes del hospital detallan que lo que hacía la dirección era priorizar en cirugías y consultas a la gente que venía de fuera de Torrejón: a igualdad de patologías, a igualdad de gravedad, entraba antes un paciente de otra área sanitaria. La explicación a esta práctica es que el hospital recibe un dinero extra por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por cada paciente externo, que se suma al montante anual presupuestado.

elDiario.es ya desveló algunas de esas prácticas hace unos meses. Las presiones que denuncia el informe interno se concretaban en mensajes a los responsables de quirófano: “Tendríamos que programar la próxima semana una CCI no cápita”.

Protestas frente a la dirección

Los trabajadores del hospital hicieron llegar este informe a la dirección el pasado mes de junio. La única respuesta que obtuvieron por parte de Gallart fue que lo “analizaría”. El pasado mes de septiembre los jefes de Área trasladaron a la dirección su oposición a las nuevas directrices, también sin obtener respuesta.

Trabajadores del hospital señalan que siempre han intentado que la atención a los pacientes se guiase por criterios de equidad, aunque reconocen que algunos responsables se han “plegado” a las exigencias de la dirección. Eso sí, insisten en que su pelea ahora mismo es luchar contra el desprestigio tras 14 años de un trabajo excelente que les ha convertido en un centro de referencia.

Además, denuncian que algunos de los directivos ahora despedidos y que se presentan como contrarios a las prácticas de selección de pacientes son en realidad quienes impusieron el modelo de atraer a los de fuera para engordar las cuentas. En concreto, señalan a la gerente, María Pilar Navarro, cuya salida pedían en el documento que se trasladó a la dirección, pero también a los directores de Medicina y Enfermería, que han sido cesados aunque se encuentran aún en sus puestos a la espera de relevo.

Fuentes del hospital señalan, además, que el modelo muestra sus costuras cuando no hay una supervisión por parte de la Consejería de Sanidad, porque provoca situaciones de competición entre los hospitales de gestión externa y prácticas como las que se han dado en el hospital de Torrejón.

Tras las informaciones de estos días, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que abre una investigación para determinar lo ocurrido. “Vamos a estudiar todas las vías, por supuesto, las legales; yo sí que creo que aquí hay esa connivencia con el gobierno de Ayuso lo cual acaba constituyendo lo que se llama corrupción institucional”, ha dicho este martes la ministra de Sanidad, Mónica García.

Si conoces información sobre este y otros casos similares, puedes escribir a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

La tarde del miércoles 6 de marzo de 2024 me llamó José Precedo y recuerdo perfectamente sus palabras: “Lo tengo todo”. Habíamos hablado del tema, intentado confirmar algunas de las pistas que nos habían llegado, mirado el registro, las cuentas, etc. Ese día supimos que estaba todo atado: el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había cometido fraude fiscal por valor de 350.000 euros.

El jueves, ya en la redacción, montamos un equipo de investigación con varios periodistas de diferentes secciones, como ya habíamos hecho en alguna otra ocasión: Tribunales, Madrid, Economía, Política… Les informamos de lo que había. Lo principal en aquel momento era leer, entender y traducir a lenguaje llano un extenso informe de la inspección tributaria que recogía todos los detalles de la operativa del fraude. Mientras los redactores cerraban sus temas para el fin de semana —que el periódico sale todos los días— ese fue mi trabajo: elaborar un índice del documento de más de 200 páginas, pensar en posibles enfoques y plantear las dudas y cuestiones a resolver.

El lunes 11 de marzo, a primera hora, nos reunimos, repartimos tareas y pautamos las primeras entregas. Algunos periodistas elaborarían la pieza principal, otros se ocuparían de investigar las empresas que colaboraron con el fraude e indagarían en el negocio que le había proporcionado a González Amador tan altos beneficios. Mandamos periodistas a diversos puntos de Madrid a obtener información complementaria. Había también que contactar con fiscalistas y juristas para entender las posibles consecuencias para González Amador, elaborar montajes y gráficos para ilustrar las noticias, empezar a plantear las piezas laterales y estar preparados para las reacciones políticas.

Un despliegue de este calibre solo es posible en una redacción como la de elDiario.es, donde todos sus periodistas, da igual la sección a la que pertenezcan, se ponen a colaborar entre ellos para sacar el trabajo adelante. He tenido la suerte de verlo en más ocasiones, como cuando publicamos la investigación sobre el falso máster de Cristina Cifuentes o durante la pandemia del Covid-19.

En la tarde de ese lunes ya teníamos preparada la primera información: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Fue esa misma tarde cuando contactamos tanto con Alberto González como con Miguel Ángel Rodríguez. Hubo debate con el titular, pese a las advertencias de Miguel Ángel Rodríguez: “Vosotros veréis…”. La noticia se publicó a primera hora del martes 12 de marzo con la palabra fraude en el titular.

Entre medias de todo ese despliegue, del estudio de la ingente documentación que manejó el equipo, surgió otra derivada: el piso en el que vivía González Amador, y por tanto, Ayuso.

A primera hora del lunes no sabíamos siquiera en qué parte de Madrid residía Ayuso; en menos de 24 horas ya podíamos acreditar que era una vivienda de lujo en Chamberí de 200 metros cuadrados que el empresario había comprado tras el fraude fiscal. Entre medias, un chivatazo, consultas en las bases del registro mercantil que se cruzaron con los datos del informe tributario y más trabajo de campo.

Y entonces, otra nueva pista: había un segundo piso. El 13 de marzo, mientras las primeras exclusivas sacudían la política española, pudimos acreditar que la presidenta madrileña y su pareja disfrutaban del ático del edificio, otro piso de lujo. Los tres días de investigación previa sirvieron para descubrir un elemento nuevo: esta vivienda estaba a nombre de la sociedad de un fiscalista que había representado a González Amador durante la investigación de la Agencia Tributaria.

En aquellos tres días frenéticos el equipo de investigación publicó la exclusiva del fraude, descubrió que el dinero venía de una comisión por intermediar en la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, elaboró un mapa con las conexiones entre las empresas usadas para las facturas falsas, localizó una sociedad pantalla en Panamá y, además, destapó que Ayuso vivía en un piso de lujo comprado tras el fraude y en otro a nombre de una sociedad interpuesta.

Esa última noticia se cerró y lanzó justo cuando El Mundo publicaba la noticia sobre el ofrecimiento de pacto de la Fiscalía, que luego se demostró falso. Hubo que ponerse con esa nueva vía aquella noche de miércoles 13, que contradecía parte de la documentación en nuestras manos, y continuar el jueves.

Pero aquello no impidió que siguiéramos publicando informaciones exclusivas del caso. Tampoco frenaron la investigación las amenazas directas del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez —su “os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”—, o que la propia presidenta tratara de desprestigiar nuestras informaciones en público.

Descubrimos una nueva sociedad de González Amador en Florida, desgranamos el papel de un directivo de Quirón en el caso, uno de nuestros redactores localizó y habló en un pueblo de Sevilla con los empresarios que colaboraron en el fraude y profundizamos en el pelotazo fallido de la pareja de Ayuso que intentó vender vacunas muy por encima de su precio en Costa de Marfil. Elaboramos piezas de contexto para ayudar a entender la complejidad del caso, seguimos todas las reacciones y grabamos varios podcast con el equipo de Un tema al día. Todo eso en una misma semana.

Lejos de “tardar en publicar”, como han dicho tanto el magistrado instructor Ángel Hurtado, la Sala de Apelación del Supremo y siguen insinuando algunas acusaciones en el juicio contra el fiscal general del Estado, lo que ocurrió aquellos días en la redacción de elDiario.es fue un trabajo periodístico excepcional que permitió dar una enorme cantidad de información exclusiva en un corto espacio de tiempo. Si en algún momento las redacciones se parecen, aunque sea mínimamente, a esas series americanas que creen saber reflejar el trabajo diario de los periodistas, este fue uno de ellos.

Ninguna de aquellas informaciones ha sido desmentida. Nunca Alberto González Amador ni Isabel Díaz Ayuso han podido recriminar a elDiario.es nada de lo que publicamos, porque todo era cierto y estaba contrastado hasta eliminar la más mínima duda. Nadie pudo denunciarnos, tal y como anunciaban aquellas amenazas.

Miguel Ángel Rodríguez nos llamó esta semana ante el Tribunal Supremo mentirosos, escandalosos y agresivos, pero nunca jamás ha sido capaz de ponerle un pero a nuestros textos. De ahí nace la frustración y la rabia acumuladas a las que dio rienda suelta primero en sus amenazas contra nosotros y luego en la declaración como testigo ante el tribunal. No puede hacer otra cosa, solo le queda el insulto.

La justicia ha ido confirmando todas y cada una de nuestras exclusivas hasta dejar a González Amador a las puertas del banquillo por aquel fraude fiscal que destapamos la mañana del 12 de marzo de 2024. Este mismo viernes ha avalado su procesamiento por fraude y falsificación de documentos.

PD: Este texto no es solo un reconocimiento a los periodistas que intervinieron directamente en aquellas noticias. También a todos los que trabajan en elDiario.es y que, con su esfuerzo, permiten que en un medio pequeño, como el nuestro, unos compañeros se desliguen de la asfixiante actualidad para investigar mientras ellos sacan adelante la enorme carga diaria de trabajo desde Sociedad, Portada y Redes, Cultura, Economía, Internacional, Datos, Diseño, Podcast, las ediciones regionales o desde donde sea. Es un orgullo trabajar aquí.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este lunes que España es un ejemplo de que se puede “crecer y hacerlo de forma sostenible, generar empleo, calidad de vida, de vida y bienestar”, y ha incidido en la importancia de “transformar nuestro sistema energético” y “reducir nuestra dependencia de los recursos que son finitos”.

Aagesen ha inaugurado la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables, un foro de debate ya consolidado para analizar los retos y oportunidades de la transición ecológica en España, organizada por elDiario.es. La vicepresidenta tercera ha insistido en la concienciación sobre el uso responsable de los recursos y la apuesta por las energías renovables.

Ha destacado que el pasado 24 de julio “la humanidad ya había consumido los recursos del planeta que se podían regenerar en un año”. “Ese sobreconsumo equivale a utilizar 1,8 veces el planeta Tierra”, ha añadido, por lo que ja lanzado una apuesta por “unas energías renovables que no solo son limpias, no solo son más competitivas y más económicas, sino que nos permiten un estado de bienestar y, por supuesto, de autonomía energética y estratégica”.

Además, Aagesen ha puesto el acento en que invertir en renovables es invertir en seguridad: “Hay una carta que han remitido expertos de la OTAN, militares y expertos en defensa, pidiendo que el gasto y las inversiones en energías renovables cuenten como inversiones en seguridad”.

“Europa se calienta más rápido”

La vicepresidenta tercera ha continuado insistiendo en la necesidad de aportar por las energías renovables como principal freno al cambio climático. “2025 fue el año más cálido desde que tenemos registros, cuando se superó en cinco grados ese umbral que nos fijamos hace 10 años en el acuerdo de París. El último informe, de hace pocas semanas, del estado del clima también nos recuerda que Europa se calienta más rápido que el resto de los continentes”, ha explicado.

Aagesen ha incidido en que en el caso de España, el calentamiento del mediterráneo también se acelera y tiene como resultado “fenómenos meteorológicos extremos”. Así, se ha referido a la DANA que dejó 229 víctimas mortales en Valencia hace ahora un año: “Hoy también transmito palabras de cariño, de solidaridad con todos los familiares de las víctimas y con todos los afectados”.

En su intervención, Aagesen ha destacado algunos de los proyectos de su Ministerio, como el Perte de la Economía Circular, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la ley de Residuos o los planes de almacenamiento de hidrógeno renovable, donde se ha pasado de 28 proyectos a más de 500.

“Las energías renovables nos hacen competitivos, generan una sociedad del bienestar en un contexto muy complicado. Hemos visto que esas dos apuestas nos permiten decir que tenemos resultados transformadores en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional acaba de actualizar nuestra previsión de crecimiento al 2,9, el triple prácticamente de la zona euro y muy por encima de grandes economías de la Unión Europea”, ha resumido.

“Una España que es vulnerable ante el cambio climático requiere de políticas que trasciendan a las legislaturas. Por eso estamos trabajando en un pacto de Estado frente a la emergencia climática, donde queremos escuchar a todos y cada uno de los agentes, a la sociedad civil, a las empresas, a los sindicatos, a las comunidades autónomas, a los grupos políticos, a todos. La realidad es la que es somos un país vulnerable y tenemos que estar preparados juntos y unidos, seguro que lo vamos a conseguir”, ha concluido.

Los consejeros de Sanidad del PP han boicoteado este viernes la reunión con el Ministerio de Sanidad en la que había que abordar, entre otras cosas, la entrega de datos sobre el estado de los cribados del cáncer de mama en los distintos territorios. Se han levantado de la mesa a los pocos minutos de haber comenzado.

Esos mismos consejeros asistieron ayer a la comida y cena oficiales que tuvieron lugar en Zaragoza, donde se celebra esta interterritorial de Sanidad. “El Ministerio lamenta este gesto de deslealtad institucional que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza de la ciudadanía, indican fuentes de Sanidad.

La reunión Interterritorial de este viernes no tenía la crisis de los cribados entre su orden del día, pero se iba a abordar en el turno de ruegos y preguntas después de que las comunidades del PP se negaran a entregar al ministerio los datos de los cribados. La ministra de Sanidad, Mónica García, les había reclamado antes de la reunión que entregaran esos datos y no fomentaran la “desconfianza” en el sistema sanitario.

Los consejeros de Sanidad del Partido Popular han abandonado la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por lo que consideran una utilización “partidista y sectaria” por parte del Gobierno de España. En un comunicado, exponen que se está produciendo una “manipulación unilateral de los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en el mes de abril”.

El PP critica que el Ministerio “aún no ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas la herramienta imprescindible para la gestión de los datos, estando los indicadores en fase de revisión actuando de forma interesada, partidista y en contra del propio Sistema Nacional de Salud”. Acusan a la ministra de Sanidad, Mónica García, de “imponer su criterio, vulnerando los principios de respeto y colaboración que deben regir este órgano”.

Antes del inicio de la reunión, García había reivindicado la importancia de la misma y de los temas que se iban a abordar. Ha cuestionado la negativa de las comunidades del PP de no aportar los datos: “El PP no puede escudarse detrás de si falta o no falta un sistema informativo, tienen todas las herramientas para poder derivar al ministerio los datos para dar confianza a las mujeres de este país, a los ciudadanos de este país”.

Los consejeros de Sanidad del PP consideran que el Ministerio “ha intentando sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y orgullo compartido”. Critican también que “no se da respuesta” a los problemas sanitarios del país y “la deslealtad institucional y la intromisión constante en las competencias autonómicas, actuando al margen del marco de cooperación que establece la Ley”.

En rueda de prensa posterior, Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León, ha ejercido de portavoz de sus compañeros y ha ahondando en lo que recoge el comunicado. Según Vázquez, las comunidades de PP no se niegan a dar los datos –“por supuesto vamos a dar, nunca se han ocultado los datos”–, aunque lo cierto es que sí que se han opuesto a entregarlos. Vázquez ha dicho que espera que la ministra “recapacite” y “si le preocupa la salud de los españoles, estamos dispuestos a seguir trabajando”.

La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado duramente el desplante de los consejeros de Sanidad del PP en el Consejo Interterritorial. Ha asegurado que han “boicoteado la transparencia y la información que deben darle a la ciudadanía” y ha dicho que, con la actitud del partido, la crisis de confianza de Andalucía “se extiende a todas las comunidades gobernadas por el PP. 

Con la ausencia de los consejeros, los puntos que requerían acuerdo no se han podido debatir. García ha explicado que solo se han abordado las cuestiones de información: “Son una serie de iniciativas o estrategias, son un punto necesario para seguir trabajando con las comunidades. Todo lo que llevaba un acuerdo o votación lo hemos tenido que dejar al margen”. Asegura que se han dejado de tratar temas como la aprobación de dinero para centros de cáncer, para vigilancia del cáncer y la ampliación de cribados neonatales, entre otras cuestiones. 

La ministra ha criticado que los consejeros de Sanidad “han sido incapaces de quitarse la gorra del PP y entrar a una reunión con la gorra de gestores y de consejeros, han boicoteado a su ciudadanía. No podemos admitir que el PP siga diciendo que es un insulto pedirle información” y ha asegurado que van a estudiar las vías legales para que se de “respuesta e información”.

Uno de cada cuatro pacientes que intenta contactar con su centro de Atención Primaria cuando lo necesita acaba sin conseguirlo. Al 10% no le cogen el teléfono en el Centro de Salud y el resto desiste porque la cita que obtiene es para “muchos días después”. Los tiempos de espera se complican aún más cuando hay que acudir al especialista o hacerse una prueba: los pacientes tienen que esperar dos meses para que se les haga un TAC en la sanidad pública, 67 días para una ecografía, casi tres meses para una resonancia y más de cinco para una colonoscopia.

Son datos extraídos del Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que ha publicado este miércoles. El estudio refleja que un cuatro de los encuestados no consiguió cita con su médico de familia cuando lo necesitaba: el 10% porque no logró contactar por teléfono y el 72% porque la cita fue para “muchos días después”, así que o bien optó por otra solución o bien directamente desistió. También hay casos de gente que nunca recibió la llamada de su centro de salud para la consulta telefónica o directamente que no había médico en el centro de salud.

Respecto a los tiempos de espera en la Atención Primaria, un 10% afirma que consiguió cita para ese mismo día, un 11,8% para el día siguiente, pero un 71,2% tuvo que esperar más. De estos últimos, uno de cada cuatro tuvo que esperar más de 11 días para obtener una consulta con su médico.

A pesar de estos datos, la encuesta del CIS refleja que sube el número de pacientes que acuden a la sanidad pública, un 61,9% (tres puntos más que hace un año), respecto a la privada, un 6% (un punto menos). También bajan tres puntos, hasta el 17,3%, quienes combinan pública y privada.

Además, la sanidad pública recibe buenas notas en la confianza que transmite el médico (7,77), en la que transmite el personal de enfermería (7,97) en el tiempo dedicado (6,91), el conocimiento de la historia (7,24) y en la información que se da sobre el problema de salud del paciente (7,52). Así, un 78,5% afirman que la atención fue buena o muy buena.

Los tiempos de espera empeoran cuando del centro de salud se pasa al especialista. Según los datos del CIS, un 86,5% espera más de 15 días y en concreto, un 18,3% tiene que esperar más de seis meses a ser atendido desde que es derivado por su médico. Además, un 45,7% esperó unas dos semanas a tener diagnóstico, pero un 18,4% no lo ha obtenido todavía. A pesar de los tiempos de espera tanto el tiempo dedicado, como la confianza y la información que ofrecen los especialistas obtiene buenas notas por parte de los pacientes, siempre por encima del 7.

Este barómetro del CIS ha preguntado por primera vez sobre el tiempo de espera para algunas pruebas específicas. Por ejemplo, los pacientes tienen que esperar dos meses para que se les haga un TAC en la sanidad pública, 67 días para una ecografía, casi tres meses para una resonancia y más de cinco para una colonoscopia.

El pasado domingo, los padres de los alumnos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo recibieron en la cuenta de correo donde suelen llegarles las comunicaciones del centro un email extraño. En él se incluía una carta relatando los presuntos abusos sexuales del sacerdote J.M.G., se describía una investigación interna y hasta las sanciones que se le habían impuesto. La carta no era para ellos, a quienes se les había ocultado hasta entonces esa información: era en realidad un borrador que debía pasar por el Arzobispado de Toledo para ser remitida al Vaticano.

El texto, adelantado por ABC y al que ha tenido acceso elDiario.es, está redactado para ser enviado al Dicasterio para el Clero, el órgano del Vaticano encargado de investigar las denuncias referentes a abusos por parte de sacerdotes contra menores de edad o adultos con discapacidad intelectual.

En la misiva se indica que quiere informar al Dicasterio para el Clero de “la situación” que afecta a un sacerdote de la archidiócesis de Toledo, J.M.G., que actualmente es canónigo emérito de la Catedral de Toledo y está jubilado desde el verano de 2023. El texto indica que tras esa jubilación llegaron al correo de la parroquia algunos emails que sugerían que el sacerdote estaba siendo extorsionado y recibía “acusaciones veladas de cierta actividad homosexual”.

El autor de la carta explica que se animó al sacerdote a denunciar ante la Policía ese chantaje, que él se resistió a hacerlo pero que finalmente accedió. “En aquel correo no pudimos comprobar si era un tema de menores”, añade el documento. Se aclara que la Policía realizó pesquisas, pero no emitieron ningún informe y “el sacerdote no quiso proseguir con la acción”.

Pero la situación se complicó unos meses después. En otoño de 2024, recoge la carta, llegan noticias de “tres hechos que eran susceptibles de abrir una investigación” relacionados con presuntos abusos sexuales. “Dos de estos hechos se produjeron en clínicas de fisioterapia y el otro durante una peregrinación a Medjugore”, añade.

A partir de ahí se abre una investigación interna: “Se pudo comprobar que los hechos denunciados eran ciertos, y que el sacerdote había actuado de forma inadecuada e inapropiada siendo motivo de escándalo para las personas que vivieron los hechos. Lo relatado por los denunciantes eran hechos similares, en los que el sacerdote buscaba algún tipo de contacto y satisfacción sexual con las personas que habían denunciado los hechos”.

No consta que estos hechos fueran denunciados a la Policía para que abriese una investigación, como sí se hizo con el presunto chantaje al sacerdote. Según la carta, al religioso se le impuso la prohibición de celebrar misa en público u otros sacramentos y se le impidió predicar: “Todo esto por un tiempo de dos años, que debía estar acompañado de un acompañamiento terapéutico y espiritual”.

El texto indica que se le han hecho pruebas al sacerdote, sin especificar de qué tipo, que revelan que debido a su edad “tiene dañado el cerebro corteza orbitofrontal, que juega un papel clave en la evaluación de las consecuencias de las acciones y en la inhibición de comportamientos”. No hay más detalle de este intento de justificación a sus acciones. Lo que sí se incluye al final es que, aunque se mantienen las restricciones impuestas, “siguen llegando noticias de comportamientos inadecuados en sitios públicos”.

La carta no está completa y faltan algunos datos clave sustituidos por puntos suspensivos, como la fecha en la que se impusieron las prohibiciones al religioso. Fuentes conocedoras del caso confirman a elDiario.es que la misiva se recibió en los emails de los padres de los alumnos del Colegio Infantes de Toledo y que se trata de un borrador escrito para que el Arzobispado lo rematase y fuese enviado al Vaticano.

Esas mismas fuentes apuntan a que el autor de la misiva y quien envió el correo por error es el director del Colegio Infantes de Toledo, Ángel Camuñas. Camuñas, de 56 años, ha ejercido diversas funciones dentro de la jerarquía de la Iglesia en Toledo, y está a cargo del Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo desde 2022. Según ABC, Camuñas envió otro email a los padres pidiéndoles disculpas y asegurando que lo que se describía en la carta “nada tiene que ver con el colegio, ni con personas que trabajen en el centro o con menores”.

El procedimiento seguido indica que los presuntos abusos sexuales de J.M.G. se habrían producido contra menores o adultos vulnerables –personas con discapacidad–, porque la normativa aprobada por el papa Francisco (en la carta Vos Estis Lux Mundi) obliga a informar al Vaticano cuando un sacerdote ha cometido alguno de estos actos.