La Iglesia bloquea el pacto y rechaza que las víctimas de pederastia indemnizadas puedan pedir más dinero

Este viernes, los Reyes fueron recibidos por León XIV, en una visita que tiene lugar tres meses antes del viaje del Papa a España. Felipe VI y Letizia acudieron acompañados, además de por la embajadora, Isabel Celáa, y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien posteriormente mantuvo un encuentro con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Bolaños llegó a Roma sin el esperado protocolo a tres bandas (Iglesia-Gobierno-Defensor del Pueblo) para la reparación integral de las víctimas de abusos, que diera continuidad al histórico acuerdo firmado el 8 de enero, un día antes de que se anunciara, por parte de la Iglesia española, el viaje del Papa. Todo, pese a que días antes se había filtrado que el acuerdo estaba prácticamente cerrado.

¿Qué ocurrió? Básicamente, que los obispos se negaron a firmar un acuerdo que otorgará a las víctimas un papel protagonista a la hora de determinar las indemnizaciones a percibir, y que supera los acuerdos alcanzados a través del plan PRIVA, un organismo creado de manera unilateral por la Iglesia española para reparar a los supervivientes de la pederastia clerical. Un año y medio después de su entrada en vigor, apenas ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis, con una cuantía acordada de dos millones de euros, y que ha cosechado críticas, casi unánimes, de las asociaciones de víctimas.

Este miércoles, tras dos reuniones, se supo que, aunque todas las partes aseguraban que el acuerdo se encontraba “muy avanzado”, de momento, no habría firma. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, cierto 'malestar' en el Ejecutivo ante las filtraciones a varios medios, dando por hecho la firma del acuerdo.

La segunda (y tal vez, la que explica el “retraso”, que no “desacuerdo”, en la firma), el empeño de los obispos en que el ministro Bolaños no fuera este viernes a Roma blandiendo un acuerdo, cuando aún se está a la espera de la confirmación definitiva del itinerario del viaje del Papa. Un tema no menor, pues el Vaticano ya ha mostrado su malestar con los errores de comunicación de la CEE, que ha llegado a filtrar buena parte del programa antes de que lo hiciera la Santa Sede, como es preceptivo.

No volver a indemnizar a las víctimas

La tercera, en la que las partes no logran ponerse de acuerdo, es la rotunda negativa de los obispos a incluir una petición, innegociable, por parte de las víctimas de abusos. ¿Cuál? Abrir la puerta para que aquellas víctimas que habían aceptado el dictamen del Plan PRIVA, pero no estuvieran de acuerdo con la reparación recibida –hasta la fecha, la única vía de indemnización para los supervivientes– pudieran reclamar, en segunda instancia, ante la nueva herramienta, dirigida por el Defensor del Pueblo.

Para los obispos, resulta fundamental no dar la sensación de que el plan PRIVA se convierte únicamente en una primera instancia, dejando toda la responsabilidad final al dictamen del Defensor del Pueblo, como por otro lado refleja el acuerdo firmado el 8 de enero.

La última diferencia, esta no insalvable (de hecho, se había avanzado casi hasta el acuerdo), estaría en los baremos a utilizar, mucho más beneficiosos para las víctimas que los que actualmente maneja la Iglesia desde el plan PRIVA, y si éstos serían de obligado cumplimiento en el caso del procedimiento seguido por la Conferencia Episcopal. Tampoco hay diferencias en la exigencia de los supervivientes de tener voz y voto en el proceso, ni mucho menos en que las indemnizaciones no tributen a Hacienda. Y es que el dinero no es problema para una CEE que este año recibió 429 millones de euros a través de la ‘X’ en la Renta. Las previsiones más optimistas estiman que “en ningún caso” se superarían los diez millones de euros en indemnizaciones, habida cuenta de que el convenio afecta solo a los casos prescritos civilmente, y que una vez aprobado tendrá una duración de un año (ampliable a otro).

Las víctimas, hartas

Tras conocerse la falta de acuerdo, varias asociaciones de víctimas mostraron su profundo malestar ante la actitud de los obispos. “Dilatar más en el tiempo estas medidas es un intolerable ejercicio de revictimización, uno más en la larga lista de la Conferencia Episcopal de España”, señala Juan Cuatrecasas, quien exige que “esta próxima semana firmen el convenio, porque en caso de seguir situándose por encima del bien y el mal, las asociaciones convocaremos movilizaciones. La sociedad civil está de nuestro lado”.

Por su parte, la Asociación Nacional Infancia Robada y la ONG Justice Initiative España pide al Vaticano “valorar la posibilidad de aplazar la visita del Papa a España, priorizando la situación del desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo”. En cuanto al Gobierno, y “dado que los plazos para el acuerdo [estaban estimados en un mes, desde el 8 de enero] y han sido rebasados, quizá debería actuar de forma unilateral”.

Una de las víctimas que pasó por el plan PRIVA, y aceptó la indemnización pese a considerarla “claramente insuficiente”, cree que es “imprescindible” que el convenio permita recurrir las reparaciones recibidas, si los baremos del Defensor del Pueblo son superiores, o si se estima que no se ha actuado con equidad. “Ahora mismo, las indemnizaciones son ‘lentejas’. O aceptas lo que te da la Iglesia, o te quedas sin nada. Algunos no tuvimos más remedio que aceptarlas, pero si ahora se abre otro camino, quiero tener el derecho de adherirme a él”, relata para elDiario.es.

Y es que, a la hora de firmar la conformidad con la propuesta del plan PRIVA, la víctima se encuentra con citas como la siguiente: “Con el pago de la citada cantidad con el concepto señalado, las partes dan por cerrado el proceso, se dan por saldadas y liquidadas, y reconocen no tener nada más que reclamarse entre ellas”.

“Esa redacción blinda a la Iglesia: convierte la reparación en un cierre total que impide reclamar en el futuro, incluso cuando la víctima no está conforme o cuando no ha existido una motivación desglosada y verificable”, señala este superviviente, que lamenta cómo “muchas víctimas llegan a PRIVA en situaciones de precariedad socioeconómica y vulnerabilidad extrema. En ese contexto, ‘aceptar y firmar’ no siempre es una decisión libre, sino una necesidad”.

“Si el sistema aprovecha esa asimetría para imponer un cierre absoluto, el riesgo de mala fe y de revictimización institucional es evidente”, denuncia, mostrando su firmeza, y advirtiendo: “Si el convenio final nos excluye y nos deja como víctimas de segunda para ahorrarle costes a la Iglesia, estamos decididos a llevarlo por la vía jurídica e impugnar el acuerdo por vulnerar el principio de igualdad”.

Toda la información en www.religiondigital.org