300 víctimas de pederastia en la iglesia acuden al Defensor del Pueblo en 15 días, el doble que a los obispos en un año
Las víctimas optan por el Defensor del Pueblo. En dos semanas, según datos adelantados por la Ser y confirmados por elDiario.es, la nueva plataforma creada por el acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y Confer, ha recibido 300 solicitudes de reparación. Esta vía, que abría un canal de reparación fuera del control de la Iglesia para víctimas de la pederastia eclesial, ha recibido en apenas 15 días el doble de peticiones que el plan PRIVA desde su creación en febrero de 2025, hace más de un año. En concreto, las víctimas que optaron por ese canal, creado unilateralmente por la Iglesia, fueron 156.
Los datos conocidos este jueves revelan la necesidad de las víctimas de encontrar canales de reparación alternativos al establecido, unilateralmente, por la Iglesia, sin la participación estatal y sin que los supervivientes de la pederastia clerical estuvieran representados.
Según fuentes oficiales, desde que el PRIVA empezó a recibir solicitudes de reparación, en febrero de 2025, hasta primeros de abril, se han recibido 156 solitudes. 15 de ellas, por cierto, desde que se firmó el histórico protocolo para dotar al Defensor del Pueblo de la capacidad de decidir, bajo la tesis defendida por el ministro Bolaños (y censurada por los obispos): “El Estado determina la cuantía, la Iglesia paga”.
En total, desde PRIVA se han emitido 94 dictámenes de reparación integral. No hay cifras totales en cuantía económica, pero en marzo fueron ya dos millones en lo que tiene que ver con la primera parte de la reparación. De hecho, tal y como ha podido saber RD, entre las 300 solicitudes hay “varias” que buscan que se vuelva a valorar la indemnización recibida a través del canal episcopal.
La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramita a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación aprobado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución. Si no hay acuerdo, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. Otra de las novedades es que las víctimas verán reconocido su estado a efectos civiles.
Para Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR-Infancia Robada, “es una cantidad que no me resulta sorpresiva”. De hecho, tanto en ANIR como en AVA “estamos recibiendo llamadas de víctimas y supervivientes desde que se abrió el plazo”. “La cantidad seguirá subiendo”, augura.
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