No se prenderán hogueras de San Juan este año en Álava. Tampoco en Vitoria. La Diputación ha decidido cancelar la celebración de las hogueras de San Juan en la noche de este miércoles por la ola de calor, que está dejando en la provincia temperaturas cercanas a los 40 grados en algunos momentos del día. Pese a la alerta roja en la que Euskadi está sumida por temperaturas extremas, el Ayuntamiento de Vitoria había decidido seguir adelante con las hogueras, aunque con algunas limitaciones. Los barrios de Arriaga y Judimendi celebran sus fiestas coincidiendo con San Juan, de modo que las hogueras son uno de sus platos fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes máximas de 39 grados en Vitoria. Las hogueras se celebran a las 22:00 horas, momento para el que se esperan 31 grados, según las previsiones de esta misma agencia. En este contexto de altas temperaturas, la Diputación de Álava viene pidiendo desde el comienzo de la semana “extremar la precaución”, con especial atención tanto a la cosecha como, precisamente, a las hogueras de San Juan. “El riesgo existe y cualquier negligencia puede tener consecuencias graves”, apuntaba.

Este lunes, sin embargo, la Diputación señalaba que las hogueras en suelo urbano son competencia de los diferentes ayuntamientos, de modo que quedaba en su mano la celebración o la cancelación en función de cada situación concreta. “Fuera de los entornos urbanos, la realización de hogueras y el uso del fuego están prohibidos”, añadía. Este martes, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha anunciado que se ha revisado la normativa y que se ha llegado a la conclusión de que la Diputación sí tiene competencias para suspender las hogueras. En su comparecencia, posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, ha aprovechado para pedir “responsabilidad y colaboración” a la ciudadanía.

La prohibición se ha materializado a través de una orden foral, en vigor hasta la medianoche y prorrogable, que impide prender fuego en espacios abiertos. Así, además de las hogueras, tampoco se pueden encender barbacoas o braseros de exterior, entre otros. La medida, según ha explicado el diputado general, es “excepcional, preventiva y proporcionada a la situación de riesgo”. “Sabemos que las hogueras de San Juan forman parte de una tradición muy querida, pero en las condiciones actuales una chispa puede tener consecuencias muy graves. Pedimos responsabilidad y colaboración a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a las entidades organizadoras para evitar cualquier situación de riesgo”, ha transmitido el diputado general.

Cancelaciones en otras localidades

La comisión de fiestas de Judimendi había decidido, tras “pensarlo mucho”, seguir adelante con las actividades ya planificadas, aunque con un fuego más limitado que el habitual. “Además, el lanzamiento de objetos al fuego estará totalmente prohibido para garantizar la seguridad de todas. Solicitamos responsabilidad colectiva y para ello os pedimos que sigáis los consejos y normas de la gente que estará en la organización”, pedían. Arriaga, por su parte, había anunciado que se empaparían de agua las inmediaciones del fuego como medida de prevención.

En las últimas horas, ha habido un goteo de cancelaciones en localidades alavesas. El Ayuntamiento de Llodio ha anunciado que, a raíz de la alerta roja, el programa de las fiestas se mantiene, pero sin fuego y, por tanto, sin hogueras. “Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos a actuar con prudencia y responsabilidad”, ha pedido el Consistorio. Las hogueras se han cancelado también en Iruña de Oca. “En atención a la situación creada por las altas temperaturas y las alertas declaradas por las autoridades competentes en la materia, y para descartar cualquier posible riesgo de incendios, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de suspender el encendido de la hoguera de San Juan”, ha escrito el Consistorio en la red social X.

Para encontrar Bedaio, un pequeño barrio rural de Gipuzkoa que según los datos de población más recientes no supera el centenar de habitantes, hay que buscar en el mapa el parque natural de Aralar, en la esquina nororiental, en la 'frontera' con Navarra. La villa de Tolosa, a cuyo municipio pertenece administrativamente esta población, se encuentra más al norte, a no menos de 17 kilómetros. De hecho, el territorio de Bedaio conforma un exclave, pues no está conectado a ningún otro barrio del municipio de Tolosa. El pueblo de Amezketa, que también tiene ayuntamiento, les queda a los habitantes mucho más cercano. Es el principal motivo que ha llevado a los consistorios de ambos municipios a elaborar un plan y los informes preceptivos, de tal manera que Bedaio pase a estar adscrito administrativamente a Amezketa.

Bedaio es una población diseminada: sin núcleo, sus habitantes se dividen entre diversos caseríos. Están Gurbillaundi, Illorreta, Zugastibarrena... Históricamente, Bedaio fue jurisdicción de los marqueses de Berastegi, aunque en el siglo XVI quedó encuadrado ya en Tolosa. El 'Diccionario geográfico-estadístico-histórico' de Pascual Madoz, de mediados del siglo XIX, le asignaba una población de más de 450 habitantes, repartidos en una quincena de caseríos y dedicados al ganado y la labranza. Por entonces, las tierras, aunque dependientes administrativamente de Tolosa, eran propiedad del marqués de Legarda, encargado también de la gestión de la iglesia. Con el tiempo, la población ha disminuido. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 Bedaio contaba con 96 habitantes, de los que 46 eran hombres y 50 mujeres.

Mikel Arteaga es alcalde de Amezketa. “Nos hicieron una petición los vecinos para analizar el paso de Tolosa a Amezketa”, ha explicado en unas declaraciones a Euskadi Irratia. “Es una petición hecha con total naturalidad, no hay nada de confrontación. Es la lógica del día a día”, subraya Nekane Izagirre, una de las vecinas de Bedaio.

Los trámites ya están en marcha. Se ha constituido una mesa interinstitucional para el 'traspaso' de Bedaio de un municipio a otro. “Entre los factores fundamentales que explican el cambio de municipio de Bedaio destaca el de su ubicación geográfica; se encuentra a 17 kilómetros del casco urbano de Tolosa por carretera, y no linda con ningún otro barrio de Tolosa. La vida de la mayoría de habitantes de Bedaio está arraigada desde hace tiempo en Amezketa, y entre otros factores, la escolarización de la gran mayoria de niños/as se produce en la escuela de Amezketa. Además, Amezketa es un municipio de carácter rural, y el sector primario es de gran importancia en Bedaio, por lo que recobra su importancia el contacto diario con Amezketa”, explica.

La mesa ha informado, además, de que se ha encomendado a la empresa Siadeco la confección de un informe que reúna la información necesaria (datos sobre superficie y ventajas que acarreará el cambio de municipio, por ejemplo) para cumplir con la ley. La normativa que rige estos procedimientos es una norma foral de 2003, reguladora de las demarcaciones municipales de la provincia, aunque con modificaciones de 2025. Ahora, se necesita que los plenos de ambos ayuntamientos, el de Tolosa y el de Amezketa, aprueben la iniciativa, para que luego la decisión final la adopte la Diputación. “El cambio de municipio de Bedaio cumple con todos los requisitos que establece la norma foral, incluida la viabilidad económica”, sostiene la mesa.

Esta mesa, se explica, se encargará de “monitorizar y hacer cumplir la hoja de ruta del proceso”. Además, para dar a conocer la iniciativa a todos los vecinos, se han organizado sesiones informativas (este lunes en Tolosa y este martes en Amezketa) y se pondrá en marcha la plataforma denominada Erabaki, con un buzón a través del que se responderán dudas.

En lo que va de 2026, en Euskadi se han ejecutado 55 desalojos, desahucios o lanzamientos de las viviendas de alquiler protegido gestionadas por el Gobierno vasco a través de sus sociedades o entidades públicas. Han sido 14 en Álava, 27 en Bizkaia y otros 14 en Gipuzkoa. En el año completo de 2025, el número ascendió hasta los 71. Son datos que se desprenden de una respuesta en el Parlamento Vasco del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE-EE, a una pregunta formulada por Ana Morales, representante del PP.

Desde comienzos de año hasta finales de mayo, el Gobierno vasco y sus sociedades han presentado 70 demandas de desahucio: 22 en Álava, 36 en Bizkaia y 12 en Gipuzkoa. Estas demandas se presentan por diversos motivos: impagos no justificados (37), fin del plazo e incumplimiento de los requisitos para la renovación (23), ocupación ilegal (7) y fin del plazo y falta de entrega de las llaves (3). En 2025, el último año completo, se presentaron en total 188 demandas de desahucio, según la información remitida a la Cámara.

Hasta el último día de abril, además, se registraron un total de 9.912 rentas impagadas en el conjunto de parques de vivienda del Gobierno vasco, que incluyen Alokabide y Bizigune (casas privadas cedidas a la Administración para su incorporación al parque protegido) entre ellas. La suma del importe impagado pendiente de las tres provincias supera los 1.300.000 euros, con más de 592.000 euros pendientes en Bizkaia, 394.000 en Álava y 327.000 en Gipuzkoa.

La respuesta brindada por el consejero recoge también el número total de viviendas en alquiler gestionadas por la sociedad pública Alokabide y su situación. A fecha de 1 de junio, el total ascendía a 17.618, de las que 16.121 estaban arrendadas y ocupadas, mientras que 122 estaban adjudicadas pero pendientes de ocupar, 503 en proceso de admisión del programa Bizigune, que capta viviendas vacías, y 5 en proceso de adjudicación.

La Defensoría del Pueblo (el Ararteko) ha reprochado al Ayuntamiento de Vitoria que no ofreciera una “respuesta más proactiva” ante las “múltiples y reiteradas” agresiones que se venían sucediendo a la entrada de la discoteca Mítika. Fue allí donde, en una madrugada de febrero de 2025, un portero del local golpeó a un cliente que esperaba para entrar, Kerman Villate, de 31 años, que cayó al suelo muerto. La defensoría, dirigida por Mikel Mancisidor, sostiene que la respuesta por parte del Consistorio habría debido ir más allá de la “intervención puntual” de la Policía local. En la vía judicial, el caso sigue sin resolución.

Según se recoge en la resolución del Ararteko, adelantada por 'El Correo', entre enero de 2023 y la fecha de la muerte de Villate, la Policía local desarrolló un total de 29 actuaciones en Mítika, trece de ellas por “agresiones y empujones del personal de control de accesos de la discoteca”. Asimismo, se esbozaron hasta cuatro atestados que se remitieron al juzgado de guardia, tres por “presunta agresión con lesiones” y uno más por “presunto delito de discriminación racial [o] delito de odio”.

El Ararteko se apoya en noticias publicadas en prensa para aludir a “numerosas irregularidades” relacionadas con la falta de habilitación de los porteros. Este mismo mayo, el Gobierno vasco ha aprobado una modificación del reglamento correspondiente —la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas— que busca, entre otros objetivos, dotar de mayor seguridad a los procesos de revocación de las habilitaciones del personal de admisión. Si bien es obligación de la empresa titular cerciorarse de que su personal cumple con estos requisitos, el Ararteko defiende que la Policía local, que se desplazó hasta el lugar en más de una ocasión, podría habérselo hecho saber, lo que habría “facilitado la adopción de medidas adecuadas para evitar que las conductas violentas por parte del personal de control de acceso se siguieran produciendo”.

La actuación de algunos de los miembros del personal de control de acceso estaba alterando, dice el Ararteko, “la convivencia y el disfrute del ocio de las personas que acudían al local”. Y ello se debía, en parte, a que el Ayuntamiento no estaba adoptando “las medidas adecuadas y suficientes para paliar [...] los efectos negativos concretados en la actuación” de esos trabajadores.

La resolución, que pide mejoras que posibiliten un control preventivo en los locales de ocio, se ha formulado a raíz de una queja presentada por los padres del fallecido. Se quejaban de la “inacción” y de la “falta de respuesta” por parte del Ayuntamiento. En otros foros, ya habían protestado por lo mismo. En una comparecencia en el Parlamento Vasco, por ejemplo, criticaron la “permisividad” de las instituciones con las empresas del sector del ocio nocturno. Se ha presentado recientemente una asociación que busca esclarecer “toda la verdad” sobre el crimen. Entre otros objetivos, se marca el de conseguir “la revisión y corrección de las respuestas ofrecidas por las instituciones públicas”.

La Justicia ha absuelto al acusado de vandalizar con pintura negra y embadurnar de heces la tumba de Fernando Buesa, político del PSE-EE asesinado por ETA en el año 2000. La sentencia de la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria, firmada por el magistrado Roberto Ramos, recoge que ha quedado acreditado que junto al panteón se encontró “un trozo de una bolsa de plástico blanco en la cual fueron localizadas sendas huellas correspondientes a los dedos pulgares de ambas manos del acusado”. El acusado alegó, sin embargo, que regenta una tienda en la que se ofrecen bolsas de ese tipo con los productos y que por ello podían encontrarse sus huellas dactilares. La sentencia suscribe la tesis de que esta prueba no resulta “suficiente como para fundar o basar” en ella una condena. “Tal versión exculpatoria o alternativa [ofrecida por el acusado] no resulta del todo extraña, descabellada, inverosímil o increíble”, recoge.

El mausoleo de la familia de la esposa de Fernando Buesa, en el que está enterrado también el que fuera vicelehendakari y dirigente del PSE-EE, se encuentra en el cementerio de Santa Isabel. En apenas 24 horas, entre el 4 y el 5 de octubre de 2023, hubo dos ataques contra su memoria. Primero, el monolito que recuerda tanto a él como a su escolta —Jorge Díez, asesinado en el mismo atentado— apareció pintado de negro. Poco después, se produjo el ataque con pintura y heces, que acarreó contundentes mensajes de repulsa de las principales autoridades vascas, incluido el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu. “Este nuevo ataque a la tumba me ha golpeado muy adentro. Respiro mi dolor y me repito: que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. Seguiré cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie”, escribió entonces Sara Buesa, hija del político asesinado.

La sentencia, fechada este lunes, sostiene que la versión del acusado ahora absuelto concordaba con “el hecho común de que la persona que regenta una tienda o comercio proceda a abrir una bolsa para introducir en su interior el producto comprado por el cliente, para lo cual el dependiente de forma usual introduce sus manos o alguno de sus dedos en la bolsa para abrirla y tener fácil acceso a su interior (ya que las bolsas habitualmente están pegadas y muy juntas)”. “Y la versión ofrecida por el acusado resulta suficiente como para contradecir la versión incriminatoria que se realiza contra él”, abunda.

El magistrado recrimina a la Policía local, que fue la encargada de confeccionar el atestado, que no practicase una prueba de ADN a las heces, lo que, considera, habría resultado “muy útil, claramente concluyente y esclarecedor sobre la autoría de los hechos”. El agente municipal alegó que le constaba que la Policía científica no analiza heces y que estas habitualmente no contienen manterial genético que permita cincelar un perfil. “Más allá de la experiencia que pudiera tener dicho agente en supuestos similares, creo que es más que dudoso desde un punto de vista científico o técnico que no se pueda obtener un perfil genético o una muestra de ADN de restos de heces”, le reprocha el juez.

Tanto la Fundación Fernando Buesa Blanco, que honra la memoria del político asesinado, como el Ayuntamiento de Vitoria ejercían la acusación particular. Contra la sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.

El empresario e ingeniero José Ignacio López de Arriortua, conocido como 'Superlópez', ha fallecido este miércoles. Tenía 85 años. Nacido en la localidad vizcaína de Amorebieta, comenzó trabajando para Firestone y en 1980 fichó por la estadounidense General Motors, en la que llegó a desempeñar un cargo directivo. Casi tres lustros después, en 1993, se marchó a la alemana Volkswagen, donde alcanzó el puesto de vicepresidente, si bien lo hizo entre acusaciones de espionaje por General Motors. Las acusaciones cristalizaron en un proceso judicial que se cerró con el compromiso de la empresa alemana de abonar cien millones de dólares a la estadounidense y de adquirir de ella durante años componentes, que alcanzaron una suma total de más de mil millones.

López de Arriortua, nacido en 1941, cursó estudios de Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao, en al que se doctoró. Sus primeros pasos laborales los dio en la planta de Firestone en Basauri. De General Motors se machó a Volskwagen con la intención de abrir una fábrica en su localidad natal que pudiera dar trabajo a cuatro millares de personas. “Es el único proyecto que no me ha salido en mi vida. Pero sigo albergando la esperanza de que un día...”, explicaba, muchos años después, en una entrevista concedida al periódico 'Deia'. “Es que solo hace falta que algún político vea la oportunidad”, recalcaba. En otra entrevista, en este caso con 'Abc', presumía de ser el “salvador” de ambas empresas, tanto de General Motors como de Volkswagen.

En enero de 1998, sufrió un accidente de tráfico al colisionar con un camión el vehículo en el que viajaba. Perdió la memoria durante más de un mes y pasó tres en el hospital. Una vez recuperado, se retiró a Busturia con su esposa, Margarita Urquiza, y sus tres hijas.

A pocos días de que se cumplan 46 años de la desaparición de José Miguel Etxeberria Álvarez, alias 'Naparra', el Observatorio Vasco de Derechos Humanos ha solicitado de manera formal la desclasificación “inmediata” de los documentos relacionados que obren en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), heredero del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). 'Naparra', que había pertenecido a ETA político-militar primero y a ETA militar después, se integró más tarde en los Comandos Autónomos Anticapitalistas, en los que llegó a destacarse como líder. Huido a Francia en 1978, desapareció el 11 de junio de 1980.

La petición se ha hecho a través de un escrito, fechado el 4 de junio, dirigido a seis diputados (Mertxe Aizpurua, de EH Bildu; Maribel Vaquero, del PNV; Rafaela Romero y Adriana Maldonado, socialistas; Ione Belarra, de Podemos, y Lander Martínez, de Sumar) y cinco senadores (Estefanía Beltrán de Heredia, del PNV; Uxue Barkos, de Geroa Bai; Gorka Elejaberrieta, de EH Bildu, y Nuria Medina y Alfonso Gil, socialistas). Se les solicita que “promuevan [...] la desclasificación inmediata de la documentación obrante en el CESID (actual CNI) relativa al secuestro, desaparición y ocultación de los restos mortales” del desaparecido.

En el escrito, en una sección dedicada a recoger los hechos, se apunta a que Ramón Francisco Arnau de la Nuez, que habría prestado “servicios para el CESID en la época de los hechos”, ha declarado “públicamente, bajo su nombre y responsabilidad, que durante su pertenencia a los servicios de inteligencia españoles tuvo conocimiento directo y fehaciente de la localización exacta de los restos mortales”. Con unas coordenadas, de hecho, apuntó a la localidad de Brocas, en el departamento de las Landas.

Esta declaración, se sostiene en el escrito firmado por Agus Hernán, coordinador del observatorio, “constituye una prueba indiciaria sólida de que los servicios de inteligencia españoles elaboraron en su día informes operativos, notas de seguimiento o al menos documentación de inteligencia territorial donde se consignaron los datos geográficos del enterramiento clandestino”. “Dicha documentación, de existir y todo apunta a que existe, sigue en poder del Estado y permanece ilegítimamente clasificada”, abunda. Se apoya en el derecho internacional, concretamente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2009 y ratificada por España, para sostener que existe un “derecho inalienable a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la suerte de la persona desaparecida y el paradero de sus restos”.

Alude, además, a un “principio de proporcionalidad” para alegar que no hay motivos para mantener el secreto. “No hay fuentes activas que proteger. No hay planes militares en curso”, dice, por ejemplo. “El perjuicio de desclasificar es nulo para la seguridad nacional. El perjuicio de no desclasificar es inmenso para la familia: 46 años de duelo interminable, de incertidumbre, de sufrimiento, de búsqueda permanente”, añade. “Lo que sentimos es un dolor continuado que seguimos padeciendo desde hace 41 años, no podemos cerrar la herida hasta que no demos con él. No solo es que te arrebaten y maten a tu ser querido, sino que te impiden que puedas hacer el duelo”, contó en 2021 Eneko Etxeberria, hermano del desaparecido, a este periódico, con motivo del estreno de un documenta.

Batallón Vasco Español

Recoge el Comité de Víctimas del Terrorismo (Covite) que la autoría de este caso es “confusa”. 'Naparra' habría acudido a una cita en San Juan de Luz y ya no se le volvió a ver. Tan solo apareció su vehículo. Días después de su desaparición, una llamada anónima al periódico 'Deia' reivindicó el secuestro en nombre del Batallón Vasco Español (BVE), grupo terrorista parapolicial y de extrema derecha. “Reivindicamos el secuestro de 'Naparra' en Ciboure, en Francia. Está en España. Después de los últimos asesinatos de ETA su suerte está echada. El Batallón Vasco Español es la única solución. Viva la Unidad de España — Batallón Vasco Español, Comando Esteban Beldarrain”, proclamaba en el comunicado.

Un mes después, y a través de una llamada anónima, este mismo grupo terrorista volvió a ponerse en contacto con el periódico y comunicó que lo había asesinado y que lo había enterrado cerca de San Juan de Luz: “José Miguel Etxeberria 'Naparra' ha sido ejecutado el día 30 y está enterrado cerca de Biarritz, por la zona de Txantako. Nuestros comandos seguirán actuando en Francia contra los terroristas marxistas de ETA y contra instalaciones turísticas del Sur de Francia y Costa Azul”. El grupo terrorista de extrema derecha llegó a revindicar el secuestro y asesinato hasta en cinco ocasiones, apuntando a cinco localizacones distintas.

Sin embargo, se rumoreó también que los autores podrían haber sido sus propios compañeros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que pusieron en duda la reivindicación que achacaba la desaparición al BVE. También se habló de ETA. El pasado abril, la familia de 'Naparra' pidió retirar al desaparecido del Memorial de Víctimas del Terrorismo al entender que este apuntaba a ETA y no al Batallón Vasco Español como responsable de su desaparición. La institución se escudó en que la información se ajustaba a lo que se conocía, sin descartar “ninguna de las hipótesis posibles”.

Se han rastreado varias zonas de Francia a lo largo de los años, pero todas las búsquedas han resultado infructuosas. En 1999, por ejemplo, la Audiencia Nacional admitió una querella interpuesta porla familia, pero el caso se volvió a zanjar como “supuesta desaparición”. En 2016, se reabrió nuevamente y un año después, en 2017, se buscó en otra zona de la localidad de Labrit, nuevamente sin éxito.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, ha presentado este martes la iniciativa 'Donostiarra 2040. Topera', que prevé la inminente creación de siete grupos de trabajo, conformados por 156 personas, que abordarán asuntos como la vivienda, la economía, las infraestructuras, la seguridad y la cultura. Las sesiones van a comenzar ya este mismo miércoles y se prolongarán hasta final de año, en puertas de las elecciones municipales. Se destaca que las personas que participarán en ellas están “comprometidas”, y se incluyen “servidores públicos, ciudadanos implicados en sus barrios, expertos y profesionales de diversos sectores, referentes en la universidad y el mundo académico, y nuevos referentes donostiarras”, según se explica desde el Ayuntamiento.

El alcalde 'jeltzale' ha dado a conocer la iniciativa en un acto celebrado este martes en el teatro Victoria Eugenia. Ha estado acompañado de Ane Oyarbide, teniente de alcalde y cabeza de la parte del PSE-EE en el Gobierno local de coalición. “El verdadero protagonista de esta reflexión no es la ciudad en abstracto. Somos los donostiarras. Las ciudades que han sabido construir bienestar también saben que el futuro no se hereda: se vuelve a conquistar en cada década por cada generación que incorpora nuevas ideas y voces”, ha señalado Insausti.

Los grupos de trabajo van a abordar siete materias diferentes: “vivienda accesible en barrios vivos”, “ciudad de proximidad y las infraestructuras clave”, “economía fuerte, innovadora y basada en el conocimiento”, “ciudad de los cuidados y el diálogo intergeneracional”, “seguridad, convivencia y cohesión social”, “cultura, identidad y posicionamiento internacional” y “confianza institucional y alianzas estratégica”. Cada una de las mesas hará un “diagnóstico” y, tras unas deliberaciones, confeccionará un “capítulo de conclusiones”. “Queremos que el centro del debate seamos nosotras y nosotros, las y los donostiarras. Quienes viven la ciudad. Quienes la hacemos posible. Los verdaderos protagonistas”, ha reiterado este martes Insausti.

En su intervención ante los alrededor de 400 asistentes, el alcalde ha admitido que “vivir en Donostia cada vez cuesta más” y ha apuntado a la vivienda como el “gran reto generacional” del momento. “El envejecimiento cambia completamente las necesidades de una ciudad y debemos cuidar más y mejor el espacio público, la convivencia y la seguridad”, ha señalado. La socialista Oyarbide, por su parte, ha asegurado que Donostia cuenta con los “mimbres necesarios” para montarse en el “tren del progreso y la prosperidad”. “Y todo ello preservando aquello que nos hace únicos: nuestra calidad de vida, nuestra cultura, nuestra identidad y la escala humana que caracteriza a Donostia”, ha apelado.

Euskadi se prepara ya para el eclipse solar del 12 de agosto, para el que apenas restan dos meses. A las 20:27, en algunas zonas, se podrá apreciar la totalidad, el momento en el que la Luna cubrirá por completo al Sol. Este fenómeno dará lugar a fenómenos únicos como las perlas de Baily y el anillo de diamante. Pero hay varios factores que se deben tener en cuenta para potenciar el disfrute. Además de recurrir al mapa para saber qué zonas se verán premiadas con esta totalidad, es necesario echar un vistazo a la previsión meteorológica para esa jornada. A tantos días, es imposible emitir predicciones sobre cuáles serán las condiciones de ese día, pero sí existen estudios que, al menos, muestran qué puntos suelen verse más afectados por la nubosidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado un estudio que analiza la frecuencia con la que el cielo ha estado despejado en cada región de España. Se ha apoyado para ello en unos datos proporcionados por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. “Es importante tener claro que este estudio no es una previsión meteorológica de lo que ocurrirá el 12 de agosto, sino una estimación de qué zonas suelen tener mejor visibilidad por nubosidad en esos días y horas de agosto”, matiza. “Estas reconstrucciones, aunque tremendamente útiles, no son perfectas y tienen una determinada incertidumbre. Las nubes, en concreto, son uno de los fenómenos atmosféricos más complejos de representar correctamente”, añade. Por ese motivo, ha complementado esa información con la estimada por satélite.

En primer lugar, es importante tener claro qué lugares participarán de las totalidad. En Bilbao, por ejemplo, se podrá disfrutar durante apenas 30 segundos. En Vitoria, durante poco más de un minuto. En Laguardia, serán hasta 79 segundos. En este visualizador se puede ver, minuto a minuto, cómo será el desarrollo del eclipse.

Sabido esto, se puede prestar atención al mapa confeccionado por AEMET. “Los colores rojos, naranjas y amarillos representan zonas donde los cielos despejados o poco nubosos son menos frecuentes, mientras que los tonos azules y verdes indican mayores probabilidades de buena visibilidad”, explica la agencia. Se da la circunstancia de que la franja cantábrica es “la zona de mayor frecuencia de nubosidad”. La mitad sur de la península Ibérica, por su parte, es la que presenta una mayor frecuencia de cielos despejados, pero queda fuera de la franja de totalidad del eclipse.

Así, es el interior perninsular el que muestra mayores frecuencias de cielos pocos nubosos o incluso despejados. “Son zonas donde el tiempo veraniego suele ser relativamente estable, pero donde pueden aparecer nubes de evolución durante la tarde”, explica AEMET. En el caso de Euskadi, la zona meriodional de Álava es la que presenta un mayor porcentaje de probabilidad de cielos despejados, con hasta un 50%.

En cualquier caso, AEMET recalca que “conviene insistir” en que este estudio “no prodice qué ocurrirá [el 12 de agosto] en concreto”. ¿Qué alternativa queda? “Para poder tener esta previsión habrá que esperar a unos pocos días antes del 12 de agosto”, zanja.

Una nueva asociación, que se va a dar a conocer en sociedad con dos actos (uno en el centro de cultura Izaskun Arrue en euskera el 9 de junio y otro en el palacio de congresos Europa en castellano el 16), busca esclarecer “toda la verdad” sobre el crimen acaecido en la entrada de la antigua discoteca Mítika de Vitoria. En la madrugada del 22 al 23 de febrero de 2025, uno de los porteros del local golpeó a un cliente que esperaba para acceder, Kerman Villate, de 31 años. Este cayó muerto. Los impulsores de la nueva asociación, conocida como Egia Kermanentzat (que puede traducirse del euskera como “Verdad para Kerman”), consideran que la respuesta del sistema judicial ha sido “inadecuada”.

La Audiencia Provincial de Álava estimó que los hechos pendientes de juicio no son constitutivos de un homicidio imprudente y el Tribunal Supremo, sin entrar al fondo del asunto, cerró definitivamente la puerta a que se pudiesen juzgar como homicidio doloso o asesinato. El rango de penas que se pueden pedir para el acusado queda, de esta manera, mucho más limitado. La familia, en repetidas ocasiones, ha pedido un “juicio completo” del crimen. En una comparecencia ante el Parlamento Vasco, los padres de la víctima sostuvieron que el agresor “sabía que podía matar”. “Hay clientes que atacan a los porteros. Alcohol, drogas, peleas. Pero con Kerman no fue eso. No podemos ir al relato fácil”, se quejaron.

Entre sus propósitos, la asociación se ha marcado el objetivo de trasladar “toda la verdad” a la sociedad. Prevé también “trabajar para que la verdad sobre la agresión sufrida por Kerman Villate sea reconocida tanto social como institucionalmente”. En un tercer punto, adelanta que solicitará “la revisión y corrección de las respuestas ofrecidas por las instituciones públicas”. Quiere, además, “promover medidas que garanticen la verdad, la justicia y la reparación”. Por último, desarrollará también “labores de sensibilización y prevención para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse”.

La asociación anuncia que va a impulsar “actividades de carácter social, jurídico y comunicativo, tomando siempre como principios fundamentales la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación”. Habrá dos presentaciones: una en el centro de cultura Izaskun Arrue, el 9 de junio a las 19:00 horas en euskera, y otra en el palacio de congresos Europa, en castellano, el día 16, también a las 19:00. El programa incluye una presentación de los principales objetivos y las líneas de trabajo de la asociación, un relato de los hechos que llevaron a la muerte del joven y una panorámica de la situación judicial, con un resumen de las decisiones adoptadas y también la visión de la familia.

El nacionalismo vasco no surgió de la nada, sino que existía ya un “sustrato identitario” previo asentado sobre varios factores como eran una lengua propia, una configuración territorial propia, varios mitos y leyendas más o menos enraizados en la realidad y una legislación y una fiscalidad diferenciadas. A partir de esos ingredientes, el naciente nacionalismo fue viviendo “un lento proceso de maduración”.

Es una de las tesis que defiende Xosé Estévez, autor del libro 'Orígenes del nacionalismo en Euskal Herria (1893-1923)', distribuido primero por la fundación Nabarralde y ahora reeditado por la editorial Erein. El Foro Larrazabal ha organizado este viernes un acto para conmemorar el 133.º aniversario del juramento de Larrazabal, con el que Sabino Arana explicitó sus ideas públicamente por primera vez, y en él ha participado, con una disertación, el autor.

Estévez, natural de la provincia de Lugo pero afincado en Euskadi, se doctoró en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto, de la que fue profesor entre los años 1973 y 2011. Ha escrito abundantes obras sobre la cultura y el nacionalismo vascos, además de artículos académicos y en prensa. En una conversación telefónica explica que, según se iba acercando en 2025 el 130.º aniversario de la fundación del PNV, vio que había un hueco que llenar. “Esa efeméride, mis años de docencia, las lecturas que tenía acumuladas y un intento de hacer una especie de síntesis divulgativa sin perder el rigor científico fueron los motivos fundamentales que me llevaron a iniciar esa tarea”, sostiene.

El principal valor añadido de su nuevo libro reside, opina, en la “cohesión”, tanto secuencial como descriptiva, que recorre sus páginas. “El nacionalismo se va configurando desde un sustrato identitario lejano, un contexto más cercano y unos precipitantes inmediatos que desencadenan la explicitación del proyecto”, apostilla. Y así se estructura la obra: comienza con precursores tan lejanos en el tiempo como Manuel de Larramendi, nacido en el siglo XVII, y discurre hasta la crisis de 1923, con la escisión del PNV del ala más radical.

“Sustrato identitario”

Sostiene que el nacionalismo no nació de la nada, sino que ya desde antaño existía un “sustrato identitario” y se fue desarrollando a través de “un lento proceso de maduración”. Alude a un idioma como el euskera, de raigambre preindoeuropea; a una configuración territorial que se puede entrever en tratados de geógrafos e historiadores griegos y romanos como Tito Livio, Estrabón y Pomponio, una configuración territorial en torno a los Pirineos que se dota de un derecho que se asienta sobre el pactismo, la equidad y el sentido comunitario de existencia, y a una fiscalidad particular y una legislación propia, con ejemplos como el Fuero Nuevo de Bizkaia, del que este año se están conmemorando cinco siglos. Y están también los mitos y las leyendas, algunos con más fundamentación real que otros. Y se apoya aquí Estévez en una cita atribuida al historiador francés Georges Dumézil: “El país que no tenga leyendas está condenado a morir de frío; el pueblo que no tenga mitos está muerto”.

El segundo escalón en el recorrido esbozado por Estévez lo marca un periodo histórico en el que el fuerismo se conecta con el nacionalismo vasco. Sostiene que, en ese momento, “algunos elementos, referentes identitarios, procedentes del fuerismo se reformularon, se transformaron y/o matizaron para poder ser recogidos a finales de la centuria por el nacionalismo aranista en nuevo marco histórico y a su vez redefinidos e insertados en un nuevo contexto discursivo y de significación”.

El movimiento en defensa de unos fueros amenazados —el autor habla de sucesivas “podas del árbol foral” con leyes como la de 1876— aporta el bagaje ideológico que luego Sabino Arana, fundador del PNV, asume, acentuando algunos conceptos, como la raza y el patriotismo, y elevándolos por encima de los demás. Según Estévez, de los dos conceptos de nación que coexistían en aquel contexto en Europa, Arana desecha uno —el voluntarista, de corte más liberal— y se queda con otro —el orgánico, que hace hincapié en la cohesión de un pueblo en torno a una raza, una cultura e incluso una religión—.

El tercer escalón lo marcan los sucesos de 1893 y 1894. Se sucedieron varios episodios en poco tiempo. A principios de junio de 1893, Antero Señorena y José López Zabalegui encabezaron un levantamiento fuerista en las inmediaciones de Puentelarreina. En la noche del 27 al 28 de agosto de 1893, varios manifestantes se concentraron ante el hotel de Donostia en el que se alojaba el presidente de España, Práxedes Mateo Sagasta. La Guardia Civil la emprendió a tiros contra ellos, provocando la muerte de seis personas, en la que se conoce como 'la noche de los tiros de Sagasta'.

Y el ingrediente principal de este caldo de cultivo fue la Gamazada, que es como se conoce a la reacción contra los intentos del entonces minstro de Hacienda, el liberal Germán Gamazo, de suprimir el régimen fiscal del que se había dotado Navarra. “En este ambiente tensional, sobre todo bajo el paraguas impulsor de la Gamazada y las algaradas mencionadas, Sabino Arana creyó percibir que la situación estaba madura para explicitar su proyecto nacional, creando una asociación e inmediatamente después un partido”, escribe Estévez. La creación del Euzkeldun Batzokija tuvo lugar el 14 de julio de 1894, mientras que un año y dos semanas después, el 31 de julio de 1895, se eligieron los miembros del primer Bizkai Buru Batzar, dando así lugar al Partido Nacionalista Vasco.

Los disidentes: la integración del inmigrante y de la mujer

En su libro, Estévez reserva un capítulo, el duodécimo, a los disidentes. Por él desfilan nombres como Eduardo Landeta Aburto, Esteban de Isusi Carregalu, Ramón de Belaustegigoitia Landaluce, Francisco de Ulazia Beitia, Jesús de Sarría y Elías Gallastegui, alias 'Gudari'. Son voces discordantes, cuyo discurso se aleja de la línea oficial del partido, una vez fallecido Arana. Si bien dedica varias páginas a todas estas figuras por ser responsables de aportar “cambios en la concepción del partido” ya en el siglo XX, apunta a Gallastegui como representante de “la oposición más fuerte al oficialismo”.

Le reconoce “el abandono del racismo como elemento diferenciador primordial, así como la postergación del integrismo religioso”, y también lo señala como impulsor del “folclore típico vasco” y como defensor del euskera como “máximo elemento diferencial de la nación vasca”. Mirándose en el espejo del movimiento irlandés, sostiene Estévez, 'Gudari' fue responsable de dar impulso a la incorporación de la mujer al nacionalismo vasco con la creación de Emakume Abertzale Batza. Apunta que se escoró hacia la izquierda, con especial sensibilidad hacia el movimiento obrero, y que manifestó “su apoyo hacia fórmulas de integración del inmigrante”.

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han fallecido este miércoles en un accidente de tráfico, al colisionar la furgoneta en la que se desplazaban a una formación en Iurreta (Bizkaia) con un camión cisterna. Eran Fermín Sola Barrena, Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio d'Entremont Jiménez. Con un vídeo en el que se muestran su lugar de trabajo, algunas fotografías y reconocimientos que han recibido por su desempeño profesional, la Policía Foral ha señalado que la huella que dejan es “imborrable” y les ha agradecido su “ejemplo, entrega y compañerismo”.

“Hoy recordamos con profundo dolor, respeto y un amor infinito a nuestros cinco compañeros de la División de Intervención que nos han dejado. Cinco vidas entregadas al servicio de los demás, cinco referentes que dejan un vacío imposible de llenar en la familia de la Policía Foral y en sus propios hogares”, ha expresado el cuerpo a través de un mensaje difundido en la red social X. “Eran grandes personas, grandes profesionales. Dejan un vacío enorme, porque eran, de verdad, destacados perfiles. Estamos tratanto de pasar este trance tan duro que nos ha tocado”, ha señalado este jueves Iván Ortueta, jefe de la Policía Foral, en un homenaje que se ha celebrado el Parlamento. Ha habido una declaración institucional y se ha guardado un minuto de silencio en su honor.

Tanto la presidenta de Navarra, María Chivite, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han publicado mensajes de condolencia en redes sociales. “Estoy consternada por el terrible accidente en el que han fallecido cinco miembros de [la Policía Foral de Navarra]. Todo mi cariño a sus familias y compañeras y compañeros por la pérdida de nuestros servidores públicos. El Gobierno de Navarra y yo misma os acompañamos en este momento de dolor”, ha señalado Chivite. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento de cinco agentes de la Policía Foral de Navarra en el trágico accidente ocurrido esta mañana. Todo nuestro apoyo y solidaridad, en nombre del Gobierno de España, a sus familias, compañeros y seres queridos en estos momentos de dolor”, ha escrito este miércoles, también en X, Pedro Sánchez.

¿Quiénes eran los agentes fallecidos? Acompañando a la despedida, la Policía Foral ha publicado una breve semblanza de cada uno de ellos.

Fermín Sola Barrena, comisario

Conocido por sus amigos como 'Mintxo', tenía 52 años y más de tres décadas de antigüedad en la Policía Foral a sus espaldas. “Un líder nato, referente de su división y un profesional incansable. Siempre predispuesto a ayudar de manera desinteresada, con un corazón volcado en los demás, y especialmente a su familia”, se destaca de él.

Jesús María Vidaurreta Fernández, subinspector

De 55 años, dirigía uno de los grupos operativos de la Brigada de Intervención. “La lealtad, generosidad y el sacrificio hechos policía. Su vocación era innata, anteponiendo siempre el servicio y cuidando con orgullo infinito de la institución y de su querida familia, tan ligada a nuestro Cuerpo”, apuntan sobre él. Según recoge 'Noticias de Navarra', estuvo primero destinado en la División de Tráfico y se incorporó después a la Unidad Móvil de Intervención, ahora conocida como División de Intervención.

Miguel Crespo Obanos, agente del GIE

Tenía 48 años y era agente del Grupo de Intervenciones Especiales. “Un compañero ejemplar con una profesionalidad extrema y un compromiso inquebrantable. Trabajador incansable, pilar de su unidad y entregado por entero a su familia, el verdadero motor de su vida”, se destaca de él en la semblanza. Según 'Noticias de Gipuzkoa', pasó por la División de Intervención y la Brigada Central de Prevención y Atención Ciudadana antes de recalar en el Grupo de Intervenciones Especiales.

Juan Martín Domínguez Villar, agente del GOAM

Tenía 44 años y se desempeñaba como agente del Grupo Operativo de Apoyo al Mando. “Discreto, servicial y poseedor de una enorme capacidad de entrega. El motor del engranaje diario de su división, un profesional intachable y un padre de familia profundamente pendiente y orgulloso de los suyos”, apunta la Policía Foral, a la que se incorporó en 2000.

Miguel Antonio d'Entremont Jiménez, agente del GIE

De 35 años, era agente del Grupo de Intervenciones Especiales. “Su eterna sonrisa y su optimismo iluminaban los momentos más duros. Joven, deportista y con una vocación inmensa, estaba entregado por entero a su familia, su mayor logro, y orgulloso de pertenecer a este cuerpo”, escribe la Policía Foral. Apunta 'Noticias de Gipuzkoa' que se sumó al cuerpo en 2021. Primero estuvo encuadrado en el Grupo de Intervención y Atención Ciudadana de las comisarías de Alsasua y Tafalla y tres años más tarde, ya en 2024, pasó al Grupo de Intervenciones Especiales.

Un jurado popular ha declarado a dos hombres culpables de haber asesinado al joven Lukas Agirre, de 24 años, en la madrugada del día de Navidad del año 2022. En el caso principal, ha sido por unanimidad, mientras que el otro ha sido declarado colaborador necesario por un resultado de siete votos a dos. Asimismo, el jurado ha declarado culpable también a una tercera acusada, en este caso por ayudar a encubrir los hechos. El crimen se produjo en los aledaños de una discoteca de Donostia, donde el joven había estado celebrando la Nochebuena con sus amigos.

Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa durante las dos últimas semanas y media, el jurado, que ha estado deliberando desde la tarde del lunes, ha emitido este miércoles, pasadas las 16:45 horas, los veredictos de culpabilidad y ahora será el magistrado el que dicte la sentencia. El jurado estaba conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.

22 años solicitaba la Fiscalía y 25 las acusaciones particulares

La Fiscalía solicitaba 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de asesinato. Las acusaciones particulares, por su parte, elevaban la solicitud hasta los 25 años. El ministerio público sostenía que uno de los procesados asestó dos puñaladas mortales a la víctima, mientras que el otro le facilitó el arma y colaboró en los hechos. Para la tercera acusada, solicitaba tres años de prisión, en este caso por encubrimiento. La Fiscalía pedía, además, diez años de libertad vigilada para los dos acusados de asesinato e indemnizaciones por valor de más de 280.000 euros para la familia del joven fallecido.

Según el escrito confeccionado por el fiscal Julián Blanco, los hechos sucedieron cuando la discoteca en la que se encontraban los involucrados ya había cerrado sus puertas. La víctima estaba “disfrutando en compañía de sus amigos de la festividad navideña”, indica ese texto. Relata luego que la tensión surgió a raíz de un “encontronazo” y que uno de los acusados, “guiado por la finalidad de amedrentar a los presentes”, se dirigió al grupo con amenazas como e intentó propinar varios puñetazos a uno de los jóvenes.

Según este mismo escrito, uno de los acusados entregó al otro una navaja tipo mariposa que portaba. Asevera que quien cedió el arma actuaba “con pleno conocimiento” de que sería utilizada y “asumiendo el riesgo que ello implicaba para la vida y la integridad de los presentes”. Los grupos se separaron pero poco después estalló una nueva pelea. Fue entonces cuando, según la acusación pública, uno de los procesados aprovechó el tumulto para atacar a la víctima “guiado por el ánimo de acabar con [su] vida”. Describe la Fiscalía que le asestó dos navajazos. Tras el apuñalamiento, la Fiscalía sostiene que los dos acusados huyeron juntos del lugar y que la tercera acusada colaboró posteriormente para “frustrar la investigación”. En concreto, el ministerio público le atribuye haber encubierto que los dos principales acusados “habrían intercambiado sus zapatillas” y que también “se habrían deshecho de la navaja ocultándola en un contenedor”.

Las defensas de los acusados, por su parte, pedían la absolución de todos ellos. Alegaban que existe un “grandísimo déficit probatorio” en torno al caso. “Naide quería que pasar lo que paseó esa noche y lo siento de corazón de verdad”, ha afirmado durante el juicio uno de los acusados, según recoge Europa Press. La acusada de colaborar en el encubrimiento, por su parte, alegó que “no tenía conciencia de qué había pasado”.

Se da la circunstancia de que es el tercer juicio con jurado popular que se celebra en Euskadi en menos de un mes, uno en cada provincia. El 14 de mayo, un jurado popular declaró a un hombre culpable de haber asesinado en Vitoria en 2023 a la que era su pareja, por entonces embarazada de mellizos. El día 22, otro jurado popular, esta vez en Bilbao, declaró culpable de asesinato —en este caso por unanimidad— a un hombre al que se acusaba de matar a otro hombre con el que había trabado contacto a través de una aplicación de citas.

El Gobierno vasco sostiene que las vías de la línea férrea de mercancías Burtzeña-Irauregi, en el término municipal de Barakaldo, no suponen “ningún problema de seguridad” para las personas que residen en el entorno. Se admite que, “de forma periódica”, aparecen residuos sólidos, pero se asegura que su presencia “tampoco conduce a un problema de salud”, pues son “inertes y no restos orgánicos”. En una respuesta parlamentaria de la consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, se subraya que estos residuos son “ajenos por completo tanto a la operación de transporte como a la explotación y gestión del ferrocarril” y que los han ido “depositando personas que han hecho un uso indebido del dominio ferroviario”. Apunta, además, que la red ferroviaria vasca (ETS) lleva acometiendo desde 2021 “campañas regulares de mantenimiento” que incluyen labores de desbroce, limpieza y tala.

Las vías de este tramo, traspasado a Euskadi en 2019 pero ya durante años sin trayectos de trenes de mercancías, presentan una imagen de abandono. La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo (del PNV), se quejó a mediados del mes pasado del “grave deterioro” en el que estaban sumidas las instalaciones, en una situación “deplorable y de abandono absoluto”, y exigió a ETS una intervención urgente. Según plasmó en un escrito remitido a la empresa pública, en las vías se venían detectando “graves deficiencias como cuadros e instalaciones eléctricas desmanteladas, cables tirados a lo largo del recorrido, postes caídos y acumulación de escombros y basura en distintos puntos”.

La propia alcaldesa se acercó a la zona para fotografiarse junto a las vías en una intantánea en la que se pueden apreciar residuos, desde plásticos hasta un electrodoméstico, pasando por otro tipo de escombros. En el escrito dirigido a ETS, Del Campo alertaba de la existencia de agua estancada en varios caños, lo que podría “favorecer la proliferación del moquito tigre y genera problemas de salubridad”. Solicitaba, en esa línea, la retirada inmediata de la basura e información sobre los usos que se pretenden dar en el futuro a la infraestructura. “No podemos permitir que una infraestructura de esta envergadura presente un estado de abandono que genera problemas de seguridad, salubridad y accesibilidad para nuestros vecinos y vecinas”, se quejó.

En la respuesta de la consejera García Chueca, remitida al Parlamento Vasco tras una solicitud de información de Santiago López Céspedes, del PP, se detallan de forma cronológica todas las partidas destinadas al mantenimiento de la infraestructura desde 2021. Suman cerca de 149.000 euros. Cada año se ha procedido a riegos con herbicida en dos campañas, una en primavera y otra en otoño. En 2021, además, se procedió a una retirada de scombros en Lutxana por cerca de 2.000 euros.

Dos años después, en 2023, se retiraron postes de madera y se colocaron “IPN metálicos, por robo de cable, para sostenimiento de las mangueras”. Ese último concepto se repite en marzo de 2024 y también en el mismo mes de 2025. Entre las tres ocasiones, suman más de 20.000 euros. También en marzo de 2024, se dedicaron casi 40.000 euros a la tala de árboles a la entrada de Lutxana. Ya en diciembre, se desbrozó el ramal de Kadagua por 37.391 euros. El último gasto, ya en 2026 y de 36.500 euros, corresponde a la demolición del edificio número 2 de la calle de la Vega de tapia, en Lutxana.

La respuesta también detalla algunas de las actuaciones que se contemplan a corto plazo. En primer lugar, se va a proceder a la “retirada de todo tipo de restos de residuos depositados en la vía, incluyendo la retirada de restos de cables pelados para obtención de cobre de las instalaciones vandalizadas”. También se van a retirar “elementos de señalización dañados por terceras personas y no en uso tales como cuadros y cajas, señales, detectores en vía” y “postes de madera y metálicos con su cableado”. Se contempla también un “desatasco de cunetas y drenajes en la zona de Lutxana”.

Más allá de estas intervenciones, solo se preven aquellas que sean por causas sobrevenidas y el tratamiento periódico semestral con riego herbicida. De cara a la regeneración de la zona, se señala que ya se ha desarrollado una primera fase de lo que será un centro de interpretación del ferrocarril, para el que se ha rehabilitado parte de la antigua estación y su entorno más próximo, incluidos cerramientos, andenes y fachadas. Señala la consejera que el proyecto constructivo de la segunda fase se encuentra en licitación.

El Gobierno vasco ha suscrito sendos convenios de colaboración con la Fundación Sancho el Sabio Vital y la Sociedad de Ciencias Aranzadi que le permitirán incorporar al Sistema Bibliotecario de Euskadi un total de 277.000 ejemplares, cuyos registros bibliográficos la ciudadanía puede consultar en el portal digital habilitado para ello, conocido como Bilgunea. El Departamento de Cultura y Política Lingüística, encabezado por la consejera y vicelehendakari Ibone Bengoetxea, enmarca estas acciones en el “fomento y mejora de los servicios bibliotecarios”. El catálogo, que va creciendo con el paso del tiempo, engloba entre sus instituciones participantes a bibliotecas municipales, universidades, organismos autónomos y sociedades públicas dependientes del Gobierno vasco y todo tipo de instituciones, como Euskaltzaindia y la Filmoteca Vasca. Con estas nuevas adhesiones, ha superado ya los cuatro millones de registros bibliográficos.

Con la iniciativa, Aranzadi pretende “aprovechar [un] espacio de difusión colaborativa para el acceso y disponibilidad” de sus fondos, mientras que el Gobierno vasco considera que de esta manera “contribuye a enriquecer la información bibliográfica”, como se recoge en el convenio suscrito y publicado esta semana.

La biblioteca de Aranzadi, según se recoge en el acuerdo, alberga una colección con más de 120.000 registros, de los que 24.500 son monografías y 78.000 publicaciones periódicas y seriadas. “Se trata de una biblioteca especializada en ciencias humanas, naturales, de la tierra y del espacio que tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos del centro, realizando las actividades que esto implica de forma sostenible y socialmente responsable”, se explica.

De la Fundación Sancho el Sabio Vital se destaca que es “uno de los centros de documentación más importantes del mundo en cuanto a la cultura vasca se refiere”. Los números de su colección bibliográfica ascienden, según los datos brindados por el Gobierno vasco, a las 130.000 monografías modernas, a las que se suman 3.000 manuscritos, 14.000 revistas, 9.000 carteles y un millar de fanzines.

“Conserva la memoria bibliográfica y documental del pueblo vasco a través de su historia y su biblioteca contiene, desde 1964, un valioso fondo documental en el que se pueden encontrar monografías, publicaciones periódicas, fotografías, manuscritos, mapas o documentación familiar; una importante riqueza patrimonial que le ha convertido en un referente obligado para la investigación sobre la cultura vasca”, se destaca.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado una sentencia que exime al Centro Gallego de Vitoria de pagar 6.655 euros a la orquesta Ciudad de Vigo, contratada para animar la previa de las fiestas en honor a Santiago Apóstol, los días 22 y 23 de julio de 2023. El centro se negó a abonar esa cantidad, la mitad del contrato, porque “los músicos no coincidían, salvo uno, con los que aparecían en las imágenes publicitarias; los cantantes no se sabían las coreografías ni las letras; no se cumplieron los horarios; el tono, desafine, acoples, micrófonos que no funcionaban, y el desajuste de la música y canciones fue continuo; y la vestimenta de alguno de los componentes no era correcta”.

El fallo, con el magistrado Iñigo Madaria como ponente, desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de la orquesta. Confirma la sentencia inicial, la del juzgado de primera instancia número 6 de Vitoria, que, a tenor de los “incumplimientos y la consecuente baja presencia de público”, sostenía que resultaba “razonable y equilibrado” rebajar el importe. Se ampara en la jurisprudencia para subrayar que “no puede exigirse el pago cuando la parte obligada —en este caso la orquesta— no haya cumplido correctamente sus prestaciones”.

La jueza de primera instancia, como recoge el fallo, tomó declaración a un integrante de la comisión de fiestas, lo que permitió “confirmar la existencia de numerosas irregularidades e incumplimientos de un mínimo razonable, apreciable por cualquier oyente medio, en la interpretación y desarrollo de la presentación artística de la banda contratada”. Todo ello, además, quedó corroborado con la grabación de vídeos que se aportaron como prueba. Contra la resolución, fechada el 22 de abril, no cabe recurso. El recurrente, además, habrá de abonar las costas.

La resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo de ETA desempeñó un papel importante en la derrota de la banda, pero la literatura académica internacional no se ha fijado hasta ahora en aquellas movilizaciones que, junto con otros agentes y factores, lograron que se pasase de un asesinato prácticamente cada tres días a una rendición sin paliativos de los terroristas. Los 'papers' han desdeñado ese aguante frente a un grupo militarizado y organizado, de los más temidos de toda Europa, con más de cuatro décadas de extorsiones, secuestros y asesinatos a sus espaldas. Javier Argómaniz sostiene que la sociedad civil vasca fue “crucial” en la derrota de ETA. Esos ciudadanos, según apunta en un libro publicado por Oxford University Press, sembraron la semilla de la deslegitimación de la violencia, llevaron a cabo una labor pedagógica y aparcaron sus diferencias políticas para unirse con el único propósito común de alcanzar la paz.

Argómaniz se encuentra esta semana en Vitoria. La sala 1.8 del Centro de Investigación Micaela Portilla de Vitoria acoge este martes, a las 10:30 horas, un seminario titulado, como el libro que firma, 'Resisting Terror. Civil action and non-violent resistance to terrorism in Basque Country'. El evento puede seguirse a través de una retransmisión en directo, en este enlace.

“La resistencia civil puede afectar a la evolución de la violencia a través de cuatro mecanismos, que ayudan a largo plazo a debilitar indirectamente a la organización terrorista”, explica Argómaniz, tanto de forma general como en la práctica aplicada al caso de ETA y la respuesta de la sociedad vasca. Esos cuatro resortes son, dice, la deslegitimación de la violencia, el fortalecimiento de la cohesión social, socavar el apoyo a ETA dentro del movimiento político que lo rodea y, finalmente, en la fase final de la evolución de la campaña terrorista, sumar a grupos de la sociedad civil que ayudan en el debate que existe dentro de la propia izquierda abertzale en torno a la transición que puede emprender hacia el uso de métodos no violentos. En esa última categoría incluye iniciativas como Foro Social Permanente y Artesanos por la Paz, que considera que ayudan en dicha fase final a que el proceso arribe a buen puerto.

En su análisis, se retrotrae a los movimientos pacifistas, que actuaron como “emprendedores”, pues trabajaron para “normalizar a la sociedad en una cultura para la paz y los valores democráticos”. “Ahora lo vemos con ojos de 2026 y no suena como una contribución tan importante, pero nos tenemos que poner en ese contexto histórico. Había muy poca tradición democrática en España”, reconoce Argómaniz. No fueron los únicos, pues hubo también intelectuales, periodistas y partidos políticos dedicados a esa labor, pero enfatiza el papel del movimiento cívico y constitucionalista en la “deslegitimación de la violencia”, con una pedagogía dirigida a enseñar lo que significa vivir en una democracia y un Estado de derecho. Argómaniz sostiene que, desde el ámbito académico, se ha prestado poca atención a cómo la sociedad civil puede determinar la trayectoria de una campaña terrorista a través de acciones no violentas. “Es importante que haya un conocimiento del caso vasco, porque tiene lecciones que se pueden extrapolar”, defiende.

Las organizaciones civiles, además, se rodearon de un aura de credibilidad nacida del hecho de que no se guiaban por directrices políticas. Algunas llegaron a tener conexiones con partidos políticos, admite Argómaniz, pero gozaban de autonomía y bregaban en una única dirección: la consecución de la paz. Se unían para hacer ver a ETA que enfrente tenía a una mayoría social contraria al uso de la violencia en la esfera pública. El plantarse frente a los terroristas ya servía para minar la imagen glorificada que algunos tenían de ellos, incluso para disuadir a potenciales miembros de la banda de unirse a ella. Habla Argómaniz de un “cortafuegos” frente al reclutamiento de nuevos militantes.

El asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista, que lo tuvo secuestrado durante tres días, supuso un “parteaguas”. Miles de personas se echaron a las calles a exigir a la banda terrorista su liberación y Argómaniz defiende que sin esas “desbordantes” movilizaciones, no es posible entender la aparición del movimiento cívico. “Esa respuesta social sobrepasa lo que habíamos visto anteriormente. Para intelectuales y activistas, indica que hay un anhelo por una respuesta más vigorosa”, abunda.

La acción cívica contra ETA tampoco estuvo exenta de peligros y amenazas. Quienes se significaban en contra de la banda pasaban a ser objetivos, ya fuera de los terroristas o de las acciones de la 'kale borroka'. Ante esos costes, los “lazos emocionales y afectivos”, como los denomina el autor, fueron de gran relevancia, porque facilitaron la permanencia a través de una sensación de compañerismo y un sentimiento de pertenencia a una causa “más grande que las personas” como era la paz.

Argómaniz, autor del libro que sirve de percha para el simposio de este martes, es profesor titular de la escocesa University of St Andrews y miembro del Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV). Con una investigación enfocada a las respuestas estatales, no estatales y civiles ante la violencia política, ha publicado artículos en varias revistas académicas y ha codirigido proyectos de ámbito internacional sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo y el papel que pueden desempeñar en la prevención de conflictos.

La sociedad municipal de autobuses de Vitoria (Tuvisa) sigue sin multar a aquellos usuarios que, más de cuatro años después de la puesta en funcionamiento de la línea de autobús eléctrico inteligente (el conocido como BEI), hacen uso de este medio de transporte público sin pagar el correspondiente billete. El título (por 1,40 euros) ha de comprarse en la marquesina, donde también se puede validar la tarjeta de transporte (36 céntimos en este caso por las tarifas con descuento), pero es muy infrecuente ver a revisores con capacidad de imponer multas en caso de incumplimiento, como sí sucede, por ejemplo, en el tranvía, que depende del Gobierno vasco. Según los datos brindados por Tuvisa, hay solamente cuatro personas asignadas a estas labores de control en el BEI.

La presidenta, la edil del PNV Izaskun Reyes, ha minimizado, en cualquier caso, los casos de fraude que puedan existir y, en una comisión municipal celebrada esta pasada semana, los ha rebajado aseverando que no tienen “números de relevancia”. En cualquier caso, ha dicho, Tuvisa no tiene “competencias sancionadoras”.

El asunto lo ha planteado en la comisión de Espacio Público, Barrios, Movilidad y Tráfico el concejal del PP Alfredo Iturricha. Ha aludido a dos testimonios recogidos en el Buzón Ciudadano de la ciudad, un portal al que se pueden remitir quejas y testimonios. “Nunca cojo el BEI, pero hoy me he dado cuenta de que el más tonto he sido yo porque he pagado el billete. Ver con toda la impotencia del mundo que la inmensa mayoría de la gente se monta sin pagar el billete da mucha tristeza. Por favor, más controladores, porque si no, yo no vuelvo a pagar”, rezaba uno de ellos, según ha leído. “Me parece una vergüenza que casi nadie pague antes de subir al BEI. Estábamos más de quince personas en la parada y hemos pagado dos. No sé cómo se puede solucionar el problema, pero, a primera hora de la mañana, en la parada que está cerca de Txagorritxu, la mayoría de los estudiantes no pagan. De ahí mi más absoluto enfado”, decía el otro.

Algunos conductores transmiten una percepción similar a la recogida con esas palabras en el buzón ciudadano. Secundan la idea de que no hay suficientes revisores. Consideran, además, que los que hay no cuentan con las herramientas necesarias y por tanto no pueden desempeñar su trabajo. “Es como si no hubiera ninguno”, lamentan.

Tuvisa explica que, “en el ámbito municipal, la multa es un ejercicio de potestad sancionadora muy condicionado”. Ese es el motivo por el que se recurre a la figura del conocido como billete extraordinario. Ante su ausencia de capacidad sancionadora, el reglamento de transporte urbano de Vitoria prevé, para aquellas personas que viajen sin título válido, la emisión de “un billete extraordinario de 50 euros, para que lo abone en las máquinas de autoventa o dispositivos de Tuvisa en el plazo de 7 días naturales desde su requerimiento”. De no hacerlo en un plazo de siete días naturales, se interpondrá una denuncia para la instrucción de un expediente sancionador por infracción administrativa, pudiendo llegar a recurrirse a la Policía local si es necesaria para la identificación. “El personal de Tuvisa estará facultado a requerir a la persona viajera sin título de viaje válido a que abandone el vehículo en la primera parada que se produzca”, añade el texto.

“Dos frente a 19 millones”

La presidenta le ha afeado al concejal 'popular' que no haya planteado la cuestión previamente en el consejo de administración de Tuvisa, para el que los partidos designan representantes. “Si lo que usted pretende es empañar la imagen de la gestión del transporte público de nuestra ciudad, le diré que, como consejero de Tuvisa [que Iturricha es], debería también asumir sus responsabilidades”, le ha espetado. Le ha acusado, además, de cuestionar el BEI, una línea que ha implicado en algunos tramos la reducción de carriles para el transporte privado y que por ello ha suscitado algunas críticas de la ciudadanía. Y le ha lanzado un dato: 5.827.927 usos del BEI durante 2025. “Dos testimonios frente a más de 19 millones de usos ponen de relieve que el fraude que pueda existir no [tiene] números de relevancia”, ha colegido. “A usted no le preocupa Tuvisa, a usted no le preocupa la ciudadanía, a usted lo que le preocupa es hacer demagogia política muy fea”, le ha reprendido.

Iturricha, en su respuesta, ha hablado de “descontrol”, ha tildado a la presidenta de “colmo de la incompetencia” y la ha acusado de actuar con “desidia”. Ha llegado a pedir incluso su relevo al frente de la sociedad municipal. “Llevamos cuatro años enteros con las puertas abiertas al fraude en el BEI. Cuatro años en los que las personas honradas, como las que han escrito, ven con impotencia, con frustración cómo otros suben gratis ante la pasividad de usted y de su Gobierno”, le ha reprochado. Junto a Reyes se encontraba Beatriz Artolazabal, teniente de alcaldesa y concejala delegada de Espacio Público y Barrios. “No se trata de un fallo técnico o en la puesta en marcha de este servicio, porque han pasado cuatro años que no han sido suficientes para poner algo tan básico o elemental como un sistema de control. [Tendría] que haber nacido ya con él”, ha abundado el concejal del PP.

Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE entre 2002 y 2014, ha defendido que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero es “más que 'lawfare'” y que se enmarca dentro de un “golpe de Estado” que se viene ejecutando durante toda la legislatura, para perjudicar a Pedro Sánchez mediante ataques a su entorno. Sostiene que hay “jueces, guardias civiles y aparatos del Estado en contra del Gobierno”, y que ese es el motivo por el que ahora se “persigue” al que fuera presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011.

En una entrevista concedida en euskera a Euskadi Irratia, Eguiguren, que también fue presidente del Parlamento Vasco entre 1987 y 1990 y parlamentario hasta 2012, ha asegurado que ha recibido la noticia de la imputación con un “tremendo disgusto”. Se ha referido a Rodríguez Zapatero como el único “amigo” que tenía tanto en el PSOE como en Madrid. Con él al frente del Ejecutivo, Eguiguren ejerció la interlocución con ETA en unas conversaciones secretas celebradas a partir de 2005 que la banda terrorista dinamitó con el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas. Preguntado por el auto que achaca a Rodríguez Zapatero una presunta participación en una red de tráfico de influencias, Eguiguren no ha entrado a valorar, en cualquier caso, si el expresidente podría haber incurrido en alguna ilegalidad con los negocios que ahora se investigan.

De su lado, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha tenido en el Parlamento Vasco una postura mucho más matizada. Aunque ha confiado en que el expresidente “quede absuelto”, sí ha emplazado a que “dé las explicaciones oportunas”. “No voy a negar que los lazos emocionales son evidentes” con la figura de Rodríguez Zapatero, ha dicho Andueza, refiriéndose al final de ETA.

El PNV ha trasladado a la alcaldesa socialista de Vitoria, Maider Etxebarria, una propuesta para que la ciudad conceda un espacio en el callejero a los lehendakaris José Antonio Ardanza (jefe del Ejecutivo vasco entre 1985 y 1999) y Carlos Garaikoetxea (entre 1980 y 1985, recientemente fallecido). La iniciativa, trasladada por Beatriz Artolazabal, portavoz del grupo municipal 'jeltzale' y teniente de alcaldesa, busca “abrir un reconocimiento institucional” a ambas figuras que sirva para honrar “su trayectoria” y “su aportación política e histórica a Euskadi”.

Como ha contado este periódico, entre el 18 de junio y el 19 noviembre de 1999, Ardanza tuvo dedicada una plaza y Garaikoetxea, una calle. La de Garaikoetxea —oficialmente 'calle del Lehendakari Carlos Garaikoetxea'— fue la que actualmente lleva el título de calle del Estatuto de Gernika. Se encuentra en uno de los laterales de la oficina principal de Correos y Telégrafos y antes había sido del Marqués de Estella, por Miguel Primo de Rivera, dictador entre 1923 y 1930 y padre de José Antonio. El espacio que llevó brevemente el nombre de Ardanza —oficialmente 'plaza del Lehendakari José Antonio Ardanza'— fue la actual plaza del General Loma, que después recuperó el título que recuerda a José María de Loma, militar natural de la localidad alavesa de Salinas de Añana que ejerció de teniente general del bando liberal en las guerras carlistas.

La medida que honraba a Ardanza y Garaikoetxea la adoptó el alcalde José Ángel Cuerda al término de su mandato y tuvo un recorrido tan breve porque apenas cinco meses y un día después, al llegar el PP a la alcaldía de la mano de Alfonso Alonso, la revirtió.

Artolazabal, que ha destacado que el callejero vitoriano ya cuenta con vías dedicadas a los también lehendakaris José Antonio de Aguirre y Jesús María de Leizaola, ha exigido “altura política” a la hora de sopesar la propuesta. “Fueron dos figuras fundamentales en la construcción del autogobierno vasco, en la consolidación de nuestras instituciones y en una etapa decisiva para Euskadi. Creemos sinceramente que merecen tener un espacio permanente en callejero de la capital”, ha abundado en Radio Vitoria.

La propuesta del PNV ha llegado apenas dos semanas después del fallecimiento a los 87 años de Garaikoetxea, que fue presidente del Gobierno vasco con el PNV y luego rompió con la formación para fundar Eusko Alkartasuna, partido socialdemócrata ahora integrado en la coalición EH Bildu. En cualquier caso, Artolazabal no ha entrado a definir “espacios concretos” y se ha limitado a señalar que esa prerrogativa corresponde a Alcaldía. “Creemos que Vitoria-Gasteiz tiene hoy la oportunidad de recuperar aquel reconocimiento institucional y hacerlo además desde el consenso y el respeto a dos figuras clave de la historia reciente de Euskadi”, ha animado.