El pequeño Ahmed acababa de llegar del colegio cuando estalló la violencia. Había sido una mañana normal en Sheij Maqsoud, barrio de mayoría kurda y hasta ese 6 de enero bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), también de liderazgo kurdo. Con las primeras explosiones, los vecinos bajaron a refugiarse entre las esquinas de la casa de Fátima Ahmed. Los pisos bajos son más seguros: las bombas suelen caer en las azoteas, además de que hacen más corta la huida.

Al segundo día de ataques, las súplicas de Ahmed, de 10 años, —“mamá no podemos estar aquí, vamos a morir”— forzaron a la familia a hacer las maletas. Antes de tomar el corredor humanitario que volvió a anegar de exilio las calles de Alepo, Fátima quemó sus libros de kurdo.

Sobre una colina con una vista privilegiada en el extremo norte de la ciudad, hileras de lo que fueron bloques de viviendas, ahora reducidas a sus estructuras quemadas, preceden al checkpoint de entrada a Sheij Maqsoud. Refugio diverso de etnias y confesiones, el barrio llevaba bajo control de las FDS desde 2012. Durante ese tiempo ha sido objetivo tanto de la furia del régimen de Bashar al Asad y los aviones de combate rusos, como de los grupos rebeldes ahora en el poder en Damasco.

Hasta quienes viven cerca de lo que fue el frente de batalla han perdido la cuenta de qué agujeros en las fachadas son de los últimos enfrentamientos o cuáles del pasado, o cuándo fue que quedaron completamente inutilizables el colegio y la mezquita aledaños.

Tantos han sido los ciclos de violencia que con hartura y casi humor, Fátima Barbaneh, de origen árabe y profesora de 25 años, llama a este último estallido “guerra psicópata”: “14 años en conflicto no es un número, es mi infancia destruida. Estaré en contra de todo aquel que quiera volver a llevarnos a lo mismo. Ya es suficiente”.

14 años en conflicto no es un número, es mi infancia destruida. Estaré en contra de todo aquel que quiera volver a llevarnos a lo mismo. Ya es suficiente

Fátima Barbaneh — Profesora y vecina de Alepo

Sheij Maqsoud y el pueblo vecino de Ashrafiyeh, con unas características muy similares, han sido durante este último año una suerte de islas bajo control de las facciones kurdas en una ciudad ya ampliamente unificada bajo el mando del Gobierno que dirige Ahmad al Sharaa, antiguo líder de la Al Qaeda en Siria y a quien el Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones por terrorismo en noviembre del 2025. Ambos barrios quedaron como avanzadilla del más amplio territorio kurdo, conocido como Rojava, que se extendía hacia todo el noreste petrolero del país. Un experimento de convivencia fallido en la nueva Siria.

La caída de Bashar al Asad en diciembre de 2024 puso fin a una guerra civil que desangró y dividió Siria en un mosaico de milicias y grupos armados. El nuevo régimen se propuso retomar el control sobre el territorio y en marzo de 2025 llegó a un acuerdo con las facciones kurdas para integrarlas en el entonces naciente Ejército nacional sirio. Pero al terminar el año los resultados no eran satisfactorios para Damasco. Hubo una ronda de negociaciones mediadas por la misión estadounidense contra el terrorismo que, sin embargo, fue interrumpida de golpe. Antes de que hubiera tiempo para retomarlas, la guerra comenzó en los barrios kurdos de Alepo. Ambas partes se acusan mutuamente de haber disparado primero.

Seis días de combate. 80 muertos, entre ellos civiles, y 140.000 personas desplazadas. Cuando regresaron, algunas al cabo de varias semanas, no había ni rastro de Qassad, la palabra en árabe para referirse a las FDS. Durante esas semanas de incertidumbre, tanto Fátima Ahmed como Sibar Haçi, también kurda, encontraron refugio en casas de familiares en los alrededores de su ciudad natal de Afrín, de mayoría kurda controlada por milicias turcas desde 2018. “Pensé que me volvería a quedar sin casa”, rememora Sibar, a quien las guerras han forzado hasta cuatro veces a abandonar su hogar. “Cuando volvimos a Sheij Maqsoud estuvimos varias semanas sin Internet ni electricidad, solo agua fría. Vivir así es tan incómodo que no te sientes como un ser humano”, continúa.

Sibar no quiere hablar de partidos políticos, tiene suficiente con sacar adelante a sus cuatro hijos con el sueldo semanal que su marido gana como sastre. Sí reconoce que se sentía más segura bajo el control de las FDS, con quienes tenía claro que los elementos principales de su identidad, que son su lengua kurda y sus fiestas tradicionales, estaban garantizados. Pide “seguridad y trabajo” a quien sea que gobierne.

Mientras Sibar habla, su vecina árabe Zobida Abosouf teje en silencio una bufanda. Las familias de ambas pasaron las primeras horas de los ataques juntas. Zobida también arrastra una larga historia de desplazamiento y pérdida dentro del mismo Alepo. En un primer momento dice que el cambio de mando en Sheij Maqsoud no le importa demasiado, pero después expresa cierto alivio de que la comunidad sea integrada en el resto de la ciudad. Con Qassad, comenta, había muchas duplicidades: dos retenes de entrada, dos sistemas educativos, identificaciones y un sistema de seguridad con contraseñas. Ahora espera que el día a día se simplifique.

Entre sorbos de té, de la calle se cuela la música de una boda kurda, recuerdo de que la vida se abre paso con urgencia. A pocos metros de los edificios maltrechos que marcan la línea de frente, donde todavía quedan casquillos de las balas y los sacos de arena donde se apostaban los francotiradores de Qassad, una nueva cafetería da la bienvenida a sus clientes. En las arterias principales, embarradas del invierno lluvioso, gritan los fruteros y pasean sus productos los vendedores ambulantes.

Ruge el adhan—el llamado al rezo de las mezquitas— del mediodía y una avalancha de niños muy pequeños sale del colegio. Hay dos escuelas juntas: Eye Qassem, en honor a una niña asesinada por una bala perdida en el recreo hace más de una década; y Alan Mihemed, renombrado así por un niño que falleció ahogado en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. La violencia de los adultos permea la infancia, y los últimos enfrentamientos de la “guerra psicópata" están dejando una peligrosa huella sectaria que empieza tomar forma desde las edades más tempranas.

Hace poco, Ahmed le preguntó a Fátima si los combatientes kurdos y árabes a los que escuchó pelear en las calles de su vecindad seguirían enfrentándose a muerte en el cielo. Karim Barbaneh, de 12 años, cuenta que desde la “Liberación” —como se conoce en Siria el momento de la caída de Assad— empezaron los roces entre compañeros que llevaron a clase banderas y globos con las tres estrellas rojas de los grupos rebeldes y otros que se molestaron ante ese símbolo. Desde entonces, recuerda, se empezó a diferenciar entre árabes y kurdos en Sheij Maqsoud.

El asedio de Kobane

La operación del Gobierno sirio que comenzó en la devastada Alepo, en Sheij Maqsoud y Ashrafiyeh, continuó su avance hasta tomar casi todo el noreste kurdo. Sucedió en apenas horas. Las principales alianzas de las FDS cambiaron de bando: Estados Unidos y las tribus árabes de Deir Ezzor y Raqqa, regiones de mayoría árabe pero también bajo el gobierno autónomo por más de una década.

Acorralados y sin apoyos, los kurdos llegaron a un acuerdo de alto el fuego y renegociaron su integración en el Ejército. Las conversaciones dieron frutos cuando Rojava apenas había quedado reducida a tres ciudades: Hasakeh, Qamishli y Kobane. En las dos primeras la nueva bandera siria ondeó enseguida, el pacto entró en vigor sin contratiempos y fuerzas sirias fueron recibidas con arroz y pétalos de flores.

En Kobane todavía no hay fecha para que esto ocurra. La ciudad ha sufrido un grave asedio. Según testimonios desde dentro y la denuncia del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos han muerto varios niños por el frío y la falta de recursos médicos. Naciones Unidas manda camiones de ayuda humanitaria periódicamente. Hay electricidad apenas unas horas al día, escasea la comida, falta gasolina para los calentadores, la conexión a Internet es precaria y a través de redes satelitales. La ciudad se convirtió en lugar de acogida para aquellos kurdos de zonas rurales cerca de Kobane que ahora están viviendo en escuelas o durmiendo en camionetas cubiertas con lonas para aislarse de las temperaturas bajo cero.

Es como si estuviésemos esperando la muerte en silencio

Estudiante kurda en Kobane

“Es como si estuviésemos esperando la muerte en silencio”, cuenta en una nota de voz una estudiante kurda de la ciudad, quien rememora episodios de violencia contra los kurdos como las masacres de 2015. Entonces fueron asesinadas 233 personas a manos de terroristas del Estado Islámico, que hacía pocos meses había declarado su califato en Siria. Con la frontera con Turquía cerrada, la falta de información y la espera acrecientan la sensación de encierro.

Ante un Kurdistán que se desvanece en Siria, entre las voces civiles entrevistadas domina el pragmatismo. “Somos kurdos, pero somos sirios también”, sentencia Fátima. Sentada en un sofá bajo alrededor de un calentador de keroseno —el mismo en torno al que se reúnen tantas familias en todo el país— muestra el dibujo de Ahmed, el pequeño de sus tres hijos. En el papel, los colores nacionales se mezclan con el sol que simboliza a los kurdos. Una bandera híbrida como un grito a una coexistencia que ya lleva años practicándose entre vecinos en este barrio exhausto de violencia en las afueras de Alepo.

Eran las seis de la tarde del 28 de febrero de 2023 cuando la periodista especializada en medioambiente Carolina Amaya avisó en redes sociales de que en un par de horas publicaría una investigación importante. Meses de indagaciones sobre cómo una empresa vinculada a la familia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se estaba enriqueciendo con la destrucción de un paraje natural protegido. Pasadas las ocho, cuando Amaya volvió a encender su teléfono, cayeron en aluvión los mensajes: su padre, líder campesino, había sido detenido.

“Estaba claro que había sido por mi ejercicio periodístico”, relata Amaya a elDiario.es. Empezaron para ella meses agotadores: investigar qué había detrás del encarcelamiento de su padre, que pasó casi un año preso; el miedo a perderle en un sistema penitenciario conocido por la tortura; una demanda contra ella por parte de la compañía que señalaba en el reportaje inicial… “Me di cuenta de que en El Salvador ya no podía trabajar”, sentencia la informadora desde México, país en el que se exilió en mayo de 2025.

La deriva autoritaria a la que Bukele lleva años arrastrando a El Salvador avanza en paralelo al deterioro de la libertad de expresión y al acoso a los periodistas críticos. Su victoria en 2019 logró, en cierta medida, cumplir la promesa que gobiernos anteriores ya habían intentado sin éxito: acabar el terror del crimen organizado.

La violencia de las maras se sustituye por la del Estado

La violencia de las maras ha sido sustituida, sin embargo, por la del Estado: bajo el paraguas de un Régimen de Excepción que ya ha sido 42 veces renovado, las fuerzas de seguridad detienen de manera masiva y aleatoria, encarcelan sin investigación, en muchos casos ni juicio, en penales abarrotados sin acceso a abogados y donde cientos de personas han sido asesinadas a golpes o de hambre, según organizaciones de Derechos Humanos y testimonios recogidos por este medio. Eso ocurre en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo: 1,6% de una población de menos de seis millones y medio de habitantes.

El presidente se encuentra en su segundo mandato, algo que ya es inconstitucional, y la Asamblea Legislativa ha aprobado recientemente la posibilidad de la reelección indefinida. Poco a poco, Bukele ha ido adueñándose de los principales poderes estatales y dotándose de un marco legal que coarta cualquier tipo de oposición, ahogando a la prensa y a las organizaciones civiles.

El Régimen de Excepción es el cénit de este sistema de persecución, ya que sirve de herramienta para la eliminación de facto de toda garantía jurídica y está siendo empleado por el Gobierno para criminalizar a quienes contradicen la narrativa oficial. El padre de Amaya, a quien una empresa quería echar de tierras que le habían sido entregadas por el Estado y que cultivaba para vivir, fue acusado de tener relación con las pandillas. Esgrimiendo motivos similares, también hay órdenes de captura contra al menos siete periodistas de El Faro, medio de comunicación de referencia en Centro América.

Decenas de periodistas en el exilio

A comienzos de mayo El Faro publicó una serie de entrevistas en las que dos líderes pandilleros explicaban las negociaciones entre las maras y el Gobierno de Bukele. Los principales periodistas involucrados abandonaron de manera preventiva el país, “un exilio temporal”. Aunque Óscar Martínez, jefe de Redacción de El Faro, explica que ya habían hecho ese tipo de salidas, también con gobiernos anteriores, pero esta fue la primera vez que no pudieron regresar: sus fuentes les avisaron de que un dispositivo policial les esperaba para detenerles en el aeropuerto.

“El Faro tiene 27 años de existencia. Ahora mismo somos menos, 18, pero cuando Bukele entró, éramos 28, ha ido gente renunciando por temor o por persecución”, sostiene Martínez también desde México, a donde ha llegado tras varios meses errante por varias ciudades y donde aún no tiene pensado establecerse. Desde el exilio trabaja casi toda la redacción, cuya figura legal fue trasladada a Costa Rica meses antes por los constantes ataques. Sus periodistas han sido señalados por el Gobierno, que ha ordenado auditorías y hasta espionaje con el software Pegasus.

Las publicaciones de El Faro inauguraron un mes de mayo nefasto para El Salvador. La violencia policial con la que fue reprimida una manifestación de campesinos a punto de ser desplazados de sus hogares fue retransmitida en directo por redes sociales, generando indignación también el arresto de dos de los líderes comunitarios, uno de ellos un pastor evangélico. Y a los pocos días el país fue sacudido por la detención de Ruth López, prestigiosa abogada y miembro de la directiva de Cristosal, una de las organizaciones de Derechos Humanos más relevantes de El Salvador, en el exilio desde julio.

No dejen de poner atención en El Salvador desde fuera. Cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país

Suchit Chávez — Periodista

“Todos pensamos que si fueron a por Ruth, pueden ir contra cualquiera”, dice Suchit Chávez, periodista y miembro de Junta Directiva de la Asociación de Prensa de El Salvador (APES). En coordinación con la Red Centroamericana de Periodistas, han ayudado a salir a en torno a 50 informadores. Hay, además, al menos una treintena de defensores de Derechos Humanos que también han abandonado el país, aunque las cifras no son exactas porque muchos lo hacen en silencio.

Chávez es la única de los tres periodistas salvadoreños que este medio ha entrevistado en San Salvador que accede a dar su nombre. Quienes se quedan se enfrentan a la persecución constante y al miedo de saberse en la diana: llamadas anónimas, cambios de teléfono móvil y de rutinas por precaución, allanamientos de vivienda e incautación de ordenadores y de discos duros, agentes de Policía que estacionan o toman fotos alrededor de las casas, o que tocan la puerta de las familias de los informadores bajo el pretexto de estar investigando accidentes de tráfico, incluso pandilleros rondando redacciones o apostados cerca de donde viven los periodistas. Todos estos son ejemplos narrados a este diario, y en muchos casos el acoso sigue produciéndose incluso estando el profesional en el exilio.

La estrategia de Bukele triunfa

Agotados en el plano emocional y ahogados en el burocrático, los periodistas añaden una dificultad a su trabajo: el éxito de la estrategia de comunicación de Bukele. Los índices de aprobación del presidente inconstitucional son de los más altos del mundo, entre un 85 y más de un 90%, según diferentes encuestas. Su modelo arrasa más allá de las fronteras nacionales y amenaza con extenderse en América Latina, donde su popularidad supera incluso a la del Papa. Retratado casi como un dios, quien fuera antes publicista, es un líder carismático que cuenta con un fuerte aparato de medios creados ad hoc y una presencia abrumadora en redes sociales.

“Da la sensación de que la noche oscura está comenzando con el exilio, el cierre de los espacios cívicos, la censura, la criminalización, el encarcelamiento…”, lamenta uno de los periodistas que permanece haciendo su labor dentro del país. Con una narrativa y un sistema tan bien armados puertas adentro y el apoyo de Donald Trump desde la Casa Blanca, cuyas políticas contra la población migrante resuenan a los métodos de la Policía salvadoreña contra sus propios nacionales, muchos de los periodistas entrevistados coinciden en la importancia de la presión internacional. “No dejen de poner atención en El Salvador desde afuera”, sostiene Chávez, “cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país”.

Lamine Sarr (39) no puede quitarse la sonrisa ante los vítores y aplausos de sus compañeros. Fotos y ramos de flores, abrazos y gritos de júbilo porque el camino ha sido duro hasta llegar a la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados. En las manos de los parlamentarios descansa ahora la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, con más de 600.000 firmas validadas, pide la regularización de medio millón de personas migrantes que realizan trabajos invisibilizados en la economía sumergida y en condiciones de precariedad. 

Más de 800 organizaciones y 14.000 voluntarios unidos en la campaña ‘Esenciales’ —bautizada así por la relevancia de los sectores que emplean a miles de personas sin papeles, como puso de manifiesto la pandemia— se pusieron manos a la obra en febrero de 2022, recogiendo en apenas diez meses las rúbricas suficientes para forzar un debate en el Congreso. 

Con prisa por no perder el tren de vuelta a Barcelona, Sarr, que además de portavoz de Esenciales también lo es del Sindicato de Manteros de Barcelona, cuenta a ElDiario.es cómo la tienda de Top Manta, la marca de ropa creada por los manteros para dar trabajo estable y regular a migrantes, se convirtió en uno de los centros neurálgicos de la iniciativa: de este local de las Ramblas, símbolo de la lucha antirracista, salían pliegos vacíos que regresaban llenos a los pocos días, llegando a juntar hasta 32.000 firmas. 

De sol a sol y sin descanso, comienza ahora un trabajo de presión y seguimiento por parte de la sociedad civil para que efectivamente esta iniciativa popular, una de las que más apoyo ha recibido en la historia de este país según se felicita el movimiento, prospere y reconocer los derechos de miles de trabajadoras del hogar y cuidadoras, temporeros y trabajadores del campo, manteros…

¿Cómo valora la presentación de la ILP en la Comisión de Trabajo?

Ha sido un día histórico. Cuando en un primer momento impulsamos la Propuesta No de Ley durante el confinamiento, muchos pensaron que era imposible. El Congreso la rechazó, pero logramos hacer conocido nuestro nombre, el movimiento Regularización Ya, y hemos demostrado que no bajamos los brazos, que seguimos luchando y trabajando, ahora para recoger más de 500.000 firmas que van a permitir debatir una Iniciativa Legislativa Popular. 

Centenares de organizaciones y miles de voluntarios han logrado que se llegue a las firmas necesarias, ¿cómo ha sido el trabajo hasta llegar hasta aquí? 

Hemos encontrado piedras y racismo en el camino, todo tipo de obstáculos. Hemos tenido que trabajar noche y día, con frío o calor, bajo la lluvia; hemos ido a las universidades, a los barrios, a las fiestas populares y a las presentaciones de todo tipo de eventos culturales, a las colas de los conciertos… Medio millón de firmas no son pocas, y hemos llegado a presentar 700.000. Estamos muy contentos.

¿Cómo ha vivido esta etapa a nivel personal?

Pues ha sido duro, no te voy a engañar… Hemos recibido insultos y hemos sufrido todo tipo de racismo. Sin embargo, el racismo contra el que hemos decidido que vamos a gastar nuestra energía es el institucional, contra leyes que le ponen límite a nuestros derechos, como la Ley de Extranjería. Personalmente, una de las cosas que más me ha sorprendido de manera positiva ha sido la juventud. Cuando íbamos a los campus de las universidades y hablábamos con la gente joven, se involucraban con nosotros y llamaban a más compañeros e incluso a profesores para que vinieran a firmar. Vivimos reacciones que nos sorprendieron para bien.  

¿Por qué es importante que esta iniciativa legislativa llegue al Congreso y se abra un debate? 

La lucha por la regularización es una lucha invisibilizada, hay muchas personas que están pasando momentos muy difíciles, que viven a diario situaciones de explotación, y son cosas que no se cuentan. Por supuesto, son demandas de cambio y mejoras que no llegan aquí al Congreso. Para nosotros era importante hacer este esfuerzo para ser escuchados, para que una parte de la sociedad, a la que nunca le ha llegado nuestro mensaje, pueda empatizar y conocer las dificultades que vivimos, que personas que nunca se han topado con nuestro discurso puedan meterse en nuestros cuerpos y sentir la discriminación y la desigualdad a la que nos enfrentamos quienes también trabajamos en este país. 

Yo llegué aquí en 2006, y hasta hace muy poco, 2019, no pude regularizarme. Amigos con los que llegué, o que llegaron casi a la vez que yo, todavía no han podido regresar a Senegal o a sus países de origen ni siquiera de vacaciones para ver a sus familias. Son personas que dejaron atrás hijos, padres, amigos… y son muchos años sin ver a la gente que quieres. Esto es una manera de castigar a los migrantes, es una manera de hacernos sentir excluidos, discriminados, y no debería pasar en una sociedad moderna. 

¿Os habéis sentido escuchados por los grupos parlamentarios? ¿Qué va a pasar ahora? 

Ha ocurrido lo que esperábamos. Nos han preguntado y estábamos bien preparados para contestar. Nosotros hemos hecho todo lo que podíamos hacer: ya no es una ILP, ahora es un Proyecto de Ley y está en mano de los políticos de la Comisión de Trabajo. Esperamos que aceleren este proceso para que quienes lo necesitan puedan beneficiarse de esta regularización extraordinaria. 

Por nuestra parte, nosotros como movimientos y sociedad civil, seguiremos haciendo presión social, a través de sindicatos, redes sociales… Aunque ya se hayan entregado las firmas, vamos a seguir tejiendo redes y hablando con partidos políticos, con quienes queremos empezar una ronda de conversaciones. Ya lo hemos dicho, no vamos a parar hasta que no salga adelante una regularización. 

Durante la pandemia enviasteis una carta a la Moncloa que no fue atendida, también en 2020 fue rechazada una Proposición No de Ley (PNL). ¿Cuáles son los principales escollos a los que os enfrentáis en un contexto, además, electoral?

La proximidad de las elecciones no deberían influir en el proceso de otorgar derechos básicos a la ciudadanía, que en este caso es que se entregue un papel a personas para que puedan trabajar de manera regular. Muchos migrantes, además, ya tienen empleos en la economía sumergida pero, al no cotizar, no pueden aportar a la Seguridad Social. Estas personas, repito, son esenciales, y merecen poder trabajar y moverse. 

Por otro lado, el principal escollo es el partido en el poder, porque si el Partido Socialista tiene voluntad política esta iniciativa sale adelante y puede aprobarse. Todavía no sabemos qué línea va a adoptar, nosotros estamos deseando sentarnos con ellos, y con todos los partidos políticos, para empezar un diálogo y recabar más apoyos. 

Una veintena de personas tiritan bajo el dorado de las mantas isotérmicas. Esperan confusas en un arcén de la ciudad de Calais, en el extremo norte de Francia. El motor de la patera en la que trataban de cruzar el Canal de la Mancha, frontera natural entre Europa y Reino Unido, estalló a pocos metros de la orilla y el agua empezó a entrar en la precaria embarcación, en la que también viajaban dos niños pequeños. 

La lluvia cae sobre el semblante serio de Omid Azizi, ingeniero iraní de 33 años, pero rompe el silencio del grupo de migrantes con una carcajada: “¡Mándale un selfie a Sunak y dile que a la próxima llegamos! ¡Que estamos aquí y no nos va a parar!”. 

Lo pronuncian con diferentes acentos pero, en los campamentos informales de Calais, muchos conocen el nombre del primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, y su política de “parar los barcos” de migrantes que llegan a Gran Bretaña. Tras dos años de aumento destacable del flujo por esta ruta, 2022 cerró con el récord de 45.000 llegadas de personas a las costas de Gran Bretaña.

Berket apenas lleva unos días en esta casa abandonada a las afueras de Calais, su refugio contra el frío y el viento hasta la siguiente madrugada en calma, cuando salen las pateras. Esta guarida improvisada está situada a las afueras de Calais, muy cerca de la que fue conocida como la Jungla, el asentamiento informal que en 2015 llegó a albergar a cerca de 10.000 personas. 

A día de hoy, esta frontera esconde a cerca de un millar de migrantes en campamentos que emergen en varios puntos de la ciudad como racimos de tiendas de campaña. Las cifras exactas son difíciles de conocer, según advierten las organizaciones en el terreno, debido a las políticas de hostigamiento y dispersión de la Policía, que evacúa, requisa tiendas y desplaza estos lugares cada dos días con el objetivo de evitar una nueva Jungla. 

A media hora de Calais, Dunkerque esconde en su bosque una ciudad donde la vida discurre en paralelo. Entre árboles talados que sirven para levantar cabañas y calentar hogueras, el campamento de Grande Synthe es punto de paso de migrantes y solicitantes de asilo de Siria, Pakistán, Afganistán, Sudán, Irán… 

“Me han rechazado el asilo dos veces y tengo una orden de deportación”, explica en un inglés precario Hazrat Ali, que huyó de la violencia de los talibanes en una zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán. Las manos gruesas y el rostro surcado de arrugas le hacen aparentar muchos más que sus 29 años. “No me importaría quedarme en Francia, pero aquí no podré conseguir los papeles”, dice con una mirada esquiva. 

Protestas

También en Dunkerque, pero en la plaza principal de la ciudad, este fin de semana medio centenar de personas se concentraba en apoyo a los migrantes y en contra de la nueva propuesta migratoria del Gobierno francés. Las movilizaciones han tenido lugar en varias ciudades del país. 

“Propongo un reto: que todas las personas sin papeles paren por un día aquí en Dunkerque. Nos sorprendería el importante rol que cumplen y que son muchas más de las que pensamos, muchas son nuestras vecinas”, señalaba durante la protesta Sabine Donnait, copresidenta de la Liga de los Derechos del Hombre, una asociación jurídica de relevancia en Francia que hace campaña en contra de la propuesta migratoria del Gobierno. 

La posible reforma

Bautizada en un primer momento como ‘Ley Darmanin’ por el apellido del actual ministro del Interior, Gérald Darmanin, la llamada “Ley para controlar la inmigración y mejorar la integración” se articula en dos ejes principales. Por un lado, se pone como objetivo acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular o aquellos con permiso de residencia que hayan cometido algún delito, aspecto que se ha interpretado como un gesto hacia la derecha de Macron, desde Los Republicanos hasta el Frente Nacional. 

Por el otro lado, incluye una medida leída como un guiño hacia sectores más progresistas, ya que la propuesta establece nuevas fórmulas de estancia temporal o regularización en Francia, con la condición de que los migrantes trabajen en los llamados “empleos en tensión”, es decir, sectores con necesidad de mano de obra.

La ley, sin embargo, se ha encontrado con el rechazo frontal de todas las opciones políticas del Parlamento. La izquierda la tacha de represiva, y la derecha considera insalvable la apertura de nuevas vías de regularización

“No saben todo lo que hemos dejado atrás y todo lo que hemos invertido para que ahora este señor, hijo además de migrantes, nos diga que no podemos. No hay nada que nos detenga”, sostiene la voz firme de Berket, de 25 años. Es el único etíope sentado alrededor de la hoguera que calienta a casi una decena de jóvenes eritreos quienes, después de cruzar dos continentes, han llegado a esta última frontera con la esperanza de empezar de cero en Reino Unido.

Ante la negativa, y tras la cólera social que ha incendiado la opinión pública por la aprobación de la reforma de las pensiones sin consenso a través del artículo 49.3 de la Constitución, el presidente ha rectificado su estrategia. En vez de lanzar el proyecto de ley, el Gobierno francés reformará la normativa migratoria a través de decretos, con lo que busca sacar adelante algunas de las partes de la ley, presentadas como propuestas desglosadas.

Críticas a la reforma

“Creemos que (el Gobierno) va a pasar circulares y decretos para modificar la norma actual sin tener que utilizar un 49.3”, continúa Donnait. La Liga de los Derechos del Hombre se opone principalmente a una de las medidas aparentemente más progresistas: “Los visados que ofrecen una regularización no son realmente una oportunidad de quedarse en Francia: dependen de lo que el estado considere en cada momento ‘trabajos en tensión’ y de la voluntad del empleador para renovar otro año”. 

Chloé Peyronnet es jurista especializada en políticas migratorias de la Unión Europea por la Universidad Paris-Panthéon-Assas y ofrece un análisis similar: “Los migrantes son útiles en tanto conforman una mano de obra flexible para trabajos precarios que los franceses no están dispuestos a hacer y mientras se les impide desarrollar una vida privada”. 

Otro de los aspectos que no convence a los sectores más progresistas tiene que ver con la concesión de estos permisos de residencia con un nivel mínimo de francés, “y no solo a la asistencia a la formación” o sin prever “ninguna excepción relacionada con la edad, el estado de salud, la discapacidad o la particular vulnerabilidad económica”, ha sostenido la Defensora de los Derechos, Claire Hédon, en un dictamen que recogido por el diario Libération.

Aumento de las expulsiones

La segunda parte de esta ley está vinculada con el endurecimiento de las políticas de expulsión, reduciendo las instancias de apelación de 12 a 4 y abriendo la puerta a que los expedientes no tengan que viajar necesariamente a París, sino que puedan ser evaluados en otros puntos. El atasco burocrático que esta norma pretende frenar tiene que ver, según explica Peyronnet, con los “procedimientos legales que el mismo Gobierno ha creado, obligando a que los migrantes reclamen documentos que se les tendrían que haber sido entregados a tiempo”. 

Francia ha incrementado en un 15% las expulsiones de su territorio en el último año, aunque todavía no alcanza cifras anteriores a la pandemia. El proyecto de reforma, la número 30 en 40 años, está vinculado sobre todo a quienes hayan cometido un delito. “Necesito esta ley para expulsar a 4.000 inmigrantes delincuentes”, se expresó el ministro Darmanin en la cadena de televisión CNews. 

Organizaciones humanitarias como Utopia 56, que conocen la realidad palpable de la migración, advierten de las consecuencias de los discursos que relacionan migración y delincuencia, estrategias de deshumanización que terminan por crear abismos entre la experiencia de los migrantes y las propuestas normativas debatidas en los órganos de Gobierno. Realidades cada vez más divididas en Francia. 

Madrid amanece en la terraza del hostal América, donde Wilfredo Robles (52) se encoge de frío dentro de su abrigo. “Soy el abogado que el sistema repudia”, se define. Líderes sindicales, campesinos, maestros… fueron ellos quienes, ante el encarcelamiento del expresidente de Perú Pedro Castillo, propusieron a Robles para afrontar la defensa. El entonces líder se enfrenta, entre otras acusaciones, al presunto delito de rebelión por el que la Fiscalía ha decretado 18 meses de prisión preventiva. 

Con cinco presidentes en los últimos cuatro años, desde el pasado 7 de diciembre Perú afronta una nueva crisis política tras la llamada a disolver el Congreso y formar un gobierno de excepción por parte del expresidente. Todo ello el día en el que se iba a votar su tercera moción de censura en año y medio de mandato. 

Castillo no contó con el apoyo de su gabinete, que dimitió en masa y votó junto a la derecha por su destitución. Fue arrestado por su propia guardia y encarcelado. La entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la jefatura del Gobierno despertando la furia de una masa rural e indígena que había visto en Castillo, maestro sindical, una grieta para romper con décadas de poder racista y elitista concentrado en la capital. Las protestas ya suman casi 60 muertos y cerca de 1.300 heridos. Este jueves, el Gobierno peruano ha retirado a su embajador en Colombia por las “continuas expresiones injerencistas” del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha criticado abiertamente la represión. El mes pasado, Boluarte hizo lo mismo con su embajador en México y criticó la actitud de su presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Las movilizaciones, que empezaron en el sur y se han ido desplazando hacia Lima, dan ahora cierta tregua al país. Con este contexto de fondo, Robles, abogado defensor de Castillo, recibe a ElDiario.es durante una breve escala en Madrid desde Ginebra, donde expuso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sus argumentos a favor de la excarcelación de Castillo y contra lo que denomina un “genocidio” perpetrado por el Gobierno de la actual de presidenta Dina Boluarte. 

Antes de la maniobra de Castillo, la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, había acusado al entonces presidente de liderar  una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Usted rebate el marco del autogolpe. ¿Qué ocurrió entonces el 7 de diciembre? 

Pedro Castillo sabía que ese día lo iban a sacar, tenía información de que la derecha tenía los votos y por eso se anticipa y lanza un mensaje de toma de posición frente a los suyos. Según el artículo 134 de la Constitución peruana, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso cuando dos gabinetes son rechazados. El Congreso nunca estuvo de acuerdo con ninguno y en la práctica socavaba sus funciones. El golpe ha venido del otro lado.

¿Cómo articula la defensa de Castillo por el cargo de rebelión? 

Asumo que es una defensa jurídica, pero también política, en sintonía con las posiciones de la masa de campesinos que reivindican la voluntad popular. Estamos defendiendo una causa justa, Pedro Castillo no ha cometido ningún delito. No hay rebelión porque no hay alzamiento en armas, y no hay flagrancia como dicen porque no existe delito. 

Existe una usurpación de funciones por parte de la Policía, ya que la orden de detención tiene que darla un juez. Además, llevaron directamente a Castillo ante el sistema penal sin respetar el antejuicio, que en este caso implicaría un proceso ante el Congreso en el que tendría tres días para articular su defensa y habría una votación. 

Esto indica que no existe Estado de derecho en Perú, lo que se confirma cuando cientos de campesinos son detenidos y llevados a prisión preventiva sin haber cometido delito, tan solo por marchar. Sin Estado de derecho estamos ante lo que se conoce como una dictadura, lo que nos traslada a un escenario en el que la defensa de Castillo implica una defensa política. 

Cabe remarcar que esta dictadura es producto de un golpe de Estado de largo aliento que empezó antes de que Pedro Castillo asumiera el poder, cuando la coalición de la derecha, que como candidata lleva a la hija del dictador Fujimori, no aceptó el resultado e hizo una serie de jugadas y presiones a los jueces para que declararan fraude y se abrieran investigaciones. Y una vez tomado el mando el 28 de julio de 2020 a Pedro Castillo lo han demolido todos los días desde el Congreso y los medios de comunicación. 

Al poco de su visita a Ginebra, Naciones Unidas otorgó al Gobierno peruano un plazo de 60 días para que diera las oportunas explicaciones por el uso excesivo de la fuerza y la muerte de decenas de manifestantes. 

Es un avance porque es la primera vez que un organismo internacional ha mostrado preocupación por la situación en Perú. Sobre todo teniendo en cuenta que la Organización de Estados Americanos (OEA) nos ha cerrado las puertas. Que nuestro organismo regional es parcial se demostró en enero, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la OEA vino a Perú a condenar que las protestas se habían vuelto violentas, pero no condenó los asesinatos ni pidió asumir responsabilidades a la señora Boluarte, a la que simplemente aconsejaron pedir disculpas. Al día siguiente de que las pidiera había nuevas matanzas. Esta connivencia de la OEA con la dictadura coincide con la posición de Estados Unidos, que está respaldando la dictadura y las matanzas. 

Los casos de corrupción acorralan a Castillo, a quien la justicia peruana ha dictado una segunda medida de prisión preventiva por tres años. ¿Qué futuro le espera al expresidente? ¿Podría presentarse a unas futuras elecciones? 

El llamado a nuevas elecciones ha sido hábilmente manejado por la dictadura para dos cosas: tratar de consagrarse y abortar la insurgencia popular de los campesinos, que no pedían nuevas elecciones, sino la restitución del presidente defenestrado. 

El Perú está viviendo su propio Maidán, retrocediendo a antes de la intervención militar rusa con la única diferencia de que en el Donbás pudieron armar algunas milicias para defenderse pero en el Perú son piedras contra fusiles de asalto, contra un poder de fuego tremendo. Nos están haciendo un apartheid. 

El pueblo, la masa campesina movilizada se está enfrentando sola una dictadura que cuenta con todas las instituciones a su favor, no tiene ni el apoyo de los partidos políticos porque son de Lima y están calculando de dónde sacar ventaja. Tengo optimismo en que Pedro y el pueblo peruano no se dejarán doblegar por esta derecha fascista y no habrá un retroceso a una etapa muy oscura de la historia del Perú. 

Aquella mañana del nueve de mayo, Mohamed, de apenas nueve meses de vida, fue el primero en ser puesto a salvo. Más de doscientas personas que pretendían atravesar el Mediterráneo Central en dos embarcaciones de goma fueron socorridas por los equipos de Médicos Sin Fronteras. 

En la noche del día siguiente, después de horas de búsqueda en la oscuridad, la ONG logró dar con otro millar de migrantes que viajaba en dos pateras a la deriva. El 11 de mayo, dos días después del comienzo de la operación, casi otro centenar de personas fueron rescatadas dentro de aguas maltesas, cuyas autoridades competentes no tomaron ninguna iniciativa para auxiliar a las precarias balsas de madera, según denunció la ONG.

Al cierre de un año que ha visto aumentar en un 50% el tránsito en la ruta del Mediterráneo Central, frente a las costas libias, rescates como el de Médicos Sin Fronteras son los que el Gobierno de extrema derecha italiano trata de evitar a través de un reciente decreto que busca ahogar la labor de las organizaciones de salvamento. 

El primer decreto del Gobierno italiano del 2023 estipula, entre otras medidas, que las ONG deben requerir un puerto de desembarco inmediatamente, desde el momento en que realizan el primer rescate, previniendo que puedan socorrer a varias embarcaciones; pide que sean las propias organizaciones quienes recojan a bordo datos de los posibles solicitantes de asilo, información que deberán entregar al país de bandera para ser tramitada; y establece multas administrativas de hasta 100.000 euros para quienes no se ajusten a la norma.

“Italia está jugando con las cartas marcadas”, señala Íñigo Mijangos, presidente de la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario, armadora del Aita Mari. Mijangos señala una “doble trampa” del nuevo ‘código de conducta’: “En ningún caso Italia puede imponer qué hacer a un barco con bandera de otro país y en aguas internaciones, así que se dota de un marco propio con el que justificar una posible sanción”. 

Barcos como delegaciones

Las ONG consultadas responden de una manera similar: ya existe legislación internacional, aprobada por todos los Estados, que regula el comportamiento en el mar. ¿Qué ocurriría si, de camino al puerto asignado, el barco humanitario localiza a otra patera o recibe un aviso de que hay una embarcación cercana en peligro? El Derecho obliga al socorro y pena su omisión. Habrá que observar, dicen las organizaciones, qué respuesta dará Italia cuando ocurra un caso similar.

Recoger información de los potenciales solicitantes de asilo es otro de los puntos clave del nuevo decreto. Ante la falta de definición de este mandato, las organizaciones desconocen cómo pretende el Gobierno italiano que una organización desarrolle en alta mar una labor asignada a la Administración. “No tiene sentido convertir a los barcos en una delegación de ACNUR”, señala casi con ironía Oscar Camps, presidente de Open Arms. 

Aunque la norma italiana no especifica cómo podría llevarse a cabo esta tarea ni propone facilitar recursos a las organizaciones, las ONG destacan las dificultades de llevar a bordo un equipo jurídico y de interpretación suficientes para tomar declaración a posibles refugiados. Además, las personas rescatadas llegan al barco muy nerviosas y exhaustas. En ese momento, acaban de salvar su vida tras un complicado proceso migratorio, muchas veces cargado de sucesos traumáticos. Los expertos inciden en la necesidad de darles tiempo y un espacio tranquilo para contar las razones de su huida. 

Puertos lejanos

El aspecto que más dificulta la labor de las organizaciones de rescate no aparece por escrito en el decreto: la autorización de puerto para el desembarque en zonas muy alejadas, lo que las empuja a la tripulación a destinar varios días extra de navegación, con el consiguiente desgaste para las personas rescatadas, pérdida de tiempo ante posibles avisos de barcas en riesgo y el aumento de gastos.

“A bordo llevamos a personas muy vulnerables que han sido expuestas a todo tipo de sufrimientos y requieren de atención médica y psicológica. No solo es cruel alargar este dolor con días de más en el mar, sino que puede acarrear verdaderos problemas de seguridad y salud para estas personas. La deshidratación tras varios días de mareos y vómitos, algo muy normal en el mar, puede provocar incluso la muerte”, señala Axel Steier, miembro de la junta directiva de la alemana Lifeline.

Italia ha cambiado la política de puertos cerrados del que fuera ministro de Interior, Matteo Salvini, por una de “puertos lejanos” con Meloni. Alegando motivos de saturación en los centros de recepción de Sicilia o la parte sur de la bota, ya no prohíbe el desembarco sino que los autoriza en zonas alejadas, en la costa norte del país. 

“De esta manera, se consume tiempo y combustible, y tienen a los barcos el máximo posible fuera de la zona de búsqueda, con lo que evitan nuevos rescates y testigos en el mar”, continúa Camps. En definitiva, se trata de ir sumando trabas burocráticas para minar “el músculo económico” de las organizaciones humanitarias, añade Miganjos.

Esta política no es exclusiva del Gobierno italiano. Los dos barcos de rescate de bandera española, Open Arms y Aita Mari, denuncian controles excesivamente rigurosos y más frecuentes en sus naves que en otro tipo de flotas. Entre 2018 y 2019 sus buques permanecieron bloqueados durante meses en España por orden del Ministerio de Fomento español.

Políticas de desgaste

La nueva normativa no sorprende a las ONG de rescate, ya que es interpretada como una prolongación de las políticas de desgaste que llevan ejerciendo los diferentes gobiernos italianos, muchas veces en colaboración con la Unión Europea: antes de la llegada de Salvini, ya en julio de 2017, el Gobierno italiano impulsó un código de conducta para controlar las operaciones de las ONG en el mar que, según Camps, ya se cumplía y que solo pretendía dar la imagen de desorden de los barcos de rescate. 

Posteriormente, llegaron las polémicas y radicales medidas de Matteo Salvini, entonces ministro de Interior, tratando de cerrar todo acceso a los barcos de rescate, a los que castigaba con secuestros injustificados que prolongaba en el tiempo agotando los plazos de respuesta burocráticos. El tiempo ha puesto a Salvini en el banquillo en el Juicio de Palermo, acusado entre otros cargos de ‘secuestro de personas’ tras impedir por casi 20 días el desembarco de 163 personas a bordo del Open Arms en agosto de 2019. 

La labor de las ONG no fue fácil, tampoco, tras la salida de Salvini como ministro del Interior, en la época anterior a la llegada al poder del nuevo gobierno de extrema derecha, según explica Mijangos, de SMH: “No ha habido cuartel, y aunque el lenguaje ha cambiado, la pandemia ha servido como excusa: imponiendo grandes cuarentenas y exagerando los tiempos de espera”. 

Mijangos habla de “aprendizaje” por parte del Gobierno italiano. “Ha seleccionado lo peor de todo lo anterior”, añade. Según destaca, mientras antes las sanciones se tramitaban por la vía penal, ahora se producen por los canales administrativos. Este cambio tiene dos consecuencias, sostienen las ONG. Los costes económicos generados tienen efectos inmediatos y, a su vez, son menos mediáticas, menos visibles. Las campañas de descrédito también afectan a la imagen de las organizaciones, que dependen de donaciones.

Ahora toca esperar, aseguran las organizaciones, a que Italia ponga en marcha esta normativa, a que surjan las primeras fricciones entre el decreto y la ley internacional, a la que siguen amparándose los capitanes. “A corto plazo ellos (el Gobierno italiano) salen ganando con esta resolución, pero no podrán hacerlo a largo plazo porque es completamente ilegal y el tiempo nos dará la razón”, sentencia Camps.

Los comercios empiezan a desperezarse y ya hace rato que en los bares se sirve café en las avenidas principales de Tatuapé, un barrio de clase media situado en el este de Sao Paulo. Aquí, las casas de una planta con fachadas coloreadas y marañas de cables de tendido eléctrico descansan bajo la sombra cercana de rascacielos residenciales. Con 168 metros de altura, en este barrio está construido el edificio residencial más alto de toda la ciudad. 

Encajonado entre el río Tieté y la avenida Salim Farah Maluf, una de las arterias principales de Sao Paulo, Tatuapé ostenta el título de haberse convertido en el barrio más bolsonarista de la ciudad después de que en las pasadas elecciones el 59,06% de los votos fuesen a parar al rival del actual presidente, Lula Da Silva. 

Es complicado, sin embargo, dar con vecinos del barrio durante esta mañana de martes que amenaza con lluvia. Casi todos los que pasean por la zona son trabajadores que vienen de otros puntos de la ciudad, como Matteo, comercial y votante del expresidente Jair Bolsonaro. Matteo asegura que rechaza la violencia del asalto a las instituciones democráticas del pasado domingo por parte de bolsonaristas radicales. “La Constitución garantiza el derecho a manifestarse, pero entrar a la casa de todos y destrozarla de esa manera… Ahora Lula es mi presidente, y yo rezo para que tenga un buen Gobierno”, dice. 

Unas cuantas manzanas más adelante, Carlos fuma en la puerta de la cafetería de su primo. “Yo soy bolsonarista y él es petista [votante del Partido de los Trabajadores, de Lula]”, ríe. Llegó a Tatuapé hace dos años para trabajar en una gasolinera y cuenta que votó al candidato de la extrema derecha porque concuerda con los valores tradicionales que representa, pero también está en contra de las “mentiras y la corrupción” que para él encarna Lula. 

En su línea discursiva trumpista, una de las ideas antidemocráticas que alimentó Bolsonaro antes incluso de las elecciones fue la de fraude electoral. En este barrio paulista, pocos suscriben esta teoría, aunque sí se escucha la tesis de que el asalto violento a los tres poderes fue obra de infiltrados de izquierda que buscaban desacreditar a la derecha. “Creo que las elecciones fueron justas, pero sí pienso que el golpe estaba preparado: cuanto peor para nosotros, mejor para ellos”.

Los votantes bolsonaristas en Tatuapé rechazan la violencia del domingo y piden acatar las normas democráticas: Darsi, jubilada que optó por el expresidente porque ella es “una señora de derechas”, dice no estar conforme con “la forma en la que se hicieron las cosas”; o Paulo, gerente de una perfumería que tiene un discurso con los elementos más estridentes del trumpismo brasileño, marca su apoyo a “las manifestaciones, pero no la violencia”. 

En la zona cero del bolsonarismo en Sao Paulo también conviven discursos exaltados como el de Enrique, con una retórica capaz de relacionar China y Venezuela en una frase. Enrique califica el asalto del domingo de “turba del PT [Partido de los Trabajadores]” y, al ser preguntado por si desea la vuelta a una dictadura, contesta con evasivas. “Yo quiero una democracia, pero en la que exista la libertad de expresión”, dice. 

“Creían que Bolsonaro les haría ricos”

Capital económica de uno de los países más desiguales del mundo, en Sao Paulo Lula ganó con el 53,54% de los votos, imponiéndose en 35 de 58 zonas electorales. Los comicios de octubre de 2022 dejaron un mapa marcado: rojo en la periferia, las zonas más desfavorecidas donde además suele vivir la población no blanca; mientras que el electorado de Bolsonaro ocupa el centro y el noreste del plano, polos financieros dotados de mejores infraestructuras y acceso a servicios. 

Los vecinos cuentan que Tatuapé ha crecido mucho en los últimos años, aprovechando su cercanía al centro y dotación de transporte público. “Las zonas ricas del noreste han empezado a expandirse hacia aquí y a las nuevas construcciones han empezado a llegar muchas familias de clase media”, dice Lucila, comercial inmobiliaria de 63 años que lleva varias décadas en el barrio y decidió no votar en las pasadas elecciones. 

“Este es un barrio de 'pobres metidos a ricos', por explicarlo de forma coloquial”, dice Marcel, de 58 años, que ha vivido en el barrio toda su vida y tiene una ferretería. “Esta es una zona de clase media que se ha creído el cuento de que Bolsonaro les haría ricos”, dice, y confiesa que votó a Lula sin ganas para evitar otro mandato de Bolsonaro. 

En la calle muchos no quieren opinar. “Estamos confundidos, no apoyamos ni una cosa ni la otra”, dice sin dejar de caminar una pareja. Dos palabras se repiten en los mensajes tanto de los votantes de Lula como de los abstencionistas: vergüenza y vandalismo. “El día de la elecciones mi madre salió con una camiseta roja y yo me preocupé mucho, la gente está muy nerviosa y nunca sabes qué puede suceder”, dice Catherine, actriz y psicóloga progresista. 

“Lo que ocurrió fue lamentable para la imagen de Brasil y no tiene que ver con el pueblo sino con luchas de poder”, coinciden Silvia y Joao, que en las elecciones de 2018 votaron a Bolsonaro, pero cambiaron su sentido de voto en las de 2022, decepcionados. “Si el voto fuera secreto quizá no estaría ocurriendo esto. Brasil siempre fue un pueblo unido, de acogida, y ahora estamos perdiendo el tiempo con esto. La política cada vez se parece más al fútbol”, dice otra pareja que pide no ser identificada. 

Brasil el día de después. Cómo amanece un país tras un asalto a sus instituciones democráticas. “Con ansiedad y desesperanza”, contesta Gabriela Santos, artista audiovisual de 22 años que durante la tarde del lunes sumó su grito al de decenas de miles de personas, hasta 70.000 según los organizadores, en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil. 

“Necesitaba marchar rodeada de personas que piensan, como yo, que esto no puede suceder. Y llenar las calles para decirles que a pesar de lo de ayer, podemos con ellos”, continúa con voz firme. Lo de ayer fue el asalto —y destrozo— al Congreso, al Tribunal Supremo y al Palacio de Planalto, sede del ejecutivo brasileño, por parte de miles de bolsonaristas radicales portando pancartas que pedían una intervención militar. 

La respuesta no tardó en llegar, con la convocatoria en al menos 16 capitales de estado de multitudinarias manifestaciones en repulsa al avance de la extrema derecha y en favor del sistema democrático de Brasil. “Somos democracia”, señalaba uno de los carteles que inauguraba la manifestación en Sao Paulo, que ha comenzado sobre las cinco de la tarde su recorrido por la avenida Paulista, símbolo cultural de la ciudad. 

En Río de Janeiro, miles tuvieron que sacar el paraguas al ritmo del himno nacional en la plaza de Cinelandia, el espacio habitual de concentraciones. Aunque con menos afluencia, las marchas también han tenido reflejo en el sur, más rico y cercano a la derecha, en ciudades como Santa Catarina, Florianópolis. 

Miles de gorras, camisetas o banderolas rojas (incluso los tambores de las batucadas y sambas eran rojos), color en apoyo al presidente Lula Da Silva, que tomó posesión hace apenas una semana, han coreado el mismo eslogan en las principales ciudades del país: “Sin Amnistía”. Ni para los más de 1.200 detenidos que el domingo arrasaron el corazón democrático de Brasil, ni para el expresidente Jair Bolsonaro, que está hospitalizado en EEUU con dolores abdominales y a quien Lula señaló como “responsable” de lo ocurrido. 

Tamikua Txihi pertenece al pueblo originario de Jaragua de Sao Paulo y dice acudir a la manifestación para defender a América Latina del “virus del fascismo”: “Fue en Bolivia en 2019, en Perú y ahora en Brasil. No vamos a dejar que nos maten más de una vez, Bolsonaro es un virus contaminante que acaba con la vida”. 

“Los más ricos quieren volver al pasado”

Muy jóvenes y de clases sobre todo populares, el fracasado intento de golpe ha hecho despertar miedos escondidos en la memoria colectiva y muchos manifestantes han hecho alusión al periodo dictatorial que desde 1964 hasta 1985 ensombreció Brasil. “Los más ricos quieren volver al pasado, para que el pueblo no hable. Por eso decimos ‘Dictadura nunca más’”, denuncia Amanda Bispo, representante de Unidad Popular. 

“En Brasil han intentado acabar con la democracia otra vez. Ya ocurrió en 2017 con el impeachment de la presidenta Dilma y no podemos permitir que esto ocurra de nuevo. Tenemos que salir a la calle para demostrar que somos más que ellos y estamos más organizados”, opina Gabriel Oliveira, de 19 años, miembro del Frente Nacional Antirracista. 

Puño en alto o formando una “L” con los dedos, las manifestaciones han sido convocadas por sindicatos de estudiantes, colectivos antirracistas y movimientos sociales feministas y por los derechos de las personas LGTBI, coordinados desde las pasadas elecciones en grupos antibolsonaristas. A ellos se han unido hinchas de equipos de fútbol. 

“Estamos por la democracia y contra el fascismo”, apunta Mirali, bibliotecaria de 26 años, un eslogan con el que todos en las marchas parecían concordar. “Brasil eligió a Lula y Lula será quien gobierne”, sentencia Beatriz Blanco, de la Banca Feminista.

Una fecha queda marcada en el calendario de este año que termina: 24 de junio. Aquel día, al menos 23 personas perdieron la vida en su intento de saltar la valla de Melilla, y cientos más fueron devueltas en caliente. Seis meses después, persisten varias preguntas sobre la tragedia.

2022 será recordado igualmente como el año en el que la guerra volvió a estallar a las puertas de Europa, desbordando la crisis energética y alimentaria mundial. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, se ha activado el mecanismo de acogida automática a refugiados que huyen de la invasión de Ucrania ordenada por Vladímir Putin. 

La guerra en Ucrania detonó el desplazamiento de personas de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial: algunos prepararon la maleta nada más escuchar las primeras explosiones del 24 de febrero, otros esperaron hasta creérselo del todo, hay quienes pasaron días atrapados en filas kilométrica de coches, y quienes decidieron abandonar su vehículo y caminar a pie. Algunos aguantaron hasta que no pudieron más.

En cifras y más allá de Ucrania, según la ONU, en 2022 se han superado los cien millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, y ha sido el año en el que más niños y niñas se encuentran en necesidad de ayuda humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. 

Con más sombras que luces, esta selección de los eventos más relevantes que han marcado el año en clave de derechos humanos deja algunas ausencias, así que invitamos a los lectores a que sigan compartiendo en los comentarios y redes sociales los hechos determinantes ocurridos en este 2022 que pronto dejamos atrás.

1. La tragedia de Melilla

Fue el 24 de junio muy pronto en la mañana. Las autoridades marroquíes habían desalojado los días anteriores los campamentos de migrantes en las inmediaciones de la valla, en Nador, y más de 2.000 personas se dirigieron a la alambrada, con el objetivo de cruzar a España. Muchos eran sudaneses, una nacionalidad que potencialmente puede recibir asilo. 

133 personas lograron cruzar a la ciudad autónoma, pero al menos 23 fallecieron -40 según las ONG- y cientos resultaron heridas por una intervención policial que incluyó devoluciones en caliente desde el lado español al marroquí, golpes, pedradas y lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno en espacios muy reducidos, según el testimonio de los supervivientes y el relato de diversas investigaciones periodísticas. 

Desde Casablanca, varios migrantes que habían sobrevivido al salto, entre ellos algunos que afirmaban ser menores, contaron a ElDiario.es haber devueltos “en caliente”, a pesar de que algunos se encontraban heridos o incluso “inconscientes”. Una investigación de Lighthouse Reports confirmó que al menos había una persona fallecida en suelo español, a pesar de que el ministro del Interior insistiese en que no sucedió ningún “hecho trágico” en Melilla.

Pese a las acusaciones de organismos internacionales y peticiones de la Comisión Europea y de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía ha decidido archivar la investigación sobre las muertes, exonerando de cualquier responsabilidad a Interior, la Guardia Civil y los agentes que estuvieron ese día sobre el terreno. 

2. Destrucción y resistencia en Ucrania  

El 24 de febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la invasión de Ucrania. La aparente superioridad de Moscú hizo pensar a muchos analistas que el conflicto se dirimiría rápido. Diez meses después del comienzo de la invasión, miles de vidas perdidas y sin solución diplomática a la vista, se calcula que Ucrania ha recuperado la mitad del territorio capturado por Rusia.

Mientras las tropas de Putin intentan mantener el territorio conquistado al este y el sur y la lucha se centra ahora en el Donbás, en la parte oriental del país, muchas voces acusan a Rusia de utilizar el invierno como arma lanzando misiles sobre las infraestructuras energéticas, provocando apagones en todo el país en pleno invierno. Se ha documentado ampliamente la destrucción, ataques que no distinguen entre civiles y combatientes, tortura, detenciones ilegales que ha dejado a su paso la ofensiva rusa; y expertos independientes enviados por la ONU han constatado que se han cometido crímenes de guerra.

La guerra en Ucrania ha dejado algunas de las imágenes más duras de este año, como las de la masacre de Bucha, descubierta tras la marcha de las tropas rusas, o la de un padre agarrando la mano de su hijo muerto en los bombardeos de Járkov. Pero también hemos conocido historias sobre la resistencia del pueblo ucraniano en una guerra que parece interminable. A corazón abierto y apenas alumbrado por linternas, cirujanos como Borys Todurov operan en mitad de los apagones. La psicóloga Oksana Sliepova intenta combatir el trauma de los más pequeños en Kiev. Tras refugiarse en Moldavia, Margo, de 10 años, regresó al emblemático teatro de Odesa, en su ciudad, para actuar como bailarina principal. 

La invasión rusa ha provocado una oleada de solidaridad internacional nunca vista, haciendo que la Unión Europea activara por primera vez en su historia la directiva de protección para asegurar la protección de los refugiados, que según los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ascienden a 7,8 millones. El Ministerio de Interior español activó un sistema inédito para que los desplazados puedan tramitar de forma exprés en 24 horas la protección temporal. La sociedad civil se ha volcado con la acogida de refugiados: caravanas de vehículos atravesaron Europa para llevar ayuda humanitaria y trasladar personas.

3. Las otras guerras olvidadas

Mientras la invasión rusa ocupa titulares, otros conflictos que perduran en otras partes del mundo parecen pasar más desapercibidos, y varias voces han criticado lo que consideran un doble rasero de Occidente. Se han establecido comparaciones, por ejemplo, con otra guerra reciente, la de Siria. La académica Leila Nachawati recogía en este análisis la reflexión del periodista sirio y fundador de Baynana Okba Mohammad: “24 horas para dar papeles a los refugiados ucranianos en España. En mi caso, han tardado dos años y cinco meses para responder, aunque también llegué de una guerra con Rusia”.

Las partes enfrentadas en la guerra que desde hace dos años asola la región etíope de Tigray, en Etiopía, uno de los lugares donde mayor peligro corren los trabajadores humanitarios, firmaron en noviembre un alto al fuego permanente después de un fuerte recrudecimiento de la violencia y la hambruna, que ha dejado miles de muertes y millones de desplazados. En Palestina la violencia ha aumentado este 2022 con cifras de muertes no vistas en años, según Naciones Unidas, que destaca la especial vulnerabilidad de los menores en un conflicto cada vez más alejado de una resolución pacífica.  

Yemen lleva siete años en guerra y las hostilidades en el país no cesan. En mayo, un informe de Amnistía Internacional, el European Center For Constitutional and Human Rights (ECCHR) y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que se basaba, en parte, en las revelaciones que elDiario.es, denunció la connivencia de empresas españolas en lo que se consideran crímenes de guerra, como te contamos aquí. 

La violencia de las milicias y el impacto de la crisis climática, en Mozambique han provocado el desplazamiento interno de más un millón de personas y miles de muertes en Cabo Delgado, una lucha que ya avanza hacia su sexto año de escalada. Además de las inundaciones en Pakistán, que anegaron más de un tercio del país y mataron a más de 1.200 personas, el cuerno de África se enfrenta a su peor sequía en los últimos 40 años, con 20,5 millones de personas en riesgo de hambre severa en Etiopía, Kenia y Somalia.

4. Qatar: un Mundial bajo la lupa 

Apodado como 'el Mundial de la Vergüenza', la Copa del Mundo de fútbol en Qatar empezó con mal pie y bajo un intenso escrutinio. Motivos no sobraban: estadios levantados con la muerte de trabajadores migrantes en las peores condiciones, huella energética y las leyes represivas contra las mujeres, el colectivo LGTBI y contra la libertad de prensa. 

Las luces del Mundial se apagaron bajo el estallido del caso Qatargate, la trama de corrupción y sobornos dentro de la Unión Europea con la que el Gobierno de Qatar pretendía mejorar su imagen internacional, y que apunta también a Marruecos. 

En el terreno de juego, uno de los ganadores indiscutibles de este año ha sido Marruecos, cuya selección llegó a la final, y la afición de los países árabes, quienes por primera vez se han visto representados y reconocidos en un mundial que nunca antes había tenido lugar en un país de Oriente Medio. 

5. El giro de España sobre el Sáhara Occidental

En un momento en el que toda la atención se dirigía al reciente estallido de la guerra en Ucrania, en marzo de este año, el presidente Pedro Sánchez daba un giro de 180 grados muy criticado a la política exterior de España, dando por buena la posición de Marruecos con respecto al Sáhara Occidental. 

Las relaciones con el país vecino no estaban totalmente restablecidas, y en una carta enviada por Sánchez al rey Mohamed VI,  el presidente se aseguró que la propuesta de un régimen de autonomía para el Sáhara que Marruecos hizo en 2007, que descarta la convocatoria de un referéndum como exige Naciones Unidas, es la “más seria, realista y creíble” para la resolución del conflicto. 

El giro de la posición española ocupó las conversaciones en los campamentos saharauis de Tinduf. Varios refugiados no mostraron gran sorpresa, pero sí indignación hacia lo que consideran una “doble traición”, como te contamos aquí.

6. Del canal de la Mancha al Tapón del Darién

Parte de la atención este año se ha centrado en el Canal de la Mancha, que separa a Francia de Reino Unido, que miles de personas tratan de cruzar escondidas en el interior de camiones a través del Eurotúnel o en precarias embarcaciones atravesando el transitado canal comercial. Este año 45.000 personas lo han cruzado en pequeñas embarcaciones, un fuerte incremento si se compara con el año pasado, 28.500, que ya triplicó las cifras del anterior. 

En un intento de lidiar con los flujos migratorios, durante este 2022 convulso para los tories, el Gobierno británico trató enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, donde deberían, en teoría, esperar mientras se tramita su petición, un plan que encendió todas las alarmas y no tardó en suscitar acciones legales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) paró el primer vuelo en junio. De momento no ha habido más intentos. El Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, que fue el primer miembro de la UE que comenzó a revocar permisos de residencia a ciudadanos sirios, planea una medida similar.

Este año también se ha cobrado la vida de 2.005 personas en su intento de cruzar el Mediterráneo, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). En nuestras fronteras, la ruta hacia Canarias sigue siendo la más mortífera, según el último informe de Caminando Fronteras. En los últimos cinco años, en total, 11.286 personas han perdido la vida en su intento de migrar a España, según los últimos datos de la ONG, que cuenta con un sistema telefónico de alertas al que acuden migrantes en riesgo o sus familiares. Esto equivale a seis muertes cada día.

Además, un informe de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) ha constatado el encubrimiento de malos tratos y devoluciones en caliente en el mar Egeo por parte de los funcionarios de la agencia de fronteras, Frontex.

Los flujos migratorios se suceden también al otro lado del océano y un nombre resuena con crudeza en mitad de la desesperación de miles de venezolanos y haitianos que huyen de la miseria: el tapón del Darién. La selva en el sur de Panamá, colindando con Colombia, siempre fue una ruta poco transitada por su peligrosidad de subida al norte, al sueño estadounidense. Sin embargo, este año ha visto como miles de personas la han transitado.

En EEUU, los estados conservadores del sur del país, ante la llegada de migrantes sin más posibilidad que quedarse en las calles, están montando a las personas en autobuses y enviándolos a estados progresistas, e incluso a la casa de la vicepresidenta, Kamala Harris. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado mantener, de momento, una polémica norma aprobada por Donald Trump durante la pandemia para expulsar de manera inmediata a migrantes en la frontera.

7. Mujeres en primera línea en Irán

El rostro de una mujer iraní es el símbolo de las protestas que este año han dado la vuelta al mundo. La historia es de sobra conocida. Mahsa Amini, kurda de 22 años, murió bajo custodia policial tras ser detenida por llevar mal puesto el velo obligatorio.

Las protestas estallaron en septiembre y se extendieron por todo el país, encabezadas desde un primer momento por mujeres jóvenes y bajo el lema de “Mujer, vida, libertad”, y piden la impugnación de todo el sistema político en Irán, fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979. Las hemos visto quitándose y, en algunos casos, quemando pañuelos, en un desafío al régimen.

Las autoridades iraníes han respondido con violencia y acoso. Según el Centro para Derechos Humanos en Irán, más de 400 personas han muerto y más de 18.000 manifestantes han sido detenidos. La ejecución pública de Majid Reza Rahnavard ha sido la segunda condena a muerte vinculada a las protestas.

8. Avances y retrocesos en los derechos de las mujeres

2022 termina con la mirada atenta a las mujeres afganas. Los talibanes hicieron de Afganistán uno de los países donde ellas sufren mayor represión en el mundo. La prohibición del acceso a la universidad y el veto a las trabajadoras humanitarias de ONG han sido las últimas medidas que han cercenado su libertad y derechos.

En materia de igualdad y derechos sigue quedando un largo camino por recorrer en todo el mundo. Estados Unidos ha sido uno de los protagonistas del retroceso de los derechos de las mujeres en 2022. Casi medio siglo después de la sentencia del Tribunal Supremo, que protegía el derecho al aborto a nivel federal, el alto tribunal controlado por una mayoría de jueces conservadores revocó la histórica decisión de 1973 Roe v Wade. 

Algunas buenas noticias han llegado desde Colombia. Una marea de pañuelos verdes salió a celebrar a las calles la despenalización del aborto hasta las 24 semanas, un triunfo de colectivos feministas tras meses de parálisis institucional de la norma. 

En Túnez, entretanto, las asociaciones feministas alertan de que el aumento de la violencia machista ha alcanzado “su punto más alto” y la nueva ley electoral ha relegado el principio de paridad de género. Y España ha acabado el año en alerta con diez asesinatos machistas en menos de un mes.

9. Luces y sombras para el colectivo LGTBI

El colectivo LGTBI ha sufrido también varios reveses y retrocesos en varios países este 2022. En Rusia, el Parlamento votó a favor de prohibir la “propaganda LGBT” entre adultos, e Indonesia ha penalizado las relaciones sexuales fuera del matrimonio, algo que prohíbe de facto las relaciones homosexuales, al solo ser legal el matrimonio heterosexual.

Desde Estados Unidos llegó una noticia positiva. La derogación de la protección federal del aborto provocó la movilización de la comunidad LGTBI, y culminó con la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un proyecto de ley que blinda el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo protege de la discriminación en caso de que el Supremo decidiera revocar ese derecho.

10. Fondo “histórico” para los vulnerables a la crisis climática

A horas de cerrarse sin ningún acuerdo, la cumbre anual del clima que se celebró en noviembre en Egipto aceptó al fin la creación de un fondo para paliar los daños que ya causa la crisis climática a los países más vulnerables.

El fondo, de momento, está vacío. Pero casi todas las partes consideran que la decisión de crearlo marca un hito porque se trata de que los estados que han generado el problema climático al enriquecerse –a base de emitir CO2 al quemar combustibles fósiles desde la revolución industrial–, aportarán recursos para compensar los daños que provocan las inundaciones, las sequías o ciclones provocados por la alteración del clima.

“Este resultado nos hace avanzar”, dijo Simon Stiell, Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático. “Es un resultado histórico que beneficia a los más vulnerables de todo el mundo”. Los países empobrecidos consiguieron así, tras años, que se atienda esta demanda. Por lo demás, apenas se avanzó en el recorte de emisiones de CO2 y para muchos, la COP27 no estuvo a la altura de la crisis medioambiental que amenaza el planeta.

Corría la primavera de 2017 en Madrid y remangándose la camisa, dejando al descubierto sus brazos totalmente coloreados de tinta, Cal casi reía: “Lo que más miedo me daba de que Dáesh pudiera secuestrarme en Siria es que me rasparían la piel hasta borrarme los tatuajes porque están prohibidos en su interpretación radical de la fe”. Tenía entonces 28 años y regresaba de pasar más de uno junto a las Unidades de Protección Popular kurdas, conocidas como YPG, la primera línea de defensa contra el ISIS en Siria e Irak.

La vasta geografía de aquellos campos rasos de cultivo en Siria le volvió a la cabeza hace apenas unos meses, cuando se adentraba en el frente de Jersón, ciudad clave del sur recuperada por Ucrania el 11 de noviembre tras una contraofensiva.

Cal, que ahora tiene 33 años, dice que es de origen escocés y prefiere no publicar su apellido, pertenece a una unidad dedicada al reconocimiento del terreno, la avanzadilla previa a la explosión de la artillería. A diferencia de lo que sucede en Siria, en Ucrania, en mitad de los campos ocupados, hay muchas zonas de bosque donde es fácil esconderse.

“¿Por qué la guerra otra vez?”, se hace él mismo la pregunta. Los kurdos, como los ucranianos, sostiene Cal, luchan para defenderse: para defender su tierra, su cultura, su lengua, su memoria. “Ningún bando es totalmente bueno o malo, tanto los kurdos como los ucranianos cometieron y cometen errores y no todos los que luchan por su causa son buenas personas, pero en ambos conflictos veo claramente quién sufre y quién se defiende”. “Al estallar la guerra, para mí, la decisión fue si prefería quedarme viendo aquello desde el salón de mi casa o si estaba en mi mano colaborar para evitar las muertes y que el conflicto acabara lo antes posible”, dice Cal desde Kiev en uno de esos ratos en los que el suministro eléctrico regresa a la ciudad.

Con las imágenes terribles de la masacre de Bucha en la retina, llegó en mayo a la capital ucraniana. Mientras que en Siria el paisaje le era ajeno, extranjero a ojos de un europeo, aquí, la arquitectura ucraniana, el modo de vida y la cultura de la población le resultan más cercanas y familiares.

“Esto está pasando en una ciudad europea que bien podría estar en Escocia, Alemania o España”, señala Cal, que es de Dundee, una localidad de tamaño mediano de la costa escocesa. Según explica, procede de una familia trabajadora y desde muy joven se independizó trabajando “de lo que iba encontrando”, desde la hostelería a la construcción.

elDiario.es no ha podido verificar de forma independiente los detalles de su relato, pero ha visto fotografías de su estancia en Ucrania y en Siria, y ha recibido detalles sobre las circunstancias ahora en Ucrania que concuerdan con sus explicaciones.

Legión internacional

Es complicado tener datos exactos del número y procedencia de los voluntarios y soldados internacionales que se han enrolado en las filas del Ejército ucraniano. Al comienzo de la invasión, el presidente Volodímir Zelenski anunció la creación de una “legión Internacional” y, en las mismas fechas, el ministro de Exteriores anunciaba que cerca de 20.000 personas de hasta 52 países ya se habían movilizado. Por su parte, Rusia publicaba que 16.000 soldados extranjeros se unirían a sus filas, la mayoría procedentes de Oriente Medio.

Cal se plantó en Kiev movido por un sentimiento más de curiosidad y aventura que de temeridad. Un impulso que, según él, es cercano al valor que pueda tener un periodista en zonas de guerra, ya que él quería comprobar de primera mano qué estaba pasando. “Es cierto que muchos chicos jóvenes vienen aquí queriendo experimentar un Call of Duty [un videojuego] en la vida real”, señala con fastidio.

También comenta las mentiras para justificar la invasión de Ucrania que se han difundido en Europa.

“No es cierto que Ucrania esté llena de nazis, como algunos sectores de la izquierda han dicho, me he encontrado con gente buena y trabajadora, de todas las ideologías, que luchamos por un objetivo en común”, explica.

“El 90% de la guerra es esperar”

A los pocos días de instalarse, Cal organizó equipos de formación en combate para los civiles que empuñaban un arma por primera vez. Puso en marcha un equipo de voluntarios internacionales curtido en conflictos como el de Siria o Afganistán a través del que recibían y repartían donaciones de material, organizaban escuadrones, enseñaban a disparar, estrategias de ataque y defensa y cursos de primeros auxilios.

Pero esta guerra era diferente. “Aquí no valen las técnicas de guerrilla o de combate físico que utilizábamos contra el Dáesh. Este es un enfrentamiento de artillería entre dos ejércitos profesionales y vimos que si queríamos instruir soldados para evitar bajas y colaborar en la defensa de los ucranianos, debíamos conocer la primera línea de batalla”, explica Cal desde el antiguo cine y sala de arte donde ha instalado la base de su organización, ‘Tactical Aid Group’ [Grupo de Asistencia Táctica].

Así que junto a dos exmarines estadounidenses contactó con el Ejército ucraniano y tras semanas de papeles y tener en sus manos un buen equipo de casco y chaleco antibalas, algo que ni podría haber soñado en Siria, puso rumbo a Mykolaiv, entonces la última ciudad antes de la región ocupada de Jersón, en el sureste de Ucrania.

Devastada por los misiles rusos y drones iraníes que atacan cada ciertas horas, Cal cuenta que “todo el que ha podido se ha marchado” de la ciudad, desde la que esperó instrucciones. “El 90% de la guerra es esperar”, dice Cal, que recuerda las horas muertas en los puestos fronterizos del Kurdistán, tomando té con mucho azúcar, fumando cigarrillos y haciendo turnos con los prismáticos por si en algún momento aparecía la bandera negra de los terroristas. Aquella batalla era más lenta, cuenta, “en una semana en Ucrania he escuchado más misiles que en un mes en Siria”, explica.

De Mykolaiv se desplazó por fin al frente, donde estuvo algo más de un mes. Aunque ahora repone fuerzas en Kiev, cree que volverá al frente en unos días y espera con eso dar por finalizada su experiencia en primera línea para seguir con su tarea de formar soldados en la retaguardia. Quizá vuelva a casa por Navidad —su madre sufrió tanto cuando marchó al Kurdistán que esta vez no le ha dicho dónde está, de ahí que no quiera mostrar su cara ni apellido en esta entrevista— y el año que viene trabajará sobrevolando zonas destruidas identificando necesidades para empezar la reconstrucción del país.

Las cosas se ven diferentes desde el terreno, pero como casi todos, ve con escepticismo un posible final a esta guerra. “Estamos presenciando un capítulo más del imperialismo ruso, un Estado que reúne muchos elementos para ser llamado fascista. Creo que la manera de parar a Putin es que su propia gente lo eche, pero los rusos están saliendo del país y no se sabe si existe una resistencia interna organizada”, lamenta. “La guerra es la peor experiencia que se puede tener en vida, claro que tengo miedo cuando voy al frente o cuando suenan las sirenas, pero siento que estar aquí es mi misión. Estoy hecho de esto y siento que tengo que estar del lado de los que se defienden”, dice Cal. 

Hasta en diez ocasiones intentó Abderramah Addam entrar a Marruecos desde Argelia. En la frontera con el país vecino, cuenta el sudanés, sufrió los efectos de lo que describe como una “estrategia de fatiga” contra su intento de migrar hacia la Unión Europea. “No te dan de comer, te dan líquidos para que sigas vivo pero débil: un poco de pan, suero... Cuando estás muy débil, te llevan a Níger”, dice el joven a elDiario.es en Casablanca, donde ahora aguarda una nueva oportunidad para llegar a España a través de Ceuta o Melilla. El territorio argelino se ha convertido en un punto clave, nada fácil de atravesar, para quienes acaban intentando entrar en España.

Muchos de los migrantes que tratan de alcanzar las costas españolas o las mortíferas vallas de sus ciudades autónomas pasan por Argelia, el país más extenso de África, opaco en su política fronteriza y protagonista de redadas y violentas deportaciones que tratan de frenar y obstaculizar el avance hacia el norte de migrantes y potenciales refugiados. 

Argelia y, en menor medida, la vecina Libia, devuelven forzosamente cada mes a Níger a más de dos mil migrantes procedentes de todas partes de la geografía africana. Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia que el 70% de las personas atendidas por sus equipos en Assamaka, la primera ciudad nigerina, han sufrido violencia y todo tipo de actos denigrantes por parte de las fuerzas de seguridad de cada país. 

Devoluciones

A Abderramah Addam lo devolvieron a Níger muy debilitado, según su relato. “Yo caminé por el desierto y logre volver a Tamanrasset (Argelia). Estuve a punto de morir, era verano, me moría de sed, caminé mucho, nadie me ayudaba. Llegué a un pueblo y me ofrecí a ayudar a una familia a cambio de agua. Estaba a 400 kilómetros para intentar ir a la frontera con Marruecos. Caminé 90 kilómetros y me encontré con un grupo de sudaneses. Paramos un coche que nos llevó a 50 kilómetros de la frontera y de ahí, fuimos en autobús”, recuerda el hombre, uno de los sudaneses que intentaron saltar la valla de Melilla el pasado 24 de junio, cuando al menos 40 personas fallecieron, según las ONG locales.

“La aventura de emigrar no es fácil. Te tratan como si fueras un animal”, relata a MSF una mujer retornada a Níger junto a su pareja, ambos de Camerún. Huyeron de su país en febrero de 2020, tras perderlo todo en un atentado. De Nigeria cruzaron a Níger y atravesaron Argelia, a donde fueron devueltos tras lograr cruzar la frontera con Marruecos. 

Fueron detenidos por la gendarmería argelina en el sur del país, en Tamanrasset, la ciudad con mayor población de migrantes subsaharianos por ser el primer punto de encuentro de los migrantes que llegan desde Mali y Níger. “Las violaciones empezaron allí [en Tamanrasset], cuando nos soltaron para volver a Assamaka”, narra con un hilo de voz el camerunés.   

Sin agua, apenas comida y en condiciones de hacinamiento, algunas personas pueden pasar varios días, e incluso semanas, en este trayecto que comienza con redadas en calles, viviendas y asentamientos, cuenta con paradas en centros de detención informales repartidos a lo largo del país —hay al menos seis, según Global Detention Project— y avanza hacia el corazón del desierto, donde se produce la expatriación.

Cada pocas semanas, en camiones y autobuses, la gendarmería argelina traslada a los migrantes en grupos que pueden superar el millar de personas. La expulsión se produce a 15 kilómetros de la frontera de arena con Níger, el conocido como ‘punto cero’, desde donde son forzados a terminar el camino de su deportación a pie. 

Las duras condiciones climáticas y la larga mochila de guerras, miseria y trabajo esclavo que arrastran la mayoría de los migrantes, hacen que muchos lleguen en “muy malas condiciones físicas y de salud mental, o incluso que se extravíen en esta parte del camino”, explica Daniel Remartínez, coordinador del proyecto de MSF en Níger. En diciembre del año pasado, un hombre sudanés falleció tras ser abandonado en el ‘punto cero’.

Los datos de MSF muestran que en 2021 se ejecutaron 27.208 deportaciones desde Argelia y Libia, un incremento del 17,40% con respecto a 2020 cuando, pese a que las fronteras debían estar cerradas por la pandemia, se devolvió a 23.175 personas. Entre enero y marzo de este año 2022, ya se han superado las 14.000 expulsiones a Níger: 6.749 personas eran extranjeras, 139 eran mujeres y 30 eran niños.

Las nacionalidades de estos migrantes son muy diversas, aunque la mayoría procede de la zona occidental de África, donde existe un acuerdo que permite la libre circulación. Según los informes de la red de activistas de Alarm Phone Sahara, el grueso de los extranjeros deportados el último año son originarios de Mali y Guinea Conakri. En tercer lugar, estaría Sudán. 

Tasajir es sudanés y pasó por Libia, donde fue secuestrado, torturado y tratado como esclavo, según su testimonio. En junio de 2021, salió del país norteafricano con el objetivo de intentar atravesar la ruta con destino a Ceuta y Melilla. El hombre relata las dificultades encontradas en su camino por Argelia. “He sufrido muchísimo en menos de un año. Crucé la frontera con Argelia con algo de dinero. Los argelinos nos cogieron y nos devolvieron atrás, nos dijeron que la siguiente vez, nos llevarían a Níger. Nos pegaron, lo pase muy mal”, dice. En un segundo intento, Tasajir caminó tres días hasta llegar a la frontera con Marruecos, pero lo cogieron de nuevo.

“La amenaza se cumplió, nos montaron en un autobús. Había hasta 20 autobuses con gente de Guinea Conacky, Guinea Bissau, Camerún, Congo, Senegal... Nos llevaron a Tamanrasset (Argelia). En la frontera con Níger, nos entregaron a las autoridades y tuvimos que caminar 22 kilómetros. Era verano, hacía muchísimo calor. Nos llevaron al centro de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en Agadez. Lo único bueno era que comíamos dos veces al día. Pero psicológicamente estaba muy mal, después de todo lo que he vivido solo me ofrecían la posibilidad de volver a Sudán. Si nosotros volvemos estamos amenazados de muerte”, relata.

El papel de Argelia

Aunque sobre el papel no existe un acuerdo oficial que permita que Argelia efectúe este tipo de devoluciones a Níger, en 2014 ambos estados firmaron una declaración de intenciones que facilitaba la repatriación de una inmigración creciente de nigerinos en el país vecino. 

Níger es uno de los países más pobres del mundo, ocupa el último puesto en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, así que una parte creciente de su mano de obra emigra a Argelia como trabajadores estacionales en sectores como la minería o la construcción. Sin embargo, una vez expiran estos permisos laborales, los nigerinos permanecen en el país indocumentados y en situación de calle y mendicidad. 

Bajo este acuerdo informal, que entró en vigor en 2015 coincidiendo con la crisis humanitaria en Europa, aumentaron drásticamente todo tipo de deportaciones: tanto de nigerinos, lo que las organizaciones de Derechos Humanos en el terreno conocen como “caravanas oficiales”, como de extranjeros “no oficiales”.

Desde verano de 2017 y durante 2018, las autoridades argelinas expulsaron a más de 34.500 personas, entre las que había extranjeros documentados, solicitantes de asilo y refugiados, según un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Este organismo, junto a organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, denuncian devoluciones forzosas ilegales de personas que cuentan con la protección internacional o son potenciales solicitantes en Argelia. 

Argelia: cruce de caminos y llave de la migración

La vasta extensión de Argelia y la debilidad de las fronteras de los países que la rodean la han convertido en un país fundamental en las rutas migratorias. “Argelia cumple una triple función de ser país de emisión, destino y tránsito de migrantes”, resume Cristina Fuentes, doctora en Políticas Migratorias y coordinadora de investigación en PorCausa. 

De emisión, porque Argelia es la salida de los llamados harraga o emigrantes irregulares, un fenómeno que comenzó como una fuga de cerebros hacia Europa a mediados de los dos mil, ahora alentado por la inestabilidad política y la recesión que generó la pandemia. 

Y es también un país de destino de los suwadin —migrantes subsaharianos—, así como de tránsito de rutas migratorias hacia Libia, Marruecos o Europa. Este papel se agudizó en 2016 resultado de la desestabilización de países vecinos y el consecuente recrudecimiento de los caminos que los atravesaban: la frágil situación de Túnez tras las primaveras Árabes, el conflicto en el norte de Mali o la descomposición de Libia tras la caída de Gadafi en 2011. 

A pesar de este significativo papel en el mapa del control migratorio (y, por supuesto, energético), su opacidad, falta de transparencia y un bajo perfil diplomático han impedido que Argelia desarrolle fuertes alianzas con la Unión Europea (UE), algo que sí han podido hacer Marruecos, socio aventajado de España y Bruselas, e incluso Níger, según escribe Kheira Arrouche, investigadora por la universidad de Leeds. 

Sin embargo, pese a no existir esta colaboración explícita, las prácticas cada vez más frecuentes de retornos forzados verticales hacia el sur corresponden a la política de externalización de fronteras de la UE, que consiste en desplazar la frontera europea hacia el sur, cediendo soberanía y otorgando recursos a otros países para que ejerzan de tapón y gendarmes migratorios, señala por teléfono Xavier Aragall, responsable del programa de Migraciones del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed). 

Está por ver cómo el nuevo mapa energético y el refuerzo fronterizo marroquí tras el cambio de posición del Gobierno español con respecto a la soberanía del Sáhara afecta a las rutas migratorias este verano, coinciden los expertos. La ruta argelina, que sale de las costas de este país hasta diferentes puntos de España (Murcia, Almería y las Baleares) e incluso Italia, lleva años creciendo y aumentando poco a poco el número de nacionalidades que la utilizan. 

Lo que sí está claro, insiste la doctora Fuentes, es que Argelia tiene y tendrá un papel importante en la política migratoria: “Argelia controla cuándo abrir la facilidad de cruzar a Marruecos y la salida de pateras desde sus costas. Es el país más grande de África y tiene la llave de las rutas Atlántica y Mediterránea”. 

En el mes de febrero llegó a Madrid la prestigiosa escuela de cine Kourtrajmé, fundada en Francia por Ladj Ly, célebre por contar en ‘Los Miserables’ la realidad que vivía en el gueto parisino. La idea era (y es) ofrecer formación audiovisual a chavales de orígenes humildes y pocos recursos como él y democratizar el acceso a un sector con altos precios de entrada restringido a las clases sociales más altas. Pero la primera edición del curso en España, dirigido por BêO Antarez, ha acabado en fracaso.

Congoleño, criado en las mismas afueras deprimidas pero diversas de París, BêO Antarez, rapero y cineasta, fue el encargado de abrir las puertas de la academia Kourtrajmé en Vallecas. La escuela se instaló en el centro cultural ‘El Sitio de mi Recreo’, un espacio de cesión municipal. 22 alumnos seleccionados por su talento y ganas fueron repartidos en dos clases, una de guion y otra de dirección. El objetivo era sacar adelante dos proyectos de series de televisión y terminar junio con sus respectivos episodios piloto, que serían presentados a plataformas audiovisuales. 

Esta primera experiencia en Vallecas no ha resultado tan positiva como se esperaba, ni como las que se replicaron en otros lugares del mundo, como París, Marsella o Dakar, que han animado incluso a iniciar próximamente un nuevo proyecto en El Caribe. De hecho, la madrileña ha terminado de forma abrupta con el enfado de profesores y alumnos. A finales de mayo, solo tres estudiantes seguían participando en la iniciativa. 

“La estructura de la escuela en Madrid es muy débil, nos hemos encontrado con problemas materiales y económicos y yo creo que la gente se ha sentido engañada”, señala en conversación con elDiario.es uno de los alumnos, que reconoce las dificultades que enfrentan en su primer año los proyectos que empiezan de cero. 

Las razones del descontento se resumen en la poca claridad de la guía académica y la falta de material y de concreción en los presupuestos que se manejarían para preparar los episodios piloto. Día tras día, una comunicación poco transparente por parte de la dirección de la escuela en Madrid y la presión por cumplir con unas fechas muy ajustadas han ido acrecentando las tensiones internas, según describen los tres profesores y los cuatro alumnos con los que ha hablado este diario. 

“Se perdía mucho tiempo”

“Cada día llegabas a ver qué hacías y se perdía mucho tiempo”, reconoce un alumno de dirección. “Al mes de empezar las clases pedimos al director en Madrid un proyecto pedagógico y no había”, añade otro compañero, que habla de “promesas incumplidas”. A la inauguración del proyecto en Vallecas, según explican los profesores, acudieron representantes de Francia y durante unos días explicaron a los docentes los valores y el modo de enseñar de Kourtrajmé.

Sin embargo, tal y como reconocen desde la sede en París, “cada escuela es independiente” y cada territorio se especializa en un tipo de producto audiovisual. Un alumno de dirección ha señalado que no siempre se respetaban los horarios y que era común que se  improvisaran modificaciones de agenda que interrumpían la formación: “Se cambiaban los planes, muchas veces sin avisar y se cancelaban clases”. 

A esto se le añadía la presión de una fecha de entrega que ya era muy ajustada desde el inicio, porque al comenzar en febrero el curso académico se redujo a cinco meses. “En cinco semanas tenías que terminar un dossier exhaustivo del proyecto de entre 25 y 30 páginas, con gente cuya riqueza era que nunca había escrito nada”, ha señalado Antonio Martín, profesor de guion en la escuela. “Las fechas ya eran ajustadas para profesionales, pues imagínate para alguien sin experiencia”, continúa. 

Así, los alumnos con los que ha hablado este medio lamentan la falta de claridad sobre cómo hacer las cosas, el poco tiempo para desarrollar los proyectos y el escaso material del que disponían, en la primera edición de un curso que pretendía alcanzar la máxima calidad con los menores recursos. “No creo que la idea fuese que hiciésemos algo para Netflix con el material que había”, señala uno de los estudiantes. 

Pedro Gabriel Ruiz, docente voluntario de audiovisuales, fue quien prestó su propio material para que lo utilizaran los alumnos durante los meses de formación. Ruiz recuerda la experiencia en la escuela con “gran decepción y tristeza” y apunta que “los chavales no sabían con qué recursos contaban para elaborar los guiones”. 

“Evidentes fallos de comunicación”

Los “evidentes fallos de comunicación”, como han trasladado varios alumnos, llegaron a su punto álgido con la confusión sobre el presupuesto para los episodios piloto. “Se dijo que Netflix iba a dar soporte para realizar dos pilotos y que se dispondría de equipo y contrataciones”, comenta Ruiz. 

Por su parte, Martín comenta: “Hubo un momento de mucha tensión en el que los alumnos pidieron al director conocer el presupuesto y este dijo que sería de 10.000 euros. Sin embargo, a los dos días, tras ser preguntado de dónde saldría ese dinero, Antarez se retractó y dijo que él no había dado esa cifra”. Uno de los tres alumnos que se quedó en el proyecto hasta el final, comenta que esa cifra fue un rumor que corrió entre los alumnos, pero que no estaba confirmada. “Entendí que el dinero para los materiales vendría de Kourtrajmé Francia”, apunta. 

Preguntado por esta redacción, Antarez se ha remitido a las palabras de la dirección de París, a través de un correo electrónico en el que ha declinado participar en esta información. En una entrevista junto al director en Madrid, Amade Ly, hombre de confianza de Ladj Ly, confirmó que “cada escuela tiene un funcionamiento diferente y son autónomas en presupuesto y financiación”.  

Después de que la mayoría de los alumnos dejase de acudir a las clases, el encargado de dirección, Manuel Requena, que según sus palabras había sido despedido un mes antes de lo acordado, remitió una carta a la sede de Kourtrajmé en París. En este texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Requena expone su enfado y decepción: “Se ha hecho todo desde el principio amparado en una farsa”. 

Después de recibir esa carta, según ha informado Kourtrajmé Francia a elDiario.es, la dirección en París se reunió con el alumnado de Madrid y decidió suspender la actividad de la escuela. Para entonces ya solo quedaban trabajando tres alumnos con Antarez. A cambio, la grabación del piloto será retomada en septiembre con una mayor supervisión de la matriz. 

La escuela en Francia ha pedido “disculpas” y ha señalado que detrás de este enfado generalizado se encuentra la falta de apoyo que ha recibido Antarez en Madrid, quien ha montado todo el proyecto desde el principio. Ly ha explicado que “no está en cuestión que el proyecto no vaya a terminar”, en referencia al acuerdo alcanzado con los alumnos descontentos. En el futuro, ha apuntado, se valorará la continuidad de la marca Kourtrajmé en Madrid.  

Desde el área de Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona el espacio cedido en Vallecas, aseguran por correo electrónico que los proyectos se evalúan cuando finalizan “con la organización, quien se encuentra en este momento en procesos de grabación”. De lo que se extrae que no han sido informados de que este proceso ha sido aplazado. 

BêO Antarez se ausenta unos minutos para responder una llamada de teléfono. Era la actriz Rossy de Palma. “Estamos recibiendo mucho apoyo, creo que no hay nada como esto en España”, explica semanas después, ya entrado el verano, en Vallecas. 

Rapero, cineasta y productor, Antarez es el director de la escuela de cine Kourtrajmé, que tras cuatro meses de formación finaliza su primer curso en Madrid. Fundada en 2018 por el francés Ladj Ly, célebre director de ‘Los Miserables’, después de las de París y Marsella en Francia y Dakar en Senegal, la de Vallecas es la última sede de un proyecto que aboga por llevar la formación en cine de forma gratuita a los alumnos con menos recursos. Se trata de sumar las voces de los menos privilegiados a un arte y una industria con unos precios de entrada prohibitivos. 

“Creo que España necesita más películas y series para entender qué sucede, por ejemplo, con la migración, que cuenten cómo es la vida en los barrios de la periferia, que se pierda el miedo a mostrar la diversidad”, explica Antarez. Viste unos pantalones cortos de chándal grises y una camiseta del Barça, no se quita los cascos y es la primera entrevista, cuenta, en la que quiere mostrarse como un chico de barrio que ama el fútbol, tal y como es él en su día a día. 

Mezclando palabras en inglés, francés y español, la historia de la escuela no se entiende sin la de este parisino nacido en el Congo, criado en la periferia multicultural, pero olvidada, de la capital francesa. “Parece que no existimos, que no somos parte de las ciudades. Pero nosotros, los chavales de barrio, también tenemos la necesidad de expresarnos”, continúa. 

Así, llegó a España hace tres años con la única referencia del cine de Buñuel y el amor por el rap andaluz. Después de muchos correos electrónicos recibió una respuesta de El sitio de mi recreo, un centro juvenil en la villa de Vallecas. “Nada es casualidad” para Antarez, que no conocía la historia de lucha y resiliencia del barrio antes de llegar a lo que ahora ya considera su hogar. 

Cuando Ladj Ly visitó por primera vez las instalaciones de la nueva escuela, contó que las puertas y las estructuras que rodean el centro de color marrón imitando el óxido le recordaron a las comisarías de Policía de los guetos del extrarradio parisino, construidas a prueba de incendios. Salvando las distancias entre ambas periferias, la primera vez que Antarez pisó Vallecas, al poco tiempo de su aterrizaje en España, coincidió con la famosa Batalla Naval. Con el recuerdo de aquella guerra de agua comenzó a dar forma al proyecto.  

La escuela Kourtrajmé de Madrid se ha especializado en las series de televisión. Los profesores, voluntarios, forman parte de la industria audiovisual y el proyecto cuenta con el apoyo de figuras de la interpretación como la actriz española de ascendencia marroquí Mina El Hammani, madrina en esta primera promoción y conocida, entre otras producciones, por su papel en la serie ‘Élite’.

En cuanto a los alumnos, han sido seleccionados por su “perfil atípico y ADN de barrio, además de que no debían contar con una formación académica previa”, puntualiza el director. En total son 22 estudiantes divididos en dos cursos, uno de guion y otro de dirección.

Uno de los requisitos que se pedían a los futuros guionistas era la elaboración de una historia que sirviera como esbozo para una serie. Tras la inauguración en febrero de la escuela un jurado eligió dos, y todos los alumnos se pusieron a trabajar en el desarrollo de esas ideas. El objetivo es presentar este verano un capítulo piloto para mostrar a productoras como Netflix, que ya se ha interesado por el trabajo que se está llevando a cabo. 

El reloj corre en contra y hay mucho que hacer. En un aula y sin levantar la vista del ordenador Steve, Marina y Diego apuran los detalles del casting de actores que ya está en marcha. A Steve le contactó Antarez para que se postulase a entrar a la escuela. A sus 25 años, después de haber empezado a estudiar Derecho e idiomas, dejó su vida en París y con el dinero de su último sueldo vino a Madrid.

“Había vivido ya aquí en Madrid por una beca, y no había aplicado para Francia porque hay tanta demanda que pensé que nunca podría entrar en Kourtrajmé”, confiesa Steve. El nombre de la escuela, por cierto, es otro guiño a la esencia de barrio: significa “corto metraje” en francés, pero invirtiendo el orden de las sílabas de la última palabra, algo habitual en el argot propio de las afueras de París. 

Marina tiene 18 años, viene de Murcia y para ella esta experiencia está siendo “un milagro” porque no podría estudiar su vocación si no fuera por esta formación gratuita. “Me gustaría ver una serie sobre cómo se vive en Murcia y Andalucía, creo que casi todo lo que se muestra del sur es en formato comedia y con muchos estereotipos”, comenta. 

A su lado, Diego, de 19 años, de origen salvadoreño y mexicano, pero criado el sur de París, se expresa con palabras parecidas. “Hay una diferencia clara en la diversidad que se muestra en los proyectos audiovisuales en Francia y la que se enseña en España. Creo que hay mucho trabajo que hacer todavía por aquí en cuanto a representación”, señala. 

Diversidad es la palabra que más se escucha en esta escuela de Vallecas. Antarez, que nació en el país que inventó el cine, reconoce la importancia de los referentes. Él y su entorno, llegado a Francia en los ochenta, en una época en la que predominaba la blanquitud y la familia tradicional en la televisión, encontraron los primeros símbolos y personajes con los que identificarse en el hip hop traído de Estados Unidos. 

Los raperos norteamericanos dignificaban un estilo de vida real e invisibilizado que empezó a ser reproducido por los acentos de la migración africana en Francia. En 1995 fue ‘La Haine’ (‘El Odio’), filme emblemático que mostraba la realidad del gueto sin maquillaje. En 1998, la victoria de Francia de la Copa Mundial de fútbol con un equipo totalmente mestizo, africano y mulato. Veinte años después, Francia ya estaba preparada para una película como ‘Los Miserables’.

Todo este camino aún está por recorrer en España, considera Antarez. La escuela Kourtrajmé de Vallecas viene a participar en este proceso, a incluir miradas y acentos, a ampliar los referentes y visibilizar a los olvidados en la gigante industria audiovisual.

Tormenta, frío y olas empapaban la popa. Seis días sin la tregua de un rayito de sol que templase los huesos o los ánimos y la costa de Sicilia tan cerca –“cuándo llegamos”, aguantaban la sonrisa 79 vidas impacientes–. Pero ningún país europeo cogía el teléfono y el Aita Mari, el barco de rescate de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), seguía sin puerto seguro para desembarcar. 

Esa historia, la de un barco casi en el desguace pero puesto a punto por un montón de voluntades para rescatar en la mortífera ruta del Mediterráneo Central, se ha estrenado este miércoles en las pantallas del prestigioso Festival de Cine y Derechos Humanos de Donosti. Casi dos años de trabajo dirigidos por el ojo del fotógrafo Javi Julio, respaldado por la productora Nervio, de la que también forman parte Santi Donaire y Mikel Oibar. 

Primera parte: la forja de un barco de salvamento

El Aita Mari empezó como una respuesta a la foto de Aylan Kurdi en 2015. Un grupo de voluntarios desplegaron entonces una misión sanitaria en la isla griega de Quíos. Ese mismo año, Javi Julio, fotógrafo y director del documental, ya había tenido varias veces que dejar el objetivo a un lado y ayudar a sacar cuerpos en las costas de Lesbos. 

La ONG SMH recaudó fondos para apoyar a las organizaciones que rescataban en el Mediterráneo Central, una ruta más larga y desatendida que la del Egeo, y en 2017 comenzaron a colaborar con la sevillana Proem Aid y la alemana Lifeline, que dio nombre a otro barco de salvamento. El Lifeline envejeció, como también le ocurre a los barcos, y SMH empezó a buscar otras opciones. Llamaron a los puertos de medio mundo y encontraron su tesoro en Getaria, a pocos kilómetros de la sede de la organización.

El Aita Mari, renombrado así en honor a un pescador del siglo XIX que perdió la vida salvando la de los demás, era un pesquero del Cantábrico camino del desguace. Los dos Íñigos, Íñigo Mijangos e Íñigo Gutiérrez, presidente y vicepresidente de SMH, junto a cientos de manos voluntarias, lo pusieron a punto. Son 32 metros de eslora y apenas 7,5 de manga, pequeño en comparación con las inversiones millonarias de organizaciones humanitarias del norte de Europa; con la proa alta y afilada pensada para romper las olas del Cantábrico. Pocos barcos así han surcado tantas veces el Mediterráneo. 

Segunda parte: bloqueo y ruta al Mediterráneo 

Terminaba el verano de 2018 y el Aita Mari esperaba listo en el puerto de Pasaia, Gipuzkoa, su salida. Solo faltaba el despacho, un documento que otorgan las autoridades marítimas para permitir navegar y que la falta de voluntad política dilató en el tiempo. Hasta un año largo. “No tiene permiso para rescatar”, se escucha a la vicepresidenta Carmen Calvo desatando la indignación de Marco Martínez, el capitán, perro viejo tras decenas de misiones en la cubierta del Open Arms.

Javi Julio ya llevaba varios meses filmando las obras y trámites burocráticos de la puesta en marcha del barco. “Tras las primeras negativas nos dimos cuenta de que lo del Aquarius no había sido más que un gesto de cara a la galería. Con este inesperado escenario la película necesitaba cambiar. Ahora había que contar sobre esa negativa del Gobierno español, entonces socialista, y explicar las políticas de fronteras de la Unión Europea”, decía el director. 

Cuando se acabaron las excusas sí se permitió que el barco viajara hasta las islas griegas, donde llevó ayuda humanitaria para el duro invierno de Moria, aunque con la prohibición expresa de acercarse a la costa libia. La Ley del Mar obliga a cualquier buque a socorrer a quienes se encuentren en embarcaciones precarias y en peligro, por encima de lo que diga ningún gobierno europeo. 

Tercera parte: brazos de victoria y 79 gritos de libertad

De Grecia, el barco puso rumbo a la zona de búsqueda y rescate que dibuja el triángulo entre Lampedusa, Trípoli y Malta. Europa lo considera aguas libias, porque dota con radares y flota a la Guardia Costera de un país en guerra. “En Libia te matan por la calle por ser negro”, contaban a bordo algunos de los migrantes y potenciales solicitantes de protección humanitaria.

Después de más de una semana de misión bajo el mal tiempo de noviembre, en un día de mar en calma, Izaskun Arriaran, la enfermera a bordo, gritó por el walkie que les había visto. A la media hora, o a la hora —quién recuerda cuánto tiempo pasó—, la lancha rápida que les pondría a salvo en grupos de cinco o seis salió disparada llena de chalecos salvavidas. Cuando ambas embarcaciones estuvieron lo suficientemente cerca, 79 vidas alzaron el puño, saludaron y gritaron libertad: “¡Boza! ¡Boza!”.

'Auzolan' en euskera significa trabajo vecinal, aquel que hace la sociedad por un bien común, para todos. El Aita Mari fue puesto en marcha por voluntades anónimas, organizadas para llegar ahí donde no querían hacerlo los gobiernos, y ya van casi 400 vidas que solo este buque ha librado de perecer en el mar. 

La tensión entre las dos consejerías populares de la Comunidad de Madrid por la polémica corrida de toros prevista para este fin de semana en Alcalá de Henares no termina de tener efectos reales sobre la venta de entradas, que siguen disponibles en portales como Servitoro o Bacantix. Este último, que ofrece asientos desde 15 a 75 euros, advierte de que los 2,5 euros de gestión no serán devueltos en caso de suspensión del evento, algo que evalúa en estos momentos la Consejería de Interior después de que la Dirección de Salud Pública haya “desaconsejado” el evento por la gran afluencia de público –se esperan más de 4.000 asistentes– y el tipo de recinto, una plaza de toros. 

De momento, la organización, cedida a la empresa Gestión y Producciones Loyjor, domiciliada en Leganés pero de la que no se conoce teléfono de contacto, no se ha pronunciado sobre la pugna interna en el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. El miércoles, horas después de que la Consejería de Justicia e Interior autorizara el evento, Sanidad contestaba a una carta enviada por el alcalde complutense y remitía un informe contrario en el que consideraba la suspensión del acto. 

En el documento, apuntaba a la “gran afluencia de público” previsto, que podría rozar los 5.000 asistentes teniendo en cuenta la reducción al 75% de aforo, y la situación epidemiológica de la región, donde vuelven a superarse récords de contagios y donde ya se han autorizado la aplicación de nuevas medidas anti Covid más restrictivas. 

En portales de información taurina la empresa asegura que desde el lunes y hasta este jueves está desinfectando y preparando la apertura del ruedo al público, después de las críticas y cambio de normativa con las que la Junta de Andalucía tuvo que enmendar su legislación para este tipo de eventos, tras las imágenes de aglomeraciones en la corrida del Puerto de Santa María. 

“Concretamente en Madrid no te exigen muchas medidas especiales, pero nosotros hemos mandado toda nuestra documentación de contratos, tasas… y aunque no nos lo pidieron, adjuntamos un protocolo anti COVID”, explicaba a Cultoro el empresario Manuel Martínez Erice, que cuenta en este mismo medio que se han instalado flechas para indicar los flujos de entrada y salida a la plaza, donde además se medirá la temperatura, y se ha reforzado la plantilla de acomodadores. 

El alcalde de la localidad madrileña, el socialista Javier Rodríguez Palacios, sigue pidiendo que Sanidad suspenda la feria taurina este jueves en una entrevista en elDiario.es y reprocha la falta de coordinación entre las consejerías. La decisión por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aún no está tomada a escasas horas de que arranque el evento. El consejero de Interior, Enrique Ruiz Escudero, ha informado esta mañana de que su departamento espera un último informe de la Consejería de Sanidad para decidir si mantiene la autorización o finalmente cancela la feria.

Cuando BBVA trasladó su ciudad financiera a Las Tablas, en el distrito norte de Fuencarral-El Pardo, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid hizo realidad en tiempo récord la “sugerencia” de la directora del complejo de modificar el nombre de la calle donde está situada la imponente sede. De esta forma, la por entonces calle Fresneda se cambió por calle Azul, el color insignia del banco y, por qué no, también de la formación conservadora.

“Hace referencia, no les voy a engañar, al color corporativo del banco”, reconocía el concejal popular del distrito, José Antonio González, en el Pleno de la Junta, según recogió el diario Las Tablas Digital. En su discurso, González insistió en que el cambio en el callejero no tenía ninguna relación con el hecho de que BBVA hubiera financiado de manera íntegra la pasarela peatonal que conectó Las Tablas con el vecino barrio de Sanchinarro.

A escasos tres kilómetros de la sede de BBVA, en 2008 se había levantado el Distrito C, que tres años después modificó la C de Comunicaciones —similar a la parada de metro más cercana, Ronda de Comunicaciones— para pasarse a llamar Distrito Telefónica. En la misma época, pero en la otra punta de Madrid, Boadilla del Monte, la Ciudad Financiera del banco Santander estrenaba la ampliación del metro ligero con la estación Cantabria.

“La imagen y mapa mental de un barrio o una calle lleva asociados unos estigmas y unas ideas, que se organizan y recuerdan a través de elementos particulares del paisaje, que a veces también son nombres”, explica a elDiario.es David Rus, arquitecto y urbanista, citando al estadounidense Kevin Lynch en ‘La imagen de la ciudad’.

El nombre de las calles condiciona su economía y valor simbólico, añade Daniel Oto-Peralías, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. No solo la reciente Ley de Memoria Histórica disputa los significados de las vías públicas, también hay otros factores motivados por aspectos socioeconómicos. Y los ejemplos abundan en todo el territorio nacional.

El actual municipio Soto del Real no adquirió ese nombre hasta 1959, tras siglos de empeño por parte de los vecinos, que consideraban que Las Chozas, su topónimo histórico, era “despectivo e inapropiado a su historia y a su desarrollo urbanístico”, recoge en un documento el Ayuntamiento. Actualmente la localidad se encuentra en los rangos más altos de nivel de renta de España.

No es tanto lo que simbolice el nuevo nombre como lo que se quiere borrar con el cambio

Es complicado analizar el efecto económico que puede tener sobre una calle un cambio de nombre, porque entran otros muchos factores en juego casi imposibles de aislar, valora Oto-Peralías, quien reconoce que ciertos topónimos sí pueden contribuir a procesos de gentrificación. “No es tanto por lo que simbolice el nuevo nombre como lo que se quiere borrar con el cambio”, apunta.

Así, la zona norte de Alcorcón donde trató de materializarse el mastodóntico proyecto de Eurovegas es conocida, desde que los lugareños tienen recuerdo, como Venta La Rubia o Ventorro El Cano. Sin embargo, cuando el Ayuntamiento de la ciudad mostró los planes expansivos de urbanización esta zona figuraba como Ensanche Norte, recuerda Rus.

También sobre plano, uno de los primeros borradores del Plan Chamartín contemplaba la expansión del Paseo de la Castellana por su vertiente norte, lo que suponía modificar el nudo de carreteras de la M30, situado cerca del Hospital La Paz y haciendo que colindara prácticamente con el barrio de Fuencarral. “Sería raro que a unas calles pequeñas y populares les apareciese La Castellana al lado. Fue un tema de debate. Hubo propuestas porque, aunque fuera más difícil de realizar, La Castellana vende”, sentencia Rus. Algo similar sucede con los once kilómetros y más de 600 números de la calle de Alcalá, la arteria más larga de la capital.

Muchas veces los nombres se convierten en marcas, y el valor simbólico revaloriza zonas como el madrileño barrio de Malasaña. “Te encuentras que calles limítrofes que antes no se identificaban con Malasaña ahora sí, porque se ha puesto de moda”, apunta Rus. La zona, que solía tener como frontera sur la calle Fuencarral, “ahora limita prácticamente con Chueca”, continúa el experto. Para aprovechar el tirón, las calles adyacentes se suman a la misma estética e identidad.

Aunque con una cultura y urbanismo muy diferentes, esta revalorización a través de la nomenclatura también encuentra ejemplos al otro lado del charco. El primer proyecto que logró paralizar la activista y urbanista autodictacta Jane Jacobs fue precisamente la ampliación de la Quinta Avenida, con el que las autoridades en 1958 pretendían atravesar el parque de Washington Square, explica Álvaro Ardura, arquitecto urbanista y autor del libro ‘First we take Manhattan’.

Y hay que remontarse al siglo XIX, a la construcción del entramado de vías identificadas por números que hoy compone Manhattan, para encontrar quizá las primeras discusiones en torno a los nombres. Varios grandes propietarios “solicitaron a la ciudad cambiar el nombre de las avenidas numeradas para adquirir capital simbólico y aumentar el valor de la propiedad”, recoge un documento de la Universidad de Texas.

En las famosas colinas hollywoodenses, un promotor inmobiliario quiso en 2017 cambiar el nombre de una calle para equiparar el precio de las viviendas a sus vecinas millonarias. Todas las calles de la zona tenían nombres de ave, con lo que pidió el cambio de Pinto Place a Hummingbird Place, colibrí.

Nombres de pájaros o de vegetales suelen ser comunes en el urbanismo de nueva construcción, observa Rus, lugares con menor historia donde no existe un arraigo que ofrezca resistencia bien a un cambio de nombre, bien a la elección de un topónimo que trate de alejarse de un contenido cultural o histórico. Este es uno de los motivos por los que urbanizaciones en las afueras de Madrid son bautizadas con títulos que evocan lo silvestre como La Finca o Los Rosales. “Lo verde está asociado a estatus, se trata de lanzar un mensaje de ‘Encuentra el oasis verde en medio de la ciudad salvaje’”, considera Rus.

Así, el arquitecto y urbanista traza un esquema, advierte, simplificado de la realidad pero representativo: “Las clases medias viven en PAU (Programas de Actuación Urbanística) y ensanches. Los ricos viven en calles con nombres de vegetales y las clases bajas se han quedado en las zonas antiguas o en el centro, con nombres históricos cuyo significado en muchos casos ya se ha olvidado”.

El mostrador de la librería Azorín, en el centro de Leganés, solía estar lleno de libros de texto en esta época del año. Ahora, sin embargo, su dueño, David Langa, ha tenido que llenar los estantes con juegos de mesa, cuadernos y agendas. Dentro, una decena de baldas vacías aguardan una 'vuelta al cole' que para las librerías pequeñas de barrio podía suponer hasta el 70% de la facturación anual, pero que este septiembre difícilmente logrará salvar a un sector muy mermado por meses de crisis sanitaria con la persiana echada.

La razón es que este curso escolar entra en vigor, por primera vez de forma íntegra desde su elaboración en 2018, el Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid para la gratuidad de los libros de texto. Un documento al que se oponen las asociaciones de libreros, que han demandado a la Comunidad, solicitando la suspensión cautelar por la vía de urgencia. 

También el Defensor del Pueblo se expresó en contra de la medida y pidió a la Consejería de Educación y Juventud desistir el contrato por “razones de interés público suficientemente acreditadas”, según explicó este organismo en un comunicado el pasado mes de junio. 

El Acuerdo Marco divide a la Comunidad por zonas geográficas, 27 en total, y da una cantidad de dinero a gastar por los colegios, que son quienes deben encargarse ahora de comprar los libros. En el texto se fijan unos precios máximos y mínimos, por lo que los directores de los centros deben pedir presupuesto a tres entidades de su zona y escogen la más barata. 

El punto más conflictivo de este proceso tiene que ver con la fijación de precios, ya que establece una cantidad que para los libreros supone, en muchos casos, vender con pérdidas, denuncia Valentín García, presidente de 'Salvar las pequeñas librerías', una asociación creada con el objetivo de acabar con la nueva legislación. 

“Ellos establecen que el precio del libro de Lengua de primero es 31,25 euros, IVA incluido, cuando nosotros lo compramos incluso más caro. Este libro en el mercado de media se vende a unos 40 euros”, explica Langa, dueño de una librería y papelería de Leganés, con las tablas de precios en la mano. Denuncia, además, que se desconoce cómo se calculan estos precios ya de por sí tan elevados.

Langa muestra también un presupuesto que ha hecho para uno de los colegios de la zona. En una de las columnas del Excel figuran los precios a los que él vendería habitualmente, aplicando incluso el descuento máximo del 15%, y en otra los fijados por la Comunidad de Madrid. La diferencia supone más de 5.000 euros en pérdidas. “He tenido que decir que no a este colegio”, lamenta. 

Con este sistema “se concentra mucho la compra”, explica García, “porque la realidad que estamos viendo es que hay unos pocos adjudicatarios que pueden ofertar a los precios de la Comunidad de Madrid”. Dueño de una librería en Torrejón de Ardoz, García también licitó para formar parte de los ofertantes de libros del Acuerdo Marco, y cuenta que de seis centros ha rechazado trabajar con cuatro porque “se pierde dinero”. 

Las grandes superficies salen beneficiadas

Con este sistema, según denuncian los libreros, se beneficia a grandes superficies y distribuidoras, capaces de asumir además otro de los requisitos del Acuerdo Marco, que es contar con una persona contratada para cada lote. Así, en la licitación han entrado entidades como Scholarum Digital S.L., el Grupo Dismalibro, con sede en Málaga, o supermercados como Carrefour, con músculo para solicitar en los 27 lotes, todo el área de la Comunidad de Madrid, entre los que en total se reparten 27.900 millones de euros. 

'Salvar las pequeñas librerías' calcula que de las mil librerías y papelerías de la Comunidad, el 90% se ha quedado fuera del Acuerdo Marco. Y, aunque todavía es pronto para ponerle cifras a la debacle, la organización cita el ejemplo de Murcia, donde en un año con este programa cerró casi el 40% de sus librerías (150 de 400 establecimientos).

La Comunidad de Madrid considera, por su parte, que este acuerdo es beneficioso para las librerías de barrio y ha decidido seguir adelante con el texto aludiendo falta de tiempo para una revisión y alegando que para su no aplicación tendrían que renunciar los licitantes que ya se han inscrito. 

El curso pasado, cuando tendría que haberse aplicado por primera vez el acuerdo por primera vez, los recursos interpuestos y las inexactitudes de la norma hicieron a la Consejería anular algunos puntos y abrir la mano: se permitió a los directores de los centros elegir con qué proveedores trabajar, y se volvió a poner el límite en los 15.000 euros de los contratos menores, de forma que si el colegio invertía más de esa cantidad, era la Comunidad de Madrid quien pagaba directamente a las librerías. El pago, sin embargo, no llegó hasta varios meses después, según critica Langa. 

Además, como los padres y madres ya no tienen que venir a la librería, también se pierden las ventas de material de papelería u otros productos como lecturas recomendadas. Como solución, los libreros piden el cheque libro, que los 150 euros que corresponden por alumno de primaria y 270 para secundaria se den las familias, para que puedan elegir dónde gastarse ese dinero. 

Desde estantes vacíos y un escaparate reconvertido en juguetería para sortear la falta de ventas, Langa insiste en la anulación de un acuerdo que “destruye el tejido de barrio” y que podrá forzar el cierre de cientos de establecimientos muy golpeados por la COVID-19. “No nos enriquecemos con esto, con estas ventas pagamos las facturas el resto del año”, asegura.

Las asociaciones vecinales de Madrid denuncian que una vez levantado el estado de alarma la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, ambas administraciones gobernadas por el PP, han incrementado su política de “acoso y amedrentamiento contra el movimiento asociativo”. Así lo verbaliza Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que explica que ese acoso se ha materializado a través fórmulas como la rescisión de los contratos o la no renovación de los espacios públicos cedidos a diferentes asociaciones durante la anterior legislatura. 

Según estos movimientos, las instituciones, sobre todo municipales, están poco a poco desmantelando el tejido de cuidados y las redes vecinales que en los momentos más duros de la pandemia dieron cobertura a las necesidades básicas de las familias más vulnerables. 

Pepa Comendeiro, miembro de la Asociación Cultural Compañía del Krisol, se encontró con que, después del confinamiento, las cerraduras de La Chimenea, el espacio que desde hace más de tres años comparten tres colectivos en el barrio de Canillejas, tenía las cerraduras cambiadas. “Nos bloquearon las puertas de acceso para hacer, dijeron, mantenimiento del edificio. No nos notificaron nada, pero como es suyo pueden hacer lo que sea”, explica. 

De la reunión con la Junta de Distrito, a la que fueron a pedir explicaciones, sacaron una orden de desalojo que debía cumplirse en 15 días. Finalmente, negociaron y lograron que se cumpliera el contrato original de cesión, que termina en noviembre de 2020. Esto significa que, llegado el momento, deberá convocarse un concurso público para que las mismas asociaciones —una de ellas es un banco de alimentos— u otras puedan utilizar ese espacio. Aunque no todo es tan sencillo, la Junta ha decidido empezar unas obras este verano, así que realmente el barrio no está usando la instalación.

La confusión sobre la Casa del Cura

Esta orden de desalojo se produjo casi al mismo tiempo que el Ayuntamiento revocaba la cesión y ordenaba desalojar la Casa del Cura con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Se trata de un edificio municipal en el barrio de Malasaña que gestionaban entre 38 colectivos. Este miércoles terminó el plazo dado a los vecinos para abandonar el bloque. Sin embargo, estos decidieron recurrir la decisión y no entregar las llaves. Paradójicamente, el pasado jueves, el mismo ayuntamiento que había ordenado el desalojo del edificio de Malasaña notificó la entrega de 3.000 euros en subvenciones a la Casa del Cura. Y, el viernes, la Policía Nacional frenó el cambio de cerraduras que trataban de realizar varios trabajadores, algo que según el movimiento asociativo no está permitido y que los colectivos ya han dicho que van a denunciar. 

Además de la antes citada, se han sucedido más contradicciones por parte de la administración local. Bernardo Sánchez, tesorero de Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas que trabaja contra el bloqueo económico que sufre la isla, denuncia a eldiario.es que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) ya les ha comunicado que no podrán renovar el año prorrogable de alquiler de su local, algo que, según confirma la FRAVM, no suele ocurrir. “No hay ninguna problemática, responde a motivos políticos”, explica Sánchez.  

Tampoco va a poder renovar la Asociación Vecinal la Unidad de Villaverde Este, que desde 2017 comparte un edificio con otros dos colectivos del barrio. Adif cedió el bloque de la calle Diamante al Ayuntamiento, que a su vez permite su uso a estos grupos en un contrato con renovación anual automática y revisión cada cuatro años. “Mientras la Junta nos agradecía el trabajo nos llegó en paralelo una carta diciendo que este año es el último que se renueva el local”, recuerda Miguel Rodríguez, su presidente, que asegura que aunque les prometieron una solución, ahora mismo no hay ninguna conversación abierta con el distrito. La asociación pide recuperar los siete meses, de marzo a septiembre, que no habrán podido disfrutar del espacio, primero por la pandemia y después por unas obras para adaptar el edificio a personas con movilidad reducida que ya han empezado y que esperan que terminen en septiembre. 

“Este gobierno municipal no quiere hacer concesiones de larga duración. Agarrándose a la Ley de Patrimonio, hace concesiones demaniales cada tres o cuatro años a través de un concurso público”, sintetiza Villalobos, presidente de la FRAVM. Escudándose en la transparencia y en la falta de una directiva que regule la entrega de las cesiones, el Ayuntamiento comandado por José Luis Martínez-Almeida lleva meses revisando los acuerdos establecidos en anterior legislatura. 

Concesiones de 25 o 50 años a confesiones religiosas

El equipo de Manuela Carmena trató de mapear los espacios disponibles y establecer una legislación que permitiese una adjudicación ágil y más adaptada a las particularidades de los movimientos vecinales, que no siempre tienen la antigüedad o la entidad jurídica que la legislación contempla, explica Villalobos. Así, las asociaciones critican una persecución contra ellas porque “[el Ayuntamiento] no tiene pudor en hacer concesiones de 25 o 50 años a órdenes religiosas o fundaciones de su cuerda cuando, sin embargo, a cualquier asociación pequeña le impone estos criterios de cuatro años”, remarca Villalobos. “De esta forma destruyes a las asociaciones porque si continuamente tienen que renovar su espacio no pueden planificar actividades a largo plazo”, añade. 

Además, siguiendo una estrategia similar a la que se llevó a cabo con el desalojo de La Ingobernable –que finalmente no podrá ser reconvertido en un centro de salud–, para no poner a la opinión pública en contra el Consistorio apela a reconversiones de estos lugares en usos sociales como centros sanitarios, de formación para el empleo, o de servicios sociales. Este último es el caso de la antes citada Casa del Cura, pero también del colegio Rubén Darío en Hortaleza. La escuela llevaba años abandonada hasta que en junio el Pleno decidió entregársela a las asociaciones del barrio. Sin embargo, a principios de julio el concejal-presidente de Hortaleza, Alberto Serrano (Ciudadanos), anunciaba por Twitter que el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social requería de “todo el complejo Rubén Darío para un gran proyecto de Servicios Sociales”.

La crítica de las organizaciones sociales tiene que ver con que tanto la Comunidad como la ciudad de Madrid cuentan con espacios vacíos que podrían ser habilitados para las asociaciones, sin que eso significara perder instalaciones para servicios públicos. Como declaración de intenciones, con el inicio de la legislatura el Ayuntamiento no permitió la entrega de los cuatro pabellones habilitados en la Casa de Campo como instalaciones para el movimiento asociativo. 

El silencio administrativo

Asimismo, el pasado 11 de junio la Junta de Fuencarral ordenaba el desalojo de la asociación de vecinos de Las Tablas del edificio de El Palomar, cedido en 2013. A falta de centros culturales en la zona, según ha denunciado su presidente, Lorenzo Álvarez, este espacio era un lugar de encuentro y actividades culturales en el barrio que, además, sirvió como banco de alimentos durante la pandemia. La autorización demanial expiraba y, además, el Ayuntamiento justificó que allí se realizaban actividades “ilegales” y “no permitidas”, ya que el contrato limitaba el tipo de eventos que se podían organizar. Finalmente, se logró parar el lanzamiento. 

Una última táctica es la del silencio administrativo. La Plataforma La CuBa de Lavapiés, uno de los primeros barrios en organizar una estructura de solidaridad para que los vecinos no pasaran hambre, sigue sin tener un espacio donde poder trabajar.  El local del Club de Fútbol Dragones de Lavapiés rápidamente quedó pequeño para las casi 800 familias que han llegado a atender durante el estado de alarma. Y el Teatro del Barrio, cuyos escenarios fueron cedidos por la cooperativa que lo gestiona para albergar el banco de alimentos, volvieron a sus actividades habituales. 

Sin lugar donde establecerse y con una gran presión mediática, narra Ana Useros, miembro de la Plataforma, solicitaron un local amplio y vacío en una calle cercana. El Consistorio les ofreció otro, mucho menor y sin capacidad suficiente para almacenar comida. Aunque la asociación aceptó –“entendemos que hay muchas cosas que se pueden hacer en un local de 30 metros para cuidar el barrio”, continúa Useros– La CuBa sigue esperando respuesta.

“Te levantabas pensando en el miedo”. La voz de esta fisioterapeuta de una residencia de ancianos se quiebra al recordar los peores momentos de la pandemia, cuando cada día los muertos se contaban por cientos y los protocolos instaurados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid bloqueaban los traslados a los hospitales.

“Era complicado vestirse para ir a trabajar cuando mi coche era el único del garaje que se movía. Pensaba en que tenía una responsabilidad grande, podía traer el virus a mi casa y a la residencia”, continúa la trabajadora, que prefiere no ser identificada. 

Para muchas personas, no siempre de las ocupaciones consideradas como esenciales, el teletrabajo no ha sido una opción durante el centenar de días de estado de alarma. Cajeras de supermercado y alimentación, puntos de venta de prensa, transportes, tanto por tierra como por mar, educadores sociales… la lista de trabajadores que no pararon para que el resto pudiera quedarse en casa no tiene fin. 

Con un 40% de la población activa afectada por un ERTE, cese de la actividad o desempleo durante los periodos más duros de la pandemia, Juan agradece haber seguido trabajando en su gasolinera de Chamberí porque las facturas se tienen que pagar. Reconoce, sin embargo, que sin apenas coches ni nadie caminando, el aburrimiento y el miedo por las noches —“parecía una película de terror”— no le han hecho sentirse “esencial como sí han sido los trabajadores sanitarios”, porque la gasolinera se convirtió en una suerte de supermercado. 

Para Alejandra García, de 46 años, seguir trabajando también ha sido positivo, “no sentí ese encierro que sí han sentido los demás”, explica en un breve descanso en la cochera. Es conductora de autobús, y también dice temer más esta nueva normalidad que a muchos ha hecho olvidar que hubo un día en el que los hospitales colapsaron. 

“Estoy aterrorizada ahora porque antes no había nadie y entraban por la puerta trasera, no tenían que validar el abono, ahora la gente hace como si no pasara nada”, sostiene.

Yolanda Hormigo coincide en que el levantamiento del estado de alarma le produjo “todavía más miedo”. Es dueña de una papelería en Alcorcón que no cerró ni un solo día, “no lo hicimos por la economía, llevamos arrastrando la crisis desde 2008, sino por la comunidad y por dar la impresión de cierta normalidad a los vecinos”. 

Operada recientemente y con un estado de salud todavía frágil, Hormigo, de 49 años, cuenta que la decisión de seguir adelante cuando todo cerraba fue dura. Desde el otro lado de la pantalla transparente que protege su mostrador ponía cara e historias a las cifras de las que informaba la prensa que vendía. 

Las formas de trabajar han cambiado, el día a día ha tenido que adaptarse al virus no solo con barreras físicas e higiénicas, como mamparas o desinfecciones, también han tenido que reorganizarse los equipos para reducir al máximo el número de personas en un mismo espacio. 

José Manuel Rodríguez, de 58 años y responsable de un centro de distribución de la industria del automóvil, siguió yendo puntual a su oficina por “convicción personal”. Su empresa ya impuso medidas de higiene y protección desde febrero, extremando la precaución con los vehículos y chóferes procedentes de Italia, reforzando la limpieza e instalando hidrogeles, marchas en el suelo y controles de temperatura.

A quien le ha venido bien la paralización para agilizar su trabajo ha sido a Fernando Lozano, que transporta leche y zumos en su camión. “¿Tú sabes lo que es pasar París sin coches? Con circulación normal pueden ser 50 minutos, pero ahora que ya vuelven los atascos son más de tres horas”, hace un aspaviento en un área de servicio de la A2.

Junto a otro compañero camionero discuten lo complicado que ha sido encontrar comida y lugares para ducharse en la carretera porque todo estaba cerrado o porque en las áreas de servicio tenían miedo de atender a personas cuando todavía no se había extendido el uso de mascarillas o de otras medidas sanitarias.

“Lo podríamos haber cogido todos porque no se ha respetado nada”, recuerda de esas primeras semanas iniciales una cajera de un supermercado que prefiere no dar su nombre. “La gente sin mascarilla se ponía a hablarte muy cerca, o se la quitan para hablarte”, cuenta indignada. “Desde aquí ves la realidad, y es que no se ha cumplido el confinamiento, había gente que bajaba 5 o 6 veces a comprar al día”, sentencia tajante.

La paralización de la actividad económica generada por el confinamiento decretado durante el estado de alarma hizo descender los accidentes mortales de tráfico en un 60%, lo que supuso que 139 personas menos perdieron la vida durante el centenar de días que duró el confinamiento en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Esta reducción sin precedentes fue acorde con la disminución del volumen de coches en las carreteras de manera proporcional de “uno a uno mientras duró el confinamiento. Si el tráfico disminuyó en un 60%, los accidentes también”, explica Pere Navarro, director de la DGT. “Sin embargo, ahora, con un 10% menos de tráfico que en otros momentos, hemos vuelto a tener los mismos accidentes”. 

Mientras duraron las prohibiciones de desplazamientos entre provincias y los controles restrictivos, en días festivos como los de la Semana Santa o el Puente de Mayo el tráfico descendió en hasta un 86%, dejando cifras históricas. Por provincias, las reducciones más grandes de muertos en accidentes de tráfico con respecto al mismo periodo de 2019 corresponden a Barcelona, A Coruña, Madrid o Tarragona, donde el número de accidentes se redujo a la mitad. 

Las provincias de Guadalajara, Jaén, Palencia, Segovia, Valencia, Zamora, Ceuta y Melilla se mantienen con el mismo número de accidentes que el año pasado sin confinamiento. Y, sin embargo, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, León, Rioja, Málaga, Salamanca, Sevilla, Soria y Zaragoza registran un leve aumento de los accidentes mortales en las carreteras.

Desde que finalizara el estado de alarma la DGT lleva advirtiendo en cambio de los repuntes en la mortalidad, que en apenas semanas aumentó en un 22%, y de conductas irresponsables al volante. Por ejemplo, desde mediados de junio los excesos de velocidad han aumentado en un 30% respecto a los registrados en febrero, antes de que pudiera entreverse la venidera pandemia. 

“El confinamiento puede haber cambiado la conducción, hay quien confunde libertad con correr y, además, que haya menos coches invita a que corras más, casi sin darte cuenta”, continúa Navarro. Hay muchos otros factores que explican estos repuntes, como la pérdida del hábito de conducir después de tres meses de confinamiento y las ganas por llegar a la segunda residencia o a visitar a personas queridas, incluso sin hacer paradas durante el camino por miedo a los contagios en lugares concurridos. Además de que, debido a la situación de crisis social y económica, “los problemas te los llevas también cuando estamos al volante” provocando baja concentración, explica el director de Tráfico.  

De cara al periodo de vacaciones y para volver a poner en agenda la precaución al volante, la DGT acaba de lanzar una campaña para prevenir los accidentes de tráfico. Una iniciativa que no está exenta las críticas habituales que suelen acompañar a los ‘spots’ de Tráfico. El anuncio lo protagoniza el campeón de patinaje Javier Fernández, al que se le puede ver actuando en la pista del Palacio de Hielo de Madrid, el espacio reconvertido en morgue durante las etapas más duras de la crisis de la COVID-19.  

“Este país no puede soportar más muertes”, reza el eslogan publicitario con el que la institución pretende explicar que “los accidentes de tráfico también son una pandemia”, según argumenta Navarro al teléfono. “Si estás pendiente de lavarte las manos, estate pendiente de no distraerte al volante; si sigues las instrucciones de los expertos, también cuando coges el coche”, enumera el máximo responsable de Tráfico. 

Pese a la imposibilidad de prever el número de desplazamientos en un verano totalmente atípico, el Ministerio del Interior ya anunció que para los meses de julio y agosto desplegará más de 1.300 radares de control de velocidad (78 más que el pasado verano), 15 furgonetas camufladas, 12 helicópteros, 216 cámaras de control de cinturón de seguridad y uso del teléfono y 11 drones. 

El uso del coche privado frente a otras alternativas de transporte, la reducción de visitantes internacionales pero el esperado aumento del turismo nacional, así como los focos de rebrotes y confinamientos parciales en algunas zonas del país hacen suponer que este año no se llegará a los 91 millones de desplazamientos que se produjeron entre julio y agosto de 2019, un año que cerró con las cifras más bajas de muertos registradas desde 2015.

Según dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa junto a Navarro, este verano predominarán los “desplazamientos cortos, más viajes de reencuentro y más movimientos hacia los grandes núcleos urbanos en busca de actividades de ocio”. Las fases de la operación de Tráfico se reforzarán coincidiendo con los fines de semana en los que se espera mayor bullicio en las carreteras: terminando julio y los primeros días de agosto, a mitad y a finales de mes.