Cuantos más detalles se conocen del recorrido y las paradas que hicieron los pasajeros del crucero HM Hondius, donde tres personas murieron por un brote de hantavirus, más son los países afectados por posibles contagios que han comenzado a fiscalizar casos y a aplicar medidas sanitarias.

Además de Argentina, donde se habría originado el primer contagio a un matrimonio neerlandés; España, que ha aceptado el desembarco de los cruceristas en Canarias; Países Bajos, donde fueron evacuados los tres posibles contagiados a bordo; y Reino Unido, que con 19 viajeros encabeza la lista de turistas dentro de la embarcación; este jueves la isla de Santa Elena se ha convertido en un nuevo foco de atención para las autoridades sanitarias.  

La operadora del barco, Oceanwide Expeditions, ha confirmado que una treintena de los pasajeros del Hondius desembarcaron en este enclave en el Atlántico el 24 abril, días después de la primera muerte a bordo del barco. La OMS rastrea ahora estas 30 personas para detectar posibles contagios adicionales y frenar la propagación en los países a los que regresaron después de esta escala.

Un pasajero que del crucero que retornó a su país a finales de abril, y que podría ser uno de los que desembarcó en Santa Elena, ha sido hospitalizado en Zúrich por el contagio de hantavirus, según han confirmado las autoridades suizas. En Francia siguen “estrechamente” el caso de un hombre que viajó en el mismo avión que uno de los evacuados desde el barco a Johannesburgo para ser hospitalizados a finales de abril.

En Estados Unidos, residentes de Georgia, California y Arizona están siendo monitorizados por las respectivas autoridades sanitarias por posible infección del virus, después de haber permanecido en el barco hasta el 24 de abril, cuando hizo escala en Santa Elena, y haber regresado a sus domicilios. Ninguno de ellos muestra, hasta el momento, síntomas. 

También Singapur ha realizado pruebas de hantavirus a dos hombres de 65 y 67 años, que se encuentran aislados y a la espera de los resultados; y un danés se ha puesto en cuarentena voluntaria en su domicilio, pese a no mostrar síntomas ni encontrarse mal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECD) y las autoridades los principales países afectados, han trazado una hoja de ruta en la que han considerado la necesidad asistencial de los casos sospechosos y las capacidades del país receptor, el más preparado para garantizar el control epidemiológico y la salud pública. A partir de este diseño, cada país ha implementado sus propias medidas de prevención. 

Países Bajos, rastreando “contactos estrechos”

Tres pacientes infectados a bordo del Hondius, dos de ellos con pronóstico grave, llegaron el miércoles a Países Bajos tras ser evacuados de Cabo Verde. Son un neerlandés de 41 años que ejercía como médico del crucero, un británico de 56 y un alemán de 65 años, a los que este jueves se sumó el caso de una azafata de la compañía KML que se encuentra hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves.

De confirmarse el caso de la azafata neerlandesa, sería el primero no vinculado directamente al buque, ya que mantuvo contacto en Johannesburgo con la mujer del matrimonio que murió por el virus. El sistema de salud neerlandés investiga ahora 60 contactos estrechos de la mujer fallecida en la ciudad africana y que estuvo en contacto con pasajeros de un vuelo de KLM.

Reino Unido, recomienda “aislamiento voluntario”

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) ha asegurado que está implementando medidas para “apoyar, aislar y monitorizar” el regreso de los ciudadanos británicos que se encuentran a bordo del Hondius y que están “rastreando” contactos de cualquier persona que pueda haber estado con ellos. 

“La UKHSA está prestando apoyo a un pequeño número de personas identificadas como contactos estrechos de quienes se encontraban en el barco”, señala la agencia en un comunicado. Por ahora, hay dos personas asintomáticas que han regresado al país por su cuenta, tras abandonar el crucero a finales del pasado abril, en la isla de Santa Elena, y a las que “se les ha recomendado que se aíslen voluntariamente”.

Los ciudadanos británicos que no desarrollen síntomas, añadió la UKHSA, podrán ser repatriados una vez que el barco atraque en España. 

Argentina, foco en el origen del contagio 

El Gobierno de Argentina ha trazado el itinerario que hizo la pareja de neerlandeses, de 69 y 70 años, fallecida por hantavirus y que es considerada el 'caso índice' del brote, e investiga el origen del contagio. Una de las hipótesis es que se infectaron en tierra, antes de embarcarse, durante un viaje de cuatro meses entre Argentina, Chile y Uruguay. De hecho, la OMS ha explicado este jueves en un comunicado que investiga como posible origen del brote un viaje para la observación de pájaros por Uruguay, Chile y Argentina llevado a cabo por el matrimonio.

La variante Andes de hantavirus, una de las más peligrosas y la única que puede propagarse de persona a persona, es transmitida por el llamado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en los bosques húmedos del sur de Argentina y Chile, que este jueves aseguró que el matrimonio no se contagió en tierras chilenas porque “transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación”.

La Casa Rosada, que hasta el momento ha descartado casos asociados a este brote en el país, ha informado que equipos técnicos se trasladarán a Ushuaia para capturar y analizar roedores en la ciudad sureña de Ushuaia, al extremo sur y punto de origen del crucero.

Además, ha dicho que enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido material genético de la cepa Andes y placas sensibilizadas con antígenos de esa variante para poder realizar unas 2.500 pruebas de diagnóstico. 

Con 41 casos confirmados en lo que va de 2026, unas cifras que lo ubican como el país de Latinoamérica con mayor cantidad de casos, Argentina también se ha comprometido a enviar protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Está previsto que el Hondius llegue a Tenerife el próximo sábado, donde solo fondeará –sin atracar– en el Puerto de Granadilla, desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde pasarán la cuarentena.

La OMS aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la covid-19.

Solo han hecho falta dos semanas para que el presidente ultraderechista José Antonio Kast atraviese su primera crisis al frente de La Moneda. Los sondeos muestran cómo su popularidad se resiente tras una serie de anuncios económicos controvertidos que han sentado mal a la población chilena, y que han desencadenado las primeras protestas contra el recién nacido Gobierno.

Todo empezó el pasado lunes, cuando, a través de una modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), el Ejecutivo aprobó un alza histórica de los precios de la gasolina y el diésel, como consecuencia de la subida del petróleo por la guerra en Oriente Medio. La medida, que entró en vigor el jueves, repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos, pero Kast ha defendido su decisión de no intervenir para paliar el encarecimiento del combustible para no endeudar al Estado, pidiendo “responsabilidad” y “solidaridad” a los chilenos y la oposición.

Como consecuencia, el precio de la gasolina ha aumentado más de un 40% y el del diésel, por encima del 60%. Con el estallido social de 2019 en la memoria, el alza ha venido acompañada de un paquete de medidas paliativas aprobado por el Congreso que incluyen una congelación de las tarifas del transporte público y escolar en Santiago, ayudas para taxistas y algunos transportistas y una bajada, de cara al invierno, del precio de la parafina, uno de los combustibles más utilizados por las familias chilenas para calentar sus hogares.

Pero no ha sido la única medida polémica. Ya pocos días después de asumir como nuevo presidente de Chile el pasado 11 de marzo, Kast mandó una fuerte señal para dejar claro que cumplirá sus principales promesas de campaña enfocadas, además de en la economía, en el orden público y la migración, con la construcción de un muro en la frontera norte.

Desde la ciudad fronteriza de Arica, una de las vías de entradas irregulares que más ha crecido en los últimos años y ubicada 2.200 kilómetros al norte de la capital, Kast dio inicio el 16 de marzo a las obras para la construcción de un muro de cinco metros de altura en el confín de Chile con Perú y Bolivia y zanjas de tres metros de profundidad en los sectores “de alto tráfico migratorio”, para frenar el ingreso irregular de personas. “Esto no es solo una zanja, es mucho más, es un sistema”, dijo el mandatario, rodeado de varios de sus ministros.  

La medida forma parte del llamado Plan Escudo Fronterizo, que busca un cierre total de la frontera a la migración irregular, con sanciones “severas” y un despliegue militar y policial “sin precedentes” que incluye tecnología militar, drones autónomos, alambres y torres de vigilancia en la zona. 

La migración en Chile se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8% de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 las personas que están en situación irregular, la mayoría venezolanos.

La idea de levantar una zanja en el norte viene de lejos. Ya fue planteada en la campaña electoral de 2021, su segundo intento de llegar a La Moneda que fracasó tras perder la segunda vuelta contra Boric. En su tercer intento –y definitivo– prometió crear un “gobierno de emergencia” enfocado en la economía, la seguridad y la migración para revertir la situación que, según él, legó al país la Administración anterior, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron durante el mandato de su predecesor.

“Criminalización y estigma”

La noche de su investidura el 11 de marzo, en un gesto inusual en la tradición chilena, Kast firmó varios decretos, entre ellos uno para aumentar la dotación militar en las regiones fronterizas y otro para ordenar el inicio de las obras del llamado “escudo”. Además, el nuevo Gobierno de extrema derecha ha enviado varios proyectos de ley al Congreso en materia migratoria, como el que restringe los beneficios sociales a las personas sin papeles o el que califica de delito –no de falta administrativa– el “ingreso clandestino” al territorio chileno. De aprobarse, Chile regresaría a la situación previa a 2021, cuando la Ley de Migración y Extranjería actual reemplazó la anterior, instaurada durante la dictadura, y estableció, por primera vez que “la migración irregular no es constitutiva de delito”.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes alertan de que el anuncio del nuevo Ejecutivo es “un retroceso significativo en derechos, incluso en los que están resguardados en acuerdos y tratados internacionales”, dice a elDiario.es la directora de la organización Migrantas, Catalina Bosch, quién muestra “preocupación” por “la criminalización y estigmatización” sobre la población migrante, y recuerda que “la mayoría de las personas migrantes no cometen delitos”. 

Las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo

Waleska Ureta — Directora del Servicio Jesuita Migrantes Chile

Para Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias de Chile, “las barreras físicas, las deportaciones y el endurecimiento legal son insuficientes por sí solos” para mejorar el control migratorio y el desarrollo social y económico. Según él, es necesario establecer vías de migración regular “claras”, plazos “razonables” para tramitar visados y políticas de integración para quienes ya residen en el país. 

Kast, que hace dos años visitó la valla en la frontera húngara y ha conversado y aplaudido en varias ocasiones a Víctor Orbán por su iniciativa, pretende crear un amplio dispositivo de muros y vallas de 500 kilómetros en distintos sectores de la frontera norte. “Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán”, ha dicho.

Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrantes Chile, una de las organizaciones de apoyo a esta comunidad, indica que a elDiario.es que, pese a las vallas, “las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo, refugio” por las crisis que atraviesa el continente. “Habrá movilidad humana igual por espacios peligrosos, y así –añade– se va instalando el crimen organizado y la trata de personas en esas zonas”. 

Tanto Bolivia como Perú evitaron criticar a Kast por su despliegue fronterizo y aseguraron que se trata de una medida “dentro del territorio chileno” que no afectará a las relaciones bilaterales con sus vecinos, en especial con Bolivia, donde por primera vez en dos décadas gobierna un presidente de centroderecha. Tanto Rodrigo Paz como Kast han expresado su voluntad de colaborar juntos.

Sin gratuidad después de los 30

Alineado con sus prioridades de Gobierno, el nuevo mandatario ha lanzado también, desde la sureña región del Biobío, su primer gran proyecto de ley, el llamado plan de “Reconstrucción Nacional”. Se trata de una batería de 40 medidas para, entre otras cosas, combatir el déficit fiscal que –asegura– fue heredado de la Administración del progresista Gabriel Boric, entre ellas, rebajar impuestos a las empresas, agilizar los permisos ambientales y limitar la gratuidad universitaria hasta los 30 años.

“El Gobierno busca condenar a la población por sobre de los 30 años y de clase media o baja, ya que el recorte de la gratuidad en este rango significa impedir que las familias se puedan profesionalizar o que quienes tuvieron que suspender sus estudios en su juventud por diversos motivos (maternidad, trabajo, etc.) puedan retomar su sueño de estudiar”, opina a elDiario.es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, Diego Torres. 

Reivindicada en las calles por exlíderes estudiantiles como el propio Boric durante la primera Administración del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) e instaurada en el segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018), la gratuidad, que hoy reciben –según recoge la prensa local– casi 26.000 mayores de 30 años, cubre los cuatro o cinco años de duración de una carrera y no tiene un límite de edad máximo.

“Exigimos que se convoque a una movilización nacional”, publicó en redes sociales la presidenta de la Federación de la Universidad de Santiago (Usach), Andrea Abarca. “Ya es tiempo de rearticularnos como movimiento estudiantil, frente a los retrocesos anunciados por el Gobierno de Kast”. 

Precisamente, los estudiantes han sido el primer grupo que ha salido a la calle contra el Gobierno de Kast. Este jueves, en un Santiago blindado, cientos de personas se concentraron fuera de la antigua sede del Congreso, en el centro de la capital, para protestar contra el alza del precio de los combustibles. Según los medios locales, se produjeron algunos disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y agentes de los Carabineros, la policía militarizada, que desplegó camiones con mangueras de agua a presión y blindados dotados de gas pimienta. La protesta se saldó con 14 detenidos.

Chile vive una nueva jornada electoral histórica este domingo, la enésima desde el inicio del proceso constituyente que impulsó el estallido social de 2019 y que casi cuatro años después, y una pandemia de por medio, aún no ha logrado concluir.

Más de 15 millones de electores están convocados para votar a los 50 integrantes del Consejo Constitucional (25 hombres y 25 mujeres) encargados de redactar por segunda vez una propuesta de nueva Constitución. La labor de los consejeros, no obstante, ha sido cuestionada por algunos, que consideran que su margen de acción será muy limitado porque el texto constitucional ya hace meses que empezó a escribirse. Desde marzo, un comité de expertos designados por el Congreso a propuesta de los partidos elabora un anteproyecto que será la base sobre la que trabajarán los consejeros electos.

Un tercer órgano integrado por 14 juristas velará para que los artículos finales se ajusten a 12 principios institucionales acordados previamente por las distintas fuerzas políticas y pensados para impedir un texto refundacional como el surgido del proceso anterior.

“Queda todo en manos de los partidos que estarán representados dentro del Consejo y que, en cierta forma, también están dentro del Comité de Expertos”, dice a elDiario.es Jeanne Simon, politóloga de la Universidad de Concepción. La preponderancia de los partidos, que atraviesan una profunda crisis de legitimidad, “genera una falta de confianza de la ciudadanía” en esta segunda etapa, añade Cristian Ovando, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá.

“Gran desafección y desinterés”

Las expectativas de la ciudadanía en el proceso constituyente se desplomaron tras el fracaso del primer intento, que terminó con el amplio rechazo en septiembre de la propuesta que iba a sustituir a la Constitución emanada de la dictadura de Augusto Pinochet. También influyeron considerablemente el diseño de una nueva hoja de ruta alejado de la ciudadanía y el surgimiento de temas más urgentes para la sociedad. El momentum constituyente que atravesaba el país se desinfló.  

“Hay una gran desafección y desinterés por las elecciones del domingo y la mayor parte de los electores ni siquiera saben por quién votar”, dice Miguel Ángel López, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Para Ovando, “hay una fatiga constituyente, una fatiga ciudadana, porque en muy poco tiempo ha habido más de tres elecciones”. 

Los expertos coinciden en otro factor de desinterés: la agenda pública ha quedado totalmente copada por temas relacionados con la seguridad pública, la crisis migratoria en la frontera con Perú y la compleja situación económica de la que el país no logra salir. Los mismos asuntos que, según las encuestas, preocupan más a los chilenos. “Hay una necesidad de respuestas inmediatas a temas muy complejos”, dice Raúl Burgos, experto en historia política chilena de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. “En este ambiente –prosigue– se hace más difícil discutir temas de organización política o de derechos cuyos resultados se observarán en el mediano y largo plazo”.

Voto obligatorio y ¿baja participación?

La campaña electoral que se cerró el jueves fue descafeinada, poco participativa y no ha logrado motivar a los votantes que, por primera vez desde 2012, están obligados a acudir a las urnas en una elección de candidatos. Millones de ciudadanos debutarán en expresar sus preferencias políticas, hasta ahora desconocidas porque no siempre han ejercido su derecho a voto.

Sin embargo y a pesar de la obligatoriedad, la falta de compromiso ciudadano podría derivar en una baja participación o incluso provocar un aumento considerable de votos nulos o en blanco. “Si hay una alta abstención (porque las posibilidades de multar por no participar son muy bajas) o si hay muchos votos blancos o nulos, las elecciones perderían mucha validez y legitimidad”, dice López. 

Balanza hacia la derecha

Tanto la coalición de Gobierno como la de oposición compiten con listas separadas. El centro-izquierda y la izquierda, que gobiernan juntas bajo el mando de Gabriel Boric, se han dividido, pero por primera vez desde el fin de la dictadura el Partido Socialista abandonó su alianza histórica con el centro-izquierda tradicional para sumarse al pacto del bloque del Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile. 

“Un resultado no muy optimista para la coalición de Gobierno agudizará las diferencias entre los dos sectores”, dice Ovando. Según él, “hay una percepción ciudadana de crisis al interior del Gobierno dado que no fueron capaces de aunar voluntades para confluir en una sola lista”. 

La derecha también se separó en tres listas: la tradicional y las emergentes, divididas en la ultraderecha del Partido Republicano (PR) de José Antonio Kast, excandidato presidencial que ganó la primera vuelta contra Boric, y la populista del Partido de la Gente (PDG). Ambas debutan en una votación de constituyentes.

“Si gana la ultraderecha tendrá un impacto muy fuerte para la derecha tradicional porque significará una erosión muy fuerte de sus bases sociales”, dice Miguel Ángel López. También tendría consecuencias para el Gobierno, aumentaría la polarización y desplazaría hacia la derecha al conjunto de la opinión pública, añade.

Aunque los escenarios son abiertos e inciertos, varios sondeos proyectan una victoria del bloque conservador. Sin embargo, la gran incógnita es si la derecha sumará los 30 escaños para llegar a los tres quintos necesarios que le permitirían controlar el Consejo y aprobar los artículos de su interés sin necesidad de negociar con otros sectores.

Impacto en el Gobierno de Boric

El Gobierno tomó nota de que el plebiscito de septiembre acabó interpretándose como un examen a Boric. A diferencia de entonces, ahora el presidente ha optado por permanecer en silencio y tomar distancia del proceso.

Los pronósticos para las fuerzas gubernamentales son desalentadores. Los partidos de centro-izquierda que se incorporaron en el último tiempo al Ejecutivo para aportar una dosis de moderación podrían recibir un batacazo. Sin embargo, está por ver si esto acaba repercutiendo a nivel interno en el Gobierno y de qué forma. 

Los analistas también apuntan a las consecuencias para los planes del presidente. “Una derecha victoriosa marcaría el destino de las grandes reformas del Gobierno (salud, pensiones)”, dice Cristian Ovando.

El Consejo Constitucional electo este domingo dispondrá de cinco meses para redactar una propuesta constitucional, que en diciembre deberá ser sometida, nuevamente, a plebiscito. De aprobarse el nuevo texto, será Boric quien firmará la nueva Constitución, aunque disienta de su contenido. 

Desde hace más de un año, Tamara González, propietaria de un pequeño quiosco en pleno centro de Santiago, decidió anticipar la hora de cierre de su negocio. “Antes cerraba a las 19:00 horas, pero la gente me empezó a decir 'váyase a casa que aquí se pone feo’, y ahora cierro a las 17:00”, dice a elDiario.es.

Como ella, una buena parte del vecindario de la capital vive con temor por el aumento de los delitos violentos en Chile. “Se ha incrementado la violencia, yo lo veo cada noche aquí, ya no les importa si son mujeres, o la edad que tengan”, dice Rodrigo Veliz, conserje de noche desde hace más de nueve años que trabaja en un edificio del centro de Santiago. “Yo mismo aconsejo a la gente que si esperan su transporte lo haga dentro, y uno también tiene más miedo en este trabajo”.

La muerte en menos de un mes de tres policías durante un control rutinario, junto con las noticias que se publican a diario de homicidios, tiroteos y crímenes violentos, sobre todo en las ciudades, ha dejado el país en un estado de conmoción casi permanente. La crisis de seguridad ha capturado la discusión en la calle y la agenda de los medios de comunicación e instituciones.

La última encuesta Cadem, publicada este domingo, reveló que el 91% de las personas consultadas cree que la delincuencia es más violenta que hace un año, un porcentaje tres puntos por encima del sondeo de marzo. Cuanto más crece el miedo, más aumenta el apoyo a los policías. Los carabineros [policía chilena militarizada] han remontado en respaldo ciudadano, que se desplomó en 2017, cuando se destapó una grave trama de corrupción dentro del cuerpo, y luego se agudizó con las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el estallido social de 2019.

“No es de extrañar que la ciudadanía busque refugio y amparo en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ante un incremento real de la violencia criminal, amplificado por el contexto político”, dice a elDiario.es Alejandra Mohr, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Según la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Interior, desde 2002 a 2022 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumentó un 67,8%, de 2,8 casos a 4,7. Las regiones más afectadas son las del norte del país, fronterizas con Perú y Bolivia, lo que ha reforzado discursos xenófobos que asocian el aumento de la criminalidad con la migración. Respecto a 2021, los homicidios aumentaron el 32% y el uso de las armas de fuego en la ejecución de estos delitos incrementó en un 46%, según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI).

Aunque se trata de porcentajes considerablemente menores que en otros países de la región, Chile es el tercer país de América Latina donde más aumentó la tasa de homicidios el año pasado, solo por detrás de Ecuador y Uruguay, según la fundación InSight Crime, que estudia el crimen organizado y la seguridad ciudadana en el continente.

Una agenda de seguridad pactada y urgente

Tras las muertes de los agentes, el presidente Gabriel Boric ha ampliado su agenda de seguridad. La semana pasada, el Ejecutivo acordó con el Congreso la tramitación de varios proyectos de ley urgentes y un paquete de otras 31 propuestas para legislar en distintos plazos. “Es necesario construir unidad para afrontar el desafío del crimen violento, que hoy está presente en muchos territorios y que requiere de esfuerzos extraordinarios”, dijo la Ministra de Interior, Carolina Tohá, durante el anuncio del pacto entre poderes. Entre las iniciativas que se legislarán hay normas para prohibir el porte de combustible en manifestaciones, mejorar la persecución financiera de los delitos y crear el Ministerio de Seguridad, entre otras. También se implementará un plan de intervención comunitaria contra la violencia en 46 barrios del país.

Otro primer bloque de medidas fue aprobado hace dos semanas con la polémica Ley Naín-Retamal, denominada por algunos sectores como “ley de gatillo fácil” porque otorga más facultades a Carabineros en el uso de las armas de fuego. “Hay una presión pública y política para legislar con urgencia, algo que nunca se debería hacer rápido porque las leyes se aplican de forma universal y tienen vigencia durante años”, dice Jorge Araya, exjefe de la división de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago.

El día antes de publicarse la norma en el Diario Oficial, un policía mató a un joven de 19 años con siete disparos en la cara. La familia cuestiona la versión de Carabineros, que acusó al hombre de atropellar a uno de sus agentes, y denuncia que no hay registros en las cámaras de seguridad de los alrededores.

Tensiones en la coalición de Gobierno

Las nuevas medidas han traído tensiones en la coalición de Gobierno de centro-izquierda. En una demostración pública de malestar, algunos parlamentarios del sector más de izquierda de la alianza anunciaron su intención de llevar la controvertida norma al Tribunal Constitucional. Sin embargo, su rápida promulgación tras la muerte del tercer uniformado lo impidió. La legislación en la materia se prevé larga y los expertos pronostican nuevas incomodidades ante un complejo escenario que se ha transformado en uno de los arietes de la oposición de derecha, en particular de los grupos ultraconservadores, contra el Gobierno.

En medio de la convulsión y tras conocerse que los imputados por la última muerte de un policía eran de nacionalidad venezolana, la Fiscalía también originó su propia polémica. Decidió que solicitará la prisión preventiva como medida cautelar para los extranjeros indocumentados que sean detenidos por cualquier delito. El nuevo criterio ha alertado organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional e incluso Boric se refirió al asunto: “La migración en sí misma no es un delito. No confundamos a todos los migrantes con delincuentes, eso es importante decirlo, aunque a veces sea impopular”.

“El problema de esta instrucción es que requiere que los fiscales pidan al juez de garantía la imposición de la prisión preventiva a imputados en circunstancias que no siempre van a satisfacer los requerimientos de necesidad de cautela y proporcionalidad que establece el Código procesal penal chileno”, dice Jorge Cabrera, investigador en Derecho Penal Universidad de Talca.

En una entrevista radiofónica esta semana, la portavoz de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha dicho que el país “no puede transformarse en un Estado policíaco” y ha pedido no buscar soluciones “en estado de desesperación”. “Tenemos que ser un Estado donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no uno en que los ciudadanos no tengan libertades... Esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas”.

Penetración del narco y crimen organizado

El problema de fondo en Chile apunta, según los expertos, a un aumento del narcotráfico y las bandas organizadas. “Hay un crimen organizado nacional ligado con bandas de microtráfico que se empoderó y ha ido adquiriendo bienes, casas, vehículos y la capacidad de cooptar a otros sujetos”, dice Araya. “A eso —continúa— se sumó, en los últimos 12 o 15 años, un crimen organizado internacional que agravó esta situación”.

“La globalización del crimen y los intereses económicos de las organizaciones han aprovechado los flujos migratorios intensos del último tiempo y políticas confusas en la materia para contribuir al ingreso regular o irregular de personas que vendrían específicamente a cometer delitos, lo que no significa, en ningún caso, que las personas que llegan a nuestro país vienen a eso, es solo una pequeña parte”, dice Mohr.

La académica critica que, para enfrentarse a esta situación, Chile ha privilegiado “la política de mano dura, el aumento de penas y las facultades de la institucionalidad”, sin que eso haya dado resultados. Araya, por su parte, considera que para afrontar este nuevo escenario “hay que ampliar la capacidad institucional”, lo que pasaría —según él— por tener una policía mucho más preparada, con más agentes; reglamentos “muy claros” sobre el uso de la fuerza; más fiscales y un aparato de justicia preparado para tramitar las causas “con celeridad, oportunidad, eficiencia y sin atropellar los derechos de nadie”. “La sabiduría de un régimen democrático es compatibilizar la libertad con un grado razonable de seguridad”, concluye.

Uno de los pocos discursos que el presidente Gabriel Boric ha logrado mantener intacto –con palabras y acciones– durante los 13 meses que lleva de mandato es la defensa acérrima de los derechos humanos, sin dudar en posicionarse contra los gobiernos que los violen, sean del color político que sean.

“Chile promoverá siempre el respeto de los derechos humanos, en todo lugar y sin importar el color del gobierno que los vulnere”, dijo el 11 de marzo de 2022, tras pisar por primera vez el palacio de La Moneda como mandatario. A pesar de las polémicas que desata su posición tanto dentro como fuera del país, toma cada oportunidad que se le presenta para insistir en el tema.

Boric aprovecha foros y cumbres internacionales para llamar la atención del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que desde 2018, cuando estallaron las masivas protestas en su contra, han reprimido con dureza a manifestantes y disidentes políticos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 355 personas fueron asesinadas durante las movilizaciones y hay miles de exiliados.

En la XXVIII Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana hace un par de semanas, Boric instó a no “callarse” ante la “dictadura familiar” nicaragüense. En enero, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), emplazada en Buenos Aires, exigió la liberación de los opositores “detenidos de forma indigna” en Nicaragua. Antes, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, había pedido que “en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”.

A mediados de febrero, Ortega retiró la nacionalidad a 94 ciudadanos, entre ellos escritores, activistas, políticos o religiosos, a quien acusó de “traición a la patria” y etiquetó de “prófugos de la justicia”. Antes lo había hecho con otros 222 presos políticos liberados y expulsados a Estados Unidos.

“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, escribió entonces Boric en sus redes después de que la Cancillería chilena también condenara con dureza la decisión de Ortega, abriera las puertas de Chile a los afectados y les ofreciera la nacionalidad chilena. Una oferta que recogió la escritora y poeta Gioconda Belli, una de las expulsadas, que vive desde hace tres años exiliada en Madrid: “Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano es Chile”, dijo. También España, Argentina y Colombia ofrecieron la nacionalidad a los nicaragüenses.

“El Gobierno chileno opera solo”

La defensa radical y explícita de los derechos humanos y el repudio de los regímenes latinoamericanos conocidos a menudo como 'vieja izquierda', como Nicaragua, Venezuela y Cuba –aunque criticados con menos dureza–, es una de las principales diferencias entre Boric y sus homólogos progresistas de la región.

“Hay una diferencia importante en el tono de Alberto Fernández, en Argentina; López Obrador, en México; y Petro, en Colombia, porque no condenan y no tienen la misma posición que Boric respecto a la deriva autoritaria de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba”, dice la directora de la Escuela Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún. “El Gobierno chileno opera solo; los otros países de la región no critican con contundencia las vulneraciones de derechos humanos en países amigos o aliados o bien permanecen en silencio”, añade el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado Octavio González. Según él, hay actitudes “timoratas” en el Gobierno mexicano y colombiano.

Un silencio que ha sido enmendado en público por Boric, al cuestionar el “doble estándar” de los gobiernos latinoamericanos que se consideran progresistas: “Me molesta cuando eres de la izquierda y condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”, dijo durante un acto en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

Hace pocos días el presidente chileno reconoció que la relación con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, “no es fácil”. Maduro tampoco ha ahorrado reproches en público en contra del exlíder estudiantil: desde afirmar que hay “más de 2.000 presos políticos jóvenes”, hasta calificar a su gobierno de “repudiado y rechazado”. Aunque el caso de Cuba es el más tibio de los tres, Boric ha lanzado dardos en contra de su presidente: “Me pongo del lado del pueblo cubano que está protestando en contra de Díaz Canel”, sostuvo en un debate de primarias presidenciales en julio de 2021, cuando la isla se oponía a la gestión de la pandemia y la escasez de alimentos. “No hay que elegir entre condenar el bloqueo y condenar las violaciones a los derechos humanos”, añadió.

Uno de los pilares de su discurso ha sido la exministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola, quien como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó de cerca las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país centroamericano y su deterioro democrático. El nuevo canciller, Alberto Van Klaveren, que asumió tras el cambio de gabinete del mes pasado, se ha mostrado menos contundente que su antecesora en esta materia: “En general, Chile no es partidario de señalar con el dedo a países en materia de derechos humanos, salvo algunas excepciones como el caso de Nicaragua”, dijo el domingo.

“Imagen internacional fortalecida”

Salir de la zona de confort y apuntar a los autoritarismos de la izquierda latinoamericana le ha valido a Boric el aplauso y reconocimiento de varios países del mundo, que observan con interés el surgimiento de su liderazgo. Sin embargo, a nivel interno, le ha costado críticas de sus socios de gobierno del Partido Comunista (PC), que se sienten incómodos con el tono del mandatario chileno.

“Hay temas que dividen a la misma coalición gubernamental porque el [bloque de izquierda] Frente Amplio o Convergencia Social, el partido del presidente, reprueban las violaciones a los derechos humanos de estos regímenes sin pelos en la lengua, pero eso es más difícil de hacer para el PC”, apunta Oyarzún.

Por su parte, Octavio González, comenta que la imagen internacional de Boric “se ha visto fortalecida por la defensa que ha hecho de la democracia en distintos países porque habla de consistencia y contundencia”. En su opinión, “cuando los gobiernos tienen una popularidad baja, recurren a la política exterior para compensar o levantar su imagen interna”.

Más allá de cómo sea recordado en Chile, en el exterior pasará a la historia por haberse atrevido a señalar en público y sin tapujos, por primera vez, a los gobiernos que tendrían que haberse convertido de facto en sus aliados regionales en un momento de máximo auge del progresismo latinoamericano.

El segundo año de mandato del presidente chileno, Gabriel Boric, comienza en una nueva pantalla. El 10 de marzo anunció un rediseño de su gabinete ministerial que reforzó a los partidos de la coalición de la centro-izquierda tradicional Socialismo Democrático, en detrimento de su propio conglomerado, Apruebo Dignidad, conformado por el bloque Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile. “Lo que me motiva para hacer estos cambios no son las presiones políticas ni las compensaciones menores, sino mejorar nuestra capacidad de respuesta y la gestión ante las urgencias de nuestra patria”, dijo.

Se trata del segundo cambio de gabinete que Boric impulsa en un año (el primero fue tras el rechazo de la propuesta de nueva Constitución que el Ejecutivo apoyaba) y consolida su giro hacia el centro y la moderación. “El presidente ha debido adaptar su equipo para ir adecuándose a la realidad política y general del país. El diseño original se modificó”, dice la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile Mireya Dávila.

El profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile Diego Díaz precisa que la nueva coalición de Gobierno “genera mayores niveles de gobernabilidad”. Según él, el presidente “ha sido valiente al tomar esta postura porque tiene el costo de tener que moderar su discurso y programa, lo que puede leerse como una traición”.

El exlíder estudiantil, de 37 años, goza de escasa aprobación en Chile. Según la encuesta Cadem, que lo mide semana a semana, en enero el apoyo presidencial alcanzó el 25%, sin embargo, ahora está en un 35%. En este primer año ha habido “errores no forzados”, dice Jeanne Simon, que han “dominado la agenda mediática por sobre de los logros y que han demostrado que el Gobierno no está anticipando las reacciones más probables a sus acciones”, añade. Para Díaz, “ha faltado capacidad de gestión”. En su opinión, la coalición gubernamental “por su juventud y fragilidad institucional, no tenía cuadros con experiencia de Gobierno”.

¿Continuidad o transformación?

Muchos analistas y expertos consideran que el Gobierno de Boric, tal y como estaba pensado inicialmente, terminó cuando llegó el primer ajuste ministerial, en el que relevó a carteras de relevancia como Interior y la Secretaría General de Presidencia, que teje las relaciones con el Parlamento. Con la nueva reestructuración, el presidente mantuvo la paridad de género (12 hombres y 12 mujeres) y salvó también el núcleo duro del gobierno. Sin embargo, modificó algunos ministerios estratégicos como Relaciones Exteriores y amplió el número de ministros y subsecretarios vinculados al bacheletismo. “Hemos equilibrado la alianza política que le da sustento al Gobierno, sobre todo proyectándola para adelante”, explicó Boric tras la renovación.

Sin embargo, existe la percepción de que, en La Moneda, cada vez queda menos del Frente Amplio y más de lo que fue la administración de Michelle Bachelet. “Boric tendrá que definir si se convierte en la continuidad de la expresidenta o si se mantiene enfocado en una transformación estructural como la planteada a su electorado en la primera vuelta”, dice la politóloga de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon. 

De la misma forma que hubo un Boric de primera vuelta —anclado a un discurso de izquierda— y otro de la segunda —mucho más moderado—, ahora hay un Boric del primer período de mandato y otro del segundo, que ha tenido que tomar decisiones incómodas para su electorado, como militarizar la zona del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, siguiendo al conservador Sebastián Piñera, su antecesor; o endurecer el discurso contra la migración irregular. “En sus primeros meses, el Gobierno tuvo una postura ambigua frente a temas que preocupan mucho a la mayoría, como el orden público, la crisis de violencia en La Araucanía y la migración sin control en la frontera norte”, expone Díaz. Según este, “le llevó algunos meses entender que debía hacerse cargo de esos problemas en todas sus dimensiones, incluso la represiva, ocupando la fuerza legítima del Estado para crear orden cuando es necesario”. 

Su mayor apuesta hasta ahora han sido los 13 indultos concedidos a 12 presos del estallido social de 2019 y a un exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La decisión, que fue una promesa de campaña, ha sido para algunos uno de los peores episodios de su mandato porque abrió una crisis en el Ejecutivo que le costó el cargo a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. La repercusión de los indultos se arrastra hasta hoy, porque la última palabra pasó a manos del Tribunal Constitucional, que el martes respaldó la decisión de Boric. Sin embargo, para las bases de su espacio político significa cumplir con su palabra y con quienes se movilizaron en 2019 hasta conseguir abrir un proceso constituyente. 

Las reformas, principales desafíos

La fragmentación política en el Congreso no ayuda al mandatario a aplicar su programa. Por delante tiene desafíos tan relevantes como acompañar el segundo intento de proceso constituyente o concretar las reformas estructurales y básicas para su administración en materia de salud, pensiones y tributos. Precisamente, el proyecto de reforma tributaria fue rechazado por el Parlamento recientemente en un duro golpe para el Ejecutivo, que quiere sostener buena parte de los cambios con una nueva forma de recaudar impuestos. “La negociación de estas reformas implica renunciar al contenido ‘transformador’ que el Gobierno quería darle y sacrificar el programa original”, apunta Díaz. 

Para Simon, además de estos proyectos, hay otros retos imprescindibles como el orden público y la seguridad, en un momento en que la percepción de inseguridad registra cifras récord y que se encuentra entre una de las principales preocupaciones de la población. Dávila, por su parte, añade otros temas, como la gestión de la economía en un escenario delicado por el alza de la inflación, la relación entre coaliciones de gobierno o el control de la agenda.

La nueva etapa se proyecta intensa, con acontecimientos de alta connotación política y social como las elecciones de consejeros constitucionales, la conmemoración de los 50 años del golpe Estado, la celebración de los Juegos Panamericanos y el plebiscito constitucional. “No es tiempo de diagnósticos, pero sí de elaboración política y de estrategia”, dijo Boric tras la primera reunión con su nuevo gabinete. A partir de ahora, tiene por delante un año clave para demostrarlas. 

Antiguos ministros, exparlamentarios y viejos asesores de todos los colores debutaron este lunes en el arranque del segundo proceso constituyente de Chile como miembros del llamado Comité de Expertos, encargados de redactar un primer borrador de nueva Constitución.

Sin expectativas ni interés ciudadano en el nuevo recorrido, las coaliciones tradicionales de centro-izquierda y derecha se repartieron la presidencia y vicepresidencia del órgano, respectivamente. “Sé que muchos no se sienten convocados porque están escépticos de este proceso (...) Los malestares de nuestra sociedad son profundos y se requerirá tiempo para generar confianzas”, dijo la presidenta de los expertos, Verónica Undurraga, doctora en Derecho de la Universidad de Chile, en su primer discurso.

La vieja guardia de la política chilena reaparece en esta nueva etapa en las figuras de los expertos y en las listas de candidatos al Consejo Constitucional que se elegirá en mayo para modificar el proyecto inicial y redactar un texto definitivo.

Entre los reflotados como expertos están los exministros del expresidente Sebastián Piñera Teodoro Ribera, Juan José Ossa y Hernán Larraín, este último también senador durante 24 años. A las elecciones de consejeros, por otro lado, se presentarán el democratacristiano Andrés Zaldívar, quien fue el senador que más tiempo ha estado en el Parlamento, con casi 25 años ininterrumpidos (además de exministro en dos ocasiones); Carmen Frei, también democratacristiana (actualmente preside el partido) y senadora (1990-2006); o el exdiputado socialista (2008-2022) Marcelo Schilling.

Cuando pensaban que ya tenían un pie fuera de la política institucional –algunos, directamente, ya lo estaban–, los más veteranos retoman el protagonismo en el camino que Chile empezó en 2019, tras un estallido social de meses. 

“Se ha buscado a gente muy experimentada en política, capaz de negociar y que no sea tan moralista como lo fueron los miembros de la Convención Constitucional y grupos de independientes del proceso anterior”, asegura la integrante de la Red de Politólogas Javiera Arce. En su opinión, son rostros que “reivindican la política, el valor de la conversación, de tomar café, algunas con altos niveles de conocimiento y que podrían sacar muy buena votación”. 

El sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile Alberto Mayol coincide en que “hay una apelación a la experiencia”, pero considera que “se está haciendo por el camino equivocado”. A su juicio, “algunos de los nombres que han resurgido están completamente quemados, sin posibilidad alguna de arraigo en la sociedad chilena actual”.

“Un error de interpretación desde el principio”

Con el renacer de personajes representativos de la política tradicional, como los expresidentes socialistas Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, quienes se espera que participen en la campaña electoral de su sector, se pone en entredicho la fuerte crítica que la ciudadanía lanzó durante las protestas de hace cuatro años a los partidos políticos de la derecha y centro-izquierda que gobernaron el país desde el retorno a la democracia. 

“El resultado del plebiscito de septiembre [en el que se rechazó la primera propuesta de nueva Constitución] significó reconocer que estas críticas siempre procedieron de un sector vociferante, pero no necesariamente mayoritario”, indica el politólogo de la Universidad de Chile Robert Funk.

“Hay un error desde el principio”, añade Mayol. Para él, existe una lectura equivocada de los escenarios que han conducido a Chile a la situación actual. “La izquierda interpretó que el estallido fue una respuesta de la propia izquierda y entonces se pusieron ‘superizquierdistas’ y construyeron un proyecto de país que chocó directamente con Chile; ahora la derecha cree que el triunfo del rechazo es suyo y regresan quienes estuvieron antes”.  

“Un funeral político con honores”

Hay otros elementos que, según expertos, han traído de vuelta a la vieja guardia. Uno de ellos es la veda electoral, es decir, quienes sean elegidos consejeros en las elecciones de mayo o han sido designados expertos, ahora tienen que renunciar a competir en las próximas elecciones presidenciales, legislativas, de gobernadores o municipales. “Una persona con vida útil y con aspiración política no se va a meter ahí y por eso se miran figuras old fashinoned [pasadas de moda], para ellas es como un funeral político con honores”, opina Javiera Arce. 

Además, Robert Funk apunta a la falta de cuadros políticos en los partidos para presentar candidaturas nuevas después de que Chile haya celebrado ocho elecciones a distintos cargos en los últimos tres años. “Parte de la crisis de los partidos políticos en todo el mundo pasa por una caída de la militancia y como consecuencia cuesta crear nuevos liderazgos, mientras que los dirigentes históricos mantienen sus espacios y perfiles, dificultando la irrupción de caras nuevas”, sostiene el académico.

Los partidos del Gobiernos, por separado

El primer proceso constituyente fue liderado por una Convención Constitucional formada por una mayoría progresista, con muchos candidatos jóvenes, sin militancia política y vinculados a movimientos sociales. Ahora, el segundo lo administrarán una comisión de expertos designados por el Congreso y un Consejo Constitucional en el que los independientes no podrán participar –excepto si van en pacto con partidos–. Se mantendrán las listas paritarias entre hombres y mujeres, pero se reducirá de forma notable la representación de pueblos indígenas.

Las elecciones de consejeros constitucionales se celebrarán el 7 de mayo. Tras varias semanas de negociaciones, los partidos gubernamentales decidieron competir divididos, en dos listas separadas. En una concurrirá el centro-izquierda tradicional que por primera vez rompe sus alianzas históricas desde el fin de la dictadura, al quedar fuera de este bloque el Partido Socialista, que se sumará al bloque que está más a su izquierda y que agrupa el Frente Amplio –conglomerado del presidente Gabriel Boric– y el Partido Comunista. A pesar de los perseverantes intentos de los socialistas por lograr la unidad –incluyendo una propuesta de la propia Bachelet de encabezar una lista de todas las fuerzas progresistas–, el acuerdo transversal no prosperó.

La oposición, por su parte, también se presentará por separado: por un lado, la derecha tradicional de la coalición Chile Vamos y, por otros dos caminos distintos, la ultraderecha y la nueva derecha populista.

Desde su elección, los consejeros tendrán un plazo de cinco meses para definir el articulado de la nueva carta magna, que será sometida a plebiscito el 17 de diciembre. Si el proceso es exitoso, la actual Constitución, que instauró la dictadura de Augusto Pinochet, se sustituirá justo el año en que se conmemora el 50º aniversario del golpe de Estado.

“Esto es la continuidad del proceso y quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia perdimos por el 62%”. Con estas palabras el presidente chileno, Gabriel Boric, dejaba entrever su resignación con el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas chilenas que fija las bases del nuevo proceso constituyente.

Tuvieron que pasar tres meses de intensas negociaciones, tras el apabullante triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, para lograr un acuerdo que, finalmente, suscribieron el 12 de diciembre 14 partidos y movimientos, desde la derecha más conservadora hasta el Partido Comunista. “Yo querría un proceso que tuviera marcos distintos y así lo impulsamos, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto porque se requieren 4/7 (de los votos) que no tenemos”, añadió el mandatario.

El pacto establece la creación de un nuevo órgano que redactará la propuesta de carta magna: se llamará Consejo Constitucional y estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía. En paralelo, se instalará un comité de expertos designados por el Congreso (12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que servirá como base de trabajo al Consejo. Además, 14 abogados formarán la llamada Comisión Técnica de Admisibilidad, que velará para que las normas propuestas por consejeros y expertos se adecuen a las llamadas “bases institucionales”, que también son parte del acuerdo. 

Se trata de 12 puntos preacordados, una suerte de límites sobre aspectos inmodificables para evitar un texto refundacional como el anterior, que fue rechazado. Entre otros, incluyen el sistema bicameral, la separación de los tres poderes, la definición de Chile como un Estado “único e indivisible” y basado en un modelo “social y democrático de derechos”, y blinda de forma especial algunos “derechos y libertades fundamentales”, entre ellos “el derecho a la vida”, “a la propiedad en sus diversas manifestaciones” y “el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos”.

La derecha, al mando

“La derecha ha marcado el ritmo de la negociación, atribuyéndose toda la legitimidad de las conversaciones alentada por el triunfo del rechazo en el plebiscito”, dice a elDiario.es la integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce.

Aunque la derecha populista y la extrema derecha liderada por José Antonio Kast, que disputó la presidencia a Boric en la segunda vuelta, no respaldan el acuerdo porque apuestan por mantener la actual Constitución, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), gran parte de los conservadores mantienen la postura de querer un cambio de la Ley Fundamental y superar así la actual, de 1980. 

“El acuerdo da a la derecha más certidumbre de que los cambios no van a ser radicales y que algunos de los principios relevantes para su sector se van a respetar gracias a los bordes preestablecidos”, dice la politóloga chilena Claudia Heiss de la Universidad de Chile.

Sin participación ciudadana

Con el argumento de “evitar los errores del proceso anterior”, los partidos diseñaron una ruta radicalmente opuesta a la primera y que bloquea cualquier posibilidad de cambio profundo al modelo. 

La fórmula para ello pasó por asegurar el protagonismo de los partidos y establecer los 12 límites o “bordes constitucionales” –como se presentaron a la opinión pública– que impidan cualquier intento de escribir desde cero la nueva Constitución. El decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, dice que estos “bordes” buscan “encauzar el nuevo proceso”, “recoger los consensos” de la sociedad chilena en determinados temas y “entregar una salida” a quienes quieren el cambio, pero con “moderación y gradualidad”. Para Heiss, “es una reacción a aspectos reformistas de la propuesta anterior, pero finalmente terminan restringiendo el debate público, lo que podría afectar a la legitimidad del proceso constituyente”.

El nuevo itinerario no contempla la participación ciudadana durante el proceso de redacción (solo para ratificar el texto en el plebiscito), y los expertos designados por los partidos tendrán un nivel de injerencia destacado en varias etapas del proceso. Además, el sistema electoral que se aplicará para elegir a los consejeros será el del Senado, que sobrerrepresenta a las regiones más conservadoras e infravalora y quita peso a la Metropolitana y Valparaíso, donde la izquierda tiene más fuerza. “Los análisis plantean que, probablemente, la derecha tendrá la mayoría del órgano constitucional”, dice Arce.

Resignación en el oficialismo

Los partidos del oficialismo, sobre todo el sector más de izquierda de la coalición Frente Amplio, a la que pertenece el presidente, y el Partido Comunista, suscribieron el acuerdo con resignación. Algunos han criticado públicamente el resultado de las negociaciones: 

“Es un proceso que quedó completamente tutelado”, lamentó la diputada comunista Karol Cariola. “Tenemos legítimos reparos del acuerdo porque limita la participación y el carácter del proceso (...) existen excesivos elementos de tutelaje”, declaró el partido frenteamplista Comunes en un comunicado. 

Pocos días antes de firmar el pacto, Boric había presionado para cerrar las negociaciones: “Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”, lo que se interpretó como una suerte de renuncia de puntos clave para su propio sector. Varios parlamentarios oficialistas han deslizado la posibilidad de “mejorar” el acuerdo, a través de enmiendas, durante su tramitación en el Congreso, donde ahora tiene que aprobarse por cuatro séptimos de los parlamentarios. Pero Boric no lo comparte: “No ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del acuerdo, pese a que a mí me hubiese gustado otra cosa”.

Ciudadanía desmotivada

El acuerdo ingresó el pasado miércoles al Senado en forma de reforma constitucional y, si la tramitación no se alarga, se despachará en las próximas semanas. Según el calendario, en enero los expertos deberían empezar la redacción del anteproyecto y las elecciones constituyentes se programaron para el 14 de mayo de 2023.

Después de tres años de recorrido, el ánimo e interés de la ciudadanía por el proceso constituyente se ha diluido. Según las encuestas, el 42% dice estar desinteresada y considera desfavorable el nombramiento de expertos por parte del Congreso. Hay desgaste y saturación con el tema y las prioridades de las personas han cambiado.

Desde que llegó al poder (e incluso durante la campaña electoral), Boric vinculó su futuro a la suerte de la nueva Constitución, que en esta segunda oportunidad se escribirá con las condiciones al gusto de la derecha. Aunque el presidente (y su sector) no obtengan el texto que hubiesen querido, si su mandato termina con una nueva Ley Fundamental, Boric pasará a la historia como el presidente que –como dicen en Chile– “en la medida de lo posible” firmó el texto que desterró la herencia de Pinochet.

Han pasado ocho meses desde que el presidente Gabriel Boric asumió el poder y el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, que afecta a varias regiones en el sur del país, no ha desescalado ni un grado. Al contrario: en mayo el Gobierno impulsó un nuevo estado de excepción en la zona, extendido hasta hoy, que ha desplegado los militares en el lugar porque la violencia y los ataques a maquinaria forestal, fincas e infraestructuras se han intensificado. 

Boric se juega una de las cartas más importantes de su mandato en La Araucanía, epicentro del conflicto. Hace unos días visitó la región por primera vez como presidente, un viaje que despertó mucha expectación. Durante la gira por el territorio, el mandatario presentó varias medidas en materia de seguridad y dejó para el último día el anuncio de una comisión “para la paz y el entendimiento” que se enfocará en uno de los elementos esenciales para avanzar en la resolución del conflicto: la devolución de las tierras que el Estado chileno - y parte de las conquistadas por los españoles - usurpó a las comunidades mapuche durante la segunda mitad del siglo XIX, y que terminaron en manos de privados extranjeros o chilenos.

Después de la independencia de España, desde 1861 hasta 1883, en los territorios indígenas tuvo lugar la llamada Pacificación de La Araucanía, una segunda colonización realizada por el propio Estado y que arrebató las tierras al pueblo mapuche. “El despojo de sus tierras –que era el objetivo claro– se consumó en un par de años. Refundada Villarrica, el último bastión mapuche, la región se llenó de colonos de otro continente [Europa]: gente considerada civilizada, capaz de impulsar el progreso (...) El sistema consistió en erradicar a los principales lonkos [líderes mapuche], y a sus extensas familias, entregándoles en comunidad un pedazo de tierra. Aproximadamente un 10% de lo que tenían antes, repartido en unas 3.000 comunidades”, describe la periodista Malú Sierra en su libro Un pueblo sin estado. Mapuche, gente de la tierra.  

“El territorio tiene un valor político, social y cultural. Es lo mas sagrado que tenemos y es el espacio donde el pueblo mapuche practica su identidad”, dice a ElDiario.es Ana Llao, consejera mapuche de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), un servicio público creado en 1993 por la Ley Indígena para fomentar el desarrollo de los distintos pueblos que habitan el país. “Hemos estado viviendo de invasión en invasión y cargamos con un dolor tremendo por defender nuestros espacios territoriales. Sin tierra el pueblo mapuche deja de ser pueblo”, añade. 

Reivindicación constante

La devolución de estos terrenos, que incluye también algunos de los conquistados por los españoles, ha sido una reivindicación constante de los indígenas que ningún gobierno ha podido satisfacer. Boric quiere ahora llevar a cabo su propio intento, a través de una comisión que identificará las tierras que hay que retornar y establecerá cómo y cuándo hacerlo. 

“Hay que decir que no será posible restituirlas todas: hay ciudades levantadas sobre tierras mapuche y estas tienen que ser preservadas”, advirtió. Tampoco se tocarán aquellas donde hay personas establecidas desde hace tiempo. El Gobierno solicitará ayuda internacional a otros países con experiencias similares, como Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, para recibir “acompañamiento” en el proceso.

Hasta hoy, la Ley Indígena solo reconoce la obligación de devolver las tierras que se encuentran amparadas por los títulos legales entregados por el Estado y que reconocen que estos terrenos les pertenecían antes de ser quitados. “Deja fuera parte importante del territorio reclamado, como las tierras ancestrales y aquellas cuyo uso tradicional se pueda acreditar”, explica el codirector del Observatorio Ciudadano Hernando Silva, experto en derechos de los Pueblos Indígenas. Para poder devolverlas, el Estado tiene que adquirir las tierras a los terrenos privados a precio de mercado, pero el presupuesto público considerado para ello no alcanza: “No se permite avanzar en la cantidad necesaria de hectáreas a entregar y, a veces, la restitución se hace con tierras distintas a las que reclaman las comunidades”, dice Silva. Para Llao, mientras no aumenten los recursos públicos, no habrá diferencia entre la propuesta de Boric y la ley actual: “Siempre chocamos con el Congreso porque la derecha cuestiona el aumento de presupuesto y, si se logra subir para 2023, será muy poco”.

El sistema de devolución está “saturado”, según Silva, y hay una lista de espera de cerca de 500 comunidades que cumplen con los requisitos legales para recibir las tierras, pero que el Estado no ha podido ejecutar.

En la Constitución

La propuesta de la nueva Constitución, rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, abordaba la restitución de tierras indígenas por primera vez en la historia constitucional del país y consideraba como “un instrumento jurídico eficaz” para ello la expropiación. En la carta magna vigente, en cambio, no existe un mandato a los órganos del Estado para promover medidas de devolución de terrenos indígenas. 

Por otra parte, Boric ha endurecido su postura en materia de seguridad en la región. Ha pasado de ser partidario del diálogo, incluso con organizaciones radicales que utilizan la acción directa y el sabotaje como táctica política, a calificar a sus líderes de “cobardes” y comparar sus acciones con la quema de sinagogas por parte de los nazis. 

Cuando uno de los dirigentes radicales mapuche aseguró que había que “canalizar la violencia hacia un sabotaje muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinarias”, el Ejecutivo amplió una querella interpuesta en 2018 por la Administración de Sebastián Piñera, lo que permitió su encarcelamiento. En campaña, Boric descartó varias veces aplicar el estado de excepción en la zona, que decretó, finalmente, en mayo. 

“Los mapuche habíamos confiado en un nuevo Gobierno, más joven y con otro carisma, pero tras el viaje [de Boric] a la región volvimos a perder la esperanza que en algún momento tuvimos. Fue una visita para dejar conforme a la derecha y a los empresarios”, dice Ana Llao. “Si no hay voluntad política para avanzar en forma real, el conflicto va a perdurar”. 

Últimamente, el Congreso chileno ha sido escenario de varios episodios de discursos de odio y violencia protagonizados por parlamentarios de extrema derecha o afines. El último, se produjo el pasado 5 de octubre, cuando el diputado Gonzalo De la Carrera atacó a su colega de la coalición de izquierda Frente Amplio Emilia Schneider con un discurso tránsfobo.

“He escuchado de usted dos grandes mentiras. Respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”, espetó De la Carrera. El parlamentario entró al Congreso con el ultraderechista Partido Republicano, del que fue expulsado posteriormente por varias polémicas. Tras recibir una ola de críticas no solo no retiró sus palabras, sino que además calificó de “feminazis” a las diputadas que se las reprocharon.

Semanas antes, también en el Parlamento, el mismo diputado golpeó al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, y antes ya había golpeado al presidente de la Comisión de Economía, el socialista Daniel Manoucheri. Hasta hoy acumula tres envíos a Comisión de Ética y dos multas del 15% de su sueldo. 

Otro parlamentario del mismo sector lanzó hace pocos días una polémica frase en la presentación de un proyecto de ley para derogar la ley de aborto en tres supuestos. Entre ellos, la violación, vigente en Chile desde hace cinco años. “Una mujer que ha sido violada y aborta, no se 'desviola' ni física ni moralmente”, dijo Cristóbal Urruticoechea.

Auge de la extrema derecha

El estudio regional ¿Es posible debatir en medio de discursos de odio? señala que Chile y Argentina fueron los países donde más ha aumentado la violencia “antigénero”. El auge de la extrema derecha en el país, de la mano de José Antonio Kast y el Partido Republicano, ha envalentonado a representantes de este sector, que despliegan sus ideas sin complejos. 

Los republicanos se constituyeron como fuerza política en 2019, pero desde 2016 su líder se había apartado de la derecha tradicional chilena por considerarla “demasiado blanda” y empezó a moverse por su cuenta. Tras un primer intento de llegar a La Moneda en 2017 (quedó cuarto), en las presidenciales del año pasado llegó hasta la segunda vuelta con el actual mandatario, Gabriel Boric. 

En las últimas elecciones legislativas, celebradas el pasado noviembre, el Partido Republicano obtuvo 15 diputados (de un total de 155) y un senador. Desde ese momento, otros nombres han acompañado a Kast, que abandonó la presidencia del partido en 2021. Uno de ellos es Johannes Kaiser, quien ha llegado a decir que las mujeres no deberían votar. Precisamente, Kaiser y De la Carrera son los dos apartados de la formación. 

“Existe la percepción de que son muchos”

“Los discursos de odio se han naturalizado bajo dos esferas: la primera, amparados en la libertad de expresión y la segunda, al considerar que su sanción promueve la cultura de la cancelación y la censura”, dice Constanza Valdés, abogada asesora en Legislación y Políticas Públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD Chile). 

Sectores liberales, apunta Valdés, han levantado alertas por estos supuestos riesgos, pero “lamentablemente no analizan las consecuencias que tiene eso para un sistema democrático en términos de violencia, discriminación y exclusión de ciertos grupos, lo que impide avanzar”.

Para la académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y experta en discursos del odio Magdalena Saldaña, “no es que exista una naturalización de estos ataques, sino que existe una percepción de que son muchos los que piensan así y no hay necesidad de esconderlo”.

Los discursos de odio se ven acrecentados frente a temáticas que polarizan, dice, y en el caso chileno el plebiscito constitucional del 4 de septiembre potenció este escenario: “El bando ganador se encontró en un mejor pie para exponer sus planteamientos, como ocurrió cuando Donald Trump ganó en Estados Unidos en 2016 y ciertos segmentos de la población se sintieron empoderados para mostrarse abiertamente racistas, misóginos y homófobos”.

“La propaganda que fabrica la extrema derecha proviene de las estrategias que el fascismo siempre ha utilizado para penetrar en la cabeza y el corazón de la gente porque busca construir emociones y sentimientos”, dice María Emilia Tijoux, académica de la Universidad de Chile y doctora en sociología.

Según ella, no es posible referirse al fascismo sin mencionar el colonialismo, el capitalismo, el machismo, el racismo o el imperialismo: “Son un conjunto de estructuras que van modelando las formas de hacer, de sentir y de pensar que afectan la percepción de la ciudadanía sobre los grupos discriminados”.

Hay ejemplos recientes ocurridos en Chile, como las manifestaciones antimigrantes convocadas ante la llegada de extranjeros en la zona norte y que terminaron con enfrentamientos y quema de pertenencias de las personas migrantes; o bien los ataques que recibió la primera presidenta de la Convención Constitucional por ser mujer y mapuche.  

“No hay estándares democráticos mínimos”

El Congreso discutió hace dos años un proyecto de ley que sanciona la violencia, la incitación al odio y el negacionismo. Sin embargo, se rechazaron la mayoría de los artículos. 

“No hay estándares democráticos mínimos en torno a la no difusión de discursos de odio en las instituciones y cuando estos sectores ultraconservadores ostentan el poder, los discursos se tienden a naturalizar aún más”, dice Valdés. “Las instituciones tienen el deber de sancionar internamente a quienes son representantes de la ciudadanía y dañan la democracia”, asegura. 

Tras las declaraciones de De la Carrera, el Gobierno anunció que dará urgencia al proyecto de reforma constitucional que busca implementar un mecanismo para apartar a parlamentarios de su cargo en caso de que comentan actos violentos de cualquier tipo. “Hay que involucrar al Estado y a las instituciones porque falta transversalizar una educación en torno a la igualdad, a la inclusión social, a la solidaridad y la interculturalidad”, dice Tijoux. 

Por primera vez, este 11 de septiembre Chile habría podido conmemorar los 49 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990) sin arrastrar el legado del dictador, encapsulado en la Constitución de 1980. Sin embargo, una amplia mayoría de la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución que se votó hace justo una semana. Por ahora, la carta magna instaurada durante la dictadura se mantiene un 11 de septiembre más.

Tras las negociaciones de la última semana, algunos, como Isabel Allende, senadora del Partido Socialista e hija del expresidente Salvador Allende, esperan poder llegar al 50 aniversario del golpe de Estado con una nueva carta magna. Quieren que sea redactada por una nueva convención constitucional y que se aleje de “maximalismos” y otros “errores” cometidos en la primera etapa. La parlamentaria conversa con elDiario.es sobre el futuro del proceso constituyente, la gestión del gobierno de Gabriel Boric, y las deudas del Estado chileno en materia de memoria y derechos humanos.

¿Es de las que pensaban que Chile conmemoraría 49 años del golpe de Estado con una nueva Constitución?

Soy de las que creía que el resultado del plebiscito iba a ser muy estrecho, tres puntos arriba o abajo, el apruebo o el rechazo. Jamás imaginé este resultado. Éramos conscientes de que el rechazo levantó una campaña muy inteligente y brutal, con muchas noticias falsas. Pero también hubo comportamientos reprochables de los convencionales, faltas de ética y mucha falta de información y de pedagogía. Hubo maximalismos e intolerancia y faltó capacidad de generar acuerdos amplios, más allá de que cada artículo requería 2/3. Además, la gente no leyó la Constitución y se quedó con ciertos titulares. Otros asociaron la propuesta constitucional al gobierno de Boric, cuya adhesión ha disminuido porque hay una situación económica compleja, inflación, ya no hay las ayudas universales. Hubo una multiplicidad de factores que influyeron en este resultado. Me hacía pensar que era muy difícil ganar, pero tenía una esperanza. 

¿Cómo afectó que parte de la centro-izquierda apostara por el rechazo?

El triunfo del que se jacta la derecha es un resultado que ni en sus mejores sueños podría obtener. Lograron arrastrar a sectores que pertenecieron a la Concertación [coalición de la centro-izquierda tradicional] y que se fueron con el rechazo, y sumar otra gente que por primera vez votaba. Fue la primera elección con voto obligatorio y con inscripción [al padrón electoral] automática. La participación fue inédita. 

¿Cuán debilitado queda ahora el gobierno de Boric, del cual su partido también forma parte?

Queda debilitado porque hubo una asociación de la nueva propuesta de Constitución con el gobierno. Sin embargo, hizo muy bien en reaccionar rápido y hacer un cambio de gabinete. Se incorporaron dos mujeres [Carolina Tohá como ministra de Interior, y Ana Lya Uriarte como ministra general de la Presidencia] con trayectoria y experiencia en el servicio público y eso va a aportar. También hay un nuevo equilibrio en el comité político [círculo duro de ministros que toma las decisiones], que estaba demasiado cargado hacia la coalición del propio presidente. La presencia de nuestra coalición, Socialismo Democrático [conformada por la centro-izquierda tradicional], se equilibra con la de Apruebo Dignidad [que forman el Partido Comunista y el Frente Amplio]. En este gobierno hay dos coaliciones gobernando, que son diversas, con historias diferentes, culturas diferentes y que no ha sido fácil la relación entre ellas. Esto es inédito. 

Ha habido errores del gobierno que han delatado la falta de experiencia. Gobernar es algo complejo y, sobre todo, cuando no hay mayorías en el Congreso

¿Faltaba experiencia en el gobierno?

Sí, porque había gente muy joven o muy académica, pero sin trayectoria en el servicio público. Ha habido errores del gobierno que han delatado la falta de experiencia. Gobernar es algo complejo y, sobre todo, cuando no hay mayorías en el Congreso. Se ha permitido que ingresen al Parlamento partidos con un porcentaje bajísimo de adhesión. Hay más de 25 partidos y movimientos en la Cámara de Diputados y Diputadas y eso obstaculiza una buena gestión y por eso se necesitaba gente con más experiencia. 

Esta semana hemos visto una imagen de todas las fuerzas del Congreso reunidas para definir un nuevo itinerario constitucional. El protagonismo ahora regresa al Congreso, pero los partidos y las instituciones fueron rechazados en el primer acuerdo por una nueva Constitución, en pleno estallido social de 2019, por una profunda crisis de legitimidad. ¿Qué ha cambiado ahora?

Tiene que volver al Congreso porque es ahí donde hay que legislar una reforma constitucional que regule las condiciones en que se va a hacer esta nueva etapa. Hay que definir el número de convencionales, el modo de elección, las características electorales (listas, paridad, escaños reservados para pueblos originarios, etc.). Hasta ahora, la derecha ha dicho estar disponible para una nueva Constitución. Espero que lo que dijeron haya sido por convicción y no por oportunismo electoral antes del 4 de septiembre. Han surgido voces que ya empiezan a desdibujar los acuerdos comprometidos, pero espero que cumplan su palabra y se pueda establecer un nuevo proceso constituyente.  

¿Puede leerse esta nueva etapa como una oportunidad para que la ciudadanía vuelva a confiar en el Congreso y las instituciones?

Lo veo como una oportunidad, pero no es fácil. El grado de deslegitimidad ha sido alto y en este país falta mucha educación cívica. Chile era un país que se caracterizaba por que la gente tenía alta consciencia cívica y política, pero se ha ido perdiendo, también por el voto voluntario. Los partidos tenemos que demostrar que hemos aprendido la lección y ser más rigurosos con la transparencia y las rendiciones de cuentas de fondos públicos. Tenemos una ciudadanía cansada del abuso, del maltrato y de no tener acceso a los servicios de calidad porque en nuestro país eso depende del bolsillo. Hay que escuchar más a la gente, porque la Constitución del 1980 no permitió espacios de consulta y participación.

Sería un gran hito y muy relevante que, a los 50 años del golpe se deje por fin atrás la Constitución de 1980, impuesta en dictadura y con este carácter subsidiario

¿Qué ejes de la nueva Constitución hay que mantener en la segunda propuesta que se redacte?

Algunos para mí son centrales como establecer un Estado social democrático y de derecho, lo más parecido a un estado de bienestar, en el que se protejan y garanticen derechos, que hoy no lo tenemos; asegurar la paridad; la representación de los pueblos originarios; expresar la preocupación por el medio ambiente y el cambio climático y la descentralización. 

Se habla de septiembre del próximo año como una posible fecha para la segunda propuesta de nueva Constitución. ¿Podría coincidir la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado con la nueva Constitución?

Sería un gran hito y muy relevante que, a los 50 años del golpe se deje por fin atrás la Constitución de 1980, impuesta en dictadura y con este carácter subsidiario. Hemos aprendido dolorosamente que hay que proteger la democracia con más democracia. No puedo decir con seguridad que vaya a ser para el 11 de septiembre, pero al menos en el año en que se cumplen los 50 años. 

¿Sería el cierre definitivo de la transición?

Exactamente. Por fin dejaríamos atrás la Constitución que significó amarres, supracuórums, senadores designados, un sistema binominal que hasta 2017 terminaba por empatar a la oposición y al oficialismo, etc. Hemos sido presos durante más de 40 años de una Constitución que amarró el inicio de la democracia. La transición democrática que ha sido muy lenta, en parte, por este factor. 

¿Qué deudas en materia de derechos humanos y memoria tiene el Estado de Chile pendientes de resolver?

Hemos avanzado y hay buena parte de la cúpula presa, algunos con cientos años de condenas, pero no es suficiente. Faltan respuestas para encontrar los restos de familiares de detenidos y desaparecidos. Todavía hay juicios abiertos, y son lentos y todavía la gente siente que la justicia no llega. Y, por otro lado, hay que enfatizar más la formación en derechos humanos, sobre todo de las policías. En el estallido hubo actos condenables como saqueos, pero por el otro lado, hubo una represión en la calle que demostró que necesitamos avanzar en protocolos democráticos. Es un país que ha ido haciendo justicia con mucha lentitud y queda mucho pendiente. 

Fuera de Chile, sobre todo la prensa internacional, ha comparado al presidente Boric con su padre, en particular por ser ambos gobiernos de izquierda. ¿Encuentra similitudes?

Hay una similitud porque el presidente Boric plantea una serie de transformaciones importantes. Salvador Allende sentiría que es admirable que tantos años después le toque el liderazgo a una persona joven, de 36 años, que tiene esta sensibilidad de generar transformaciones, pero consciente de que requieren amplias mayorías. A Salvador Allende le gustaría acercarse a conocer un proceso como este con mucho interés y le gustaría ver que hay dos coaliciones, que hay diversidad entre ellas, con historias distintas, pero con la idea de sumarlas, de aprender a escuchar al otro y de que los maximalismos nos hacen malas jugadas. 

¿Su padre también hubiese pensado que los maximalismos han jugado una mala pasada?

Por supuesto. Hubo momentos en su gobierno que algunos querían la revolución ‘ya, ahora y de cualquier manera’, o trataron de ir más allá de los límites, por ejemplo, con la reforma agraria. Salvador Allende nos deja la experiencia de que los procesos son graduales y con amplias mayorías y eso Boric lo recalca mucho. A él le gusta mucho informarse de la historia pasada y siempre reconoce que lo de hoy descansa en hombros de muchas generaciones que trabajaron para eso. 

¿Puede anticipar algo de los preparativos para la conmemoración de los 50 años del golpe?

El gobierno creará una comisión para prepararla porque no va a ser indiferente. En la Fundación Salvador Allende estamos trabajando en tres líneas: los desafíos de la democracia, la solidaridad y el reconocimiento a los comités internacionales y países que ayudaron desde afuera, y los derechos humanos. También empezaremos a organizar distintas actividades y coordinaciones con los países que se quieren sumar a la conmemoración. No será solo una fecha, sino a lo largo de todo el próximo año. 

Más de 15 millones de chilenos y chilenas están obligados a votar este domingo 4 en el plebiscito que decidirá si Chile apuesta por una nueva Constitución que sustituya la vigente, diseñada y aplicada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y reformada parcialmente en democracia.

El nuevo texto, redactado por la primera asamblea constituyente paritaria del mundo, tiene 388 artículos y da un giro de 180 grados en la garantía de derechos básicos y la definición de las instituciones chilenas. En su primer artículo establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico” y dice que “su democracia es inclusiva y paritaria”.  

El plebiscito constitucional es el hito que corona un proceso constituyente que fue empujado desde la calle. Las protestas ciudadanas que empezaron en octubre de 2019 estudiantes de secundaria que se quejaban por el alza del transporte público dio pie a las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia. En medio de extensas jornadas de protesta, las fuerzas políticas, de forma transversal, suscribieron un acuerdo “por la paz y una nueva Constitución”. Después del plebiscito para empezar el proceso, en el que el 78% votó a favor del cambio constitucional, ahora la decisión pasa por aprobar o rechazar el texto escrito durante un año por 154 constituyentes.

Voto obligatorio

De forma excepcional, el plebiscito tiene, por ley, carácter obligatorio y quienes no sufraguen deberán pagar una multa de hasta 178.000 pesos (casi 200 euros). En Chile, el voto es voluntario desde 2012, año en que empezó a disminuir la participación electoral. Desde entonces, ese indicador ha oscilado en torno al 50% en todas las elecciones. La segunda vuelta presidencial, que disputaron el actual presidente de izquierdas Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast alcanzó un 55,7% de participación. Es hasta ahora la elección más concurrida. Sin embargo, la obligación de ir a votar alterará la tendencia de la participación y podría definir el resultado. 

“El voto obligatorio generará un aumento de la participación electoral de al menos el 10%, por lo que deberíamos estar como mínimo en torno al 65%”, dice el politólogo de la Universidad de Talca Mauricio Morales. Según él, con este aumento “se espera que se reduzca la brecha de clase porque siempre las comunas más ricas han votado más que las más pobres”. En la Región Metropolitana (RM) y Valparaíso este aumento beneficiaría a la opción “apruebo”. “Ambas regiones representan el 55% del padrón electoral con lo que el apruebo puede mantener sus esperanzas allí”, dice el académico. En el resto del país si sube la participación sube el “rechazo”. 

Polarización y triunfo del 'rechazo'

Hace meses que las encuestas posicionan al 'rechazo' como opción ganadora. Los últimos sondeos le otorgan una ventaja de en torno a los 10 puntos. Sin embargo, los expertos y analistas no dan nada por cerrado. Algunos incluso consideran que el resultado será muy ajustado.  

Entre las principales razones que generan mayor controversia hay aspectos relacionados con el sistema de gobierno, que establece dos cámaras (el Congreso de Diputadas y Diputados, el más poderoso, y la Cámara de las Regiones) y la desaparición del Senado; la protección de la propiedad de bienes como las pensiones o la vivienda; y la plurinacionalidad. Los detractores del texto lo califican de “indigenista” y consideran que algunos artículos pueden profundizar la división del país. 

La sociedad chilena lleva un tiempo fuertemente polarizada. Primero fue con el plebiscito de octubre de 2020, luego vino la elección presidencial, en concreto, la segunda vuelta, y ahora el plebiscito para aprobar el texto. “Tenemos que evitar que el lunes [5 de septiembre] se transforme en una idea de que hay vencedores y vencidos, y un clima que aumente la polarización”, dijo esta semana el ministro Giorgio Jackson.

Para algunos expertos, no se trata tanto de una polarización ideológica, sino más afectiva y emocional. Una suerte de “nosotros contra ellos”. “El país va a terminar dividido sí o sí, y mínimo un 45% de la población va a quedar descontenta con el resultado, es decir, la convención fracasó en su objetivo de unir al país. Lo dividió y fracturó la amistad cívica”, dice Morales. Para la politóloga de la Universidad de Concepción Jeanne Simon, solo si el resultado es ajustado “obligará a las fuerzas políticas a trabajar juntas y encontrar más puntos en común, sin que un sector que se siente ganador excluya los demás”.

Han contribuido a la división los bulos y otras formas de desinformación, que han sido constantes desde el inicio del proceso constituyente. “Dada la complejidad temática de la Constitución, ha habido noticias falsas que han emergido de leer o interpretar mal el texto y han surgido opiniones que, sin ser necesariamente falsas, no han sido suficientemente claras o bien explicitadas y eso produce dudas”, dice Miguel Ángel López, politólogo de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales.

Más allá del plebiscito

Gane quien gane, hay algo que en las últimas semanas ha quedado claro: el proceso no termina este domingo. Si gana el 'apruebo', los partidos del Gobierno tendrán que cumplir el compromiso que adoptaron hace unas semanas y que consiste en modificar los puntos más controvertidos del texto a través de reformas que se llevarían a cabo en el Congreso. Este pacto no gustó al ala más dura de su propia coalición, pero fue la apuesta de Boric a los indecisos para dar certezas de reformas. “El acuerdo contribuyó a que parte de los votantes de centroizquierda pudiesen verse más representados y por una estrategia de reforma”, dice Morales.

En el caso de ganar el 'rechazo', existe cierto consenso político de que la Constitución actual debe cambiarse porque casi el 80% así lo expresó en el plebiscito de octubre 2020. El presidente ha dicho que su opción pasa por no repetir un plebiscito, sino llamar a una nueva elección de convención, que probablemente tendría nuevas reglas. De hecho, dos parlamentarios del centro-izquierda han presentado un proyecto de ley para que, en caso de ganar el 'rechazo', que promueven sectores que van desde la ultraderecha hasta la centro-izquierda, el presidente pueda dar los pasos necesarios para convocar una nueva convención. “Es un plan B del que nunca se quiso hablar explícitamente, pero que ahora es más necesario que nunca considerando las posibilidades de que el 'rechazo' se imponga”, dice Morales. 

En la mesa hay otras opciones como modificar la propuesta constitucional: una convención integrada por parlamentarios, un comité de expertos o una reforma a la actual Constitución de 1980 con un cambio legal que reduce el quórum para ello. Las respuestas se conocerán a partir de este domingo. 

Elisa Loncon (Traiguén, Chile, 1963) exprime los últimos días de la campaña electoral del plebiscito por una nueva Constitución que Chile celebra este domingo 4 de septiembre. El país sudamericano debe decidir si apoya el nuevo texto para sustituir la carta magna actual, escrita bajo dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Mapuche, lingüista y activista por los derechos de los pueblos indígenas, Loncon presidió la primera etapa, de julio de 2021 a enero de 2022, de la convención constitucional encargada de redactar el nuevo texto.

Desde que se disolvió el órgano, Loncon se ha movido dentro y fuera del país para dar a conocer el proceso chileno y los avances que, según ella, trae la propuesta. Profesora de lengua y cultura mapuche, su figura y su labor –por la que sufrió amenazas y acoso– permitieron al pueblo mapuche y al resto de pueblos originarios de Chile alcanzar un protagonismo y una visibilidad insólitos hasta entonces. Fue reconocida como una de las 100 personas más influyentes del 2021 por la revista Time, y también el Financial Times la consideró una de las 25 mujeres más destacadas del año. 

¿Qué balance hace de la campaña electoral del plebiscito?

Ha sido bastante polarizada porque la opción es binaria: o se aprueba o se rechaza [el texto de la nueva Constitución]. El trabajo del ‘apruebo’ se ha caracterizado por ser bastante pedagógico y por difundir las normas. La campaña del ‘rechazo’, en cambio, ha dado curso a mentiras y interpretaciones falseadas de las normas. La campaña del ‘apruebo’ también ha tenido bastante despliegue territorial, en las calles y eventos masivos, mientras que ‘el rechazo’ casi no ha tenido despliegue territorial y se ha caracterizado por tener muy baja participación de la gente. Sin embargo, ‘el rechazo’ ahora marca la tendencia en las encuestas porque los medios están controlados por quienes tienen el poder económico y no quieren los cambios. Las campañas han sido desiguales en lo económico y en la difusión en medios.

¿Le preocupan las encuestas que muestran el ‘rechazo’ como opción ganadora?

Son preocupantes, pero cuando se empieza a analizar de dónde parte la información, se puede ver que parte de muchos supuestos, mentiras e información falseada. En ese contexto, pierden credibilidad, aunque es un dato importante de calibrar. Aun así, tampoco se da cuenta de la población que todavía no es detectada por las encuestas porque por esta vez el voto es obligatorio y van a votar actores nuevos, los jóvenes, sobre todo. 

En los últimos días han ocurrido varias polémicas que se dice que pueden marcar el resultado de la elección. Por un lado, la detención del líder radical mapuche Héctor Llaitul, que podría beneficiar al ‘apruebo’; por el otro, la actuación de tono sexual con la bandera chilena en Valparaíso, que podría beneficiar al ‘rechazo’. ¿Cree que pueden afectar al resultado?

No creo que eso cambie los resultados, pero puede cambiar el voto de los indecisos, sobre todo en el caso de Valparaíso, porque fue grotesco y sin filtro. Eso, en vez de fortalecer una campaña, la debilita. Por otro lado, el caso de Llaitul, estuvo en una posición en contra de la Convención Constitucional y se han publicado una serie de escuchas telefónicas que hablan muy mal de él como sujeto político. No lo conozco personalmente, pero son extremos y los extremos, independientemente que sean de izquierda o de derecha, se alejan mucho de la tendencia mayoritaria. 

Usted que se ha movido mucho por el país haciendo campaña, ¿cómo percibe las impresiones que causa la propuesta de nueva Constitución en el sur del país, en el territorio mapuche del Wallmapu?

Estuve en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, en la zona de Temuco, en Tirúa. He tenido mucho acceso con las comunidades y hay algunas y algunos líderes mapuche fieles a este proceso constituyente. No son todos, pero los que apuestan por el proceso son los que más conocimiento e información tienen. Hay una mayoría de gente mapuche que no está informada, que no alcanzaremos a informar y que va a votar según lo que tenga a mano en ese momento. Es preocupante porque el sector mapuche está marginado de la información, pero la gente que ha llegado a los eventos que hemos convocado en la campaña, junto a los convencionales Rosa Catrileo y Adolfo Millabur, está preocupada para que el ‘apruebo’ gane. Es un sector de gente comprometida, pero esta no es la tendencia general. Al contrario, en La Araucanía [territorio mapuche al sur del país] va a ganar el ‘rechazo’, pero no por el voto mapuche, sino porque hay muchos campesinos cuya decisión viene muy influenciada por el sistema patronal que existe. 

Los extremos, independientemente que sean de izquierda o de derecha, se alejan mucho de la tendencia mayoritaria.

Usted también es de las convencionales que más ha viajado al exterior para explicar el proceso chileno. ¿Qué impresión tienen en otros países del proceso constitucional chileno?

Hay esperanzas sinceras. Se está mirando a Chile como un referente para Latinoamérica y el mundo. Se valora mucho la democracia paritaria y que la Constitución se haya escrito en paridad. También se mira la plurinacionalidad. Van a haber territorios indígenas autónomos, se consideran los derechos de la naturaleza, el reconocimiento de la crisis climática, etc. Son todos ejes que permiten relevar el proceso chileno. Eso también se valora en Chile, pero quien no lo valora es la clase política que se benefició de la Constitución del 80, la derecha y el sector conservador, porque ellos quieren mantener el sistema. 

¿Qué le parece que la plurinacionalidad sea uno de los puntos que genera más controversia entre la gente, según han reportado las encuestas?

Esa controversia no es de la gente, es creada por la clase política y los conservadores. La gente común y corriente siempre ha sabido de nosotros. Hemos sido vecinos, compañeros de curso, hemos crecido junto a personas que no son indígenas y hemos mantenido nuestra vida indígena. Saben que pueden compartir con nosotros. En el fondo, queremos que lo que hemos convivido chilenos e indígenas sea una política estatal. El tema principal es el reconocimiento político, esto es lo que cambia. Quienes han usado la demanda indígena para decir que esta Constitución no sirve han sido los que no quieren los cambios, los que están en contra de los derechos sociales. No es cierto que los chilenos rechacen esta Constitución por el tema de la plurinacionalidad porque la plurinacionalidad no significa el menoscabo de los derechos del otro, es un estándar internacional para alcanzar los derechos humanos de los pueblos indígenas y las constituciones tienen que responder a esos estándares. 

¿Qué opina del pacto entre partidos del gobierno que antes de votar ya se han comprometido a reformar los puntos más cuestionados del nuevo texto, en caso de que gane el ‘apruebo’?

No he estado de acuerdo con ninguno de los discursos que buscan ‘aprobar para reformar’ porque son posturas que se han dado los partidos. Yo no soy militante de ningún partido y no estoy en esta postura. Mi posición es primero aprobar la nueva Constitución y luego la propia Constitución aprobada tiene varios mecanismos para hacer modificaciones a partir de la voluntad popular. Todo lo demás es una cuestión propagandística para mantener un discurso político con fines para los propios partidos. 

De aprobarse la nueva Constitución, ¿cómo se imagina el cambio cultural que necesita el país para implementar lo que ahí se establece?

Va a haber un cambio cultural profundo que va a tomar tiempo. Por ejemplo, tenemos que reconocer que somos interdependientes los unos de los otros como vemos con el derecho al cuidado, y también de la naturaleza porque somos un 75% de agua y, por lo tanto, necesitamos este recurso. Vamos a tener que levantar diálogos constructivos que nos permitan valorar al otro en sus aportaciones al pensamiento, a las prácticas, al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y eso va a superar las cuestiones racistas que hoy existen.

Si ganase el ‘rechazo’, ¿cuál sería para usted la mejor opción de las que se está hablando? El presidente ha dicho que es partidario de convocar una nueva convención. ¿Coincide con él?

Eso lo vamos a hablar a partir del día 5. Yo en estos momentos estoy trabajando para el ‘apruebo’. A nosotros nos mandataron el trabajo de garantizar los derechos sociales de todo el pueblo de Chile y lo hicimos, y lo hicimos bien. Ahora corresponde a ese pueblo reconocer ese trabajo y votar a favor de sus propios derechos. Mi llamado es a que los chilenos voten por sus derechos sociales, que las mujeres votemos por la paridad y que los pueblos indígenas votemos a favor de esta nueva Constitución, independientemente de la postura en que hoy se encuentren (dentro del pueblo mapuche hay varias posturas, desde las más extremas a las más dialogantes). Sin embargo, todas estas organizaciones tienen el mismo fin: recuperar las tierras, la autonomía, la libre determinación, las leyes, la cultura... Todo esto está instalado en la nueva Constitución y si es un piso mínimo de conquista para fortalecer nuestra lucha como pueblo, tenemos que unirnos. Les hablo a los pueblos indígenas como una hermana y pido apoyo y respeto. Efectivamente, no está todo, pero con este mínimo podemos avanzar. 

La plurinacionalidad no significa el menoscabo de los derechos del otro, es un estándar internacional para alcanzar los derechos humanos de los pueblos indígenas y las constituciones tienen que responder a esos estándares.

¿Es este un buen cierre para la crisis que abrió el estallido social de octubre de 2019?

Sí, yo siempre pensé que no íbamos a resolver los problemas económicos y políticos de la noche a la mañana, pero que le daríamos a Chile una nueva Constitución que nos llenase de esperanza, que nos diese un camino común y que como pueblo pudiésemos, estratégicamente, ir avanzando en la conquista de nuestros derechos a partir de la democracia, el diálogo y el respeto entre todos. Eso explica por qué dimos tanto para tener una nueva Constitución en un plazo tan corto como el que nos dieron [12 meses]. Trabajamos más de la cuenta, un día era multiplicado por tres. Eso a mí me ha dejado muy satisfecha y espero que esta satisfacción se corresponda con los resultados del plebiscito. 

¿El resultado puede afectar al Gobierno de Gabriel Boric? ¿Podríamos ver, en caso de ganar el ‘rechazo’, que el Gobierno no pueda terminar su mandato?

Eso no lo sé porque no estoy dentro del sistema político. El presidente tiene su agenda como gobierno, y el tema constitucional es una parte más de ella. Chile tiene que avanzar en el diálogo democrático, se necesita sensatez política para cada uno de los actores chilenos. 

¿Qué hace falta a partir del día 5 para que la polarización que antes me mencionaba disminuya?

El resultado va a demostrar si realmente es polarización o si es una mayoría la que está por hacer los cambios. Es un proceso democrático y tengo la convicción de que esta es una Constitución profundamente humana, que llama a humanizarnos, a la solidaridad, a la consciencia ética. Cualquiera sea el resultado, perdurará la necesidad de actuar con valores humanos porque como especie nos necesitamos, no podemos vivir enfrentados. Cualquiera sea el resultado, hay que apelar a la democracia y a la humanidad. 

Cargada con su amplia oferta de libros feministas, Gladys Bustos se instala en el recibidor del Teatro Caupolicán de Santiago, en pleno centro de la capital de Chile. Hoy, por ser un “día especial”, dice a elDiario.es, vende dos por 20.000 pesos (22 euros). “Es un día histórico para las feministas, estoy muy emocionada”. Fuera, la fila de personas que esperan para entrar da la vuelta al edificio y aún falta más de una hora para empezar.

La escena es del pasado sábado, cuando miles de personas acudieron al llamado “Caupolicanazo Feminista”, un evento reservado solo para mujeres e integrantes de la comunidad LGTBI y organizado por 37 organizaciones feministas partidarias de aprobar la propuesta de nueva Constitución.

El próximo domingo 4 de septiembre el país sudamericano decidirá en un plebiscito si sustituye la carta magna actual, instaurada bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por una nueva. En la papeleta hay dos opciones: 'apruebo' o 'rechazo' (el texto propuesto). Los últimos sondeos revelan que se puede imponer la opción de rechazo, pero voces expertas creen que el resultado está muy abierto.

La perspectiva de género en el texto

La portavoz del encuentro, Cynthia Shuffer, defendió que el texto propuesto “avanza en transformaciones sustantivas” y trae “buenas noticias feministas”.

Al menos 36 de los 388 artículos de la nueva norma aluden explícitamente al género y a temas hasta ahora invisibilizados, según un recuento de ONU Mujeres citado por la agencia EFE. Un aspecto pionero se recoge en el Artículo 1, que define la democracia como “inclusiva y paritaria” y establece que todos los poderes y organismos del Estado, incluso la Policía y las Fuerzas Armadas, deben estar integrados por al menos un 50% de mujeres.

“Esta será la primera Constitución en el mundo escrita por un órgano paritario y será también la primera en garantizar que nuestro lugar en la democracia nunca será menos que nuestro lugar en el mundo: al menos la mitad”, dice a elDiario.es la constituyente Alondra Carrillo, de 29 años, independiente y activista de la Coordinadora Feminista 8M, una de las organizaciones que estuvo a cargo del evento del pasado sábado.

Se trata de una paridad que no fija un límite a la presencia de mujeres y que reconoce la representación de personas trans y no binarias en todos los espacios de decisión. “Es la gran innovación y la que tiene a constitucionalistas de todo el mundo con los ojos puestos en Chile”, dice Tania Busch, académica de la Universidad Andrés Bello y directora de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

La propuesta constitucional, además, reconoce el trabajo doméstico y contempla la creación de un sistema nacional de cuidados; garantiza los derechos sexuales y reproductivos –incluido el aborto, cuya aprobación fue rechazada en noviembre de 2021 por el Congreso–e incorpora la perspectiva de género de forma transversal e interseccional. “La vida de las mujeres es visible en el entramado normativo global y empapa todas las discusiones que ponen en el centro la vida”, dice Carrillo. 

En el catálogo de derechos, también se consagran, entre otros, la educación sexual integral, la vida libre de violencia de género, el derecho a la identidad “en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas”, el reconocimiento de las familias “en sus diversas formas, expresiones y modos de vida” y la justicia con perspectiva de género. De aprobarse el nuevo redactado, Chile podría tener una de las constituciones más feministas del mundo.   

“Las mujeres chilenas abren el camino”

Uno a uno, las animadoras del evento celebrado el sábado repasaron los artículos que representan avances en los derechos de las mujeres y la diversidad sexual y llamaron a la participación. “Somos nosotras, con nuestra fuerza decidida, quienes vamos a enterrar la Constitución de Pinochet”, dijo una de las integrantes de la Coordinadora 8M. Las más de 4.000 asistentes, según la organización, entonaron lemas como “libre y convencida, 'apruebo' de salida” y “aprobar, aprobar, otra forma de luchar”, mientras artistas, humoristas y activistas desfilaron por el escenario.

La convocatoria reunió a personas de todas las edades que convirtieron la cita en una fiesta a favor del cambio constitucional. “Las mujeres somos las que llevamos la fuerza por el ‘apruebo’ porque dentro de la nueva Constitución estamos muy favorecidas”, dijo Aurora Lizama, de 71 años, que acudió al teatro con sus amigas.

Además de mujeres mapuche, también asistieron autoridades municipales, parlamentarias, integrantes de la Convención Constitucional que ha redactado el nuevo texto, y activistas medioambientales, de la diversidad sexual, del mundo rural y migrantes. “Es muy lindo ver tanta gente unida por el ‘apruebo’, no solo del movimiento feminista, sino también disidencias que representan gente como yo, luchando para construir un mundo mejor para 'todes' a través de la nueva Constitución”, dijo Sam, de 22 años. 

El feminismo chileno marcó el 27 de agosto como un nuevo hito para recordar en su calendario. Llenó el Teatro Caupolicán como lo hizo el 29 de diciembre de 1983, cuando miles de mujeres se congregaron en este mismo lugar para exigir el fin de la dictadura. “El Caupolicán del 83 fue para luchar contra la dictadura y el de hoy es para erradicar una de las herencias mas estructurales de la dictadura, que es la actual Constitución”, dijo Cynthia Shuffer. “Hoy, tantos años mas tarde, nos volvemos a reunir para denunciar la cantidad de abusos e injusticias contra las que luchamos. La fuerza de este Caupolicán nos confirma que vamos a ganar”, añadió por su parte Vicky Quevedo, una de las feministas históricas que estuvo presente en 1983.

El recuerdo para todas aquellas que antecedieron y para las víctimas de femicidios y de la violencia machista estuvo presente a lo largo de todo el acto, que culminó en un punto álgido. La antropóloga y activista feminista argentina, Rita Segato apareció en el escenario para destacar la importancia del proceso chileno dentro de América Latina y el mundo. “Chile nos representa. Las mujeres chilenas abren el camino y son la 'sujeta' universal que habla de lo que puede salvar a la humanidad –a toda ella– en este momento tan apocalíptico de la historia”. “Mucha gente está mirando lo qué pasa en Chile, tenemos la posibilidad de derrocar la Constitución de Pinochet”, dijo la cantante de hip hop Ana Tijoux, encargada de cerrar el evento.

Hay una frase que se está escuchando de forma repetida en los últimos días en Chile: “No es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé”. Es un verso de la canción El breve espacio en que no estás del cantante cubano Pablo Milanés y los chilenos lo han aplicado a la propuesta de nueva Constitución que han redactado 154 hombres y mujeres en paridad. Primero fue la expresidenta Michelle Bachelet quien tomó prestado el fragmento y luego lo repitieron el actual presidente, Gabriel Boric, y su ministro Giorgio Jackson, secretario general de la presidencia.

Dentro de un mes, el 4 de septiembre, Chile votará si aprueba o rechaza el proyecto constitucional escrito por la Convención, el órgano encargado de su redacción. La campaña en la prensa y en la calle lleva semanas (o incluso meses) en marcha, pero será este viernes 5 de agosto cuando empezará la recta final, con el despliegue de la franja electoral en los medios. El debate está encendido porque, en el fondo, el país se juega el entierro definitivo del legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La carta magna vigente data de 1980 y fue aprobada durante el régimen.

El proceso ha sido intenso, con altos y bajos de la Convención. Aunque al inicio la apuesta por el cambio fue muy clara –casi el 80% votó por esta opción en el plebiscito de entrada de octubre de 2020–, el nuevo texto no convence a buena parte del electorado. Según la encuestadora Criteria, más del 73% se mueven entre dos opciones intermedias: aprobar para mejorar la nueva propuesta constitucional (33,4%) y rechazar para reformar la Constitución vigente (39,9%). Solo el 27% se identifica con las dos alternativas que plantea la papeleta: aprobar el nuevo texto sin hacerle modificaciones (15,9%) o rechazarlo para mantener intacta la actual (10,7%).

Surgen alternativas

A medida que las encuestas han lanzado sus pronósticos, que desde hace meses apuntan al triunfo del rechazo, y sobre todo tras la presentación oficial de la propuesta convencional, han empezado a surgir alternativas al 'apruebo' y 'rechazo' a secas. Algunas apuntan a validar el texto para modificarlo una vez esté aprobado en el plebiscito. Otras buscan rechazarlo directamente y jugar con otras posibilidades dentro del marco vigente.

La coalición de derechas Chile Vamos se ha comprometido a reformar diez aspectos de la actual carta fundamental, entre ellos cuestiones que en el pasado estuvieron en contra de modificar, como el derecho al agua. “El 'rechazo para reformar' es una alternativa poco creíble considerando los antecedentes previos y el comportamiento que ha tenido la derecha en Chile”, dice Cecilia Osorio, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

También sectores del centro-izquierda se oponen al proyecto constitucional y algunos de ellos buscan impulsar una reforma de ley que permita continuar con el proceso constituyente mediante un nuevo plebiscito, en caso de que se imponga el rechazo.

La actual Constitución establece que, en caso de ser rechazada la propuesta de la Convención Constitucional, seguirá vigente la carta magna de 1980. El temor a permanecer bajo el marco de la dictadura es tal que, incluso antes de que se vote, grupos de izquierdas e incluso desde el Gobierno han planteado llegar a un acuerdo para modificar los puntos más polémicos del texto una vez se apruebe.

“Tenemos acuerdo (entre) todos quienes apoyan al Gobierno de que es posible mejorarlo”, dijo Boric. El mandatario ha reconocido que hay puntos que se pueden corregir, pero en los últimos días se ha mostrado partidario de postergar la discusión para después de la consulta ciudadana. El derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, el carácter plurinacional del Estado, el nuevo sistema de Justicia y la eliminación del Senado son algunos de los temas que generan más controversia. 

Otra idea que ha sobrevolado y que el mandatario ha terminado de concretar es la llamada 'tercera vía', es decir, abrir un nuevo proceso constituyente y convocar nuevas elecciones de convencionales en caso que la ciudadanía refute el proyecto de Constitución. “De ganar la alternativa 'rechazo', vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más”, dijo Boric. Sin embargo, no está clara la fórmula prevista para ello y las opciones van desde una nueva asamblea, como sugiere él mismo, hasta el Congreso o un comité de expertos.

“La posibilidad de reformar la nueva Constitución se ha puesto en el debate para calmar a los indecisos y a los sectores más preocupados por determinados ámbitos de la reforma”, dice Osorio. Para el analista político Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, las alternativas planteadas “son señales que debilitan ambas posiciones y parecen establecer que, pase lo que pase, después del plebiscito hay que hacer modificaciones al texto constitucional”.

“Si el resultado entre ambas opciones es estrecho habrá más posibilidad de llevar a cabo las reformas que si la diferencia es más amplia”, dice Duval.

Expectativas desinfladas y desinformación

La Convención empezó su labor con altas expectativas de la ciudadanía, pero se fueron desinflando con el avance del proceso. Varias polémicas entre convencionales de distintos sectores, algunas propuestas radicales que generaron controversia (aunque se descartaron) y la difusión de desinformación por parte de los grupos más conservadores propiciaron un aumento de la desconfianza de la ciudadanía, que observa el proceso con distancia.

“La percepción de la opinión pública respecto la Convención se fue debilitando por el predominio de sectores extremos de izquierda y derecha”, dice Duval. Osorio señala que la presencia mayoritaria de independientes “generó un funcionamiento muy particular, con relatos, discursos y performances que provocaron mucha oposición por ser novedosos, disruptivos y porque hubo momentos de franco desorden”. Y añade: “Muchos convencionales han tenido un rol protagónico y posiciones desde su trinchera que no contribuyen al debate más amplio”. 

El proyecto de nueva Constitución, descargable de forma gratuita en Internet, es el libro de no ficción más vendido en el país, según la clasificación semanal del diario El Mercurio. Antes de que la Convención entregara la propuesta final, el borrador ya se comercializó masivamente en puestos de venta ambulante y quioscos callejeros. Aun así, tanto el Servicio Electoral (Servel) –órgano autónomo que fiscaliza las elecciones en Chile– como expertos advierten del riesgo de desinformación sobre el contenido del texto constitucional. 

“Hay mucha caricatura de los sectores que se ven más amenazados y han simplificado el debate al extremo”, dice Osorio. Eso, a su parecer, se suma a la complejidad que supone “para una población tan amplia –como la chilena– y con muchas preocupaciones en el día a día acercarse a un texto constitucional largo”.

La tergiversación ha llegado al punto de que incluso se han distribuido ejemplares falsos del proyecto de nueva carta magna. El Gobierno respondió repartiendo ejemplares oficiales a la ciudadanía. A pesar de ser criticado por eso, Boric descartó cualquier tipo de intervencionismo en la campaña y enfatizó: “El principal valor y el rol que tiene que cumplir el Gobierno es que todo el mundo tenga acceso a la propuesta de nueva Constitución”.

Ha pasado justo un año desde que se creó la convención que empezó a escribir la nueva Constitución de Chile hasta este lunes, cuando se presentó en público el texto definitivo. Doce meses en los que 154 hombres y mujeres, en paridad, han redactado una nueva ley que se someterá a un plebiscito el próximo 4 de septiembre.

“Hoy es un día que sin duda quedará en los anales de nuestra patria. Ustedes, convencionales, han concluido la misión que les encomendó el pueblo de Chile: ponerse de acuerdo en una propuesta de Constitución que refleje los anhelos y esperanzas por una vida digna para todos los habitantes de nuestro país”, dijo el presidente, Gabriel Boric, tras recibir la norma de manos de María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, la presidenta y el vicepresidente de la convención.

Quinteros ha aprovechado su discurso para recordar que la labor del órgano ha exigido “acuerdos amplios” –el texto se aprobó por dos tercios del pleno– y que ha tomado en consideración “el marco  jurídico internacional y el fundamento científico, ético y social” en cada propuesta. Domínguez, por su parte, ha puesto énfasis en el “trabajo colectivo” y la contribución de las diversidades: “Aportamos valor y enriquecemos las sociedades en las que estamos, y esta idea tan obvia que parece tan difícil de asumir es hoy una realidad que está resguardada en esta propuesta”. Ambos han culminado así sus funciones, junto con el resto de convencionales, porque la asamblea fue disuelta al finalizar la ceremonia. 

Parlamentarios, alcaldes, ministros, activistas y líderes sociales han asistido al evento que se desarrolló en el antiguo Congreso de Santiago sin incidentes ni protestas en las calles. Los ausentes fueron los cuatro expresidentes del país, ninguno asistió. En un primer momento, la convención decidió excluirlos del acto, sin embargo, tras recibir críticas, la mesa cambió de opinión. Finalmente, todos ellos declinaron la invitación por distintas razones. 

Estado “social y democrático de Derecho”

El primer artículo de la Carta Magna, que tiene un total de 388 y 57 normas transitorias, anticipa cambios profundos de modelo y a nivel económico, social y cultural. Establece que Chile es “un Estado social y democrático de Derecho” y también “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. En el mismo artículo se identifica al país como una república solidaria, con una democracia “inclusiva y paritaria”, que reconoce como valores “la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”. 

Un inicio que pone fin a uno de los pilares que se mantiene hasta hoy en la carta magna vigente, diseñada en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada de forma parcial en 2005.

“Existe una noción de Estado subsidiario en virtud del cual este solo puede intervenir en el caso que los privados no puedan o quieran hacerlo, por lo que los derechos sociales se han transformado en bienes de consumo, y su provisión en oportunidades de negocios para grandes consorcios privados con fines de lucro”, dice Mauricio Daza, abogado penalista y miembro (hasta este lunes) de la convención. La propuesta de los constituyentes pasa por “superar este modelo neoliberal”, dice, para que la autoridad pública “cumpla un rol activo y protagónico en materia de derechos sociales”.

Más allá del modelo en sí, la nueva Carta Magna plantea cambios como la democracia paritaria, para que al menos la mitad de los miembros de cualquier órgano del Estado –policía y Fuerzas Armadas incluidas– sean mujeres. También apuesta por la representación de personas trans y no binarias en todos los espacios de decisión, incorpora la perspectiva de género de forma transversal y reconoce el trabajo doméstico y de cuidados, entre otros.

Además, la normativa entrega más autonomía y reconocimiento a los pueblos originarios, históricamente discriminados por el Estado chileno, a través de la plurinacionalidad, el plurilingüismo y la creación de las autonomías territoriales indígenas; pone en marcha un proceso de descentralización con asambleas regionales que sustituyen la estructura unitaria y centralizada actual; y reconoce los derechos de la naturaleza, la protección del medioambiente y el rol del Estado en la lucha contra el cambio climático. 

Plebiscito en septiembre

Este martes, Chile da inicio a la última etapa del camino hacia la nueva Constitución. Empieza la campaña para el plebiscito que se celebrará el 4 de septiembre y en el que la ciudadanía, con voto obligatorio, decidirá si se aprueba o no la propuesta de nueva Constitución.

“El mayor desafío que tenemos ahora es comunicar de forma simple y efectiva el proyecto de nueva Constitución en un contexto donde la campaña por el rechazo ha difundido muchas versiones falsas acerca del contenido de sus normas”, dice Daza. En la misma línea se ha pronunciado Boric en su discurso, quien ha llamado a “debatir intensamente sobre los alcances del texto”, pero “no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad”.

Las encuestas pronostican una posibilidad real de rechazo del texto y el país vive inmerso en un clima de polarización. Los partidos de derecha, que califican la nueva norma de “indigenista”, ya han anunciado su voto en contra en el plebiscito y algunos de sus líderes incluso han hablado de un plan B para, en caso de rechazarse, reformar la carta magna vigente o elaborar otra a través del Congreso. Algunos moderados, en cambio, apuestan por aprobar la propuesta para después reformarla, mientras que el progresismo la aplaude. 

Una de las dificultades para instalar la normativa será la fragmentación del Parlamento, donde no hay mayorías fuertes para asegurar una tramitación ágil del las leyes que tendrían que materializar la Constitución. El historiador de la Universidad Diego Portales Claudio Fuentes también menciona como desafíos “las relaciones de poder entre las regiones y el centro” y la obtención de recursos para financiar la amplia carta de derechos fundamentales. Aún así, el académico dice que “si se llega a aprobar, se abrirá un nuevo ciclo político con nuevas formas de organización del poder, nuevos derechos sociales y un rol más relevante del Estado”. 

El Gobierno de Gabriel Boric no pasa por su mejor momento. Hace semanas que la violencia en las zonas rurales de Chile y también en la capital se ha tomado la agenda de La Moneda, la sede presidencial, y ha obligado al mandatario a enfocarse en un ámbito siempre controvertido como la seguridad y el orden público, mientras intenta lanzar iniciativas hacer frente a la “importante fractura social”–tal y como la ha definido el propio Boric– como la mayor subida del salario mínimo en 29 años.

La muerte de la periodista Francisca Sandoval mientras cubría las manifestaciones del Día del Trabajador en el barrio Meiggs, una zona de Santiago con fuerte presencia de mafias organizadas, armas y comercio informal, ha conmocionado a la sociedad del país. La reportera, de 30 años y trabajadora de la radio comunitaria La Victoria 3, falleció 12 días después de recibir un disparo en la cabeza durante la protesta, presuntamente perpetrado por un comerciante ambulante con vínculos con el narcotráfico. Ha sido la primera periodista asesinada en el ejercicio de su profesión en lo últimos 36 años en Chile, desde el fin de la dictadura.

“La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia, y no descansaremos en ese afán”, escribió el presidente Boric en Twitter. Semanas antes estudiantes también fueron agredidos por parte de vendedores ambulantes que se manifestaban en el mismo barrio. Uno de ellos terminó con riesgo vital. En los últimos meses, además, han aumentado la violencia escolar y la delincuencia, y hace unos días un escolta del presidente fue disparado el mismo día que tres hombres armados asaltaron la casa de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Algunos expertos hablan de una crisis de la seguridad pública. “Es el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”, dijo en abril el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.  

Escalada de violencia en Wallmapu

“Los gobiernos de derecha y centro izquierda de los últimos 30 años se han caracterizado por atender este problema desde un enfoque punitivo y del control, con una mirada de corto plazo, aumentando las penas, creando nuevos tipos penales e incrementando la dotación de las policías y sus atribuciones sobre las personas”, dice Gonzalo Huenumil, investigador asociado al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y excoronel de Carabineros.

Para el director del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, Franz Vanderschueren, “este Gobierno ha recibido un país fragmentado y con nuevos problemas de seguridad, pero sin políticas consensuadas en la materia”. A su juicio, el país tiene puntos calientes en este ámbito como la gestión de la migración en el norte, la presencia del crimen organizado y el aumento de la violencia después del estallido social de 2019 y de la pandemia. A esto –añade– “se suman dos problemas mayúsculos”: la crisis de legitimidad de los carabineros y el conflicto en el sur del país, en el territorio mapuche del Wallmapu, entre comunidades indígenas y el Estado chileno por la recuperación de tierras. Un asunto pendiente que ninguno de los gobiernos anteriores –sea cual sea el color político– ha sido capaz de resolver y que en el último tiempo se ha intensificado.

Ante el aumento de los ataques en este territorio, el presidente chileno ha optado por echar un pie atrás y militarizar la zona, aunque al inicio de su Gobierno siempre se mostró partidario de retirar a las Fuerzas Armadas. La decisión del mandatario ha sido difícil de encajar para el Partido Comunista, socio de la coalición gubernamental, e incluso por miembros del Frente Amplio, su propio sector. Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Boric y la izquierda chilena criticaron la estrategia de su antecesor de decretar estados de excepción constitucional en la zona. Ahora, frente al alza de incidentes violentos, ha optado por declarar un Estado de Emergencia “acotado” para el resguardo de rutas y caminos de la región de La Araucanía y de la provincia de Arauco, en la región del Biobío.

No han contribuido a mejorar el panorama los errores cometidos por la ministra de Interior, Izkia Siches, médica de profesión que llegó al cargo después de convertirse en una de las figuras clave del éxito de la izquierda en la segunda vuelta presidencial. Siches quiso visitar algunas comunidades de Wallmapu para abrir un diálogo, pero lo hizo sin contar con el permiso de las autoridades locales y la operación tuvo que ser abortada por falta de seguridad de la comitiva ministerial. Semanas después, la ministra emitió una acusación en público contra el anterior Gobierno que resultó ser falsa. “La ausencia de un mando fuerte y experimentado en el Ministerio del Interior ha deteriorado la imagen de liderazgo que requiere la figura del ministro de esta cartera, que en Chile es equivalente a la de un primer ministro”, dice Vanderschueren. 

Una piedra en el zapato

La seguridad y el orden público van camino de convertirse en la piedra en el zapato de Boric. Las fórmulas para combatir la violencia son siempre polémicas, sobre todo para una coalición de Gobierno tan diversa y que integra fuerzas a las que la oposición de derechas les echa en cara posicionamientos demasiado blandos y poco interés en el tema. “Ha habido una falta de discurso contundente por parte de los sectores no conservadores sobre la imperiosa necesidad de atender las razones estructurales que inciden en la violencia, como la pobreza, la marginalidad o la falta de educación”, dice Huenumil. Aún así, opina que Boric está haciendo un esfuerzo en este sentido para “poner atención en la prevención, en las circunstancias que afectan a los grupos más vulnerables y que inciden en la calidad de vida y la generación de violencia”, como la citada subida del salario mínimo.

Según él, la falta de respuesta institucional pasa por que los órganos competentes en la materia han actuado por mucho tiempo “con independencia entre ellos”, “de acuerdo a sus propios enfoques” y “sin una colaboración o coordinación efectiva en materias en que son afines y de interés nacional”. Por ejemplo, “hay una policía uniformada que no comparte datos o información con su homóloga policía civil”, añade. 

Para Vanderschueren, la respuesta que hasta ahora ha dado el Ejecutivo trae “pocas novedades y son demasiado tímidas por la ausencia de consenso entre las fuerzas del propio Gobierno y por la complejidad de la situación”. Considera que el escenario “arriesga empeorarse si la inflación y la crisis climática crecen o si la Convención Constitucional fracasa, lo que aumentaría el clima de anomia”. 

Boric busca fórmulas para una seguridad y orden públicos que no se parezcan a las propuestas de las dos coaliciones que lo han precedido, bajo la presión de tener que encontrar soluciones rápidas y efectistas. Las últimas encuestas arrojan un desencanto de la ciudadanía con su Gobierno y una caída en picado de las expectativas. Su gestión de la violencia rural y urbana en los próximos meses contribuirá en buena medida a mantener o no esa tendencia.

La Convención Constitucional ha presentado el primer borrador de la propuesta de nueva Constitución para Chile que 155 personas han redactado durante diez meses. El documento de 499 artículos pasó a la comisión de armonización y la redacción del preámbulo, antes de entregar un texto constitucional definitivo el 4 de julio, cuando se cumple un año de la creación del órgano. 

“Estamos muy felices de anunciar formalmente que ya tenemos el borrador de nueva Constitución. Hoy, después de 103 sesiones del pleno, muchas de ellas maratónicas, cerramos finalmente el debate constitucional”, dijo la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros.

Comparado con la carta magna actual, el nuevo texto, que será sometido a referéndum el próximo septiembre, plantea un giro en materia de derechos fundamentales como la salud, la educación y las pensiones. Ha sido precisamente a través de estos temas, que concentraron las principales demandas del estallido social de 2019, con los que la ciudadanía ha expresado de forma más clara su voluntad de cambio. Muchos han hecho llegar sus propuestas por los distintos canales de participación ciudadana que la propia Convención creó para escuchar la voz de expertos y gente común.

El abogado del Observatorio Ciudadano José Aylwin recuerda que la credibilidad de los partidos políticos era tan baja que “se hizo necesario incluir en este proceso la participación de la ciudadanía a través de candidatos independientes y de otros mecanismos a lo largo del proceso”.

Durante el proceso se han utilizado espacios como audiencias públicas, cabildos, encuentros autoconvocados y el mecanismo de las iniciativas populares para fomentar la participación de la gente. Además, tal y como establecen los convenios internacionales, los constituyentes también impulsaron una consulta indígena y otra afrodescendiente.

“La participación de la sociedad civil cumplirá un rol relevante respecto a la legitimidad que pueda existir de este sistema político y la nueva institucionalidad que se está creando en Chile”, dice el diputado constituyente Bastián Labbé, coordinador de la comisión de Participación Popular de la Convención. “La participación popular amplía la democracia, la fortalece y la devuelve al soberano, que son los pueblos de Chile”. 

Iniciativas populares

Las iniciativas populares de norma son propuestas presentadas por la ciudadanía que al alcanzar más de 15.000 firmas de apoyo pasaron a debatirse en la Convención. Cada persona, a través de un sistema digital, podía votar hasta siete propuestas. Más de 980.000 ciudadanos utilizaron este mecanismo para votar entre las 2.500 iniciativas que se presentaron. Entre los temas más abordados por los participantes estuvieron los derechos fundamentales, con el 40%; el nuevo sistema político, con el 18%; y medioambiente, con el 12%, según detalla la la Convención.

Del total de iniciativas populares, 78 de ellas llegaron a discutirse en el pleno. “Hasta ahora, el porcentaje aprobado de iniciativas populares de norma supera el 50%, considerando que varias de ellas se han integrado a través de conceptos incluidos en la redacción de los artículos y que van más allá de las normas”, dice Labbé. Según él, no se puede “solo medir la cantidad de iniciativas populares concretas aprobadas, sino también cómo éstas han influido e incidido en la redacción de los artículos que ya son parte del borrador”. 

El número exacto de iniciativas populares aprobadas es aún un interrogante. En los últimos días, la mesa de la Convención abrió una polémica al asegurar que el 91,5% de las propuestas llegaron al borrador de la nueva Constitución. La cifra, sin embargo, fue desmentida por los técnicos del órgano a cargo del tema. Sea cuál sea el porcentaje, varias de las propuestas ciudadanas han sido relevantes para el nuevo texto, como la que propone el “reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados” o la que instala un “sistema único de salud, universal, plurinacional e integrado”. 

Derecho al aborto

La primera iniciativa que se discutió y aprobó en el pleno fue la que garantiza los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, incluyendo el aborto. Un hecho no menor para la primera asamblea constituyente paritaria del mundo. Después de varios intentos fracasados en el Parlamento (el último en noviembre) la Convención aprobó la propuesta “Será Ley” presentada por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto: “En cuatro días reunimos la cantidad mínima de firmas, que luego llegamos a triplicar porque se trata de un tema muy importante que se convirtió en el primero en ingresar formalmente a la discusión constitucional”, explica Siomara Molina, integrante de la Asamblea. 

Las más de 18 organizaciones que conforman la organización vieron en el proceso constituyente “el espacio político de discusión por excelencia hoy” en un momento “propicio” para hablar de temas “difíciles” como el aborto, dice Molina. Para la politóloga del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, la posibilidad de aprobar esta norma se dio porque dentro de la Convención hay “personas que pertenecen a agrupaciones feministas que han podido incidir”. La integrante de la Red de Politólogas Javiera Arce recalca: “Se ha estudiado que mientras más amplios son los procesos constituyentes, más posibilidades hay de meter los temas de género en las agendas”.

“Será Ley” llegó a sumar más de 38.000 firmas, pero la iniciativa más popular –con casi 70.000 apoyos– fue “Con mi plata No”, que busca asegurar que sea cual sea el sistema de pensiones que se cree bajo la nueva institucionalidad, los ahorros individuales se mantengan en las cuentas de los trabajadores (sin pasarlas a ningún fondo solidario). Pese a ser la más apoyada, estuvo entre las rechazadas por la Convención. También se descartó : “Cannabis a la Constitución ahora”, una de las propuestas más curiosas y con más apoyos, (44.000 firmas) que quería poner fin a la criminalización por el cultivo y consumo de la marihuana. 

Poca difusión y visibilidad

“La participación ha sido poco vista y poco conocida”, afirma María Cristina Escudero. Por eso, dice, “no está tan claro que aporte la legitimidad que suele dar a los procesos constituyentes”. Arce coincide con ella: “No sé si la participación ciudadana ha sido tan exitosa. Como ejercicio político fue bueno, pero hay que considerar que falta mucha educación cívica y que hay que diferenciar una Constitución de una norma legal”. 

Para algunos, los debates constituyentes se han producido con mucha rapidez e intensidad. La planificación ha sido muy apretada para poder cumplir con los plazos y la ciudadanía no ha alcanzado a reflexionar con pausa los temas ni a seguir los grupos influyentes en cada uno. 

Además, hubo complicaciones con la consulta indígena, que fue cuestionada por la baja participación (menos del 0,5%). Incluso los propios pueblos originarios criticaron la falta de información y difusión, poca asistencia y poco tiempo. El jueves, en un tenso debate, el pleno descartó incluir las propuestas que emanaron de la consulta y que había trabajado la Comisión de Pueblos Indígenas.

Hace semanas que las encuestas vaticinan un aumento del rechazo al nuevo texto constitucional, por lo que podría ponerse en riesgo el cambio que la gente pidió desde la calle. Si se cumplen los pronósticos, Boric ya ha anticipado que piensa en un plan B para plantear otra fórmula que derive en un nuevo texto constitucional. El presidente se comprometió desde el principio con el proceso constituyente y ha vinculado el éxito de su Gobierno al resultado del plebiscito del 4 de septiembre, que será de obligada participación. 

Las expectativas en el proceso constituyente en Chile han ido apagándose con el pasar de los meses. La opción de “Rechazo” al nuevo texto constitucional supera al “Apruebo” en la intención de voto para la consulta que se celebrará en septiembre, según varias encuestas. El último sondeo del instituto Cadem, correspondiente a la tercera semana de abril, sitúa el “Rechazo” a nueve puntos de ventaja respecto del “Apruebo” y coloca la confianza en la Convención Constitucional en su punto más bajo desde que comenzó su trabajo en julio de 2021. 

Aunque el 80% de la ciudadanía votó a favor de cambiar la Carta Magna, con el avance de las discusiones han aumentado la desconfianza y el pesimismo frente al nuevo texto. El ritmo frenético para cumplir los plazos, las polémicas entre convencionales de distintos sectores y la difusión de noticias falsas por parte de los grupos más conservadores no ayudan a revertir estas impresiones en buena parte de la ciudadanía, que observa el proceso con distancia. 

Los sondeos han causado preocupación al nuevo Gobierno de Gabriel Boric y a sectores del centro-izquierda, que temen que se pierda la oportunidad de enterrar definitivamente la Constitución heredera de la dictadura de Augusto Pinochet. “He conversado con gente que votó ‘Apruebo’ [en el plebiscito de entrada] y que hoy tiene dudas que no pueden ser ignoradas”, dijo Boric cuando se dieron a conocer los resultados.

“Hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora y para modificar lo que haya que modificar”, dijo el presidente de Chile, que consideró las encuestas como un “llamado de atención” y descartó que los resultados que arrojan sean parte de una campaña de desprestigio, como decían algunos de sus partidarios. 

“Aunque las encuestas han sido muy deficientes en el último tiempo, cuando hay tantas que apuntan hacia una misma dirección es poco probable que no reflejen una tendencia; yo me tomaría en serio esta señal”, dice la politóloga chilena Claudia Heiss, a cargo de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

El desencanto con el proceso tiene que ver para la especialista con la falta de costumbre de la ciudadanía para ver negociaciones políticas con este nivel de transparencia y con la falta de una campaña de educación cívica para que la gente participe de los debates.

Para el director de la encuestadora Tresquintos, Kenneth Bunker, los sondeos muestran que la ciudadanía “quiere un proceso para una nueva Constitución, pero no quiere la Constitución que están haciendo estos convencionales”. Para Bunker, hay una “brecha gigante” entre lo que están redactando los constituyentes y lo que quieren los chilenos, lo que termina por “favorecer” el rechazo del texto que se está escribiendo.  

Trabas y polémicas

La convención encargada de escribir la Constitución se encuentra en su noveno mes de trabajo, en plena etapa de debate y votación de las propuestas de normas. Los 155 constituyentes encargados de redactarlas están en una carrera contrarreloj, con sesiones hasta la medianoche o más y fines de semana incluidos, para finalizar el texto dentro de los 12 meses que establece como máximo la ley y que terminan el próximo 4 de julio. Un objetivo ambicioso y que en ocasiones se ha puesto en riesgo por varias polémicas y trabas surgidas durante el proceso.

Además de la falta de liderazgo en los distintos sectores del órgano, mayoritariamente de izquierda y centro-izquierda, miembros de la propia convención han reconocido tener problemas para comunicar su trabajo: “Debemos concentrarnos en informar más y mejor qué es lo que se ha ido aprobando y qué es lo que se aprobará”, dijo el vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez.

“La convención genera tanta información que se hace difícil ordenar. Hay confusión sobre los artículos aprobados en comisiones y los aprobados en el plenario porque se han ido aprobando normas de forma muy parcelada”, dice Heiss.

La politóloga también menciona “peleas abiertas, reivindicaciones y declaraciones que producen cierto temor o desconfianza” en los sectores mas conservadores. Así ocurrió, por ejemplo, con la norma que presentó un grupo de ocho convencionales y que pretendía eliminar los tres poderes del Estado y reemplazarlos por una “asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos”. 

El temor a perder la oportunidad de un cambio profundo en el país es tal que incluso desde el interior de la propia convención han surgido voces de alerta sobre los riesgos que afronta el proceso. Otros constituyentes, sin embargo, han quitado importancia a las predicciones y apuestan a una victoria segura del “Apruebo”: “No hay un proceso constituyente en el mundo que no genere miedos; es su naturaleza, pero se va a revertir”, dijo en una entrevista Domínguez. 

Hasta la fecha hay más de 300 artículos aprobados por el pleno de la convención que ya forman parte del borrador del nuevo texto. Algunos implican una transformación profunda del Estado, como los que establecen la plurinacionalidad o la eliminación del Senado en favor de una institución de autonomía regional con bajas atribuciones. Otros artículos responden a demandas ciudadanas históricas, como los derechos aprobados en los últimos días en materia de salud, educación, seguridad social y acceso al agua o a la vivienda; o como las normas que instalan a Chile en la vanguardia internacional en derechos sociales como la libertad sindical, el ocio y el deporte, los derechos sexuales y reproductivos o a una muerte digna.

El país también será de los pioneros en reconocer en su carta magna el trabajo doméstico y de cuidados, la equidad de género y paridad, la crisis climática y los derechos de los animales.

Impacto en el Gobierno de Boric

Gabriel Boric, que va a cumplir dos meses en el poder, ha sido un férreo defensor del proceso constituyente desde el inicio, cuando se planteó como salida política al estallido social de octubre de 2019.

El cambio constitucional es determinante para su agenda, tal y como recordó en su primer discurso como mandatario desde La Moneda: “Nos hemos impuesto como tarea acompañar de manera entusiasta nuestro proceso constituyente por el que tanto hemos luchado. Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención. Necesitamos una Constitución que nos una, que sintamos como propia”, dijo entonces. 

Si el porcentaje de desaprobación al nuevo texto constitucional sigue aumentando, el Gobierno de Boric no quedará al margen de ese golpe. “Un rechazo a la nueva Constitución podría ser leído como un rechazo al modelo reformista que encarna Boric y a la idea de incorporar a los movimientos sociales y las nuevas generaciones y sectores marginados de la política como las mujeres o los pueblos originarios”, dice Heiss.

Más allá del impacto inmediato en el Gobierno, un eventual rechazo al nuevo texto constitucional alargaría la vida del legado pinochetista y acabaría con la posibilidad real de lograr el cambio a través de un proceso democrático y empujado desde la calle. La respuesta al gran interrogante se conocerá el 4 de septiembre, cuando se celebrará el plebiscito con voto obligatorio que cerrará casi tres años de proceso constituyente.

El martes 11 de septiembre de 1973, Beatriz Allende, conocida como Tati, llegó poco antes de las 9.00 horas de la mañana al Palacio de La Moneda. La guardia personal de su padre, el entonces presidente Salvador Allende, la había llamado antes para alertarla, a ella y a su marido, el diplomático cubano Luis Fernández Oña, de un golpe de Estado en proceso. Su padre también le había pedido que se quedara en casa, pero –según contó Fernández en el libro Beatriz Allende: A revolutionary Life in Cold War Latin America de la historiadora británica Tanya Harmer– “fue imposible retenerla”.

Beatriz resistió con su padre en La Moneda hasta que el propio Allende, justo antes del bombardeo, le ordenó que se marchara junto a las otras seis mujeres que todavía permanecían en el lugar, entre ellas su hermana Isabel. Tati Allende tenía entonces 30 años, estaba embarazada de siete meses y tenía una hija de dos años, Maya, a la que dejó en casa de una amiga. 

Aquella niña, nieta de Salvador Allende, a la que su madre protegió del golpe ese 11 de septiembre, tomará posesión el próximo 11 de marzo como ministra de Defensa del futuro Gobierno de Gabriel Boric. Su nombramiento se ha interpretado como un hecho simbólico por lo que significa que la heredera del legado del expresidente Allende, derrocado en 1973 por Augusto Pinochet, llegue a dirigir las Fuerzas Armadas chilenas.

Maya Fernández Allende (Santiago, 1971) es hija de Beatriz Allende, la segunda de las tres que tuvo el expresidente, muy cercana a él y considerada la más política, y de Luis Fernández, quien además de diplomático, fue miembro del servicio de inteligencia cubano. Aunque Maya no tiene recuerdos del golpe de Estado ni de su abuelo, su figura ha marcado su trayectoria. “Lo admiro. Para mí es un orgullo ser su nieta y también una responsabilidad. Pero soy una persona distinta. Yo soy Maya”, dijo en una de las primeras entrevistas que dio cuando entró en la política, con El País.

Exilio en Cuba

Tras el golpe, la familia Fernández Allende se exilió en Cuba. Maya y su hermano Alejandro permanecieron toda su infancia y adolescencia en la isla, con la que su madre había mantenido estrechos vínculos desde antes. “Fue una colaboradora íntima y una partidaria ferviente de su proyecto revolucionario y creía que las autoridades cubanas podrían ayudar a la izquierda chilena a reagruparse y resistir a la dictadura militar”, explicó Harmer.

Con 34 años y tras una depresión, Beatriz Allende se suicidó en La Habana. Maya tenía seis años y su hermano, tres. “Era muy enérgica, exigente políticamente, con mucha entrega y lealtad. Siempre me ha dolido el tema de la Tati. Me hubiera gustado que ella hubiese estado. Pero mis dolores me han hecho creer en la vida”, dijo Maya sobre su madre en la misma entrevista.

Los dos hermanos crecieron en La Habana. Ella estudió en la Escuela Primaria Solidaridad con Chile, un centro público creado en 1974 para los hijos de las familias exiliadas de la dictadura de Pinochet. “Yo era una niña más del barrio. Nunca fue una carga ser reconocida como nieta de Allende”. 

A la izquierda del Partido Socialista

En 1992, ya en democracia, Maya y Alejandro regresaron a Chile. Ella empezó a estudiar Biología y Veterinaria y se inscribió como militante del Partido Socialista (PS), su partido político hasta hoy. “Maya Fernández representa una parte importante del PS encarnada en la figura del expresidente Salvador Allende, que es uno de estos símbolos que conforman tradiciones importantes dentro de los partidos. Hoy todavía ocupa un lugar fundamental y hay una nostalgia por su figura”, dice Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Central.

La socialista llegó a las instituciones en 2008 como concejala del Ayuntamiento por el distrito de Ñuñoa, donde reside hasta hoy, uno de los más céntricos y acomodados de Santiago. Intentó llegar a la alcaldía en 2012, pero no fue elegida y dos años más tarde dio el salto a la Cámara de Diputados, en la que fue reelegida en 2017. Durante esta última legislatura, en 2018, asumió la presidencia de la institución.

Dentro del partido, ha liderado la oposición a la directiva actual. Ha defendido el acercamiento con la coalición del Frente Amplio –a la que pertenece Boric– y la postura de dar un giro hacia la izquierda que, hasta el momento, prácticamente no se ha producido. “El PS tiene que volver a ser un partido capaz de estar ahí liderando los cambios, las transformaciones”, dijo durante la previa electoral.

“Su orientación ha sido colocar al PS en el eje más hacia la izquierda como manera de responder a las demandas del estallido social y, al igual que Boric, ha mostrado una impronta territorial y de cercanía con las organizaciones sociales y vecinales”, dice María Pía Martin, académica de la Universidad de Chile y doctora en Políticas públicas y transformación social.

En plena campaña de primarias, incluso antes de la primera vuelta presidencial, y mientras los socialistas apostaban por la candidata democratacristiana Yasna Provoste, Maya Fernández fue la primera figura de peso de su formación que respaldó públicamente a Gabriel Boric. “Después de un periodo de reflexión, he decidido apoyar a Boric (…). Tengo la mejor opinión de la candidata Yasna Provoste en lo personal, pero el proyecto de centro que encabeza no me convoca respecto a las ideas y mirada de país”.

Su decisión desató una polémica dentro del partido, pero ella se mantuvo firme y llegó a aparecer en su espacio de propaganda electoral para la primera vuelta. “Esto generó una mayor simpatía hacia ella por parte del Frente Amplio y del propio Boric, mientras la directiva del partido ha actuado de forma más institucional y ha optado por, a pesar de las dificultades, seguir manteniendo una relación privilegiada con los partidos del centroizquierda”, dice Moreno. Para la segunda vuelta, su rol también fue activo y participó en la campaña “Un millón de puertas por Boric”, en la que recorrió el sur del país buscando votos para ganar a la extrema derecha de José Antonio Kast en las elecciones. 

Ruptura con el pasado

A partir de marzo, Maya Fernández encabezará la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Será la tercera mujer que llega a este cargo, la segunda socialista, después de la expresidenta Michelle Bachelet, que lo hizo en 2002. “Ha formado parte de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y tiene trayectoria en este ámbito”, dice Martin. Este jueves, junto con Boric, sostuvo la primera reunión protocolaria con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, pero no se pronunció sobre las prioridades de su agenda.

Para Marco Moreno, Fernández “puede aportar en mejorar la transparencia y establecer mecanismos para una mayor rendición de cuentas”. A su juicio, en los aspectos más técnicos, “tendrá que asesorarse porque no forman parte de sus competencias”, pero sí “puede abrir la caja negra” del Ministerio de Defensa, sobre todo en la manera en que se gestionan los recursos en esta cartera.

Si se mantiene en el cargo hasta septiembre de 2023, le tocará liderar desde el Ministerio de Defensa la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. “La llegada a este ministerio tiene una carga tremendamente simbólica porque las mismas tropas de Pinochet, algunas todavía presentes, fueron las que sacaron a Salvador Allende del gobierno y junto con ello llegó la dictadura”, dice Martin. “Representa una ruptura con el legado de la dictadura militar y una tremenda oportunidad para cambiar la relación entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas”.