El estrecho de Ormuz, convertido en la principal arma de la guerra en Irán, ha evidenciado la importancia de los estrechos para la estabilidad geopolítica y el comercio de energía y mercancías que sostienen la economía global. 

La importancia de esos cuellos de botella, que conectan océanos, mares y mercados y permiten a los barcos llegar más rápidamente a distintas partes del mundo, no depende de su tamaño, sino de lo difícil que resulta sustituirlos y la distancia marítima que logran acortar. “Los estrechos más importantes son los llamados sistémicos, es decir, los que no tienen una alternativa si el tránsito queda bloqueado”, explica a elDiario.es el investigador en Geopolítica Global y Seguridad Víctor Burguete, del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). En segundo lugar, el experto señala la importancia que tienen “a nivel regional por un producto específico o en términos militares”.

Estrechos y canales clave para el suministro de petróleo mundial

Estrecho

de Malaca

Estrecho

de Bering

6

Canal de

La Mancha

7

4

2

1

5

8

3

Estrecho de

Magallanes

Estrecho

de Ormuz

*

1

2

3

4

5

6

7

8

Estrecho de Malaca

Estrecho de Ormuz

Cabo de Buena Esperanza

Canal de Suez

Bab el-Mandeb

Estrechos Daneses

Estrechos Turcos

Canal de Panamá

23,2

20,9

9,1

4,9

4,2

4,9

3,7

2,3

*Millones de barriles por día durante la primera mitad de 2025

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA DE EE. UU. (EIA), FEBRERO DE 2026.

Estrechos y canales clave para el

suministro de petróleo mundial

Estrecho

de Malaca

Estrecho

de Bering

Canal de

La Mancha

Estrecho de

Magallanes

Estrecho

de Ormuz

*

1

2

3

4

5

6

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8

Estrecho de Malaca

Estrecho de Ormuz

Cabo de Buena Esperanza

Canal de Suez

Bab el-Mandeb

Estrechos Daneses

Estrechos Turcos

Canal de Panamá

23,2

20,9

9,1

4,9

4,2

4,9

3,7

2,3

*Millones de barriles por día durante la primera mitad de 2025

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ.

FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA DE EE. UU.

(EIA), FEBRERO DE 2026.

Malaca

El Estrecho de Malaca, situado entre Malasia e Indonesia, es el paso marítimo más transitado del mundo y uno de los más peligrosos, con alta amenaza de la piratería. Conecta el océano Índico con el mar de China Meridional y el océano Pacífico, lo que lo convierte en “la gran puerta de acceso a Asia, sobre todo a China, pero también a Japón y Corea” y en una ruta comercial “esencial” entre Asia y Europa, dice Burguete. “Si se cerrase, lo primero que hay que ver son las alternativas”.

Por este paso circularon, según la Administración de Información Energética de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés), unos 23,2 millones de barriles de petróleo en el primer semestre de 2025, cifra equivalente a cerca del 29% del flujo mundial de crudo por vía marítima. Casi el 80% de las importaciones de petróleo de China pasan por este punto, por lo que el gigante asiático no quiere perder su control y, de cerrar, su economía podría hundirse. Según el investigador, en caso de conflicto bélico entre China y EEUU por el dominio marítimo en la región, la circulación por el paso podría verse afectada “de forma grave”, y el gigante asiático enfrentaría “una serie de limitaciones para alcanzar la salida al Índico o al Atlántico”.

Ormuz

Epicentro de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Ormuz, que tiene entre 60 y 100 kilómetros de ancho, conecta el Golfo Pérsico, al sudoeste, con el Golfo de Omán, al sureste, y el Océano Índico. Por él circula cerca del 20% del petróleo y gas licuado del planeta y su bloqueo —la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia— ha tenido efectos en el comercio mundial, especialmente en el precio de los combustibles. 

El volumen de tráfico marítimo por este paso se había retomado de forma progresiva después de que EEUU levantara su bloqueo tras la firma del memorando pactado con Irán, pero este sábado Teherán anunció un nuevo cierre. El Ejército iraní denunció a Washington por “flagrante incumplimiento” de los términos del acuerdo preliminar al haber sido incapaz de impedir la continua ofensiva israelí en Líbano que entre el viernes y el sábado dejó más de un centenar de muertos.

Más allá de cuándo se pueda reabrir Ormuz, el gremio de propietarios independientes de buques tanque alerta de que la reactivación total tomará meses, pues el centro del estrecho está bloqueado por unas 80 minas que deben ser retiradas para que se reanude la navegación normal.

Entre los puntos del principio de acuerdo que generan más confusión hay la posibilidad de cobrar peajes (pago por el paso) o tarifas (por servicio prestado) por parte de Irán. Donald Trump ha asegurado que “no habrá peajes” durante los 60 días del periodo de alto el fuego, “ni tampoco después de que expire ese plazo”.

Aunque Irán había dicho que no cobraría “peajes de tránsito”, pero sí podría cobrar “tarifas” sin especificar qué servicios prestaría en el paso, este domingo el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha asegurado que “no se cobrarán tasas, ni de tránsito ni de servicio” en Ormuz, y ha añadido que “actualmente hay barcos navegando en ambas direcciones”, desmintiendo que esté cerrado, como anunció ayer Irán.

La legalidad de cobrar por pasar a través de una vía marítima natural ha sido cuestionada por expertos en la materia (en vías navegables artificiales, los estados ribereños administradores de los canales sí prestan servicios e infraestructura) y ha generado preocupación entre los líderes mundiales, quienes temen que Ormuz nunca recupere su estado anterior a la guerra.

“Ormuz afecta no solamente al crudo iraní, sino también a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Irak y Baréin”, apunta Burguete, que menciona varias dificultades para encontrar alternativas para estos países.

Para el investigador del Real Instituto Elcano Federico Steinberg, el estrecho de Ormuz es “vital y estratégico” y “tiene difícil sustitución”, aunque —admite— es verdad que el precio del petróleo “ha subido menos de lo que se preveía” porque ha sido posible extraer petróleo del Golfo a través de oleoductos que ha puesto en marcha, sobre todo, Arabia Saudí, y de aumentos de producción en otros países.

Al igual que Malaca, el control sobre el estrecho de Ormuz no depende de una única bandera. Burguete explica que esto es consecuencia de “un intento deliberado de las grandes potencias por no entregar a un solo país el poder geopolítico de cerrar una ruta de navegación clave”. Cuando los británicos se retiraron de estos territorios, “se preocuparon de dividir la Península Arábiga para no tener la emergencia de un gran poder que pudiese controlar la zona”.

Bab el-Mandeb, Canal de Suez y Canal de Panamá

Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es la puerta de entrada de la ruta más corta entre Europa y Asia. Situada entre el cuerno de África y la península arábiga, se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad marítima por la creciente presencia de milicias hutíes de Yemen, aliadas de Irán, que han atacado embarcaciones y amenazan con cerrar el paso. Además del comercio, su importancia radica también en los flujos migratorios que atraviesan la región del Cuerno de África, afectada por conflictos armados, hambrunas y desplazamientos forzados.

El canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, conecta Asia y Europa sin tener que rodear África a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que solía implicar 24 días de navegación frente a las 16 horas que se tarda, de media, en cruzar el canal. Aproximadamente el 12% del comercio marítimo global, incluido el 10% del petróleo, transita por este paso. En 2021, el bloqueo de siete días provocado por el buque Ever Given, que quedó encallado en medio del paso y detuvo el comercio de medio planeta, provocó pérdidas billonarias. Controlado por Egipto, que lo opera y cobra tarifas por utilizarlo, ha sido objeto de ataques por parte de los hutíes en respuesta a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza.

“Bab el-Mandeb y el Canal de Suez están en segunda línea de importancia porque, pese a ser relevantes, tienen una alternativa: Estrecho de Buena Esperanza. Es más costoso, más largo e implica disrupciones temporales en las cadenas globales de valor, pero las mercancías llegan”, explica el analista.

Bab el-Mandeb y el Canal de Suez están en segunda línea de importancia porque, pese a ser relevantes, tienen una alternativa

Víctor Burguete — Investigador en Geopolítica Global y Seguridad del CIDOB

El Canal de Panamá no es un estrecho como tal, pero con sus 82 kilómetros de ancho, funciona como si lo fuese: conecta los océanos Pacífico y Atlántico y acorta la ruta sin tener que rodear Sudamérica. Gestiona alrededor del 2,5% del comercio marítimo mundial, una proporción modesta, pero concentrada en carga estratégica. Para Estados Unidos es un paso clave porque transporta el 40% de todos sus envíos en contenedores. La drástica disminución del agua en los embalses de agua dulce del canal provocada por las sequías en 2023 y 2024 obligó a restringir el número y el tamaño de los buques. En 2025, Donald Trump amenazó con tomar su control ante la creciente gestión de China en algunos de sus puertos.

“Estados Unidos, cuenta Burguete, es el mayor usuario del canal: lo utiliza para conectar la costa este y oeste, tanto a nivel de comercio como a nivel militar, por lo que tener que dar la vuelta por el cabo de Hornos, no es buena estrategia ni por tiempo ni por dificultades de la navegación”.

Estrechos daneses y turcos

Los estrechos turcos del Bósforo y Dardanelos son la única vía marítima entre el mar Negro y el Mediterráneo, además de dividir la ciudad de Estambul en dos continentes: Europa y Asia. Por ellos transita el 3% del comercio marítimo mundial, con peso importante del gas, fertilizantes y grano (incluido el 20% de las exportaciones globales de trigo desde Ucrania y Rusia hacia Europa y África). En el contexto de la guerra, su valor estratégico se ha incrementado. Turquía controla el acceso militar al estrecho, un poder que Ankara ha utilizado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 para restringir el movimiento de buques de guerra, manteniendo abierto el tráfico comercial.

“A nivel militar y en el ámbito regional es importante el control del estrecho de los Dardanelos y el Bósforo por parte de Turquía, que puede cerrar el acceso a Rusia a las aguas calientes del Mediterráneo”, señala el experto del CIDOB. A través de este embudo, Moscú exporta su petróleo al mundo.

Durante cuatro siglos Dinamarca cobró peajes marítimos por el paso por los estrechos daneses: el Øresund, el más oriental; el Gran Cinturón (Storebælt), el canal principal y el más ancho entre el mar Báltico y el océano Atlántico, situado en el centro del país; y el Pequeño Cinturón (Lillebælt), el más occidental y estrecho de los tres. Desde 2021, el volumen de petróleo que transita por las aguas danesas ha aumentado un 58% y ahora que el estrecho de Ormuz está inoperativo, el país nórdico se ha convertido en el tercero del mundo por donde pasa un mayor volumen diario de petróleo —sin el bloqueo virtual de Irán, el estrecho danés ocuparía el cuarto lugar—.

Intereses del futuro: ¿Bering y Magallanes?

Ubicado donde el Pacífico Norte se une con el Océano Ártico, el de Bering es un estrecho que captará el interés en un futuro. El deshielo del Polo Norte, provocado por el cambio climático, permitirá abrir rutas marítimas más cortas y baratas. Situado entre Siberia y Alaska, es decir, entre Rusia y Estados Unidos, es un paso que las potencias mundiales tienen en su radar y como próximo elemento en disputa, además de otra de las razones por las que Trump muestra tanto interés por Groenlandia.  

A pesar de sus pocos kilómetros, puede provocar una crisis a escala global. “Irá cada vez a más”, dice Bruguete. “Será un punto de control, porque estamos entrando en un contexto geopolítico en el cual la geografía y el control y acceso a los recursos naturales es cada vez más importante”. 

Para el académico de la Universidad de Chile Gilberto Aranda, en el contexto actual de tensiones entre China y Estados Unidos “el Estrecho de Magallanes y otras rutas que conecten el Atlántico con el Pacífico recuperarán cierta vitalidad”. 

El Estrecho de Magallanes y otras rutas que conecten el Atlántico con el Pacífico recuperarán cierta vitalidad

Gilberto Aranda — Experto de la Universidad de Chile

El estrecho de Magallanes, localizado en la Patagonia, en la isla Grande de Tierra del Fuego, fue junto con el Canal Beagle, una de las pocas rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico antes de la construcción del Canal de Panamá. Esta ruta de mar abierto, con fuertes vientos huracanados, icebergs y corrientes marítimas, abre una ruta “crucial” a “un continente helado y rico en minerales críticos”, dice Aranda. 

Según él, “los espacios que quedan más cerca de la Antártida, aun cuando están a muchas millas náuticas, se convertirán en puntos muy codiciados por las potencias tanto globales como regionales”. En el último tiempo, explica, Estados Unidos ha intentado llegar a acuerdos con países próximos al estrecho, como Argentina, y eventualmente podría ser con Chile, “para ir cerrando el hemisferio americano a otros competidores”.

Sin embargo, cierra Steinberg, más allá de la notoriedad que puedan adquirir estos estrechos, su evolución “irá despacio” y requerirá “estructurar” las nuevas rutas, por lo que “será difícil sustituir la concentración de petróleo en el Golfo”.

Referente de la corriente de “nuevos historiadores” israelíes, que desde los años 80 cuestionan el relato oficial sionista sobre la fundación de Israel, Ilan Pappé es una de las voces más destacadas sobre colonialismo y ocupación de la Palestina histórica. Su último libro, El final de Israel, describe las señales del colapso que, según él, el país hebreo ya ha empezado a transitar y que culminará en un futuro no tan lejano.

Oriundo de Haifa y hoy profesor en la Universidad de Exeter, Reino Unido, donde se instaló en 2007 por las amenazas que recibió tras investigar la limpieza étnica contra la población palestina, es un firme defensor de la creación de un único Estado secular y democrático para árabes y judíos.

Es conocido por su defensa del boicot y las sanciones a Israel y sostiene que la Unión Europea (UE) debería “desempeñar un papel mucho más eficaz en el cambio”, pero no lo hace porque “los políticos aquí tienen miedo”.

Atiende a elDiario.es en una visita a Barcelona para participar en la Fira Literal y debatir sobre colonización, apartheid y genocidio.

La guerra de Irán no tiene nada que ver con el peligro para la existencia de Israel o las bombas atómicas. Es una guerra política que tenía como objetivo ayudar a Netanyahu a ganar las próximas elecciones

¿Cómo ha cambiado el conflicto entre Israel y Palestina con el segundo gobierno de Donald Trump? 

Trump en su segundo período trajo algo nuevo que es el apoyo internacional total de Estados Unidos a Israel. Haga lo que haga. La pregunta no es Trump. Trump no va a cambiar. La pregunta es después de Trump, ¿qué? ¿Ha cambiado realmente el Partido Demócrata? Yo creo que sí. Y creo que será una América muy diferente dentro de diez años. Trump representa la América de antaño, no la nueva. 

¿Hay una nueva América por llegar?

No solo eso. Quienes apoyan a Trump empiezan a sospechar que Israel lo está manipulando. Algunos miembros de su propio partido, incluido el vicepresidente, creen que la guerra en Irán se produjo porque Netanyahu convenció a Trump y que fue una decisión estúpida. No quieren una guerra en Irán.

El Mossad convenció a Trump de que esto sería como Venezuela, que en dos o tres semanas obtendrían mucho petróleo iraní y Teherán diría 'lo que usted quiera'. Sin embargo, Irán está ganando en muchos sentidos y el panorama general no ha cambiado, excepto por los precios del petróleo. Habrá que esperar para evaluar el efecto Trump, porque aún no ha terminado y ahora la situación es un poco distinta a la del principio, cuando Netanyahu parecía tener carta blanca. Él quiere que la guerra contra Irán y contra Líbano continúe porque cree que eso lo hace más popular.  

¿Esta hipótesis que sostiene sobre el final de Trump conecta con la tesis de su nuevo libro El final de Israel, sobre el final del sionismo y la llegada de una nueva época?

Todo va de la mano. Ahora estamos en un mal capítulo de la historia en Palestina, en Estados Unidos, lo que pasó en Venezuela, Cuba... Pero creo que ese es el final de este capítulo. Lo que sostengo en mi libro es que en 10, 15 o 20 años será muy difícil seguir así, con este tipo de política y este tipo de agresión. El Estado sionista no podrá sostenerse social, económica y militarmente. La reacción estadounidense contra Trump también salpicará a Israel por todo lo que le contribuyó en su mandato. Es un proceso lento. No sucederá mañana ni pasado mañana. Pero este proceso ha comenzado. 

¿En qué lo observa?

Por ejemplo, en (el alcalde Zohan) Mamdani en Nueva York. Antes, para ser candidato del Partido Demócrata en Estados Unidos, era clave mostrar un apoyo incondicional a Israel. Ahora, para ser presidente demócrata, la clave es mostrar apoyo a los palestinos. Es un cambio radical.

¿Cómo se producirá este cambio en el Estado israelí, vendrá empujado desde adentro?

Vendrá de afuera. Después, quizás el cambio llegue desde dentro. Pero primero se necesita que el mundo, la región y el mundo árabe digan 'basta', 'ya no son legítimos'. Ahí es cuando empezará todo. Empezará cuando los países árabes dejen de normalizar sus relaciones, cuando la UE empiece a imponer sanciones y, eventualmente, Estados Unidos se unirá a ellos. Todo eso es necesario. También se necesita un movimiento nacional palestino más unido porque está fragmentado y, si mañana Israel se va, no hay un relevo. Y vendrá con la visión de un solo Estado. Si seguimos hablando de dos Estados, la misma situación continuará durante mucho tiempo.

El Estado sionista no podrá sostenerse social, económica y militarmente

¿Por qué apuesta por un solo Estado como salida? 

Debe ser un solo Estado para palestinos y judíos. Ya existe un Estado, pero hoy es un Estado de apartheid. Debe convertirse en un Estado democrático a través de la presión externa y la insistencia de los palestinos en que esto es lo que quieren. Israel es una minoría y depende del mundo árabe. Si el mundo árabe decide que quiere la liberación de Palestina, ni siquiera tiene que ir a la guerra con Israel. Solo tiene que decir: “Eso es lo que quiero”. Pero no lo están diciendo por varias razones: no son democracias, son gobernantes a los que Israel ayuda a mantenerse en el poder y todos quieren ser amigos de EEUU —e Israel es el mejor amigo de Washington—. 

¿Cuándo empezará este proceso de cambio?

En mi libro digo que esto no sucederá al menos hasta 2048. Tenemos que esperar. Pero no ocurre de la noche a la mañana. Hay etapas, es un proceso. Ojalá dentro de diez años empecemos a ver cambios más drásticos. 

A raíz del genocidio en Gaza, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja. También hay una acusación de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Tiene confianza en el derecho internacional?

No mucha. Me alegra que el procedimiento se esté llevando a cabo; que se esté utilizando el lenguaje adecuado, pero no creo que realmente tengan el poder de cambiar la realidad porque Estados Unidos está tratando a la Justicia como criminales. El impacto será a largo plazo.

Dentro de muchos años, cuando miremos atrás, diremos que fue un momento importante, pero lamentablemente no será el próximo año o dentro de dos. Además, necesitamos reestructurar todo el sistema jurídico internacional porque no está funcionando contra países como Israel, que no va a ser tratado como Rusia. 

¿Queda en el plano simbólico entonces?

Sí, a menos que alguien tenga el valor de decir ‘arrestaré al señor Netanyahu si viene a mi país’. Pero no creo que eso vaya a suceder.

Hacia septiembre del año pasado, varios países –entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal– reconocieron el Estado palestino. Otros han rechazado públicamente abusos y violencias de Israel. ¿Sirve de algo la presión diplomática si no se toman acciones concretas más contundentes?

La presión diplomática no basta. Son muchas palabras y muy poca acción. Lo único que serviría serían las sanciones. Sería la única solución. Si la UE impusiera a Israel el 50% de las sanciones que impone a Rusia, salvaría la vida de miles de palestinos. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica.

Si el mundo árabe decide que quiere la liberación de Palestina, ni siquiera tiene que ir a la guerra con Israel

Usted ha puesto como ejemplo el final del apartheid sudafricano como posible salida a la ocupación israelí. ¿Cómo sería?

Absolutamente. En Sudáfrica, mientras las acciones se limitaron al boicot y a la desinversión, no lograron la caída del régimen del apartheid. En el momento en que los gobiernos estuvieron dispuestos a seguir a sus sociedades y añadieron al boicot las sanciones, la presión internacional se convirtió en una herramienta eficaz para ayudar al Congreso Nacional Africano a derrocar el régimen del apartheid. Ese fue el camino, junto con la lucha interna, por supuesto.

Aunque muchos países siguen acogiendo a Israel en eventos culturales y deportivos, cada vez van apareciendo más muestras de rechazo internacional hacia este país. ¿Ha sido un punto de inflexión el genocidio en Gaza y la guerra?

Sí, el apoyo social a Palestina no tiene precedentes. No se compara con ningún otro período de la historia. Disminuyó un poco después del alto el fuego en octubre de 2025, pero aún se mantiene en niveles nunca antes vistos. Creo que los palestinos tienen una oportunidad histórica para aprovecharla, pero están demasiado divididos. Necesitan unirse para sacar el máximo provecho de este apoyo. Porque este momento es excepcional.

Dice en su libro que cuanto más derechista y neosionista sea la política de Israel, más aislado se irá quedando. Sin embargo, nadie lo ha apartado a nivel económico, sigue exportando sus productos y tecnología de guerra a todo el mundo.

No se puede dar por sentado que la gente siempre comprará armas israelíes, no es el único en el mundo que produce armas. Es como cuando los diamantes se convirtieron en diamantes de sangre del Congo y la gente dejó de comprarlos. Puede que la gente lo encuentre cada vez más problemático y no se puede construir una economía solo sobre la industria armamentística.

Al final, no depende de EEUU, depende de la UE. La UE es el socio comercial más importante de Israel. Si la UE bloqueara el comercio, Israel estaría en una posición muy problemática. La UE puede desempeñar un papel mucho más eficaz en el cambio, pero los políticos aquí tienen miedo a hacerlo.

Usted separa el sionismo histórico del sionismo de hoy, a pesar de que, dice, tienen mucho en común. ¿En qué se diferencian?

Hay muchas cosas que son iguales en ambos, al final es el colonialismo de asentamiento. Pero el sionismo de hoy es más mesiánico, mucho más teocrático, más racista, más peligroso y mucho más extremo. No solo para Palestina, sino también para los países vecinos. El histórico era imposible, pero aun así esperaban conciliar, de alguna manera, valores universales como la democracia o el liberalismo, con el racismo y el colonialismo.

Una pregunta que debe haber respondido muchas veces... ¿Cómo puede un pueblo que ha sufrido tanto llegar hasta este punto? 

Las víctimas a menudo se convierten en victimarios. Los niños que sufrieron abusos tienen muchas probabilidades de ser padres abusivos. Así que, en primer lugar, psicológicamente podemos entenderlo. En segundo lugar, creo que hay un malentendido: la mayoría de los judíos que viven hoy en Israel no son víctimas del Holocausto. El número de personas que realmente sufrieron el Holocausto en Israel es muy reducido y no reciben un trato justo.

La mayoría de los judíos que murieron en el Holocausto no eran sionistas. Muchos creían en el socialismo, eran judíos religiosos. Los nazis mataron a muy pocos sionistas y mataron a muchos judíos. Por lo tanto, no es que las víctimas del Holocausto sean quienes hagan esto. Es el Estado que se autoproclama representante de las víctimas quien lo hace.

Incluso si pierde las elecciones, no creo que hayamos llegado a la era post-Netanyahu.

¿Habrá consecuencias para Netanyahu por el conflicto entre Israel y Palestina y el genocidio en Gaza en este año electoral?

No sabemos qué consecuencias puede tener todo esto para Netanyahu porque tiene una base de apoyo que no sabemos cómo es de grande, de gente que le votará pase lo que pase. En noviembre de 2022, esa base le bastó para obtener más de 64 escaños.

Las encuestas indican que esta vez no los conseguirá y que no tendrá los suficientes votos para formar gobierno. Por eso, podría impedir que se celebren las elecciones o alegar que fueron fraudulentas. Incluso si pierde las elecciones, no será el final de Netanyahu. Si pierde, volverá. Y no estoy seguro de que vaya a perder.

¿Qué futuro vaticina para la guerra de EEUU e Israel contra Irán? 

Creo que no habrá un gran acuerdo. De repente, todos dirán: 'hemos ganado'. Estoy seguro de que terminará así. Y terminará cuando haya elecciones de medio mandato en Estados Unidos y elecciones en Israel. No antes porque la guerra es muy política. No tiene nada que ver con el peligro para la existencia de Israel o las bombas atómicas. Es una guerra política que tenía como objetivo ayudar a Netanyahu a ganar las próximas elecciones.

Por primera vez, la izquierda tiene la posibilidad de ocupar el poder ocho años en Colombia. La continuidad de las políticas de Gustavo Petro tienen altas posibilidades de mantenerse de la mano del candidato Iván Cepeda, si los electores así lo deciden este domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la vereda del frente, intentarán disputarle los votos el abogado Abelardo de la Espriella, un empresario de extrema derecha que nunca ha ocupado un cargo público; y la senadora de derecha Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

Petro, que asumió en 2022 como el primer presidente progresista y exguerrillero de la historia moderna del país, ha aumentado sus niveles de aprobación “hasta alcanzar el punto más alto en años”, señala el estudio del Center for Economy and Policy Research (CEPR) Colombia durante el gobierno de Petro: avances sociales en un contexto de restricciones monetarias y fiscales.

La investigadora y coautora del informe, Paola Jaimes Santamaría dice a elDiario.es que “más allá de la polarización política, muchos sectores sienten que con Petro hubo mejoras materiales reales y que el Estado comenzó a llegar a lugares donde antes no llegaba”. 

Derechos sociales y económicos

El informe del CEPR destaca que entre 2022 y 2025 la pobreza multidimensional –que mide indicadores referidos a educación, salud, condiciones de vivienda, acceso a servicios y empleo– se ha reducido en aproximadamente 23%, con un descenso “notable” en las zonas rurales. 

“Petro intentó conectar política social con desigualdad territorial y rural, no solamente con transferencias monetarias”, apunta Jaimes Santamaría, quien también valora el “esfuerzo” por llevar más inversión pública a municipios históricamente marginados y el “avance” en la entrega de tierras a comunidades campesinas y étnicas, algo –dice– “muy ligado a las desigualdades históricas y al conflicto armado en Colombia”.

Para el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), Alfredo Serrano Mancilla, una de las claves de sus logros es que perseveró en los cambios y aún cuando no los pudo conseguir –no tenía mayoría en el poder Legislativo– “no tiraba la toalla”, entendiendo la política “como la posibilidad real de cambiar las cosas”.

En materia de derechos económicos, los expertos destacan la reforma tributaria, que incrementó los impuestos para los más ricos, y el aumento del salario mínimo cercano al 40%, considerando que en la década 2012 y 2022 el aumento real fue del 9%. La experta subraya que este avance ocurrió “sin un deterioro del mercado laboral”, pues “la economía mantuvo estabilidad macroeconómica, el desempleo cayó y la inflación bajó”.

El politólogo de la Universidad de Rosario Yann Basset destaca la aprobación –pendiente de implementarse– de la reforma de pensiones, que amplía el papel del sistema público y construye un pilar para una pensión básica. Sin embargo, opina que el balance en economía es “controvertido” porque el Gobierno “no ha atendido el tema fiscal”: termina con un déficit “casi récord desde la pandemia” –6,4% del PIB– y un aumento de la deuda pública. Aun así, añade, “no se materializaron los pronósticos más alarmantes de la oposición de una hiperinflación o crisis económica”.

Según la investigadora del centro de pensamiento Global Americans Sonia Verdú, sin embargo, “la popularidad de Petro está basada más en una postura ideológica populista que en una transformación real” porque las desigualdades sociales “no se han acortado significativamente”.

La fallida “Paz total”

La promesa estrella de Petro fue la llamada 'Paz total', que proponía reforzar el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la entonces activa guerrilla de las FARC. La propuesta incluía negociaciones con guerrillas como el ELN; reparación de las víctimas; una reforma agraria y el abordaje del consumo de drogas como un asunto de salud pública.

“Su política no ha funcionado, pues no ha logrado la desmovilización de ningún grupo armado importante”, dice Basset. Según él, las guerrillas “se han aprovechado de la negociación para reforzar su control territorial”.

Los analistas aseguran que el problema en el país, que desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, registra casi 2.000 líderes sociales asesinados, “es estructural” y que es difícil avanzar cuando el Estado tiene capacidades “limitadas” en muchas regiones rurales y persisten economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado

Paola Jaimes Santamaría — Investigadora asociada del Center for Economic and Policy Research

Petro partió el diseño de la Paz Total “con un diagnóstico correcto y un diálogo con todos los grupos al mismo tiempo”, explica a elDiario.es la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. En la práctica, sin embargo, algunos procesos “avanzaron más lento de lo esperado, hubo fragmentación entre grupos armados y en varios territorios los ceses al fuego no produjeron mejoras sostenidas de seguridad”, menciona Jaimes Santamaría. Luego, en febrero de 2025, llegó la designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa, el primer militar en ocupar el puesto en 30 años, para presionar a las guerrillas, una receta similar a la del expresidente derechista Iván Duque.

“Con esta decisión, la idea de negociación ha perdido mucha legitimidad política”, señala Bonilla. En su opinión, el mandatario fue “muy ambicioso” con su propuesta, que califica de “retórica, polémica, con bajo diseño institucional, poco presupuesto y mala organización”.

Venezuela y EEUU, centro de la diplomacia

Uno de los desafíos más importantes para la política exterior de Gustavo Petro ha sido el vínculo con la vecina Venezuela. Cuando llegó al poder en 2022, con las relaciones entre ambos países rotas, emprendió un deshielo –reapertura de fronteras e intercambios comerciales– con el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Durante la crisis de las elecciones de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude y las autoridades electorales nunca mostraron las actas de la declaración oficial del triunfo de Maduro, se alineó con Brasil para no reconocer el resultado, pero sin romper lazos con Caracas. 

“En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa”, señala Verdú. Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder, en enero 2025, marcó el tramo final de su mandato y dio un giro al contexto regional: “Conllevó una pelea política y diplomática que culminó con una visita de cuestionable éxito a la Casa Blanca”, añade. Por el camino, hubo tensiones y amenazas, desacuerdos abiertos sobre política antidrogas y los ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe.

En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa

Sonia Verdú — Investigadora del centro de pensamiento Global Americans

“Intentó combinar una postura más autónoma con una estrategia pragmática y evitar una ruptura frontal con Estados Unidos, mientras buscaba ampliar márgenes de maniobra diplomática dentro de América Latina”, opina Jaimes Santamaría.

Segunda vuelta asegurada y en disputa

Las encuestas anticipan un triunfo de Iván Cepeda, sucesor de Petro, pero no tan holgado como para evitar una segunda vuelta, que se prevé muy disputada y polarizada contra quien sea su rival: De la Espriella o Valencia, aunque los sondeos dan ventaja a la candidata uribista.

“Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado, algo que históricamente no se había visto tanto en la política presidencial colombiana”, afirma Jaimes Santamaría. A diferencia del actual mandatario, que ha sido una figura más “confrontacional”, dice, Iván Cepeda presenta un estilo político más dialogante, por lo que una continuidad de la izquierda, no necesariamente implicaría, simplemente, “más Petro”, sino “probablemente, alianzas más amplias para sacar adelante ciertas reformas”, añade.

Verdú pronostica que si gana Cepeda, habrá que esperar si continúa con el legado de Petro o llega a implementar políticas con mayor impacto social, que si bien han sido “exitosas en sistemas como el europeo –concluye–, no han sabido encontrar su lugar en América latina sin sacrificar modelos de democracia y estabilidad económica”.

“La última vez que mi madre habló conmigo me dijo: 'Vamos a acercarnos al checkpoint un equipo negociador'. Entonces me mandó un audio: 'Nos acercamos, dejo móvil. Será ir y volver en un par de horas'”. Pasadas esas dos horas, no recibió noticias de su madre ni del resto de negociadores, cuenta Bruno Rodríguez Armesto a elDiario.es. “Perdimos la comunicación cuando ellos se acercaron al checkpoint a negociar. Lo que entendemos es que las autoridades les detuvieron en el checkpoint y, en algún momento, se los llevaron de Sirte a Bengasi. Sabemos que no volvieron”, explica.

Llevan cinco días en paradero desconocido, retenidos por las autoridades rebeldes del este de Libia. Además de la madre de Bruno, Alicia Armesto Núñez, española, hay otros nueve activistas detenidos de varias nacionalidades. Formaban parte de un convoy de más de 200 personas procedentes de más de 20 países que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza, pasando por la frontera de Egipto, pero se quedaron atrapados en el país vecino. Hasta ahora, las familias no saben cuándo ni cómo van a poder regresar a casa.

El convoy terrestre pasaba por Libia en su viaje por el norte de África, en coordinación con la misión marítima de la Flotilla Global Sumud –que fue brutalmente detenida por Israel hace unos diez días–. Los organizadores lanzaron la voz de alarma el 24 de mayo, cuando diez integrantes desaparecieron en un puesto de control de las fuerzas libias en la localidad de Sirte, situada en la línea que separa los dos territorios enfrentados del oeste y el este de Libia. El grupo de diez personas, que ahora permanece en paradero desconocido, era un equipo encargado de negociar con las autoridades el pasaje seguro del cargamento humanitario, que incluía suministros básicos, ambulancias y casas móviles.

La detención de civiles desarmados, en el marco de un proceso previamente acordado, tras repetidos intentos de obtener permisos y facilitar su paso, constituye una violación del derecho internacional humanitario

Flotilla Global Sumud

El 25 de mayo, la Flotilla Global Sumud denunció la detención el día anterior de los diez activistas por parte de las fuerzas de seguridad afiliadas al Ejército Nacional Libio, del general Jalifa Hafter, y que estaban en manos del Gobierno del este de Libia –que le disputa el poder al Ejecutivo de Trípoli, reconocido por la ONU–. El Ministerio de Exteriores afiliado al Gobierno oriental afirmó en un comunicado que los activistas “no habían obtenido las autorizaciones necesarias” para entrar en su territorio, pero que estaban recibiendo un tratamiento “dentro del marco de la responsabilidad legal y humanitaria” correspondiente, según recogió la agencia EFE.

Pero lo organizadores del convoy han asegurado que sí habían hecho todos los trámites burocráticos y que estaban dispuestos, tal y como les exigían las autoridades locales, a transferir la ayuda humanitaria que transportaban a la Media Luna Roja Libia, que se encargaría de llevarla hasta Egipto y, posteriormente, a la Franja. “La detención de civiles desarmados por intentar comunicarse con las autoridades locales y una organización humanitaria, en el marco de un proceso previamente acordado, tras repetidos intentos de obtener permisos y facilitar su paso, constituye una violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, ha afirmado la Flotilla Global Sumud en un comunicado.

Entre los diez detenidos también se encuentra la ciudadana polaca Laura Kwoczała-Alsubaih, de 24 años y activista por los derechos humanos y de los migrantes, que estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Varsovia. “Solía escribirme todos los días. El último mensaje fue el 24 de mayo, pocos minutos antes de las 09.00 de la mañana, y me dijo que estaban yendo a negociar”, cuenta a elDiario.es su madre, Sylwia Kwoczała.

“Me di cuenta de que Laura podría haber sido detenida cuando la ubicación de su teléfono dejó de actualizarse. Era un domingo, después de las 15.00 horas. Esa noche, me puse en contacto con Alina de la Flotilla Global Sumud en Polonia, quien me confirmó que existía esa posibilidad”, recuerda la madre. “Laura no estaba asustada, era algo que podía ocurrir y estaba preparada” para ello, agrega.

La organización también ha denunciado que los otros participantes, que habían acampado a unos 10 kilómetros de Sirte tras la desaparición de sus compañeros fueron “obligados a evacuar y algunos hombres y mujeres fueron agredidos físicamente”. Por ello, los organizadores han dado por concluida la misión humanitaria terrestre y los activistas empezaron esta semana a regresar a sus países.

“Mi madre está desaparecida”

Las autoridades italianas han confirmado que los dos detenidos de este país, Domenico Centrone (33 años) y Dina Alberizia (67 años), están en un cuartel de la Policía del este de Libia en Bengasi, sede del Gobierno oriental. El cónsul italiano en esa ciudad los pudo visitar el miércoles y pidió una “mejora en las condiciones de detención” no sólo de los dos compatriotas, sino de todo el grupo. Según la agencia ANSA, se abrió así la posibilidad de que los diez puedan ducharse o cambiarse de ropa y ser alojados en un lugar mejor.

El hijo de la española detenida dice a elDiario.es que tiene muy poca información de su madre: “Ahora mismo mi madre está desaparecida”. Relata cómo han sido estos días de gran incertidumbre, sin saber dónde se encuentra retenida la veterana activista ni en qué circunstancias. Bruno Rodríguez Armesto dice que su madre “estaría en algún tipo de instalación en Bengasi”, pero no sabe si es una cárcel. Los detenidos no han podido ponerse en contacto con sus familias y no todos han recibido asistencia consular, ya que no todos los países tienen representación en el este de Libia.

Creemos que la mayor baza que tenemos es la movilización social para ejercer un poco de presión, tanto sobre el Gobierno de España como el de Libia

Hijo de la activista española detenida

El hijo de Alicia dice que está en contacto con el vicecónsul de España en Trípoli y pide que el Gobierno español haga todo lo que esté en su mano y que la ciudadanía también se movilice: “Creemos que la mayor baza que tenemos es la movilización social” para que haya “un poco de presión, tanto sobre el Gobierno de España como el de Libia”.

Alicia Armesto Núñez, quien trabaja de secretaria en Madrid, viajó a Libia a principios de mes para participar en el convoy humanitario, cuenta su hijo. Había participado en la Flotilla marítima a Gaza en otoño de 2025 y también fue detenida en esa ocasión, por Israel, junto a activistas más conocidas como Greta Thunberg. “La causa palestina es muy cercana a ella, estaba muy motivada para ir” a Libia, donde “quería compartir su conocimiento logístico y su experiencia” con el grupo que viajaba por tierra. “En ningún momento me comentó que tuviera miedo”, afirma Rodríguez Armesto.

Mi madre formaba parte de un grupo de diez personas que fueron físicamente al checkpoint de Sirte a negociar. Perdimos la comunicación cuando se acercaron al checkpoint, entendemos que las autoridades les detuvieron

Hijo de la activista española detenida

“Hasta el martes por la mañana, lo único que supimos eran rumores”. Finalmente, las autoridades consulares españolas le confirmaron “por canal no oficial” la detención de Alicia. Su hijo explica que esta semana es la importante fiesta musulmana del Eid al Adha, por lo que está todo suspendido, incluidos los trámites burocráticos para poner en libertad a los activistas, pero añade con inquietud: “No sabemos si es simplemente un fallo administrativo o si hay algo más”.

Según Italia, los diez activistas deberían ser expulsados del país, después de haber sido acusados de “entrada ilegal” a la zona este de Libia, pero su deportación puede haberse visto retrasada por la festividad de varios días. 

Ahora, Sylwia Kwoczała explica que está en contacto con los organizadores del convoy y comparten información varias veces al día. También está en contacto con el cónsul polaco en Túnez, porque Polonia no tiene representación diplomática en Libia (muchos países movieron sus legaciones al país vecino tras el estallido de la revuelta y la consiguiente guerra en 2011 y algunos no han regresado por la inestabilidad política y la violencia). “Sin una embajada en Libia, no hay mucho más que hacer”, lamenta.

Sylwia Kwoczała asegura que su hija estaba “muy involucrada en el convoy” y que trabajaba mucho. “Recientemente, fue mi cumpleaños. Laura me llamó y me dijo: 'Feliz cumpleaños, mamá. Me tengo que ir, el mundo tiene que ser salvado!'”.

En plena era de la nueva doctrina Monroe 2.0, que anunció Donald Trump en la presentación de su Estrategia de Defensa Nacional, en los últimos meses varios países latinoamericanos han suscrito acuerdos con Washington relacionados con las llamadas tierras raras, como se conoce a 17 elementos químicos indispensables para la transición energética y para la industria de defensa de alta tecnología. La necesidad de avanzar hacia la descarbonización y un agitado panorama bélico global que requiere de avanzados sistemas de armamento han convertido a América Latina en un nuevo foco de interés geoestratégico para Estados Unidos en su disputa con China por la hegemonía mundial.

“Hay una política abierta de EEUU de apropiación de los minerales (petroleros y no petroleros) de Latinoamérica que se enmarca en otra política más general de expansión territorial moderna, traducida en el interés por anexionar Venezuela, Cuba, Groenlandia y cualquier otro país que se proponga”, dice a elDiario.es Erik Aarón Jiménez, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

EEUU ha destinado más de 1.000 millones de dólares en inversiones de minerales críticos en Latinoamérica desde enero de 2025, recogen varios medios especializados. “Este recurso ha elevado el valor geopolítico de la región y la deja sujeta a mayores presiones geopolíticas”, señala a elDiario.es Dorotea López, académica de la Universidad de Chile. La demanda mundial de tierras raras puede llegar a duplicarse para 2040, según proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en un escenario de cero emisiones netas en 2050.

China posee, por lejos, las mayores reservas del mundo, con depósitos por 44 millones de toneladas, seguida con distancia por Brasil, con 21 millones, Australia (6,3 millones), Rusia (3,8 millones), Vietnam (3,5 millones) y Estados Unidos (1,9 millones), según un informe de 2025 publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). 

El gigante asiático, además, controla alrededor del 70% de la extracción y producción mundial –seguido de Australia (11%) y Estados Unidos (8%)–, lo que le brinda una fuerte influencia geopolítica sobre precios y suministros. Por el contrario, la industria minera y de refinación de tierras raras latinoamericana está poco desarrollada, a pesar de contar con reservas propias y en buen estado.

Acuerdos y memorándums

Estudios geológicos recientes confirman que varios países de la región, especialmente Brasil, pero también Chile y Argentina, poseen yacimientos importantes que, “si lo desean, están en condiciones de explotar”, dice a elDiario.es el geólogo José Cabello, miembro del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos (CEMEC) de Chile.

En marzo, Ronaldo Caiado, gobernador del estado de Goiás, al centro-oeste de Brasil, firmó –sin contar con el presidente Lula– un polémico memorándum de entendimiento con la Administración Trump para apoyar la exploración y producción de tierras raras, abundantes en esa región.

Si la región no desarrolla una cadena de valor vinculada con estos recursos, la estrategia es puramente extractivista y su papel se limita a ser un proveedor de materias primas

Erik Aarón Jiménez — Economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Antes, Perú y Chile, con el ultraderechista José Antonio Kast, también suscribieron acuerdos de cooperación con EEUU en minerales críticos y tierras raras; y la Argentina del ultra Javier Milei y Bolivia, de la mano del derechista Rodrigo Paz, pactaron una asociación estratégica para minerales críticos.

Por ahora, son acuerdos de entendimiento que comprometen la “colaboración mutua”, pero no crean obligaciones jurídicamente vinculantes para la exportación de los materiales extraídos. “Los acuerdos en el papel pueden mantener contento a Trump, pero en términos efectivos no significan nada”, dice Jiménez, autor del estudio Las tierras raras de América Latina: entre el extractivismo y la transición energética dependiente. Para Dorotea López, “aún no es muy evidente lo que contienen ni lo que significan (los documentos firmados)” y, más que nada, se trata de “movimientos que buscan balances externos (por ambas partes), ya sea geopolíticos, de búsqueda de inversión o para diversificar socios”.

Desarrollar una cadena de valor

El principal desafío productivo y económico de las tierras raras no es su extracción, sino la cadena productiva –separación, refinación y procesamiento–, que requiere procesos costosos, contaminantes y complejos a nivel técnico. El dominio de China se basa en su capacidad para producir el recurso a bajo costo y a gran escala, mientras que a América Latina le falta infraestructura de refinación y leyes que la regulen. Su producción contamina los ecosistemas y requiere grandes volúmenes de agua. Los residuos ácidos generados durante el procesamiento pueden contaminar aguas subterráneas o superficiales y poner en riesgo la salud de animales en una región donde las regulaciones ambientales arrastran deudas pendientes.

El presidente Lula ha dicho en repetidas ocasiones que Brasil no debe limitarse a ser un mero exportador de materias primas en el sector de las tierras raras, y ha subrayado la necesidad de desarrollar la capacidad de procesamiento ‌nacional. También Argentina y Chile están tratando de reposicionarse como actores industriales.

“Si la región no desarrolla una cadena de valor vinculada con estos recursos, la estrategia es puramente extractivista y su papel se limita a ser un proveedor de materias primas”, apunta Jiménez. Además, según él, la región estaría “condicionada, como lo está ahora”, a ser un “precio aceptante” y sometida a los vaivenes de los precios internacionales.

Mariano Aguirre, investigador del think tank Cidob, con sede en Barcelona, señala a ElDiario.es que ampliar el valor del recurso más allá de la extracción obliga a las naciones latinoamericanas a negociar con los inversores extranjeros para que el país productor obtenga beneficios suficientes para invertir en infraestructura y generar recursos para la población local. “En la medida que los países del sur puedan llevar a cabo planes de este tipo, tendrán más posibilidades de influir en los precios de las materias primas, tradicionalmente controlados por los compradores del norte”, apunta. Estados Unidos y China, añade, “competirán no solo por el acceso a los recursos, sino también por ayudar a estos países a poner en marcha sus proyectos a cambio de controlarlos”. Para Jiménez, “la única forma de tener control sobre las canteras latinoamericanas es negociando, pero Brasil no es Venezuela y cuenta con el respaldo de los BRICS”.

Según Caballero, aunque EEUU tuviera varios yacimientos en la región (está adquiriendo un proyecto en Brasil) y tuviese “una cierta ventaja, China seguiría como líder mundial” del sector.

Los expertos coinciden en que Washington ha quedado rezagado en la carrera por las tierras raras porque ninguna de sus administraciones anteriores, con independencia del color político, precisa Jiménez, “nunca se interesó por la transición energética y la minería relacionada con ella”. Sin embargo, concluye Aguirre, “a los barones de Silicon Valley sí les importa y preocupa mucho esta competencia con el gigante asiático” porque, aunque esté en la delantera, Latinoamérica quiere asegurarse “el acceso en primer lugar”.

Cuantos más detalles se conocen del recorrido y las paradas que hicieron los pasajeros del crucero HM Hondius, donde tres personas murieron por un brote de hantavirus, más son los países afectados por posibles contagios que han comenzado a fiscalizar casos y a aplicar medidas sanitarias.

Además de Argentina, donde se habría originado el primer contagio a un matrimonio neerlandés; España, que ha aceptado el desembarco de los cruceristas en Canarias; Países Bajos, donde fueron evacuados los tres posibles contagiados a bordo; y Reino Unido, que con 19 viajeros encabeza la lista de turistas dentro de la embarcación; este jueves la isla de Santa Elena se ha convertido en un nuevo foco de atención para las autoridades sanitarias.  

La operadora del barco, Oceanwide Expeditions, ha confirmado que una treintena de los pasajeros del Hondius desembarcaron en este enclave en el Atlántico el 24 abril, días después de la primera muerte a bordo del barco. La OMS rastrea ahora estas 30 personas para detectar posibles contagios adicionales y frenar la propagación en los países a los que regresaron después de esta escala.

Un pasajero que del crucero que retornó a su país a finales de abril, y que podría ser uno de los que desembarcó en Santa Elena, ha sido hospitalizado en Zúrich por el contagio de hantavirus, según han confirmado las autoridades suizas. En Francia siguen “estrechamente” el caso de un hombre que viajó en el mismo avión que uno de los evacuados desde el barco a Johannesburgo para ser hospitalizados a finales de abril.

En Estados Unidos, residentes de Georgia, California y Arizona están siendo monitorizados por las respectivas autoridades sanitarias por posible infección del virus, después de haber permanecido en el barco hasta el 24 de abril, cuando hizo escala en Santa Elena, y haber regresado a sus domicilios. Ninguno de ellos muestra, hasta el momento, síntomas. 

También Singapur ha realizado pruebas de hantavirus a dos hombres de 65 y 67 años, que se encuentran aislados y a la espera de los resultados; y un danés se ha puesto en cuarentena voluntaria en su domicilio, pese a no mostrar síntomas ni encontrarse mal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECD) y las autoridades los principales países afectados, han trazado una hoja de ruta en la que han considerado la necesidad asistencial de los casos sospechosos y las capacidades del país receptor, el más preparado para garantizar el control epidemiológico y la salud pública. A partir de este diseño, cada país ha implementado sus propias medidas de prevención. 

Países Bajos, rastreando “contactos estrechos”

Tres pacientes infectados a bordo del Hondius, dos de ellos con pronóstico grave, llegaron el miércoles a Países Bajos tras ser evacuados de Cabo Verde. Son un neerlandés de 41 años que ejercía como médico del crucero, un británico de 56 y un alemán de 65 años, a los que este jueves se sumó el caso de una azafata de la compañía KML que se encuentra hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves.

De confirmarse el caso de la azafata neerlandesa, sería el primero no vinculado directamente al buque, ya que mantuvo contacto en Johannesburgo con la mujer del matrimonio que murió por el virus. El sistema de salud neerlandés investiga ahora 60 contactos estrechos de la mujer fallecida en la ciudad africana y que estuvo en contacto con pasajeros de un vuelo de KLM.

Reino Unido, recomienda “aislamiento voluntario”

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) ha asegurado que está implementando medidas para “apoyar, aislar y monitorizar” el regreso de los ciudadanos británicos que se encuentran a bordo del Hondius y que están “rastreando” contactos de cualquier persona que pueda haber estado con ellos. 

“La UKHSA está prestando apoyo a un pequeño número de personas identificadas como contactos estrechos de quienes se encontraban en el barco”, señala la agencia en un comunicado. Por ahora, hay dos personas asintomáticas que han regresado al país por su cuenta, tras abandonar el crucero a finales del pasado abril, en la isla de Santa Elena, y a las que “se les ha recomendado que se aíslen voluntariamente”.

Los ciudadanos británicos que no desarrollen síntomas, añadió la UKHSA, podrán ser repatriados una vez que el barco atraque en España. 

Argentina, foco en el origen del contagio 

El Gobierno de Argentina ha trazado el itinerario que hizo la pareja de neerlandeses, de 69 y 70 años, fallecida por hantavirus y que es considerada el 'caso índice' del brote, e investiga el origen del contagio. Una de las hipótesis es que se infectaron en tierra, antes de embarcarse, durante un viaje de cuatro meses entre Argentina, Chile y Uruguay. De hecho, la OMS ha explicado este jueves en un comunicado que investiga como posible origen del brote un viaje para la observación de pájaros por Uruguay, Chile y Argentina llevado a cabo por el matrimonio.

La variante Andes de hantavirus, una de las más peligrosas y la única que puede propagarse de persona a persona, es transmitida por el llamado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en los bosques húmedos del sur de Argentina y Chile, que este jueves aseguró que el matrimonio no se contagió en tierras chilenas porque “transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación”.

La Casa Rosada, que hasta el momento ha descartado casos asociados a este brote en el país, ha informado que equipos técnicos se trasladarán a Ushuaia para capturar y analizar roedores en la ciudad sureña de Ushuaia, al extremo sur y punto de origen del crucero.

Además, ha dicho que enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido material genético de la cepa Andes y placas sensibilizadas con antígenos de esa variante para poder realizar unas 2.500 pruebas de diagnóstico. 

Con 41 casos confirmados en lo que va de 2026, unas cifras que lo ubican como el país de Latinoamérica con mayor cantidad de casos, Argentina también se ha comprometido a enviar protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Está previsto que el Hondius llegue a Tenerife el próximo sábado, donde solo fondeará –sin atracar– en el Puerto de Granadilla, desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde pasarán la cuarentena.

La OMS aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido cuando emergió la covid-19.

Solo han hecho falta dos semanas para que el presidente ultraderechista José Antonio Kast atraviese su primera crisis al frente de La Moneda. Los sondeos muestran cómo su popularidad se resiente tras una serie de anuncios económicos controvertidos que han sentado mal a la población chilena, y que han desencadenado las primeras protestas contra el recién nacido Gobierno.

Todo empezó el pasado lunes, cuando, a través de una modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), el Ejecutivo aprobó un alza histórica de los precios de la gasolina y el diésel, como consecuencia de la subida del petróleo por la guerra en Oriente Medio. La medida, que entró en vigor el jueves, repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos, pero Kast ha defendido su decisión de no intervenir para paliar el encarecimiento del combustible para no endeudar al Estado, pidiendo “responsabilidad” y “solidaridad” a los chilenos y la oposición.

Como consecuencia, el precio de la gasolina ha aumentado más de un 40% y el del diésel, por encima del 60%. Con el estallido social de 2019 en la memoria, el alza ha venido acompañada de un paquete de medidas paliativas aprobado por el Congreso que incluyen una congelación de las tarifas del transporte público y escolar en Santiago, ayudas para taxistas y algunos transportistas y una bajada, de cara al invierno, del precio de la parafina, uno de los combustibles más utilizados por las familias chilenas para calentar sus hogares.

Pero no ha sido la única medida polémica. Ya pocos días después de asumir como nuevo presidente de Chile el pasado 11 de marzo, Kast mandó una fuerte señal para dejar claro que cumplirá sus principales promesas de campaña enfocadas, además de en la economía, en el orden público y la migración, con la construcción de un muro en la frontera norte.

Desde la ciudad fronteriza de Arica, una de las vías de entradas irregulares que más ha crecido en los últimos años y ubicada 2.200 kilómetros al norte de la capital, Kast dio inicio el 16 de marzo a las obras para la construcción de un muro de cinco metros de altura en el confín de Chile con Perú y Bolivia y zanjas de tres metros de profundidad en los sectores “de alto tráfico migratorio”, para frenar el ingreso irregular de personas. “Esto no es solo una zanja, es mucho más, es un sistema”, dijo el mandatario, rodeado de varios de sus ministros.  

La medida forma parte del llamado Plan Escudo Fronterizo, que busca un cierre total de la frontera a la migración irregular, con sanciones “severas” y un despliegue militar y policial “sin precedentes” que incluye tecnología militar, drones autónomos, alambres y torres de vigilancia en la zona. 

La migración en Chile se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8% de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 las personas que están en situación irregular, la mayoría venezolanos.

La idea de levantar una zanja en el norte viene de lejos. Ya fue planteada en la campaña electoral de 2021, su segundo intento de llegar a La Moneda que fracasó tras perder la segunda vuelta contra Boric. En su tercer intento –y definitivo– prometió crear un “gobierno de emergencia” enfocado en la economía, la seguridad y la migración para revertir la situación que, según él, legó al país la Administración anterior, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron durante el mandato de su predecesor.

“Criminalización y estigma”

La noche de su investidura el 11 de marzo, en un gesto inusual en la tradición chilena, Kast firmó varios decretos, entre ellos uno para aumentar la dotación militar en las regiones fronterizas y otro para ordenar el inicio de las obras del llamado “escudo”. Además, el nuevo Gobierno de extrema derecha ha enviado varios proyectos de ley al Congreso en materia migratoria, como el que restringe los beneficios sociales a las personas sin papeles o el que califica de delito –no de falta administrativa– el “ingreso clandestino” al territorio chileno. De aprobarse, Chile regresaría a la situación previa a 2021, cuando la Ley de Migración y Extranjería actual reemplazó la anterior, instaurada durante la dictadura, y estableció, por primera vez que “la migración irregular no es constitutiva de delito”.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes alertan de que el anuncio del nuevo Ejecutivo es “un retroceso significativo en derechos, incluso en los que están resguardados en acuerdos y tratados internacionales”, dice a elDiario.es la directora de la organización Migrantas, Catalina Bosch, quién muestra “preocupación” por “la criminalización y estigmatización” sobre la población migrante, y recuerda que “la mayoría de las personas migrantes no cometen delitos”. 

Las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo

Waleska Ureta — Directora del Servicio Jesuita Migrantes Chile

Para Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias de Chile, “las barreras físicas, las deportaciones y el endurecimiento legal son insuficientes por sí solos” para mejorar el control migratorio y el desarrollo social y económico. Según él, es necesario establecer vías de migración regular “claras”, plazos “razonables” para tramitar visados y políticas de integración para quienes ya residen en el país. 

Kast, que hace dos años visitó la valla en la frontera húngara y ha conversado y aplaudido en varias ocasiones a Víctor Orbán por su iniciativa, pretende crear un amplio dispositivo de muros y vallas de 500 kilómetros en distintos sectores de la frontera norte. “Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán”, ha dicho.

Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrantes Chile, una de las organizaciones de apoyo a esta comunidad, indica que a elDiario.es que, pese a las vallas, “las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo, refugio” por las crisis que atraviesa el continente. “Habrá movilidad humana igual por espacios peligrosos, y así –añade– se va instalando el crimen organizado y la trata de personas en esas zonas”. 

Tanto Bolivia como Perú evitaron criticar a Kast por su despliegue fronterizo y aseguraron que se trata de una medida “dentro del territorio chileno” que no afectará a las relaciones bilaterales con sus vecinos, en especial con Bolivia, donde por primera vez en dos décadas gobierna un presidente de centroderecha. Tanto Rodrigo Paz como Kast han expresado su voluntad de colaborar juntos.

Sin gratuidad después de los 30

Alineado con sus prioridades de Gobierno, el nuevo mandatario ha lanzado también, desde la sureña región del Biobío, su primer gran proyecto de ley, el llamado plan de “Reconstrucción Nacional”. Se trata de una batería de 40 medidas para, entre otras cosas, combatir el déficit fiscal que –asegura– fue heredado de la Administración del progresista Gabriel Boric, entre ellas, rebajar impuestos a las empresas, agilizar los permisos ambientales y limitar la gratuidad universitaria hasta los 30 años.

“El Gobierno busca condenar a la población por sobre de los 30 años y de clase media o baja, ya que el recorte de la gratuidad en este rango significa impedir que las familias se puedan profesionalizar o que quienes tuvieron que suspender sus estudios en su juventud por diversos motivos (maternidad, trabajo, etc.) puedan retomar su sueño de estudiar”, opina a elDiario.es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, Diego Torres. 

Reivindicada en las calles por exlíderes estudiantiles como el propio Boric durante la primera Administración del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) e instaurada en el segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018), la gratuidad, que hoy reciben –según recoge la prensa local– casi 26.000 mayores de 30 años, cubre los cuatro o cinco años de duración de una carrera y no tiene un límite de edad máximo.

“Exigimos que se convoque a una movilización nacional”, publicó en redes sociales la presidenta de la Federación de la Universidad de Santiago (Usach), Andrea Abarca. “Ya es tiempo de rearticularnos como movimiento estudiantil, frente a los retrocesos anunciados por el Gobierno de Kast”. 

Precisamente, los estudiantes han sido el primer grupo que ha salido a la calle contra el Gobierno de Kast. Este jueves, en un Santiago blindado, cientos de personas se concentraron fuera de la antigua sede del Congreso, en el centro de la capital, para protestar contra el alza del precio de los combustibles. Según los medios locales, se produjeron algunos disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y agentes de los Carabineros, la policía militarizada, que desplegó camiones con mangueras de agua a presión y blindados dotados de gas pimienta. La protesta se saldó con 14 detenidos.

Chile vive una nueva jornada electoral histórica este domingo, la enésima desde el inicio del proceso constituyente que impulsó el estallido social de 2019 y que casi cuatro años después, y una pandemia de por medio, aún no ha logrado concluir.

Más de 15 millones de electores están convocados para votar a los 50 integrantes del Consejo Constitucional (25 hombres y 25 mujeres) encargados de redactar por segunda vez una propuesta de nueva Constitución. La labor de los consejeros, no obstante, ha sido cuestionada por algunos, que consideran que su margen de acción será muy limitado porque el texto constitucional ya hace meses que empezó a escribirse. Desde marzo, un comité de expertos designados por el Congreso a propuesta de los partidos elabora un anteproyecto que será la base sobre la que trabajarán los consejeros electos.

Un tercer órgano integrado por 14 juristas velará para que los artículos finales se ajusten a 12 principios institucionales acordados previamente por las distintas fuerzas políticas y pensados para impedir un texto refundacional como el surgido del proceso anterior.

“Queda todo en manos de los partidos que estarán representados dentro del Consejo y que, en cierta forma, también están dentro del Comité de Expertos”, dice a elDiario.es Jeanne Simon, politóloga de la Universidad de Concepción. La preponderancia de los partidos, que atraviesan una profunda crisis de legitimidad, “genera una falta de confianza de la ciudadanía” en esta segunda etapa, añade Cristian Ovando, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá.

“Gran desafección y desinterés”

Las expectativas de la ciudadanía en el proceso constituyente se desplomaron tras el fracaso del primer intento, que terminó con el amplio rechazo en septiembre de la propuesta que iba a sustituir a la Constitución emanada de la dictadura de Augusto Pinochet. También influyeron considerablemente el diseño de una nueva hoja de ruta alejado de la ciudadanía y el surgimiento de temas más urgentes para la sociedad. El momentum constituyente que atravesaba el país se desinfló.  

“Hay una gran desafección y desinterés por las elecciones del domingo y la mayor parte de los electores ni siquiera saben por quién votar”, dice Miguel Ángel López, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Para Ovando, “hay una fatiga constituyente, una fatiga ciudadana, porque en muy poco tiempo ha habido más de tres elecciones”. 

Los expertos coinciden en otro factor de desinterés: la agenda pública ha quedado totalmente copada por temas relacionados con la seguridad pública, la crisis migratoria en la frontera con Perú y la compleja situación económica de la que el país no logra salir. Los mismos asuntos que, según las encuestas, preocupan más a los chilenos. “Hay una necesidad de respuestas inmediatas a temas muy complejos”, dice Raúl Burgos, experto en historia política chilena de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. “En este ambiente –prosigue– se hace más difícil discutir temas de organización política o de derechos cuyos resultados se observarán en el mediano y largo plazo”.

Voto obligatorio y ¿baja participación?

La campaña electoral que se cerró el jueves fue descafeinada, poco participativa y no ha logrado motivar a los votantes que, por primera vez desde 2012, están obligados a acudir a las urnas en una elección de candidatos. Millones de ciudadanos debutarán en expresar sus preferencias políticas, hasta ahora desconocidas porque no siempre han ejercido su derecho a voto.

Sin embargo y a pesar de la obligatoriedad, la falta de compromiso ciudadano podría derivar en una baja participación o incluso provocar un aumento considerable de votos nulos o en blanco. “Si hay una alta abstención (porque las posibilidades de multar por no participar son muy bajas) o si hay muchos votos blancos o nulos, las elecciones perderían mucha validez y legitimidad”, dice López. 

Balanza hacia la derecha

Tanto la coalición de Gobierno como la de oposición compiten con listas separadas. El centro-izquierda y la izquierda, que gobiernan juntas bajo el mando de Gabriel Boric, se han dividido, pero por primera vez desde el fin de la dictadura el Partido Socialista abandonó su alianza histórica con el centro-izquierda tradicional para sumarse al pacto del bloque del Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile. 

“Un resultado no muy optimista para la coalición de Gobierno agudizará las diferencias entre los dos sectores”, dice Ovando. Según él, “hay una percepción ciudadana de crisis al interior del Gobierno dado que no fueron capaces de aunar voluntades para confluir en una sola lista”. 

La derecha también se separó en tres listas: la tradicional y las emergentes, divididas en la ultraderecha del Partido Republicano (PR) de José Antonio Kast, excandidato presidencial que ganó la primera vuelta contra Boric, y la populista del Partido de la Gente (PDG). Ambas debutan en una votación de constituyentes.

“Si gana la ultraderecha tendrá un impacto muy fuerte para la derecha tradicional porque significará una erosión muy fuerte de sus bases sociales”, dice Miguel Ángel López. También tendría consecuencias para el Gobierno, aumentaría la polarización y desplazaría hacia la derecha al conjunto de la opinión pública, añade.

Aunque los escenarios son abiertos e inciertos, varios sondeos proyectan una victoria del bloque conservador. Sin embargo, la gran incógnita es si la derecha sumará los 30 escaños para llegar a los tres quintos necesarios que le permitirían controlar el Consejo y aprobar los artículos de su interés sin necesidad de negociar con otros sectores.

Impacto en el Gobierno de Boric

El Gobierno tomó nota de que el plebiscito de septiembre acabó interpretándose como un examen a Boric. A diferencia de entonces, ahora el presidente ha optado por permanecer en silencio y tomar distancia del proceso.

Los pronósticos para las fuerzas gubernamentales son desalentadores. Los partidos de centro-izquierda que se incorporaron en el último tiempo al Ejecutivo para aportar una dosis de moderación podrían recibir un batacazo. Sin embargo, está por ver si esto acaba repercutiendo a nivel interno en el Gobierno y de qué forma. 

Los analistas también apuntan a las consecuencias para los planes del presidente. “Una derecha victoriosa marcaría el destino de las grandes reformas del Gobierno (salud, pensiones)”, dice Cristian Ovando.

El Consejo Constitucional electo este domingo dispondrá de cinco meses para redactar una propuesta constitucional, que en diciembre deberá ser sometida, nuevamente, a plebiscito. De aprobarse el nuevo texto, será Boric quien firmará la nueva Constitución, aunque disienta de su contenido. 

Desde hace más de un año, Tamara González, propietaria de un pequeño quiosco en pleno centro de Santiago, decidió anticipar la hora de cierre de su negocio. “Antes cerraba a las 19:00 horas, pero la gente me empezó a decir 'váyase a casa que aquí se pone feo’, y ahora cierro a las 17:00”, dice a elDiario.es.

Como ella, una buena parte del vecindario de la capital vive con temor por el aumento de los delitos violentos en Chile. “Se ha incrementado la violencia, yo lo veo cada noche aquí, ya no les importa si son mujeres, o la edad que tengan”, dice Rodrigo Veliz, conserje de noche desde hace más de nueve años que trabaja en un edificio del centro de Santiago. “Yo mismo aconsejo a la gente que si esperan su transporte lo haga dentro, y uno también tiene más miedo en este trabajo”.

La muerte en menos de un mes de tres policías durante un control rutinario, junto con las noticias que se publican a diario de homicidios, tiroteos y crímenes violentos, sobre todo en las ciudades, ha dejado el país en un estado de conmoción casi permanente. La crisis de seguridad ha capturado la discusión en la calle y la agenda de los medios de comunicación e instituciones.

La última encuesta Cadem, publicada este domingo, reveló que el 91% de las personas consultadas cree que la delincuencia es más violenta que hace un año, un porcentaje tres puntos por encima del sondeo de marzo. Cuanto más crece el miedo, más aumenta el apoyo a los policías. Los carabineros [policía chilena militarizada] han remontado en respaldo ciudadano, que se desplomó en 2017, cuando se destapó una grave trama de corrupción dentro del cuerpo, y luego se agudizó con las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el estallido social de 2019.

“No es de extrañar que la ciudadanía busque refugio y amparo en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ante un incremento real de la violencia criminal, amplificado por el contexto político”, dice a elDiario.es Alejandra Mohr, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Según la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Interior, desde 2002 a 2022 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumentó un 67,8%, de 2,8 casos a 4,7. Las regiones más afectadas son las del norte del país, fronterizas con Perú y Bolivia, lo que ha reforzado discursos xenófobos que asocian el aumento de la criminalidad con la migración. Respecto a 2021, los homicidios aumentaron el 32% y el uso de las armas de fuego en la ejecución de estos delitos incrementó en un 46%, según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI).

Aunque se trata de porcentajes considerablemente menores que en otros países de la región, Chile es el tercer país de América Latina donde más aumentó la tasa de homicidios el año pasado, solo por detrás de Ecuador y Uruguay, según la fundación InSight Crime, que estudia el crimen organizado y la seguridad ciudadana en el continente.

Una agenda de seguridad pactada y urgente

Tras las muertes de los agentes, el presidente Gabriel Boric ha ampliado su agenda de seguridad. La semana pasada, el Ejecutivo acordó con el Congreso la tramitación de varios proyectos de ley urgentes y un paquete de otras 31 propuestas para legislar en distintos plazos. “Es necesario construir unidad para afrontar el desafío del crimen violento, que hoy está presente en muchos territorios y que requiere de esfuerzos extraordinarios”, dijo la Ministra de Interior, Carolina Tohá, durante el anuncio del pacto entre poderes. Entre las iniciativas que se legislarán hay normas para prohibir el porte de combustible en manifestaciones, mejorar la persecución financiera de los delitos y crear el Ministerio de Seguridad, entre otras. También se implementará un plan de intervención comunitaria contra la violencia en 46 barrios del país.

Otro primer bloque de medidas fue aprobado hace dos semanas con la polémica Ley Naín-Retamal, denominada por algunos sectores como “ley de gatillo fácil” porque otorga más facultades a Carabineros en el uso de las armas de fuego. “Hay una presión pública y política para legislar con urgencia, algo que nunca se debería hacer rápido porque las leyes se aplican de forma universal y tienen vigencia durante años”, dice Jorge Araya, exjefe de la división de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago.

El día antes de publicarse la norma en el Diario Oficial, un policía mató a un joven de 19 años con siete disparos en la cara. La familia cuestiona la versión de Carabineros, que acusó al hombre de atropellar a uno de sus agentes, y denuncia que no hay registros en las cámaras de seguridad de los alrededores.

Tensiones en la coalición de Gobierno

Las nuevas medidas han traído tensiones en la coalición de Gobierno de centro-izquierda. En una demostración pública de malestar, algunos parlamentarios del sector más de izquierda de la alianza anunciaron su intención de llevar la controvertida norma al Tribunal Constitucional. Sin embargo, su rápida promulgación tras la muerte del tercer uniformado lo impidió. La legislación en la materia se prevé larga y los expertos pronostican nuevas incomodidades ante un complejo escenario que se ha transformado en uno de los arietes de la oposición de derecha, en particular de los grupos ultraconservadores, contra el Gobierno.

En medio de la convulsión y tras conocerse que los imputados por la última muerte de un policía eran de nacionalidad venezolana, la Fiscalía también originó su propia polémica. Decidió que solicitará la prisión preventiva como medida cautelar para los extranjeros indocumentados que sean detenidos por cualquier delito. El nuevo criterio ha alertado organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional e incluso Boric se refirió al asunto: “La migración en sí misma no es un delito. No confundamos a todos los migrantes con delincuentes, eso es importante decirlo, aunque a veces sea impopular”.

“El problema de esta instrucción es que requiere que los fiscales pidan al juez de garantía la imposición de la prisión preventiva a imputados en circunstancias que no siempre van a satisfacer los requerimientos de necesidad de cautela y proporcionalidad que establece el Código procesal penal chileno”, dice Jorge Cabrera, investigador en Derecho Penal Universidad de Talca.

En una entrevista radiofónica esta semana, la portavoz de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha dicho que el país “no puede transformarse en un Estado policíaco” y ha pedido no buscar soluciones “en estado de desesperación”. “Tenemos que ser un Estado donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no uno en que los ciudadanos no tengan libertades... Esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas”.

Penetración del narco y crimen organizado

El problema de fondo en Chile apunta, según los expertos, a un aumento del narcotráfico y las bandas organizadas. “Hay un crimen organizado nacional ligado con bandas de microtráfico que se empoderó y ha ido adquiriendo bienes, casas, vehículos y la capacidad de cooptar a otros sujetos”, dice Araya. “A eso —continúa— se sumó, en los últimos 12 o 15 años, un crimen organizado internacional que agravó esta situación”.

“La globalización del crimen y los intereses económicos de las organizaciones han aprovechado los flujos migratorios intensos del último tiempo y políticas confusas en la materia para contribuir al ingreso regular o irregular de personas que vendrían específicamente a cometer delitos, lo que no significa, en ningún caso, que las personas que llegan a nuestro país vienen a eso, es solo una pequeña parte”, dice Mohr.

La académica critica que, para enfrentarse a esta situación, Chile ha privilegiado “la política de mano dura, el aumento de penas y las facultades de la institucionalidad”, sin que eso haya dado resultados. Araya, por su parte, considera que para afrontar este nuevo escenario “hay que ampliar la capacidad institucional”, lo que pasaría —según él— por tener una policía mucho más preparada, con más agentes; reglamentos “muy claros” sobre el uso de la fuerza; más fiscales y un aparato de justicia preparado para tramitar las causas “con celeridad, oportunidad, eficiencia y sin atropellar los derechos de nadie”. “La sabiduría de un régimen democrático es compatibilizar la libertad con un grado razonable de seguridad”, concluye.

Uno de los pocos discursos que el presidente Gabriel Boric ha logrado mantener intacto –con palabras y acciones– durante los 13 meses que lleva de mandato es la defensa acérrima de los derechos humanos, sin dudar en posicionarse contra los gobiernos que los violen, sean del color político que sean.

“Chile promoverá siempre el respeto de los derechos humanos, en todo lugar y sin importar el color del gobierno que los vulnere”, dijo el 11 de marzo de 2022, tras pisar por primera vez el palacio de La Moneda como mandatario. A pesar de las polémicas que desata su posición tanto dentro como fuera del país, toma cada oportunidad que se le presenta para insistir en el tema.

Boric aprovecha foros y cumbres internacionales para llamar la atención del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que desde 2018, cuando estallaron las masivas protestas en su contra, han reprimido con dureza a manifestantes y disidentes políticos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 355 personas fueron asesinadas durante las movilizaciones y hay miles de exiliados.

En la XXVIII Cumbre Iberoamericana celebrada en República Dominicana hace un par de semanas, Boric instó a no “callarse” ante la “dictadura familiar” nicaragüense. En enero, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), emplazada en Buenos Aires, exigió la liberación de los opositores “detenidos de forma indigna” en Nicaragua. Antes, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, había pedido que “en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”.

A mediados de febrero, Ortega retiró la nacionalidad a 94 ciudadanos, entre ellos escritores, activistas, políticos o religiosos, a quien acusó de “traición a la patria” y etiquetó de “prófugos de la justicia”. Antes lo había hecho con otros 222 presos políticos liberados y expulsados a Estados Unidos.

“No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, escribió entonces Boric en sus redes después de que la Cancillería chilena también condenara con dureza la decisión de Ortega, abriera las puertas de Chile a los afectados y les ofreciera la nacionalidad chilena. Una oferta que recogió la escritora y poeta Gioconda Belli, una de las expulsadas, que vive desde hace tres años exiliada en Madrid: “Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano es Chile”, dijo. También España, Argentina y Colombia ofrecieron la nacionalidad a los nicaragüenses.

“El Gobierno chileno opera solo”

La defensa radical y explícita de los derechos humanos y el repudio de los regímenes latinoamericanos conocidos a menudo como 'vieja izquierda', como Nicaragua, Venezuela y Cuba –aunque criticados con menos dureza–, es una de las principales diferencias entre Boric y sus homólogos progresistas de la región.

“Hay una diferencia importante en el tono de Alberto Fernández, en Argentina; López Obrador, en México; y Petro, en Colombia, porque no condenan y no tienen la misma posición que Boric respecto a la deriva autoritaria de países como Nicaragua, Venezuela y Cuba”, dice la directora de la Escuela Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Lorena Oyarzún. “El Gobierno chileno opera solo; los otros países de la región no critican con contundencia las vulneraciones de derechos humanos en países amigos o aliados o bien permanecen en silencio”, añade el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado Octavio González. Según él, hay actitudes “timoratas” en el Gobierno mexicano y colombiano.

Un silencio que ha sido enmendado en público por Boric, al cuestionar el “doble estándar” de los gobiernos latinoamericanos que se consideran progresistas: “Me molesta cuando eres de la izquierda y condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”, dijo durante un acto en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.

Hace pocos días el presidente chileno reconoció que la relación con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, “no es fácil”. Maduro tampoco ha ahorrado reproches en público en contra del exlíder estudiantil: desde afirmar que hay “más de 2.000 presos políticos jóvenes”, hasta calificar a su gobierno de “repudiado y rechazado”. Aunque el caso de Cuba es el más tibio de los tres, Boric ha lanzado dardos en contra de su presidente: “Me pongo del lado del pueblo cubano que está protestando en contra de Díaz Canel”, sostuvo en un debate de primarias presidenciales en julio de 2021, cuando la isla se oponía a la gestión de la pandemia y la escasez de alimentos. “No hay que elegir entre condenar el bloqueo y condenar las violaciones a los derechos humanos”, añadió.

Uno de los pilares de su discurso ha sido la exministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola, quien como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó de cerca las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país centroamericano y su deterioro democrático. El nuevo canciller, Alberto Van Klaveren, que asumió tras el cambio de gabinete del mes pasado, se ha mostrado menos contundente que su antecesora en esta materia: “En general, Chile no es partidario de señalar con el dedo a países en materia de derechos humanos, salvo algunas excepciones como el caso de Nicaragua”, dijo el domingo.

“Imagen internacional fortalecida”

Salir de la zona de confort y apuntar a los autoritarismos de la izquierda latinoamericana le ha valido a Boric el aplauso y reconocimiento de varios países del mundo, que observan con interés el surgimiento de su liderazgo. Sin embargo, a nivel interno, le ha costado críticas de sus socios de gobierno del Partido Comunista (PC), que se sienten incómodos con el tono del mandatario chileno.

“Hay temas que dividen a la misma coalición gubernamental porque el [bloque de izquierda] Frente Amplio o Convergencia Social, el partido del presidente, reprueban las violaciones a los derechos humanos de estos regímenes sin pelos en la lengua, pero eso es más difícil de hacer para el PC”, apunta Oyarzún.

Por su parte, Octavio González, comenta que la imagen internacional de Boric “se ha visto fortalecida por la defensa que ha hecho de la democracia en distintos países porque habla de consistencia y contundencia”. En su opinión, “cuando los gobiernos tienen una popularidad baja, recurren a la política exterior para compensar o levantar su imagen interna”.

Más allá de cómo sea recordado en Chile, en el exterior pasará a la historia por haberse atrevido a señalar en público y sin tapujos, por primera vez, a los gobiernos que tendrían que haberse convertido de facto en sus aliados regionales en un momento de máximo auge del progresismo latinoamericano.

El segundo año de mandato del presidente chileno, Gabriel Boric, comienza en una nueva pantalla. El 10 de marzo anunció un rediseño de su gabinete ministerial que reforzó a los partidos de la coalición de la centro-izquierda tradicional Socialismo Democrático, en detrimento de su propio conglomerado, Apruebo Dignidad, conformado por el bloque Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile. “Lo que me motiva para hacer estos cambios no son las presiones políticas ni las compensaciones menores, sino mejorar nuestra capacidad de respuesta y la gestión ante las urgencias de nuestra patria”, dijo.

Se trata del segundo cambio de gabinete que Boric impulsa en un año (el primero fue tras el rechazo de la propuesta de nueva Constitución que el Ejecutivo apoyaba) y consolida su giro hacia el centro y la moderación. “El presidente ha debido adaptar su equipo para ir adecuándose a la realidad política y general del país. El diseño original se modificó”, dice la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile Mireya Dávila.

El profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile Diego Díaz precisa que la nueva coalición de Gobierno “genera mayores niveles de gobernabilidad”. Según él, el presidente “ha sido valiente al tomar esta postura porque tiene el costo de tener que moderar su discurso y programa, lo que puede leerse como una traición”.

El exlíder estudiantil, de 37 años, goza de escasa aprobación en Chile. Según la encuesta Cadem, que lo mide semana a semana, en enero el apoyo presidencial alcanzó el 25%, sin embargo, ahora está en un 35%. En este primer año ha habido “errores no forzados”, dice Jeanne Simon, que han “dominado la agenda mediática por sobre de los logros y que han demostrado que el Gobierno no está anticipando las reacciones más probables a sus acciones”, añade. Para Díaz, “ha faltado capacidad de gestión”. En su opinión, la coalición gubernamental “por su juventud y fragilidad institucional, no tenía cuadros con experiencia de Gobierno”.

¿Continuidad o transformación?

Muchos analistas y expertos consideran que el Gobierno de Boric, tal y como estaba pensado inicialmente, terminó cuando llegó el primer ajuste ministerial, en el que relevó a carteras de relevancia como Interior y la Secretaría General de Presidencia, que teje las relaciones con el Parlamento. Con la nueva reestructuración, el presidente mantuvo la paridad de género (12 hombres y 12 mujeres) y salvó también el núcleo duro del gobierno. Sin embargo, modificó algunos ministerios estratégicos como Relaciones Exteriores y amplió el número de ministros y subsecretarios vinculados al bacheletismo. “Hemos equilibrado la alianza política que le da sustento al Gobierno, sobre todo proyectándola para adelante”, explicó Boric tras la renovación.

Sin embargo, existe la percepción de que, en La Moneda, cada vez queda menos del Frente Amplio y más de lo que fue la administración de Michelle Bachelet. “Boric tendrá que definir si se convierte en la continuidad de la expresidenta o si se mantiene enfocado en una transformación estructural como la planteada a su electorado en la primera vuelta”, dice la politóloga de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon. 

De la misma forma que hubo un Boric de primera vuelta —anclado a un discurso de izquierda— y otro de la segunda —mucho más moderado—, ahora hay un Boric del primer período de mandato y otro del segundo, que ha tenido que tomar decisiones incómodas para su electorado, como militarizar la zona del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, siguiendo al conservador Sebastián Piñera, su antecesor; o endurecer el discurso contra la migración irregular. “En sus primeros meses, el Gobierno tuvo una postura ambigua frente a temas que preocupan mucho a la mayoría, como el orden público, la crisis de violencia en La Araucanía y la migración sin control en la frontera norte”, expone Díaz. Según este, “le llevó algunos meses entender que debía hacerse cargo de esos problemas en todas sus dimensiones, incluso la represiva, ocupando la fuerza legítima del Estado para crear orden cuando es necesario”. 

Su mayor apuesta hasta ahora han sido los 13 indultos concedidos a 12 presos del estallido social de 2019 y a un exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La decisión, que fue una promesa de campaña, ha sido para algunos uno de los peores episodios de su mandato porque abrió una crisis en el Ejecutivo que le costó el cargo a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. La repercusión de los indultos se arrastra hasta hoy, porque la última palabra pasó a manos del Tribunal Constitucional, que el martes respaldó la decisión de Boric. Sin embargo, para las bases de su espacio político significa cumplir con su palabra y con quienes se movilizaron en 2019 hasta conseguir abrir un proceso constituyente. 

Las reformas, principales desafíos

La fragmentación política en el Congreso no ayuda al mandatario a aplicar su programa. Por delante tiene desafíos tan relevantes como acompañar el segundo intento de proceso constituyente o concretar las reformas estructurales y básicas para su administración en materia de salud, pensiones y tributos. Precisamente, el proyecto de reforma tributaria fue rechazado por el Parlamento recientemente en un duro golpe para el Ejecutivo, que quiere sostener buena parte de los cambios con una nueva forma de recaudar impuestos. “La negociación de estas reformas implica renunciar al contenido ‘transformador’ que el Gobierno quería darle y sacrificar el programa original”, apunta Díaz. 

Para Simon, además de estos proyectos, hay otros retos imprescindibles como el orden público y la seguridad, en un momento en que la percepción de inseguridad registra cifras récord y que se encuentra entre una de las principales preocupaciones de la población. Dávila, por su parte, añade otros temas, como la gestión de la economía en un escenario delicado por el alza de la inflación, la relación entre coaliciones de gobierno o el control de la agenda.

La nueva etapa se proyecta intensa, con acontecimientos de alta connotación política y social como las elecciones de consejeros constitucionales, la conmemoración de los 50 años del golpe Estado, la celebración de los Juegos Panamericanos y el plebiscito constitucional. “No es tiempo de diagnósticos, pero sí de elaboración política y de estrategia”, dijo Boric tras la primera reunión con su nuevo gabinete. A partir de ahora, tiene por delante un año clave para demostrarlas. 

Antiguos ministros, exparlamentarios y viejos asesores de todos los colores debutaron este lunes en el arranque del segundo proceso constituyente de Chile como miembros del llamado Comité de Expertos, encargados de redactar un primer borrador de nueva Constitución.

Sin expectativas ni interés ciudadano en el nuevo recorrido, las coaliciones tradicionales de centro-izquierda y derecha se repartieron la presidencia y vicepresidencia del órgano, respectivamente. “Sé que muchos no se sienten convocados porque están escépticos de este proceso (...) Los malestares de nuestra sociedad son profundos y se requerirá tiempo para generar confianzas”, dijo la presidenta de los expertos, Verónica Undurraga, doctora en Derecho de la Universidad de Chile, en su primer discurso.

La vieja guardia de la política chilena reaparece en esta nueva etapa en las figuras de los expertos y en las listas de candidatos al Consejo Constitucional que se elegirá en mayo para modificar el proyecto inicial y redactar un texto definitivo.

Entre los reflotados como expertos están los exministros del expresidente Sebastián Piñera Teodoro Ribera, Juan José Ossa y Hernán Larraín, este último también senador durante 24 años. A las elecciones de consejeros, por otro lado, se presentarán el democratacristiano Andrés Zaldívar, quien fue el senador que más tiempo ha estado en el Parlamento, con casi 25 años ininterrumpidos (además de exministro en dos ocasiones); Carmen Frei, también democratacristiana (actualmente preside el partido) y senadora (1990-2006); o el exdiputado socialista (2008-2022) Marcelo Schilling.

Cuando pensaban que ya tenían un pie fuera de la política institucional –algunos, directamente, ya lo estaban–, los más veteranos retoman el protagonismo en el camino que Chile empezó en 2019, tras un estallido social de meses. 

“Se ha buscado a gente muy experimentada en política, capaz de negociar y que no sea tan moralista como lo fueron los miembros de la Convención Constitucional y grupos de independientes del proceso anterior”, asegura la integrante de la Red de Politólogas Javiera Arce. En su opinión, son rostros que “reivindican la política, el valor de la conversación, de tomar café, algunas con altos niveles de conocimiento y que podrían sacar muy buena votación”. 

El sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile Alberto Mayol coincide en que “hay una apelación a la experiencia”, pero considera que “se está haciendo por el camino equivocado”. A su juicio, “algunos de los nombres que han resurgido están completamente quemados, sin posibilidad alguna de arraigo en la sociedad chilena actual”.

“Un error de interpretación desde el principio”

Con el renacer de personajes representativos de la política tradicional, como los expresidentes socialistas Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, quienes se espera que participen en la campaña electoral de su sector, se pone en entredicho la fuerte crítica que la ciudadanía lanzó durante las protestas de hace cuatro años a los partidos políticos de la derecha y centro-izquierda que gobernaron el país desde el retorno a la democracia. 

“El resultado del plebiscito de septiembre [en el que se rechazó la primera propuesta de nueva Constitución] significó reconocer que estas críticas siempre procedieron de un sector vociferante, pero no necesariamente mayoritario”, indica el politólogo de la Universidad de Chile Robert Funk.

“Hay un error desde el principio”, añade Mayol. Para él, existe una lectura equivocada de los escenarios que han conducido a Chile a la situación actual. “La izquierda interpretó que el estallido fue una respuesta de la propia izquierda y entonces se pusieron ‘superizquierdistas’ y construyeron un proyecto de país que chocó directamente con Chile; ahora la derecha cree que el triunfo del rechazo es suyo y regresan quienes estuvieron antes”.  

“Un funeral político con honores”

Hay otros elementos que, según expertos, han traído de vuelta a la vieja guardia. Uno de ellos es la veda electoral, es decir, quienes sean elegidos consejeros en las elecciones de mayo o han sido designados expertos, ahora tienen que renunciar a competir en las próximas elecciones presidenciales, legislativas, de gobernadores o municipales. “Una persona con vida útil y con aspiración política no se va a meter ahí y por eso se miran figuras old fashinoned [pasadas de moda], para ellas es como un funeral político con honores”, opina Javiera Arce. 

Además, Robert Funk apunta a la falta de cuadros políticos en los partidos para presentar candidaturas nuevas después de que Chile haya celebrado ocho elecciones a distintos cargos en los últimos tres años. “Parte de la crisis de los partidos políticos en todo el mundo pasa por una caída de la militancia y como consecuencia cuesta crear nuevos liderazgos, mientras que los dirigentes históricos mantienen sus espacios y perfiles, dificultando la irrupción de caras nuevas”, sostiene el académico.

Los partidos del Gobiernos, por separado

El primer proceso constituyente fue liderado por una Convención Constitucional formada por una mayoría progresista, con muchos candidatos jóvenes, sin militancia política y vinculados a movimientos sociales. Ahora, el segundo lo administrarán una comisión de expertos designados por el Congreso y un Consejo Constitucional en el que los independientes no podrán participar –excepto si van en pacto con partidos–. Se mantendrán las listas paritarias entre hombres y mujeres, pero se reducirá de forma notable la representación de pueblos indígenas.

Las elecciones de consejeros constitucionales se celebrarán el 7 de mayo. Tras varias semanas de negociaciones, los partidos gubernamentales decidieron competir divididos, en dos listas separadas. En una concurrirá el centro-izquierda tradicional que por primera vez rompe sus alianzas históricas desde el fin de la dictadura, al quedar fuera de este bloque el Partido Socialista, que se sumará al bloque que está más a su izquierda y que agrupa el Frente Amplio –conglomerado del presidente Gabriel Boric– y el Partido Comunista. A pesar de los perseverantes intentos de los socialistas por lograr la unidad –incluyendo una propuesta de la propia Bachelet de encabezar una lista de todas las fuerzas progresistas–, el acuerdo transversal no prosperó.

La oposición, por su parte, también se presentará por separado: por un lado, la derecha tradicional de la coalición Chile Vamos y, por otros dos caminos distintos, la ultraderecha y la nueva derecha populista.

Desde su elección, los consejeros tendrán un plazo de cinco meses para definir el articulado de la nueva carta magna, que será sometida a plebiscito el 17 de diciembre. Si el proceso es exitoso, la actual Constitución, que instauró la dictadura de Augusto Pinochet, se sustituirá justo el año en que se conmemora el 50º aniversario del golpe de Estado.

“Esto es la continuidad del proceso y quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia perdimos por el 62%”. Con estas palabras el presidente chileno, Gabriel Boric, dejaba entrever su resignación con el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas chilenas que fija las bases del nuevo proceso constituyente.

Tuvieron que pasar tres meses de intensas negociaciones, tras el apabullante triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, para lograr un acuerdo que, finalmente, suscribieron el 12 de diciembre 14 partidos y movimientos, desde la derecha más conservadora hasta el Partido Comunista. “Yo querría un proceso que tuviera marcos distintos y así lo impulsamos, pero al frente había un sector que tenía otras observaciones y que era necesario para poder sacar adelante este proyecto porque se requieren 4/7 (de los votos) que no tenemos”, añadió el mandatario.

El pacto establece la creación de un nuevo órgano que redactará la propuesta de carta magna: se llamará Consejo Constitucional y estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía. En paralelo, se instalará un comité de expertos designados por el Congreso (12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que servirá como base de trabajo al Consejo. Además, 14 abogados formarán la llamada Comisión Técnica de Admisibilidad, que velará para que las normas propuestas por consejeros y expertos se adecuen a las llamadas “bases institucionales”, que también son parte del acuerdo. 

Se trata de 12 puntos preacordados, una suerte de límites sobre aspectos inmodificables para evitar un texto refundacional como el anterior, que fue rechazado. Entre otros, incluyen el sistema bicameral, la separación de los tres poderes, la definición de Chile como un Estado “único e indivisible” y basado en un modelo “social y democrático de derechos”, y blinda de forma especial algunos “derechos y libertades fundamentales”, entre ellos “el derecho a la vida”, “a la propiedad en sus diversas manifestaciones” y “el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos”.

La derecha, al mando

“La derecha ha marcado el ritmo de la negociación, atribuyéndose toda la legitimidad de las conversaciones alentada por el triunfo del rechazo en el plebiscito”, dice a elDiario.es la integrante de la Red de Politólogas, Javiera Arce.

Aunque la derecha populista y la extrema derecha liderada por José Antonio Kast, que disputó la presidencia a Boric en la segunda vuelta, no respaldan el acuerdo porque apuestan por mantener la actual Constitución, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), gran parte de los conservadores mantienen la postura de querer un cambio de la Ley Fundamental y superar así la actual, de 1980. 

“El acuerdo da a la derecha más certidumbre de que los cambios no van a ser radicales y que algunos de los principios relevantes para su sector se van a respetar gracias a los bordes preestablecidos”, dice la politóloga chilena Claudia Heiss de la Universidad de Chile.

Sin participación ciudadana

Con el argumento de “evitar los errores del proceso anterior”, los partidos diseñaron una ruta radicalmente opuesta a la primera y que bloquea cualquier posibilidad de cambio profundo al modelo. 

La fórmula para ello pasó por asegurar el protagonismo de los partidos y establecer los 12 límites o “bordes constitucionales” –como se presentaron a la opinión pública– que impidan cualquier intento de escribir desde cero la nueva Constitución. El decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, dice que estos “bordes” buscan “encauzar el nuevo proceso”, “recoger los consensos” de la sociedad chilena en determinados temas y “entregar una salida” a quienes quieren el cambio, pero con “moderación y gradualidad”. Para Heiss, “es una reacción a aspectos reformistas de la propuesta anterior, pero finalmente terminan restringiendo el debate público, lo que podría afectar a la legitimidad del proceso constituyente”.

El nuevo itinerario no contempla la participación ciudadana durante el proceso de redacción (solo para ratificar el texto en el plebiscito), y los expertos designados por los partidos tendrán un nivel de injerencia destacado en varias etapas del proceso. Además, el sistema electoral que se aplicará para elegir a los consejeros será el del Senado, que sobrerrepresenta a las regiones más conservadoras e infravalora y quita peso a la Metropolitana y Valparaíso, donde la izquierda tiene más fuerza. “Los análisis plantean que, probablemente, la derecha tendrá la mayoría del órgano constitucional”, dice Arce.

Resignación en el oficialismo

Los partidos del oficialismo, sobre todo el sector más de izquierda de la coalición Frente Amplio, a la que pertenece el presidente, y el Partido Comunista, suscribieron el acuerdo con resignación. Algunos han criticado públicamente el resultado de las negociaciones: 

“Es un proceso que quedó completamente tutelado”, lamentó la diputada comunista Karol Cariola. “Tenemos legítimos reparos del acuerdo porque limita la participación y el carácter del proceso (...) existen excesivos elementos de tutelaje”, declaró el partido frenteamplista Comunes en un comunicado. 

Pocos días antes de firmar el pacto, Boric había presionado para cerrar las negociaciones: “Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”, lo que se interpretó como una suerte de renuncia de puntos clave para su propio sector. Varios parlamentarios oficialistas han deslizado la posibilidad de “mejorar” el acuerdo, a través de enmiendas, durante su tramitación en el Congreso, donde ahora tiene que aprobarse por cuatro séptimos de los parlamentarios. Pero Boric no lo comparte: “No ha lugar el tratar de modificar parte de la esencia del acuerdo, pese a que a mí me hubiese gustado otra cosa”.

Ciudadanía desmotivada

El acuerdo ingresó el pasado miércoles al Senado en forma de reforma constitucional y, si la tramitación no se alarga, se despachará en las próximas semanas. Según el calendario, en enero los expertos deberían empezar la redacción del anteproyecto y las elecciones constituyentes se programaron para el 14 de mayo de 2023.

Después de tres años de recorrido, el ánimo e interés de la ciudadanía por el proceso constituyente se ha diluido. Según las encuestas, el 42% dice estar desinteresada y considera desfavorable el nombramiento de expertos por parte del Congreso. Hay desgaste y saturación con el tema y las prioridades de las personas han cambiado.

Desde que llegó al poder (e incluso durante la campaña electoral), Boric vinculó su futuro a la suerte de la nueva Constitución, que en esta segunda oportunidad se escribirá con las condiciones al gusto de la derecha. Aunque el presidente (y su sector) no obtengan el texto que hubiesen querido, si su mandato termina con una nueva Ley Fundamental, Boric pasará a la historia como el presidente que –como dicen en Chile– “en la medida de lo posible” firmó el texto que desterró la herencia de Pinochet.

Han pasado ocho meses desde que el presidente Gabriel Boric asumió el poder y el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, que afecta a varias regiones en el sur del país, no ha desescalado ni un grado. Al contrario: en mayo el Gobierno impulsó un nuevo estado de excepción en la zona, extendido hasta hoy, que ha desplegado los militares en el lugar porque la violencia y los ataques a maquinaria forestal, fincas e infraestructuras se han intensificado. 

Boric se juega una de las cartas más importantes de su mandato en La Araucanía, epicentro del conflicto. Hace unos días visitó la región por primera vez como presidente, un viaje que despertó mucha expectación. Durante la gira por el territorio, el mandatario presentó varias medidas en materia de seguridad y dejó para el último día el anuncio de una comisión “para la paz y el entendimiento” que se enfocará en uno de los elementos esenciales para avanzar en la resolución del conflicto: la devolución de las tierras que el Estado chileno - y parte de las conquistadas por los españoles - usurpó a las comunidades mapuche durante la segunda mitad del siglo XIX, y que terminaron en manos de privados extranjeros o chilenos.

Después de la independencia de España, desde 1861 hasta 1883, en los territorios indígenas tuvo lugar la llamada Pacificación de La Araucanía, una segunda colonización realizada por el propio Estado y que arrebató las tierras al pueblo mapuche. “El despojo de sus tierras –que era el objetivo claro– se consumó en un par de años. Refundada Villarrica, el último bastión mapuche, la región se llenó de colonos de otro continente [Europa]: gente considerada civilizada, capaz de impulsar el progreso (...) El sistema consistió en erradicar a los principales lonkos [líderes mapuche], y a sus extensas familias, entregándoles en comunidad un pedazo de tierra. Aproximadamente un 10% de lo que tenían antes, repartido en unas 3.000 comunidades”, describe la periodista Malú Sierra en su libro Un pueblo sin estado. Mapuche, gente de la tierra.  

“El territorio tiene un valor político, social y cultural. Es lo mas sagrado que tenemos y es el espacio donde el pueblo mapuche practica su identidad”, dice a ElDiario.es Ana Llao, consejera mapuche de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), un servicio público creado en 1993 por la Ley Indígena para fomentar el desarrollo de los distintos pueblos que habitan el país. “Hemos estado viviendo de invasión en invasión y cargamos con un dolor tremendo por defender nuestros espacios territoriales. Sin tierra el pueblo mapuche deja de ser pueblo”, añade. 

Reivindicación constante

La devolución de estos terrenos, que incluye también algunos de los conquistados por los españoles, ha sido una reivindicación constante de los indígenas que ningún gobierno ha podido satisfacer. Boric quiere ahora llevar a cabo su propio intento, a través de una comisión que identificará las tierras que hay que retornar y establecerá cómo y cuándo hacerlo. 

“Hay que decir que no será posible restituirlas todas: hay ciudades levantadas sobre tierras mapuche y estas tienen que ser preservadas”, advirtió. Tampoco se tocarán aquellas donde hay personas establecidas desde hace tiempo. El Gobierno solicitará ayuda internacional a otros países con experiencias similares, como Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, para recibir “acompañamiento” en el proceso.

Hasta hoy, la Ley Indígena solo reconoce la obligación de devolver las tierras que se encuentran amparadas por los títulos legales entregados por el Estado y que reconocen que estos terrenos les pertenecían antes de ser quitados. “Deja fuera parte importante del territorio reclamado, como las tierras ancestrales y aquellas cuyo uso tradicional se pueda acreditar”, explica el codirector del Observatorio Ciudadano Hernando Silva, experto en derechos de los Pueblos Indígenas. Para poder devolverlas, el Estado tiene que adquirir las tierras a los terrenos privados a precio de mercado, pero el presupuesto público considerado para ello no alcanza: “No se permite avanzar en la cantidad necesaria de hectáreas a entregar y, a veces, la restitución se hace con tierras distintas a las que reclaman las comunidades”, dice Silva. Para Llao, mientras no aumenten los recursos públicos, no habrá diferencia entre la propuesta de Boric y la ley actual: “Siempre chocamos con el Congreso porque la derecha cuestiona el aumento de presupuesto y, si se logra subir para 2023, será muy poco”.

El sistema de devolución está “saturado”, según Silva, y hay una lista de espera de cerca de 500 comunidades que cumplen con los requisitos legales para recibir las tierras, pero que el Estado no ha podido ejecutar.

En la Constitución

La propuesta de la nueva Constitución, rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, abordaba la restitución de tierras indígenas por primera vez en la historia constitucional del país y consideraba como “un instrumento jurídico eficaz” para ello la expropiación. En la carta magna vigente, en cambio, no existe un mandato a los órganos del Estado para promover medidas de devolución de terrenos indígenas. 

Por otra parte, Boric ha endurecido su postura en materia de seguridad en la región. Ha pasado de ser partidario del diálogo, incluso con organizaciones radicales que utilizan la acción directa y el sabotaje como táctica política, a calificar a sus líderes de “cobardes” y comparar sus acciones con la quema de sinagogas por parte de los nazis. 

Cuando uno de los dirigentes radicales mapuche aseguró que había que “canalizar la violencia hacia un sabotaje muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinarias”, el Ejecutivo amplió una querella interpuesta en 2018 por la Administración de Sebastián Piñera, lo que permitió su encarcelamiento. En campaña, Boric descartó varias veces aplicar el estado de excepción en la zona, que decretó, finalmente, en mayo. 

“Los mapuche habíamos confiado en un nuevo Gobierno, más joven y con otro carisma, pero tras el viaje [de Boric] a la región volvimos a perder la esperanza que en algún momento tuvimos. Fue una visita para dejar conforme a la derecha y a los empresarios”, dice Ana Llao. “Si no hay voluntad política para avanzar en forma real, el conflicto va a perdurar”. 

Últimamente, el Congreso chileno ha sido escenario de varios episodios de discursos de odio y violencia protagonizados por parlamentarios de extrema derecha o afines. El último, se produjo el pasado 5 de octubre, cuando el diputado Gonzalo De la Carrera atacó a su colega de la coalición de izquierda Frente Amplio Emilia Schneider con un discurso tránsfobo.

“He escuchado de usted dos grandes mentiras. Respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”, espetó De la Carrera. El parlamentario entró al Congreso con el ultraderechista Partido Republicano, del que fue expulsado posteriormente por varias polémicas. Tras recibir una ola de críticas no solo no retiró sus palabras, sino que además calificó de “feminazis” a las diputadas que se las reprocharon.

Semanas antes, también en el Parlamento, el mismo diputado golpeó al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, y antes ya había golpeado al presidente de la Comisión de Economía, el socialista Daniel Manoucheri. Hasta hoy acumula tres envíos a Comisión de Ética y dos multas del 15% de su sueldo. 

Otro parlamentario del mismo sector lanzó hace pocos días una polémica frase en la presentación de un proyecto de ley para derogar la ley de aborto en tres supuestos. Entre ellos, la violación, vigente en Chile desde hace cinco años. “Una mujer que ha sido violada y aborta, no se 'desviola' ni física ni moralmente”, dijo Cristóbal Urruticoechea.

Auge de la extrema derecha

El estudio regional ¿Es posible debatir en medio de discursos de odio? señala que Chile y Argentina fueron los países donde más ha aumentado la violencia “antigénero”. El auge de la extrema derecha en el país, de la mano de José Antonio Kast y el Partido Republicano, ha envalentonado a representantes de este sector, que despliegan sus ideas sin complejos. 

Los republicanos se constituyeron como fuerza política en 2019, pero desde 2016 su líder se había apartado de la derecha tradicional chilena por considerarla “demasiado blanda” y empezó a moverse por su cuenta. Tras un primer intento de llegar a La Moneda en 2017 (quedó cuarto), en las presidenciales del año pasado llegó hasta la segunda vuelta con el actual mandatario, Gabriel Boric. 

En las últimas elecciones legislativas, celebradas el pasado noviembre, el Partido Republicano obtuvo 15 diputados (de un total de 155) y un senador. Desde ese momento, otros nombres han acompañado a Kast, que abandonó la presidencia del partido en 2021. Uno de ellos es Johannes Kaiser, quien ha llegado a decir que las mujeres no deberían votar. Precisamente, Kaiser y De la Carrera son los dos apartados de la formación. 

“Existe la percepción de que son muchos”

“Los discursos de odio se han naturalizado bajo dos esferas: la primera, amparados en la libertad de expresión y la segunda, al considerar que su sanción promueve la cultura de la cancelación y la censura”, dice Constanza Valdés, abogada asesora en Legislación y Políticas Públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD Chile). 

Sectores liberales, apunta Valdés, han levantado alertas por estos supuestos riesgos, pero “lamentablemente no analizan las consecuencias que tiene eso para un sistema democrático en términos de violencia, discriminación y exclusión de ciertos grupos, lo que impide avanzar”.

Para la académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y experta en discursos del odio Magdalena Saldaña, “no es que exista una naturalización de estos ataques, sino que existe una percepción de que son muchos los que piensan así y no hay necesidad de esconderlo”.

Los discursos de odio se ven acrecentados frente a temáticas que polarizan, dice, y en el caso chileno el plebiscito constitucional del 4 de septiembre potenció este escenario: “El bando ganador se encontró en un mejor pie para exponer sus planteamientos, como ocurrió cuando Donald Trump ganó en Estados Unidos en 2016 y ciertos segmentos de la población se sintieron empoderados para mostrarse abiertamente racistas, misóginos y homófobos”.

“La propaganda que fabrica la extrema derecha proviene de las estrategias que el fascismo siempre ha utilizado para penetrar en la cabeza y el corazón de la gente porque busca construir emociones y sentimientos”, dice María Emilia Tijoux, académica de la Universidad de Chile y doctora en sociología.

Según ella, no es posible referirse al fascismo sin mencionar el colonialismo, el capitalismo, el machismo, el racismo o el imperialismo: “Son un conjunto de estructuras que van modelando las formas de hacer, de sentir y de pensar que afectan la percepción de la ciudadanía sobre los grupos discriminados”.

Hay ejemplos recientes ocurridos en Chile, como las manifestaciones antimigrantes convocadas ante la llegada de extranjeros en la zona norte y que terminaron con enfrentamientos y quema de pertenencias de las personas migrantes; o bien los ataques que recibió la primera presidenta de la Convención Constitucional por ser mujer y mapuche.  

“No hay estándares democráticos mínimos”

El Congreso discutió hace dos años un proyecto de ley que sanciona la violencia, la incitación al odio y el negacionismo. Sin embargo, se rechazaron la mayoría de los artículos. 

“No hay estándares democráticos mínimos en torno a la no difusión de discursos de odio en las instituciones y cuando estos sectores ultraconservadores ostentan el poder, los discursos se tienden a naturalizar aún más”, dice Valdés. “Las instituciones tienen el deber de sancionar internamente a quienes son representantes de la ciudadanía y dañan la democracia”, asegura. 

Tras las declaraciones de De la Carrera, el Gobierno anunció que dará urgencia al proyecto de reforma constitucional que busca implementar un mecanismo para apartar a parlamentarios de su cargo en caso de que comentan actos violentos de cualquier tipo. “Hay que involucrar al Estado y a las instituciones porque falta transversalizar una educación en torno a la igualdad, a la inclusión social, a la solidaridad y la interculturalidad”, dice Tijoux. 

Por primera vez, este 11 de septiembre Chile habría podido conmemorar los 49 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990) sin arrastrar el legado del dictador, encapsulado en la Constitución de 1980. Sin embargo, una amplia mayoría de la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución que se votó hace justo una semana. Por ahora, la carta magna instaurada durante la dictadura se mantiene un 11 de septiembre más.

Tras las negociaciones de la última semana, algunos, como Isabel Allende, senadora del Partido Socialista e hija del expresidente Salvador Allende, esperan poder llegar al 50 aniversario del golpe de Estado con una nueva carta magna. Quieren que sea redactada por una nueva convención constitucional y que se aleje de “maximalismos” y otros “errores” cometidos en la primera etapa. La parlamentaria conversa con elDiario.es sobre el futuro del proceso constituyente, la gestión del gobierno de Gabriel Boric, y las deudas del Estado chileno en materia de memoria y derechos humanos.

¿Es de las que pensaban que Chile conmemoraría 49 años del golpe de Estado con una nueva Constitución?

Soy de las que creía que el resultado del plebiscito iba a ser muy estrecho, tres puntos arriba o abajo, el apruebo o el rechazo. Jamás imaginé este resultado. Éramos conscientes de que el rechazo levantó una campaña muy inteligente y brutal, con muchas noticias falsas. Pero también hubo comportamientos reprochables de los convencionales, faltas de ética y mucha falta de información y de pedagogía. Hubo maximalismos e intolerancia y faltó capacidad de generar acuerdos amplios, más allá de que cada artículo requería 2/3. Además, la gente no leyó la Constitución y se quedó con ciertos titulares. Otros asociaron la propuesta constitucional al gobierno de Boric, cuya adhesión ha disminuido porque hay una situación económica compleja, inflación, ya no hay las ayudas universales. Hubo una multiplicidad de factores que influyeron en este resultado. Me hacía pensar que era muy difícil ganar, pero tenía una esperanza. 

¿Cómo afectó que parte de la centro-izquierda apostara por el rechazo?

El triunfo del que se jacta la derecha es un resultado que ni en sus mejores sueños podría obtener. Lograron arrastrar a sectores que pertenecieron a la Concertación [coalición de la centro-izquierda tradicional] y que se fueron con el rechazo, y sumar otra gente que por primera vez votaba. Fue la primera elección con voto obligatorio y con inscripción [al padrón electoral] automática. La participación fue inédita. 

¿Cuán debilitado queda ahora el gobierno de Boric, del cual su partido también forma parte?

Queda debilitado porque hubo una asociación de la nueva propuesta de Constitución con el gobierno. Sin embargo, hizo muy bien en reaccionar rápido y hacer un cambio de gabinete. Se incorporaron dos mujeres [Carolina Tohá como ministra de Interior, y Ana Lya Uriarte como ministra general de la Presidencia] con trayectoria y experiencia en el servicio público y eso va a aportar. También hay un nuevo equilibrio en el comité político [círculo duro de ministros que toma las decisiones], que estaba demasiado cargado hacia la coalición del propio presidente. La presencia de nuestra coalición, Socialismo Democrático [conformada por la centro-izquierda tradicional], se equilibra con la de Apruebo Dignidad [que forman el Partido Comunista y el Frente Amplio]. En este gobierno hay dos coaliciones gobernando, que son diversas, con historias diferentes, culturas diferentes y que no ha sido fácil la relación entre ellas. Esto es inédito. 

Ha habido errores del gobierno que han delatado la falta de experiencia. Gobernar es algo complejo y, sobre todo, cuando no hay mayorías en el Congreso

¿Faltaba experiencia en el gobierno?

Sí, porque había gente muy joven o muy académica, pero sin trayectoria en el servicio público. Ha habido errores del gobierno que han delatado la falta de experiencia. Gobernar es algo complejo y, sobre todo, cuando no hay mayorías en el Congreso. Se ha permitido que ingresen al Parlamento partidos con un porcentaje bajísimo de adhesión. Hay más de 25 partidos y movimientos en la Cámara de Diputados y Diputadas y eso obstaculiza una buena gestión y por eso se necesitaba gente con más experiencia. 

Esta semana hemos visto una imagen de todas las fuerzas del Congreso reunidas para definir un nuevo itinerario constitucional. El protagonismo ahora regresa al Congreso, pero los partidos y las instituciones fueron rechazados en el primer acuerdo por una nueva Constitución, en pleno estallido social de 2019, por una profunda crisis de legitimidad. ¿Qué ha cambiado ahora?

Tiene que volver al Congreso porque es ahí donde hay que legislar una reforma constitucional que regule las condiciones en que se va a hacer esta nueva etapa. Hay que definir el número de convencionales, el modo de elección, las características electorales (listas, paridad, escaños reservados para pueblos originarios, etc.). Hasta ahora, la derecha ha dicho estar disponible para una nueva Constitución. Espero que lo que dijeron haya sido por convicción y no por oportunismo electoral antes del 4 de septiembre. Han surgido voces que ya empiezan a desdibujar los acuerdos comprometidos, pero espero que cumplan su palabra y se pueda establecer un nuevo proceso constituyente.  

¿Puede leerse esta nueva etapa como una oportunidad para que la ciudadanía vuelva a confiar en el Congreso y las instituciones?

Lo veo como una oportunidad, pero no es fácil. El grado de deslegitimidad ha sido alto y en este país falta mucha educación cívica. Chile era un país que se caracterizaba por que la gente tenía alta consciencia cívica y política, pero se ha ido perdiendo, también por el voto voluntario. Los partidos tenemos que demostrar que hemos aprendido la lección y ser más rigurosos con la transparencia y las rendiciones de cuentas de fondos públicos. Tenemos una ciudadanía cansada del abuso, del maltrato y de no tener acceso a los servicios de calidad porque en nuestro país eso depende del bolsillo. Hay que escuchar más a la gente, porque la Constitución del 1980 no permitió espacios de consulta y participación.

Sería un gran hito y muy relevante que, a los 50 años del golpe se deje por fin atrás la Constitución de 1980, impuesta en dictadura y con este carácter subsidiario

¿Qué ejes de la nueva Constitución hay que mantener en la segunda propuesta que se redacte?

Algunos para mí son centrales como establecer un Estado social democrático y de derecho, lo más parecido a un estado de bienestar, en el que se protejan y garanticen derechos, que hoy no lo tenemos; asegurar la paridad; la representación de los pueblos originarios; expresar la preocupación por el medio ambiente y el cambio climático y la descentralización. 

Se habla de septiembre del próximo año como una posible fecha para la segunda propuesta de nueva Constitución. ¿Podría coincidir la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado con la nueva Constitución?

Sería un gran hito y muy relevante que, a los 50 años del golpe se deje por fin atrás la Constitución de 1980, impuesta en dictadura y con este carácter subsidiario. Hemos aprendido dolorosamente que hay que proteger la democracia con más democracia. No puedo decir con seguridad que vaya a ser para el 11 de septiembre, pero al menos en el año en que se cumplen los 50 años. 

¿Sería el cierre definitivo de la transición?

Exactamente. Por fin dejaríamos atrás la Constitución que significó amarres, supracuórums, senadores designados, un sistema binominal que hasta 2017 terminaba por empatar a la oposición y al oficialismo, etc. Hemos sido presos durante más de 40 años de una Constitución que amarró el inicio de la democracia. La transición democrática que ha sido muy lenta, en parte, por este factor. 

¿Qué deudas en materia de derechos humanos y memoria tiene el Estado de Chile pendientes de resolver?

Hemos avanzado y hay buena parte de la cúpula presa, algunos con cientos años de condenas, pero no es suficiente. Faltan respuestas para encontrar los restos de familiares de detenidos y desaparecidos. Todavía hay juicios abiertos, y son lentos y todavía la gente siente que la justicia no llega. Y, por otro lado, hay que enfatizar más la formación en derechos humanos, sobre todo de las policías. En el estallido hubo actos condenables como saqueos, pero por el otro lado, hubo una represión en la calle que demostró que necesitamos avanzar en protocolos democráticos. Es un país que ha ido haciendo justicia con mucha lentitud y queda mucho pendiente. 

Fuera de Chile, sobre todo la prensa internacional, ha comparado al presidente Boric con su padre, en particular por ser ambos gobiernos de izquierda. ¿Encuentra similitudes?

Hay una similitud porque el presidente Boric plantea una serie de transformaciones importantes. Salvador Allende sentiría que es admirable que tantos años después le toque el liderazgo a una persona joven, de 36 años, que tiene esta sensibilidad de generar transformaciones, pero consciente de que requieren amplias mayorías. A Salvador Allende le gustaría acercarse a conocer un proceso como este con mucho interés y le gustaría ver que hay dos coaliciones, que hay diversidad entre ellas, con historias distintas, pero con la idea de sumarlas, de aprender a escuchar al otro y de que los maximalismos nos hacen malas jugadas. 

¿Su padre también hubiese pensado que los maximalismos han jugado una mala pasada?

Por supuesto. Hubo momentos en su gobierno que algunos querían la revolución ‘ya, ahora y de cualquier manera’, o trataron de ir más allá de los límites, por ejemplo, con la reforma agraria. Salvador Allende nos deja la experiencia de que los procesos son graduales y con amplias mayorías y eso Boric lo recalca mucho. A él le gusta mucho informarse de la historia pasada y siempre reconoce que lo de hoy descansa en hombros de muchas generaciones que trabajaron para eso. 

¿Puede anticipar algo de los preparativos para la conmemoración de los 50 años del golpe?

El gobierno creará una comisión para prepararla porque no va a ser indiferente. En la Fundación Salvador Allende estamos trabajando en tres líneas: los desafíos de la democracia, la solidaridad y el reconocimiento a los comités internacionales y países que ayudaron desde afuera, y los derechos humanos. También empezaremos a organizar distintas actividades y coordinaciones con los países que se quieren sumar a la conmemoración. No será solo una fecha, sino a lo largo de todo el próximo año. 

Más de 15 millones de chilenos y chilenas están obligados a votar este domingo 4 en el plebiscito que decidirá si Chile apuesta por una nueva Constitución que sustituya la vigente, diseñada y aplicada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y reformada parcialmente en democracia.

El nuevo texto, redactado por la primera asamblea constituyente paritaria del mundo, tiene 388 artículos y da un giro de 180 grados en la garantía de derechos básicos y la definición de las instituciones chilenas. En su primer artículo establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico” y dice que “su democracia es inclusiva y paritaria”.  

El plebiscito constitucional es el hito que corona un proceso constituyente que fue empujado desde la calle. Las protestas ciudadanas que empezaron en octubre de 2019 estudiantes de secundaria que se quejaban por el alza del transporte público dio pie a las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia. En medio de extensas jornadas de protesta, las fuerzas políticas, de forma transversal, suscribieron un acuerdo “por la paz y una nueva Constitución”. Después del plebiscito para empezar el proceso, en el que el 78% votó a favor del cambio constitucional, ahora la decisión pasa por aprobar o rechazar el texto escrito durante un año por 154 constituyentes.

Voto obligatorio

De forma excepcional, el plebiscito tiene, por ley, carácter obligatorio y quienes no sufraguen deberán pagar una multa de hasta 178.000 pesos (casi 200 euros). En Chile, el voto es voluntario desde 2012, año en que empezó a disminuir la participación electoral. Desde entonces, ese indicador ha oscilado en torno al 50% en todas las elecciones. La segunda vuelta presidencial, que disputaron el actual presidente de izquierdas Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast alcanzó un 55,7% de participación. Es hasta ahora la elección más concurrida. Sin embargo, la obligación de ir a votar alterará la tendencia de la participación y podría definir el resultado. 

“El voto obligatorio generará un aumento de la participación electoral de al menos el 10%, por lo que deberíamos estar como mínimo en torno al 65%”, dice el politólogo de la Universidad de Talca Mauricio Morales. Según él, con este aumento “se espera que se reduzca la brecha de clase porque siempre las comunas más ricas han votado más que las más pobres”. En la Región Metropolitana (RM) y Valparaíso este aumento beneficiaría a la opción “apruebo”. “Ambas regiones representan el 55% del padrón electoral con lo que el apruebo puede mantener sus esperanzas allí”, dice el académico. En el resto del país si sube la participación sube el “rechazo”. 

Polarización y triunfo del 'rechazo'

Hace meses que las encuestas posicionan al 'rechazo' como opción ganadora. Los últimos sondeos le otorgan una ventaja de en torno a los 10 puntos. Sin embargo, los expertos y analistas no dan nada por cerrado. Algunos incluso consideran que el resultado será muy ajustado.  

Entre las principales razones que generan mayor controversia hay aspectos relacionados con el sistema de gobierno, que establece dos cámaras (el Congreso de Diputadas y Diputados, el más poderoso, y la Cámara de las Regiones) y la desaparición del Senado; la protección de la propiedad de bienes como las pensiones o la vivienda; y la plurinacionalidad. Los detractores del texto lo califican de “indigenista” y consideran que algunos artículos pueden profundizar la división del país. 

La sociedad chilena lleva un tiempo fuertemente polarizada. Primero fue con el plebiscito de octubre de 2020, luego vino la elección presidencial, en concreto, la segunda vuelta, y ahora el plebiscito para aprobar el texto. “Tenemos que evitar que el lunes [5 de septiembre] se transforme en una idea de que hay vencedores y vencidos, y un clima que aumente la polarización”, dijo esta semana el ministro Giorgio Jackson.

Para algunos expertos, no se trata tanto de una polarización ideológica, sino más afectiva y emocional. Una suerte de “nosotros contra ellos”. “El país va a terminar dividido sí o sí, y mínimo un 45% de la población va a quedar descontenta con el resultado, es decir, la convención fracasó en su objetivo de unir al país. Lo dividió y fracturó la amistad cívica”, dice Morales. Para la politóloga de la Universidad de Concepción Jeanne Simon, solo si el resultado es ajustado “obligará a las fuerzas políticas a trabajar juntas y encontrar más puntos en común, sin que un sector que se siente ganador excluya los demás”.

Han contribuido a la división los bulos y otras formas de desinformación, que han sido constantes desde el inicio del proceso constituyente. “Dada la complejidad temática de la Constitución, ha habido noticias falsas que han emergido de leer o interpretar mal el texto y han surgido opiniones que, sin ser necesariamente falsas, no han sido suficientemente claras o bien explicitadas y eso produce dudas”, dice Miguel Ángel López, politólogo de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales.

Más allá del plebiscito

Gane quien gane, hay algo que en las últimas semanas ha quedado claro: el proceso no termina este domingo. Si gana el 'apruebo', los partidos del Gobierno tendrán que cumplir el compromiso que adoptaron hace unas semanas y que consiste en modificar los puntos más controvertidos del texto a través de reformas que se llevarían a cabo en el Congreso. Este pacto no gustó al ala más dura de su propia coalición, pero fue la apuesta de Boric a los indecisos para dar certezas de reformas. “El acuerdo contribuyó a que parte de los votantes de centroizquierda pudiesen verse más representados y por una estrategia de reforma”, dice Morales.

En el caso de ganar el 'rechazo', existe cierto consenso político de que la Constitución actual debe cambiarse porque casi el 80% así lo expresó en el plebiscito de octubre 2020. El presidente ha dicho que su opción pasa por no repetir un plebiscito, sino llamar a una nueva elección de convención, que probablemente tendría nuevas reglas. De hecho, dos parlamentarios del centro-izquierda han presentado un proyecto de ley para que, en caso de ganar el 'rechazo', que promueven sectores que van desde la ultraderecha hasta la centro-izquierda, el presidente pueda dar los pasos necesarios para convocar una nueva convención. “Es un plan B del que nunca se quiso hablar explícitamente, pero que ahora es más necesario que nunca considerando las posibilidades de que el 'rechazo' se imponga”, dice Morales. 

En la mesa hay otras opciones como modificar la propuesta constitucional: una convención integrada por parlamentarios, un comité de expertos o una reforma a la actual Constitución de 1980 con un cambio legal que reduce el quórum para ello. Las respuestas se conocerán a partir de este domingo. 

Elisa Loncon (Traiguén, Chile, 1963) exprime los últimos días de la campaña electoral del plebiscito por una nueva Constitución que Chile celebra este domingo 4 de septiembre. El país sudamericano debe decidir si apoya el nuevo texto para sustituir la carta magna actual, escrita bajo dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Mapuche, lingüista y activista por los derechos de los pueblos indígenas, Loncon presidió la primera etapa, de julio de 2021 a enero de 2022, de la convención constitucional encargada de redactar el nuevo texto.

Desde que se disolvió el órgano, Loncon se ha movido dentro y fuera del país para dar a conocer el proceso chileno y los avances que, según ella, trae la propuesta. Profesora de lengua y cultura mapuche, su figura y su labor –por la que sufrió amenazas y acoso– permitieron al pueblo mapuche y al resto de pueblos originarios de Chile alcanzar un protagonismo y una visibilidad insólitos hasta entonces. Fue reconocida como una de las 100 personas más influyentes del 2021 por la revista Time, y también el Financial Times la consideró una de las 25 mujeres más destacadas del año. 

¿Qué balance hace de la campaña electoral del plebiscito?

Ha sido bastante polarizada porque la opción es binaria: o se aprueba o se rechaza [el texto de la nueva Constitución]. El trabajo del ‘apruebo’ se ha caracterizado por ser bastante pedagógico y por difundir las normas. La campaña del ‘rechazo’, en cambio, ha dado curso a mentiras y interpretaciones falseadas de las normas. La campaña del ‘apruebo’ también ha tenido bastante despliegue territorial, en las calles y eventos masivos, mientras que ‘el rechazo’ casi no ha tenido despliegue territorial y se ha caracterizado por tener muy baja participación de la gente. Sin embargo, ‘el rechazo’ ahora marca la tendencia en las encuestas porque los medios están controlados por quienes tienen el poder económico y no quieren los cambios. Las campañas han sido desiguales en lo económico y en la difusión en medios.

¿Le preocupan las encuestas que muestran el ‘rechazo’ como opción ganadora?

Son preocupantes, pero cuando se empieza a analizar de dónde parte la información, se puede ver que parte de muchos supuestos, mentiras e información falseada. En ese contexto, pierden credibilidad, aunque es un dato importante de calibrar. Aun así, tampoco se da cuenta de la población que todavía no es detectada por las encuestas porque por esta vez el voto es obligatorio y van a votar actores nuevos, los jóvenes, sobre todo. 

En los últimos días han ocurrido varias polémicas que se dice que pueden marcar el resultado de la elección. Por un lado, la detención del líder radical mapuche Héctor Llaitul, que podría beneficiar al ‘apruebo’; por el otro, la actuación de tono sexual con la bandera chilena en Valparaíso, que podría beneficiar al ‘rechazo’. ¿Cree que pueden afectar al resultado?

No creo que eso cambie los resultados, pero puede cambiar el voto de los indecisos, sobre todo en el caso de Valparaíso, porque fue grotesco y sin filtro. Eso, en vez de fortalecer una campaña, la debilita. Por otro lado, el caso de Llaitul, estuvo en una posición en contra de la Convención Constitucional y se han publicado una serie de escuchas telefónicas que hablan muy mal de él como sujeto político. No lo conozco personalmente, pero son extremos y los extremos, independientemente que sean de izquierda o de derecha, se alejan mucho de la tendencia mayoritaria. 

Usted que se ha movido mucho por el país haciendo campaña, ¿cómo percibe las impresiones que causa la propuesta de nueva Constitución en el sur del país, en el territorio mapuche del Wallmapu?

Estuve en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, en la zona de Temuco, en Tirúa. He tenido mucho acceso con las comunidades y hay algunas y algunos líderes mapuche fieles a este proceso constituyente. No son todos, pero los que apuestan por el proceso son los que más conocimiento e información tienen. Hay una mayoría de gente mapuche que no está informada, que no alcanzaremos a informar y que va a votar según lo que tenga a mano en ese momento. Es preocupante porque el sector mapuche está marginado de la información, pero la gente que ha llegado a los eventos que hemos convocado en la campaña, junto a los convencionales Rosa Catrileo y Adolfo Millabur, está preocupada para que el ‘apruebo’ gane. Es un sector de gente comprometida, pero esta no es la tendencia general. Al contrario, en La Araucanía [territorio mapuche al sur del país] va a ganar el ‘rechazo’, pero no por el voto mapuche, sino porque hay muchos campesinos cuya decisión viene muy influenciada por el sistema patronal que existe. 

Los extremos, independientemente que sean de izquierda o de derecha, se alejan mucho de la tendencia mayoritaria.

Usted también es de las convencionales que más ha viajado al exterior para explicar el proceso chileno. ¿Qué impresión tienen en otros países del proceso constitucional chileno?

Hay esperanzas sinceras. Se está mirando a Chile como un referente para Latinoamérica y el mundo. Se valora mucho la democracia paritaria y que la Constitución se haya escrito en paridad. También se mira la plurinacionalidad. Van a haber territorios indígenas autónomos, se consideran los derechos de la naturaleza, el reconocimiento de la crisis climática, etc. Son todos ejes que permiten relevar el proceso chileno. Eso también se valora en Chile, pero quien no lo valora es la clase política que se benefició de la Constitución del 80, la derecha y el sector conservador, porque ellos quieren mantener el sistema. 

¿Qué le parece que la plurinacionalidad sea uno de los puntos que genera más controversia entre la gente, según han reportado las encuestas?

Esa controversia no es de la gente, es creada por la clase política y los conservadores. La gente común y corriente siempre ha sabido de nosotros. Hemos sido vecinos, compañeros de curso, hemos crecido junto a personas que no son indígenas y hemos mantenido nuestra vida indígena. Saben que pueden compartir con nosotros. En el fondo, queremos que lo que hemos convivido chilenos e indígenas sea una política estatal. El tema principal es el reconocimiento político, esto es lo que cambia. Quienes han usado la demanda indígena para decir que esta Constitución no sirve han sido los que no quieren los cambios, los que están en contra de los derechos sociales. No es cierto que los chilenos rechacen esta Constitución por el tema de la plurinacionalidad porque la plurinacionalidad no significa el menoscabo de los derechos del otro, es un estándar internacional para alcanzar los derechos humanos de los pueblos indígenas y las constituciones tienen que responder a esos estándares. 

¿Qué opina del pacto entre partidos del gobierno que antes de votar ya se han comprometido a reformar los puntos más cuestionados del nuevo texto, en caso de que gane el ‘apruebo’?

No he estado de acuerdo con ninguno de los discursos que buscan ‘aprobar para reformar’ porque son posturas que se han dado los partidos. Yo no soy militante de ningún partido y no estoy en esta postura. Mi posición es primero aprobar la nueva Constitución y luego la propia Constitución aprobada tiene varios mecanismos para hacer modificaciones a partir de la voluntad popular. Todo lo demás es una cuestión propagandística para mantener un discurso político con fines para los propios partidos. 

De aprobarse la nueva Constitución, ¿cómo se imagina el cambio cultural que necesita el país para implementar lo que ahí se establece?

Va a haber un cambio cultural profundo que va a tomar tiempo. Por ejemplo, tenemos que reconocer que somos interdependientes los unos de los otros como vemos con el derecho al cuidado, y también de la naturaleza porque somos un 75% de agua y, por lo tanto, necesitamos este recurso. Vamos a tener que levantar diálogos constructivos que nos permitan valorar al otro en sus aportaciones al pensamiento, a las prácticas, al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y eso va a superar las cuestiones racistas que hoy existen.

Si ganase el ‘rechazo’, ¿cuál sería para usted la mejor opción de las que se está hablando? El presidente ha dicho que es partidario de convocar una nueva convención. ¿Coincide con él?

Eso lo vamos a hablar a partir del día 5. Yo en estos momentos estoy trabajando para el ‘apruebo’. A nosotros nos mandataron el trabajo de garantizar los derechos sociales de todo el pueblo de Chile y lo hicimos, y lo hicimos bien. Ahora corresponde a ese pueblo reconocer ese trabajo y votar a favor de sus propios derechos. Mi llamado es a que los chilenos voten por sus derechos sociales, que las mujeres votemos por la paridad y que los pueblos indígenas votemos a favor de esta nueva Constitución, independientemente de la postura en que hoy se encuentren (dentro del pueblo mapuche hay varias posturas, desde las más extremas a las más dialogantes). Sin embargo, todas estas organizaciones tienen el mismo fin: recuperar las tierras, la autonomía, la libre determinación, las leyes, la cultura... Todo esto está instalado en la nueva Constitución y si es un piso mínimo de conquista para fortalecer nuestra lucha como pueblo, tenemos que unirnos. Les hablo a los pueblos indígenas como una hermana y pido apoyo y respeto. Efectivamente, no está todo, pero con este mínimo podemos avanzar. 

La plurinacionalidad no significa el menoscabo de los derechos del otro, es un estándar internacional para alcanzar los derechos humanos de los pueblos indígenas y las constituciones tienen que responder a esos estándares.

¿Es este un buen cierre para la crisis que abrió el estallido social de octubre de 2019?

Sí, yo siempre pensé que no íbamos a resolver los problemas económicos y políticos de la noche a la mañana, pero que le daríamos a Chile una nueva Constitución que nos llenase de esperanza, que nos diese un camino común y que como pueblo pudiésemos, estratégicamente, ir avanzando en la conquista de nuestros derechos a partir de la democracia, el diálogo y el respeto entre todos. Eso explica por qué dimos tanto para tener una nueva Constitución en un plazo tan corto como el que nos dieron [12 meses]. Trabajamos más de la cuenta, un día era multiplicado por tres. Eso a mí me ha dejado muy satisfecha y espero que esta satisfacción se corresponda con los resultados del plebiscito. 

¿El resultado puede afectar al Gobierno de Gabriel Boric? ¿Podríamos ver, en caso de ganar el ‘rechazo’, que el Gobierno no pueda terminar su mandato?

Eso no lo sé porque no estoy dentro del sistema político. El presidente tiene su agenda como gobierno, y el tema constitucional es una parte más de ella. Chile tiene que avanzar en el diálogo democrático, se necesita sensatez política para cada uno de los actores chilenos. 

¿Qué hace falta a partir del día 5 para que la polarización que antes me mencionaba disminuya?

El resultado va a demostrar si realmente es polarización o si es una mayoría la que está por hacer los cambios. Es un proceso democrático y tengo la convicción de que esta es una Constitución profundamente humana, que llama a humanizarnos, a la solidaridad, a la consciencia ética. Cualquiera sea el resultado, perdurará la necesidad de actuar con valores humanos porque como especie nos necesitamos, no podemos vivir enfrentados. Cualquiera sea el resultado, hay que apelar a la democracia y a la humanidad. 

Cargada con su amplia oferta de libros feministas, Gladys Bustos se instala en el recibidor del Teatro Caupolicán de Santiago, en pleno centro de la capital de Chile. Hoy, por ser un “día especial”, dice a elDiario.es, vende dos por 20.000 pesos (22 euros). “Es un día histórico para las feministas, estoy muy emocionada”. Fuera, la fila de personas que esperan para entrar da la vuelta al edificio y aún falta más de una hora para empezar.

La escena es del pasado sábado, cuando miles de personas acudieron al llamado “Caupolicanazo Feminista”, un evento reservado solo para mujeres e integrantes de la comunidad LGTBI y organizado por 37 organizaciones feministas partidarias de aprobar la propuesta de nueva Constitución.

El próximo domingo 4 de septiembre el país sudamericano decidirá en un plebiscito si sustituye la carta magna actual, instaurada bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por una nueva. En la papeleta hay dos opciones: 'apruebo' o 'rechazo' (el texto propuesto). Los últimos sondeos revelan que se puede imponer la opción de rechazo, pero voces expertas creen que el resultado está muy abierto.

La perspectiva de género en el texto

La portavoz del encuentro, Cynthia Shuffer, defendió que el texto propuesto “avanza en transformaciones sustantivas” y trae “buenas noticias feministas”.

Al menos 36 de los 388 artículos de la nueva norma aluden explícitamente al género y a temas hasta ahora invisibilizados, según un recuento de ONU Mujeres citado por la agencia EFE. Un aspecto pionero se recoge en el Artículo 1, que define la democracia como “inclusiva y paritaria” y establece que todos los poderes y organismos del Estado, incluso la Policía y las Fuerzas Armadas, deben estar integrados por al menos un 50% de mujeres.

“Esta será la primera Constitución en el mundo escrita por un órgano paritario y será también la primera en garantizar que nuestro lugar en la democracia nunca será menos que nuestro lugar en el mundo: al menos la mitad”, dice a elDiario.es la constituyente Alondra Carrillo, de 29 años, independiente y activista de la Coordinadora Feminista 8M, una de las organizaciones que estuvo a cargo del evento del pasado sábado.

Se trata de una paridad que no fija un límite a la presencia de mujeres y que reconoce la representación de personas trans y no binarias en todos los espacios de decisión. “Es la gran innovación y la que tiene a constitucionalistas de todo el mundo con los ojos puestos en Chile”, dice Tania Busch, académica de la Universidad Andrés Bello y directora de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

La propuesta constitucional, además, reconoce el trabajo doméstico y contempla la creación de un sistema nacional de cuidados; garantiza los derechos sexuales y reproductivos –incluido el aborto, cuya aprobación fue rechazada en noviembre de 2021 por el Congreso–e incorpora la perspectiva de género de forma transversal e interseccional. “La vida de las mujeres es visible en el entramado normativo global y empapa todas las discusiones que ponen en el centro la vida”, dice Carrillo. 

En el catálogo de derechos, también se consagran, entre otros, la educación sexual integral, la vida libre de violencia de género, el derecho a la identidad “en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas”, el reconocimiento de las familias “en sus diversas formas, expresiones y modos de vida” y la justicia con perspectiva de género. De aprobarse el nuevo redactado, Chile podría tener una de las constituciones más feministas del mundo.   

“Las mujeres chilenas abren el camino”

Uno a uno, las animadoras del evento celebrado el sábado repasaron los artículos que representan avances en los derechos de las mujeres y la diversidad sexual y llamaron a la participación. “Somos nosotras, con nuestra fuerza decidida, quienes vamos a enterrar la Constitución de Pinochet”, dijo una de las integrantes de la Coordinadora 8M. Las más de 4.000 asistentes, según la organización, entonaron lemas como “libre y convencida, 'apruebo' de salida” y “aprobar, aprobar, otra forma de luchar”, mientras artistas, humoristas y activistas desfilaron por el escenario.

La convocatoria reunió a personas de todas las edades que convirtieron la cita en una fiesta a favor del cambio constitucional. “Las mujeres somos las que llevamos la fuerza por el ‘apruebo’ porque dentro de la nueva Constitución estamos muy favorecidas”, dijo Aurora Lizama, de 71 años, que acudió al teatro con sus amigas.

Además de mujeres mapuche, también asistieron autoridades municipales, parlamentarias, integrantes de la Convención Constitucional que ha redactado el nuevo texto, y activistas medioambientales, de la diversidad sexual, del mundo rural y migrantes. “Es muy lindo ver tanta gente unida por el ‘apruebo’, no solo del movimiento feminista, sino también disidencias que representan gente como yo, luchando para construir un mundo mejor para 'todes' a través de la nueva Constitución”, dijo Sam, de 22 años. 

El feminismo chileno marcó el 27 de agosto como un nuevo hito para recordar en su calendario. Llenó el Teatro Caupolicán como lo hizo el 29 de diciembre de 1983, cuando miles de mujeres se congregaron en este mismo lugar para exigir el fin de la dictadura. “El Caupolicán del 83 fue para luchar contra la dictadura y el de hoy es para erradicar una de las herencias mas estructurales de la dictadura, que es la actual Constitución”, dijo Cynthia Shuffer. “Hoy, tantos años mas tarde, nos volvemos a reunir para denunciar la cantidad de abusos e injusticias contra las que luchamos. La fuerza de este Caupolicán nos confirma que vamos a ganar”, añadió por su parte Vicky Quevedo, una de las feministas históricas que estuvo presente en 1983.

El recuerdo para todas aquellas que antecedieron y para las víctimas de femicidios y de la violencia machista estuvo presente a lo largo de todo el acto, que culminó en un punto álgido. La antropóloga y activista feminista argentina, Rita Segato apareció en el escenario para destacar la importancia del proceso chileno dentro de América Latina y el mundo. “Chile nos representa. Las mujeres chilenas abren el camino y son la 'sujeta' universal que habla de lo que puede salvar a la humanidad –a toda ella– en este momento tan apocalíptico de la historia”. “Mucha gente está mirando lo qué pasa en Chile, tenemos la posibilidad de derrocar la Constitución de Pinochet”, dijo la cantante de hip hop Ana Tijoux, encargada de cerrar el evento.

Hay una frase que se está escuchando de forma repetida en los últimos días en Chile: “No es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé”. Es un verso de la canción El breve espacio en que no estás del cantante cubano Pablo Milanés y los chilenos lo han aplicado a la propuesta de nueva Constitución que han redactado 154 hombres y mujeres en paridad. Primero fue la expresidenta Michelle Bachelet quien tomó prestado el fragmento y luego lo repitieron el actual presidente, Gabriel Boric, y su ministro Giorgio Jackson, secretario general de la presidencia.

Dentro de un mes, el 4 de septiembre, Chile votará si aprueba o rechaza el proyecto constitucional escrito por la Convención, el órgano encargado de su redacción. La campaña en la prensa y en la calle lleva semanas (o incluso meses) en marcha, pero será este viernes 5 de agosto cuando empezará la recta final, con el despliegue de la franja electoral en los medios. El debate está encendido porque, en el fondo, el país se juega el entierro definitivo del legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La carta magna vigente data de 1980 y fue aprobada durante el régimen.

El proceso ha sido intenso, con altos y bajos de la Convención. Aunque al inicio la apuesta por el cambio fue muy clara –casi el 80% votó por esta opción en el plebiscito de entrada de octubre de 2020–, el nuevo texto no convence a buena parte del electorado. Según la encuestadora Criteria, más del 73% se mueven entre dos opciones intermedias: aprobar para mejorar la nueva propuesta constitucional (33,4%) y rechazar para reformar la Constitución vigente (39,9%). Solo el 27% se identifica con las dos alternativas que plantea la papeleta: aprobar el nuevo texto sin hacerle modificaciones (15,9%) o rechazarlo para mantener intacta la actual (10,7%).

Surgen alternativas

A medida que las encuestas han lanzado sus pronósticos, que desde hace meses apuntan al triunfo del rechazo, y sobre todo tras la presentación oficial de la propuesta convencional, han empezado a surgir alternativas al 'apruebo' y 'rechazo' a secas. Algunas apuntan a validar el texto para modificarlo una vez esté aprobado en el plebiscito. Otras buscan rechazarlo directamente y jugar con otras posibilidades dentro del marco vigente.

La coalición de derechas Chile Vamos se ha comprometido a reformar diez aspectos de la actual carta fundamental, entre ellos cuestiones que en el pasado estuvieron en contra de modificar, como el derecho al agua. “El 'rechazo para reformar' es una alternativa poco creíble considerando los antecedentes previos y el comportamiento que ha tenido la derecha en Chile”, dice Cecilia Osorio, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

También sectores del centro-izquierda se oponen al proyecto constitucional y algunos de ellos buscan impulsar una reforma de ley que permita continuar con el proceso constituyente mediante un nuevo plebiscito, en caso de que se imponga el rechazo.

La actual Constitución establece que, en caso de ser rechazada la propuesta de la Convención Constitucional, seguirá vigente la carta magna de 1980. El temor a permanecer bajo el marco de la dictadura es tal que, incluso antes de que se vote, grupos de izquierdas e incluso desde el Gobierno han planteado llegar a un acuerdo para modificar los puntos más polémicos del texto una vez se apruebe.

“Tenemos acuerdo (entre) todos quienes apoyan al Gobierno de que es posible mejorarlo”, dijo Boric. El mandatario ha reconocido que hay puntos que se pueden corregir, pero en los últimos días se ha mostrado partidario de postergar la discusión para después de la consulta ciudadana. El derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, el carácter plurinacional del Estado, el nuevo sistema de Justicia y la eliminación del Senado son algunos de los temas que generan más controversia. 

Otra idea que ha sobrevolado y que el mandatario ha terminado de concretar es la llamada 'tercera vía', es decir, abrir un nuevo proceso constituyente y convocar nuevas elecciones de convencionales en caso que la ciudadanía refute el proyecto de Constitución. “De ganar la alternativa 'rechazo', vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más”, dijo Boric. Sin embargo, no está clara la fórmula prevista para ello y las opciones van desde una nueva asamblea, como sugiere él mismo, hasta el Congreso o un comité de expertos.

“La posibilidad de reformar la nueva Constitución se ha puesto en el debate para calmar a los indecisos y a los sectores más preocupados por determinados ámbitos de la reforma”, dice Osorio. Para el analista político Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, las alternativas planteadas “son señales que debilitan ambas posiciones y parecen establecer que, pase lo que pase, después del plebiscito hay que hacer modificaciones al texto constitucional”.

“Si el resultado entre ambas opciones es estrecho habrá más posibilidad de llevar a cabo las reformas que si la diferencia es más amplia”, dice Duval.

Expectativas desinfladas y desinformación

La Convención empezó su labor con altas expectativas de la ciudadanía, pero se fueron desinflando con el avance del proceso. Varias polémicas entre convencionales de distintos sectores, algunas propuestas radicales que generaron controversia (aunque se descartaron) y la difusión de desinformación por parte de los grupos más conservadores propiciaron un aumento de la desconfianza de la ciudadanía, que observa el proceso con distancia.

“La percepción de la opinión pública respecto la Convención se fue debilitando por el predominio de sectores extremos de izquierda y derecha”, dice Duval. Osorio señala que la presencia mayoritaria de independientes “generó un funcionamiento muy particular, con relatos, discursos y performances que provocaron mucha oposición por ser novedosos, disruptivos y porque hubo momentos de franco desorden”. Y añade: “Muchos convencionales han tenido un rol protagónico y posiciones desde su trinchera que no contribuyen al debate más amplio”. 

El proyecto de nueva Constitución, descargable de forma gratuita en Internet, es el libro de no ficción más vendido en el país, según la clasificación semanal del diario El Mercurio. Antes de que la Convención entregara la propuesta final, el borrador ya se comercializó masivamente en puestos de venta ambulante y quioscos callejeros. Aun así, tanto el Servicio Electoral (Servel) –órgano autónomo que fiscaliza las elecciones en Chile– como expertos advierten del riesgo de desinformación sobre el contenido del texto constitucional. 

“Hay mucha caricatura de los sectores que se ven más amenazados y han simplificado el debate al extremo”, dice Osorio. Eso, a su parecer, se suma a la complejidad que supone “para una población tan amplia –como la chilena– y con muchas preocupaciones en el día a día acercarse a un texto constitucional largo”.

La tergiversación ha llegado al punto de que incluso se han distribuido ejemplares falsos del proyecto de nueva carta magna. El Gobierno respondió repartiendo ejemplares oficiales a la ciudadanía. A pesar de ser criticado por eso, Boric descartó cualquier tipo de intervencionismo en la campaña y enfatizó: “El principal valor y el rol que tiene que cumplir el Gobierno es que todo el mundo tenga acceso a la propuesta de nueva Constitución”.