Una de las líneas de defensa de la Casa de Alba en relación con los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, es reconocer que sí, que esas instalaciones estaban ahí, pero que nunca se extrajo más agua de la que tienen autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de conceder estos derechos. Así lo volvía a defender en el último recurso de reforma que presentaba ante el juez del caso, en el que llegaba a denunciar que se encontraba en una situación de “indefensión”. Pero la Guardia Civil descarta esta posibilidad de plano, ya que no le salen las cuentas: “Con el agua que tienen autorizada no riegan esas hectáreas con naranjos”.

Así lo ratificó en su testimonio ante el magistrado que instruye la causa por un presunto delito contra el medio ambiente una de las agentes del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza) que, como perito, ha realizado el informe del instituto armado que cifra en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con los cultivos que se regaron con agua extraída sin licencia. “Estamos diciendo que hay una extracción ilegal de agua a mayores”, apostilló, en una declaración a la que ha tenido acceso este periódico.

Aljóbar, que gestiona Eurotécnica Agraria (empresa familiar de la Casa de Alba), tiene desde 1988 permiso para extraer del acuífero 605.000 metros cúbicos anuales, que utiliza para una extensión que inicialmente era de 200 hectáreas de cítricos a razón de 3.000 metros cúbicos por hectárea. “Yo a día de hoy, si usted me dice que tiene 200 hectáreas, desde luego que a 3.000 metros cúbicos por hectárea y año no cumple con las necesidades hídricas que necesita el naranjo”, reiteró la perito.

“Se está sacando más agua”

Dicho de otra manera, y en sus propias palabras, “se está sacando más agua de la que realmente la Confederación, que es el organismo competente, ha estudiado para esa finca”. “Por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia de volumen extraído de más provoca un daño en el medio ambiente”. Por eso, a la pregunta directa de uno de los abogados de la defensa sobre si se ratifican en que la explotación “supera los requerimientos hídricos mínimos”, la respuesta es tajante: “Sí, efectivamente”.

Durante la declaración, uno de los elementos clave fue qué necesidad de agua tiene una hectárea de naranjos. Las peritos señalan que la propia Confederación del Guadalquivir apunta a que se requieren 6.352 metros cúbicos brutos por hectárea y año para que llegue lo que considera un mínimo de viabilidad que cifra en uno 5.400 metros cúbicos netos.

La defensa, por su parte, recuerda que la finca tiene una concesión de 605.000 metros cúbicos para explotar 205 hectáreas de cítricos, “eso da una dotación por hectárea de 3.000 metros cúbicos”. Y abunda en que “desde que están sellados los pozos que no estaban autorizados se está cultivando con la dotación que teníamos autorizada”, a lo que las guardias civiles responden que con esos 3.000 metros cúbicos no les llega para tantas hectáreas de cítricos.

Durante la declaración, las peritos señalan que han tenido en cuenta los informes de la Confederación del Guadalquivir sobre la eficiencia de riego en Aljóbar, que se calcula en un 0,85%, así como “las necesidades hídricas que necesita un cultivo para que tenga un rendimiento óptimo”. En este sentido, introducen otro dato importante, y es que la superficie que han tenido en cuenta es la que ofrece el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), en el que los agricultores registran sus parcelas y lo que cultivan en ellas.

Discrepancia con las hectáreas y los cultivos

A partir de ahí, el cruce de preguntas y respuestas se centra en otra cuestión fundamental, la superficie que se riega, ya que Eurotécnica Agraria se escuda en que ha ido menguando con los años. Cuando se destapó el caso, hace dos años y medio, la empresa esgrimió que en realidad regaban 122 hectáreas de naranjos, “una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. Ahora alega que desde 2021 se fue sustituyendo superficie de cítricos por un olivar que “tiene unos requerimientos hídricos mucho menores”.

“Eso no lo sé”, señala al respecto una de las agentes, que sí admite que efectivamente eso es lo que se recoge en el “informe favorable de la Confederación para que le autorice sacar agua de los ocho pozos”, un proceso de legalización que sigue en marcha y que ha recibido el visto bueno de la Comisaría de Aguas del organismo estatal. Y en este sentido, las peritos señalan que, si es así, en el Sigpac figuraba hasta 2024 (cuando hicieron su investigación) que sólo se cultivaban naranjos.

Ante la insistencia de la defensa en que no han tenido en cuenta la circunstancia del cambio parcial de cultivo, las guardias civiles se reiteran en que “la fuente oficial que nos aporta estos datos es Sigpac y dice que todos las parcelas son cultivadas con naranjos”. Y a ello añaden que en el propio informe pericial de la defensa, los cálculos se hacen sobre naranjos y encima la cifra que arroja de necesidades hídricas es incluso superior a la que llegan las agentes.

De naranjos a olivar superintensivo

“Sigpac no tiene notificación de esos cambios de cultivo”, reiteran, un trámite que en teoría tiene que hacer el propietario. Eso no quita para que reconozcan que a través de las imágenes de satélite “se ve perfectamente” que se han quitado hectáreas de naranjos (calculan que unas 58) y que eso lo han descontado de la valoración que han hecho del daño ambiental y del “beneficio ilegal” obtenido, que cifran en cinco millones de euros.

Eso sí, la agente desliza en este sentido que “también es interesante saber” si el olivar que se está plantando en vez de los naranjos es intensivo o de secano, “porque no tiene nada que ver” en cuanto a sus necesidades de agua. En este sentido, la propuesta que Eurotécnica Agraria presentó en la Confederación para legalizar las extracciones irregulares determina que la superficie de cultivo pasará de 200 a 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, por lo que sólo permite a la defensa que testifique uno de sus peritos (declarará este mismo mes de abril) para ratificar el contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. En este documento, se llega a apuntar que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. Este testimonio sería el único pendiente, lo que a su vez implica que por ahora se libran de comparecer ante el juez los Martínez de Irujo, hermanos del actual duque de Alba y únicos consejeros de la empresa que gestiona Aljóbar.

El que fuera elegido como candidato de Podemos a la Junta de Andalucía para las elecciones del 17 de mayo, el parlamentario por Cádiz Juan Antonio Delgado, no liderará finalmente la lista de Por Andalucía en Jaén. Esta provincia es la única en la que los morados eligen al cabeza de cartel, en cumplimiento del acuerdo suscrito con IU y Movimiento Sumar la semana pasada, pero la encabezará Loli Montávez mientras que Delgado se ubicará finalmente con el número seis en Cádiz. Esto reduce a la mínima expresión sus opciones de repetir en el Parlamento andaluz si se tiene en cuenta que, en las elecciones de 2022, Por Andalucía sólo obtuvo por esta provincia el escaño del propio Delgado.

Podemos Andalucía ha confirmado este jueves cuál será su representación en las listas de la coalición Por Andalucía, con Alejandra Durán (parlamentaria hasta ahora por Granada) como número dos por Sevilla, a continuación del candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. La segunda posición por Málaga también la elige Podemos, que ha designado a Micaela Jiménez.

En ambos casos, las encuestas apuntan a que los números dos de Málaga y Sevilla lo tienen complicado para lograr acta, de hecho el estudio el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocido esta misma semana incluso ubica en intención de voto a Adelante Andalucía (7,7%) por encima de Por Andalucía (5,8%). El primero en intención directa de voto sería el PP (32,1%), seguido de PSOE (22%) y Vox (8,8%). En los comicios de hace cuatro años, Por Andalucía obtuvo un total de cinco parlamentarios, los cabezas de lista de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

“Propuesta del propio Delgado”

El partido ha asegurado que ir de número seis por Cádiz ha sido una propuesta del propio Delgado, ratificada por el Consejo Andaluz de Podemos. El hasta ahora candidato de los morados ha expresado que su “voluntad siempre fue ayudar en la candidatura de mi provincia, Cádiz, y si el primer puesto que se nos ofrece desde la coalición es el seis, pues ahí estaremos, trabajando como uno más en defensa de los gaditanos y gaditanas”. La lista en esa provincia la encabeza la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez.

El parlamentario defiende que ir por la circunscripción de Cádiz se trata de un movimiento que responde a “una lógica territorial, de arraigo en el territorio”, por lo que ha subrayado que “está dispuesto a contribuir al proyecto común allí donde sea más útil”. La dirección del partido ha resaltado la “absoluta generosidad” de quien en la XII Legislatura ha sido diputado autonómico por Cádiz ya que “interpone sus intereses particulares a la causa colectiva”.

El propio Consejo Andaluz de Podemos ha recordado que las negociaciones para la coalición de izquierdas “se zanjaron con un único puesto de salida en Jaén”. El pacto se cerró el viernes 3 de abril, último día de plazo para el registro de las coaliciones electorales.

Loli Montávez, la jornalera que lidera Jaén

En cuanto a su candidata por Jaén, Loli Montávez (de 34 años y natural de Jódar), el partido morado subraya que se trata de una dirigente que “conoce los problemas de la ciudadanía jiennense”, así como que ha trabajado de forma constante con los colectivos de la provincia. “Como jornalera sé lo que es trabajar duro y vamos a luchar para que la gente trabajadora de Jaén esté representada como se merece en el Parlamento andaluz”, la número uno de Por Andalucía en esta provincia.

“Es una persona clara, cercana y valiente”, destacan desde su formación, que la define como “una de las principales abanderadas de la mujer rural en Andalucía”. La propia Montávez ha señalado que “necesitamos dar apoyo real a la mujer rural con programas de empleo, conciliación y espacios donde puedan desarrollarse y tener independencia económica”.

El objetivo que se marca es “cambiar la vida de la gente a mejor”, y para eso “hay que desalojar a Moreno Bonilla y sus políticas de San Telmo”. “Vengo a defender a mi gente, a la gente jornalera, a quienes se dejan la piel en el campo y a quienes han tenido que marcharse para poder trabajar”, ha apostillado.

El “vamos a por todas” en Málaga y Sevilla

En cuanto a Micaela Jiménez, fue designada en marzo cabeza de lista de Podemos por Málaga. Es diplomada en Trabajo Social, experta en Educación Social y Familiar y con un máster en Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito social, donde ha trabajado con ONG y colectivos en situación de vulnerabilidad.

De Alejandra Durán, número dos por Sevilla, se resalta su “amplia experiencia parlamentaria”, acumulada en los cuatro años que ha estado en las Cinco Llagas en esta XII Legislatura que ahora expira. Durán ha asegurado que “vamos a por todas, con ilusión y entrega absoluta, para seguir defendiendo los servicios públicos como hemos hecho estos cuatro años”.

¿Cómo están y cómo son los médicos andaluces? A esas preguntas intenta responder todos los años el Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM) con su análisis de la profesión, que revela que el sistema está ahora en una fase de “crecimiento y transformación” pero arrastrando “retos estructurales relevantes”. Los datos de 2025 revelan que hay más facultativos en una profesión cada vez más feminizada, detectándose un creciente interés por el sector privado, aumento de trabajadores extranjeros y, sobre todo, que se viene una jubilación masiva para la que todavía no está garantizado el relevo.

El dato de partida es que hay 50.844 médicos colegiados en Andalucía, 1.573 más que en 2024, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido. De este total están activos 40.765 profesionales –el 80,5% del total–, de los que la mayoría (25.597, el 62,8%) ejercen en la sanidad pública, 9.240 ( 22,7%) en la privada y 5.160 (12,7%) en el ámbito mixto, es decir, en los dos sectores, lo que supone una tendencia en “progresiva consolidación”.

“Si no gano lo suficiente me tengo que ganar las habichuelas por otro lado”, ha explicado de manera gráfica sobre este incremento el presidente del Consejo, Alfonso Carmona, que lo es también del Colegio de Sevilla. Por eso considera “demagogia barata” que de cara a las elecciones andaluzas del 17M ya haya formaciones (como Por Andalucía) que han puesto sobre la mesa limitaciones para ejercer en ambos frentes si se es empleado público.

Tiempo, medios y dinero

Si los profesionales ganaran como en Francia, ha apostillado, no se irían luego a la privada a echar otras tres o cuatro horas. A su juicio, el foco debe ponerse en “vigilar cómo se trabaja y la excelencia” en lo público, a partir de ahí todo lo demás es “limitar la capacidad de trabajo, que es una libertad humana”. “Si tiene capacidad para trabajar en otro sitio tras su jornada, ¿por qué no lo va a hacer?”, teniendo además en cuenta que “la privada también paga mal, porque lo hace a base de volumen”.

“Los médicos necesitan más tiempo, más medios y más dinero”, ha subrayado, a lo que ha añadido también el “reconocimiento de la especialidad de medicina familiar” la secretaria general del CACM, Mercedes Ramblado, representante de los profesionales de Huelva. Y en cuanto a la campaña electoral, Carmona está convencido de que “se va a basar en la sanidad”, porque una de las candidatas (María Jesús Montero, que fue consejera del ramo más de una década) “conocer perfectamente la sanidad y nosotros conocemos la sanidad que hacía ella”.

¿Y qué significa eso? Pues que el sistema “está mucho mejor ahora” con el PP, por lo pronto porque la financiación ha pasado de 8.000 a 16.000 millones de euros y porque se han desenterrado ofertas públicas de empleo “que llevaban años en el cajón”. Los médicos ganan ahora de media casi 900 euros más al mes y se han beneficiado de “modificaciones realmente buenas”.

La gran jubilación

La feminización de la profesión la evidencia que la mujer representa el 50,6% del total de colegiados, un porcentaje que es aún mayor en el ejercicio activo, con 22.922 médicas frente a 17.843 hombres, y con mayor presencia sobre todo en la pública. Como las cifras de profesionales han ido al alza, esto permite mejorar ligeramente las cosas y que haya ahora mismo 4,7 médicos en activo por cada 1.000 habitantes (uno por cada 213), aunque todavía por debajo de la media nacional.

Pero el problema es el envejecimiento de la profesión, ya que más de un tercio de los profesionales en activo supera los 55 años, lo que augura una jubilación masiva en los próximos años, que no compensa que un 26-27% tenga menos de 35 años ni que hayan aumentado las plazas MIR. Si a esto le añadimos que sigue al alza la fuga de médicos (646 se fueron a otra comunidad autónoma y 114 a otro país), no es de extrañar que esto se esté supliendo con el fichaje de facultativos extranjeros, cuyo porcentaje no se recoge en el estudio, pero que Alfonso Carmona sitúa ya entre el 15 y el 20% porque está subiendo “una barbaridad.

Y dentro de esta jubilación en masa, ¿cuáles son las especialidades que se pueden ver más afectadas? Pues ya se augura que medicina de familia, preventiva, traumatología o pediatría, con bajas tasas de reposición. Por ello, desde el Consejo se ha lanzado no sólo un mensaje de reforzar estos campos, sino también de aumentar la inversión y los recursos en atención primaria, ya que el 80% de las patologías se pueden resolver en este nivel asistencial y derivar así a los hospitales a los pacientes que realmente lo necesiten.

Lo dijo el propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), el mismo Domingo de Ramos: en Semana Santa “no hay política”, y de hecho anunciaba que iba a hacer “un paréntesis” en la precampaña electoral de las andaluzas del 17 de mayo para disfrutar de estos días. Esto lo aseguraba en declaraciones tras un acto personal como es acompañar –junto a su esposa– a sus tres hijos a la iglesia del Salvador de Sevilla, de donde sale la cofradía del Amor de la que son hermanos y de la que depende la Borriquita, en la que salen los más pequeños de la cofradía.

Fue dicho y no hecho, porque las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina, así que estos días su agenda institucional ha estado copada por actos cofrades en Cabra (Córdoba), Cádiz, Granada, Jaén, Málaga en varios frentes y de nuevo en Sevilla capital. En todos los casos ha estado escoltado por su equipo de comunicación institucional, que ha enviado fotografías, notas de prensa y audios incluso en plena madrugada del Jueves al Viernes Santo, cuando acudió a la salida de la popular hermandad del Abuelo en Jaén.

Pero en esta sobreabundancia de presencia cofrade no ha estado solo, ya que –con las elecciones del 17M en el horizonte– se ha movilizado junto a él por toda la geografía andaluza la práctica totalidad de su Consejo de Gobierno, con los consejeros repartidos en sus provincias para honrar a las hermandades hasta sumar un centenar de actos. Sólo ha habido uno que se ha escapado, José Carlos Gómez Villamandos (responsable de Universidad, Investigación e Innovación), que no ha participado en ningún evento al menos de forma institucional.

Una agenda sobrecargada

Salvo el Sábado Santo, en general con pocas cofradías en toda Andalucía, el día más tranquilo fue el Lunes Santo al coincidir por la mañana con la celebración del Consejo de Gobierno andaluz. Eso no impidió que por la tarde Moreno visitase un par de hermandades en Granada (la del Trabajo y la de San Agustín), además de asistir a la salida de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate también en la capital nazarí.

Esa misma jornada, los consejeros de Turismo (Arturo Bernal) y Sanidad y Presidencia (Antonio Sanz) realizaron ofrendas florales a dos corporaciones de Sevilla, la de Hacienda y portavoz de la Junta (Carolina España) acudió a la salida de una hermandad en Málaga y la de Fomento (Rocío Díaz) anunció su asistencia al palco oficial de la Semana Santa de Granada. Todos estos actos se incluyeron en la agenda oficial del Gobierno andaluz.

El presidente estuvo acompañando a cofradías el Martes Santo por la mañana en Sevilla y por la tarde en Cádiz, el Jueves Santo en Cabra (Córdoba) y la Madrugada en Jaén. El único respiro se lo permitió el Sábado Santo, sin ningún evento, en contraposición a un Miércoles Santo frenético en el que en Málaga visitó a la hermandad de Zamarrilla y asistió al cambio de guardia de la Legión al Cristo de la Buena Muerte.

Gran despliegue el Miércoles Santo

Ya por la tarde de ese mismo día, y a título personal, cumplió con su cita como hombre de trono con el Cristo de la Exaltación de la malagueña hermandad de las Reales Cofradías Fusionadas. La Junta envió fotografías del presidente en los momentos previos a la salida y con Moreno ya vestido para la ocasión, aunque no remitió imágenes portando el trono.

El Miércoles Santo fue de hecho una jornada en la que el Gobierno andaluz tocó a zafarrancho, ya que se desplegaron por una treintena de actos en las ocho provincias 11 de los 13 consejeros (todos menos el de Universidad y el de Justicia), hasta el punto de que dos visitaron a una misma hermandad –la del Baratillo en Sevilla–, el de Industria a las 11 y el de Sanidad y Presidencia a las 12.15 horas. Con todo, donde hubo más acumulación de consejeros (tres, los de Hacienda, Empleo y Turismo) fue en Málaga el Jueves Santo para el traslado del Cristo de la Buena Muerte a su trono procesional con la Legión de por medio.

En cuatro ocasiones, los consejeros de turno participaron de manera oficial en la procesión del Santo Entierro, en la que es frecuente una gran presencia institucional que suele incluir representaciones de los gobiernos central y andaluz, diputaciones, ayuntamientos y hasta el Ejército. Fueron los casos de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en Jimena (Jaén) y la de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en Sevilla. Al Santo Sepulcro de Málaga lo acompañaron los titulares de Hacienda (Carolina España) y Turismo (Arturo Bernal), y también al Santo Sepulcro, pero en este caso al de Granada, la responsable de Fomento, Rocío Díaz.

Salida de nazareno

Sí resulta más extraño que en la agenda gubernamental se incluyera hasta la salida a título personal de un consejero con su cofradía. Fue el caso del responsable de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, con su hermandad del Prendimiento, un acto en teoría íntimo y anónimo del que se remitió información y fotografía con el protagonista vestido de nazareno (aunque sin antifaz) junto al hermano mayor de la corporación.

De todo el Consejo de Gobierno, la más activa con diferencia ha sido la consejera de Fomento, multipresente en su provincia de Granada, y también han tenido una agenda bastante cargada la de Sostenibilidad y la de Cultura.

El momento más curioso se vivió el Martes Santo con la hermandad del Cerro en Sevilla, en cuya salida coincidieron (vara en mano en la presidencia) Moreno y el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Sevilla, Javier Fernández. Horas después –ya por la tarde y cerca del Ayuntamiento– veía esa misma hermandad la líder socialista en Andalucía y candidata a la Junta, María Jesús Montero, un momento del que el PSOE envió imágenes pero que no se anunció en la agenda oficial del partido. De la misma manera se procedió con Montero viendo la Semana Santa o acudiendo a actos cofrades en Huelva, Jaén, Málaga, San Roque y Jerez (Cádiz) y Granada.

De las cofradías a los toros

Por cierto, que la bajada del telón de la Semana Santa el pasado fin de semana marcó un cambio de tendencia por parte del Gobierno andaluz, que saltó a la pantalla de los toros, otro terreno en el que suele prodigarse con generosidad. El pistoletazo de salida se dio el sábado con la corrida Picassiana de Málaga, en la que estuvieron los consejeros de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, y la de Hacienda, Carolina España.

Ya en la mañana del Domingo de Resurrección, Sanz estuvo con el presidente, Juan Manuel Moreno, en el pregón taurino de la Feria de Abril de Sevilla, para acudir ambos por la tarde a la corrida celebrada en la Maestranza y a la que también acudió el rey emérito. “Es casi una obligación del presidente del Gobierno de Andalucía defender una tradición, una cultura, una economía ancestral como es la tauromaquia”, señaló Moreno; “Andalucía es taurina y su Gobierno, también”, apostilló Sanz.

“Fue la primera vez que no tuvieron que recoger cáscaras de gambas en los palcos”. La frase es de Horacio Hermoso Serra, hijo homónimo del último alcalde republicano de Sevilla, recordando una anécdota muy simbólica ocurrida el 10 de abril de 1936, el viernes de aquella Semana Santa del Frente Popular: el regidor regateó el sabotaje de las familias bien de la capital y puso en el lugar más privilegiado para ver cofradías a los niños del hospicio. Fue el último gesto de uno días intensos cuya celebración salvó a contrarreloj y que, dicen, tuvo un peso determinante para su fusilamiento por los franquistas el 29 de septiembre de aquel mismo año.

Aquella Semana Santa estuvo a un tris de no celebrarse porque las formaciones de derechas y las élites de la ciudad maniobraron para abortarla, para así transmitir que nada bueno salía de un Gobierno de la República en manos de unas izquierdas que habían recuperado el poder en las elecciones de febrero de 1936, a diez días de la Cuaresma. El éxito de la fiesta tuvo dos responsables muy directos, el regidor, Horacio Hermoso (al que se retrata en el documental Horacio, el último alcalde), y el gobernador civil, Ricardo Corro Moncho, con un tercer personaje en escena con un papel mucho más ambiguo, el cardenal Eustaquio Ilundain.

Pero volvamos a lo de las gambas, ¿cómo acabaron los niños con menos recursos de Sevilla en el sitio más noble para ver el paso de las hermandades? Pues porque iban a estar casi vacíos por el boicot de los más pudientes, que no renovaron sus abonos para así poner su granito de arena en el boicot: así no se recaudaban unos fondos imprescindibles para costear la salida de las cofradías, por lo que no serían pocas las que arrojarían la toalla y se quedarían en sus templos.

“Una carga simbólica clara”

La cuestión de los dineros se solventó por otras vías y salieron todas menos una, Santa Cruz, que no lo hizo por motivos políticos, para no normalizar a un Gobierno laico. Pero la imagen que se iba a transmitir a toda España no era la mejor para la ciudad, con un corazón de la carrera oficial (por donde desfilan todas las hermandades) con un aspecto arrasado. Así que al regidor se le ocurrió que ocuparan esas sillas los también conocidos como niños del Asilo, todo un bofetón en la cara de los más pudientes.

Recuperando de nuevo lo de las gambas, la frase se la dijo el hijo de Horacio Hermoso al periodista y escritor Antonio Fuentes, que en La huella borrada (Plaza&Janés) novela el corto pero intenso periodo de este alcalde y su fulminante final. “La idea tenía una carga simbólica clara: que los lugares privilegiados que habían dejado vacíos las élites los ocuparan los menos favorecidos”, pero la cosa salió regular porque como todo se hizo a la carrera –la celebración de la Semana Santa no se confirmó hasta el Viernes de Dolores– los palcos no se completaron hasta el propio Viernes Santo y, encima, una buena tromba de agua liquidó la jornada.

Los cielos se abrieron a eso de las cuatro de la tarde. “Los granizos tenían el tamaño que ustedes quieran”, señalaba el cronista del periódico El Liberal, que era bastante gráfico: “¡Se acabó la Semana Santa! ¡Qué modo de llover! ¡Qué ruina! Hoy, que era el día para salvarse tanto pobre como vive de estas fiestas”. “¡Los pobres niños del Asilo, que presencian el desfile en la Plaza de la República, se han mojado! Buscaron refugio dentro del Ayuntamiento”, donde el propio alcalde les invitaría a merendar torrijas.

El 'pecado' de ser masón

Horacio Hermoso tomó posesión el 27 de febrero y, a sus 35 años, ha sido uno de los regidores más jóvenes de la historia de Sevilla. Perteneciente a la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, la de la capital fue la única alcaldía que gobernó esta formación en la provincia. De Hermoso se resalta su talante moderado y dialogante, poco amigo de extremismos, “entre él y un comunista había galaxias de diferencia”, explica Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla.

Pequeño comerciante bien relacionado que regentaba un negocio de perfumería, vivía en el barrio obrero de El Tiro de Línea, de reciente construcción para una Exposición Iberoamericana de 1929 que había dejado exhaustas las arcas municipales. Nacido en Sanlúcar de Barrameda en 1900, pronto su familia se viene a la capital andaluza. Junto a su pulso por celebrar la Semana Santa, para la Sevilla de después del golpe de Estado arrastra otro pecado quizás todavía más grave: su pertenencia a la masonería, “ser masón era lo peor para la extrema derecha”, apostilla Álvarez Rey.

El propio catedrático se adentra también en el episodio del Viernes Santo, que explica como una respuesta ante el “deplorable efecto que provocaría la ausencia de público en tan emblemático lugar” al no sacar las familias adineradas sus palcos: costaban unas 250 pesetas, que venían a ser un sueldo medio de varios meses. “Hermoso respondió al desafío invitando a los niños del Hospicio y de las escuelas municipales a las tribunas”, otro golpe de efecto tras haber desatascado la celebración en sí de la Semana Santa.

Críticas del PCE por hacer “figurar” a los niños

La incertidumbre llegó de la mano de los silleros responsables de vender los asientos de la carrera oficial, que desistieron de encargarse de esta tarea (por la que se llevaban un porcentaje, el resto era para las hermandades) ante el riesgo de que luego no saliera ninguna cofradía y sabedores ya de que la oligarquía local no estaba por la labor. Todo se arregló in extremis el Viernes de Dolores, y gracias a que pusieron dinero Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Civil y hasta el por entonces ministro de Comunicaciones y Marina Mercante, el sevillano Manuel Blasco Garzón, que se vino a la capital a ver a su hermandad del Silencio.

“Los niños del hospicio aparecen como los destinatarios de un gesto político y social con el que el Ayuntamiento quiso llenar los palcos vacíos del boicot y, a la vez, dar visibilidad a los más humildes, aunque en la práctica la lluvia arruinó el gesto”, relata Antonio Fuentes. El gesto le valió a Hermoso la crítica incluso desde su izquierda, ya que las actas capitulares recogen que en el pleno municipal el Partido Comunista “criticó que se había hecho figurar a los niños”. El alcalde lo negó y defendió que precisamente se quiso darles “el lugar más preferente de la carrera y no estuvieron de comparsa”.

Antes de poner de nuevo rumbo a Madrid, el propio ministro Blasco Garzón hace unas declaraciones ese mismo Viernes Santo (que recoge El Liberal) en las que se felicita por el éxito de la Semana Santa, fruto de “una estrecha colaboración entre las autoridades y el pueblo sevillano”, pero que “no ha contado con la asistencia fervorosa de ciertas clases privilegiadas”. Las mismas, critica, que “alardean en no pocas ocasiones de una devoción religiosa, acendrada y firme”, un suceso que tilda de “lamentable” pero que no ha podido con la celebración gracias a un pueblo que ha sabido responder “en la dramática hora presente”.

El ministro pide sanciones

Y lanza una andanada: ha sabido que en los días previos a Semana Santa, “cuando existían dificultades de carácter económico en orden a la salida de las cofradías”, se cruzaron telegramas “de gentes que se dicen responsables y conservadoras, celebrando esas dificultades y aconsejando que no se viniera a Sevilla”. Por ello, iba a proponer al gobernador civil que tomase cartas en el asunto “aplicando sanciones económicas que han de traducirse en contribución al gasto que las cofradías han representado”.

De paso, se felicitaba por los que iban a ser inquilinos de los asientos más lujosos de la carrera oficial. “Esta tarde presenciarán las cofradías con mi modesto auxilio económico, con el del Ayuntamiento y de la Diputación, con el generoso desprendimiento del señor Corro, los niños asilados en los establecimientos benéficos desde un lugar preferente”. Igual que otros años había pagado su palco, en esta ocasión lo hacía para disfrute de “los desheredados de la fortuna, entre quienes pueden estar, porque ese es el milagro y el designio de las democracias, los hombres del mañana”.

El propio gobernador civil, Ricardo Corro, carga asimismo contra lo ocurrido también desde las páginas de El Liberal, el único periódico progresista en el panorama mediático de Sevilla pero que no es hasta ese mismo 1936 que empieza a presentarse como Diario republicano de informaciones. Las fiestas habían salido a pedir de boca, se congratulaba, y todo ello pese al “sector social que con una incomprensión lamentable y una censurable actitud contra los intereses de Sevilla ha intentado sabotear las fiestas de Semana Santa”.

De Queipo de Llano al cardenal Ilundain

¿Y qué pasó a partir de ahí? Pues no dio tiempo a mucho más porque tres meses después se producía el golpe de Estado, y lo más reseñable hasta entonces es que visitó la Feria de Abril (y se bailaron sardanas en su honor) el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, invitado por el presidente interino de la República, el sevillano Diego Martínez Barrio, en un intento de restablecer puentes. El 18 de julio, Horacio Hermoso fue detenido por un militar que resultó herido en las primeras refriegas en la capital y que el propio alcalde pidió a los ordenanzas municipales que introdujeran en el Ayuntamiento para atenderlo.

“A mi padre lo asesinó la inquina de la Iglesia”, declararía en 2022 en una entrevista a El Salto el hijo del regidor, que falleció justo un mes después de la exhumación de los restos mortales de Queipo de Llano de la basílica de la Macarena. “Mi padre llenó los palcos con niños huérfanos, cuando el Arzobispado no quería que salieran las procesiones. Ellos conocían perfectamente lo que se avecinaba”, afirmó, denunciando que la Iglesia “sólo quería crispar el ambiente político y mi padre no le dio ese gusto a la derecha sevillana” reventando el boicot cofrade.

“Acudan al cardenal”

“El cardenal Ilundain no quería celebrar la Semana Santa”, apostilla Antonio Fuentes, que detalla la operación que se puso en marcha para intentar salvar la vida del ya detenido Horacio Hermoso. El cónsul belga, que tenía una buena relación con la familia, era a su vez amigo del cónsul italiano, que fue su puerta de entrada para acceder al todopoderoso Gonzalo Queipo de Llano, jefe de los golpistas en Andalucía.

“Me he interesado por el hombre del que me hablan y no tengo nada que ver con su situación. Está vivo, me aseguran, pero la vida del alcalde depende del Palacio Arzobispal. Acudan al cardenal”, fue la respuesta de Queipo. A partir de ahí, todas las gestiones fueron infructuosas y se cumplieron dos meses de su arresto “sin saber muy bien qué hacer con él”. Finalmente, fue fusilado el 29 de septiembre de 1936 junto a Antonio Estrada, asesinado en venganza porque su hermano –un concejal socialista– logró escapar de los golpistas. El gobernador civil, Ricardo Corro (que llegó a ser alcalde de Granada), corrió la misma suerte pocas semanas después.

La militancia de Podemos ha decidido que el partido, finalmente e in extremis, se integre de nuevo en Por Andalucía para conformar una coalición de izquierdas de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Así lo han determinado las bases de manera aplastante en la consulta exprés a la que ha sido convocada sobre la marcha y para decidir en sólo 24 horas, lo que ahora a su vez abre otra carrera contra el reloj de pocas horas porque el plazo para registrar la candidatura expira a las 23.59 de este viernes.

El resultado final de la consulta ha sido abrumador a favor de la integración en este frente común de izquierdas, que ha tenido el respaldo del 81,4% (4.648 apoyos) de los que han participado en la consulta. Por contra, 684 (11,98%) se han pronunciado en sentido contrario, y 378 (6,62%) no optaron por ninguna de las opciones. En total han emitido su voto 5.710 personas, que han respondido así a una pregunta muy concreta: “¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?”.

El siguiente hito en este acelerado proceso va a tener lugar en la mañana de este jueves, cuando está convocada la mesa de partidos de Por Andalucía en la que esperan Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde y Alternativa Republicana. De manera formal, Podemos está integrada en este foro de coordinación parlamentaria, pero hace año y medio que no acude y en los últimos meses todos los pasos han ido encaminados a presentarse en solitario.

Participación que “ha superado las expectativas”

Ahora, y “en consecuencia” con el resultado de la consulta, la dirección andaluza confirma que “los representantes de Podemos asistirán este jueves a la reunión de la mesa de partidos de Por Andalucía”. La formación morada destaca la “alta participación” en este proceso, que “ha superado las expectativas” y se ha situado como la más alta en los últimos dos años, a pesar de que la votación se ha desarrollado a lo largo de una única jornada.

“Me siento orgulloso de pertenecer a una formación política donde las decisiones importantes siempre las toman los inscritos e inscritas”, ha señalado al respecto el parlamentario Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos a la Junta de Andalucía. “El objetivo no es otro que aportar lo mejor de nosotros y nosotras para echar a Moreno Bonilla y a sus políticas de San Telmo, porque nuestra tierra no puede soportar otra legislatura del PP”, ha subrayado.

Ahora, con menos de 48 horas de plazo, empieza la hora de la verdad, que es la negociación pura y dura. En teoría todo debería quedar sellado y amarrado en la reunión de este jueves, ya que desde IU (que lidera Por Andalucía) no se quiere repetir lo ocurrido con la coalición que se conformó para las elecciones de 2022, cuando se apuró tanto el plazo que Podemos quedó fuera. Al final hubo que hacer encajes de bolillos para integrar a los morados en sus listas, pero su logo no pudo aparecer en la papeleta electoral.

A verlas venir

Desde el resto de formaciones de Por Andalucía, especialmente IU, están a verlas venir, y no sólo por la precipitación con la que de nuevo se están desarrollando los acontecimientos. Con el líder federal de IU, Antonio Maíllo, ya elegido candidato de una coalición hasta ahora sin Podemos, en teoría están elegidos los cabezas de lista por cada provincia, una cuestión capital si se tiene en cuenta que ahora mismo el grupo parlamentario cuenta con cinco diputados.

Pero sobre todo, en la reunión de este jueves se calibrará de verdad el alcance de la apuesta de Podemos por la integración. Sus hasta ahora compañeros de viaje no ocultan el temor a que sea un brindis de cara a la galería para apropiarse del relato, hacer ver que lo han intentado y que son IU y Sumar los que ponen cortapisas. Sea como sea, es cuestión de horas saber por dónde sale el sol.

Pero lo cierto es que, en principio, se frena el camino en solitario que estaba recorriendo Podemos en contra del criterio de la propia dirección andaluza del partido, que lidera Raquel Rodríguez como secretaria general. Esto llevó incluso a que el número dos y coportavoz de Podemos Andalucía, el parlamentario José Manuel Jurado, anunciase que dejaba su cargo ante la negativa de la dirección estatal a desbloquear la negociación, lo que condenaba a que el 17M hubiese tres papeletas a la izquierda del PSOE pugnando por el mismo espacio electoral: Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía.

Volantazo y fuera líneas rojas

Después de meses y meses abonando el ir en solitario, e incluso con su secretaria general estatal, Ione Belarra, dando la callada por respuesta hace una decena de días en un acto en Sevilla, Podemos ha dado un brusco volantazo desde este fin de semana. Entonces no sólo se abrió por primera vez de manera más explícita a integrarse en Por Andalucía, sino que de repente desaparecieron todas las líneas rojas, básicamente la presencia de Movimiento Sumar.

La balanza se ha inclinado finalmente por la coalición tras los catastróficos resultados en Aragón y Castilla y León, donde Podemos no cosechó ni el 1% de los votos y se ha quedado fuera de ambos parlamentos autonómicos. Hasta el PSOE andaluz ha hecho un llamamiento “a la unidad de la izquierda” de cara al 17M, al que el PP Juan Manuel Moreno comparece dando por hecho que revalidará su actual mayoría absoluta y en un escenario que, en todo caso, las encuestas a día de hoy dibujan un monolítico bloque de derechas por el esperado ascenso de Vox.

“Que no se mueva un varal”. La orden del capataz que pide que el movimiento sea tan mínimo que ni se note en la estructura que sostiene los palios de los pasos de Virgen es una expresión muy propia del mundo de las cofradías en Sevilla, pero alguna que otra vez también se usa fuera del ámbito de las hermandades con el sentido de que todo siga igual, que nada cambie. Y esto fue lo que pasó en la Semana Santa de 1976, que tras la muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 era en teoría la primera de la democracia pero en realidad fue la última del franquismo, sin prácticamente cambios. Eso sí, el contexto social y político iba poco a poco moviéndose, en medio de una galopante crisis económica que incluso lanzó a la calle a las amas de casa en protesta por el encarecimiento de la cesta de la compra.

“No se movió ni un varal, ni en Semana Santa ni en ningún otro tema”, abunda Isidoro Moreno Navarro, catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla, uno de los primeros en enfocar desde esta disciplina el mundo de la religiosidad popular y en aquel abril de 1976 uno de los dirigentes del antifranquista Partido de los Trabajadores de España (PTE) en Andalucía (PTA). “Aquella Semana Santa no se notó absolutamente nada” la muerte del dictador no hacía ni cinco meses, “la represión y las autoridades eran las mismas porque querían hacer con Franco lo mismo que con el Cid Campeador”.

“En realidad fue la última Semana Santa del franquismo, había pasado muy poco tiempo y aquello seguía todo igual”, recuerda Antonio Zoido, historiador, presidente de la Fundación Machado y por entonces también con responsabilidades en el PTE, “todavía usábamos los nombres de guerra” en un partido que seguiría año y medio en la clandestinidad. Eran tiempos en los que los grises seguían muy presentes “y de vez en cuando mataban a alguien”, aunque “había ya huelgas y se veía que los sindicatos iban a ser los primeros en ser legalizados”.

Las cofradías, algo tercermundista

“No fue realmente una Semana Santa democrática, fue todavía predemocrática”, señala por su parte Manuel Jesús Roldán, autor La Semana Santa de la Transición (Sevilla, 1973-1982), de la editorial El Paseo. “Fueron unos días tranquilos, con las representaciones militares típicas” y en la que hubo una tensión a tres bandas: “la Iglesia era casi más demócrata que el propio régimen”, señala, pero se las tenía tiesas con las hermandades. El propio Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, “vino a decir que las cofradías eran algo propio del tercer mundo”. Aquello cayó como una bomba en Sevilla.

Pese a todo, los deseos de cambio son irrefrenables, con trabajadores y estudiantes como motores para materializarlo. El Domingo de Ramos fue el 11 de abril, después de un marzo intenso con protestas, huelgas y hasta una insospechada manifestación de amas de casa para protestar por la carestía de la cesta de la compra y reclamar subidas de sueldos para sus maridos, que eran los que trabajaban en un momento en el que la mujer no estaba precisamente incorporada al mercado laboral. Todo ello, señales de una decadencia estructural, económica y social, con los coletazos de la crisis del petróleo, el cierre de industrias, el paro y la inflación desbocados y con los condenados por su actividad política todavía en prisión.

“Es un año de incertidumbre en todo”, resume Moreno, del que el año pasado Almuzara reeditó sus estudios bajo el título genérico de La Semana Santa de Isidoro Moreno. “Hay mucho miedo” en general, incluida la posibilidad de “algún atentado de ETA o del Grapo a las cofradías más significadas”, pero no flota en el ambiente –ni mucho menos– el riesgo de un choque entre elementos de ultraderecha y ultraizquierda. “Es la última Semana Santa del franquismo, pero no del nacionalcatolicismo”, resalta, un movimiento que por cierto en Sevilla derivará en lo que define como un “municipal-cofradierismo insano” por el “parasitismo mutuo” entre las hermandades y la política local.

Movimientos cristianos socialistas

“Aquella Semana Santa viajé mucho por Andalucía por motivos políticos”, rememora Antonio Zoido, y es que, “como teníamos muchos militantes que eran profesores”, se aprovechaban los días festivos para tener reuniones comarcales. “Había movimientos cristianos que en buena parte eran socialistas y estaban muy metidos en las hermandades”, una corriente que no cristalizó en un partido propio mientras por estos lares florecían los curas obreros y “se compaginaban perfectamente las creencias marxistas con la pertenencia a una cofradía”.

“Las hermandades eran un mundo conservador pero los sindicalistas estaban también muy metidos”, enlaza Manuel Jesús Roldán, y se empieza a reivindicar un protagonismo más social de estas corporaciones más allá de su mera presencia en la calle. Hay una cofradía, por ejemplo, que rifa por entonces una televisión en color para recaudar fondos para ayudar a niños sin recursos, señal de que empiezan a cambiar las cosas cuando hasta entonces “su papel a lo largo del año era mucho más reducido, sólo litúrgico y sin salidas extraordinarias”.

En base a la nueva Ley de Régimen Local, Fernando Parias Merry había sido elegido alcalde de una Sevilla en plena sequía y con fuertes restricciones al consumo, mientras las barriadas más populares tienen problemas hasta con el alcantarillado y empiezan a surgir las asociaciones de vecinos. El andalucista Alejandro Rojas Marcos, por entonces dirigente de la Alianza Socialista de Andalucía (ASA), vuelve del exilio y da el 20 de febrero el que se tiene como primer mitin desde antes de la Guerra Civil, disfrazado de conferencia impulsada por el Grupo Organizador de Reuniones Culturales y Artísticas (Grupo Gorca), al que el acto le cuesta la apertura de un expediente por el Gobierno Civil. Un día antes, por cierto, se había izado la bandera andaluza en el balcón del Ayuntamiento hispalense.

“Más salarios para nuestros maridos”

Las huelgas de trabajadores municipales se liquidan poniendo directamente a soldados en esos puestos, pero lo que mejor evidencia cómo están las cosas es la ya apuntada protesta de las amas de casa, con sus carteles de Congelación de precios, Mercado libre o Más salarios para nuestros maridos. La manifestación se celebra el 1 de marzo, en plena Cuaresma, y según la crónica de Senda hacia el socialismo (órgano del comité provincial de Sevilla del PCE), participaron unas 400 mujeres que, cuando les quitaron las pancartas, “mantuvieron alzadas las bolsas de la compra vacías” para que quedara bien claro por qué se manifestaban.

Ya en febrero de 1977, cuando todavía estaba por celebrar una Semana Santa en la que sí que empezaron a ser evidentes los cambios, el vespertino Informaciones de Andalucía publica unas encuestas que el periodista Antonio Crespo envía a los líderes locales de todo el espectro político. “Ahí se ve que la diferencia no es tanto ideológica sino cómo se entiende la Semana Santa, si como algo religioso o como una fiesta popular con dimensión religiosa”, comenta Isidoro Moreno.

“En ese momento era una fiesta popular secuestrada por los sectores más de derechas para recalcar su carácter religioso”, continúa, cuando considera “de chiste” intentar separar lo religioso de lo cultural ya que “lo religioso es una parte de lo cultural”, defender lo contrario es “de una ignorancia supina” y “una monstruosidad en términos de antropología”. En este momento, “parte de la izquierda redefine su papel” con respecto a las hermandades, “pero otra sigue instalada en un anticlericalismo naif más propio del XIX”, unos “paleomarxistas” que aceptan la interpretación dominante de la derecha y no entienden que “laicidad no es igual que laicismo: uno no participa en la Semana Santa como cargo político sino como individuo”.

Iglesias de garaje versus parafernalia cofrade

Aquel mismo Domingo de Ramos, tira de memoria Antonio Zoido, se celebró una reunión del comité andaluz del Partido de los Trabajadores “y yo estaba como loco por acabar porque me iba a perder todas las cofradías”. A eso de las once de la noche, se levantó y dijo que se iba a ver la Hiniesta de recogida, a lo que le preguntó la esposa del secretario general si le podía acompañar. Allá que se fueron los dos a verla entrar en su templo y cuando se dio cuenta la mujer, “una catalana no creyente que nunca había visto una procesión en Sevilla”, estaba con lágrimas en los ojos y sin poder explicar por qué se había emocionado.

“Las hermandades estaban todavía con una crisis que empezó en los años 60”, relata por su parte Manuel Jesús Roldán, ya que su parafernalia “chocaba con la estética post Vaticano II y lo que se llamó las iglesias de garaje, muy sencillas”. Las cofradías, curiosamente de las escasas entidades en los que se votaba democráticamente durante el franquismo, no esconden su miedo a una izquierda que está esperando su momento. “Estos acaban con la Semana Santa” es una frase muy repetida entonces, para después sorprenderse con que “había gente muy capillita” empezando por el primer alcalde democrático, el andalucista Luis Uruñuela.

Ese 1976 ya se permite abrir a los cines Viernes y Sábado Santo, algo impensable antes por el luto oficial por la muerte de Cristo, “e incluso se cuela alguna película de destape”, indica Roldán, y los temores anticofrades no sólo no se confirman sino que hay “una explosión espectacular de lo popular”. “Temían el debilitamiento del nacionacatolicismo y fue al revés, la etapa democrática activaría a las hermandades”, comparte Moreno, que sitúa en 1980 cuando de verdad se nota en la Semana Santa el nuevo periodo político. Eso será tras las elecciones municipales de 1979 y al abrigo del primer ayuntamiento democrático... formado por una coalición de partidos de izquierdas tras un pacto PSA, PSOE-A y PCE.

Por Andalucía ha convocado para el próximo jueves 2 de abril a la mesa de partidos de la coalición, incluido Podemos, con el fin de “concretar el registro” de la candidatura a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, explican fuentes de Por Andalucía. El plazo para presentar la candidatura unitaria ante la Junta Electoral vence el viernes a las 23.59.

Hasta ahora Podemos no forma parte de la nueva coalición electoral de izquierdas en la que sí se integró, a última hora y con dificultades, en los comicios autonómicos de 2023. En los últimos meses no ha acudido a los encuentros de esa mesa de partidos, y ha deslizado que no repetiría. Pero en los últimos días la dirección estatal ha virado la posición sostenida durante el año y medio previo, y ahora se dice abierta a integrarse en la coalición, aunque en ella también esté Movimiento Sumar.

Este martes ha lanzado sobre la marcha una consulta de 24 horas a sus inscritos para avalar la construcción de una candidatura unitaria en Andalucía. El objetivo es saber si las bases facultan o no a la dirección para alcanzar un acuerdo. “¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?”, se pregunta. El proceso se ha abierto a las 17:00, y se cerrará 24 horas después, a las 17:00 del miércoles.

Con ese resultado, Podemos se presentará a la reunión del jueves con los demás partidos de Por Andalucía (Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde y Alternativa Republicana). Si sus inscritos votan favorablemente, se abrirá un nuevo escenario para tratar la integración del partido morado en la confluencia.

Año y medio sin participar

En el último año y medio, Podemos no ha acudido a las reuniones de la mesa de partidos de Por Andalucía y se ha mantenido al margen del proceso para reeditar la coalición.

Este proceso comenzó en octubre de 2024 con una propuesta de base de la coalición. Podemos convocó su propia asamblea interna para un mes después, deslizando públicamente su escaso interés en reeditar la la fórmula. En los meses siguientes, algunos líderes de la formación en Andalucía se posicionaron públicamente en favor de la unidad, mientras la dirección estatal mostraba distancia. Fue el caso de José Manuel Gómez Jurado, su número 2 y diputado andaluz, pero acabó renunciando a presentarse con su partido en vista de la aparente imposibilidad de lograr una candidatura unitaria.

En octubre de 2025 IU y Sumar registraron sin Podemos el partido político Por Andalucía. Poco después, la mesa de partidos eligió a Antonio Maíllo, líder de IU, como candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Tampoco estuvo Podemos, que públicamente mostró su distanciamiento de la coalición. La presencia de Sumar era un factor determinante.

Entre medias, llegó el carrusel de citas electorales de este primer trimestre. Y tras un resultado esperanzador, Podemos se quedó fuera de los parlamentos autonómicos de Aragón (0,94% del voto; IU+Sumar logró el 2,94%) y Castilla y León (0,74%, por el 2,23% de IU+Sumar), estas últimas hace apenas tres semanas.

Con la convocatoria de las elecciones andaluzas ya lanzada (Juan Manuel Moreno convocó el pasado 23 de marzo), Podemos se mantuvo en silencio hasta el pasado domingo, cuando su candidato y diputado, Juan Antonio Delgado, ofreció “mano tendida” y dijo que hasta el viernes había “tiempo suficiente” para conformar una candidatura unitaria.

La confirmación llegó desde Madrid al día siguiente: Pablo Fernández, secretario de organización, insistió en el ofrecimiento y añadió que no habría condiciones. Tampoco sería un problema la presencia de Movimiento Sumar, admitió expresamente.

Hasta hoy, el ofrecimiento no ha recibido respuesta oficial de IU. En contra juega el tiempo, con un precedente inmediato que alimenta los temores. En 2022, apurar la negociación hasta el final acabó dejando formalmente fuera de la coalición a Podemos, cuya firma llegó con el tiempo ya cumplido. El episodio, con consecuencias para la financiación de los partidos, el control de la candidatura y el grupo político, tuvo también un efecto duradero: una crisis de confianza entre socios que marcó el rumbo de la coalición los cuatro años siguientes, hasta colocarla donde hoy está.

Podemos ha lanzado sobre la marcha una consulta de 24 horas a sus inscritos para avalar la construcción de una candidatura unitaria en Andalucía, de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El proceso se abre a las 17 horas de este martes y concluye a la misma hora del miércoles, 1 de abril, y el objetivo es saber si las bases facultan o no a la dirección para alcanzar un acuerdo para concurrir en “la candidatura más amplia y unitaria posible”. El plazo electoral para esta coalición está abierto hasta las 23.59 de este viernes, 3 de abril.

La consulta se pone en marcha sin que haya conversaciones formales entre Podemos y el resto de la candidatura Por Andalucía, en la que se integran entre otros IU y Sumar liderados por Antonio Maíllo (IU), y sin que los inscritos puedan por tanto pronunciarse sobre un acuerdo concreto. La pregunta que se lanza es: “¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?”.

La decisión se ha tomado este martes en la ejecutiva andaluza del partido, que ha aprobado por unanimidad la disposición de Podemos Andalucía de integrarse en la candidatura de Por Andalucía. De esta manera, se han ratificado las declaraciones públicas realizadas por Juan Antonio Delgado (su candidato al 17M) y por la dirección estatal, a través de Pablo Fernández.

La formación ha hecho un llamamiento al conjunto de las personas inscritas “a la mayor participación” en esta consulta, que es preceptiva de los estatutos de la formación, “ante la relevancia de la misma”.

La primavera ha cogido a Doñana con una explosión de vida como hacía años que no se recuerda. La abundancia de insectos ayuda a una fase de reproducción que da sus primeros pasos, de hecho ya pululan por allí los primeros polluelos de algunas especies, y todavía están preparándose para emigrar las últimas invernantes. Todo ello es obra de un invierno muy lluvioso encadenado con un año menos seco que los anteriores, lo que ha propiciado la mayor presencia de aves del último lustro y la previsión de que la temporada de cría será muy buena.

Lo de que el agua es vida tiene en Doñana uno de sus exponentes más gráficos. La concatenación de borrascas de los últimos meses dejó una inundación casi completa de una marisma que ya había disfrutado de generosas dosis de precipitaciones, lo que ha tenido su reflejo inmediato en que se han contabilizado 385.649 aves acuáticas invernando en el parque. La cifra es la mejor desde 2021, aunque todavía está lejos de la media histórica y a más distancia todavía de los mejores ejercicios.

Eso sí, supone un incremento sustancial con respecto a los 228.335 ejemplares computados el año pasado (el censo se realiza en enero) y no digamos en relación con los 120.649 de 2024, cuando la sequía que golpeaba entonces con fuerza llevó a un mínimo desde que existen registros. El conteo se hace desde avioneta, recorridos en vehículo y asomándose a los dormideros, y con esta metodología –que se aplica desde 2004– se registró el máximo en 2017, cuando se rezaron las 700.000 aves. Todas estas cifras se pueden revisar ahora en el recién estrenado portal de acceso abierto con 50 años de censos de aves acuáticas.

La media en estos 22 años está en 437.000 individuos, con lo que este 2026 se ha acercado pero todavía queda camino por recorrer. Los augurios además son buenos, ya que a fecha de 22 de marzo la precipitación acumulada en el actual ejercicio (que arrancó el pasado 1 de septiembre) es de 552 mm, sensiblemente por encima de los 436 de media en las últimas dos décadas. En el ejercicio 2021/22, por ejemplo, no se llegó a 224 mm.

Que no vengan lluvias fuertes ahora

“Los datos no son buenos a largo plazo, pero sí mejores que los últimos años”, atestigua Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, responsable de la vigilancia científica de este entorno. Así que, como la marisma mantiene una buena inundación –entre 50 centímetros y algo más de un metro, en función de la zona–, se espera una reproducción buena “si no vienen lluvias muy intensas que hagan fracasar nidos”, como ocurrió el año pasado con fuertes precipitaciones que fueron más tardías.

El agua ha venido bien no sólo para atraer a las aves, sino también para recuperar otros elementos clave como la vegetación y la presencia de insectos. “Doñana está ahora espectacular, la visión es magnífica”, lo que no significa que se hayan acabado los problemas porque el acuífero sigue en muy mal estado y harían falta varios años más de lluvias abundantes para superar el que es el principal hándicap del parque.

Desde SEO/BirdLife se corrobora que la recuperación de las aguas subterráneas “requiere de algo más que un año húmedo aislado”. Su responsable en Doñana, Carlos Davila, también corrobora la imagen “espléndida” que ofrece el parque y que ya algunas aves presentan colonias de cría activas por las “condiciones ecológicas óptimas” que reúne la marisma esta primavera. La previsión es contar con grandes colonias de acuáticas, como morito común y espátula común, y distintos tipos de garzas, como la garza imperial, garcilla bueyera, martinete común, garceta común, garcilla cangrejera y garceta grande. Además, especies amenazadas de extinción, como la cerceta pardilla o la focha moruna, podrían verse “muy beneficiadas” por “este buen año hidrológico”.

Revilla resalta que todo esto evidencia la “capacidad de recuperación” que han mostrado determinadas especies en cuanto han mejorado las condiciones para las acuáticas. En este ejercicio ha crecido hasta la cifra de gansos, el ánsar común, la más emblemática de las aves de Doñana, cuya población ha aumentado en 1.000 ejemplares para alcanzar unos escuálidos 3.700 individuos pese a que las cosas han ido viento en popa. Esto evidencia que su presencia es cada vez más esquiva, ya que hace unos años los ejemplares se contaban por decenas de miles.

El cuchara común se dispara

En cambio, el pato cuchara común se mantiene como la especie que más crece en las últimas dos décadas, ya que en el censo invernal se contabilizaron 120.970 individuos, nada menos que 65.000 más que el año pasado. Asimismo, le van bien las cosas al porrón europeo (10.600 ejemplares), el morito común, la espátula común y hasta a especies muy escasas, como la cigüeña negra (se han contabilizado 113) y la garcilla cangrejera, con 32, una cifra que desde la ICTS Doñana se considera “inusualmente alta”.

La ICTS Doñana es una infraestructura dependiente de la Estación Biológica y está considerado el mayor laboratorio de campo de Europa. Rubén Rodríguez Olivares, del equipo de Poblaciones de Aves, explica que “la evolución de las aves acuáticas confirma que Doñana responde de manera inmediata cuando dispone de agua”. “La recuperación de la marisma es esencial para la conservación de especies de alto valor ecológico”, apostilla.

Los científicos tienen claro, y el aumento de aves invernantes de este año es el mejor de los ejemplos, que el factor determinante para la llegada de fauna acuática a Doñana es su estado hídrico. Por eso, “la mejora registrada este invierno demuestra el potencial del humedal para recuperarse cuando las condiciones climáticas y la gestión hídrica lo permiten”, se apunta desde la ICTS que, como la propia Estación Biológica, depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Así que Doñana mantiene una legión de problemas, pero si hay agua, hay margen para la esperanza.

Puede decirse que la Semana Santa de hace 90 años, la de 1936 con el Frente Popular en el Gobierno, fue un éxito inesperado. Casi todos los elementos confluyeron para que las cosas salieran mal pero al final no hubo problemas, lo que –pese a los intentos de boicot de la derecha– fue todo un aldabonazo para la izquierda al demostrar que bajo su mando podían celebrarse estos días con normalidad. Todo ello tras una Cuaresma con templos blindados e imágenes ocultas por el temor todavía muy presente de la ola anticlerical de 1931 simbolizada en la quema de conventos, lo que puso en riesgo una Semana Santa que se organizó a contrarreloj ya que la celebración no se confirmó hasta el mismísimo Viernes de Dolores.

El contexto político es que la derecha, tras dos años largos en el Ejecutivo de la II República, queda en shock con la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, a diez días del inicio de la Cuaresma y mes y medio del Domingo de Ramos. La “cuestión religiosa” había estado muy presente en la campaña, y en Sevilla la publicidad electoral hasta hacía referencia al recuerdo de los dos años en los que no hubo procesiones, así que el mundo de las cofradías (con no pocos hermanos mayores de noble abolengo o militantes en formaciones conservadoras) se queda temblando y a verlas venir.

“Se reproduce el mismo mecanismo de 1932: el intento de boicot de las derechas a la izquierda que han recuperado el poder”, y la mejor ocasión está a la vuelta de la esquina, con la Semana Santa, señala Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Entre el talante conservador de muchas hermandades y las presiones que recibieron, en 1932 sólo se atrevió a salir la hermandad de la Estrella y en 1933 no hubo cofradías, problemas que desaparecieron de golpe al llegar la derecha al Gobierno: en 1934 ya procesionaron las más populares y en 1935 se lanzaron todas a la calle.

Ocultación de imágenes por “seguridad”

Lo que es innegable es que hay miedo en el mundillo de las hermandades, “para ellas la vuelta de la izquierda genera un ambiente político enrarecido muy a la contra del establishment cofradiero”, apunta Juan Pedro Recio, autor de Las cofradías de Sevilla en la II República (Abec Editores). “Desde el principio las cofradías adoptan medidas de seguridad bastante extremas”, que tienen su máxima expresión en la ocultación de imágenes simbolizada en la Macarena escondida, rotando por más de un lugar y siendo trasladada en un tosco cajón de madera. “Sólo las devuelven a los templos para los cultos, las vuelven a esconder, las sacan para Semana Santa y de nuevo a ocultarse”, una medida salvó más de una talla de la quema de iglesias que sí se produjo el 18 de julio.

“La ocultación de tallas obedece a que los hermanos mayores, de derechas todos, sabían que iba a haber una sublevación contra la República y prevenían la respuesta iconoclasta”, tercia por su parte el periodista y escritor Antonio Fuentes, autor de La huella borrada (Plaza&Janés), una novela que ahora se va a reeditar y que recrea los vaivenes que sufrió Horacio Hermoso, el último alcalde republicano de Sevilla. Uno de los personajes de esa trama es el entonces cardenal hispalense, Eustaquio Ilundain, que no es de la rama más dura de la Iglesia pero “no quiere celebrar la Semana Santa de 1936”.

¿Y por qué? “Porque desde la mentalidad católica se habla de persecución por la República cuando por ejemplo se deja de dar religión y se quita el crucifijo de las aulas”, responde Leandro Álvarez, que rememora el argumento contra el laicismo que esgrimió el hermano mayor de San Bernardo para no echar la cofradía a la calle en 1932: “¿Cómo voy yo a sacar tranquilo a la calle un Cristo que se lo quitan a mi niño de las escuelas? ¿Quién me garantiza que me lo acatan en la calle, aunque en la escuela no?”.

Altares vacíos e iglesias custodiadas

Como durante el primer bienio de Gobierno de izquierdas, hay un runrún en las hermandades en el que se entrecruzan los argumentos de la falta de seguridad con los de no dar normalidad con las procesiones a “una legislación anticatólica y laica”. Estas ideas son azuzadas por los partidos de derechas, las familias de postín y casi el grueso de la prensa sevillana, prácticamente conservadora en bloque y que roza lo ultra con un diario, La Unión, que no deja de lanzar soflamas.

Con este ambiente, Juan Pedro Recio explica que la Cuaresma transcurre con “muchos altares vacíos e iglesias custodiadas” e incluso fortificadas, con sacos de arena tras las puertas, el blindaje de las mismas y hasta sistemas que puedan repeler líquidos inflamables lanzados desde la calle. “Ahora es cuando varias parroquias contratan por primera vez líneas telefónicas, por si tienen que dar la voz de alarma”, y se toman novedosas medidas de seguridad: la Amargura protege su camarín con una persiana metálica, la Macarena diseña (aunque no lo construye) un elevador que llevaría la imagen a un búnker subterráneo, San Lorenzo instala puertas acorazadas... “y en San Martín hasta hubo hermanos en las azoteas de guardia con fusiles”.

Así las cosas, el gobernador civil (Ricardo Corro) y el alcalde (Horacio Hermoso) garantizan la seguridad a las hermandades si procesionan en Semana Santa, y así todas van aprobando en cabildo sus salidas. La única que no lo hará es Santa Cruz, que alega motivos políticos, como señala Antonio Fuentes, algo que –según las actas de la propia corporación– reivindicará luego con orgullo, como dejó constancia por escrito en una nota al cabildo en que se acordó no salir: reprocha que las demás cofradías “no tuvieron la energía suficiente para mostrar su entereza de hacer pública su protesta más firme”.

El problema de las sillas

Así que garantizada la seguridad (“hubo escolta de guardias de asalto, guardias civiles y cabos del Ejército”, indica Juan Pedro Recio) y superados los reparos políticos por todas menos por una, queda una cuestión por resolver, y es la económica. “Entonces había hermandades que se quedaban sin salir por falta de dinero, la Quinta Angustia por ejemplo sacó ese año 57 nazarenos, había más gente contratada que hermanos”, y es que entonces había que pagar entre otros a los costaleros y al cuerpo de acólitos.

Desde 1934, ya con la derecha en el poder, las cofradías habían dado por buena la fórmula que les ofreció el ayuntamiento de izquierdas para compensar la prohibición de dar subvenciones directas: quedarse con la recaudación de la instalación de las sillas y palcos de la carrera oficial, el trayecto por el que procesionan todas. Esto se hace a través de intermediarios, los silleros, que resulta que no concurren a las subastas de adjudicación ante el temor de que, si las cosas al final se complican, no les salgan las cuentas.

A esto hay que unir el último recurso al que se agarraron lo que tan finamente se conoce como las fuerzas vivas de la ciudad, que fue no sacar sus asientos en los palcos, los asientos más caros y que más rentan a los silleros y, en consecuencia, a las propias hermandades. La lógica es sencilla: si no hay dinero tampoco habrá cofradías porque no tendrán recursos para salir, con lo que al final se materializará el boicot que se había buscado por otras vías.

Acuerdo 'in extremis'

Todo esto acaba con los propios hermanos mayores, angustiados con los gastos que ya habían hecho, pidiéndole al gobernador civil un último intento a la desesperada para desatascar el problema, lo que se consigue en una reunión el Viernes de Dolores en la que los silleros aceptan ponerse manos a la obra. El dinero que falta porque la élite local no saca sus palcos “lo ponen de su bolsillo el Gobierno Civil, la Diputación y el Ayuntamiento”, algo por lo que Antonio Fuentes resalta que los comunistas pedirán cuentas en el pleno municipal.

El gobernador, Ricardo Corro, es obligado a salir a saludar al balcón para recoger los aplausos del gentío que esperaba ante la sede del Gobierno Civil para saber si habría o no Semana Santa. El alcalde, Horacio Hermoso, hace al día siguiente un breve discurso de alcance nacional en Unión Radio confirmando la celebración y animando a toda España a visitar la ciudad, “acudid a la invitación que os hace Sevilla”. Medio año después, ambos son fusilados por los golpistas, recuerda Leandro Álvarez Rey.

“La celebración de la Semana Santa fue un triunfo para la izquierda, porque se intentaba hacer ver que las hermandades sólo podían salir con un Gobierno de derechas”, apostilla, además en un contexto muy complicado porque las autoridades estuvieron por entonces volcadas en las inundaciones del Guadalquivir que sólo en Triana dejaron a 10.000 personas sin hogar y con lo puesto. “Los primeros interesados en que todo saliera bien fueron las propias autoridades republicanas”, añade Juan Pedro Recio, ya que así transmitían un mensaje de normalidad y se garantizaban unos ingresos económicos importantes para la ciudad.

Una Semana Santa sin incidentes

Todas las partes coinciden en que fue una Semana Santa sin incidentes, más allá de la lluvia que dejó a alguna que otra cofradía en su templo y de que, nada más bajarse el telón de esos días, muchas imágenes volvieron a sus escondites. Se puso así colofón a un periodo que, lamenta Antonio Fuentes, se ha estudiado poco en profundidad porque “ha sido mucho más cómodo quedarse en la versión de los buenos y los malos, los cuatro tópicos manidos sobre la II República, que investigar qué fue lo que pasó y por qué razones”.

“Es muy importante que se acaben los bulos y que se investigue con rigor y seriedad”, remacha y corresponde a los historiadores “poner luz” y comprobar que “no hubo violencia contra los religiosos en esos meses”. Aquí pone el ejemplo de un sacerdote del que se aseguraba que fue asesinado pero el propio El Correo de Andalucía, por entonces el periódico de la Iglesia, confirmaba que el fallecimiento fue por causas naturales. Tampoco, asegura, hubo en esas fechas “ni quemas descontroladas de iglesias o tallas religiosas”. Y si las cosas no fueron así en ese momento, “que lo demuestren”.

Lo ha ido repitiendo en las distintas entrevistas que, desde que el lunes convocó las elecciones andaluzas para el 17 de mayo, ha ido concediendo: teme que los suyos den por hecha la victoria, así que el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha espoleado este miércoles a su Junta Directiva Autonómica para que no se duerma en los laureles. “Esto no está ganado, ni mucho menos”, ha insistido, a la vez que ha proclamado a su formación como “el partido de las clases medias y trabajadoras”, y no sólo eso, sino que es “el que mejor las entiende y sintoniza con sus sueños, anhelos y deseos”.

En un discurso que arrancó al son de la canción Alas, de Shinova, (“el momento perfecto es ahora...”), Moreno ha presentado un eufórico balance de resultados, atribuyéndose desde su llegada a San Telmo en 2019 “un proceso de cambio y transformación como nunca había vivido nuestra tierra”. Ha desgranado una cascada de datos, ha defendido que todos los servicios públicos están mejor ahora e, insistiendo con las clases medias y las más vulnerables, se ha ufanado de que “han crecido en prosperidad” porque la renta media por hogar se ha incrementado un 40% estos años, de ahí que considere “fundamental continuar este proyecto”.

Para ello es clave superar la cierta sensación entre los suyos de que la victoria el 17M está asegurada, de ahí que haya utilizado su discurso para dar un aldabonazo. “Quedan 53 días de trabajo, no os confiéis”, animándoles a lanzarse a la calle “con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila” porque representan a un “Gobierno que dice la verdad”. Eso sí, le quedan “muchas cosas por hacer” porque “la ambición de convertir a Andalucía en la locomotora de España todavía no ha concluido”.

Silencio con Vox y a la carga contra el PSOE

Y es que el PP no sólo busca la victoria, sino reeditar su actual mayoría absoluta “para no depender de nadie, ser libres e independientes para defender los intereses de los andaluces”. Así que la fórmula es la misma que tan buenos resultados le dio en 2022: aunque en ningún momento ha hecho referencia a Vox, ha vuelto a insistir en que votar al PP es la mejor opción para evitar los sobresaltos de un Gobierno inestable, un PP que “no hay duda de que defiende los intereses de Andalucía mejor que nadie, abierto, moderado e inclusivo”.

De Vox no ha dicho ni media palabra, pero al PSOE sí le ha dedicado una parte sustancial de su intervención. “No entremos en la campaña que han diseñado en Ferraz”, la sede nacional de los socialistas, ya que “el sanchismo lo inunda todo, sólo sobrevive en la división y la confrontación, lo van a hacer mucho”. Así que ha animado a Pedro Sánchez a que venga a la campaña –“esto es España, no tenemos ningún problema”–, pero advirtiendo a los suyos de que “va a venir a confrontar, tensionar, buscar el cuerpo a cuerpo e intentar provocarnos”.

“Os pido que no entremos en la provocación”, empujando a los suyos a “trabajar con humildad y máximo respeto a nuestros adversarios”, con lo que de paso abona el perfil moderado del que hace gala. “Esa es nuestra forma de entender la política y la que vamos a seguir practicando”, la que ha vuelto a reivindicar como la “vía andaluza”, y que ha hecho del PP andaluz “un proyecto de mayoría que abarca a las clases medias y trabajadoras y donde cabe todo el mundo”. “Os pido que no perdamos nuestro libro de estilo, otros que se sienten poderosos, que hagan lo que quieran”, ha apuntado en referencia al arranque de la precampaña de la candidata socialista, María Jesús Montero.

El PP frente a “proyectos antiguos”

Moreno ha criticado también que sus oponentes “quieran hacer ver que esto va de blanco o negro, eso son fórmulas de hace 20 años, proyectos antiguos que no conectan con la realidad de Andalucía”. A su juicio, así evidencian que “no se han dado cuenta de nada”, a lo que ha contrapuesto un PP que “cumple con la palabra dada” y sitúa el interés de los ciudadanos “por encima de todo” al margen del “politiqueo”.

“Estamos en lo que tenemos que estar”, que es “el respeto al adversario, la centralidad en la vida pública y la estabilidad”. “Esto es un marco de convivencia que funciona”, ha presumido, y que “nos diferencia del resto de territorios en España y está a años luz de lo que pasa en el Gobierno de España”.  

“Andalucía es hoy una realidad completamente distinta, una realidad pujante y una economía sólida capaz de competir y codearse con las regiones más prósperas de España”, ha repetido. “Hemos hecho un imponente esfuerzo en los servicios públicos”, todo ello pese a que la comunidad está “infrafinanciada” y “sin el cariño y el respeto del Estado”.

“Así que quedan 53 días de esfuerzo, compromiso, dedicación y cariño para nuestros paisanos, que son para los que trabajamos”, insistiendo una y otra vez en la necesidad de no confiarse. Sólo así podrá mantenerse “este proyecto tan bonito que hemos construido”, una propuesta política “pegada a la tierra” y que es la que mejor representa a Andalucía, como tanto insistía el PSOE en sus años de bonanza en el Ejecutivo andaluz.

Sí pero no: Podemos está por la construcción de una izquierda fuerte, pero no aclara si considera viva la coalición Por Andalucía en la que formalmente está integrada en el Parlamento andaluz. Su secretaria general estatal, Ione Belarra, ha participado en Sevilla en el pistoletazo de salida de la precampaña de su partido para las autonómicas (que serán en junio como muy tarde), pero no ha desvelado ni si mantiene conversaciones con el resto de formaciones, de hecho ha venido a decir que “quien quiera sumarse a construir una izquierda verdaderamente transformadora”, que se una ellos, porque lo que hay ahora “no vale para pararlo los pies a Moreno Bonilla”.

De esta manera, y en declaraciones previas a los periodistas, ha dejado las cosas como están y como ya es sabido, con Por Andalucía (liderada por IU y con Antonio Maíllo como candidato) por un lado y, por otro, un Podemos que presenta como cartel al parlamentario Juan Antonio Delgado. Y como telón de fondo, los malos resultados electorales en Aragón y Castilla-La Mancha –donde ya no cuentan con representación– y un frente abierto en Andalucía ante la apuesta clara por la integración de su secretaria general, Raquel Martínez. Una Raquel Martínez, por cierto, que no ha estado presente al encontrarse de baja.

“Vamos a intentar construir la candidatura más fuerte de la izquierda”, ha apuntado como mucho Belarra, que ha insistido en que el objetivo en Andalucía “es el mismo que tenemos en el conjunto del país, poner a la izquierda en pie para que en Andalucía haya una izquierda fuerte”. “Que quede claro a todo el mundo que Podemos va a hacer todo lo que pueda y va a construir las candidaturas más amplias posibles para conseguir ese objetivo y echar a las derechas”, una intención que por ahora sólo ha atraído a su lado a Alianza Verde.

“No plegarse al PSOE”

La líder de Podemos ha puesto el acto que protagonizarán Irene Montero y Gabriel Rufián como ejemplo de su predisposición a ampliar frentes, aunque a la hora de la realidad eso no se traduce en nada práctico en Andalucía. “Quien quiera recuperar una izquierda valiente que no esté plegada al PSOE puede contar con Podemos y Podemos va a estar siempre ahí”, ha reiterado, negando que existan líneas rojas de partida y subrayando que, más allá de alianzas, “la clave está en recuperar la capacidad de transformación social”.

En este sentido, ha incidido en cómo actúa el Gobierno de Pedro Sánchez si está Podemos o no, lo que puede interpretarse como una enmienda a la totalidad a la labor de Sumar (que lidera Yolanda Díaz) en el Ejecutivo central. Belarra ha sacado pecho con el tope al precio del gas, las leyes feministas, la Ley de Vivienda o un escudo social “poniendo a la gente a cubierto”. “Eso, lamentablemente, se ha perdido y ahora lo que hay que hacer es recuperarlo para poder volver a transformar”.

El acto de Montero y Rufián es a su juicio un paso para que “la izquierda se ponga al frente y la gente se sienta orgullosa de ser de izquierdas”. “Es lo mismo que estamos haciendo en Andalucía, todo lo que esté en nuestra mano para que haya una izquierda valiente, orgullosa, que defienda la verdad el 'no a la guerra', que no apueste por un Gobierno de rearme y que no se trague todo lo que plantea el PSOE”.

“Pararle los pies a Moreno Bonilla”

“Vamos a hacer lo que hay que hacer, que es intentar construir la candidatura más fuerte de la izquierda y que permita recuperar la capacidad de transformación social, porque es evidente que con lo que hay en este momento no vale para pararle los pies a Moreno Bonilla”. Desde ese punto de vista, considera que la legislatura en Andalucía ha sido inútil para la izquierda, “y nosotras queremos ganarle a la derecha, para eso sirve Podemos, para demostrar que cuando se gobierna para la gente se puede parar a las derechas”.

En el acto en sí, los mensajes de los principales intervinientes han ido dirigidos a reavivar la llama del “sí se puede” y en reivindicar el objetivo de frenar a la derecha, pero sin alusiones a pactos, alianzas o frentes comunes. Tampoco ha hecho mención a ello el candidato, Juan Antonio Delgado, que previamente se centraba en arremeter contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), que por un lado dice que habrá guarderías gratis para niños a partir de un año y por otro ha impulsado seis universidades privadas y la sanidad pública andaluza es la peor valorada de España.

“Dice que va a hacer una cosa pero los antecedentes políticos, que no los penales que también los tiene por corrupción, demuestran que hace todo lo contrario”. Por ello, ha alertado a la ciudadanía sobre los que vienen con “publicidad engañosa, con esos crecepelos de decir que van a hacer una cosa y luego la realidad es muy distinta”.

El Ayuntamiento de Sevilla ha formalizado este jueves en pleno, con los votos de PP y Vox, la propuesta de la formación de ultraderecha para prohibir el uso del burka y el niqab en las dependencias municipales, aunque admite que por ahora no podrá aplicarla. El motivo es el mismo que se viene pregonando desde que se conoció la iniciativa: hoy por hoy no tiene cobertura legal, y no se pondrá en marcha hasta que la tenga, todo ello el mismo día que el gobierno local del PP ha cedido el Alcázar al partido de Santiago Abascal para un acto sobre el “impacto económico negativo en el Estado de Bienestar” de la inmigración.

Fuentes municipales han señalado a este periódico que la limitación del burka “no se sabe si se podrá aplicar, eso es algo que tendrá que decirlo el Estado”. El PP considera que su compromiso era aprobar la iniciativa de Vox como ya dijo que haría en la Comisión de Control del pasado viernes, pero que a partir de ahí “se aplicará si tiene cobertura legal”, algo de lo que carece en este momento.

“El Ayuntamiento no puede incumplir la ley”, se apostilla, a la vez que se hace referencia a la proposición de ley presentada en el Congreso por el PP hace un mes, sólo dos días después de que no fructificara una iniciativa en la misma línea auspiciada por Vox. PP y Vox unieron entonces sus votos, pero al desmarcarse Junts no lograron la mayoría suficiente.

No se ha solicitado informe jurídico

Así que el pleno municipal ha aprobado una iniciativa que el alcalde, José Luis Sanz (PP), va a meter en el cajón de momento hasta que tenga respaldo legal. De hecho, el propio portavoz del gobierno local y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ya reconocía en el debate del viernes que existen dudas legales sobre la posibilidad de implantar esta medida e incluso barajó la posibilidad de solicitar un informe jurídico. Finalmente, no se ha dado este paso y se esperará a que haya un marco normativo estatal.

Todo ello pese a que el portavoz adjunto de Vox, Gonzalo García de Polavieja, insistía en el pleno en que existe el suficiente amparo legal. Y si es verdad que el Tribunal Supremo puso en 2013 limitaciones, se ha agarrado a que posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado margen (aunque no en el sentido esgrimido) y la propia Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (la Ley Mordaza) establece la prohibición de ir con el rostro totalmente cubierto “excepto por razones de seguridad, salud o necesidad”.

La propuesta de Vox se arropa con motivos de seguridad, mientras que el PP (que no ha usado su tiempo en la sesión plenaria para explicar el sentido de su voto) se ha subido el carro revistiendo su apoyo de feminismo al condenar la imposición de estas prendas a la mujer. “Lo disfrazan de feminismo después de votar 'no' a una moción de igualdad”, le ha afeado a los populares la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, que ha lamentado que “Vox pone la islamofobia y el racismo y ustedes dócilmente le ponen los votos”.

“Inútil, injusta y basada en el odio”

“Están blanqueando una realidad cada vez más evidente, que pretenden ser exactamente igual que la ultraderecha”, ha continuado. “Estamos en contra del burka, pero no desde la prohibición y la autoexclusión de las mujeres”.

Desde Podemos-IU, su portavoz, Ismael Sánchez (IU), ha incidido en que estamos ante una propuesta “jurídicamente dudosa” por la senda que trazó el Tribunal Supremo, así que a día de hoy “no hay una cobertura legal suficiente”, como posteriormente se ha admitido desde el propio gobierno local. Y como no salió la iniciativa en el Congreso en un primer intento, “traen este disparate al pleno”.

Después de subrayar –“para que no quepan dudas”– que “no queremos que nadie imponga o decida cómo tienen que vestir las mujeres”, ha cargado contra una moción “inútil, injusta y basada en el odio”. “Es un problema inventado para generar confrontación y discriminación”, y encima hecha “desde el paraguas de una falsa neutralidad”.

Cesión del Alcázar para un acto contra la inmigración

Todo esto no ha arañado ni un ápice la satisfacción con la que Vox se ha marchado del pleno llevando bajo el brazo su propuesta aprobada, lo que ha compaginado con la reunión que ha mantenido en la propia casa consistorial para recibir a Samuel Vázquez, su portavoz nacional de Seguridad, que ha vuelto a relacionar inseguridad ciudadana con inmigración. La jornada se ha rematado horas después con la presentación del informe La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar, en el que Vázquez ha estado arropado por cargos provinciales y autonómicos de su partido.

El estudio no es precisamente nuevo, pero sí ha sido atípico el escenario elegido para lucirlo, nada más y nada menos que el Real Alcázar de Sevilla. Eso ha sido posible gracias a que lo ha cedido para la ocasión el gobierno local del PP, que siempre alega en estos casos que el uso del monumento está abierto a todas las propuestas que se presenten, ya sean políticas, económicas, sindicales o ciudadanas.

El grueso libro de la relación entre las hermandades y el poder político ha escrito su último capítulo en Sevilla, donde el Gobierno andaluz ha firmado un acta oficial para formalizar a la Virgen del Socorro (de la cofradía del Amor) como patrona de los servicios de urgencias y emergencias. A cambio, la corporación se compromete a “dedicar oraciones e intenciones dentro de sus cultos” por los profesionales, además de facilitar reproducciones de la imagen para que presidan, “de forma voluntaria”, las salas del 061 y sus bases asistenciales.

La ceremonia tuvo lugar el martes tras una misa de la corporación en su sede de la iglesia del Salvador de Sevilla, un acto de rubricación que presidió el propio consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz (PP) y al que se procedía a propuesta de la hermandad y con el visto bueno de un Arzobispado que es el que formaliza esta iniciativa. El documento valora que la advocación de Nuestra Señora del Socorro (obra de Juan de Mesa en el siglo XVII) “simboliza, desde su origen, el auxilio inmediato y el amparo ante la urgencia”, unos valores que la Junta considera que “coinciden plenamente con la misión de servicio público de urgencias y emergencias: atender con prontitud y eficacia las emergencias sanitarias de la ciudadanía”, tal y como ha informado la propia Junta de Andalucía.

En el documento se establecen líneas de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la hermandad, que se compromete a “dedicar oraciones e intenciones dentro de sus cultos por la salud y seguridad de los profesionales” de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, unas prédicas que también se ofrecerán por el eterno descanso de los pacientes fallecidos. Además, se facilitarán reproducciones de la imagen de la Virgen del Socorro para que puedan presidir, “de forma voluntaria”, las salas de coordinación de emergencias sanitarias 061 y bases asistenciales que lo soliciten.

Promover entre los profesionales los valores de la patrona

El acta designa a la Dolorosa como patrona y protectora de estos servicios en Sevilla, entendiendo este patronazgo como un “vínculo de protección espiritual” para los profesionales del servicio y de “amparo para los pacientes atendidos que así lo deseen”. Tras la firma del documento (rubricado por el hermano mayor de la cofradía, Juan Cruzado), varios profesionales sanitarios que integran los servicios de urgencias y emergencias presentes en el acto han participado en el traslado de la imagen a su paso –con el rezo de la Vía Dolorosa– para su salida procesional del próximo Domingo de Ramos.

El documento, por su parte, compromete al Centro de Emergencias Sanitarias 061 a “promover entre sus profesionales los valores de humanización y socorro que simboliza la patrona”. A ello hay que añadir una colaboración técnica con la hermandad mediante la organización de charlas y actividades formativas sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), que irán dirigidas a los hermanos y a la comunidad parroquial.

La proclamación del patronazgo ha sido firmada también por el director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, José María Villadiego, en una ceremonia en la que ha estado presente toda la plana mayor de la Consejería de Sanidad. De esta manera, en el acto estuvieron desde el viceconsejero de Sanidad hasta el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, así como la delegada provincial de Sanidad, la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los directores generales del SAS, los directores gerentes de hospitales y áreas de gestión sanitaria y el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

“Nosotros somos una especie de guerreros que vamos a llegar los primeros a todos sitios”. Así describe el intendente principal de la Policía Local de Sevilla, Manuel Corregidor, la nueva unidad de la que es jefe directo, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), una especie de cuerpo antidisturbios con uniforme negro, boina roja (o más bien carmesí, “el color de la bandera de Sevilla”) y que luce como emblema al Cid Campeador, en la versión local de la escultura que modeló en bronce Anna Hyatt Huntington en 1927 y que se alza en el Prado de San Sebastián.

El nuevo cuerpo se presentó el martes y este mismo miércoles ha empezado a estar operativo dejándose ver por la barriada de El Cerezo, donde el ambiente se ha caldeado en las últimas semanas y ha propiciado hasta la aparición de patrullas vecinales en respuesta –en teoría– a la abundancia de gorrillas en la zona. El Ayuntamiento hispalense define con toda pomposidad al GAR como “un grupo táctico” y “equipo de élite” formado por 36 agentes (30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un intendente principal) al que le han dado como sede las hasta ahora abandonadas Naves de la calle Calatrava.

Corregidor resalta que estamos ante una unidad de intervención “con vocación de cambiar mucho la dinámica operativa en los barrios”. El objetivo es dar respuesta rápida a situaciones más delicadas, tradicionalmente más asociadas a la Policía Nacional. El intendente, por cierto, ha subrayado el hecho de que “vestimos de manera distinta como todas las unidades especiales de todos los cuerpos policiales”, y ha defendido que “una imagen tan sevillana como la estatua del Cid Campeador, que representa un luchador y un guerrero como vamos a ser los miembros del GAR, está claro que tenía que ir en nuestra uniformidad”.

“Petición histórica de la Policía Local”

El alcalde, José Luis Sanz (PP), asistió a la puesta de largo del nuevo grupo, lo que aprovechó para recordar que es un “compromiso cumplido” por su parte en sólo tres años. Además, subrayaba que el GAR va a suponer “un apoyo inestimable para el resto de la plantilla”, además de que así se da respuesta a una “petición histórica” de la propia Policía Local sevillana. De paso, también lo ponía como ejemplo “una apuesta por las cosas bien hechas”.

El Consistorio detalla que el GAR nace para dar respuesta a aquellas situaciones que deben ser “abordadas por un equipo con cualificación específica”. “El ciudadano va a notar la llegada de esta nueva unidad, es una herramienta que necesitaba la Policía Local para seguir creciendo, no sólo en su plantilla y su dotación sino también en su versatilidad y cualificación para poder resolver problemas”, esgrime el regidor.

“La forma de trabajar del GAR será su seña de identidad y se notará no solo por su uniformidad sino por su forma de desplegarse y de estar en cualquier dispositivo”, incide Sanz. Esto lo ha acompañado con la reflexión de que “Sevilla es una gran ciudad que sin perder su esencia no deja de crecer y de modernizarse para afrontar nuevos retos por eso necesitamos que la Policía Local, nuestra policía, siga creciendo al igual que la ciudad a la que sirve y protege cada día”.

Equipo para asaltar inmuebles

Por su parte, el intendente principal, Manuel Corregidor, ha explicado que el grupo se ha formado tras una convocatoria interna en el cuerpo a la que siguió un proceso de selección en el que “fuimos muy exigentes” con la certeza de que es la única garantía de que el GAR “acabaría teniendo éxitos muy rotundos”. A esto siguió una fase de formación con expertos de Policía Nacional, Guardia Civil y Fiscalía.

Los integrantes del equipo han sido así instruidos en técnicas y tácticas de intervención policial, pero también en auxilios policiales, policía científica, armamento, defensa personal policial, formaciones y despliegues. “Una formación muy específica para el tipo de trabajo que van a desarrollar en la vía pública”, y que además se va a mantener de manera continuada.

Otra de las señas de identidad del GAR son los vehículos, todoterrenos “que nos van a dar una gran versatilidad”. Cuentan con protecciones frontales para salvaguardar la zona acristalada, y en la parte trasera disponen de “toda la equipación necesaria para llevar a cabo asaltos a cualquier tipo de inmueble o para llevar a cabo los dispositivos estáticos de control”.

Se suele decir que, tras el golpe de Estado de Francisco Franco en 1936, en Sevilla no hubo guerra, pero sí una larga y durísima represión. La capital hispalense fue –y de manera inesperada– la primera gran ciudad en caer en manos franquistas tras la que fue la batalla fundacional del conflicto en la Península Ibérica. En tres o cuatro días, los golpistas liquidaron los conatos de resistencia, sobre todo en barrios obreros como Triana, la Macarena o San Bernardo. Y precisamente muchos obreros fueron a partir de ahí depurados, como ahora refleja de manera muy gráfica la documentación que ha salido a la luz en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla sobre cómo fue en la Fábrica de Tabacos el proceso de busca y captura de izquierdistas y sindicalistas.

El sorpresivo golpe de mano en la capital y la posterior represión tuvo nombre y apellidos: Gonzalo Queipo de Llano, el general que asumió el mando del Ejército del Sur golpista y fue responsable directo de la muerte de más de 45.000 personas, 14.000 de ellas en Sevilla. Ahora ha sido un estudiante de Historia de la UPO en prácticas el que se ha topado con un ejemplo más de cómo funcionaron las cosas una vez tomada la ciudad, al encontrarse con una carpeta marcada como 'Confidencial' y 'Muy reservado' en el Archivo Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura.

Este archivador de fuelle almacenaba toda la documentación que se intercambiaron el Gobierno Civil ya en manos franquistas y la dirección de la Fábrica de Tabacos, por entonces perteneciente a la empresa estatal Compañía Arrendataria de Tabacos, en los meses posteriores a julio de 1936. Y refleja al detalle el modus operandi: cartas pidiendo listados según la ideología, órdenes de apartar a trabajadores, informes personales... Este mecanismo se repitió en todos los grandes centros de trabajo en una ciudad que por desgracia se acostumbró a los fusilamientos, como muestran las grandes fosas de Pico Reja o Monumento.

“Refleja la época más dura de la represión”, explica el director del Archivo Histórico, Braulio Vázquez, que señala que el archivo completo de la Fábrica de Tabacos les fue entregado en 2021, nada más y nada menos que en 3.500 cajas. El proceso, por lo tanto, es lento y laborioso, “harían falta diez vidas para clasificar todo lo que nos llega”, ya que se custodia la documentación administrativa histórica, los protocolos notariales del distrito de Sevilla y fondos de muchas empresas, como la naviera Ybarra, la Fábrica de Vidrio o La Cartuja Pickman.

Amigo de Azaña y Casares Quiroga

“Se investigó a todo el personal, desde peones a ingenieros”. De uno de ellos, el teniente de Artillería retirado Fernando de Bedia Alfaro, se detalla por ejemplo que “desde luego este funcionario no se ocultaba de profesar ideas extremistas de la extrema izquierda”, y se le reprocha incluso que hacía gala de “su amistad con los señores Azaña y Casares Quiroga”.

La dirección de la fábrica detalla que este ingeniero fue detenido por orden del mando militar el 22 de julio de 1936, “y desde entonces continúa en prisión y procesado, al parecer como desafecto al movimiento”. De hecho, el encabezamiento de su informe lleva el revelador título de “Relación de los funcionarios de esta fábrica que por su conducta anterior y posterior al movimiento de España se consideran contrarios a éste”. Pese a ello, la dirección cree que “no tomó parte activa en la propaganda del Frente Popular”, algo que “todo el personal hacía con el mayor descaro sin tener necesidad de excitaciones”.

Pedro Parias, el militar al que Queipo de Llano pone como gobernador civil el mismo 18 de julio, es el que en septiembre de 1936 envía una carta al director de las instalaciones para pedirle que remita, “a la mayor brevedad posible”, una relación del personal que haya cesado “en virtud de las disposiciones contenidas en el bando por el que se declaró el estado de guerra”. Reclama asimismo que se detallen los puestos que ocupaban.

Análisis del comportamiento íntimo

“En algunos casos se piden explicaciones por trabajadores que no están acudiendo a su puesto de trabajo, porque se sospecha que son izquierdistas que han huido, y resulta que están combatiendo en el frente en el bando franquista”, señala Braulio Vázquez, que apunta lo vistoso del caso con ese etiquetado de 'Muy reservado'. La investigación se llevó a cabo tanto en el personal masculino como en el femenino, con mucha presencia siempre en la Fábrica de Tabacos, y en algunos casos “se entra incluso en el comportamiento íntimo”, como cuando de una trabajadora “se dice que está casada pero liada con su jefe”.

En otra misiva, rubricada también por Parias, se adjunta un listado de trabajadores de los que se exige que “cesen inmediatamente” en sus funciones. “Los individuos incluidos en la adjunta relación”, apunta el gobernador civil, “pertenecían unos a los cuadros dirigentes de las organizaciones en lucha contra el Ejército de España y eran otros colaboradores de dichos elementos”.

Hay informes, en cambio, que son positivos, con todas las cautelas del mundo. De una trabajadora (Luisa de Castro Salas, detenida en noviembre de 1936) se detalla que llevaba una década como liadora de tabaco y que “ha observado siempre buena conducta, no actuó en política y en su trabajo se distinguió por su buena labor”. Eso sí, se detalla que eso ocurrió “dentro de la fábrica”, fechándose el breve documento el 29 de agosto de 1939, “Año de la Victoria”.

Ahora se sigue trabajando en la clasificación, con la prioridad puesta en la macrodescripción de la documentación para orientar a investigadores e historiadores, que poco a poco serán los que vayan profundizando en este mar de papel. Andado el camino se llegará también a la digitalización del material, como se viene haciendo en un Archivo Histórico Provincial que custodia documentos fechados entre 1441 y el siglo XXI que ocupan diez kilómetros lineales de estanterías. Como insiste Braulio Vázquez, aquí el trabajo “no se acaba nunca”.

La Casa de Alba considera que una de las últimas decisiones del juez en el caso de los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, le genera “una indefensión que debe ser reparada”. El instructor, que investiga un posible delito contra el medio ambiente, ha desechado citar a declarar a uno de los dos peritos propuestos por la defensa, que entiende como vital ya que considera que su testimonio “podría conducir a un sobreseimiento temprano” de la causa, evitando así la continuación de un procedimiento penal “con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Así se recoge en un recurso de reforma presentado en respuesta al último auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en el que denegó la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso y sólo aceptó que testifique uno de los dos peritos propuestos por la defensa. En concreto, ha citado para el 21 de abril al experto que hizo el informe ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil –que además cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” por el pirateo de agua–, pero ha desestimado tomar declaración al técnico que hizo un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas.

El magistrado no lo considera necesario “dado que la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, lo que para la defensa –y dicho “con el debido respeto”– es una “fundamentación insuficiente”, además de que “no tiene sentido” que se admita la ratificación pericial de unos informes pero no de otros. Asimismo, garantiza que esto no supondrá ningún retraso para la instrucción, ya que ofrece que el testimonio de los dos peritos se oiga el mismo día.

“No se ha cometido infracción alguna”

La Casa de Alba insiste en que, aunque tuviera pozos sin licencia, nunca ha sacado más agua de los 605.000 hectómetros cúbicos anuales que tiene concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para regar, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil en su demoledor informe. La defensa, en cambio, postula que no se ha superado lo permitido y que, en consecuencia, “no se ha cometido infracción alguna y mucho menos daño alguno al dominio público hidráulico” por parte de su cliente, la empresa Eurotécnica Agraria, que en estos momentos preside Cayetano Martínez de Irujo pero que en el momento de los hechos comandaba su hermana Eugenia.

Según esta línea argumental, el recurso plantea que lo que procedería es “el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias”. Pero para ello es clave que se tenga en cuenta al perito al que no se ha citado, que iba a trasladar al juez información sobre la instalación de riego existente en la finca, sistemas de control de extracción de agua y modelo de cultivo. “La ratificación de su informe es indudablemente necesaria”, en resumen, para conocer cómo se ha regado en Aljóbar estos años y qué cosechas se han obtenido.

“Un perjuicio irreparable”

La ausencia de este experto contratado por la Casa de Alba “impide a esta defensa introducir en la causa elementos de descargo que considera cruciales, generando una indefensión que debe ser reparada”. Y aunque admite que sus argumentos se podrían escuchar en un hipotético juicio, considera que es “esencial” la práctica de esta diligencia en la actual fase de instrucción.

Posponer este testimonio “podría causar un perjuicio irreparable”, ya que esgrime que “su resultado podría conducir a un sobreseimiento temprano”. Esto, se subraya, evitaría “la continuación de un procedimiento penal con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Los hermanos del duque de Alba esquivan el juzgado

La investigación se ha enfocado en Eurotécnica Agraria y su responsable, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como imputado desviando así el foco del consejo de administración de la compañía. En éste, según el informe de la Guardia Civil, se sientan sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba.

El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según la investigación del instituto armado es administrador y miembro de este consejo en representación de su progenitor. Éste se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

La defensa sostiene que el máximo responsable es este sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba, cuya imputación ha llegado a solicitar la Fiscalía. No obstante, y tras un cuestionamiento del juez al respecto, el Ministerio Público ha centrado su atención en el administrador de la empresa porque sería la única vía para reclamar responsabilidad penal, lo que ha permitido que los Martínez de Irujo se libren por ahora de comparecer ante el juez.

El conflicto en el que se entrecruzan la comunidad científica, las administraciones y las empresas por los vertidos mineros al Guadalquivir ha entrado este martes en una nueva etapa, al dar el Ayuntamiento de Chipiona (gobernado por una coalición entre Unidos por Chipiona e IU) el paso de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Todo ello, tras un nuevo estudio científico en el que han participado profesores de las universidades de Cádiz, Granada y Sevilla que insiste en la creciente presencia de metales pesados, mientras las minas y el Gobierno andaluz –que ha dado las licencias– defienden la viabilidad de los proyectos.

La Universidad de Sevilla ha sido el escenario de una multitudinaria puesta en escena, en la que algunos de los investigadores que firman el último trabajo (publicado en la prestigiosa revista Oxford Academic) han sido arropados por ayuntamientos ribereños, ecologistas y representantes de los sectores pesquero y agrícola. El “miedo” que han expresado ha sido común: el empeoramiento del estado del río que provocará el aumento de vertidos de las minas Cobre Las Cruces y Los Frailes (la de Aznalcóllar) será una catástrofe ambiental que liquidará el medio de vida de miles de familias.

El punto de partida sería el que las autorizaciones de vertidos concedidas por la Junta de Andalucía “están mal hechas y no tienen fundamento científico”, lo que según el estudio “multiplicaría por diez” la contaminación que en estos momentos sufren el estuario y la desembocadura del Guadalquivir. Esto, denuncian los autores, “supone un riesgo para los ecosistemas, la producción de alimentos derivada del río, como la pesca, la acuicultura y la ganadería, y para la salud pública”.

Primera denuncia en la Fiscalía

Desde la Consejería de Industria, Energía y Minas, en cambio, defiende que las autorizaciones ambientales concedidas a ambos proyectos “garantizan el cumplimiento de los límites legales establecidos para el desarrollo de cualquier actividad ya sea agrícola, residencial, industrial o minera, entre otras”. Y se ha vuelto a poner el acento en que los proyectos mineros “cuentan con todos los informes y autorizaciones preceptivos que avalan el cumplimiento de la legalidad y de la normativa vigente, y tienen una especial vigilancia de la protección ambiental”.

En la misma línea se expresan las dos iniciativas mineras, que subrayan que cuentan con todos los permisos administrativos y ambientales necesarios. Desde ambas empresas se reitera que han sido sometidas a exhaustivos controles durante una tramitación oficial que se ha prolongado durante bastantes años.

Pero al alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero (del partido Unidos por Chipiona), le convencen más los argumentos científicos que los administrativos, de ahí que haya dado el paso de presentar una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito ambiental que ha provocado la contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar, así como del estuario del Guadalquivir. “Esto va por donde tiene que ir, que es por lo penal, espero que la Fiscalía tome medidas”, ha insistido Aparcero, que ha alertado de los efectos sobre la salud y del impacto económico de este problema.

El regidor ha abierto la posibilidad al resto de colectivos y administraciones presentes a sumarse a esta denuncia, aunque inicialmente lo que se barajó es que cada parte presentara la suya propia. De hecho, la organización de consumidores Facua ha anunciado que irá por su parte al apreciar riesgos graves para la salud y la seguridad alimentaria, por lo que ha instado a la Fiscalía a tomar medidas cautelares en aplicación del principio de precaución.

Comité científico y moratoria

Aparcero es una de las voces que más alto está hablando dentro del frente común que se ha creado, que incluye a organizaciones agrarias como COAG y cofradías de pescadores, además de los por los ayuntamientos gaditanos de Chipiona, Rota (PSOE), Sanlúcar de Barrameda (IU) y Trebujena (IU). También están las localidades sevillanas de Camas (PSOE), Coria del Río (Andalucía por Sí), Isla Mayor (PSOE), Lebrija (PSOE), Los Palacios (IU) y La Puebla del Río (DeLaPuebla e IU), un conglomerado que hace un año entregó una carta a Juan Manuel Moreno en San Telmo con una doble petición que se mantiene: crear un comité científico independiente que analice la salud del río y, mientras tanto, que se aplique una moratoria que paralice los proyectos mineros.

En cuanto al artículo ahora publicado –el último de una larga serie de investigaciones en esta línea–, califica de “simplistas” los modelos de impacto utilizados por las empresas y la administración, porque no integran el papel de los sedimentos, la biota ni los efectos acumulativos y sinérgicos de dos vertidos coincidiendo en la misma zona. Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla y primer firmante del estudio, ha desgranado que se está produciendo una “contaminación con efectos ecotóxicos” no sólo Guadalquivir abajo desde los puntos de vertido, sino también aguas arriba entre La Puebla del Río, Sevilla y la presa de Alcalá del Río.

Los autores hablan de concentraciones de cientos de kilos de metales como zinc, cobre, arsénico y níquel, cuyas partículas contaminadas permanecen durante largos periodos dentro del estuario, lo que dificulta su exportación hacia el mar abierto. El trabajo recuerda, además, que la exposición crónica a estos contaminantes se ha vinculado en la región a problemas como mayor riesgo de cáncer de vejiga o efectos sobre el desarrollo cognitivo infantil, “lo que refuerza la preocupación por las descargas en un entorno densamente poblado”.

Las empresas se defienden

En cuanto a las compañías que están en el punto de mira, Cobre Las Cruces esgrime que su nuevo proyecto ha sido sometido a “un examen exhaustivo y muy exigente” por parte tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España. De paso, se recuerda que el pasado mes de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó una denuncia de Ecologistas en Acción y validó las autorizaciones ambientales recibidas, además de rechazar los informes universitarios sobre un presunto daño ambiental al Guadalquivir derivado de la actividad de la mina.

“Cobre Las Cruces cumple escrupulosamente todas las obligaciones de la normativa en materia ambiental”, añade. Y también esgrime un estudio universitario, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad de Sevilla, que concluye que su actividad industrial “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Este análisis técnico ha sido minimizado por los autores que insisten en el riesgo de los vertidos, ya que consideran que sido encargado y pagado por la propia empresa.

Desde Minera Los Frailes, que recibió el pasado mayo el permiso definitivo, se resalta por los estudios realizados en los últimos diez años “descartan cualquier riesgo de contaminación en el río Guadalquivir asociado al proyecto de Aznalcóllar”. “Los niveles resultantes del vertido tratado se situarán muy por debajo de los límites establecidos por la normativa ambiental vigente, una de las más exigentes del mundo”, a lo que añade que el sistema contará con controles diarios en varios puntos del río y revisiones periódicas de los datos por parte de un ente externo e independiente.

Asimismo, se recuerda que este proyecto “es la solución para abordar el pasivo ambiental existente en la zona de Aznalcóllar, consecuencia de la actividad minera del pasado”. Esto permitirá restaurar “de forma definitiva” alrededor de 600 hectáreas afectadas por la minería histórica, “resolviendo un problema ambiental heredado y recuperando el entorno para el futuro”.

La instrucción de la causa por los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en una de sus fincas –Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar– está a punto de cerrarse. Así lo ha manifestado el propio magistrado en un auto en el que deniega una nueva prórroga de seis meses (como pedía la Fiscalía) y en el que manifiesta que sólo queda por testificar un perito de la defensa. Esto, asimismo, implica que los hermanos Martínez de Irujo cuya imputación ha solicitado la fiscal se libran –al menos en esta fase– de tener que comparecer en el juzgado, aunque habrá que esperar al cierre de la instrucción y al escrito de acusación del Ministerio Público para saber si salen de la causa.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ido concediendo prórrogas de seis meses en un caso que estalló en 2023, cuando la Guardia Civil precintó estos puntos de extracción después de que inicialmente les cerrasen las puertas de la hacienda. El plazo de la última expiró este domingo, 8 de marzo, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó que se volviera a conceder por la “especial complejidad” del caso, algo que el magistrado ha denegado pese a que la defensa no se oponía.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el instructor argumenta que considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, y avanza que lo único que queda es la “ratificación pericial” que solicita la defensa, con la comparecencia como testigo del autor del contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. El instituto armado cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido con estas extracciones sin licencia, a lo que habría que sumar alrededor de otro millón en concepto de daño ambiental.

Imputado hasta la fecha un sobrino

El testimonio de este perito, fijado para el 21 de abril, sería el único pendiente antes de cerrar la instrucción. De esta manera, se descarta que los Martínez de Irujo tengan que comparecer como imputados, tal y como solicitó inicialmente la Fiscalía. El ministerio público pidió hace meses que se tomase declaración como investigados a la persona jurídica Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona esta hacienda a tiro de piedra de Doñana) y a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil.

Estos, según el informe que la Guardia Civil remitió al juzgado, son Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que figuran como consejeros junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como investigado. El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según un informe de la Guardia Civil es administrador y también miembro de este consejo en representación de su progenitor, que se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

Precisamente, al figurar como presidenta de esta compañía al descubrirse los hechos, la primera imputada en la causa fue Eugenia Martínez de Irujo, aunque el magistrado la excluyó posteriormente al atender el argumento de la defensa de que la administración de la finca la lleva su sobrino, Luis Martínez de Irujo, que no obstante cuando declaró se escudó en que no estaba al tanto de la gestión del día a día. En la actualidad figura como secretario del consejo desde diciembre de 2023, pocos meses después de la denuncia de la Fiscalía, tras una reunión del consejo de administración en la que asumió la presidencia Cayetano Martínez de Irujo.

Se acogió a su derecho a no declarar

Fue el propio juez el que le hizo saber a la fiscal que, en función de lo que se imputase a Eurotécnica Agraria (responsabilidad penal o civil subsidiaria), citaría o no como investigados a los hermanos del duque de Alba. En este sentido, recordó que, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se apuntaba a que la compañía es responsable penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, en este caso Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se optaba por esta vía, aclaró.

Finalmente, la Fiscalía tomó el camino de la responsabilidad penal y que se investigase así a la persona jurídica tras el CIF de la empresa, lo que llevó en septiembre de 2025 a una segunda declaración como imputado del duque de Aliaga en base a este artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El acto duró unos minutos, en los que se le informó de que se investiga “una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente con el posible perjuicio al medio ambiente”, acogiéndose a su derecho a no declarar y remitiéndose a lo que declaró en febrero de 2025, cuando fue citado en su calidad de persona física investigada.

La defensa ha apuntado en todo momento a la responsabilidad del sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba. En un oficio remitido en su día al juzgado, se subrayaba que “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga. Una tarea que, insistía, se ha desarrollado “sin que los restantes miembros del consejo de administración tuvieran ni conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljóbar, ni mucho menos respecto de los hechos que motivan la presente instrucción”.

Deniega que testifiquen los denunciantes

De esta manera, los hermanos del duque de Alba eluden tener que pasar por el juzgado, al que ya sólo acudirá como testigo (o lo hará de manera telemática) el perito que hizo el informe técnico para rebatir el de la Guardia Civil, en el que llegaba a alegar que estos pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. De hecho, la defensa acusa al instituto armado de “tergiversar datos” para imputarle daños a su juicio inexistentes, ya que defiende que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada.

Eso sí, el magistrado ha denegado el resto de peticiones de la Casa de Alba, que solicitaba que declarase otro de sus peritos, el que hizo un análisis sobre las dotaciones de riego reales, producciones obtenidas y rentabilidad económica de los cultivos de cítricos. Asimismo, el instructor tampoco permite la declaración de los tres extrabajadores cuya denuncia dio origen a la investigación, “dado que nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa”, va a deparar su testimonio en este momento procesal.