Un electroshock positivo. La guerra en Irán que asfixia el suministro de combustibles fósiles ha hecho más evidente que transformar el transporte, las calefacciones o la industria en eléctricos puede salvar el planeta del colapso climático y cortar la sed de petróleo que atenaza periódicamente a Europa y España.

“El mundo no ha vivido nunca una disrupción del suministro energético de esta magnitud”, ha dicho recientemente el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. En una entrevista en Le Figaro, ha afirmado que la actual crisis petrolera causada por los ataques de EEUU e Israel sobre Irán “es más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”.

Un 66% de los productos petrolíferos consumidos en Europa se dedican al transporte, según la Agencia Internacional de la Energía. España no se escapa de esta tendencia: solo entre gasolina, gasóleo y queroseno para aviones se comen el 60%. “En 2025 el consumo de productos petrolíferos alcanza 60,17 millones de toneladas y aumenta un 1,4% respecto a 2024, siendo el mayor consumo desde 2011”, explica la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Al mismo tiempo, el transporte que consume el petróleo que debe importarse es “el único sector en el que las emisiones de CO₂ siguen siendo superiores a las de 1990. Es responsable de casi el 30% de las emisiones de la UE”. Tres cuartas partes de ese gas provienen del transporte por carretera (el que usa gasolina y diésel).

De hecho, en España no solo es el principal emisor de CO₂ del país, sino que está creciendo “debido principalmente al aumento de las emisiones del transporte por carretera”, expone el Inventario Nacional, aunque la navegación (5%) y la aviación (7%) nacionales también incrementaron sus emisiones en 2024.

Con esta situación, “el transporte sigue siendo el principal problema climático de Europa”, describe el último informe de la organización Transport&Environment (T&E). En 2025, las emisiones de gases del sector en general se estancaron. Las de los coches se estabilizaron y las de la aviación crecieron.

“Mientras que las emisiones de automóviles se estancan en los países rezagados, el elefante en la habitación es el crecimiento en las de la aviación que anulan las ganancias en otros campos”, concluye el análisis.

Hay dos caminos para Europa, que no produce petróleo, capitular o acelerar la energía verde. Seguir siendo dependiente de las importaciones de petróleo y gas y pagando cualquiera que sea el precio que ponga el mercado o apostar por una energía verde y autóctona

William Todts — Director ejecutivo de Transport&Environment

El director ejecutivo de T&E, William Todts, lo tiene claro: “Hay dos caminos para Europa, que no produce petróleo, capitular o acelerar la energía verde”. Lo primero implica “seguir siendo dependiente de las importaciones de petróleo y gas y pagando cualquiera que sea el precio que ponga el mercado”. Lo segundo “apostar por una energía verde y autóctona”.

El déjà vu de la crisis del petróleo

“El transporte es uno de los sectores que más contribuye a la crisis climática y uno de los que más está costando descarbonizar”, cuenta el coordinador del área de movilidad en Ecologistas en Acción, Pablo Muñoz. “Y, además de las dificultades para la electrificación, en los últimos años se constata una intensificación acelerada de la movilidad, tanto de mercancías como de personas, a todos los niveles”. Y, de momento, esa movilidad se basa en combustibles fósiles.

Para cortar ese circuito nefasto de miles de millones de euros que une los combustibles fósiles y los efectos devastadores de la crisis del clima, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé una electrificación general de la economía del 35% para 2030. El actual nivel de electrificación en España está en el 24%, según Eurostat.

Esto significa que un tercio de la energía que se utilice en España (desde los edificios a los coches pasando por las fábricas) sea a base de electricidad, no de quemar combustibles. Y que esa electricidad se genere de manera limpia. La Agencia Internacional de la Energía considera que los países desarrollados (como España) tendrían que alcanzar un 40% en ese 2030.

Red Eléctrica dice que el sector del transporte es “donde hay un mayor potencial de descarbonización basado en la electrificación masiva”. En otras palabras, la electrificación es actualmente pobre, ya que está en el 5% mientras que la industria ronda el 30% y los edificios entre el 40% y el 45%.

El PNIEC baraja como principales herramientas el uso de combustibles alternativos y la extensión del coche eléctrico. Plantea llegar a los 5,5 millones de vehículos para 2030 (el 18% del parque) cuando ahora rondan los 600.000 (entre 1,5% y el 2% del total).

Existe el riesgo de crear la ilusión de que es posible un sistema de transporte ecológico al margen de la drástica reducción de la movilidad, de la reorganización urbanística, de la relocalización de la economía y de la preeminencia del transporte público y del no motorizado

Pablo Muñoz — Coordinador del ára de movilidad en Ecologistas en Acción

“Países con ventas altas de vehículos eléctricos han visto fuertes reducciones en sus niveles de emisiones de carbono, pero han sido contrarrestadas por el incremento en países como España donde esas ventas son todavía demasiado bajas”, puntualiza Todts.

Pablo Muñoz contrapone que, si bien es cierto que el coche eléctrico “emite menos gases de efecto invernadero y contribuye a mejorar la calidad del aire, existe el riesgo de crear la ilusión de que es posible un sistema de transporte ecológico al margen de la drástica reducción de la movilidad, de la reorganización urbanística, de la relocalización de la economía y de la preeminencia del transporte público y del no motorizado”.

Según su análisis, descarbonizar el transporte pasaría por “un modelo en el que las formas de desplazamiento activo y transporte colectivo con cero emisiones y basado en energías renovables sean la prioridad. El papel del vehículo privado motorizado debe ser mínimo”. En resumen: no puede simplemente cambiarse el parque de vehículos de combustión por el mismo número de eléctricos porque “no resolvería el consumo de recursos, la ocupación del espacio público o los accidentes”.

Mientras, el estrangulamiento en el estrecho de Ormuz sigue ahogando el tránsito de gas y petróleo. “Tengo una sensación de déjà vu. De que ya hemos estado aquí antes”, ha descrito el director de T&E. Ciertamente, episodios parecidos golpean recurrentemente a Europa: la guerra en Ucrania en 2022, la primavera árabe en Libia en 2011, la primera guerra del golfo en 1990, la revolución iraní y la consiguiente guerra con Irak (1978-1981) o el corte de suministro de la OPEP a occidente por la guerra del Yom Kipur (1973). En todas estas crisis, el petróleo se restringió y los combustibles –la materia prima de las emisiones de gases invernadero– dispararon su precio.

Porque al final, “el dinero de los europeos va a los bolsillos de la industria petrolera”, remata Todts que ha calculado que estas compañías sacarán de Europa “30.000 millones de euros más de beneficios por la guerra”.

Las cosechas mundiales de 2026 están, ahora en marzo y abril, al borde del precipicio. Una escasez de alimentos sobrevuela el mundo por el ataque de EEUU e Israel a Irán. Al final de una cadena que comienza con el cierre del transporte de fertilizantes por el estrecho de Ormuz asoma un descenso en la producción de comida y un incremento “de la presión migratoria sobre Europa a lo largo de 2027”, según un documento de análisis interno de Moncloa al que ha tenido acceso elDiario.es.

La guerra en Oriente Próximo se ha notado muy rápidamente en los carburantes por la dependencia que todavía persiste de los combustibles fósiles: el petróleo y el gas. El Gobierno –entre otras cosas– ha subvencionado el precio de la gasolina y el diésel. Pero la aventura estadounidense en Irán tiene efectos retardados. “A medio plazo los fertilizantes pueden subir los precios agrícolas”, dice el documento.

Aunque el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya pidió a los eslabones de la cadena alimentaria “cuidado para evitar que las familias paguen el incremento de precios” –la siempre temida por cualquier ejecutivo inflación–; el análisis interno de Moncloa apunta a una crisis más global.

“En el peor momento posible”

Porque una agricultura intensiva basada en productos químicos derivados de los combustibles fósiles tiene ahora sus consecuencias: si la producción agrícola se lleva el 15% del uso del petróleo y gas, según la FAO, buena parte de ese consumo está dedicado a la fabricación de fertilizantes. Y el conflicto desatado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha interrumpido simultáneamente la producción y la exportación de fertilizantes del Golfo pérsico “en el peor momento posible del calendario agrícola”, analizan en el Ejecutivo, que es “la temporada de siembra en el hemisferio norte”.

La realidad es que lo que no se fertilice ahora en primavera, se pierde. No puede recuperarse. “La cosecha del hemisferio norte 2026 se está decidiendo ahora y el defecto será visible en las estadísticas de producción global a partir de agosto”, explica el documento del Ejecutivo.

“Para los países africanos que dependen de las importaciones de fertilizantes, esta crisis llega en un momento especialmente delicado –explica la ONG International Fertilizer Developing Center–. De ahora a julio, muchos países entran en su periodo principal de siembra cuando la demanda de fertilización llega a su pico”. La organización juzga “urgente” la disponibilidad de estos productos para evitar “disrupciones en las cosechas de 2026”.

Pero la escasez de fertilizantes ya está desplegada. Por el estrecho de Ormuz transitaba, aproximadamente, un tercio del comercio de estos productos químicos. Catar es conocido por ser un gran suministrador de gas, pero también es el principal exportador de urea –el fertilizante sintético nitrogenado más utilizado obtenido con gas fósil–. Desde el inicio de los bombardeos contra Irán el 28 de febrero, las salidas de fertilizantes por el estrecho se han desplomado como se ve el siguiente gráfico.

Este país ha paralizado la producción de urea tras los ataques a su planta de gas de Ras Laffan llevados a cabo por Irán como respuesta a los bombardeos de Israel y EEUU. Su Gobierno estima que reparar la planta puede llevar tres años.

Al mismo tiempo otros productores importantes de fertilizantes como Bangladés, India y Pakistán han tenido que reducir su fabricación por la escasez de gas licuado que les llegaba, precisamente, desde Catar. “El precio de la urea ha subido un 47% en tres semanas y podría duplicarse”, calcula el Gobierno español. No se trata de una estimación particular de la administración española, ya que la misma FAO reitera que sus proyecciones indican “que los precios globales de los fertilizantes podrían estar en una media entre un 15% y un 20% más altos en la primera mitad de 2026 si la crisis persiste”.

De hecho el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, coincide con esta evaluación: “No se trata únicamente de un shock energético, sino que se trata de un shock sistémico que afecta los sistemas agroalimentarios”, ha dicho.

Así que, aunque el precio de los combustibles es lo que se lleva principalmente la atención, “uno los golpes más severos lo padece la seguridad alimentaria y la producción agrícola”, ha insistido Torero. “Los agricultores hacen frente a una doble crisis. Por un lado, deben asumir el encarecimiento de los fertilizantes y, por otro, en respuesta a esto fertilizan menos o plantan cultivos menos demandantes”. Y además aclara que “incluso una reducción modesta en la aplicación de fertilizantes puede resultar en una reducción desproporcionada en la cosecha, sobre todo allí donde ya se usaban poco de base”.

“Una caída significativa de rendimientos agrícolas en los países más dependientes de importaciones del Golfo Pérsico, como el Sahel, Yemen, Egipto, Pakistán o Bangladés elevaría los precios de los alimentos en el cuarto trimestre de 2026 y la presión migratoria sobre Europa a lo largo de 2027”, explica la evaluación interna del Ejecutivo.

El documento desarrolla que “el choque va de los fertilizantes a la cosecha global, de la cosecha a los alimentos, de los alimentos a la inestabilidad política en economías frágiles, y de la inestabilidad a los flujos migratorios hacia Europa”.

El ministro Planas ha acudido este lunes a Bruselas para instar a la Comisión Europea a activar algún tipo de plan para garantizar el abastecimiento y contener los precios.

En un estudio para el Banco de España sobre Crisis alimentarias y migración forzada, Federico Carril-Caccia, Jordi Paniagua y Marta Suárez-Varela concluyen que “incluso después de tener en cuenta otros determinantes, las crisis alimentarias tienen un impacto directo en los flujos migratorios internacionales”. Según su análisis, “las menos severas tienden a incrementar la migración internacional, mientras que las más severas tienden a impulsar los flujos hacia países en vías de desarrollo”.

La relación entre escasez de alimentos y migración forzada es directa. El Informe global de la crisis alimentaria coordinado por la ONU calcula que la falta de comida obligó a desplazarse a 95 millones de personas en 2024 de los que 24 millones buscaron refugio o asilo fuera de sus países de origen. Fue un 5,5% más que un año antes. Desde 2013, la cantidad de personas desplazadas en países con crisis alimentaria ha pasado de 44 a esos 95 millones. Un salto de más del 100% en algo más de una década.

Agricultura dependiente de los fósiles

La cuestión es que la llamada Revolución Verde que multiplicó la cantidad de alimentos disponibles a partir de 1960-70, se desarrolló no únicamente por la selección genética de los cultivos sino a base de “triplicar la aplicación de fertilizantes inorgánicos”. Entre 2000 y 2020 el uso de fertilizantes en el mundo subió un 49% según la FAO: de 150 a 189 millones de toneladas. “Una contribución significativa a la alimentación mundial”, lo denomina esta organización.

La otra cara de la moneda ha sido la dependencia de estos combustibles fósiles para producir alimentos y, además, la carga de calentamiento global que ha impuesto esta fórmula intensiva de cultivar.

El método intensivo que confía en los fertilizantes sintéticos para incrementar las cosechas ha disparado las emisiones del gas de efecto invernadero denominado óxido nitroso (N2O). Se ha generado un conflicto entre la manera en la que se alimenta la población y el clima. De hecho, el nivel de emisiones hace muy difícil cumplir los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático, según evidenció una investigación internacional que revisó el N20 inyectado por la agricultura y la ganadería a la atmósfera.

La potencia de efecto invernadero de este compuesto y su larga duración en la atmósfera (superior a los cien años) le convierten en el tercer agente responsable del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático en la Tierra.

El Gobierno y otras formaciones políticas han ido saliendo en cascada para condenar los gritos islamófobos que se escucharon este martes en el estado de Cornellá-El Prat durante el partido de la selección española de fútbol contra el combinado nacional de Egipto. En las gradas se escucharon gritos de “musulmán el que no bote”, unos cánticos no minoritarios que ya están investigando los Mossos d'Esquadra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en X su apoyo “a los deportistas que lo sufrieron” y su “aplauso a quienes, con su respeto, nos ayudan a ser un país mejor”. “El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición, también”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llegado a afirmar este miércoles que “los insultos y cánticos racistas nos avergüenzan como sociedad” mientras que el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufían, ha añadido que lo que “molestan son los musulmanes pobres”. La dirigente de Podemos, Irene Montero, también ha dicho que es “escuchar esos cánticos” es “una verguenza” y ha añadido que lo ocurrido deriva de que se “han visto en la tele y la política a mucha gente 'respetable' diciéndoles que ese odio es 'sentido común'”.

Tras estas reacciones, el Partido Popular ha salido a decir por boca de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que lo acontecido en el partido del martes es “lamentable y condenable”. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha repetido que “igualmente inaceptable burlarse de una religión ya que es una ofensa a sus creyentes y a mi tanto me da que sean musulmanes o católicos”.

Los primeros en reaccionar tras los cánticos, fueron los miembros del Gobierno relacionados con el deporte. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, publicó después del partido un texto que decía: “Todo lo que sé sobre la moral de los hombres lo aprendí en el fútbol, dijo Camus. El deporte es radicalmente incompatible con la xenofobia, con el odio. No podemos relativizar los gritos racistas que hemos escuchado hoy en el España-Egipto. La intolerancia es intolerable”.

La titular de Educación, Milagros Tolón, también acudía a las redes sociales para expresar que “el deporte es esfuerzo, trabajo y talento, pero también respeto, solidaridad y convivencia. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad”.

Este miércoles, el Ministerio de Educación ha lanzado un comunicado en el que subraya que “estos comportamientos son absolutamente inaceptables y no representan, en ningún caso, a la inmensa mayoría de la afición española, que entiende y vive el deporte como un espacio de respeto y convivencia”.

Se da la circunstancia de que España organizará el mundial de fútbol de 2030 junto a un país oficialmente musulmán como es Marruecos. Es más, una de las máximas figuras de la selección española de fútbol, Lamine Yamal, es de origen marroquí y musulmán. Su cara este martes tras el partido era “un poema”, según las crónicas deportivas.

“Lo que ocurrió anoche en Cornellà no nos representa. Son grupos ultras jaleados por la política ultra. Y nos avergüenzan”, ha declarado también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El político ha añadido que “España, con su presidente a la cabeza, defiende la paz, la integración y la convivencia. Es un orgullo de país. El odio y el racismo no tienen cabida en el deporte ni en nuestra vida. Quien calla es cómplice”.

España, que lleva décadas con altas bonificaciones del uso de combustibles fósiles a pesar de las advertencias continuadas para que rebaje unas subvenciones dañinas para el medio ambiente, ha vuelto a darles un empujón de dinero público para contener la subida de precios derivada de la guerra en Irán.

A estas ayudas y bonificaciones se las considera apoyos antiecológicos porque los combustibles fósiles, de los que derivan el gasóleo y la gasolina, además de contaminar el aire que respiramos, son los causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Se da la circunstancia de que el transporte por carretera es, precisamente, el sector que más CO₂ lanza en España, según los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica.

La cuestión es que España está a la cola —y desde hace mucho— en la lista de impuestos verdes (los diseñados para defender el medio ambiente) en la Unión Europea. Por un lado, está lejos de la media europea que supera el 2% del PIB mientras que aquí se quedaron en el 1,61% en 2024, según los últimos datos de Eurostat. Además, en la última década, se ha bajado porcentualmente desde el 1,9% registrado en 2015. Con todo, los últimos dos cursos se ha recuperado algo de terreno tras una fuerte caída en 2022 y 2023, años en los que esos tributos rondaron el 1,5% del PIB, muy relacionado con la guerra en Ucrania.

Países con mejor nivel hay muchos: Grecia, Croacia, Polonia, Países Bajos, Italia, Estonia, Lituania, Rumanía, Finlandia o Dinamarca están por encima de la media de la UE. Por debajo de España solo se encuentran Suecia, República Checa, Malta, Irlanda o Luxemburgo.

Porque, de hecho, la mayoría de esos impuestos en España vienen de la energía. Si el ataque de Rusia a Ucrania causó un incremento del precio del gas y los carburantes (que recibieron una subvención extra), la guerra desatada por EEUU e Israel en Irán ha provocado una crisis similar.

Y, al final, los combustibles fósiles casi siempre ganan. La crisis en Oriente Medio —que ha hecho patente el peligro de seguir dependiendo del gas y el petróleo— ha llevado a una nueva ayuda al consumo de estos productos.

El decreto del Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio convalidado este jueves bonifica, más, el gasóleo y también la gasolina. Con esta rebaja del precio de los carburantes se controla o alivia la temida inflación. También evidencia el enganche que todavía persiste con el petróleo, al menos para transportarse, y sus consecuencias: el coste de la vida subió al 3,3% en marzo pasado, principalmente, por el encarecimiento de los carburantes.

La bonificación generalizada a los combustibles fósiles es regresiva e incompatible con la descarbonización. Son muy costosas para las arcas públicas, benefician proporcionalmente más a las rentas altas

Mikel González-Eguino — Investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3

“La bonificación generalizada a los combustibles fósiles es regresiva e incompatible con la descarbonización”, explica el investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3 Mikel González-Eguino. Experto en fiscalidad verde, González-Eguino cuenta a elDiario.es que, “aunque el plan presentado en su conjunto es positivo, después de lo visto en 2022 podría haberse aguantado más con los combustibles”.

“Medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro aplicadas en 2022 o las bajadas del IVA son muy costosas para las arcas públicas, benefician proporcionalmente más a las rentas altas —insiste el investigador— y no incentivan la transición energética y la electrificación”. En todo caso, su análisis apuesta por que las ayudas vayan al precio de la electricidad.

Avisos desde hace más de una década

A España le han llegado las dos últimas crisis energéticas con los impuestos medioambientales (entre los que están los de los combustibles fósiles) sin ponerse al nivel que se les requería. No por falta de tiempo: ya en 2011, el Consejo Europeo recomendaba a España que desplazara la presión fiscal sobre el trabajo y optara por gravar el consumo y por los impuestos medioambientales.

En 2015, el Informe sobre Resultados Medioambientales de la OCDE referido a España subrayaba que “los ingresos por impuestos medioambientales están entre los más bajos de los miembros de la Unión Europea”. Es más, llegaba a indicar que “los ingresos de estos impuestos han disminuido ininterrumpidamente desde 2007”. Debido a los tipos impositivos más bajos, “los precios finales del diésel siguen siendo inferiores a los de la gasolina, a pesar de su mayor impacto ambiental”.

Su recomendación hace más de una década era “el aumento del impuesto aplicable al diésel para el transporte, como mínimo al mismo nivel del impuesto sobre las gasolinas.”

En 2017 la Comisión Europea emitía un análisis sobre la aplicación de la normativa ambiental en la Unión Europea y decía: “España es uno de los Estados miembros que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósiles”. La diferencia de impuestos entre la gasolina y el gasoil “no está justificada desde una perspectiva medioambiental”. Se insistía en que era necesaria “una estrategia nacional para la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”. Aunque la diferencia entre el impuesto al diésel y la gasolina se ha acortado, sigue en un 20%.

A la luz de la evolución de los datos, el nivel de los tributos verdes en España ha parecido algo intocable. Al llegar el shock de precios generado por el bloqueo del tránsito petrolero en el estrecho de Ormuz, las ayudas se suman.

“Si tuviéramos tipos impositivos más altos para los combustibles fósiles, como nos ha pedido la Comisión Europea desde hace mucho tiempo, habría margen para manejarse en una crisis”, reflexiona Mikel González-Eguino. “Y además serían la señal más potente para electrificarse o pasarse al transporte público”, concluye.

El Ártico, donde se eleva Groenlandia, ya vuelve a derretirse tras acumular menos hielo que nunca durante los meses invernales. El calentamiento global provocado por los humanos no descansa.

Desde el 15 de marzo, la superficie del mar Ártico con, al menos, un 15% de hielo no para de bajar. La curva que mide la extensión de océano helado tocó techo esa jornada con 14.286 km², según el Centro de la Nieve y el Hielo de EEUU (NSDIC) y lleva nueve días seguidos de descenso. Cuando los datos preliminares se consoliden, 2026 se convertirá en el año en el que el océano Glacial Ártico haya alcanzado su máximo anual más exiguo. Es decir, el año en el que menos se ha congelado durante el invierno. El récord negativo vigente se estableció el año pasado.

Al tiempo que el mar se funde, y en un proceso “íntimamente relacionado”, el hielo sobre Groenlandia se derrite. Allí el incremento de la temperatura del aire y el agua del mar ha llevado a una pérdida notable de hielo. El océano y la isla deshelados por el calentamiento global están detrás de la crisis geopolítica que provocó en enero pasado el presidente estadounidense Donald Trump con su deseo de hacerse con Groenlandia. Codicia por sus recursos y por usarlo como autopista comercial que siguen presentes aunque se haya desinflamado la tensión internacional.

Se percibe mucho el reverdecimiento de Groenlandia. Se está notando el incremento de temperaturas y, por lo tanto, cada vez hay más vegetación. Y la época en la que están las plantas verdes, que están floreciendo, está durando más tiempo

Santiago Giralt — Geólogo del Instituto de Geociencias de Barcelona (GEO3BCN)

“Se nota muchísimo el calentamiento global allá arriba. Una barbaridad”, cuenta a elDiario.es el geólogo del Instituto de Geociencias de Barcelona (GEO3BCN), Santiago Giralt que expediciona regularmente a Groenlandia. “Nosotros aprovechamos cuando los lagos están helados para sacar sedimentos del fondo porque simplifica mucho la tarea. Empezamos yendo a finales de mayo o principios de junio y ahora debemos llegar a mediados de abril porque si vamos más tarde muchos lagos están ya deshelados”.

Giralt describe que “otra cosa que se percibe mucho es el reverdecimiento de Groenlandia. Se está notando el incremento de temperaturas y, por lo tanto, cada vez hay más vegetación. Y la época en la que están las plantas verdes, que están floreciendo, está durando más tiempo”.

2026 es un paso más en la degradación ambiental consecuencia del cambio climático. Los diez peores registros de extensión máxima –hasta dónde llega cada año el hielo marino– registrados en el Ártico se han ido acumulando todos en la última década.

Este registro da testimonio del acelerado calentamiento global del planeta. A partir de ahora, ese hielo va a ir retirándose a medida que se derrite por el calor hasta llegar a su mínimo anual que se certifica a mediados de cada septiembre. Aguas más libres para las actividades económicas y militares.

El Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta

El Ártico ha perdido una media del 13% de su hielo cada década desde 1979, según los datos satelitales

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Cuando la radiación del Sol llega a la Tierra, una parte se refleja y otra se absorbe.

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En el caso del Ártico, al derretirse el hielo y la nieve, se pierde el efecto albedo: la superficie clara repele más la radiación solar.

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Al desparecer la capa de hielo, quedan al descubierto las aguas del mar que son oscuras y absorben más calor.

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Eso hace que se caliente más todavía y funda a su vez más hielo.

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El Ártico se calienta cuatro veces más

rápido que el resto del planeta

El Ártico ha perdido una media del 13% de su hielo cada década desde 1979, según los datos satelitales

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Cuando la radiación del Sol llega a la Tierra, una parte se refleja y otra se absorbe.

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En el caso del Ártico, al derretirse el hielo y la nieve, se pierde el efecto albedo: la superficie clara repele más la radiación solar.

Al desparecer la capa de hielo, quedan al descubierto las aguas del mar que son oscuras y absorben más calor.

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Eso hace que se caliente más todavía y funda a su vez más hielo.

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Los océanos del planeta son los grandes sumideros del calor que se está acumulando en la tierra debido al efecto invernadero. A este fenómeno por el que las aguas del mar se tragan la radiación solar atrapada por la cúpula de gases –como el CO₂ o el metano– emitidos por las actividades humanas los científicos lo llaman “desequilibrio energético”. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) explica que “mide lo rápido que el calor se está acumulando en nuestro sistema climático. Ese calor recalienta los océanos, los continentes y la atmósfera además de derretir el hielo”.

Las mediciones indican que, desde 1960, ese desequilibrio se ha incrementado y en los últimos 20 años se ha acelerado respecto al periodo anterior. “El año pasado alcanzó el máximo nivel registrado”, ha concluido la OMM en su último informe del Estado del Clima.

“El calentamiento global de los océanos continuó sin atenuarse en 2025 como respuesta al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero”, según las estimaciones del equipo internacional que monitoriza esta variable desde hace años. “El calor contenido en los primeros 2.000 metros de los océanos del planeta creció en unos 23 zetajulios, explican en su trabajo que afirma que se ha establecido ”un nuevo récord“. 23 zetajulios equivale a toda la energía que consume toda la humanidad en unos 40 años.

Además del deshielo, esta acumulación contribuyó a que se desencadenaran fenómenos meteorológicos extremos a lo largo del planeta, recuerdan los investigadores. Unos eventos que se están produciendo en un “sistema climático cada vez más moldeado por la acumulación de calor a largo plazo en el que las variables naturales se amplifican por una atmósfera más cálida que contiene más vapor de agua”.

Este proceso de recalentamiento es mucho más acusado en el polo norte donde el efecto albedo (que rebota la radiación) depende del color blanco de la nieve y el hielo. Cuanto menos hay, menos se rebota y más se absorbe. Esto es lo que está provocando que el mar se hiele cada vez menos y se funda cada vez más. Y con la desaparición del hielo, se multiplica el paso de cargueros, los buques de guerra, la extracción de hidrocarburos y los proyectos mineros tanto en el fondo del océano como en tierra firme. Es lo que se aparece e el horizonte del dominio de una Groenlandia deshelada.

La banquisa, el hielo flotante, está ya muy frágil lo que da problemas porque no resiste, por ejemplo, el peso de los trineos. Las familias inuit se comunican trasladándose muy fácilmente sobre el mar helado y a actualmente eso es mucho más complicado y aumenta su aislamiento

Sergi Pla — Investigador del CREAF y la Universidad de Barcelona

“La banquisa, el hielo flotante, está ya muy frágil lo que da problemas porque no resiste, por ejemplo, el peso de los trineos”, describe el investigador del CREAF y la Universidad de Barcelona, Sergi Pla. Este biólogo –que está a punto de regresar a la isla para continuar sus investigaciones– explica que “incluso la gente de los inuit tiene accidentes porque la banquisa ya no es lo que era. Ahora no se atreven a ir en trineo en invierno a zonas donde pescan focas. Tienen que ir en barca y hasta llegan a no arriesgarse a ir”.

El calentamiento global provocado por las actividades humanas ha provocado que estas aguas árticas, antes innavegables, se estén convirtiendo en una autopista para grandes cargueros del comercio mundial al tiempo que desaparece la vía de comunicación de los pueblos indígenas. “Para los inuit, su territorio no termina donde acaba la tierra firme –abunda Sergi Pla– las familias se comunican en invierno trasladándose muy fácilmente en trineo sobre el mar helado. Actualmente, eso es mucho más complicado y aumenta su aislamiento”.

Santiago Giralt advierte de que “el hielo en Groenlandia se está retirando a una velocidad mucho más alta de lo que se había visto hasta ahora. Grandes superficies donde debería haber hielo glaciar están completamente desnudas. Son ahora roca desnuda”. Y debajo de la roca asoman los recursos en disputa.

El Supremo puso fin a la batalla legal por la estación de esquí de Navacerrada. Su providencia –fechada el 18 de marzo pero conocida este martes– certifica que hay que desmantelar la instalación y devolver el monte Pinar de Valsáin a su estado anterior. El permiso para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas está caducado desde abril de 2021.

Son cinco años, es decir, cinco temporadas extra de funcionamiento gracias al pleito que provocó la negativa de la Junta de Castilla y León gobernada por el Partido Popular a, primero, cumplir con su obligación administrativa de tramitar el expediente de fin de autorización y, después, aceptar una sentencia judicial que recurrió. Por cierto, la Junta deberá abonar las costas del Supremo a la Abogacía del Estado.

El coordinador de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid, Jesús Bartolomé, celebra la decisión pero añade: “Lamentamos la perdida de tiempo en la recuperación del monte público provocado por los intereses políticos de la Junta de Castilla y León y por los intereses económicos de la empresa que gestiona la estación de esquí”. Cinco años dan para mucha restauración ambiental como demostró el proceso de recuperación de la vecina estación de Cotos.

Sin nieve y con impacto ambiental

La historia puede resumirse así: el propietario de un terreno decide que no desea dedicarlo más a una determinada actividad desarrollada por una empresa privada. La administración encargada de gestionar el procedimiento se lava las manos para que la empresa pueda seguir operando.

Pero en, este caso, el dueño del monte es el Organismo Parques Nacionales –perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica– y la administración que se desentendió es la Junta castellanoyleonesa presidida por el PP. El Gobierno decidió que el monte se recuperara ambientalmente ante el impacto que generaba el esquí en una zona de alto valor ecológico (pegada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama).

A eso se le unió que la estación de Navacerrada tiene dos partes: una segoviana y otra madrileña. Eso le permitió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convertir unas pistas de esquí con permiso caducado en oportunidad para chocar con el Ejecutivo, a pesar de que su Gobierno no tiene nada que decir sobre esa zona.

Oportunidad para la batalla política

Ayuso se vio el 29 noviembre de 2021 con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para celebrar que las pistas iban a seguir funcionando tras la postura de su compañero de partido. “Es una buena noticia”, dijo. Mañueco aseguró que no había “razón jurídica” para que terminara el esquí y afirmó que la empresa “seguiría con su actividad porque no hay inconveniente”.

Ante esta situación, Transición Ecológica acudió a los tribunales en Castilla y León. Los magistrados rechazaron la medida cautelar solicitada de impedir la actividad mientras decidían sobre el fondo del asunto.

Al tiempo que los jueces estudiaban el caso, Isabel Díaz Ayuso ha estado dando oxígeno a la estación. En diciembre de 2023 rebajó un 65% el alquiler que la concesionaria debería abonar por ocupar el suelo público de la vertiente madrileña. También le multiplicó por seis la superficie que podría aprovechar. Esas pistas también tenían la licencia caducada desde febrero de 2019.

Poco después de redactarse ese pliego de condiciones, en febrero de 2024, la Justicia determinó finalmente que la estación en su parte de Segovia debía desmantelarse. Eso no impidió que Díaz Ayuso se empeñase en mantener Navacerrada a pesar de que la propia empresa concesionaria había afirmado que su negocio era “inviable” sin las pistas castellanoyleonesas. ¿Por qué? Simplemente porque solo ahí había permiso para usar cañones de nieve artificial sin los cuales no existe superficie blanca suficiente para esquiar. En Madrid, sin cañones, no hay esquí.

Con todo, la Comunidad de Madrid aprobó en diciembre de 2024 una nueva concesión a la misma empresa por 29 años más. La concesionaria ofertó 33.618 euros para disfrutar de 54.195 m² de monte público durante casi tres décadas.

¿Ejecución de la sentencia?

Este miércoles, la estación da por terminada esta temporada 2026. Todos los hierros, cables y casetas siguen plantados en el monte. Como tantos casos han dejado claro, las sentencias judiciales a favor del medio ambiente –y contrarias a los intereses económicos o comerciales– cuesta verlas ejecutadas.

Ejemplos claros no faltan. El complejo de lujo levantado en la isla de Valdecañas (Cáceres) sigue en pie a pesar de que en 2022 el Supremo ordenó demoler todo lo construido o a medio construir y el Constitucional rechazó el recurso de los propietarios y la Junta de Extremadura. Ahora, el Gobierno autonómico está litigando en los juzgados para defender las modificaciones ad hoc que hizo sobre zonas protegidas que dejaban fuera a la isla.

Otra maraña judicial ha provocado que el esqueleto del hotel de El Algarrobico (Almería), ya más que declarado ilegal, permanezca en la ladera de la montaña, asomado a la playa, sin que se certifique su demolición y limpieza definitiva. Ni el anuncio del Gobierno de que expropiaría las partes que ocupan el dominio público marítimo-terrestre para acelerar el proceso han servido hasta ahora. Y de ese último movimiento ha pasado más de un año. Las obras se paralizaron en 2005.

El esquí, un hilo que une a Ayuso y Aguirre

La estación de esquí de Navacerrada funcionaba con una licencia otorgada por Parques Nacionales en 1996 a lo que entonces era una empresa pública de la Comunidad de Madrid llamada Deporte y Montaña. El canon anual era de unos 1.500 euros por 7,6 hectáreas de monte público. Ese alquiler fue heredado por una nueva sociedad privada cuando la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre (PP), privatizó la empresa Deporte y Montaña. Se la quedó –y con ella la licencia y el canon– la actual gestora Río Invest.

Eso respecto a la actuación de Aguirre en la parte de Segoviana de la polémica estación. En la parte madrileña bajo su gestión directa, la antigua presidenta –referente de Isabel Díaz Ayuso– criticó en 2010 un plan de recuperación ambiental de Navacerrada diseñado por su consejera de Medio Ambiente y con actuaciones por 10 millones de euros en el acto de presentación del programa en el propio puerto de montaña. Aguirre revirtió la idea y apostó por incentivar el esquí a pesar de que sus técnicos, allí mismo, le explicaron que no había agua para fabricar nieve.

La resolución de fin de concesión en Navacerrada de Parques Nacionales indicaba que la concesionaria que gestiona la estación de esquí debía devolver el terreno el 30 de octubre de 2021. Y el monte tenía que estar ya “apto para la restauración vegetal de la zona”. Basta darse un paseo por el Pinar de Valsaín para comprobar lo lejos que está ese momento todavía.

El Tribunal Supremo avala el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada. Los magistrados han inadmitido los recursos de la Junta de Castilla y León y la empresa que gestiona las pistas contra la sentencia judicial que, en 2024, dio la razón al Gobierno y ordenó que se activara el desmontaje de la infraestructura cuya licencia caducó en 2021.

En una providencia de 18 de marzo a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Supremo rechaza por “falta de fundamentación suficiente” las peticiones de que se revisara la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se estableció que el Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco (PP) tenía la obligación de tramitar el expediente de caducidad de la autorización para ocupar el monte público por donde discurren las pistas.

El propietario del terreno –el Organismo Autónomo Parques Nacionales– había decidido que, una vez terminado el plazo de la concesión, no hubiera más esquí en esa zona por su alto impacto ambiental en una zona colindante con el Paque Nacional de la Sierrra de Guadarrama.

El Partido Popular hizo de esta decisión un casus belli político. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el castellano y leonés, Mañueco, se plantaron en la estación para anunciar que la infraestructura seguiría funcionando. A partir de ahí comenzó el periplo judicial que ha terminado en la decisión del Supremo.

Aquella sentencia del TSJCL, que ahora queda refrendada por la decisión firme del Alto Tribunal, también ordenaba que es la comunidad autónoma la que debe obligar a la empresa concesionaria Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí, S.A. a que cumpla con la obligación de desmontar las instalaciones y restituir el monte a su estado anterior.

En marzo de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica decidió que, al haber expirado el periodo de 25 años por el que se autorizó el funcionamiento de la estación de esquí, planeaba recuperar ambientalmente la zona. Era un caso parecido al que se había vivido años antes con la vecina estación de Cotos. El calentamiento global, la caída en las precipitaciones de nieve y la saturación en Navacerrada fueron los argumentos principales de Transición Ecológica.

La negativa de Castilla y León a tramitar el expediente, la oportunidad de confrontar contra el Ejecutivo nacional alentada por Díaz Ayuso y el procedimiento judicial le ha otorgado a la estación de esquí de Navacerrada cinco temporadas extra de negocio con la licencia caducada. La empresa anunció este lunes que cerraría la temporada el 25 de marzo.

La derecha y ultraderecha españolas quieren a los cazadores como aliados en su disputa electoral por los votos rurales. Así que, ante la posibilidad de que se decreten restricciones en la Unión Europea a la caza de la codorniz por el mal estado de la especie, nueve gobiernos autonómicos del Partido Popular le han pedido al Ministerio de Agricultura que ignore la ciencia y defiendan en Bruselas que no se limiten las capturas, a pesar de que no hacer nada ante el declive deja a España a merced de un expediente sancionador de Bruselas.

Extremadura, Andalucía, Madrid, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Galicia, Región de Murcia y La Rioja han remitido una carta a este Ministerio –sin prestar atención a que Transición Ecológica está implicado– en la que dicen que no hay “un criterio científico claro” para avalar restricciones de caza. También añaden que se “obvian estudios científicos que avalan la caza sostenible de la codorniz”. Se refieren a un proyecto patrocinado e impulsado por las federaciones de caza.

El Partido Popular sale así en defensa del sector cinegético, un terreno que el partido ultraderechista Vox ha conseguido caracterizar como algo propio. “Vox defiende la caza como esencial para la prosperidad de las áreas rurales y un emblema de la identidad nacional”, analiza esta investigación de la Universidad de Toronto. “Equipara ser español con los valores y tradiciones rurales” y “ha ligado el campo a la masculinidad tradicional y los valores nacionalistas”.

En este sentido, la caza es una actividad fuertemente masculinizada: hay unos 325.000 federados hombres y 4.600 mujeres. De los 1,4 millones de licencias de armas usables para la caza registradas por el Ministerio del Interior, solo hay 58.000 de mujeres.

En la lucha por esa área de influencia, el PP afirma en su carta a Agricultura que “la postura del Ministerio tira por tierra años de lucha contra la despoblación”.

La idea diseminada por los cazadores es que la ciencia no sostiene que la codorniz atraviese un mal momento que justifique limitar las muertes causadas a escopetazos. Y los gobiernos del Partido Popular han salido a respaldar esa postura. Los mismos cazadores han pedido a los gobiernos autonómicos que acudan en su defensa. Y es lo que estas nueve regiones han hecho.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) declaraba en enero pasado que “las posibles limitaciones no están avaladas por datos científicos”. Y añadían: “Pedimos a las comunidades autónomas una postura firme”.

Ahora, una vez que el Gobierno (por boca tanto del Ministerio de Agricultura como el de Transición Ecológica) ha admitido que no pueden “seguir sin hacer nada” y que hay que planear una reducción en las capturas, la RFEC insiste en que las medidas “deben ser consensuadas con el sector cinegético”.

Acto seguido, las nueve comunidades han enviado la carta al ministerio en la que repiten los argumentos de la federación. “No hay criterio científico claro”. La Junta de Extremadura le ha puesto voz a esta postura: confía en que “el Estado no permita que una vez más, el exceso de protección medioambiental sin justificación técnica suponga un freno al desarrollo económico de los pueblos extremeños”.

El propio Ministerio de Agricultura, al que los cazadores y las comunidades ven como posible aliado, ya ha aceptado que debe rebajarse el nivel de caza sobre la codorniz. En caso contrario, en el horizonte se dibuja un expediente de sanción europeo. El subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Pablo Bernardos, ha admitido que “hay que evitar un procedimiento de infracción. Da mala imagen de España y del sector”.

Matan igual jóvenes que adultos

Carles Carboneras y Beatriz Arroyo son los investigadores que lideraron el consorcio científico cuyas conclusiones técnicas utilizó la Comisión Europea para proponer un parón en la caza de codornices. Ambos cuentan ahora a elDiario.es que “se ha puesto mucho énfasis en quitar validez a los datos científicos utilizados en los análisis, que a su vez sirvieron de base para las recomendaciones técnicas”.

“Nuestros análisis revelan que la supervivencia de adultos, y sobre todo de jóvenes, son muy bajas comparadas con los datos históricos”, cuentan los científicos del Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec) y “demuestran que sería necesaria una productividad altísima –que cada hembra criara con éxito unos 15 pollos cada año– para mantener a la población. Esas tasas de reproducción son poco realistas en las condiciones actuales”.

Ambos aclaran que para tomar decisiones hace falta atender a muchos parámetros, no basta con limitarse a la tendencia poblacional como hacen los cazadores con su proyecto Coturnix. “Nuestra modelización muestra que un incremento significativo en la supervivencia de los ejemplares juveniles podría comportar, por sí sola, la recuperación de la población en cuanto a la vía migratoria”.

Pero el problema es que los jóvenes y los adultos son “indistinguibles a simple vista”. Es decir, cuando los cazadores apuntan no pueden saber si la pieza tiene un año o tres. Disparan y la rociada de perdigones acaba con la codorniz ya sea juvenil o adulta.

Por eso su recomendación técnica fue proponer “una moratoria de caza o una reducción muy importante de, al menos, un 75%”. Ahí es cuando los cazadores se levantaron en armas políticas.

La decisión se toma a nivel europeo porque la codorniz es una especie migratoria que pasa por muchos países antes de regresar en el invierno a África. De hecho, a la luz de los informes remitidos por el consorcio científico, el grupo de expertos en las directivas de aves y hábitats de la Comisión Europea ha concluido: “Es evidente que seguir como hasta ahora no es una opción”.

Igual que con la tórtola

Los científicos recuerdan el caso de la tórtola europea: “Tras cuatro años de moratoria [cuota cero], la recuperación ha sido suficiente para permitir la reapertura de la caza, de forma controlada, consensuada entre los países, y con una base científica”.

Sin embargo, la tórtola también ilustra la insumisión autonómica del Partido Popular cuando toca limitar la caza. En 2019, la Fiscalía tuvo que conminar a los gobiernos regionales a que dejaran de incluir a la tórtola como especie cazable porque España tenía abierto un expediente sancionador en Bruselas justamente por no “proteger adecuadamente” a esta ave codiciada por los cazadores.

La Real Federación de Caza tildó entonces este escrito de “amenaza”. En ese momento, la mala situación de la tórtola europea había hecho que el plan de recuperación incluyera una moratoria de todas las capturas. Establecer una cuota cero. Ante esto, los cazadores terminaron por proponer que bastaría con que se rebajaran las capturas un 50%, pero ya era tarde. Era el momento del parón temporal que permitiera a las tórtolas recuperarse.

Mientras se cerraba la medida, la RFEC afirmaba que “la prohibición de la caza de la especie supondrá, sin duda alguna y tal y como advierte la comunidad científica, un problema mucho mayor para la especie”. En un comunicado sostenían que “denunciamos la falta de imparcialidad de la Fiscalía” y llegaron a decir que la diligencia iba “en contra de toda la comunidad científica”.

Finalmente, la moratoria se decretó. La tórtola tuvo un respiro y ha remontado. Los cazadores pueden volver a dispararles desde 2025. Está por ver qué ocurre con las codornices.

Tras un par de años de alivio y ahora fuera de los focos mediáticos, las macrogranjas de cerdos y el uso intensivo de fertilizantes han vuelto a incrementar la contaminación del aire por amoniaco en España. En 2024, el sector agroganadero emitió 453 kilotoneladas (kt) de amoniaco, un 1,4% más que un año antes, según el último Inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos del Ministerio de Transición Ecológica. Se ha cortado una tendencia a la baja.

El amoniaco generado por la ganadería y agricultura intensivos ha sido el único contaminante monitorizado –que incluye los óxidos de nitrógeno, las micropartículas, el dióxido de azufre y los compuestos volátiles– que ha subido en este informe. Es la primera vez que esto ocurre desde 2021.

Con todo, al haberse modificado los límites máximos obligatorios de emisión de amoniaco a partir de 2021 –al tiempo que se revisaban los datos históricos de este tóxico liberados por España– el nivel actual cae dentro de la legalidad que marca una reducción del 3% respecto a los niveles de 2005 (507 kt máximos) para llegar al 16% en 2030. Las 453 kt de 2024 son un 13% menos que en 2005, según remarca el inventario.

Cabe añadir que hasta que se cambió el tope legal, España encadenó diez años seguidos de incumplimiento continuado con el amoniaco. Los ejecutivos españoles se quejaron regularmente en Europa y pidieron que se revisaran los límites, cosa que finalmente se materializó. A partir de entonces, se cumple la normativa.

El principal emisor de amoniaco es el uso de fertilizantes inorgánicos nitrogenados incluida la aplicación de urea “que representó el 22,8% del total”, según recoge el informe sobre contaminantes remitido por España a la Unión Europea. “Seguido de la aplicación de estiércol animal a los suelos”, reconoce el documento.

Salud humana y ecológica

El amoniaco es un tóxico medioambiental por diferentes motivos. Por un lado, “contribuye a la formación de micropartículas PM 2,5 que tienen un impacto significativo en la salud de las personas”, según explica la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA). La EEA añade que estas emisiones “contribuyen a la acidificación del suelo y el agua” lo que hace que se pierdan nutrientes y se dañen los ecosistemas.

Además, el Ministerio de Transición Ecológica recuerda que el amoniaco liberado “es un precursor importante de la eutrofización al depositarse en ecosistemas terrestres y acuáticos”. La eutrofización es un agente de colapso ecológico como ha podido observarse de manera palpable en el Mar Menor.

El Inventario interno, por su parte, informa de que el aumento en la emisión de amoniaco de 2024 ha sido “consecuencia principalmente del aumento de la fertilización nitrogenada en suelos cultivados”. Es decir: el estiércol de cerdos y los fertilizantes están detrás de esta contaminación.

Respecto al primer factor, la gestión del estiércol de los cerdos en las factorías intensivas (y su mezcla con agua denominada purines) ha sido el factor que, hace unos años, disparó las cifras de amoniaco. Entre 2018 y 2020 España se convirtió en una de las potencias mundiales del porcino al aprovechar las fuertes importaciones de China que tuvo que reducir su producción por un brote de peste porcina.

Este contexto hizo que se publicara una normativa específica para intentar acotar las emisiones de este sector. Entre las nuevas reglas se impulsó la adopción de “las mejores técnicas disponibles (las MTD) porque el crecimiento ha derivado en un mayor impacto ambiental”, como reconoce el Ministerio de Agricultura. Se trata de una serie de técnicas para la gestión de los estiércoles: desde la alimentación de los animales hasta su conversión en abono.

La última evaluación del Ministerio de Agricultura (de 2023) afirma que, aunque el sector porcino intensivo ha hecho “esfuerzos significativos hacia una ganadería más sostenible”, su avance en la adopción de estas medidas ha sido a un ritmo “menor respecto al año anterior”. Y admite que “existe margen de mejora, especialmente en la implantación de técnicas específicas en ciertas categorías de animales y regiones”.

Ese margen se da, por ejemplo, a la hora de aplicar estiércol al campo: “Solo el 10% de las granjas realizan un enterrado del estiércol en un tiempo inferior a las 4 horas, que es el tiempo máximo requerido para la reducción eficaz de emisiones”, incluye el informe. También reseña que “se requiere avanzar en la implantación de MTD más eficientes para la reducción de emisiones”.

Repunte de los fertilizantes en el campo

Respecto a los fertilizantes, en 2024 se dio un fuerte salto: en total se aplicaron unos 4,4 millones de toneladas, un 17% más que un año antes. Más o menos la mitad fueron fertilizantes nitrogenados, los más relacionados con las emisiones de amoniaco. Y dentro de los nitrogenados el más usado es la urea.

Por cierto, los fertilizantes nitrogenados están unidos indisolublemente a los combustibles fósiles ahora en crisis por los ataques de EEUU e Israel sobre Irán. Estos agroquímicos se fabrican a base de gas. Tanto como materia prima como la fuente de energía para las reacciones químicas que derivan en el compuesto que luego se aplica los cultivos. Casi el 80% del coste de los fertilizantes es el gasto energético para producirlos.

España es muy dependiente de las importaciones para mantener su nivel de fertilización agrícola sintética. Hasta el 75% de lo que se aplica se compra fuera. Según los datos del Banco Mundial y la ONU, los principales proveedores de fertilizantes de España son Egipto, Bélgica, Marruecos, Rusia y Portugal.

Los científicos han demostrado ya que la causa del problema son las emisiones de CO₂ que se inyectan en la atmósfera. El cambio climático que trae, por ejemplo, tormentas mortales como la dana de octubre de 2024 y el tren de borrascas de inicio de 2026 tiene su origen en el efecto invernadero que provocan los gases emitidos por las actividades humanas. El mismo proceso ya ha multiplicado las olas de calor asfixiante y genera las condiciones para incendios inextinguibles como los del verano de 2025.

Sin embargo, la ola antiecológica instalada en el seno de la Unión Europea ha generado una corriente –liderada por Italia y Alemania– para paralizar el mercado de emisiones de carbono (ETS) que es “la única regulación específica que tiene la UE con números y normativa concretos”, según explica el coordinador de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. “El modelo actual es el que se ha demostrado mejor para reducir las emisiones porque el precio del carbono sí ha servido de tope”.

El sistema ETS que la italiana Giorgia Meloni y el alemán Friedrich Merz piden congelar en aras de la “competitividad” es, básicamente, generar incentivos para que las industrias contaminen menos porque cuanto más CO₂ lancen, más tendrán que pagar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los cuatro primeros ministros de Dinamarca, Finlandia, Portugal y Suecia han enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, con el objetivó de defender el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE como “la piedra angular de la estrategia climática e industrial de Europa”.

Es un gran atentado contra la lucha climática porque desordena toda la transición energética. Llevamos 15 o 20 años confiando en este sistema de mercado para reducir emisiones y ahora de repente se mina. Se está reduciendo la ambición climática de la UE intentando hacer ver que no se está tocando

Javier Andaluz — Coordinador de cambio climático en Ecologistas en Acción

La cuestión es que, al calor de la guerra en Irán y la subida de los precios de los combustibles fósiles, el Consejo Europeo de esta semana prevé abordar un punto sobre “competitividad y mercado único” en el que estos países desean, incluso, que se suspenda el ETS. La idea es anterior, pero la coyuntura ha servido de palanca para relanzar el proyecto.

¿En qué consiste el mecanismo de ETS?

En este sistema, las empresas de sectores industriales como el del acero, los fertilizantes, el hidrógeno, el cemento o el aluminio –además de la generación eléctrica– adquieren o reciben unos cupos de CO₂ para emitir cada año asignados por los gobiernos nacionales en función de los topes generales marcados por la Unión Europea. Así se va avanzando en el camino para dejar las emisiones de gases prácticamente cero para 2050.

Si se pasan, estas empresas tienen que pagar para comprar derechos de emisión y cubrir así el gas que han inyectado a la atmósfera. Si no llegan, pueden vender los cupos que han ahorrado a empresas que sobrepasen sus cupos. Eso provoca que las empresas se esfuercen por contaminar menos porque les sale rentable.

Una parte de los cupos es gratuita y asignada mientras existe otra parte que los países sacan a subasta para que las empresas los compren.

Evolución

Los ETS van evolucionando y han tenido diversas fases. Hasta ahora, cada curso las empresas reciben cupos de CO₂ gratuitos con los que luego podían negociar. Con todo, el esquema prevé que, a partir sobre todo de 2027, se vayan reduciendo esas asignaciones gratuitas hasta eliminarse en 2034.

El ritmo para eliminar los derechos de emisión gratuitos se va acelerando según avanzan los años. Así, si para 2028 se calcula quitar el 10%, en 2029 ya sería un 22% y un año después el 48,5%. Es cierto que el mecanismo es complejo y los diferentes sectores industriales implicados tienen sendas diferentes.

“El actual sistema ha sido efectivo porque quitó algunos elementos –como la posibilidad de trasladar créditos de emisión a otros años– que han forzado a que el precio del carbono sirviera como tope de las emisiones”, reflexiona Javier Andaluz.

Al mismo tiempo que van desapareciendo cupos gratis, para evitar que el mercado europeo se llene de productos más baratos porque se han fabricado a base de emitir CO₂, se ha creado una herramienta llamada Mecanismo de Ajuste de Frontera de Carbono (CBAM en inglés) que gravará esos productos. Las importaciones pagarán por la contaminación que generan si quieren acceder al mercado de la Unión Europea. Se trata de “fomentar una producción industrial más limpia en los países no pertenecientes a la UE”.

La última revisión del mercado de emisiones pretende incluir por primera vez el sector de los carburantes a base de combustibles fósiles. Los proveedores de gasolina o gasoil deberán adquirir derechos de emisiones asociadas al uso de esos carburantes y, en teoría, eso repercutirá en el precio final y en que se utilicen menos. El transporte por carretera es el sector en España que más CO₂ está lanzando a la atmósfera.

En teoría, tras una fase de monitorización y preparación (sin pago de derechos) el sistema estaba previsto que comenzara en 2027. Ya está encima de la mesa un posible retraso.

¿Cuál es el precio de una tonelada de carbono?

Ha variado a lo largo del tiempo. Ha llegado incluso a estar a cero euros debido al exceso de oferta derechos que las empresas ponían en el mercado al acumular cupos de años anteriores. Actualmente, ronda los 60 euros por tonelada de carbono.

No hay un valor único acordado como ideal. Depende de si se quisiera reducir más o menos rápidamente las emisiones y qué objetivo de limitación del calentamiento global se busque. No es lo mismo limitar a 2ºC extra la temperatura general del planeta que rebajar ese límite máximo a 1,5ºC (como pide la ciencia). Cuánto más ambicioso sea el objetivo y la senda para alcanzarlo más alto debería ser el precio de la tonelada de carbono.

Una comisión sobre precios de carbono convocada por el Banco Mundial y presidida por Joseph Stiglitz y Nicholas Stern colocó el precio entre 55 y 120 euros por tonelada en 2030 para cumplir el Acuerdo de París. Otro modelo de William Norhaus hablaba de unos 60 euros en 2050. El Panel de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (el IPCC) estima rangos de entre 25 y 105 euros para 2030, según el itinerario más o menos ambicioso.

Este es, grosso modo, el sistema que quieren congelar Giorgia Meloni y Merz. La presidenta del Consejo italiana anunció el 11 de marzo que ha pedido “suspender la aplicación del sistema ETS en la generación de electricidad a base de combustibles fósiles”. Puso de excusa la subida de precios del gas y el petróleo provocada por los ataques de EEUU e Israel sobre Irán.

Sin embargo, ya antes de los ataques, el 26 de febrero, su ministro de Empresas, Adolfo Urso, solicitó públicamente a la Comisión Europea “suspender el ETS a la espera de una revisión porque es un impuesto a las empresas”. De hecho anunció: “Pediremos a la Comisión congelarlo”.

Un grupo de unos 150 científicos –entre los que estaban el premio nobel de física Giorgio Parisi o el economista Carlos Carraro– publicaron una carta abierta tras conocerse los planes de Meloni que titularon: “No hay nada más miope que atacar el sistema ETS mientras Italia colapsa”.

Algo parecido ha sucedido con el canciller alemán Merz. El 11 de febrero pasado en un foro industrial declaró que el mercado del carbono “debería revisarse o posponerse si mina la competitividad industrial”. Todavía quedaba un mes para que comenzaran los bombardeos en Irán. Sus palabras levantaron polvareda y luego quiso matizar que lo que necesitan los ETS son “revisiones regulares”. No eliminarlo, pero sí incluso retrasarlo si perjudica a la industria.

“La propuesta es un gran atentado contra la lucha climática”, resume Andaluz. “No solo impide el control de las emisiones, sino que desordena toda la transición energética porque llevamos 15 o 20 años confiando en este sistema de mercado para reducir emisiones –que no es nuestra opción favorita– y ahora, de repente, se mina. Al final lo que ocurre es que se está reduciendo la ambición climática general de la UE intentando hacer ver que no se está tocando”.

Detrás de un decreto para proteger la agricultura iba semidesapercibida una defensa de la industria bélica. Porque el concepto de “seguridad nacional” que ha implantado el presidente de EEUU, Donald Trump, ha hecho que un decreto contra la “amenaza inminente a la preparación militar” que achaca a la escasez de producción de fósforo lleve de la mano un salvavidas para la fabricante del polémico herbicida glifosato, el más vendido del mundo.

La orden ha unido los destinos de la munición de fósforo blanco y un herbicida con probados impactos ambientales y al que la ONU consideró en 2015 “posible cancerígeno para los humanos” –una clasificación disputada por la Agencia Europea de Productos Químicos y la de Protección del Medio Ambiente estadounidense–. El objetivo declarado es “promover la defensa nacional”.

“El fósforo elemental es un material escaso que resulta crítico para la defensa y la seguridad nacionales”, dice la orden. “La producción insuficiente de fósforo elemental de nuestro país debe sostener tanto la fabricación para la defensa como nuestras importantes necesidades agrícolas”.

El fósforo blanco –una forma de fósforo elemental–, además de servir de materia prima para fertilizantes, detergentes o pesticidas, “se usa para fines militares en granadas y municiones de artillería para alumbrar, generar cortinas de humo o como material incendiario”, explica la Organización Mundial de la Salud.

La sustancia “arde de manera instantánea al contacto con el oxígeno y, una vez encendido, es muy difícil de extinguir. Se adhiere a la piel y la ropa”, añade la organización que advierte: “Puede causar quemaduras profundas y graves penetrando incluso a través de los huesos”.

Esta medida es un reflejo de las políticas que atentan contra la vida en todas sus formas. Da un impulso a una sustancia que preocupa a muchas organizaciones por su potencial cancerígeno y otra que se está utilizando para hacer daño a las personas

Javier Raboso — Responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace

“Esta medida es un reflejo de las políticas que atentan contra la vida en todas sus formas”, cuenta el responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace, Javier Raboso. “Da un impulso –insiste–a una sustancia que preocupa a muchas organizaciones por su potencial cancerígeno y otra que se está utilizando para hacer daño a las personas”.

El decreto supone, en definitiva, un cable de ayuda para la empresa Bayer, ya que especifica que, al aplicarse, el secretario de Agricultura “deberá asegurar que su implementación no perjudique la viabilidad económica de ningún productor nacional de fósforo elemental o de herbicidas basados en glifosato”.

Se da la circunstancia de que el único fabricante de fósforo blanco en EEUU es, al mismo tiempo, el productor del herbicida a base de glifosato llamado Roundup: la alemana Bayer. La empresa se hizo con ese producto al adquirir en 2018 la compañía Monsanto por 63.000 millones de dólares. Bayer soporta casi una década de pérdida de valor y dinero desde que, precisamente, compró Monsanto.

Ayuda para salir del embrollo legal

La coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, entiende que la orden ejecutiva “supone un enorme retroceso en la lucha por prohibir este polémico herbicida. Así se apuntala un sistema de producción de alimentos tóxico para las personas y el planeta y que solo beneficia a un puñado de empresas”. Y además, insiste Ruibal, “es una salvaguarda para Bayer”.

Precisamente la corporación alemana está metida en múltiples batallas legales por los efectos del glifosato en las personas. Más concretamente por no advertir de que puede ser perjudicial. Desde que compró Monsanto, la capitalización de la empresa ha caído de los 90.000 a los 30.000 millones de dólares. Una acción de Bayer ha pasado de valer casi 120 dólares a los actuales 30-40 dólares. El año pasado la compañía perdió más de 3.000 millones de dólares, desangrada por las disputas legales.

La batería de litigios asciende a unas 170.000 demandas centradas en el desarrollo del cáncer linfoma-no Hodgkin. 61.000 están todavía pendientes. La empresa lleva pagados unos 11.000 millones de dólares en indemnizaciones, según el cálculo del sitio especializado en demandas colectivas Open class actions. Los acuerdos tipo van de 100.000 a 160.000 dólares por demandante.

Supone un enorme retroceso en la lucha por prohibir este polémico herbicida. Así se apuntala un sistema de producción de alimentos tóxico para las personas y el planeta y que solo beneficia a un puñado de empresas

Blanca Ruibal — Coordinadora de Amigas de la Tierra

Actualmente, el fabricante de fósforo blanco está intentando que el Tribunal Supremo de EEUU falle a su favor y le proporcione una sentencia que le sirva de barrera contra estas demandas multimillonarias por su herbicida. Y para ello está contando con el apoyo de Donald Trump.

Mientras se dirimía la admisión o no a trámite de este caso, a finales de 2025, la revista científica que publicó un artículo “ampliamente considerado como clave en el discurso sobre la carcinogenicidad del glifosato y el Roundup” retiró el trabajo. La razón esgrimida por el editor fue que “la falta de claridad acerca de qué partes del artículo habían sido autoría de empleados de Monsanto crea falta de certeza sobre la integridad de las conclusiones que sacaba”. ¿Cuáles conclusiones?: “Bajo las presentes y esperables condiciones de uso, Roundup no supone un riesgo para la salud humana”, sentenció aquel paper fechado en el año 2000.

Los autores del análisis que, finalmente, derivó en la retractación oficial, Naomi Oreskes y Alexander Kaurov, han remitido recientemente otro estudio a la revista Critical Review para que retire otro artículo favorable al glifosato por los mismos motivos, según la revista Science.

Sin embargo, la administración Trump intervino oficialmente ante el Supremo en diciembre de 2025 para pedir que aceptara a trámite la apelación de Bayer en uno de los casos de reclamación por su herbicida. Remitió un amicus brief en favor de la compañía alemana: “Debería concedérsele amparo”, era la conclusión del texto legal.

El 16 de enero pasado, el Tribunal Supremo estadounidense aceptó finalmente tramitar la apelación. El 2 de marzo, la administración Trump remitió a los jueces su petición para que dieran la razón a Bayer: “La sentencia [contra la compañía] debería ser revertida”, afirma su escrito. Se espera un veredicto para junio.

Las 'superhierbas' resistentes

La controversia alrededor del glifosato se ha centrado en sus posibles daños sobre la salud de los humanos, sin embargo, los científicos han certificado los impactos del producto sobre el medio ambiente, eclipsados por la polémica.

Entre los daños observados, el compuesto perjudica a la calidad del suelo porque puede reducir los microorganismos beneficiosos al tiempo que beneficia los perjudiciales. Esto redunda negativamente en el ciclo de los nutrientes.

También se ha estudiado cómo contamina las aguas al llegar a los cursos por la escorrentía y se filtra y afecta a las masas de agua subterránea. El producto se degrada en su principal metabolito que es mucho más persistente en la naturaleza que el herbicida en sí mismo. Además, continúa la incertidumbre sobre cómo terminará afectando la presencia constante, aunque sea a bajas concentraciones, del compuesto en los ecosistemas.

A todo esto se le ha unido que el uso masivo e indiscriminado del producto ha causado la evolución de especies de hierbas que soportan el herbicida. Unas 40 variedades en más de 30 países y otros tantos tipos de cultivo. En EEUU se han certificado en más de 24 millones de hectáreas agrícolas. La industria de pesticidas ofrece ahora una nueva generación de herbicidas a la venta contra esas variedades. Bayer, por ejemplo, espera lanzar una gama de productos contra hierbas resistentes en 2028 “con un potencial de ventas de 750 millones de dólares”.

El uso intensivo de pesticidas en general deja concentraciones inesperadamente altas en los suelos donde se aplican. Los estudios sobre el terreno han demostrado que la cantidad de residuos químicos que permanecen supera los niveles previstos para que se autorizaran esos pesticidas.

Blanca Ruibal recuerda que, en Europa, “la Comisión está inmersa en una carrera a la baja que va a desmantelar leyes fundamentales sobre los productos fitosanitarios, como el glifosato”. Y reclama que “la Unión Europea debería prohibir de forma definitiva este producto y apostar por una producción de alimentos sostenible y saludable, enfocada además a alimentar a la población europea y no a los mercados”.

De hecho, este patrón de uso de los compuestos es una de las causas de pérdida de biodiversidad y daños ambientales, como reconocía la propia UE hasta hace poco tiempo. Luego, la ola antiecológica impulsada por el sector primario y las formaciones políticas de ultraderecha y derecha, ha hecho que, por ejemplo, se eliminara el proyecto de ley europea para reducir el uso de pesticidas en un 50% y, más tarde, se proyecte la autorización de pesticidas sin las revisiones de efectos obligatorias que hasta ahora han funcionado.

Javier Raboso advierte de que “esta política de tierra quemada del glifosato y el fósforo como la impulsada por EEUU genera al final una manera diferente de mirar las cosas y tienen eco en las políticas europeas”. Y no hay que dejar de vista, añade, que “las presiones de las empresas para que las regulaciones les favorezcan se reproducen. Bayer, igual que hace lobby en Washington, hace lobby en Bruselas. Y decisiones como estas les dan alas”.

Los micrófonos abiertos son, a veces, reveladores. Uno de estos aparatos durante el I Foro de la Codorniz celebrado el pasado 11 de marzo en Valladolid recogió la conversación mantenida entre uno de los promotores del acto y miembro de la Federación Castellano y Leonesa de Caza, José Antonio Pérez Garrido, y otro de los asistentes. Las palabras giran en torno a la situación y abundancia de la especie. Los informes oficiales hablan de una regresión importante, mientras los cazadores sostienen que la codorniz está en buena situación y, por lo tanto, no hay que tomar medidas restrictivas sobre su actividad como planea proponer el Gobierno en la Unión Europea a cambio de no decretarse una moratoria total.

En un momento dado, ante la afirmación de que la codorniz es un animal cuyas poblaciones se miden por millones de ejemplares –por lo que los individuos matados por los cazadores no influyen demasiado–, Pérez Garrido realiza una analogía en estos términos: “Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay ¡dos mil millones!”.

El diálogo del vídeo es el siguiente:

– “El tamaño poblacional, estamos hablando de una especie de millones de ejemplares”.

– “Claro. Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay ¡dos mil millones!”.

– “Mira José Antonio esto es todo una cuestión del hombre blanco”.

Así concluyen, para luego adentrarse en una disertación sobre la percepción de las especies en extinción. Pérez Garrido es además el dinamizador en la comunidad autónoma del proyecto de censos de codorniz Coturnix financiado por la aseguradora de cazadores Mutuasport –dirigida por el presidente de la Federación Andaluza de caza, José María Mancheño– y cuyos resultados son esgrimidos por el sector cinegético para afirmar que, en España, se hace una caza de la especie “sostenible”.

Contactado por este diario para poder matizar sus palabras, Pérez Garrido insiste en que la comparación se refiere a “una población muy grande que no está ni comprobado que haya una disminución en España sino de la presencia cuando la cazamos. Sobre una población global muy grande, una posible merma de una pequeña parte de la población no debería ser significativa”.

Según el cazador, por eso hacía la comparativa: “Si tenemos 1.300 millones de chinos y por causas naturales (un volcán o una epidemia) se mueren 100 millones, efectivamente, cuando tú piensas en 100 millones de muertos es una barbaridad, pero es que quedan 1.200 millones de chinos. ¿La población de chinos está en peligro?–se pregunta el cazador– No. No está en peligro”, contesta.

Y continua su comparativa con la situación de la codorniz: “¿Hay que hacer una repoblación de chinos para recuperar esos 100 millones que mueren? No. Hay 1.200 millones de chinos. Podríamos compararlo con una población de batusis, que quedan 1.500. En una población así, se mueren 100 y sí es preocupante. Es una merma del 10%. Cuando nos vamos a cifras muy grandes que haya una pequeña desaparición no es importante”. Y remata su argumentación diciendo que “pasa con otras especies. Pero yo lo comentaba así en camaradería con un compañero para hacerlo más exagerado”.

Aunque hace un año afirmó que no está en peligro de extinción para impedir una prohibición de caza, el Gobierno admite finalmente que “hay que cazar menos codornices” si se quiere recuperar esta especie de su actual “declive”. Incluso el Ministerio de Agricultura entiende que “seguir como hasta ahora no es una opción”, según ha revelado su subdirector general adjunto de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Pablo Bernardos, en el I Foro Nacional de la Codorniz organizado por la Federación de Caza de Castilla y León.

La cuestión es que la codorniz en Europa está en regresión. Hay en torno a un 25% menos que hace unas décadas. Y la ley obliga a recuperar las especies que entran en esta deriva. La estabilidad no es suficiente. Por eso “establecer una reducción está justificado”, abundó en ese foro el representante de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina de Ministerio de Transición Ecológica, Rubén Moreno-Opo. “Una moratoria haría que los objetivos de conservación se alcanzaran antes, pero si ha de ser una reducción...”, se conformó este técnico.

Por lo tanto, el Ejecutivo ha acordado que en la próxima reunión de países de la UE con la Comisión Europea la semana próxima llevará una propuesta para que se rebaje la caza de codornices.

En realidad, Agricultura intenta convencer en Bruselas de que no se adopte una moratoria como salvavidas de las poblaciones de esta ave como habían pedido los asesores científicos de la Comisión. En su lugar quieren que se acepte este plan de reducción. “Bajar la intensidad. Reducir la presión”, en palabras de Bernardos. Los científicos han propuesto ese parón temporal por “la probabilidad muy alta de que la caza de codornices no sea sostenible”.

Los cazadores ya se negaron a la opción de una moratoria –eso les prohibiría disparar a estos trofeos durante un tiempo–, pero tampoco aceptan una reducción en el número de codornices que puedan matar cada temporada. “Responde a criterios ideológicos y no de carácter científico”, alegan.

El presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, argumenta que “solo así se entiende que se tomen en cuenta los datos aportados por determinadas entidades pese a ser incompletos, pero no por los generados por los cazadores españoles”.

El sector insiste en que la codorniz goza buena salud por lo que puede seguir matándose al ritmo actual –cientos de miles de ejemplares cada temporada–. Se basan en un proyecto de censos llamado Coturnix financiado por la principal aseguradora de caza de España, Mutuasport, cuyo presidente es el mismo dirigente de la federación andaluza, Mancheño.

El análisis de la codorniz para la Comisión Europea lo coordinó el Instituto de Recursos Cinegético (Irec) y participaron la Agencia de Biodiversidad de Francia y la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Ese trabajo es el que dictaminó que lo más seguro es que el nivel de caza actual sea insostenible. Coturnix, que además de la financiación de la aseguradora, está impulsado por el lobby cinegético Fundación Artemisan y la colaboración de la Federación Española de Caza dice que se caza de manera razonable.

Sin embargo, desde Agricultura se defiende que el mensaje en Bruselas debe ser “decir que somos capaces de controlar lo que se caza al nivel adecuado para el objetivo [que marca la ley], es decir, mejorar el estado de la especie”. La meta no es conseguir que en los cotos puedan continuar las batidas de codorniz, sino que la especie se recupere de su regresión.

“Hay que evitar un procedimiento de infracción”, es parte del mensaje del Ejecutivo. “Da mala imagen de España y del sector”. Esto ya ocurrió con la tórtola cuando Bruselas llevó a España al borde de los tribunales antes de que se prohibiera la caza de esta ave para intentar revertir su mala situación.

“Necesitamos una moratoria”

El responsable de conservación de la SEO/Birdlife, Mario Giménez, cuenta a elDiario.es que “una reducción no nos parece una medida adecuada porque estamos en un escenario en el que, para que haya un impacto suficiente y se recupere del declive, necesitamos una moratoria como la que funcionó con la tórtola”. Giménez –que también participó en las mismas jornadas–, explica que “para poner cupos primero hay que saber cuántas hay realmente y cuántas se cazan”.

El empeño de los cazadores por mantener como trofeo una de sus “reinas de la media veda” viene de lejos. En 2022, el Comité Científico del Gobierno dictaminó que el ave cumplía los criterios técnicos para considerarla en peligro de extinción. La reacción cinegética no se hizo esperar.

Las organizaciones de cazadores consiguieron que el Ministerio de Agricultura incorporara sus informes de situación en la reunión donde se discutía esa medida. Todo el proceso se paralizó y Transición Ecológica recomenzó el expediente. En 2025, el Gobierno concluyó oficialmente que “no se desprende que la codorniz deba ser incluida en la categoría en Peligro de Extinción del Catálogo Español de Especies Amenazadas”. Podría seguir cazándose.

La siguiente cuestión es cual es la reducción de capturas que España pondrá encima de la mesa europea. Ni el Ministerio de Agricultura ni el de Transición Ecológica han facilitado estos datos.

Los avisos estaban ahí. Pero la empresa negó riesgos relevantes, la Junta de Castilla-La Mancha concedió el sello ambiental y los jueces dieron por buenas las medidas del promotor para “evitar o paliar” daños. Así entraron en funcionamiento tres parques eólicos en una zona de expansión del águila imperial en Albacete. El resultado: han multiplicado la mortalidad media de fauna asociada a estas infraestructuras en la provincia.

La historia de esos tres parques eólicos —llamados Derramador, Fuenteálamo y Frontones— ilustra el choque entre la necesidad de expandir las energías renovables —para mitigar el cambio climático— y la protección de hábitats. O, más bien, la carrera de las empresas por aprovechar esa necesidad y la vigilancia necesaria para que esa carrera no salte por encima de casi todo.

También ejemplifica cómo, demasiadas veces, la protección de la naturaleza llega tarde. Cuando ya hay un daño infligido y es irreparable. En este caso, más de 135 cadáveres de especies protegidas en apenas dos años: de 2022 a 2024, según la evaluación del Gobierno autonómico. Tres de ellos de águila imperial, en peligro de extinción. Unos datos que se han conocido porque la empresa quería ampliar su megaproyecto eléctrico.

Ambientalmente inviable

Esa solicitud ha derivado en que ahora, a la vista de los daños causados por los 40 aerogeneradores autorizados por Castilla-La Mancha, el Ministerio de Transición Ecológica haya dicho que “no resulta ambientalmente viable” instalar seis nuevos aerogeneradores. Su Declaración de Impacto Ambiental señala que los responsables de Medio Ambiente de la Junta admiten que “puede observarse el efecto negativo que tienen este tipo de proyectos sobre las poblaciones de fauna amenazadas del entorno”. El nuevo proyecto ha sido revisado por el Gobierno porque se quería conectar con la red de transporte eléctrico estatal.

Ese documento, firmado en julio de 2025, añade que, en realidad, la zona implicada es de “apreciable valor ambiental, con una notable concentración de especies protegidas y amenazadas”, lo que “implicaría un riesgo constante de muerte por colisión”. Esta vez, la autoridad ambiental juzga que “las medidas de mitigación propuestas por el promotor no son suficientes, ya que no evitan la afección sobre zonas de alta sensibilidad”.

Casi todo lo que ha perecido por esas palas de los parques son especies protegidas. Algunas en grave peligro, como el águila imperial. También han muerto cernícalos, vencejos y decenas de murciélagos. La organización SEO/BirdLife, que en su momento solicitó medidas cautelares a la justicia para evitar esto, ha pedido que, a la luz de lo que se ha conocido, se revisen las autorizaciones ambientales de los parques en funcionamiento.

El caso de estos parques es una historia relevante porque ejemplifica un fenómeno general en España: “La rápida expansión de las energías renovables en la península ibérica representa un nuevo desafío en la conservación de especies en peligro”, como apunta un reciente estudio de la fundación CBD-Hábitat y el Instituto de Recursos Cinegéticos (Irec). “Solo el 21% de las áreas de dispersión del águila imperial y el 38% de sus zonas de cría están protegidas”.

Es el reverso más incómodo de la transición hacia energías limpias, que necesita contrapesos, como ha admitido el propio Ministerio de Transición Ecológica al proyectar un real decreto específico de protección de la avifauna.

Los resultados del trabajo de la fundación CBD-Hábitat y el Irec subrayan la “urgente necesidad —dicen los investigadores— de integrar datos ecológicos en el planeamiento de energías renovables”. Tenerlo en cuenta a la hora de instalar parques.

Porque los documentos oficiales de los aerogeneradores en Albacete —evaluaciones, informes, recursos y autos— permiten rastrear un camino que comienza con una solicitud privada y termina en una escabechina de aves y murciélagos de la que se había advertido con antelación, pero sin éxito.

El periplo oficial

La tramitación de los parques comenzó en 2017, cuando se registró la solicitud de estos proyectos colindantes que se instalarían en un corredor entre áreas protegidas de la Red Natura 2000. Los primeros análisis del servicio de Espacios Naturales del gobierno autonómico sí advirtieron de que, al haber en “los aledaños” águilas imperiales, “puede determinarse la inconveniencia de la instalación”, según recoge el escrito de solicitud de cambio de autorización de SEO/BirdLife.

El promotor, en su evaluación previa, decía, sin embargo, que “no se espera que la afección por riesgo de colisión de la avifauna con los aerogeneradores sea importante”. A los encargados de dar el visto bueno ambiental les pareció que, si la empresa instalaba unos “sistemas de detección, alerta y parada” en “como mínimo cinco aerogeneradores” para “disminuir el riesgo de colisión”, los proyectos podían seguir adelante, según indicaba la declaración de impacto ambiental favorable de octubre de 2019

Una vez que las obras de la infraestructura estaban en marcha, SEO/BirdLife acudió a los tribunales y solicitó como medida cautelar que se detuvieran los trabajos en los parques. Los cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha rechazaron esa medida.

En su decisión de 5 de abril de 2022, el TSJ decía que el proyecto “incorpora medidas de seguimiento y vigilancia dirigidas, sin duda, a evitar o, cuando menos, paliar esos posibles efectos perjudiciales sobre el hábitat y fauna de los espacios protegidos cercanos”. Y ponía de ejemplo, precisamente, los “sistemas y dispositivos automáticos en tiempo real con módulos de detección de aves, aviso y parada en cinco generadores”.

Los parques se pusieron finalmente a funcionar. Y las aves —incluidas águilas imperiales— empezaron a caer en sus palas. “Ha sido un impacto crítico”, explican ahora en SEO/BirdLife. “La autorización original se sustentó en la premisa de que las medidas serían suficientes”, insisten. Una premisa “ahora refutada”. La ONG remata que “los datos oficiales demuestran el fracaso absoluto de las medidas preventivas. La mortalidad supera cualquier umbral de permisibilidad”.

España y Portugal se alían para combatir la crisis climática cuyos efectos se dejan notar de forma especialmente aguda en la península ibérica. Ambos países se han comprometido este viernes a cooperar en una “acción climática ambiciosa” como una manera de “proteger a sus ciudadanos y sus ecosistemas”, según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

España y Portugal son dos países especialmente vulnerables a los impactos ya constatados del cambio climático en el sur de Europa como las sequías más agudas, las lluvias más violentas, las inundaciones y los incendios forestales. La dana de Valencia y la oleada de fuegos del verano pasado son dos ejemplos recientes y devastadores de la nueva realidad climática que cruza ambos estados.

Este acuerdo, adelantado por El País y confirmado por elDiario.es, se celebra entre un gobierno progresista en España y otro conservador en Portugal. El primer ministro luso, Marcelo Rebelo de Sousa, es aliado político del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo que se ha negado a incorporarse al Pacto de Estado sobre cambio climático promovido por el Ejecutivo. Es más, el PP se ha acercado a las posturas más abiertamente negacionistas de la ultraderecha que, en España, son impulsadas por Vox.

La alianza hispano-lusa que se firma este viernes apuesta decididamente por las energías renovables frente a los combustibles fósiles como el petróleo o el gas. “Son pilares esenciales”, explican en el Ejecutivo para garantizar la transición energética junto con la integración de las redes española y portuguesa y la conexión con el resto de Europa.

También se planea coordinar respuestas conjuntas frente a los riesgos que conlleva el cambio climático. Por un lado, destacan fuentes del Gobierno, una gestión del agua de las cuencas compartidas, planes integrados para prevenir y combatir los incendios forestales a la vez que se restauran los ecosistemas degradados por la acción humana.

Ambos estados coinciden en que sea el conocimiento científico el que dirija las políticas públicas climáticas e incluso han incorporado al acuerdo “una acción coordinada contra la desinformación”, aseguran en el Gobierno español.

Al mismo tiempo, España y Portugal se comprometen a interconectar sus servicios de emergencia e información climática para reforzar la protección de la salud de los ciudadanos frente a los efectos del cambio climático.

Por último, los gobiernos español y portugués explican en que hay que “reforzar el multilateralismo” como bastión esencial para conseguir unas respuestas coordinadas y eficaces frente a las amenazas y daños que ya está provocando la crisis climática generada por las emisiones de CO₂ de las actividades humanas.

Cada día, España compra 1,2 millones de barriles de petróleo e importa más de 75 millones de metros cúbicos de gas, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Son las cifras más simples sobre la dependencia que el país tiene de los combustibles fósiles cuyo uso causa la crisis climática.

El ataque de EEUU e Israel a Irán ha derivado en una fuerte subida en el precio del crudo y el gas. En poco tiempo llegará a los bolsillos de los consumidores. El cierre de la ruta comercial en el estrecho de Ormuz ha reducido la producción e incrementado el coste. Desengancharse de los combustibles fósiles, como pide la lucha contra el calentamiento global, rompe esa dependencia.

Lo ha expresado la presidenta del Banco Europeo de Inversión (y exvicepresidenta del Gobierno), Nadia Calviño quien, en plena ola de ataques y represalias aéreos de estos días, ha dicho que “es más urgente aún que Europa reduzca su dependencia de los países productores de combustibles fósiles”. Calviño ha calificado esto como “la lección principal” que deja el conflicto bélico.

España soporta una fuerte dependencia energética. Necesita fuentes externas para satisfacer casi toda la demanda a la hora de encender la luz, que funcione una industria o se muevan los coches y camiones. En 2024, esa dependencia fue del 68,4%, según el Balance Energético del Ministerio de Transición Ecológica.

La dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta. Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos

Fernando Prieto — Director del Observatorio de la Sostenibilidad

Lo cierto es que ha bajado desde el 73%-75% calculado entre 2010 y 2015 y está marcando los mínimos históricos, pero “la dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta”, opina el director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto. “Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos”.

Ha sido, precisamente el incremento de las energías renovables (eólica, solar e hidráulica) que producen el 25% de la energía que se consume en España, según Transición Ecológica lo que ha hecho que, con todo, la dependencia energética española se haya reducido significativamente. Y esa energía provoca muy pocas emisiones de CO₂ y amortigua la necesidad de importar combustibles fósiles.

Al mirar las estadísticas de CORES se ve fácilmente de quién depende más España para adquirir esos combustibles fósiles. Las cifras oficiales muestran que el primer vendedor de petróleo a España es, precisamente, EEUU (un 15%). Le siguen Brasil, México y Nigeria -todos por encima del 10%-. Esos países acumulan la mitad de las importaciones españolas.

Para el gas, el primer proveedor español es Argelia y el segundo es, de nuevo, EEUU, que se ha beneficiado del recorte en el gas ruso. Aun así, Rusia siguió en 2025 siendo el tercer exportador para España.

Campaña antirrenovables y beneficios millonarios

Sin embargo, la ola reaccionaria de derecha y ultraderecha ha puesto en su punto de mira estas energías limpias. El líder de esa ofensiva, el presidente Donald Trump, por ejemplo, llama despectivamente a la eólica “molinos de vientos” o “la mayor estafa”. Su país es el principal vendedor de petróleo a España y el tercero de gas, ambos combustibles fósiles, los competidores naturales de las energías renovables.

La consultora especializada en energía EnergyFlux ha calculado que a las empresas gasísticas estadounidenses se les ha abierto con los ataques una ventana de enormes ingresos económicos. “Más de 1.000 millones dólares a la semana”, han anticipado, como consecuencia del conflicto en Irán.

Su análisis explica que, al cerrarse la planta de gas de Ras Laffan en Qatar por los ataques (que representa una quinta parte del gas licuado mundial), se “crea un déficit de suministro que los productores de EEUU podrán aprovechar”. Según sus datos, el incremento de precio del gas registrado desde que comenzó la ofensiva de EEUU e Israel ha hecho que la rentabilidad nominal de un cargamento de gas desembarcado en Europa haya pasado de 25 a 50 millones de dólares.

“Esto significa que las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) podrían generar hasta 4.000 millones de dólares en beneficios extraordinarios si la planta de Qatar permanece cerrada durante un mes”, concluyen.

Mientras, en España se está produciendo una campaña para salvar la energía nuclear, es decir, alargar la vida de los reactores cuyo cierre progresivo ya estaba proyectado. La nuclear no utiliza combustibles fósiles, aunque es 100% dependiente de importación de uranio. “Si se permiten las prórrogas de las centrales nucleares se va a cargar la evolución hacia las renovables”, advierte Fernando Prieto.

Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático y están ligados a violaciones de los derechos humanos así que no es solo una cuestión climática, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz

Marina Gros — Coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción

“Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático que estamos viendo, pero además, es que están ligados a violaciones de los derechos humanos”, ilustra la coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción, Marina Gros. “Tanto en las comunidades cercanas a los puntos de extracción como a las de los de transporte e incluso aquí en España como en Muskiz. Al final, la energía puede ser utilizada como arma de guerra, pero también permite sostener la propia guerra”.

Gros subraya que, desde el ataque sobre Ucrania, “se ha intentado cambiar la dependencia del gas ruso por gas de EEUU y una vez llegados a este contexto de ataque ilegal en Irán, vemos que la dependencia del GNL norteamericano nos hace vulnerables. Nos ata a los mercados de precios internacionales y su volatilidad cuando se genera un incidente como este”.

En España el 65% de los productos petrolíferos se emplean para el sector del transporte, según el Balance Energético de Transición Ecológica. Sobre todo para los combustibles de los vehículos que circulan por carretera (que supone un 80% de la energía consumida por este sector). Y, justamente, esta actividad es la que emite más gases de efecto invernadero, la causa del cambio climático, en el país: un tercio del total nacional. “Considerando la relevancia de este sector en el total de las emisiones de gases, sería deseable observar un mayor desacoplamiento respecto al crecimiento económico”, explica el Inventario de Emisiones. Traducido: que los coches, camiones y furgonetas no inyecten tanto CO₂ desde sus tubos escape.

Sin embargo, la dependencia de los combustibles fósiles ya ha hecho que las asociaciones de transportistas por carretera CETM y Astic hayan pedido al Gobierno un paquete de ayudas por si los precios del gasoil se disparan. Ayudas significa dinero público para cubrir el gasto.

Al mismo tiempo, al cerrar el año 2025, la patronal europea de los motores que usan gasolina y gasoil, los constructores de automóviles, vieron cómo la Comisión Europea rebajaba su senda para desengancharse del petróleo y ya no va a prohibir esos vehículos a partir de 2030 como estaba previsto.

“Todo esto deriva de la dependencia energética”, resume Marina Gros. “Depender de los combustibles fósiles no es solo una cuestión del cambio climático, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz”.

El Partido Popular quiere pocas trabas a la ocupación privada de la costa. Ante la posibilidad de extender la protección del litoral español, los gobiernos autonómicos populares han montado una ofensiva para impedir que un nuevo reglamento de Costas sirva para “restringir los usos del litoral y acortar la duración de las concesiones”.

La Xunta de Galicia es quien lidera este frente con la Generalitat valenciana y la Región de Murcia como lugartenientes. Temen, han admitido, que se “limiten las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre a solo 30 años frente a los 75 actuales y se endurezcan los requisitos para instalar cualquier tipo de negocio en el litoral”. También critican que se amplíe el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) “llevando la línea de deslinde tierra adentro”.

En resumen, no quieren que se pongan más límites a “la propiedad privada, económica e industrial” sobre la costa, según comunicaron en una reunión autonómica celebrada el 19 de febrero en la Casa de Galicia en Madrid en la que estuvieron Asturias, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cantabria, Catalunya y Euskadi. Tras el encuentro autonómico, el Principado de Asturias –gobernado por el PSOE– tuvo que sacar un comunicado para desmarcarse de la “propuesta de nueva ley” del PP. Su directora general de Urbanismo, Laura López, explicó que ellos apuestan por “reforzar la protección frente a la liberalización”, que destila la iniciativa popular.

Aunque las comunidades costeras del PP ya se reunieron en julio de 2025 para reclamar una nueva legislación a su gusto, esta nueva fase se ha activado ante el inicio de revisión del reglamento de Costas obligado por un expediente sancionador de la Comisión Europea contra España por permitir ocupaciones del litoral “sin justificación”.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica subrayan que “están criticando antes de conocer el texto de modificación del Reglamento General de Costas que se someterá a información pública”.

Desde la ciencia tenemos clarísimo que se necesita un replanteamiento del ordenamiento del frente litoral de toda la costa porque el escenario de cambio climático, de esta emergencia, es global

Joan Manuel Vilaplana — Director del Observatorio de riesgos del Colegio de geólogos y geólogas de Catalunya

En medio de este contexto, “desde la ciencia tenemos clarísimo que se necesita un replanteamiento del ordenamiento del frente litoral de toda la costa porque el escenario de cambio climático, de esta emergencia, es global”, explica a elDiario.es el director del Observatorio de riesgos del Colegio de geólogos y geólogas de Catalunya, Joan Manuel Vilaplana.

El geólogo recuerda que “hay que replantear todo el urbanismo y las infraestructuras. Mirarlos de forma distinta”. Se refiere a colocar “la renaturalización de la costa como un libro de cabecera para guiarnos. Una playa ancha en la mejor defensa ante temporales e inundaciones costeras”. Fenómenos severos que no paran de golpear como ha ilustrado el tren de borrascas que atravesó España en enero y febrero y la destrucción que provocó.

“El problema es que tenemos rigidez en la costa y esto es incompatible. Nos encontramos con casas, bloques, hoteles en primera línea de costa... Entonces ¿qué hacemos con eso?”, se pregunta.

La costa, un derecho constitucional

El dominio público marítimo-terrestre (DPMT) que asusta al Partido Popular es un derecho de todos los españoles reconocido explícitamente en la Constitución. Su inclusión, “sin precedente en el derecho comparado” según el análisis del Congreso de los Diputados, frenó de alguna manera la urbanización galopante que había soportado durante décadas: “Ya no pudieron reconocerse enclaves privados en las playas o en la zona marítimo-terrestre”.

Pero, una vez dado el mandato en la Constitución, restaba por identificar sobre el terreno esa zona a lo largo de la costa. Lo que queda dentro está destinado “tanto para su protección, como para su garantía de disfrute público”, explica el Ministerio de Transición Ecológica. Eso garantiza “el derecho, eso sí, con usos adecuados, que ni comprometan su integridad física, ni impliquen que los demás no puedan disfrutarlos también”. Ahí descansa la concepción de la costa como algo público, de todos, y no particular.

El Partido Popular está atacando la delimitación del dominio que se hace mediante el deslinde. El Gobierno valenciano ha reconocido que su ley de Costas, ahora recurrida ante el Constitucional, pretendía impedir que esa línea molestara demasiado. Su consejero de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, explicó que trataban de “poner freno a deslindes y a las recuperaciones posesorias”. La recuperación posesoria es un instrumento legal del Estado recogido en la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para recobrar bienes que se hayan perdido “indebidamente”.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat, Marc García Manzana, ha explicitado más: “No se puede ampliar el dominio público marítimo-terrestre por un episodio extraordinario de oleaje”.

Josep Manuel Vilaplana considera que el DPMT “es una herramienta muy buena”. Cuando el sistema natural no está ocupado “es fácil conservarlo y potenciarlo –abunda– el problema es que tenemos un urbanismo y unas infraestructuras consolidadas”.

Pero el incremento del nivel del mar, de los temporales, de su intensidad “implican que la zona inundable cada vez progresa más e irá progresando más. Eso es lo que te obliga de alguna forma a ir retrocediendo y a liberar espacio”, subraya el geólogo. “La reconstrucción no quiere decir echarlo todo por tierra, sino, a lo mejor, trasladar o ponerlo en otro lugar. Eso obliga a mucha planificación a medio, largo y larguísimo plazo”.

Los responsables del PP han evidenciado la idea que subyace en sus planes costeros: mantener en primer plano la costa como recurso económico. Así, en la Comunitat Valenciana han reiterado que desean una legislación que “compatibilice la protección ambiental con la actividad económica sostenible en el litoral. Un equilibrio real entre la protección ambiental y el desarrollo económico y el respeto a los núcleos tradicionales”. En la Xunta gallega replican que quieren “una nueva ley de costas que aborde de manera integrada la ordenación del litoral teniendo en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos y sociales”. El Gobierno murciano ha pedido que “las respuestas a las demandas de ciudadanos y sectores productivos sean más ágiles, eficaces y con mayor seguridad jurídica para nuestros núcleos costeros”.

En absoluto digo que no haya que considerar el valor económico del litoral. Lo que corresponde es cambiar la manera en la que se piensan y enfocan estas actividades. A la larga, las generaciones futuras lo van a conseguir porque convivir con la naturaleza y adaptarse a sus pautas es imprescindible. El mar acaba imponiéndose

Joan Manuel Vilaplana — Director del Observatorio de riesgos del Colegio de geólogos y geólogas de Catalunya

A pesar de que nada de eso aparece en las propuestas del Ministerio de Transición Ecológica, los populares envuelven sus proyectos con la proclama de que el Gobierno “quiere eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050”.

“En absoluto digo que no haya que considerar el valor económico del litoral –aclara Joan Manuel Vilaplana–. Lo que corresponde es cambiar la manera en la que se piensan y enfocan estas actividades. Hace falta mucha pedagogía”. Y vaticina: “A la larga, las generaciones futuras, no nosotros, lo van a conseguir porque convivir con la naturaleza y adaptarse a sus pautas es imprescindible. No hay otra. El mar acaba imponiéndose”.

Las masas forestales son cada vez más plantación y menos bosque. A base de extinguir árboles autóctonos y favorecer la expansión de especies exóticas, los humanos convierten los bosques en ecosistemas menos diversos, más uniformes, lo que no solo los degrada, sino que hace que pierdan su capacidad para almacenar carbono y resistir el fuego.

“Los bosques del mundo están entrando en una nueva era caracterizada por la homogeneización, la pérdida de biodiversidad y el debilitamiento de los ecosistemas”, afirma un reciente estudio internacional en el que ha participado Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), el CSIC y el Instituto Botánico de Barcelona. Cuando se habla de homogéneo, hay que pensar amplias extensiones con árboles de una misma especie y edad parecida. Muchos fruto de plantaciones para obtener madera o repoblaciones.

Lo que han constatado estos científicos –que han revisado más de 31.000 variedades de árboles– es que los bosques contienen menos especies. “Las velocistas del mundo vegetal se están expandiendo y ganando terreno por todo el mundo”, explican los investigadores. En la península ibérica esos “velocistas” son, sobre todo, pinos, acacias, eucaliptos y ailantos, según la investigación del Creaf.

La gestión forestal histórica ha favorecido estas especies velocistas para la producción rápida de madera o para repoblar zonas tras incendios y estamos perdiendo la columna vertebral de los ecosistemas

Josep Peñuelas — Ecólogo e Investigador del Creaf

“Estamos perdiendo la columna vertebral de los ecosistemas”, ilustra el coautor del estudio, Josep Peñuelas. Se refiere a que esas especies nativas que son de crecimiento más lento, que generan madera densa y tienen larga vida están siendo sustituidas por variedades de vida más rápida, oportunistas y generalistas, lo que significa que los bosques del futuro van a ser más uniformes, menos diversos y por tanto, más débiles frente al cambio climático. Y, como ha explicado el neurobiólogo italiano Stefano Mancuso: “Los bosques son los únicos que nos van a salvar del calentamiento global”.

La realidad pone luego números e imágenes concretas a los datos científicos al llegar olas de megaincendios forestales cebados por el cambio climático, como, sin ir más lejos, el verano pasado.

La cuestión es que, como estas variedades tienen madera poco densa y las hojas pequeñas, pueden crecer muy rápidamente y eso les permite colonizar terrenos degradados y quemados mientras las especies nativas como puede ser el roble o la encina, como desarrollan madera más densa, tardan en crecer y no les dejan establecerse.

Peñuelas, investigador del CSIC en el Creaf, explica que, además de las razones biológicas, el “otro gran factor” para que estas especies puedan aprovechar sus ventajas de crecimiento es “el humano”. “La gestión forestal histórica ha favorecido estas especies velocistas para la producción rápida de madera o para repoblar zonas tras incendios”, señala.

En este sentido, al menos en el caso ibérico, convertir en rentables económicamente las masas forestales y la expansión de plantas ornamentales están en el origen de este problema si se repasan los análisis científicos de las variedades colonizadoras.

Las “velocistas” en España

De las especies detectadas por el estudio, el ailanto está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras porque, según su ficha oficial, “altera el funcionamiento del ecosistema forestal”. Es “muy competitiva, invasora de zonas riparias, produce toxinas en hojas y corteza que, al acumularse en el suelo, inhiben el crecimiento de otras especies o desplaza a la vegetación natural preexistente o dificulta su regeneración futura”. Entró a los ecosistemas al llegar como planta de jardín.

Sobre las acacias, al menos cuatro variedades aparecen en el mismo catálogo de invasoras, principalmente, por cómo impide que la vegetación autóctona pueda brotar. Originarias de Australia, llegaron a España como planta ornamental y su capacidad de colonización ha hecho que, incluso, se naturalice en varias áreas españolas.

Sobre los eucaliptos, los científicos tienen claro que es una especie invasora, como dictaminó el Comité Científico del Gobierno en 2017 –todavía presidido por Mariano Rajoy (PP)– al concluir: “Constatado con los datos científicos disponibles el carácter invasor de las especies de Eucalyptus naturalizadas en nuestro país, se concluye que se debería incluir en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras”. Sin embargo, la importancia económica que ha adquirido ha hecho que no se incorpore a esa lista porque la ley prohíbe aprovechar económicamente las variedades del Catálogo.

Los pinos, por su parte, han sido una especie escogida para repoblar durante décadas (el 82% de lo replantado en las décadas de la mitad del siglo XX) por “por su presencia en gran parte de nuestra geografía y por el valor social o económico de sus aprovechamientos”. Estas “plantaciones” han derivado en “paisajes con gran carga de combustible” que incrementan las intensidades de los incendios, según investigó un grupo científico de la Universidad de Cádiz hace unos meses. Estas masas “registraron incendios más severos y una recuperación mucho menor que otros tipos de vegetación, como los robledales o los matorrales mediterráneos”.

La homogenización es un golpe duro para la naturaleza en España por su alto grado de biodiversidad. “A diferencia de la mayoría de los bosques del centro y del norte de Europa, donde predominan solo alrededor de una docena de especies arbóreas, los bosques mediterráneos son mucho más diversos y albergan hasta cien especies distintas de árboles”, según explica el documento oficial del Ministerio de Transición Ecológica sobre la región mediterránea en la Red Natura 2000.

Más fuego, menos carbono

Las consecuencias de estas pérdidas se expanden por muchos campos y son todas negativas. “Hay más riesgo de incendios”, afirma directamente el ecólogo Josep Peñuelas. “Especies como los pinos y eucaliptos son más inflamables y generan estructuras de bosques más propensas al fuego que los robledales o los encinares maduros”. No se trata de “demonizar a los pinos”, insiste, pero “sí de no favorecerlos donde no conviene y hacer una gestión menos productiva y más restaurativa”. Es decir: menos centrada en sacar beneficio económico del bosque.

Un análisis científico del Joint Research Center (JRC) de 2023 concluyó que “los bosques primarios y maduros son menos propensos al riesgo de incendios que los bosques modificados por los humanos”. Los bosques maduros tienen que ser diversos (con muchas especies), con árboles muy grandes a los que les ha dado tiempo a crecer (generar madera gruesa). El JRC describe: “Grandes y diversas cantidades de madera y restos gruesos”.

A la vista de los datos, Josep Peñuelas aclara que “los bosques se convierten en dominios exclusivos, o dominados, por especies de crecimiento rápido y eso provoca que los ecosistemas se vuelven más vulnerables”. Así, entre otras cosas, absorben menos carbono. Los árboles de madera ligera y vida corta almacenan menos carbono a largo plazo que los bosques maduros de madera dura y eso “empeora la lucha contra el cambio climático”. Cuanto menos CO2 tragan las plantas, más gas termina en la atmósfera. Más efecto invernadero. Más crisis climática.

Los investigadores piden que, por un lado, se frene la llegada e implantación de las especies invasoras. Hay que tener en cuenta que el grupo más numeroso en España de esta categoría es el de las plantas. Sacarlas de la naturaleza se ha convertido en una misión muy ardua. La frase que se repite en las fichas de las especies es: “Su erradicación es difícil y costosa”.

Peñuelas aboga también por “promover las especies lentas en reforestaciones y planes de gestión. Priorizar activamente la plantación y protección de las especies nativas de madera densa como los robles, las encinas y las hayas”. Y remata pidiendo “reducir la competencia por la luz y el agua, permitiendo que las especies nativas del sotobosque puedan también crecer”. Sotobosque son los matorrales.

Especies lentas y sotobosque, medidas a contracorriente respecto al discurso generalizado sobre limpiar el bosque y hacerlo rentable, pero que la ciencia coloca como palancas para salvarlos de ser una simple plantación.

Es incauto creer que la fiesta puede continuar como si nada. Si unas temperaturas inusualmente altas hicieron que algunos esquiadores compitieran en tirantes en los pasados JJOO de invierno en Italia, según se aproximan los meses estivales se acumulan las advertencias sobre cómo el calor severo traído por el calentamiento global del planeta supone un riesgo deportivo. En el horizonte aparecen transatlánticos como el Tour de Francia o la próxima Copa del Mundo de fútbol en Norteamérica.

La última alerta la ha activado un estudio del ISGlobal sobre el peligro que “cerca” a la gran prueba ciclista francesa –que pivota sobre la fecha del 14 de julio y que condiciona el resto del calendario ciclista–. Pero muchas otras señales están ahí: jugadores de fútbol boqueando en busca de aire durante una pausa de hidratación en el mundialito de clubes de 2025 en EEUU; partidos suspendidos en el último Open de Australia de tenis por superar los 40ºC. Retrasos y evacuaciones en la edición 2025 de Wimbledon. El 40% de las participantes del maratón en el mundial de atletismo en Qatar (2019) no terminó la carrera a pesar de que se disputó a medianoche para huir del sol.

El profesor de Fisiología en la Universidad de Portsmouth (GB) Michael Tipton considera que “la localización, la época y la naturaleza de los eventos deportivos tendrán que cambiar en el futuro”. Tipton explica a elDiario.es que las situaciones en las que se expone a los deportistas –de todos lo niveles– a un “riesgo extremo siguen creciendo a medida que el cambio climático se intensifica”.

Sobre localizaciones y horarios: 14 de las 16 sedes del mundial de fútbol 2026 de EEUU, México y Canadá superan ya valores de WBGT de 28 °C durante las tardes de junio y julio como se ve en el mapa a partir de una investigación de la Universidad Queen's de Belfast. El WBGT es la temperatura húmeda de globo y bulbo (en inglés), el índice que mide el estrés térmico sobre el cuerpo humano combinando temperatura, humedad, radiación solar y viento. Los 28ºC son el umbral a partir del cual algunos organismos rectores del fútbol recomiendan retrasar o posponer los partidos.

Calor severo y Copa del Mundo de fútbol 2026

Para el próximo Mundial, en 14 de las 16 sedes anfitrionas, se superarán valores de WBGT de 28 °C más de la mitad del tiempo durante las tardes, según la media del registro de los últimos 20 años

Vancouver

Ottawa

19,6

Seattle

Toronto

Boston

23,3

24,6

Washington

26,5

26,6

21,9

Nueva

York

Atlanta

23,7

27,4

Dallas

Los Ángeles

29,4

Monterrey

28,5

28,4

Miami

25,5

Guadalajara

19,1

Ciudad

de México

WBGT es el índice que mide el estrés térmico sobre el cuerpo humano combinando temperatura, humedad, radiación solar y viento.

FUENTE: DONAL MULLAN ET AL.

Calor severo y Copa del Mundo

de fútbol 2026

Para el próximo Mundial, en 14 de las 16 sedes anfitrionas, se superarán valores de WBGT de 28 °C más de la mitad del tiempo durante las tardes, según la media del registro de los últimos 20 años

Vancouver

Ottawa

19,6

Seattle

Toronto

Boston

23,3

24,6

Washington

26,5

26,6

Nueva

York

21,9

Atlanta

23,7

27,4

Dallas

Los Ángeles

29,4

Monterrey

Miami

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28,4

25,5

Guadalajara

19,1

Ciudad

de México

WBGT es el índice que mide el estrés térmico sobre el cuerpo humano combinando temperatura, humedad, radiación solar y viento.

FUENTE: DONAL MULLAN ET AL.

El fisiólogo Tipton, que elaboró un informe específico sobre los JJOO de Tokio 2021 en el que se decía que “se les pide cada vez más a los atletas que compitan en ambientes demasiado hostiles para el cuerpo humano”, analiza cinco años después que “el riesgo afecta no solo a los competidores, sino también a los jueces y los espectadores. Los aficionados deberían estar ya haciendo lobby en favor de la mitigación del cambio climático”.

No son anécdotas. Durante esos Juegos Olímpicos de Tokio, la tasa de incidencias relacionadas con calor en disciplinas como el maratón o la marcha atlética alcanzó un “remarcable” 14%, según las revisiones científicas. En París 2024 los deportistas, organizadores y espectadores soportaron una ola de calor extremo de cuatro días. “Nos recuerda la emergencia de este asunto”, subrayan.

De hecho, en la cita parisina, 15 deportes (de los 45 del programa olímpico) fueron calificados como de “riesgo alto, muy alto o extremo” por el calor, según un estudio publicado en el British Medical Journal (en la última categoría entraban el ciclismo, el atletismo general y el maratón). De estos 15, la investigación indica que uno no tenía protocolos para el calor, otros tres no especificaban medidas y otros 11 solo tenían una mención al uso de índices térmicos. “Los índices térmicos actuales reflejan de manera inadecuada el estrés soportado por los deportistas”.

La localización, la época y la naturaleza de los eventos deportivos tendrán que cambiar en el futuro. El riesgo afecta no solo a los competidores, sino también a los jueces y los espectadores

Michael Tipton — Profesor de fisiología en la Universidad de Portsmouth

En un tiempo en el que el deporte se ha convertido no es solo en espectáculo cultural o competitivo, sino una industria económica global de primer orden “el aumento de las temperaturas es un riesgo creciente para la celebración de eventos de verano en Europa”, cuenta el reciente estudio del ISGlobal que analiza el “desafío” y “riesgo creciente” que afronta el sector mediante el ejemplo del Tour de Francia.

El trabajo ilustra cómo, entre 1974 y 2023, la amenaza del estrés térmico en ese país en el mes de julio no ha parado de aumentar. La última década es la que acumula el mayor número de episodios de calor extremo. Hasta ahora, el Tour de Francia ha sido “una carrera extremadamente afortunada –explica la autora principal Ivana Cvijanovic–, pero con las olas de calor récord cada vez más frecuentes, parece solo cuestión de tiempo que se enfrente a días que pondrán a prueba los protocolos de seguridad”.

“Sería extremadamente ingenuo e irresponsable pensar que el Tour se va a seguir librando del cambio climático y antes o después empezaremos a ver a los corredores bajo olas de calor extrema”, ha analizado el profesor de cambio global en la Universidad de Lleida, Victor Resco de Dios en declaraciones al Science Media Center España.

La degradación ambiental perjudica al deporte

Hace solo unas semanas, el Foro Económico Mundial –conocido como el Foro de Davos– le dedicó su atención a este asunto. En un monográfico sobre “economía del deporte” subrayó los peligros que los condicionantes medioambientales están suponiendo para el negocio deportivo. “La degradación ambiental mina directamente tanto el rendimiento de alto nivel como la participación deportiva popular”, concluyó.

Los analistas del foro calculan que el deporte global se ha convertido en un nicho de 2,3 billones de dólares anuales. “Los crecientes riesgos ambientales como el calor severo, los episodios meteorológicos extremos y la contaminación, están alterando las competiciones, obligando a cancelar algunas y reorganizar otras”, concluyen. Y ponen de ejemplo que la meteorología adversa ya cuesta más de 300 millones de euros en ingresos perdidos y mantenimiento en Gran Bretaña.

El autor de la investigación sobre el calor extremo y las sedes mundialistas de fútbol, Donal Mullan pedía “repensar” la hora de los partidos para “proteger a los jugadores, los espectadores y los organizadores”. A la luz de sus datos, la Asociación de futbolistas profesionales FIFPRO ha remitido una petición oficial a la FIFA para mover los horarios de los partidos a horas más frescas del día “aunque entre en conflicto con las ventanas óptimas para la retransmisión”. La FIFA, por el momento, se ha limitado a anunciar pausas de hidratación de tres minutos en cada tiempo.

Las llamadas del 23F desclasificadas este miércoles permiten conocer cómo vivió la familia del golpista Antonio Tejero las principales horas de la asonada, pero no arrojan luz respecto a las grandes incógnitas de la intentona de la que el lunes se cumplieron 45 años. Así, las transcripciones que han visto la luz por decisión del Gobierno no han contemplado las conversaciones del rey con las capitanías generales o las comunicaciones con el Congreso la noche del golpe que podrían resultar claves para conocer el papel del jefe del Estado en lo ocurrido.

“Escúchame, ya sabes el problema de Antonio. No está asignado. El tonto desgraciado, lo han dejao solo, para no variar”. Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, fue consciente del fracaso del golpe de Estado protagonizado por su marido el 23 de febrero de 1981 prácticamente desde que se produjo la toma del Congreso de los Diputados. Conversaciones como la citada, evidencian que la familia del cabecilla del golpe supo desde el principio de la noche que Tejero no tenía apoyos en su plan para subvertir el orden constitucional.

Aquella madrugada lo reconocieron explícitamente la mujer y varios de sus hijos que, además, creían que “todo el Ejército” e incluso el rey del momento, Juan Carlos I, sí apoyaban de inicio los planes golpistas aunque finalmente se desmarcaron. La gran obsesión de Díez Pereira a lo largo de toda la madrugada fue tratar de hablar con el propio Tejero para decirle que estaba “solo”. Primero intentó que desde la Capitanía General le enviaran un coche a su domicilio para personarse en el Congreso y decirle a su marido que había fracasado. Y, después, por consejo de las autoridades del momento, la mujer envió una cinta grabada al hemiciclo para intentar convencer a Tejero de que cejara en su empeño y entregara las armas.

En una de esas conversaciones, Díez Pereira llegó a reconocer que a su marido ya se le había advertido de que no tenía los apoyos para el golpe dos meses antes de producirse. Fue Fernando Caro, entonces comandante de la Guardia Civil de Málaga, quien avisó a Tejero en las Navidades de 1980. “Es que si me hubieran dejado hablar con él antes. Es que él no se creía que le habían abandonado”, afirma la mujer del teniente coronel golpista en una llamada telefónica con el propio Caro, dando a entender que conocía los planes de su marido desde hacía meses y que sabía también que no contaba con apoyos. “Él no se creía que el Ejército le había dejao (sic)”, añadió ella. “Ya se lo dije yo”, apostilló Caro. “Ya se lo dijiste tú”, insistió Díez. “Ya se lo dije yo, en Navidades”, sentenció él.

Estoy desesperada, porque si está el tío tan ostinao, están las tanquetas del GEO y monta el número

A lo largo de las conversaciones transcritas y conocidas este miércoles se evidencia la desesperación de la mujer del guardia civil. “Estoy desesperada, porque si está el tío tan ostinao, están las tanquetas del GEO y monta el número”, le dijo a uno de sus interlocutores al principio de la noche. Después, en otra llamada con el general Fajardo, este le cuenta a la esposa de Tejero que a las seis de la mañana, horas después del inicio del golpe, este militar le pidió al golpista que llamara a su mujer. “¡Jolines! ¿Y todavía no me ha llamado? ¡Entonces no me llama!”, se lamentó. “Le han dejao como una colilla. Por Dios. Es indigno”, apostilló ella.

A Herminia, otra de las mujeres con las que habló aquella noche, Díez le muestra su indignación por el hecho de que el Ejército no esté apoyando el golpe. “Hija de mi vida... ¿Has visto qué asco de Ejército?”, le pregunta. “¿Has visto qué asco? Me lo han dejao solo, me lo han engañao”. Su interlocutora le anima a estar “orgullosa, porque hombres así...”. “Pero, hija, si es un desgraciao, si encima lo tachan de loco y de bandolero y sabe Dios...”, añadió. “Con la cantidad de hombres que hay ahí, por Dios, para salvar a España”, añade la mujer de Tejero, a lo que Herminia le contesta, sugiriendo que el golpista debía haber provocado un baño de sangre: “¡Tenía que cargárselos antes de salir de ahí!”.

En otra conversación, la mujer de Tejero insistió: “Han engañao a mi marido como un desgraciao (...). Tanto amor a la patria, tanto darlo todo y mira cómo le han engañado”. “¿Y cómo no se le ocurre pensar antes?”, le pregunta, en este caso, una tal Carmen Elvira. “Porque mi marido...”, intenta explicarse Díez Pereira, como reconociendo que Tejero no pudo contener su impulso. “Es que lo que pasa es que él se cree, que como él es así de honrao y de recto, eh, es que los demás van a seguirle igual”, reconoce Carmen Elvira. “¡Es tonto!”, concluye la mujer del golpista.

Otro de los interrogantes que rondaron en la cabeza de Díez Pereira era si realmente el general Milans del Bosch, que aquella noche llegó a sacar los tanques a la calle, estaba realmente viajando a Madrid para apoyar la insurrección, como se llegó a creer en algunos círculos golpistas. Pero luego ella misma reconoció que al llamar a la Capitanía General de Valencia, ya le habían dicho que el militar no solo no estaba de viaje, sino que estaba dormido.

El Ejército estaba detrás y lo han abandonao. Ojalá pongan petardos en todos los cuarteles

La indignación se apoderó de la mujer de Tejero y de sus hijos. Una de ellas llegó a la casa familiar “llorando”. “¡Qué asco de mierda de mundo!”, apuntó entonces Carmen Díez Pereira, en conversación con otra persona. “El Ejército estaba detrás”, apunta, en otra llamada: “Ojalá pongan petardos en todos los cuarteles (...), que le han dejao tirao, es un desgraciao”. En este caso, la mujer de Tejero hablaba con el comandante Caro, a quien le dijo: “Tenemos los españoles de mierda que nos merecemos”. En todo momento Carmen Díez advertía a sus contertulios de “cómo es” su marido y cómo su posible comportamiento le hacía temer por su vida.

Los hijos también conocieron el fracaso mientras su padre estaba aún en el hemiciclo. “Mi madre va a hablar con mi padre, porque a mi padre le han dejado atrás entero, solamente lo ha apoyao Milans del Bosch, y al ver que no apoyaba nadie más, ni Armada ni rey ni nada, estaba todo el mundo detrás, a ver... Milans del Bosch lo ha dejao y mi madre va a ir ahora allí a ver si puede darle una cinta porque mi padre no se cree, no se puede creer que lo han dejado en la estacada y voy a ir con ella”, le dijo uno de ellos a un tal Paco en otra de las llamadas grabadas.

“¿Cómo es que ha ido solo a eso?”, le preguntó este último. “Mi padre se arriesgaba durante dos horas en el Hemiciclo con 200 guardias (...) Y a las dos horas se ha levantao el Ejército, se ha levantao Milans del Bosch. Mandó unidades pero se volvieron para atrás. Tomaron Televisión pero quitaron eso y ya se rajaron todos los demás capitanes generales, pero tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al Rey y al del Goloso, como se llame, y todavía lo han dejado en la estacada”.

Uno de los documentos desclasificados este miércoles refleja la conversación que mantuvieron en la noche del 23 de febrero de 1981 la mujer del golpista y uno de sus hijos, al que ella llama “Antoñito”. “Han dejado a tu padre tirado como una colilla”, le insiste ella. “Ya, ha sido un fracaso, ¿eh?”, asume él. “Todo el Ejército estaba detrás”, añade ella, que reconoce que “el Ejército se ha rajao”. “Hijo putas”, responde el hijo de Tejero.

Nada más le pido a dios que salga sano. Que esté en la prisión toda la vida"

A renglón seguido, madre e hijo se ponen a divagar sobre qué podría ocurrirle a Tejero tras el fracaso del golpe. “Nada más le pido a dios que salga sano. Que esté en la prisión toda la vida”, asegura ella. Después el hijo le pregunta si se ha leído el código militar. Y la madre le dice que “la pena de muerte la han quitao (sic)”. Según sus cálculos de aquella madrugada, Tejero iba a cumplir “12 años de cárcel”. “¡Qué jilipuertas (gilipuertas) es”, apunta ella, al ver “por televisión” la escena de su marido entrando al Congreso.

La toma de RTVE: “Tirar a matar”

Al margen de la familia, de las transcripciones de llamadas telefónicas desclasificadas este miércoles, la conversación entre dos soldados sobre la toma militar de Televisión Española hace deducir que los altos mandos de su regimiento estaban implicados y apoyaban la intentona. “Todos. El capitán recibía órdenes del coronel”, afirmó. Un regimiento completo de la unidad militar El Pardo se movilizó para controlar RTVE con órdenes de “tirar a matar” si fuera necesario. Así lo comentó uno de los militares movilizados. El diálogo grabado fue el siguiente:

– Pues no sé, no sé lo que va a pasar, solo sé que aquí estamos, sin dormir, ni nada.

– ¿Y solamente era ese capitán?

– No, todo el regimiento.

– Pero todo el regimiento vuestro.

– Todo el regimiento entero, nuestro.

– Altos mandos, no ¿no?

– ¡Hombre, claro! Todos. El capitán recibía órdenes, del coronel y éstos. Estuvimos tomando Radio Televisión. A las ocho de la tarde, nada más que te deje yo, que te llame por teléfono, pues tocaron alarma y a preparar todo: petates, la virgen, como para marcharse (…) Y venga, a Televisión y órdenes de no hablar con nadie, el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada.

La tensión entre los militares subió mucho, de acuerdo a este relato, ya que le preguntan a este soldado si su capitán estaba “frenético” a lo que le respondió: “Fíjate. Pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho”.

El golpista Juan García Carrés, amigo de Antonio Tejero, ocupa mucho de las conversaciones telefónicas desclasificadas, ya sean sus propios diálogos con Tejero u otras personas, que los escuchantes no son capaces de identificar, o siendo objeto de preocupación por parte de su familia, amigos y otros militares una vez fue arrestado por su relación con el golpe (acabó siendo el único civil condenado en el juicio por el 23F). Sus conversaciones con el teniente coronel Tejero cuando el guardia civil estaba en el Congreso ya eran material conocido. Al habla con una tercera persona –sin identidad–, García Carrés afirmó que los regimientos Villaviciosa y Pavía iban a defender a los guardias civiles sublevados en Las Cortes.

También informaba de que se haría un manifiesto por parte de los golpistas del Congreso de los diputados.

– Vamos a ver, dime: ¿y un manifiesto quien lo va a mandar?

– Los guardias civiles de dentro –contesta García Carrés–. Si pudiéramos conectar, ten preparado un magnetofón que he dicho que te llamen, te he estado llamando por el otro y no lo cogías.

– Va a trasmitir un tal Abad de El Alcázar.

– Exacto.

A pesar de todas estas indicaciones, cuando se produce esta conversación, da la impresión de que ambos ya dan por fracasado el golpe de estado y García Carrrés avisa, según él, de cuál será la actitud fanática de Tejero:

– Este se mantiene allí a vida o muerte, te lo digo yo –avanza–.

– Pobre hombre.

– Este va a palmar, vamos –pronostica el golpista–.

Horas más tarde, Antonio Tejero se rendía con el célebre pacto del capó. Fue arrestado, juzgado y condenado a 30 años de cárcel. Cumplió 15 antes de salir en 1996, hace 30 años. No resistió “a vida o muerte” ni tampoco “palmó”.