Unidas Podemos quiere que la monarquía sea “evaluada” en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) “como cualquier otra institución”. El grupo confederal ha registrado este viernes una Proposición no de Ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a trasladar a los responsables del instituto demoscópico “la necesidad de volver a preguntar de forma específica en sus encuestas sobre la valoración de la monarquía así como la valoración de los diferentes miembros de la familia real”. 

En la exposición de motivos, Unidas Podemos recuerda que el CIS lleva cinco años sin hacer ningún tipo de trabajo demoscópico sobre el papel del rey y la percepción de la Corona. La última vez que incluyó un apartado para que los ciudadanos dijeran qué confianza les merecían determinadas instituciones, entre ellas la Jefatura del Estado, fue en abril de 2015. La monarquía obtuvo entonces un 4,34. 

La nota era ligeramente superior a la de un año antes, pero seguía siendo un suspenso a pesar de que se había producido el relevo en la Casa Real. La Jefatura del Estado mejoró ligeramente, pero no conseguía repuntar. Con Juan Carlos I al frente, el último dato del CIS fue un suspenso con un 3,72 en abril de 2014. El peor resultado para la monarquía se produjo en abril de 2013, con una nota de 3,68, tras el “bochornoso espectáculo del rey Juan Carlos cazando elefantes en Botsuana”, expone la iniciativa. 

El texto, firmado por el portavoz adjunto, Txema Guijarro, sostiene que el hecho de que el CIS no pregunte por la monarquía desde hace cinco años tiene “difícil justificación” de cara a una “ciudadanía moderna”, pero también a los investigadores en sociología. 

De forma reciente, el Gobierno ha justificado que el CIS no pregunte por la monarquía en sus encuestas porque los ciudadanos no la incluyen entre sus problemas. Es la respuesta que dio el Ejecutivo al diputado de JxCat Jaume Alonso Cuevillas, que preguntó al Gobierno por la conveniencia de preguntar a los ciudadanos sobre su confianza en la monarquía. 

En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo señaló que en sus barómetros mensuales, el CIS incluye una pregunta abierta para que los encuestados, de modo espontáneo y sin que medie ninguna lista de opciones, señalen "los principales problemas que existen actualmente en España" y "los problemas que personalmente más afectan al entrevistado".

En el barómetro del pasado abril, que se hizo cuando el Rey ya había renunciado públicamente a al herencia privada de su padre, la monarquía no aparece ni mencionada, mientras que "el mal comportamiento de los políticos" figura en el 20,9% de las respuestas o "lo que hacen los partidos políticos" está citado en el 10,6%. En las encuestas precedentes del último año, la monarquía sólo aparece en torno al 0,2% de las respuestas sobre los problemas de España e incluso por debajo de ese registro en la pregunta de los problemas que afectan personalmente al encuestado.

Tras semanas de acusaciones de inacción en la preparación de la vuelta al colegio y un acuerdo de mínimos suscrito por Educación y las comunidades autónomas, Pedro Sánchez ha reclamado a los presidentes regionales que exista una suerte de pacto tácito para que el hipotético cierre de colegios por rebrotes de coronavirus se haga de forma consensuada con el Ministerio de Sanidad y las autonomías limítrofes. Ese ha sido uno de los asuntos abordados en la conferencia de presidentes que se ha reunido este viernes de forma telemática durante la pandemia. Sánchez ha reclamado que se abandone la "lucha partidista" mientras los presidentes del PP han reclamado unidad de acción en la respuesta a los rebrotes.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno y comunidades para la vuelta al cole la semana pasada establecía una guía de recomendaciones genérica, pero no especificaba la forma de proceder en caso de que la expansión del virus en las escuelas obligue a tomar medidas drásticas. La intención del Gobierno es que exista una cierta unidad de acción entre territorios. Así, Sánchez les ha pedido que no actúen de forma "unilateral" dado que toda decisión en una zona "afecta a otros territorios". No obstante, ha querido mandar un mensaje de calma respecto a la vuelta al colegio. "No existe riesgo cero pero trasladan mensaje de razonable seguridad a la comunidad educativa -ha señalado-. Vamos a tener un momento crítico a partir de la próxima semana pero los acuerdos refrendados la semana pasada trasladan esa necesaria tranquilidad". 

El presidente catalán, Quim Torra, no ha secundado la resolución que ha planteado el Gobierno por la negativa del Ejecutivo a incluir su propuesta sobre una prestación por incapacidad temporal a los padres y madres que tengan que hacerse cargo de menores en cuarentena, según ha informado la Generalitat. Torra había advertido a Sánchez de que no firmaría esa propuesta si no incluía el compromiso "explícito" de que los padres y madres que tengan a hijos en cuarentena por contacto estrecho con contagiados puedan acogerse a un permiso o baja retribuidos. Las medidas de conciliación han sido uno de los debates clave sobre la vuelta al colegio sin que el Ejecutivo haya dado una respuesta concreta al respecto, a pesar de que es una reivindicación de colectivos y algunos grupos parlamentarios.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró hace un par de semanas que la posibilidad de una baja para que los padres se encarguen de niños confinados se estaba estudiando. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado que se pondrá en marcha y que el Ministerio de Trabajo ya está trabajando en ello mientras que la portavoz, María Jesús Montero, dijo que ya hay fórmulas -baja en caso de enfermedad y flexibilidad de jornada en casos de necesaria conciliación- y dejó para más adelante, en función de la evolución de los acontecimientos, el desarrollo de ese tipo de medidas concretas.

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha restado importancia a la reclamación de Torra y ha explicado que se han dejado fuera aquellas propuestas que no habían sido abordadas en la conferencia de presidentes "en aras del consenso". En una rueda de prensa tras el encuentro, Darias ha explicado que "se está trabajando" dentro del Gobierno en la fórmula y ha precisado que seguramente requerirá un cambio normativo.

Pero no solo la vuelta al colegio ha estado sobre la mesa de la conferencia de presidentes en la que Sánchez ha vuelto a desgranar las cifras económicas en relación a las comunidades autónomas después de meses de tensiones con los gobiernos regionales, que se quejaban de falta de medios. "Las comunidades han recibido por parte del Gobierno de España 119,419 millones de euros, casi un 30% más de recursos económicos", ha señalado Sánchez, que ha asegurado que supone un "esfuerzo importante" para el Estado. El Ministerio de Hacienda, que ya trabaja en la elaboración de los presupuestos y, con ellos, de las cifras relativas al techo de gasto y los objetivos de déficit, pretende convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en las próximas semanas, antes de que acabe septiembre, según ha prometido Sánchez.

Además, se ha comprometido a involucrar a las autonomías a la hora de solicitar los fondos europeos. La negociación de esos proyectos comenzará el 15 de octubre, por lo que les ha dicho que el Gobierno contactará con los ejecutivos regionales antes de esa fecha y que se celebrará también una conferencia de presidentes para abordar ese asunto. "Estamos trabajando en las grandes líneas del mismo y espero que a finales de este mes podamos presentar a las comunidades algo sólido", ha dicho sobre el plan que España presentará ante la Comisión Europea. "Habrá una comisión interministerial, una unidad de seguimiento de ese fondo de recuperación, una conferencia sectorial también para el mismo y será liderará la ministra de Hacienda. Se promoverán Comités de alto nivel en distintas áreas para poder tener contacto con las empresas. La clave no solo es absorber los recursos económicos sino el efecto arrastre de inversión privada que puedan traer consigo", ha rematado.

Ha planteado a los líderes autonómicos que se cree un grupo de trabajo sobre la vacunación de la COVID-19. Su cálculo es que las primeras vacunas estén autorizadas a lo largo de 2021, aunque en el Ministerio de Sanidad confían en que las primeras dosis lleguen a España en diciembre. Además, Sánchez ha trasladado la necesidad de priorizar grupos de población para distribuir la vacuna "teniendo en cuenta la disponibilidad va a ser paulatina". Fuentes del Ministerio de Sanidad explicaron a elDiario.es que lo lógico es que primero se vacune a mayores y personas vulnerables y después al resto de la población. "Sería positivo que pusiéramos en marcha grupo de trabajo técnico operativo donde participen expertos, también de las comunidades, de sociedades científicas para abordar estas cuestiones", ha aseverado.

Sánchez se ha comprometido a que en los próximos dos años haya 3.700 millones de unidades de material sanitario, lo que ha considerado un "esfuerzo bastante grande". La falta de material fue una de las primeras batallas en el inicio de la pandemia y el Gobierno aseguró que trabajaría en una reserva estratégica para el futuro. El presidente ha recordado que se han destinado a las comunidades 213 millones de unidades de material sanitario. Esa dotación forma parte de un acuerdo marco que ha suscrito Sanidad con todas las comunidades, a excepción de la valenciana, que cuenta con sus propia reserva.

Además ha comunicado que el total de efectivos de las Fuerzas Armadas que se dedicará a labores de rastreo ascenderá a 2.650. En total doce comunidades han reclamado ayuda al ejército, que se desplegará en Canarias y Melilla en primer lugar. Las siguientes serán la Comunidad de Madrid y Murcia. "Los efectivos de las Fuerzas Armadas no es una solución permanente ni obvia que las comunidades tengan que incrementar la solución de rastreo, solo sirven para complementar es esfuerzo que haga cada Comunidad", ha recordado Sánchez. Igualmente, les ha pedido que suscriban los protocolos de la aplicación Radar Covid para que el 15 de septiembre esté en marcha en todo el país. Por ahora está operativa en diez comunidades. "Me parece decisivo y determinante", les ha dicho.

La intención del Gobierno es seguir haciendo estudios de seroprevalencia sobre la incidencia que ha tenido el coronavirus. La próxima oleada para ese análisis se realizará en el mes de octubre y el presidente ha apostado por que se hagan al menos otras dos muestras -una a final de 2020 y otra a mediados del próximo año-. Respecto a los cribados masivos que han realizado algunos territorios, Sánchez ha asegurado que es un "instrumento útil para controlar la pandemia", aunque ha instado a que vayan acompañados de un "seguimiento activo de las cuarentenas" por lo que ha planteado que se elabore un protocolo de actuación en el marco del consejo interterritorial de salud.

Sánchez, que mostró su preocupación por la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid y el descontrol en la expansión de la COVID-19, ha trasladado a los presidentes autonómicos que la región acumula el 34% de los casos diagnosticados. "Nos preocupa estado de salud pública y la evolución de la epidemia en Madrid", expresó el presidente en una entrevista el martes después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusara al Gobierno de "ensañamiento" con la región. En esta nueva cita con los presidentes autonómicos y tras meses de batalla, especialmente con el PP, ha vuelto a reclamar que se rebaje la confrontación. "En esta segunda parte de la gestión de la epidemia hagamos lo posible por apartar la lucha partidista de la discusión de la epidemia", ha sentenciado.

Precisamente la presidenta de Madrid ha convocado a los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a una reunión el próximo lunes para trabajar conjuntamente ante el coronavirus. Ayuso toma la iniciativa, tras la presión de las Comunidades limítrofes por la expansión del virus y alto índice de contagios en Madrid. Page llegó a decir esta semana que la Comunidad madrileña era una "bomba radiactiva vírica" y que el 80 por ciento de los contagiados en su territorio tenían conexión directa con Madrid.

El lehendakari. Iñigo Urkullu, se marcó como prioridad evitar el colapso económico. De ahí que aludiera a la "prioridad económica", para considerar que se debe "convivir con el virus evitando el colapso económico y protegiendo a las personas, familias y empresas en situación más vulnerable". Recordó así que Euskadi cuenta con un Plan de Reactivación económica y Empleo "que implica a todos los niveles institucionales" y que remitió en agosto a Pedro Sánchez. En este ámbito, ha insistido en la necesidad de la prórroga de los ERTE, mientras se siga la exposición a los efectos de la covid, y ha propuesto articular medidas de apoyo específico a sectores tractores que atraviesan una situación "delicada", como el aeronáutico, la automoción o la máquina-herramienta. También cree "urgente" agilizar la tramitación de las ayudas sociales acordadas y aprobadas antes del verano, y "estratégico" acordar un eje de acción coordinado para activar los Fondos Europeos Next Generation.

"No son la solución completa, pero sí son una parte importante del proceso de soluciones para evitar el colapso socio-económico", ha asegurado. Por ello, la aprobación de estos proyectos "está entre las prioridades del nuevo Gobierno Vasco". "Contamos ya con un planteamiento general. Nuestra voluntad y ofrecimiento se centra en participar en el proceso de toma de decisiones, tal y como planteaste en la reunión que mantuvimos el pasado 31 de julio", ha afirmado a Sánchez. Luego, llamó a evitar el colapso educativo y ha destacado que su Ejecutivo ha preparado un protocolo para que el coronavirus "no impida la educación presencial de forma generalizada y facilite un retorno a las aulas ordenado, preventivo y sostenible".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por su parte manifestó su desacuerdo con el reparto del fondo educativo covid, dotado con 2.000 millones de euros. Y, aunque puso en valor la partida en cuestión, defendió que no tiene en cuenta algunos costes como el transporte. También pidió acuerdo "explícito" para abordar las situaciones de brotes en los centros. y conocer las previsiones económicas para 2021, con el fin de poder avanzar en el diseño de los presupuestos, que por ley deberían comenzar su tramitación parlamentaria antes del 20 de octubre. También reiteró su interés en que se modifique la Ley orgánica de Salud y anunció que enviará una propuesta tanto al presidente del Gobierno como a las Cortes Generales para su tramitación. A su entender, es necesario "modificar la legislación sanitaria para tener "los instrumentos más eficaces para hacer frente a la pandemia".

En la misma línea de queja por el reparto de fondos intervino el presidente de Murcia, Fernando López Miras, para quien la suya es la Autonomía que menos ayudas ha recibido de por habitante del fondo no reembolsable. “El reparto de fondos europeos debe ser en base a criterios objetivos y que estén perfectamente definidos”, reclamó después de exigir una flexibilización del déficit gasto relacionado con el Covid19, así como una prórroga de los ERTE en el sector hostelero hasta Semana Santa y una reducción al 4% del IVA, dos iniciativas que también defendió Moreno Bonilla. Respecto al inicio del curso escolar, pide que se valore la flexibilización de los currículos, ya “es importante para que los docentes de toda España puedan adaptar los contenidos a esta situación extraordinaria y excepcional” y que el arranque de las clases se aborde desde la coordinación y la colaboración, y no con 17 respuestas diferentes. Murcia sí asumirá la declaración en materia educativa pero quiere que se refleje un compromiso presupuestario para 2021. "La solución a la situación del aumento de contagios solo puede abordarse desde la coordinación, trabajo conjunto y colaboración entre administraciones. Pero también es importante transmitir a la población la realidad: no se puede transmitir un mensaje de normalidad porque no es así", sentenció López Miras, quien cree que "la cogobernanza debe ser real".

El andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla apeló por su parte a la búsqueda de un clima de "entendimiento y sosiego" entre Autonomías y Gobierno "sin enfrentar territorios ni culparse unos a otros por el COVID-19". Tras manifestar su preocupación por la evolución de la pandemia, recordó que este comienzo de curso escolar es el más complejo de los últimos cuarenta años y “si queremos generar confianza tenemos que actuar con unidad ya que lo que más incertidumbre puede generar es que no haya igualdad de acción entre los territorios". En este sentido, defendió la necesidad de un criterio común ante el absentismo en las aulas ya que “no sería bueno tomar decisiones aisladas o descoordinadas”. También ha solicitado que la financiación del Gobierno por el COVID no sólo abarque el primer trimestre del curso sino todo el curso 2020-21.

En cuanto a los fondos europeos ha calificado de “jarro de agua fría” las noticias de Sánchez de que hasta mediados de 2021 no se liberarán los fondos en Europa, por lo que ha solicitado que el Gobierno estudie fórmulas de anticipos, dadas las expectativas que se han generado en la ciudadanía y las empresas. Sánchez se ha comprometido, después, a estudiarlo.

Los socialistas, por su parte, se alinearon con Sánchez en la necesidad de reforzar la unidad política y la institucionalidad en estos momentos críticos. El primero en hacerlo fue el valenciano, Ximo Puig, para quien es urgente contar ya con unos Presupuestos del Estado que tengan el máximo respaldo, renovar los órganos constitucionales y reforzar la cogobernanza con propuestas como la de la declaración parcial del Estado de Alarma, "que no significa confinamiento". El presidente de la Generalitat valenciana apostó después por aprobar un procedimiento exprés de contratación, bajo el paraguas de la emergencia sanitaria y económica, "para que sea mucho más ágil la contratación de proyectos vinculados al Plan de Recuperación financiado con recursos europeos". Su opinión es que las instituciones públicas tendrán "un valor crucial en los próximos meses como motor de la economía, por lo que es preciso que exista una nueva normativa que agilice y de rapidez a los procedimientos de contratación para ganar en eficiencia. Todo el control, pero toda la agilidad”, dijo.

Ximo Puig también ha subrayado la necesidad de contar con protocolos comunes de seguridad relacionados con la movilidad en Europa y contar con un espacio único europeo: “Puede ser cualquier norma que acordemos, como test a la salida y a la llegada a los destinos, lo importante es que haya unas únicas normas que garanticen la seguridad a los ciudadanos cuando transitan por el espacio común europeo”. Luego, puso en en valor el esfuerzo realizado por la Comunitat Valenciana de cara a la preparación del curso escolar con la contratación de 4.300 profesores y 3.000 auxiliares y el desarrollo de unos protocolos de seguridad acordados con toda la comunidad educativa.

En línea con la intervención de muchos de sus homólogos, el castellano-manchego Emiliano García Page defendió una estrategia nacional frente a la pandemia porque lo contrario es "lío y caos" y apostó por un acuerdo nacional que ayude a tener unos Presupuestos para 2021. "Si las autonomías formamos parte de la arquitectura de acuerdo vamos a ayudar y es lo que sigo comprometiendo y pidiendo", afirmó antes de pedir una previsión "realista" de los fondos europeos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia interpuesta por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en relación con varios contenidos difundidos por las redes sociales durante el confinamiento en los que se manipulaban contenidos para acusar falsamente al Gobierno durante la gestión de la crisis sanitaria. El Ministerio Público enmarca la confección y difusión de esos bulos o "fake news" en plena pandemia en el ejercicio de la libertad de expresión. 

"No puede restringirse ni perseguirse penalmente una opinión solamente por ser contraria al Gobierno y por considerar que las imágenes que se acompañan a la misma no se ajustan a la realidad, y mucho menos cuando la conducta no encaja en la tipicidad de los delitos que se dicen cometidos", zanja el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Unidas Podemos atribuía a los responsables de la difusión de los bulos los delitos de injurias y calumnias al Gobierno, desórdenes públicos y organización criminal.

Uno de los mensajes que incluía la denuncia reproducía un vídeo de un hospital de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil acompañado del siguiente texto: "Quieres ver la realidad que te oculta el Gobierno? Pues es ésta. Grabado hoy con cámara en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. No son 1000 muertos diarios. Son muchos más. Tirados por el suelo, en bolsas, como perros". 

Según el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, "se trata de meras manifestaciones críticas contra la acción del Gobierno a raíz de su gestión ante la tragedia provocada por el virus Covid-19". "Y aun cuando se acompañen de una infografía y de un vídeo que no obedecen a la realidad actual –prosigue–, lo cierto es que tales imágenes, en esencia, si responden a la realidad constatada oficialmente, y que es la de que en nuestro país están muriendo miles de ciudadanos como consecuencia del virus".

El Ministerio Público concluye que no se puede considerar una injuria o calumnia contra el Gobierno el hecho de hacer pasar unas imágenes de otro país en otro momento por un hospital español para atacar la acción del Ejecutivo. "No es un dato relevante a la hora de considerar los hechos como constitutivos" de los citados delitos, escribe. La injurias, añade, suponen "la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación" mientras que la calumnia se produce al imputar un delito "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad".

Jesús Alonso va más allá al afirmar: "La imagen (de Ecuador) sí obedece a la realidad, el enorme número de fallecimientos que diariamente tenían lugar en nuestro país (más de 800 personas al día durante una semana), que obligó a habilitar en la Comunidad de Madrid dos tanatorios provisionales en sendas pistas de hielo para poder tramitar todo lo relativo a la inhumación de los cadáveres debido al desbordamiento de los tanatorios de Madrid y ciudades limítrofes. De hecho, finalmente aparecieron imágenes en algunos medios de comunicación similares a la del tuit publicado (decenas de féretros alineados)".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional opina además que "hubo un problema sobre la gestión del elevado número de fallecimientos que a causa del virus se estaban produciendo en nuestro país, dato que no era conocido con certeza y que motivó una lógica preocupación en la ciudadanía".

Con independencia de la falsedad de las imágenes, Alonso recuerda que la jurisprudencia establece que "los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un hombre político y, en definitiva, respecto a las actuaciones de un poder del Estado.

El fiscal jefe destaca además que en el mensaje "no hay improperios, insultos, expresiones malsonantes, sino una opinión sobre la responsabilidad del Gobierno en la gestión de la crisis del Covid-19 en el sentido de que se estaba ocultando el número real de fallecidos".

Unidas Podemos ha ampliado su denuncia en varias ocasiones, pero en la que adjuntaba el vídeo falso del hospital madrileño incluía otro en el que sí se vierten insultos al Gobierno, pero que no es analizado en este escrito de la Fiscalía, de fecha 29 de junio. En ese otro vídeo, una persona que dice ser transportista muestra el contenido un supuesto material sanitario fabricado en España que va a ser enviado a otros países y que en realidad eran folios. Añade que hay para cargar "200 camiones" y añade que el español es un "Gobierno de hijos de puta". Fiscalía tampoco hace referencia a al subinspector de Policía que lo amplificó en las redes sociales, Alfredo Perdiguero, identificado en su denuncia por Unidas Podemos y al que el Ministerio del Interior evitó expedientar.

Otro de los delitos que atribuía la denuncia de los diputados Enrique Santiago y Juantxo Uralde era el de desórdenes públicos al considerar que la difusión de estos contenidos simulaban una situación de alarma. Aquí, el fiscal asegura que el estado de alarma era tal porque así lo decretó el Gobierno y que una encuesta del CIS concluyó que el 96% de los encuestados manifestaron estar "bastante o muy preocupados" por la crisis de la Covid-19, por lo que los mensajes no provocaron ninguna preocupación adicional. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que durante el último Gobierno del PP impulsó la persecución penal de comentarios en redes sociales, incluyendo chistes, y formalizaba acusaciones por enaltecimiento del terrorismo, asegura ahora que mensajes con falsedades como los denunciados por Unidas Podemos es "un ejercicio de crítica esencial para la libertad de los individuos en una sociedad democrática" y que los ciudadanos, a través de ellos, "fiscalizan" y "controlan la acción del poder".

Pedro Sánchez ya tiene todas las cartas sobre la mesa. Tras dos días de conversaciones con las fuerzas políticas, el presidente ha constatado que tiene posibilidades de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021, de cuyas líneas maestras todavía no hay noticia. De hecho, a juzgar por las declaraciones públicas de los portavoces parlamentarios, el Gobierno podría incluso hallar dos vías distintas para sacar adelante las cuentas públicas y, con ellos, oxígeno para una legislatura larga pese a gobernar en minoría. La parte socialista del Ejecutivo fía la aprobación de las cuentas a Ciudadanos, en quien ha encontrado un socio inesperado por el viraje que ha dado Inés Arrimadas durante la gestión de la pandemia. Ella es quien más garantías ha dado a Sánchez a la hora de negociar el proyecto. Pablo Iglesias y Unidas Podemos confían todavía en convencer a ERC y piden priorizar a los aliados de la investidura como fórmula, además, de dar estabilidad al futuro de la coalición. En ese grupo incluye a las formaciones que votaron a favor y que se abstuvieron –como ERC y EH Bildu–, aunque desde Unidas Podemos ven factible atraer a los cuatro diputados de JxCat que se han mantenido fieles al PDeCAT en su guerra interna.

El Gobierno hace un llamamiento a todos los partidos por igual para que se sienten a negociar unas cuentas que considera vitales para la recuperación de una crisis inédita por una pandemia, tras haber gobernado los dos últimos años con los presupuestos prorrogados que diseño Cristóbal Montoro en 2018. "El objetivo de estas reuniones ha sido ampliar la base parlamentaria para conseguir un acuerdo presupuestario de conjunto, sin exclusiones, en beneficio de toda la ciudadanía, que permita afrontar las grandes transformaciones que necesita el país y gestionar los fondos europeos para la reconstrucción. Cuantos más, mejor", señalaba Moncloa en un comunicado al concluir la ronda de Sánchez con los grupos políticos de la que solo Vox quedó fuera, dado que Santiago Abascal se niega a reunirse con el presidente, al que ha anunciado una moción de censura.

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, pidió a los partidos que afronten esta negociación desde un prisma distinto, que abandonen el "esquema" tradicional de una negociación presupuestaria dada la situación. "No se trata de elegir en términos clásicos cómo uno aborda o no aborda la negociación con una formación u otra. Se trata de hacer un llamamiento general a todas las formaciones para que cada uno pueda contribuir con su talento –dijo tras la reunión de Sánchez con Gabriel Rufián, que condicionó su eventual apoyo a voluntad de diálogo con la Generalitat y sobre todo a la desaparición de Ciudadanos de la ecuación–. Me sentaré con todos que no se han autoexcluido, pero incluso con los que se autoexcluyeron seguiré insistiendo".

Montero descartaba así abandonar la vía de Ciudadanos, que es un camino que Moncloa empezó a explorar este verano a raíz de su apoyo a las prórrogas del estado de alarma cuando ERC se negó a apoyarlas y la oposición de PP y Vox amenazaban las medidas urgentes para contener la pandemia. La relación –pilotada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños– se mantuvo durante el verano. Fuentes gubernamentales admiten que Arrimadas es quien más disponibilidad ha mostrado para apoyar las cuentas y la que mejor ha adaptado su posición política a la actual situación.

"Nos resulta muy difícil negociar con este Gobierno, pero, ¿qué español no ha tenido que hacer algo difícil en los últimos meses sabiendo que era necesario? ¿Cómo no lo vamos a hacer desde la política? Necesitamos unos presupuestos moderados que incorporen las ayudas europeas", sentenció la líder de Ciudadanos tras su encuentro con Sánchez.

Con el respaldo de Ciudadanos, el Gobierno necesitaría a otras formaciones minoritarias para sacar adelante los presupuestos. Así, hay varios grupos que no han mostrado su veto explícito a la formación de Arrimadas y con los que el Ejecutivo podría sortear el primer test superando las enmiendas a la totalidad. A los 155 diputados de PSOE y Unidas Podemos, se tendrían que sumar los 10 de Ciudadanos, los seis del PNV y algunos de grupos pequeños, como Más País, Compromís, Teruel Existe, BNG, Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria, y Nueva Canarias, aunque no todos ellos serían necesarios para lograr la mayoría necesaria y serviría un juego aritmético en el que cabrían las abstenciones de algunos de ellos.

Esas formaciones no han mostrado un rechazo frontal al posible cambio de alianzas que planea Sánchez respecto a su investidura. El PNV sí le ha trasladado que sería "lógico y coherente" apoyarse en el bloque que hizo presidente a Sánchez. Sin embargo, Iñigo Errejón y Joan Baldoví han manifestado que el "no hay que poner el quién delante del qué". EH Bildu, que advirtió en reiteradas ocasiones a Sánchez de que tendría que elegir entre las fuerzas de izquierdas o Ciudadanos, no ha hecho una referencia explícita en esta ocasión tras la reunión de la portavoz, Mertxe Aizpurua, con el presidente. "Se han emplazado a seguir dialogando en las próximas semanas", se limita a decir la nota enviada a los medios.

ERC sí exige que Ciudadanos desaparezca de la ecuación para un hipotético apoyo a los presupuestos. "Ciudadanos no es que sea incompatible con nosotros, es incompatible con la izquierda", advirtió el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que apeló a la "incomodidad" que le genera a Unidas Podemos esa negociación. "Pactar con Ciudadanos es muy goloso hoy, es mucho más sencillo desde el más frío pragmatismo. Lo único que te pide Ciudadanos son más banderas. Pero a veces lo más sencillo no es lo mejor para la gente", sentenció. Sin embargo, en la parte socialista del Gobierno consideran que ERC es imprevisible –aún tienen en la retina la ruptura del diálogo en la legislatura pasada en plena negociación presupuestaria, que conllevó la presentación de una enmienda a la totalidad por parte de los republicanos y con ella el fracaso de las cuentas y el adelanto electoral–. Y más recientemente su rechazo a los decretos de alarma. Además, las distintas sensibilidades dentro del republicanismo catalán también inquietan a los socialistas, que consideran que la posición de ERC, sumida en una interminable precampaña electoral, es imprevisible hasta que Catalunya tenga nuevo gobierno.

Sin embargo, la vía Ciudadanos no es el plan del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que sostiene que acordó con Sánchez en la reunión en la que aparcaron las discrepancias y dieron el pistoletazo de salida a la negociación presupuestaria un "orden de cordura y cortesía parlamentaria" a partir de que sellen el borrador en las próximas semanas. Ese esquema que Iglesias esbozó en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta) pasa por hablar primero con los grupos que apoyaron la investidura, luego con los que se abstuvieron y, en último lugar, con "el bloque de la derecha y las formaciones del 'no'". "Es de cajón de madera de pino", expresó el vicepresidente, que mostró su preferencia por "cuidar la mayoría que dio la investidura" y que es, a su juicio, "la única que garantiza la estabilidad de este Gobierno".

Fuentes de Unidas Podemos aseguran, además, que hay posibilidad de evitar que las cuentas tengan el sello de Ciudadanos. En ese cálculo aparecen ahora cuatro diputados que hasta hace una semana se daban por descartados. Se trata de los cuatro parlamentarios del PDeCAT. Hasta este jueves y pese a la guerra abierta entre este partido y la nueva formación creada por Carles Puigdemont, la dirección del PDeCAT no se planteaba un cambio de estrategia en Madrid ni votar distinto de lo que puedan hacer sus cuatro compañeros que sí se han pasado a Junts. Pero este jueves, después de que el president, Quim Torra, haya destituido a la única consejera del PDeCAT que estaba en el Govern, las cosas han cambiado. La dirección ha anunciado que convocará a sus diputados tanto en el Parlament catalán como en el Congreso y Senado, para definir "su papel ante el próximo curso".

Se da por hecho que los cuatro parlamentarios afines a Puigdemont no apoyarán los presupuestos puesto que la estrategia que han seguido durante toda la legislatura es la de mantener la confrontación con el Gobierno. Ahora la duda es si los cuatro diputados del PDeCAT virarán hacia una posición menos dura para acercarse al electorado centrista que pretende retener la formación que dirige David Bonvehí. Los partidos catalanes están ya con la mirada puesta en unas elecciones que aún no tienen fecha pero que no serán antes del próximo mes de febrero y eso condicionará también sus movimientos en el Congreso. Por el momento, la portavoz de JxCat, Laura Boràs, ha insistido en que una hipotética negociación con el Gobierno sobre los presupuestos debe conllevar que la mesa de diálogo con Catalunya incluya el derecho a la autodeterminación de Catalunya, que es una línea roja para los socialistas. En Unidas Podemos creen que si esos cuatro diputados se mueven podrían arrastrar a ERC, para que todos apoyasen las cuentas, a cambio de lograr contrapartidas para Catalunya.

Montero, que pilotará las negociaciones de los presupuestos por la parte socialista del Gobierno junto con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, insiste en que hablará con todas las formaciones políticas, aunque no ha detallado un calendario concreto. De hecho, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, desveló que tiene una reunión prevista con la ministra de Hacienda la próxima semana. Tras el encuentro de Sánchez con Arrimadas, Montero aseguró que las conversaciones con Ciudadanos empezarían de inmediato. La intención del Ejecutivo es pactar internamente un borrador lo antes posible y llegar a presentarlo en "tiempo y forma", es decir, el 30 de septiembre, aunque Hacienda no quiere pillarse los dedos dando una fecha concreta.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido este jueves al Consejo General del Poder Judicial que deje de hacer nombramientos porque su mandato caducó hace dos años. En un comunicado, los fiscales progresistas también lanzan un mensaje a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja y en concreto al Partido Popular, cuyo presidente, Pablo Casado, reconocía este miércoles que su partido no participaría de la renovación de la cúpula judicial bloqueando así un acuerdo que lo permita. Para la UPF, la decisión del PP "contribuye al deterioro de la institución y supone una falta de respeto y lealtad a nuestra Constitución y la ciudadanía".

"La Unión Progresista de Fiscales lamenta la decisión adoptada por el principal partido de la oposición de continuar con su negativa a renovar los miembros de tres de las más importantes instituciones democráticas: El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Consideramos que esta decisión de no acatar las leyes que regulan estos órganos constitucionales afecta directamente a la legitimidad de estas instituciones y nos coloca fuera del marco constitucional", comienza el escrito.

La Unión Progresista de Fiscales instó este martes a todas las fuerzas parlamentarias para que cumplieran con el mandato constitucional de renovación de esas instituciones democráticas, entre ellas, y en primer lugar, el Consejo General del Poder Judicial. "Entendemos que, llegados a este punto, los miembros del Consejo General del Poder Judicial conocen sobradamente y no pueden obviar que el plazo de todos sus miembros hace ya casi dos años que llegó a su fin", defienden.

"La pasividad y el aquietamiento ante el incumplimiento por parte de las fuerzas parlamentarias de la obligación de renovar el órgano de gobierno de los jueces por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza, contribuye al deterioro de la institución y supone una falta de respeto y lealtad a nuestra Constitución y la ciudadanía", insisten.

La carta también va dirigida al Consejo General del Poder judicial que preside Carlos Lesmes. Los fiscales progresistas lamentan que la cúpula judicial quiera seguir nombrando jueces en los tribunales más importantes del país con un mandato caducado hace dos años.

"Instamos a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial a que, con base en el principio de lealtad constitucional, adopten como objetivo último y exclusivo de toda su actuación la consecución de un normal desarrollo del proceso de renovación del nuevo CGPJ y limiten su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique", concluye el comunicado.

 Por eso, señalan, los miembros de la Judicatura "han de asumir un compromiso activo en el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial. 

El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau Argüelles, ha acordado el sobreseimiento de la causa abierta contra la diputada regional María Teresa Mallada de Castro, aforada ante esta Sala Civil y Penal, por los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias tendentes todos ellos a favorecer presuntamente la construcción en la localidad de Felechosa de una residencia geriátrica por el Montepío de la Minería Asturiana, según ha publicado El Comercio. Malla ocupa actualmente el cargo de portavoz del PP en la Junta General del Principado, fue la gran apuesta del líder nacional de los populares, Pablo Casado, en las elecciones autonómicas de 2019.

Mallada estaba siendo investigada por autorizar cuando era edil de la localidad de Aller la compra de unos terrenos para construir un geriátrico supuestamente de forma irregular. La causa constituía una pieza separada del conocido como 'caso Hulla' que investiga una presunta trama de evasión de fondos públicos surgida durante la construcción del geriátrico de Felechosa, en Aller, en el que también están siendo investigados distintos líderes sindicales cuyas centrales promovieron la edificación del centro.

Para el magistrado, en el presente caso y en lo que se refiere a la prevaricación administrativa, "no se puede concluir, ni siquiera de forma indiciaria, como requiere este momento procesal" que los acuerdos o resoluciones investigados sean "prevaricadoras, o lo que es lo mismo arbitrarias o injustas". "Tanto el acuerdo de compra de la finca Las Pedrosas como el posterior acuerdo de su cesión gratuita al Montepío de la Minería, aun cuando fueron informadas desfavorablemente por la Interventora y la Secretaria Municipales, fueron tomados respondiendo a interpretaciones jurídicas discutibles pero defendibles", explica el TSJA en una nota de prensa, en la que también detallar que el auto conocido este jueves no es firme..

A pesar de los informes desfavorables, el magistrado sostiene que el Montepío de la Minería carecía de la consideración de entidad privada de interés público sin ánimo de lucro "al entender que para ser entidad privada de interés público es necesaria una declaración expresa de tal condición, lo que es contradictorio con la doctrina sentada en la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2002", apunta El Comercio. Para el tribunal "esta contradicción sería suficiente para descartar la comisión por parte de la totalidad de los miembros del Pleno del Ayuntamiento de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal".

En un comunicado emitido por el gabinete de prensa del TSJA, también explican que el magistrado considera que la modificación del planeamiento acometida por el Ayuntamiento de Aller a fin de cambiar la calificación de la finca que era de suelo no urbanizable y calificarla de urbanizable "se realizó en virtud de la competencia que corresponde al Ayuntamiento y se observaron todas las prescripciones que regulan su tramitación". "El hecho cierto de que la aprobación definitiva sea posterior al inicio de las obras de edificación del geriátrico puede suponer que se llevaron a cabo durante un tiempo infringiendo la legalidad urbanística vigente en ese momento, pero no supone que la revisión sea contraria al ordenamiento jurídico" por lo que, a su juicio, "no cabe sostener que la aprobación de la modificación del planeamiento acometida por el Ayuntamiento de Aller sea constitutiva de un delito de prevaricación urbanística del que serían responsables todos los integrantes de la Corporación que la votaron".

La Audiencia Provincial de Zamora ha desestimado el recurso de apelación presentado por el eurodiputado de Vox Hermann Terstsch, contra la sentencia de mayo de 2019 en la que se le condenó a pagar a Francisco Javier Iglesias Peláez, padre del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, 15.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de las costas judiciales.

Tertsch fue condenado por un delito de "intromisión ilegítima y vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" después de que acusara en un tuit de marzo de 2018 a Francisco Javier Iglesias Peláez de participar en el asesinato de un policía en 1973. En su mensaje afirmaba: "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutiérrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie".

En su recurso, Tertsch apuntaba que la sentencia de primera instancia incurría en un error porque él no escribió el tuit dentro de su actividad profesional como periodista, sino como expresión de una opinión, por lo que matizaba que hay diferencias entre la libertad de información y de expresión.

Pero el tribunal de segunda instancia le responde que ese extremo se tuvo en cuenta y que "sólo hay que leer la sentencia" para darse cuenta de que en uno de los fundamentos jurídicos ya dice que ambas partes (demandada y demandante) "ponen de manifiesto que la conducta del demandado fue ajena a la actividad de periodista".

Además, le replica al político que si bien el derecho a la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor, esto no es en términos absolutos y puede revertirse "en atención a las circunstancias concurrentes" atendiendo a dos parámetros: "Si las expresiones, opiniones o juicios de valor tenían interés general; y si en su difusión no se utilizaron términos o expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias".

La sentencia de 2019 concluía que el tuit "constituía una injerencia en el derecho al honor del demandante por no estar amparado por el derecho a la libertad de expresión", y ahora la Sala ratifica esta valoración en base al contenido del mensaje y las circunstancias concurrentes.

Y le replica a Tertsch que por mucho que pretenda sostener que su intención no era la de vincular al padre de Iglesias con el asesinato de un policía, "la redacción del tuit implica, precisamente esa vinculación". "Debe tenerse en cuenta que el demandado es periodista y, por eso, debe suponerse su habilidad para redactar precisamente lo que quiere expresar", aseveran.

Después de esta crítica a su redacción del primer tuit, la Sala le recuerda que en otro mensaje posterior, Tertsch insiste en corroborar la vinculación de Iglesias con el asesinato al contestar al comentario de otro usuario de Twitter.

"Cuando un usuario pone de manifiesto que no era posible la participación del actor en los hechos que se produjeron durante la manifestación del 1º de Mayo, porque estaba en la cárcel por repartir propaganda ilegal cuando se cometió, contesta afirmando que la decisión de matar policías se toma antes, es decir, da a entender que pudo participar en la decisión y que, por tanto, el hecho de estar detenido o en la cárcel no tendría trascendencia", señala la sentencia literalmente.

A esto, suman que el contenido del tuit de Tertsch carecía de interés general porque se publica 40 años después de que se produjeran los hechos, y que el demandante no es un personaje público que deba estar expuesto a la crítica por su actuación en dicho ámbito. "El interés de lo expuesto no viene dado por el propio demandante, sino por su condición de padre de Pablo Iglesias", recalcan.

Por otro lado, sobre la impugnación de la cuantía de la indemnización, 15.000 euros y costas, la Sala recuerda que se fija atendiendo a jurisprudencia del Supremo, y añade que de la gravedad de los calificativos no cabe duda.

Adrián Vázquez (Ciudadanos) se convirtió en eurodiputado tras el Brexit, el 31 de enero pasado. Y se convirtió en presidente de una de las comisiones más importantes del Parlamento Europeo, la de Asuntos Jurídicos, encargada de los suplicatorios de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Es, también, la comisión que revisa las declaraciones de intereses económicos de los candidatos a comisario europeo, cosa que hará en las próximas semanas cuando Irlanda elija al sustituto del Phil Hogan, dimitido por saltarse las normas sanitarias en Irlanda.

"Está en juego el prestigio de la institución", dice Vázquez en relación con los suplicatorios, que están atascados por la semipresencialidad del Parlamento a causa de la pandemia: "Quiero ser escrupulosamente garantista, es un tema que afecta a derechos fundamentales, y no permitiré que nadie convierta esto en un circo o en un acto electoral que pretenda desprestigiar Europa".

Vázquez explica que la comisión que preside, que trata el suplicatorio para decidir si llega a votar se en el pleno: "Hay que recordar que si la justicia sigue sus cauces, este proceso parlamentario también. Y aquí lo único que se va a decidir es si se levanta o no la inmunidad parlamentaria de tres miembros de esta Cámara".

En todo caso, hay que esperar a que se resuelva la semipresencialidad de la Eurocámara, que mantiene muchos trabajos a medio gas. No obstante, el proceso del suplicatorio comenzó con la designación del ponente, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox), y el expediente cuenta ya con documentos sobre el caso (principalmente resoluciones judiciales sobre la causa que se está tramitando en España). "Su traducción a las 15 lenguas de los diputados de la Comisión JURI ha dado lugar a un volumen de cerca de 4.000 páginas. Y esa es la documentación que el ponente está estudiando y que serán base también para parte de su informe", explican fuentes parlamentarias, que añaden: "El ponente tiene muy avanzado el trabajo de campo sobre la base de esos documentos y, una vez se celebren las audiencias y resto de trámites del procedimiento, planteará sus conclusiones en el informe que se debatirá y votará en la comisión de Asuntos Jurídicos".

En todo caso, aún falta toda la documentación que va a aportar la defensa.

Pero queda pendiente la parte presencial, que requiere deliberaciones y sesiones a puerta cerrada. Las fuentes parlamentarias explican que se ha avanzado en la resolución del voto secreto telemático, pero falta por resolver el de las deliberaciones a puerta cerrada, algo en lo que está trabajando el gabinete del presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y que afecta tanto a los suplicatorios como a la audiencia inminente para la sustitución del comisario Hogan o de otros comisarios si hay baile de carteras en el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen.

Una vez resuelto el mecanismo para garantizar las deliberaciones secretas a distancia, el proceso puede dilatarse "4-5 meses", calculan las fuentes parlamentarias.

Alrededor del suplicatorio sobrevuela la sentencia de agosto del juez de primera instancia belga, Jan Coopens, ha rechazado la euroorden de Lluís Puig, exconseller de Cultura de Puigdemont, por considerar que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales al entender que el Supremo no es el órgano competente para cursarla, en tanto que no es un aforado ante este tribunal.

"La justicia sigue sus cauces, este proceso parlamentario también", dice Vázquez: "El proceso de suplicatorio no se ha parado y todo el trabajo de campo y de análisis de la documentación está avanzado".

Ya es mala pata que después de siete meses sin poder ver a Pedro Sánchez te presentes en Moncloa para reunirte con el presidente el mismo día en que el Gobierno de Madrid ofrece otro espectáculo de los de frotarse los ojos. Isabel Díaz Ayuso contraprogramó el miércoles a Pablo Casado con ferocidad, como si fueran dos cadenas televisivas enfrentadas a muerte por el 'prime time'. Por mucho que se esfuerce el líder del PP, no tiene nada que hacer ante las declaraciones de Díaz Ayuso y las imágenes que genera su Gobierno. Es una batalla desigual. Ya dijo Santa Teresa de Jesús que "se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas". Casado quería que ella fuera elegida presidenta de Madrid y desde entonces ha tenido tiempo de sobra para sufrir las consecuencias.

Partió Casado hacia Moncloa con la intención de proponer un montón de pactos de Estado a Pedro Sánchez y de responderle con un 'no' a todas sus ofertas. El presidente también llevaba en el bolsillo un acuerdo inviable, como el de pedir al PP que acepte negociar los presupuestos y le conceda una plácida legislatura. Un pacto entre el PSOE y el PP es imposible y todo lo que se diga al respecto es puro ruido. Ni siquiera para cumplir la Constitución, esa palabra con la que los políticos nos presionan sin piedad para resaltar lo importante que es respetar las leyes.

Casado se negó a tratar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está pendiente desde finales de 2018. No es un trámite que dependa del estado de las relaciones entre los principales partidos, sino una obligación marcada por la Constitución. Pero al presidente del PP no le apetece. Afirmó que no negocia porque "el vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) busca un cambio de régimen". Si eso fuera cierto, a Casado le convendría conversar con el PSOE para contar con un nuevo CGPJ que impidiera tales designios demoníacos.

Sólo era una excusa, como quedó demostrado cuando citó otras, entre las que estaba la famosa reunión del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas. No sale nada de eso en la Constitución, pero qué más da.

También habló de su propuesta de crear un nuevo organismo público presidido por alguien independiente para que se ocupe de la reconstrucción económica "con el fin de evitar la discrecionalidad y el clientelismo en las ayudas". Es decir, dando por hecho que el Gobierno es tan corrupto que se quedará con todo el dinero que venga de Bruselas para gastárselo en caprichos. Cualquiera diría que esa gestión debería ser la responsabilidad del Gobierno, en especial de los ministerios de Economía y de Hacienda. Lo hizo con tanta intensidad que algunos periodistas en la rueda de prensa se creyeron que ya estaba decidido. Después, la portavoz del Gobierno les sacó de la confusión. Eso sólo era algo "accesorio" y "anecdótico".

Aparentemente, la cita de Casado y Sánchez no sirvió para nada. El primero recuperó todas sus críticas conocidas al Gobierno por su respuesta a la pandemia. Las que son reales y las que se inventó. "El INE y el Instituto Carlos III siguen dudando de la cifra oficial de fallecidos", dijo, lo que es falso. Esos dos organismos miden el exceso de muertes, una estadística que también es recopilada en otros países europeos. No es un recuento que se hace para responder al registro oficial, sino que se realiza cada año, y el de ahora sirve para medir el impacto real de la pandemia.

La respuesta de María Jesús Montero fue atronadora. "Todo lo que habla el señor Casado es ofensivo para este Gobierno". No parece que estén cerca de un acuerdo. Sobre el veto a la renovación del CGPJ, dijo: "Le hemos escuchado en esta sala decir sin sonrojo que no piensa cumplir la Constitución". Según la versión del Gobierno, el PP "está instalado en el frentismo, en la confrontación". Si el éxito en la lucha contra el coronavirus depende de algún tipo de consenso entre la izquierda y la derecha, ya podemos ir pidiendo cita en el hospital.

Preguntaron a Casado por el último arrebato de Díaz Ayuso, indignada porque Fernando Simón comentó en una rueda de prensa lo que todos sabemos, que Madrid encabeza en las últimas dos semanas la última oleada de contagios, al igual que ocurrió en primavera. Él prefirió inventar una realidad alternativa: "Cuando esta estadística hace tres semanas la encabezaba Aragón, no era un tema con mucho foco. Cuando fue Castilla-La Mancha la que tuvo la cifra relativa en cuanto a población peor de mortalidad y de contagio, también en residencias, tampoco se ponía el foco". A finales de julio y principios de agosto, todo el mundo hablaba de Aragón, ya que sus datos eran horribles. La diferencia es que el presidente de esa comunidad no denunció una campaña ni dijo que todas las demás CCAA le envidiaban.

Mientras Casado hablaba en Moncloa de lo mal que tratan los envidiosos a Díaz Ayuso, los medios de comunicación ofrecían las imágenes que dejaban en evidencia a ambos. La noche anterior, el Gobierno madrileño avisó de improviso a miles de profesores para convocarles a partir del miércoles a unas pruebas serológicas. En uno de los centros elegidos, centenares de docentes hacían cola sin que fuera posible guardar la distancia de seguridad al haberse reclamado la presencia de demasiadas personas al mismo tiempo. La Consejería de Educación optó por echarles la culpa a ellos.

Nadie supo por qué no se les había avisado con más antelación. Si fue por pura improvisación o porque el inicio del curso escolar se echa encima. Las pruebas terminaron siendo suspendidas para que no continuaran las aglomeraciones, que no estaban dando muy buena imagen. El consejero de Educación lo negó y decidió jugar con las palabras: "No se han suspendido las pruebas en ningún momento. Se han reorganizado las citaciones de algunas personas que estaban citadas a última hora de la mañana porque han ido más de las previstas".

Los consejeros piensan que en caso de problemas pueden salir bien librados si son imaginativos en sus declaraciones, como ocurre con su presidenta. Pero para todo hay que saber. Cómo no admirar el desparpajo de Ayuso en una entrevista: "A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los niños de una u otra manera lo tengan (el coronavirus). Pero porque a lo mejor se han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar, o por la tarde en el parque o por un compañero. No se sabe, porque el virus está en cualquier sitio". En todos los sitios, menos en aquellos que son responsabilidad del Gobierno de Madrid.

Más pronto o más tarde, vais a morir todos. Algunos antes que otros. Para qué tantas preocupaciones por la vuelta a los colegios.

De todas las políticas que habitan en la política española, la de Pablo Casado es de las más contradictorias que se divisan en el panorama actual, y no solo porque haya destituido a Cayetana Álvarez de Toledo con los mismos argumentos que usó para auparla a la portavocía del Congreso. El líder del PP dice que ama a España y a los españoles, pero se niega a participar en un consenso presupuestario para la reconstrucción nacional en tiempos de emergencia socioeconómica; se da golpes de pecho con la Constitución, pero se burla de las obligaciones que le impone la Carta Magna como jefe de la oposición para la renovación del Poder Judicial; presume de demócrata, pero cuestiona la legitimidad de un Gobierno elegido democráticamente en el Parlamento y se declara preocupado por la ausencia de liderazgos en un momento tan crítico cuando el suyo es de los más débiles y cuestionados de cuantos ha tenido la derecha española en democracia. 

Lo que ha exigido Pablo Casado durante su visita a La Moncloa para sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado es que Pedro Sánchez rompa el Gobierno. Sí, que en medio de la peor pandemia en un siglo, dinamite su gabinete, que deje de gobernar y que luego, ya, si eso, igual pueden empezar a hablar. El poder ya se sabe que pertenece a la derecha por derecho y que, cuando no lo tiene, juega al filibusterismo, al bloqueo y a lo que haga falta. 

Con Unidas Podemos no hay negociación desde el PP porque así lo ha dicho su presidente; sin Unidas Podemos no hay Gobierno porque fue gracias a su apoyo en el Parlamento por el que Sánchez fue investido presidente y sin Gobierno, claro, no habría tampoco Presupuestos. Pero el guión de Casado para su visita a La Moncloa sigue siendo el mismo desde que comenzó la Legislatura. Con pandemia o sin pandemia, el de Sánchez es un Gobierno al que no reconoce legitimidad y con el que, por tanto, no hay nada que negociar. Ni cuentas públicas ni órganos constitucionales, por más que lleven dos años –que pueden ser hasta cinco– en un limbo jurídico ante la falta de acuerdo para su renovación y lo mande esa Constitución que sigue en pie, como dicen los populares, solo porque la defiende cada día y cada noche la derecha.

Casado ha instalado entre sus huestes el mantra de un Gobierno que rechaza la Monarquía, exige la demolición de la Constitución y ataca a la jefatura del Estado. Y lo peor es que quienes compran la mercancía ignoran que no hay mayor ejercicio de antipatriotismo que el obstruccionismo de la derecha con su negativa a renovar los órganos constitucionales o a participar en la reconstrucción socioeconómica de un país devastado ya social y económicamente por la pandemia. 

El líder del PP hubiera tenido muy fácil comparecer ante los medios, tras su reunión con Sánchez, y explicar tan solo que tras dos horas de reunión y su disposición a acudir a la cita, el presidente del Gobierno no le presentó ni un cuadro macro ni las líneas generales de las cuentas públicas para las que reclama el apoyo. Podría haber dicho también que para una negociación presupuestaria estaría bien que hubiera, al menos, un anteproyecto de presupuestos sobre el que empezar a hablar y que Sánchez no le había detallado ni números, ni planes, ni reformas.

Pero, no. Casado confunde siempre la parte con el todo, se recrea en posiciones maximalistas y pierde toda credibilidad ante una ciudadanía que, a diferencia del partido que lidera, ha entendido a la primera que la solución a la crisis del COVID–19 pasa por acabar con el virus, pero también por sacar de la refriega política y electoral la gestión de la pandemia.

Y, como el presidente del PP no está dispuesto a ello pero tampoco a que se le conozca por el "señor del no", se ha sacado de la manga una oferta para crear una agencia independiente para la gestión de las ayudas europeas y los planes de emergencia, en la que PP y PSOE se pongan de acuerdo para la distribución de los fondos. Parece que lo que dice la Constitución no rige para el PP en lo que respecta al Poder Judicial, pero que lo que se decida por consenso entre los partidos en un nuevo organismo público será dogma de fe para los populares. Ah, eso sí, todo mientras su líder exige para salir de la crisis una reducción inmediata de la burocracia. ¡Mucho mejor una agencia de nuevo cuño que la actual estructura administrativa del Estado para gestionar las ayudas de Bruselas!

Por lo demás, siguió, como don erre que erre, con que Iglesias "está en una petición de cambio de régimen constitucional, ha pedido que el Rey abdique y que haya un referéndum sobre la Monarquía" y que así "empezamos muy mal" porque el PP no se plantea, afirmó, negociar con un Gobierno en el que uno de sus miembros "aboga por un referéndum de autodeterminación en Cataluña, trata a EH Bildu como un interlocutor político y está imputado por financiación irregular". Por tanto, para Casado, "la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez, que ha de decidir si rompe la coalición de gobierno o la mantiene", ya que en su opinión los socialistas podrían gobernar en minoría alcanzando acuerdos parlamentarios con el PP en "temas básicos" como la sanidad o la educación.

El caso es que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya ha dicho que el Gobierno ha aceptado estudiar la propuesta de crear una Agencia de Recuperación, pero que la idea no pasa de "accesoria" y "absolutamente instrumental" porque lo importante es decidir la orientación de los Presupuestos, fondos europeos incluidos.

De "decepcionante" llegó a calificar la ministra el encuentro entre el presidente y Casado, tras constatar que el PP "le ha dado la espalda al diálogo" y que, con Cayetana o sin Cayetana, "es el mismo Casado de hace dos años, el que permanentemente dice que gira al centro pero cuando tenemos ocasión de hablar vemos que parece que gira sobre sí mismo en espiral".

"Pareciera [añadió Montero] que no hemos vivido una pandemia que se ha llevado la vida de miles de compatriotas. Casado ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que es un hombre de Estado" y que su único objetivo no es tumbar al Gobierno, sino ayudar en la reconstrucción del país, más allá de diferencias ideológicas o intereses partidistas.

Así que como Sánchez tiene la iniciativa, la obligación y la urgencia para sacar el país adelante con unas nuevas cuentas públicas y ha tomado nota del "no es no" del PP, hace tiempo que explora otras vías, más allá de la mayoría que hizo posible su investidura. A su socio de coalición no le gusta demasiado el trato preferente que el PSOE ha decidido dar a Ciudadanos en esta negociación. Pero como los socialistas no tienen la certeza de que ERC  vaya a anteponer las necesidades presupuestarias del país a su competición electoral con los ex convergentes, se reafirman en su estrategia de acercamiento con Arrimadas, mucho más después de su apoyo a todas las prórrogas del estado de alarma durante la pandemia. 

"Cuando los números no salen porque algunas formaciones políticas están esperando otro momento o porque ponen requerimientos imposibles porque eso es lo mismo que decir que no, obligan a buscar otras alianzas", ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión de Sánchez con el presidente del PP, Pablo Casado. El Gobierno aguarda a la reunión de Sánchez con Rufián este jueves para saber "su cronograma y sus plazos", pero antes ya ha avanzado con Arrimadas, partidaria de sacar "la pandemia de la refriega política y de arrimar el hombro". Con ese ánimo acudió la líder de Cs a La Moncloa, además de con una batería de medidas a implementar: una estrategia nacional para la vuelta al colegio –y no 17, una por cada Comunidad– de tal forma que Sánchez asuma el liderazgo en materia educativa, un plan de conciliación, la extensión de los ERTE más allá del 30 de septiembre, la supresión de la cuota de autónomos para aquellos que no han recuperado aún su actividad y una tregua política por España para afrontar la segunda ola de la pandemia y el futuro económico.

"Para nosotros no es fácil negociar con este Gobierno, pero todos hemos hecho cosas extraordinarias en el último año y ante esta situación estamos obligados a hacerlo todos", afirmó Arrimadas, tras desbrozar también algunas reformas económicas que ha pedido a Sánchez para que el país despegue y pueda afrontar futuras crisis con mayor tranquilidad.

Arrimadas, a diferencia de Casado, transitó por el camino de la responsabilidad institucional y la centralidad, y anunció su voluntad firme y real a sentarse a negociar unos Presupuestos "sensatos y realistas". Un camino que, calificó, de difícil, pero correcto ante la situación crítica por la que atraviesa el país.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado tras algo más de dos horas de reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa, que ha acudido a la cita con el ánimo de negociar con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado porque cree que "es el momento de arrimar el hombro, de ser responsables y constructivos". "Con ese ánimo vamos a continuar", aseguró al término del encuentro desde la sala de prensa de Moncloa. Arrimadas ha señalado que lo primero que ha hecho ha sido trasladar al presidente "nuestra profunda preocupación por esta segunda oleada de pandemia", y "por los pésimos datos económicos" que se están conociendo sobre España. Por ello cree que ante esta "situación excepcional" que se está viviendo, todos los grupos políticos deberían aparcar sus diferencias, dejar a un lado sus "intereses partidistas" y sentarse a negociar.

En este sentido, Arrimadas ha desvelado que le ha pedido a Sánchez que propicie "una tregua política" para rebajar la tensión y acabar con los enfrentamientos, una petición que ha hecho extensiva a "todos los actores políticos".

El presidente ha recibido a la líder de Ciudadanos en la escalinata del Palacio, y ataviados ambos con mascarillas, se han saludado con el codo. Tras su encuentro, la líder de Ciudadanos ha certificado, tras haber avalado anteriormente todas las prórrogas del estado de alarma, su "voluntad seria y real" de negociar las cuentas públicas sin poner en esta oacasión ningún veto a Podemos con cuyos ministros Arrimadas asume que tendrá que tratar. No obstante, ha reclamado que las medidas que se pacten sean "sensatas" y no tengan sesgos "ideológicos" del partido de Iglesias con el que discrepa en su propuesta de subir los impuestos.

Sánchez y Arrimadas, que ha acudido por primera vez presencialmente a entrevistarse con el presidente del Gobierno -la anterior reunión fue en el Congreso-, han hecho repaso a las medidas de "cogobernanza" pactadas con las autonomías para luchar contra los rebrotes de la pandemia y han conversado también sobre la renovación de cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un asunto sobre el que Arrimadas rechaza negociar. La dirigente de Ciudadanos, de hecho, ha certificado su negativa a pactar la renovación de este órgano, que lleva en funciones dos años, pero ha señalado que "tiene una solución muy fácil y fantástica", que es plantear a los dos grandes partidos que afronten con urgencia "una reforma que renueve el sistema de elección". "Mire si se lo pongo fácil", ha ironizado.

Pero la prioridad ahora para Sánchez son los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en los que Ciudadanos se muestra dispuesto a colaborar. "Hay que hacer unos presupuestos moderados y serios", ha remachado Arrimadas, quien ha vuelto a alertar de que no se pueden dejar las cuentas públicas "en manos de Rufián y Otegi".

Pese a su buena voluntad ha reconocido en su comparecencia en la Moncloa que "no es fácil negociar con este Gobierno", pero a continuación ha explicado por qué levanta el veto a Pedro Sánchez instaurado por su antecesor, Albert Rivera: "Desde Ciudadanos queremos una imagen de solvencia de España" y que los ciudadanos no vean a diario en los periódicos extranjeros noticias negativas sobre nuestro país. "Necesitamos ejecutar los fondos europeos. Estos no son unos presupuestos normales, estamos en una situación excepcional. Creo que estamos a tiempo de revertir esta situación", ha insistido. En lo que ha coincidido con Pablo Casado es en la idea de crear una agencia independiente o un organismo similar que gestione esos fondos europeos destinados a Españs.

Por otro lado, Arrimadas ha mostrado su respaldo a Sánchez en las medidas para frenar los rebrotes de la Covid-19 pero le ha pedido que alargue los ERTE más allá de este mes septiembre y garantice una "vuelta al cole" ordenada y coordinada con todas las CCAA y no que haya 17 protocolos distintos.

La actitud de Arrimadas ha contrastado con la que horas antes ha mantenido Pablo Casado en su encuentro con el Presidente del Gobierno, al que ha adelantado su absoluto rechazo a pactar todos estos asuntos, empezando por los presupuestos, mientras Podemos forme parte del Ejecutivo.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesus Montero, que compareció ante los periodistas despues de que lo hiciera Arrimadas, alabó la predisposicón de la líder de Ciudadanos y aseguró que las negociaciones con ellos comenzarán de inmediato. La propia Arrimadas señaló que ve una urgencia en el comienzo de esas reuniones a las que acudirán, además de ella, el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, la secretaria general del partido, Marina Bravo, y el vicesecretario general, Carlos Cuadradro.

El PP dejó de votar en España el estado de alarma que, como se ha evidenciado posteriormente por la cascada de fallos judiciales, era la vía más adecuada para garantizar el confinamiento ante la pandemia. El PP no apoyó las principales conclusiones de la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados, y no parece dispuesto a facilitar unos nuevos presupuestos. Y el PP, con presidentas autonómicas como Isabel Díaz Ayuso, se desmarca diariamente de las indicaciones generales del Gobierno.

Mientras el PP usa la crisis del coronavirus políticamente en España ya sea en la oposición en el Congreso o desde presidencias autonómicas, en el Parlamento Europeo pide unidad y coordinación a los 27 Estados miembros.

La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha intervenido este miércoles en la comisión de Medio Ambiente y Sanidad durante participación de la directora del Centro de Prevenciones y Enfermedades de la UE (ECDC), Andrea Ammon, para hacer un alegato de la armonización comunitaria.

"Hay un solo mapa europeo que es del Centro de Prevención", ha dicho Montserrat, "que es donde se marcan las zonas rojas, naranjas y amarillas. Pero hay 27 respuestas diferentes que están provocando desorientación, incertidumbre e inseguridad a toda la ciudadanía europea, a todos los sectores económicos y productivos, a los estudiantes, a los trabajadores y a las familias".

Montserrat ha añadido: "Necesitamos criterios unitarios europeos con el fin de evitar una descoordinación no solo en materia de seguridad sanitaria, sino también en la discriminación de la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea".

"Sabemos que la competencia es cada uno de los Estados miembros", ha dicho, como en España es de las comunidades autónomas, "pero también sabemos que estamos viviendo una nueva realidad. Y ante esta nueva realidad tenemos que ser valientes. Y desde el Centro de Prevención y desde el Parlamento Europeo y la Unión Europea tenemos que coger el liderazgo para coordinar una respuesta unitaria ante este mapa".

La portavoz del PP también ha puesto en duda las cifras española: "El instituto público Carlos III español publica de España que ha habido 46 000 fallecidos. Otro instituto público español, el Instituto Nacional de Estadística, que son más de 50.000 fallecidos por el covid. Y el Gobierno de España, que son 29.000 fallecidos. ¿Cómo son los datos que envía el Gobierno? Porque entonces lo que necesitamos otra vez en las estadísticas es armonización y veracidad, porque si no, no combatimos con los datos exactos la pandemia".

Lo que no dice Montserrat es que los datos que da el Gobierno son los que facilitan las comunidades autónomas. La exministra de Sanidad tampoco tiene en cuenta que los datos del Carlos III y del Instituto Nacional de Estadística no contabilizan fallecidos acreditados por el covid, sino exceso de mortalidades en comparación con el mismo periodo de tiempo de años anteriores.

Pablo Iglesias sigue intentando recuperar la condición de perjudicado en la pieza del caso Villarejo abierta para indagar si el comisario se encuentra detrás del robo del teléfono de su excolaboradora Dina Bousselham y de la difusión de su contenido. El vicepresidente ha enviado este miércoles un nuevo escrito a la Audiencia Nacional para ampliar el recurso que presentó en junio y en el que arguye dos informes aportados a la causa que alejan las sospechas sobre él como causante de los “daños” en la tarjeta de Bousselham, que es una de las líneas de investigación abiertas por el juez tras retirarle la condición de víctima. 

El magistrado ha atribuido dos posibles delitos a Iglesias —revelación de secretos y/o daños informáticos— por la retención injustificada del contenido del móvil durante al menos seis meses y el supuesto daño al dispositivo. La defensa de Iglesias reconoce que “dado el actual estado de la tarjeta, no se puede precisar si existía daño alguno previo”, pero insiste en que “ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor que la consideró base y elemento para la retirada de la condición de perjudicado”. 

Para sustentar esta argumentación, el vicepresidente alude en su escrito a un informe del 12 de agosto en el que la Policía Científica concluyó que los “daños” de la tarjeta de Bousselham fueron producidos por un tipo de “lijado” que se corresponde con las técnicas que realizan “los laboratorios especializados en recuperación de información de este tipo de dispositivos”.

Es decir, que son compatibles con la manipulación del dispositivo que hizo la empresa de tecnología de Gales a la que recurrió la pareja de Bousselham para intentar recuperar su contenido después de que se lo diera Iglesias y que ya informó de que había llegado a sus instalaciones "físicamente intacto". De hecho, este informe de la empresa de tecnología de Gales es el segundo que aporta Iglesias para intentar que se revoque la decisión del juez de retirarle la condición de perjudicado.  

El magistrado acordó el 25 de mayo retirarle esa condición a petición de la Fiscalía Anticorrupción y tras admitir Bousselham en sede judicial que ella misma había hecho y enviado algunos de los pantallazos de las conversaciones de Telegram que acabaron publicados en Okdiario, El Confidencial y El Mundo. Iglesias había sido aceptado en un primer momento como perjudicado al coincidir el material del móvil robado a Bousselham con esas publicaciones que según afirmó él mismo en sede judicial tenían el objetivo de perjudicarle a él y al partido justo cuando Podemos hacía una oferta de Gobierno de coalición al PSOE en 2016. 

El juez consideró "insostenible" mantener esa condición "toda vez que las diligencias practicadas no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna". Y a partir de entonces estableció como prioridad resolver qué hizo el político con la tarjeta del móvil de su antigua colaboradora o una copia, con independencia de que Villarejo guardara otra y tres medios publicaran parte de su contenido, según recogió un informe de Asuntos Internos.