El Gobierno afronta el penúltimo pleno del curso político en el Congreso antes de las vacaciones con la certeza de que se apuntará, casi con absoluta seguridad, una derrota en la votación de la senda de estabilidad, el cuadro económico que ha presentado como primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pero a esa convicción le acompaña otra: la de presentar igualmente un proyecto de cuentas públicas tras tres años sin hacerlo y no convocar las elecciones generales hasta 2027. Además, la sesión de este martes permitirá al Ejecutivo tomar algo de oxígeno para lograr ese objetivo porque —salvo sorpresa— logrará varias victorias parlamentarias en materia de dependencia y discapacidad, así como para hacer avanzar la reforma del Código Penal cuyo objetivo es suprimir delitos como las injurias a la Corona.

La Ley establece que el Gobierno, antes de presentar su proyecto de Presupuestos para 2027 al Congreso, debe someter a votación la senda de estabilidad, los objetivos de déficit y el reparto por administraciones con la que se elaborarán las cuentas públicas. Si el Ejecutivo contara con una mayoría estable en la Cámara Baja, esta votación sería un trámite que serviría para dar el pistoletazo de salida a la negociación presupuestaria y ofrecería las primeras pistas sobre las posiciones de los grupos parlamentarios y de las prioridades que exigirían al Ejecutivo incluir en esas cuentas.

Pero en el Gobierno y entre sus socios nadie espera que los Presupuestos Generales del Estado vayan a ser aprobados cuando lleguen a las Cortes, fundamentalmente porque Junts, actor imprescindible para ello, rechaza siquiera negociarlos. “Para nosotros ya no hay suficiente zanahoria con todos los palos que nos han dado”, afirmaba hace un mes el secretario general de Junts, Jordi Turull, preguntado por esa posibilidad. Y, este mismo lunes, el portavoz orgánico del partido, Josep Rius, tachaba de “frivolidad” presentar unas cuentas sin tener “una mayoría” en el Congreso para que salgan adelante y acusaba al Gobierno de tener “un objetivo claramente electoralista”.

Con ese escenario, la votación de este martes se perfila como la antesala de la previsible derrota de los Presupuestos Generales del Estado dentro de unos meses. Rius también confirmó este lunes que Junts, además de no plantearse negociar las cuentas, rechazará la senda de estabilidad como ya hizo con la presentada para los Presupuestos de 2025 y 2026, lo cual —unido al voto en contra de PP y Vox— dará al traste con la misma. Por su parte Podemos, cuyo voto también es necesario, se decanta por la abstención, alegando que ese mayor gasto se destinará a engordar las partidas militares

El previsible fracaso de este martes no implica que el trámite presupuestario vaya a quedar paralizado antes de comenzar. La ley obliga al Gobierno a presentar una segunda propuesta de senda de estabilidad si la primera sale derrotada, algo que el Ejecutivo tiene previsto hacer en el último pleno parlamentario del año, el próximo 23 de julio. Y si ese cuadro tampoco es aprobado —como presumiblemente ocurrirá—, Hacienda podrá llevar los Presupuestos igualmente al Congreso, puesto que cuenta con un informe de la abogacía del Estado que aduce que la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo establece que la senda de déficit ha de votarse dos veces en las Cortes Generales, pero se abre un vacío legal una vez el parlamento lo ha rechazado en ambas ocasiones.

En ese caso, señalan desde el Ejecutivo, la ley que prima es la Constitución. Y esta fija que las comunidades deberían presupuestar en equilibrio, lo que les impediría disfrutar de un colchón de 5.800 millones en los tres próximos años del que sí dispondrían de salir adelante la senda de estabilidad que se vota este martes. En el pleno del Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, informará a los diputados del techo de gasto –este no se vota– y de los números rojos en los que podría incurrir el Estado en los próximos tres años si las Cortes dieran luz verde al cuadro económico: en concreto, un desvío equivalente al 1,8% del PIB en 2027, al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. De esas cifras, a las comunidades autónomas les correspondería un 0,1% cada ejercicio.

Consciente del presumible fracaso de la votación, este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lamentó en una entrevista en RNE que algunos grupos parlamentarios —como Junts— ya hayan anunciado que votarán en contra del “mayor techo de gasto de la historia de nuestro país, lo que supone mayor estado del bienestar”. Bolaños, asimismo, admitió las “dificultades parlamentarias” a las que se enfrentará el Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos. Pero también insistió en que la idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “es agotar la legislatura y llevarla a término”, si bien el propio Sánchez abrió hace unas semanas la puerta a adelantar las elecciones generales al primer trimestre de 2027.

Oxígeno para el Ejecutivo

En cualquier caso, aunque el panorama que se le presenta a la Moncloa en relación con los Presupuestos es bastante negro, el pleno del Congreso de este lunes también proporcionará —salvo sorpresa de última hora— algo de oxígeno a un Gobierno necesitado de él. Previsiblemente, el Ejecutivo logrará una mayoría para convalidar el decreto aprobado el mes pasado para dotar a las comunidades de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 para sus sistemas de dependencia. Y también está previsto que el Congreso dé luz verde a la reforma de la ley para reformar este derecho y blindar la exigencia de que el Estado se haga cargo del 50% de su financiación —la otra mitad corresponde a las comunidades—.

Está por ver cuál será la posición del PP en ambas votaciones, que son clave: la convalidación del decreto ratificaría el aumento de la financiación para el sistema de dependencia, mientras la aprobación de la reforma enviaría dicha ley al Senado para cumplir con la última etapa de su tramitación parlamentaria. No obstante, se espera que Junts vote a favor de ambos textos, lo cual convertiría en irrelevante la posición de los populares, que no sumarían mayoría junto a Vox para tumbarlos.

Esa misma mayoría, la que suma el Gobierno junto a sus habituales aliados parlamentarios y a Junts, será la misma que, presumiblemente, permitiría continuar la tramitación de la proposición de ley para eliminar del Código Penal delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma, planteada por Sumar, comenzó a tramitarse en 2023, pero hasta el mes pasado el PSOE no se avino a desbloquear el procedimiento.

En estas semanas en que el planeta ha cogido forma de balón de fútbol, ha circulado en redes sociales un breve vídeo de 2011 en el que aparece un chaval francés de 12 años llamado Kylian Mbappé. Con una seguridad llamativa en alguien tan joven, explica que “en la historia, los mejores (futbolistas franceses) fueron negros y árabes, aparte de Platini y Cantona”. Como todo en el fútbol, habrá opiniones diferentes, como también la constatación de que se trata de un tema sensible en Francia, como mínimo desde el Mundial de 1998, porque plantea cuestiones más importantes que si hay que jugar con uno o dos delanteros. La selección nacional se ha convertido en un campo de batalla que enfrenta dos visiones muy diferentes sobre la realidad del país.

Mariano Rajoy, con ese aire distante e informal que a veces le ha caracterizado, decidió hace unos días que podría infiltrarse en ese terreno en uno de esos artículos dictados por teléfono sobre los partidos de la selección española que publica en El Debate como detalle con su amigo Bieito Rubido que tanto hizo por él cuando era director de La Voz de Galicia y ABC.

Los artículos son motivo de comentarios admirativos o graciosos porque parecen propios de un alumno de diez años de mucha pasión futbolera, aunque poca capacidad de escritura. La comparación resulta ahora fuera de lugar, porque el expresidente hizo una incursión en un asunto monopolizado por la extrema derecha francesa. Y con solo cuatro palabras, lo que tiene algún mérito en términos de concisión. Después de elogiar “la plantilla de altísimo nivel” que tiene Francia, soltó la coz: “Eso sí, sin franceses”.

Es lo mismo que decía Jean-Marie Le Pen antes de ese Mundial que ganó el país en 1998. Podían tener nacionalidad francesa, podían haber nacido en Francia, podían ser muy buenos, pero no eran auténticos franceses, dijo. Había demasiados africanos y magrebíes. El color de la piel era lo que les condenaba a un estatus de segunda clase. Le Pen había combatido como oficial de inteligencia contra los argelinos en la guerra colonial para descubrir después que la gran estrella de ese equipo era Zinedine Zidane, nacido en Marsella diez años después de que sus padres emigraran de Argelia. Una afrenta intolerable.

Marine Le Pen ha intentado escapar del racismo descarnado de su padre –manteniendo su rechazo a la inmigración–, pero el debate no ha desaparecido de Francia por muchos éxitos que haya tenido su selección, repleta de jugadores de raza negra. Por eso, es lógico que las cuatro palabras de Rajoy hayan provocado un escándalo en la política francesa. También dentro de la derecha liberal o conservadora.

Lo último que esperaban es que un ex primer ministro español, es decir, de un país amigo, haya echado sal en la herida en una demostración tan irresponsable como frívola. Eso en el caso de que no se considere la otra hipótesis, que Rajoy sea un racista y que, ya retirado de la política, pueda permitirse lanzar algún exabrupto en esa dirección. Y el que quiera entender, que entienda.

“Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas”, dijo el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Hubo unanimidad a la hora de atacar las palabras de Rajoy, porque se las han oído o leído muchas veces a otros. “A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslices'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que representa”, respondió la ministra de Ultramar, Naïma Moutchou. “Ser francés es compartir una lengua, una historia, una cultura, los valores de nuestra República. No es ni una religión, ni un color de piel”, afirmó el exdiputado conservador Daniel Fasquelle.

Rajoy obtuvo un logro inusual al hacer un comentario más racista de lo habitual en estos momentos en el partido de Le Pen. “El señor Rajoy es un racista, simplemente. Estos comentarios son escandalosos”, dijo indignado en televisión Julien Odoul, diputado y portavoz del partido.

No se pueden entender estos comentarios sin conocer los graves problemas de la sociedad francesa, que es consciente de que los hijos y nietos de inmigrantes no se sienten ciudadanos de un Estado que dice abrazar a todos, pero que les deja sin oportunidades laborales porque tienen un nombre árabe o la piel oscura. Y los futbolistas franceses, por muy millonarios que sean ahora, lo saben por la experiencia que tuvieron en su juventud, ellos y sus familias, en las barriadas de las ciudades.

Precisamente por eso la reacción de los políticos franceses ha sido instantánea contra Rajoy. No pueden permitir que ese precario equilibrio social se vea alterado por comentarios racistas, aunque sólo tengan que ver con el fútbol.

Sonar más ultraderechista que Marine Le Pen no le ha alterado el ánimo a Rajoy. Con la actitud que el PP ha convertido en una costumbre, no se pide disculpas a nadie por declaraciones agresivas, no sea que beneficie de alguna manera a Pedro Sánchez. Ni siquiera esas que empiezan por “si hay alguien que se haya podido sentir ofendido”.

El expresidente ha hecho saber que no se va a poner “al nivel de ciertos miembros del Gobierno español” y que “no tenía mala intención”. ¿Cuál era su auténtica intención cuando todos los futbolistas de la selección francesa tienen la nacionalidad de su país y todos menos tres han nacido en Francia? No tiene interés en explicarlo.

Por las mismas, el Partido Popular no se inmuta ante las acusaciones de racismo. Borja Sémper dijo, cuando se lo preguntaron, que “las columnas de Rajoy son sarcásticas” y “sin mala intención”. Hay que entender que la tolerancia del PP hacia las bromas racistas debe de ser muy alta, porque todo se reduce a evitar que Vox le gane terreno por la derecha. Sin demasiado éxito.

Para responder a las críticas de Pedro Sánchez, Sémper apostó por la carta patriotera: “Ha dicho que gane el mejor. Nosotros queremos que gane España. Aunque juegue peor”. ¿Cómo se va a salir un portavoz del PP de la idea de que Sánchez es un mal español?

Sánchez y cinco ministros del PSOE aprovecharon el artículo de Rajoy para cargar contra su adversario. Previsible, pero inevitable, porque no podían ponerse de perfil y poner en peligro las relaciones con Francia. Esto último está muy abajo en las prioridades del PP.

Los errores de sus dirigentes de las últimas semanas –con las conspiraciones sobre el fraude electoral y la ley de nietos, y las bajas laborales– han llevado a algunos de ellos a mostrarse preocupados en privado por estos movimientos que el Gobierno de Sánchez ha recibido con alegría. “Nos hemos metido en todos los charcos posibles”, ha dicho una fuente del PP a ABC. Es poco probable que la dirección de Génova les haga mucho caso. Un comentario xenófobo de Rajoy no les va a desviar de la estrategia de tierra quemada. Si se necesitan chistes racistas para llegar a Moncloa, que así sea.

El juez Juan Carlos Peinado ha regresado de vacaciones. Y a su vuelta, una de sus primeras decisiones ha sido solicitar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que acredite en el plazo máximo de cinco días que finalmente viajó a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. Hace esta petición al comprobar que en el pasaporte, que le fue devuelto a Gómez de manera extraordinaria para ese viaje, no consta sello alguno que acredite que voló a ese país.

Así consta en una providencia del magistrado, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y en la que recuerda que se levantaron las medidas cautelares para Begoña Gómez de prohibición de salir de España y retirada de pasaporte de manera “excepcional”. Quiere saber si ha hecho uso de ese pasaporte “para el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar” y si “ha sido llevado a cabo acto alguno que pudiera ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar”.

Solicita esa acreditación después de que el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) le haya informado de que en el pasaporte de Begoña Gómez, que ha devuelto al juzgado tras el viaje exprés a la graduación, no incorpora ningún sello de entrada o salida a ese país. De esa graduación y de la asistencia de Begoña Gómez a la misma existe un reportaje fotográfico del medio OkDiario.

Desde la implantación de los pasaportes electrónicos, el Reino Unido dejó de poner sellos de entrada y de salida en los pasaportes de quienes visitan el país. Sí que desde que se hizo oficial la salida del país de la Unión Europea, los ciudadanos comunitarios deben completar de forma electrónica un documento llamado ETA (Autorización Electrónica de Viaje) que es un permiso de entrada digital que exigen varios países. El Reino Unido devuelve con la autorización correspondiente para viajar ese ETA y Gómez debería poder mostrar el mismo a Peinado dado que le habrá llegado a su correo electrónico.

Fue el pasado 6 de junio cuando el juez Antonio Viejo, en sustitución del magistrado Juan Carlos Peinado -que estaba de vacaciones-, acordó permitir que la esposa del presidente del Gobierno viajara a Londres entre los días 8 y 10 de julio para que pudiese asistir a la graduación de su hija. En cambio, le prohibía trasladarse a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). Gómez entregó su pasaporte hace dos semanas para cumplir con las medidas cautelares decretadas por el magistrado, mientras espera a que se resuelvan los recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Goméz había pedido viajar al extranjero entre los días 7 y 10 de julio para acompañar a Pedro Sánchez como parte de la delegación española en Ankara, a la que había sido invitada oficialmente. Pretendía que el regreso desde la ciudad turca se hiciera con una parada en Londres para asistir a la graduación de su hija. El abogado de Gómez argumentó que durante todo el viaje estaría acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno y una vez finalizado el trayecto el pasaporte sería devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

El juez sustituto, tras analizar cada uno de los posicionamientos de las partes personadas, explicaba en su auto por el que daba luz verde a que Begoña Gómez viajara a Londrés que había una “buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit”. Y sumaba a esto que también pesaba en su decision “la naturaleza del evento al que se pretende asistir”: la graduación de su hija.

Por contra, sobre la petición de Gómez de asistir a la cumbre de la OTAN a la que había sido invitada como cónyuge del presidente del Gobierno, el juez se fijaba en que ella no tenía “intervención activa en dicha cumbre” sino que asistía por razones de “cortesía”. Añadía que “Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea” en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por la estructura institucional. Y por este motivo, consideraba que que es procedente “mantener la decisión cautelar” de manera que no vuele a Ankara. De esta forma, el juez estima parcialmente la petición de esposa de Sánchez.

La Estafeta es probablemente la calle más conocida de Pamplona dentro y fuera de nuestras fronteras, tal vez por el protagonismo que esta vía de unos 300 metros de longitud, enclavada en el casco viejo de la ciudad, tiene en los encierros de los Sanfermines.

Su nombre procede de la primera oficina de correos de la ciudad, instalada en 1716. Antes de adoptar esta denominación, en el siglo XV se llamaba calle de los Carpinteros de Navarrería porque en la zona se agrupaban los talleres de estos artesanos. “Luego se hizo el castillo en la plaza del Castillo y esto se llamó rúa tras el Castillo, hasta que finalmente se acabó llamando calle San Tirso porque aquí hubo una basílica que estaba dedicada a san Tirso”, ha explicado a EFE el periodista y escritor especializado en la historia de Pamplona Juan Echenique.

La Estafeta, una calle con una ligera pendiente del 2%, es un clásico de los recorridos turísticos que explican la ciudad a través de tres grandes hitos: el Camino de Santiago, el encierro y los tres burgos medievales. “Esta es, sin lugar a dudas, la calle más conocida, sobre todo fuera de Pamplona”, ha destacado Echenique. Las visitas guiadas que recorren el centro histórico la incluyen como uno de los lugares con mayor carga de tradición de la ciudad, junto a la cuesta de Santo Domingo, la plaza consistorial, la curva de Mercaderes o la propia plaza del Castillo.

Si hay un momento en el que la Estafeta adquiere dimensión universal es durante los encierros de san Fermín, que pasan por esta calle desde 1867. Si se tiene en cuenta que el encierro tiene unos 850 metros, ha subrayado Echenique, aproximadamente un tercio del recorrido transcurre por esta calle. Por eso, ha dicho, “es tan relevante, aparte de que seguramente es donde se producen las carreras más espectaculares”. “Es tradicionalmente donde se producen las cogidas más graves. Seguramente porque al principio los toros corren a muchísima más velocidad que los corredores”, ha comentado el escritor.

La concentración de público durante las fiestas también deja su huella. En Sanfermines, la zona de Estafeta, junto con Calderería y Labrit, es uno de los puntos donde más vasos reutilizables se distribuyen, reflejo de la elevada afluencia de personas. En los controles policiales del casco antiguo, su entorno aparece de forma recurrente como área de vigilancia vinculada al ocio nocturno.

Pero esta calle es también una arteria comercial y hostelera de referencia en la ciudad y ha sido objeto de propuestas municipales orientadas a mejorar la accesibilidad de sus locales, con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y garantizar que cualquier persona pueda acceder a todos los establecimientos, muchos de ellos bares y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía local.

A lo largo de la Estafeta, bares y restaurantes combinan tradición e innovación en pequeñas creaciones, los pinchos, que reflejan el producto local, desde clásicos como el jamón ibérico o la tortilla de patata hasta propuestas más elaboradas con ingredientes de temporada. El ambiente es animado durante todo el año y especialmente en fiestas, en las que la gastronomía forma parte esencial de la identidad pamplonesa.

La Estafeta no es solo una vía de paso; es un relato urbano donde conviven la memoria postal que le dio nombre, la épica del encierro, el pulso del comercio, la solemnidad de las recreaciones medievales y la vida cotidiana de un casco antiguo que sigue reinventándose. En sus 300 metros se condensa, como en pocas calles, la historia y la proyección contemporánea de Pamplona.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a Andrés Arrieta, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como Magistrado competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución Española. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se debe a que el anterior responsable del puesto, Pablo Lucas, se ha jubilado “forzosamente” y a que Arrieta era ya el sustituto del mismo. Él compaginará sus distintas responsabilidades hasta su jubilación, prevista en abril.

El magistrado encargado del CNI es quien debe autorizar judicialmente escuchas o espionajes, si bien después el contenido de lo recogido queda en manos de la oficina de inteligencia, que no tiene la obligación de explicar sus resultados a este juez. El Poder Judicial nombra como sustituto de Arrieta, para casos de vacancia, ausencia o enfermedad, a Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Según ha podido saber elDiario.es de fuentes jurídicas, el nombramiento fue propuesto por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y votaron en contra los vocales progresistas Ángel Arozamena e Inés Herrero.

Arrieta fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del Supremo en 1998, con 43 años, convirtiéndose en el juez más joven en acceder al alto tribunal. En los últimos meses ha sido especialmente conocido por haber presidido los tribunales que condenaron al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso y, más recientemente, el que condenó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el marco del caso Mascarillas. Además, ha formado parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y del que le absolvió por investigar las fosas del franquismo.

Agentes de la Comisaría General de Información detuvieron el pasado viernes en Ibiza a James Cox Chambers Jr., un ciudadano estadounidense reclamado por las autoridades de su país, confirman a elDiario.es fuentes policiales. El arresto responde a una “nota roja” de Interpol que la organización internacional lanza para que el país donde se encuentre el aludido sea detenido a efectos de extradición.

James Cox Chambers Jr., conocido coloquialmente como 'Fergie', rompió con su familia a mediados de 2023 y recibió 250 millones de dólares que le correspondían de Cox Enterprises, un conglomorerado estadounidense con base en Atlanta dedicado a los medios de comunicación, la industria de la automoción y las telecomunicaciones. Según el entorno de 'Fergie', la Administración le reclama por su “labor filantrópica” con la causa palestina.

La Policía trasladó a Madrid a Cox, quien pasó a disposición judicial el sábado. El juez de guardia en la Audiencia Nacional, Antonio Piña, decretó su ingreso en prisión incondicional, según fuentes jurídicas. Estados Unidos acusa a Cox de financiar a Hamas, a quien considera organización terrorista. El próximo jueves se celebrará la vista para su extradición.

El entorno de Cox asegura que desde que recibió su herencia de la participación en el conglomerado industrial rompió vínculos con su familia y dedicó los fondos al “activismo social y a la solidaridad internacional”. En este sentido ha donado más de un millón de libras a proyectos humanitarios en Gaza y a finaciar organizaciones activistas y “medios de comunicación propalestinos”.

Stella Schnabel es la pareja de Cox y ha declarado: “A Fergie lo están encarcelando porque utiliza su patrimonio para apoyar a Palestina y a quienes sufren un genocidio en Gaza. En definitiva, se enfrenta a una persecución política por haber dedicado su vida a construir una sociedad mejor, en lugar de explotar a las personas y lucrarse con la guerra. Debería estar con nuestra familia, continuando su importante labor humanitaria y de compromiso social”.

El Departamento de Justicia de Trump solicita la extradición internacional de Fergie por varios cargos, entre ellos acusaciones vinculadas a protestas locales de apoyo a acciones directas contra instalaciones de fabricación de armamento israelí en territorio estadounidense, explican fuentes próximas al detenido.

En este sentido la imputación más grave a la que se enfrenta es la transferencia de fondos desde Estados Unidos a Túnez, país donde Cox residía, para patrocinar allí el Club Africain, actual campeón nacional de fútbol de Túnez. Cox considera que es una acusación “fabricada” de financiación de la resistencia palestina, considerada terrorista por la Administración Trump.

“La detención de Chambers por parte de España se produce en un contexto de creciente represión de la administración Trump contra el movimiento de solidaridad con Palestina —así como de protestas en el propio territorio estadounidense— y de una tensión creciente entre Trump y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, motivada por las críticas de este último a la actuación del Estado de Israel en Gaza”, dice su entorno.

La familia de Cox ha hecho un llamamiento a la sociedad civil y a juristas y políticos para que se manifiesten en Baleares, Madrid y Bruselas contra la extradición el día de la vista, el próximo jueves, 16 de julio. “Sería un precedente aterrador que sentaría para la represión del movimiento propalestino y para la pretensión de la administración Trump de imponer dicha represión en todo el mundo”, afirman.

El Tribunal Supremo ha hecho pública una sentencia en la que avala la arquitectura general del nuevo Reglamento de Extranjería impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez pero introduce correcciones en asuntos como la protección de menores. Considera que es contrario al interés del menor que se le impida el acceso a determinadas autorizaciones de residencia por el mero hecho de estar ta casado porque entiende que esa restricción podía perjudicar a quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como las víctimas de matrimonios forzados.

El Alto Tribunal introduce, además, correcciones en cuestiones relacionadas con la unidad familiar, el reconocimiento de situaciones jurídicas constituidas en el extranjero, la valoración de antecedentes penales y el acceso presencial a los procedimientos administrativos. Confirma, por otro lado, las nuevas restricciones introducidas en materia de arraigo para solicitantes de protección internacional, uno de los ejes centrales de la reforma.

La resolución, con ponencia del ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, llega después de que en enero de 2025 la Asociación Coordinadora de Barrios para el seguimiento de menores y jóvenes; la Asociación Pro Derechos Humanos de España; y Extranjeristas en Red recurrieran por esta vía la norma sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En materia de protección de menores extranjeros, anula varios extremos de la norma, además del que puntualizaba que debieran ser 'solteros'. Así, anula restricciones que podían perjudicar a menores nacidos en España cuando hubieran realizado salidas justificadas del territorio nacional, reforzando una interpretación más favorable a la protección de la infancia. Para el Supremo, el principio del interés superior del menor impone que las restricciones al acceso a la regularización de su situación migratoria “sean lo menos gravosas posible y respondan a razones objetivas”. Y entiende que la ausencia del territorio “puede deberse a causas tan diversas y justificadas como un viaje médico de urgencia, una visita a familiares directos, o el retorno temporal al país de origen para obtener documentación necesaria para el propio procedimiento de regularización”. Para el Alto Tribunal, ese punto del reglamento vulneraba el principio de proporcionalidad e iba en contra de los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal también declara ilegal la previsión del reglamento, que entró en vigor en mayo de 2025, de suavizar la obligación de las administraciones de prestar atención inmediata a los menores extranjeros no acompañados que estén en territorio español. Advierte de que dicha atención constituye una obligación legal incondicionada. En este sentido, explica que esa obligación de los servicios autonómicos de protección de menores de prestar la atención inmediata “opera con carácter imperativo e incondicionado” desde el momento en que las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado comuniquen “la localización del extranjero de minoría de edad incierta, sin posibilidad de condicionamiento, diferimiento ni valoración discrecional previa”.

Por otro lado, la sentencia también anula la norma que exigía que determinadas relaciones de tutela o protección de menores hubieran sido constituidas conforme al Derecho español. Cabe recordar que los recurrentes calificaron este punto “colonialismo jurídico injustificado e ilegal”. El Supremo recuerda que España está obligada a reconocer las medidas de protección de menores acordadas por las autoridades de otros estados cuando así lo establecen los convenios internacionales.

De hecho, indica que aprecia en ese asunto en concreto “una vulneración del principio de jerarquía normativa” porque el artículo 23.1del Convenio de La Haya (ratificado por España) establece que “las medidas tomadas por las autoridades de un Estado contratante serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados contratantes”. De esta forma, la decisión del Supremo facilitará el reconocimiento de determinadas situaciones familiares creadas en el extranjero a efectos de residencia en España.

La sentencia también corrige uno de los aspectos más restrictivos del Reglamento. La Sala anula los preceptos del reglamento que permitían una denegación automática de determinadas autorizaciones por la mera existencia de antecedentes penales. A partir de ahora, la Administración deberá realizar una valoración individualizada de cada caso cuando estén en juego derechos familiares especialmente protegidos o situaciones relacionadas con la ciudadanía europea.

“La existencia de antecedentes penales no puede operar como causa automática de denegación, sino que la autoridad competente está obligada a verificar si esa persona constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, ponderando la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos, el tiempo transcurrido, la conducta ulterior del interesado, la solidez de los vínculos con el Estado miembro y el interés superior de los hijos menores”, resalta el Supremo.

Asimismo, anula la prohibición que impedía a las empresas de trabajo temporal participar en la contratación de trabajadores extranjeros para actividades de temporada. El Alto Tribunal considera que el Gobierno introdujo esa limitación sin cobertura legal suficiente y sin justificar adecuadamente las razones de interés general que la sustentaban.

El arraigo de los solicitantes de asilo

Más allá de anular varios hitos del reglamento, el Supremo sí respalda la decisión del Gobierno de impedir que los solicitantes de protección internacional accedan simultáneamente a las autorizaciones de arraigo mientras su solicitud de asilo siga pendiente. Confirma que el tiempo transcurrido en España como solicitante de asilo no puede computarse para acreditar el período exigido para determinadas modalidades de arraigo. “El Derecho de la Unión ha establecido con carácter general: que la condición de solicitante de protección internacional, mientras el procedimiento esté pendiente, no puede servir de vehículo para obtener un estatuto de residencia al margen del sistema de asilo”, abunda.

La Sala valida en líneas generales el nuevo sistema creado por el reglamento para los familiares de ciudadanos españoles. El Tribunal rechaza que exista una obligación de equiparar completamente este régimen al de los familiares de ciudadanos comunitarios que han ejercido la libre circulación. También considera ajustadas a Derecho la exigencia de visado para algunos familiares que se encuentren en el extranjero y determinadas reglas sobre acceso a la residencia.

Por último, el Supremo declara ilegal la obligación impuesta a determinados extranjeros de relacionarse exclusivamente por vía electrónica con la Administración. La sentencia entiende que el reglamento no justificó suficientemente que todos los afectados dispusieran de los medios y capacidades necesarios para utilizar obligatoriamente los procedimientos telemáticos.

Este martes, las selecciones de fútbol masculino de España y Francia pelearán en semifinales por intentar llegar a la final del Mundial que está teniendo lugar en EEUU, México y Canadá. Pero en vísperas del encuentro el Partido Popular está enfangando las relaciones con el país vecino tanto por una de sus últimas decisiones parlamentarias como a través de uno de sus referentes, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El jueves, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023. Los populares aprobaron un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna. En concreto, el artículo 2.4 del Tratado, prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación en 2025, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será “para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado” y no propiamente en el mismo. Pero esta fórmula no le valió al PP, que ahora sostiene que la “cláusula interpretativa” que se ha añadido “ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado” por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en “distintos términos”.

La decisión del PP causa perplejidad en las autoridades francesas, pero también en el Gobierno español que considera que el tratado de amistad es “bueno” para España y en particular para los 300.000 españoles que viven en el país vecino y el millón que lo hace en municipios fronterizos, tanto en Catalunya como Euskadi, Aragón o Navarra. “Desde luego el Partido Popular con esta medida ataca a España. Yo espero que lo paguen caro en las urnas”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la semana pasada.

A todo ello se sumó por sorpresa el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, que introdujo una reflexión racista en su habitual columna en El Debate sobre el último partido del Mundial en el que España ganó a Bélgica, lo que le aboca a enfrentarse en semifinales a Francia, este martes. El exmandatario afirmó que la selección francesa de fútbol tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. En realidad, apenas tres futbolistas de la plantilla de 26 jugadores de Francia no nacieron en el país europeo: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba. El resto nacieron en Francia y son todos franceses.

Declaraciones “absolutamente inaceptables”

Al menos tres ministros del gobierno francés han salido en las últimas horas a hacer frente a las palabras de Rajoy. Para el titular de Interior, Lauren Núñez —descendiente de almerienses que antes de llegar a Francia pasaron por Argelia—, las declaraciones del expresidente del Gobierno son “absolutamente inaceptables”. “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, afirmó, en la televisión BMF TV. El ministro añadió que “Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse” y que considera que “hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar”.

La Embajada de Francia en España también ha publicado un breve mensaje en su cuenta oficial en la red social X en el que recuerda que “de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Y otros miembros del gobierno francés, como la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, también han salido al paso de las palabras de Rajoy. En su caso ha afirmado que ”los resbalones racistas repetidos son insoportables“ y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.

Sémper: “Es sin mala intención”

La ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicie “todas las acciones legales posibles” contra el expresidente Rajoy, algo sobre lo que por el momento no se ha pronunciado la Federación de Francia. “A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que representa”, apuntó, en un mensaje publicado en X.

Pese a que las principales críticas llegaban desde Francia, Rajoy respondía este lunes como si quienes hablaran de su racismo fueran solo españoles. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español”, ha asegurado en El Mundo. Su entorno también ha tratado de restar importancia en ese mismo medio ante esta polémica al asegurar que “no había mala intención” en el expresidente y que es “un tema menor”.

“No puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país”, afirmó este lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, al ser preguntado por la polémica reflexión que hizo Rajoy en su artículo en El Debate. A continuación, Sémper ha justificado la expresión racista del expresidente: “Una columna de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación”, ha añadido, para concluir: “Sánchez dice que quiere que gane el mejor. Nosotros queremos que gane España aunque juegue peor”.

El grupo Más Madrid ha solicitado que las viviendas tengan por ley sistemas de climatización activa de alta eficiencia energética para que se le reconozca la habitabilidad. Según informa Europa Press, lo han hecho mediante una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid, donde piden que se modifique la normativa autonómica de diseño y calidad de la vivienda.

Desde Más Madrid creen que esta medida es importante de la misma manera que se protegen las viviendas en invierno con las bajas temperaturas, y que debería fijarse como obligatorio que se haga lo mismo, ante un escenario en el que se perfila un incremento de hasta 6 grados de temperatura máxima anual: “Ante esta amenaza estructural, el concepto tradicional de habitabilidad ha quedado desfasado; hoy, una vivienda que no protege del calor extremo es una vivienda que no garantiza la dignidad de quienes las habitan”.

Además de pedir la implementación de esta medida, piden que se lance una línea de ayudas directas para la compra e instalación de estos istemas de climatiización, con prioridad de barrios y municipios más vulnerables, puesto que se trata de un trabajo que oscila entre 400 y 2.500 euros, además de 800 euros por aparato.

Más Madrid ve prioritario incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la rehabilitación energética del parque residencial existente, y cree necesario priorizar actuaciones de mejora del aislamiento térmico, como en ventanas, fachadas y cubiertas. Esta propuesta incluye que existan estudios de impacto climático e isla de calor de cara a los nuevos desarrollos urbanísticos. Esta modificación implica cambiar la Ley de Suelo.

Desde la formación se han dirigido también al Gobierno de Pedro Sánchez, al que también solicitan una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para incluir el confort térmico y la protección frente al calor extremo, dentro de las condiciones mínimas de habitabilidad exigibles para el alquiler de una vivienda.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha insistido a Europa Press que una temperatura agradable en casa “no debería ser un lujo” y que los caseros deberían hacerse “responsables garantizando aire acondicionado y climatización para todos”: “Ninguna vivienda es plenamente habitable si no puede enfriarse en verano y calentarse en invierno. Mientras los veranos se vuelven cada vez más extremos, miles de inquilinos madrileños soportan temperaturas por encima de 30 grados en sus hogares. La situación es insostenible y hay que tomar medidas ya”.

Feijóo y su dirección ocultan al Congreso los ingresos que perciben del PP, así que seguimos sin saber cuánto cobra Feijóo exactamente. Es la noticia con la que abrimos hoy elDiario.es. Y es que se sabe cuánto cobra Feijóo como diputado, pero no cuánto es el extra por presidir el Partido Popular. El último dato salarial disponible de Feijóo es de hace cuatro años, y ahí ya cobraba unos 150.000 euros brutos, casi el doble de lo que ingresa Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Toda la información, aquí.

Te contamos también que esta semana cinco magistrados deben pronunciarse sobre el criterio del juez Peinado de mandar a Begoña Gómez al banquillo con jurado popular. Durante la tarde, Peinado ha exigido a Gómez acreditar que viajó a Reino Unido a la graduación de su hija, alegando que no hay ningún sello de ese país en su pasaporte. Y otra decisión que puede marcar la legislatura. Este jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia sobre la ley de amnistía, y de ahí pueden derivarse decisiones del Constitucional que faciliten la vuelta de Puigdemont a España. Quién sabe...

Además, esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que la jueza ha imputado al alcalde de Móstoles acusado de acoso sexual y laboral a una exconcejala. La magistrada rechazó archivar la causa como pedía el edil al entender que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivas de ilícito penal”.

Los dirigentes políticos siguen muy pendientes de la evolución de los incendios que afectan a varias zonas de España. Esta mañana, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, visitan —por separado— Almería, donde el fuego acabó la semana pasada con la vida de al menos 13 personas. Aquí puedes seguir en directo las noticias sobre los incendios.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, puede acabar ante un jurado conformado por nueve españoles mayores de edad que tengan su residencia en la provincia de Madrid. Ese es el empeño del juez Juan Carlos Peinado, que tomó la decisión de que tanto ella como los otros dos encausados —su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— fueran sometidos al veredicto de un jurado popular. Pero el auto por el que acordaba seguir el procedimiento por ese cauce será revisado desde este lunes por los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los magistrados de esa Sección ya tiraron por tierra esa misma decisión en febrero de 2026 al entender que no fundamentó de manera suficiente su resolución. Subrayaron entonces que Peinado únicamente mencionaba a las personas contra las que se dirigía, pero no hacía un relato que comprendiera los “indicios verosímiles” que les atribuía. Y eso, lógicamente, generaba indefensión. Peinado asumió que debía escribir más y mejor, y volvió a la carga el 20 de marzo con un nuevo auto en el que pedía lo mismo pero en más páginas (47).

En él, Peinado volvía a acusar a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados: Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet; y Cristina Álvarez, su asistente personal, una figura que han tenido todas las esposas de los presidentes del Gobierno.

Asimismo, volvía a insistir en que el jurado popular debía conocer de manera conjunta de todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”. En total, se les envía a juicio por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales. Pero solo dos de ellos, el tráfico y la malversación, entran dentro del abanico de asuntos que juzga un jurado popular.

Esa decisión fue recurrida por la defensa de Gómez, que dirige el exministro Antonio Camacho. En su escrito, al que tuvo acceso elDiario.es, pedía anular esa decisión al entender que el magistrado faltaba “plenamente a la realidad” en un auto “plagado de conjeturas” y “falaz”. Le acusaba de investigarla “con una voluntad inquebrantable” a pesar de no existir indicios, y sólo “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”. La Fiscalía a lo largo de toda la causa ha sostenido que tampoco ve indicios.

Camacho, que atacaba cada uno de los delitos imputados, indicaba sobre el supuesto tráfico de influencias que el juez yerra cuando argumenta que hubo un cambio “inmediato y significativo en la trayectoria profesional” de la investigada tras la llegada de su cónyuge a La Moncloa. Recordaba al juez que ese dato es “absolutamente incorrecto” porque su defendida ya dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid desde 2014, cuando Sánchez no era presidente del Gobierno y ni siquiera secretario general del PSOE. “Es falso que su actividad hasta 2018 solo estuviera vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark”, abundaba.

La composición de la Sección 23

Ahora, la Audiencia Provincial ha decidido que no solo sean tres magistrados sino el pleno de la Sección 23, es decir, los cinco miembros, quienes vean y deliberen desde este lunes sobre las alegaciones presentadas por las defensas. Que sea el pleno al completo y no solo tres jueces no es lo habitual, indican fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, que añaden que suelen juntarse todos para ver determinados recursos, pero generalmente cuando son asuntos relacionados con narcotráfico o con trata de personas.

A pesar de que deliberan desde el lunes, las fuentes señalan que no se conocerá la decisión ese mismo día sino que “habrá que esperar”. Indican que verán, además, otros dos recursos de apelación de menor importancia, y que en esta tanda no entran otros cinco recursos pendientes, entre los que están los interpuestos por las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez contra las medidas cautelares de retirada del pasaporte y prohibición de salir de territorio nacional.

Los magistrados que se sentarán para deliberar sobre el futuro judicial de la esposa del líder del Ejecutivo serán la presidenta de la Sección 23 Rosario Esteban Meilán, y los magistrados Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés de Ramón. Estos tres son los que hasta la fecha han resuelto los recursos de la causa contra Begoña Gómez y que han validado una parte importante de la instrucción de Peinado, aunque también han corregido algunos de sus excesos. A ellos se sumarán otros dos: Carlos Prat Westerlindh y José Sierra Fernández. Prat Westerlindh, curiosamente, es autor del libro 'Relaciones entre el poder judicial y los medios de comunicación: Los juicios paralelos'. Y Sierra Fernández llegó a ser de manera temporal promotor de la Acción Disciplinaria allá por 2017. Peinado tiene asuntos pendientes con ese órgano derivados de su polémica instrucción.

Lo que decidan será clave de cara a un eventual juicio. Si sigue adelante, esos nueve miembros del jurado serán elegidos entre los vecinos de Madrid y permanecerán incomunicados del exterior durante de la deliberación, aunque en un caso tan mediático nada evita que ya conozcan cómo ha transcurrido el procedimiento. La mayoría de las sentencias emitidas por un jurado popular (el 92%) son condenatorias, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que datan de hace una década.

Mientras, el juez Juan Carlos Peinado esperará de vacaciones la decisión de la Audiencia Provincial y a punto de disfrutar a sus 71 años de su jubilación. Se espera su retirada forzosa para el 27 de septiembre, cuando sople 72 velas. Se irá dejando tarea a quien le sustituya: hace escasos días acordaba abrir una nueva pieza separada en la que investiga a Juan Carlos Barrabés por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público de Red.es.

Los ciudadanos no conocerán los sobresueldos del partido que cobra Alberto Núñez Feijóo, ni el posible incremento o descenso que haya podido padecer su patrimonio, hasta después de las próximas elecciones generales. La ley obliga a los altos cargos políticos a hacer públicos sus bienes y rentas, pero la dirección del PP incumple esta prerrogativa de forma habitual y generalizada. El último dato salarial para Feijóo y los suyos se retrotrae a 2022. Salvo excepciones, parciales, los principales rostros del primer partido de la oposición esconden los cambios en sus ingresos, propiedades e inversiones. Tampoco el PP como organización cumple con la ley de transparencia, y obvia publicitar en su web las remuneraciones extra que abona a sus máximos responsables. elDiario.es ha preguntado al PP sobre la ausencia de transparencia, sin obtener respuesta.

La última vez que Feijóo presentó ante el Congreso su declaración de bienes y rentas fue en agosto de 2023, justo después de tomar posesión de su cargo como diputado tras las elecciones del 23J. La norma señala que “las rentas que han de declararse son las percibidas en el ejercicio económico anterior”. En este caso, 2022. Hace cuatro años.

Sobre el resto de apartados de la declaración no hay indicación en la normativa. Es decir, el diputado está obligado a informar de su situación patrimonial en el momento de recoger su acta: viviendas, acciones, cuentas o fondos, vehículos, deudas, participaciones en sociedades, etc.

Pero las leyes, tanto el Reglamento como la del Régimen Electoral, son claras sobre la obligación de actualizar los datos: “Los diputados y senadores (...) están obligados a formular declaración (...) de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”. También obliga los acuerdos internos alcanzados entre los principales partidos.

Y es en este punto donde la dirección del PP incumple la ley. El primero, Feijóo. En la vetusta información aportada por el líder del PP aparece reflejado su sueldo como presidente de la Xunta de Galicia y como diputado autonómico en 2022, por ejemplo. O los sobresueldos que cobró del PP, a través del partido y del grupo parlamentario del Senado, ese mismo año, el de su aterrizaje en Madrid.

Según sus propios datos, el líder de la oposición ingresó más de 150.000 euros brutos hace cuatro años. Ese mismo año, Pedro Sánchez cobró un único sueldo público de 86.000 euros brutos anuales. Pero los ciudadanos no pueden saber cuáles fueron los ingresos de Feijóo en 2023. Ni en 2024. Tampoco en 2025.

Por si la normativa electoral y que afecta a las Cortes Generales no fuera suficiente, el PP incumple además la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada hace una década bajo la mayoría absoluta de su propio partido y con Mariano Rajoy como presidente. La norma, en su artículo 8, apartado f, obliga a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables” de las entidades afectadas por el texto. Entre ellas están, explícitamente, los “partidos políticos”.

Información oculta hasta después de las elecciones

El líder del PP posee al menos tres pisos: uno en Madrid, otro en Vigo y otro en A Coruña. elDiario.es se ha puesto en contacto con el PP y un portavoz oficial ha asegurado que sigue “todo igual” sobre lo recogido en la declaración de bienes presentada por Feijóo en 2023.

En su declaración ante el Congreso, Feijóo informa de unos ingresos por alquiler de 5.584 euros. También obtuvo 2.112 euros por los dividendos de sus acciones en empresas como Inditex o Telefónica.

Feijóo declaró, además, un fondo de inversión en Abanca por valor de 400.000 euros, un fondo de pensiones que rondaba los 200.000 euros y una cuenta corriente por encima de los 37.000 euros. En 2022, cuando llegó a Madrid, se reveló que el líder del PP había incrementado su patrimonio en 600.000 euros en apenas dos años.

Casi un lustro después, ¿qué patrimonio tiene hoy el líder del PP? ¿Cuántos sueldos cobra? ¿Feijóo ingresa rentas por el alquiler de uno de sus pisos? ¿De los dos? ¿Ha adquirido más propiedades? ¿Acciones? ¿Las ha vendido? ¿De qué empresas? ¿Ha invertido en algún otro producto financiero? ¿En cuál? ¿Le compensa el partido por el alquiler del piso en El Viso en el que vive?

Es imposible calcular el patrimonio de quien, según todas las encuestas, tiene más oportunidades de convertirse en el próximo presidente del Gobierno. Y, salvo que el PP cambie un criterio que mantiene desde hace años, no se podrá saber hasta después de las próximas elecciones generales. Los españoles votarán sin conocer una información a la que legalmente deben tener acceso.

El jefe de la oposición se niega a informar de los cambios en sus rentas y patrimonio salvo al inicio y cierre de cada legislatura. En su caso, dicho cierre se producirá después de los comicios ya que Feijóo forma parte de la Diputación Permanente, un órgano del Congreso formado por un grupo reducido de diputados que se mantiene activo hasta el mismo día en que se conforman las nuevas Cortes Generales salientes de las urnas.

El resto de la dirección también incumple

No solo Feijóo incumple la ley electoral y el Reglamento del Congreso o del Senado. El resto de la dirección del PP sigue la estela de su líder.

El ‘número dos’, Miguel Tellado, presentó su declaración también en agosto de 2023. El documento recoge como único salario percibido los 20.229 que ingresó del Parlamento de Galicia entre enero y julio del año anterior, 2022. Además, se informa de otros 22.720 euros como “gastos de representación” del PP para ese mismo ejercicio, cuando ejerció como vicesecretario de Organización Territorial. Ocupó ese cargo hasta el verano pasado, cuando ascendió a secretario general.

A diferencia de su jefe, Tellado sí ha presentado una modificación de su declaración de bienes para incluir la adquisición de una vivienda al 50% en Narón (A Coruña), en julio de 2025, una hipoteca sobre dicha propiedad de 116.000 euros y la “baja” de un Peugeot 207. Tellado asegura que la nueva declaración “complementa a la presentada al inicio de la legislatura”. Pero olvida indicar los sobresueldos percibidos bien como portavoz del grupo parlamentario que fue entre diciembre de 2023 y julio de 2025, o los que pueda percibir ahora como secretario general.

Su predecesora en ambos cargos, Cuca Gamarra, indicó en su declaración unos ingresos de 26.860 en “gastos de representación” obtenidos del PP y 28.759 del Grupo Parlamentario Popular. El primero de los emolumentos se debe a los meses que ejerció como secretaria general en 2022, cargo que ostentó desde abril. El segundo, es el sobresueldo como portavoz parlamentaria hasta ese mismo mes.

Gamarra tampoco ha actualizado su declaración y solo presenta la información de ese año mientras oculta los datos de 2023 en adelante.

La actual portavoz, Ester Muñoz, también hace un cumplimiento parcial de la norma. En diciembre de 2025 informó de la venta de un piso y de la cancelación de una hipoteca, así como de la compra de otra propiedad en Badajoz en junio de ese mismo año y de la contratación del consecuente préstamo. Muñoz también informó de que había comenzado a cobrar una renta por alquiler de 550 euros al mes.

“En todo lo no declarado me remito a la declaración anterior”, asegura Muñoz en las observaciones. Y esa “declaración anterior”, como ocurre con el resto, se refiere a datos de 2022, cuando Muñoz cobró algo más de 58.000 euros como delegada territorial de la Junta de Castilla y León en León.

Muñoz entró en la dirección del PP en noviembre de 2023. Es decir, después de presentar su declaración de bienes ante el Congreso, en agosto de ese año. No informa, así, de todos los sobresueldos que haya ingresado posteriormente, bien como vicesecretaria, primero, bien como portavoz, cargo que tiene actualmente. Habitualmente, los portavoces parlamentarios del PP no ingresan del partido, pero sí del grupo parlamentario.

Datos antiguos de toda la dirección

La situación es similar en el resto de miembros de la dirección, que bien ofrecen información vieja o no la han actualizado al adquirir nuevas responsabilidades.

Es el caso del vicesecretario de Igualdad y Educación, Jaime de los Santos, quien asumió el cargo hace ahora un año, después del 21 Congreso Nacional del PP. De los Santos apunta en su declaración de bienes su sueldo como “diputado autonómico y senador” por la Comunidad de Madrid: 83.050 euros. El dirigente del PP presentó en 2023 una declaración casi vacía, salvo ese sueldo y una cuenta corriente con cerca de 123.000 euros.

Otro caso llamativo es el del portavoz nacional, Borja Sémper, quien anota en su declaración unas retribuciones de 2022 percibidas al margen de la política, cuando trabajaba para la consultora EY. El dirigente se reincorporó a la vida pública en enero de 2023 para poner rostro cada lunes a las decisiones del Comité de Dirección del PP, y es diputado desde el mes de julio de ese mismo año. No se sabe si, como el resto de sus compañeros de dirección, cobra gastos a cuenta del partido.

En la misma situación están el resto de dirigentes con cargo público. Elías Bendodo, Juan Bravo, Carmen Fúnez o la portavoz en el Senado, Alicia García, quien tampoco aclara si ingresa sobresueldos del PP más allá del que le paga la Cámara Alta.

Hay una excepción en la dirección del PP, una dirigente que sí ha informado en tiempo y forma: Alma Ezcurra. El motivo: la normativa del Parlamento Europeo. Su caso es similar al que protagonizó en su día Esteban González Pons, que fue el primero dirigente de la era Feijóo que confirmó oficialmente el cobro de “gastos de representación” para los dirigentes.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial presentó una “declaración de intereses privados” en julio de 2024, cuando adquirió su condición de eurodiputada. En ella registró ingresos como diputada en la Asamblea de Madrid, como asesora en el Senado y como “consultora senior”.

Pero Ezcurra presentó una “revisión” de su declaración en septiembre de 2025, justo después de entrar en la dirección de Feijóo. Y anotó que ingresa 2.000 euros “mensuales” por su cargo orgánico.

Un caso extremo de falta de transparencia lo protagoniza una de las personas menos conocidas, pero con más poder, del entorno de Feijóo: la coordinadora de Proyección e Imagen, Mar Sánchez. En 2024, elDiario.es desveló que la Xunta de Galicia (donde había sido secretaria xeral de Medios con Feijóo) había ocultado durante más de dos años su declaración de bienes tras su cese para seguir a su jefe a Madrid. Tras la información de este medio, la declaración fue publicada.

Sánchez tiene, fruto de un “pacto sucesorio de mejora”, un ingente patrimonio inmobiliario que se recoge en la declaración de bienes que presentó ante el Congreso cuando adquirió su condición de diputada, en 2023. La dirigente anota también unos ingresos del PP en 2022 de 37.360 euros. Ese año no fue cargo público. Pero Sánchez, como el resto de dirigentes del PP, no ha actualizado la información sobre cuánto ingresa ahora de su partido. Lo tendrán que hacer, sí o sí, el año que viene cuando se disuelvan las Cortes.

Vito Quiles acumula problemas con la Justicia. En el último mes, un juzgado dictó una orden de detención —ya levantada— contra él, algo que comunicó el propio Quiles a través de sus redes sociales. La Policía intentó localizarle en su lugar de trabajo, sin resultado, para ejecutar esta orden de detención, después de que no compareciera en una causa en la que se le investiga por un presunto delito contra el honor de un funcionario del Ministerio de Trabajo, del que dijo que era asesor de Yolanda Díaz y había salido de prisión gracias a ella. Finalmente, dos días después, la defensa del agitador ultra mandó un escrito de la defensa para informar de su intención de personarse en la causa y la magistrada le citó para el 20 de julio.

Esta no es la primera ocasión en la que la justicia intenta localizar a Quiles para notificarle la apertura de una causa. El año pasado, los funcionarios de un juzgado acudieron a la sede del pseudomedio para el que trabaja Quiles (EDATV) para entregarle la documentación de un caso abierto sobre él. En ese momento, los compañeros del medio donde presta sus servicios Vito Quiles le llamaron por teléfono: “Es contactado telefónicamente por sus compañeros y les manifiesta reiteradamente que no reciban documentación”.

Quiles ha estado involucrado en distintas causas que se le atribuyen por distintas razones, tanto penales como civiles, y el Congreso de los Diputados le ha suspendido su acreditación de prensa después de cometer dos infracciones graves del reglamento. Quiles grabó sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, publicó estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales. El Congreso también justificó su decisión por el aumento de la agresividad que presentaba durante su actividad Quiles en los últimos meses. No obstante, la Policía tuvo que frenar su entrada en el Congreso a principios del mes de junio, después de que intentase acudir a un debate sobre libertad de expresión al que había sido invitado por Vox.

Facua denuncia a Quiles y a EDATV

La organización de consumidores Facua ha señalado a Vito Quiles esta misma semana por “su nuevo pseudomedio a nombre de una sociedad que no existe”. Desde la organización afirman que el negocio de Quiles, su empresa Combativos SL, solicita donaciones a través de su página web para la “producción de contenido libre y becas para jóvenes”, pero ese dinero no llega a una cuenta bancaria asociada al negocio de Quiles, sino a una personal. Además, dentro de la información del negocio que aparece en su página web, se indica que Combativos SL tiene como actividad principal el “comercio electrónico de productos relacionados con deportes de combate y artes marciales”.

Facua añadía que el negocio Combativos.com es propiedad de una empresa que no está dada de alta en el Registro Mercantil, y que en la web omiten el domicilio y el NIF de su propietario, con lo que vulnera “las leyes de servicios digitales y protección de datos”. Por ello, Facua ha denunciado a Quiles ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según detalla la organización de consumidores, como no se facilita la identidad real del propietario, su domicilio ni su NIF, creen que Vito Quiles estaría vulnerando el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ya fue denunciado por el secretario general de Facua

No es la primera vez que Vito Quiles es señalado desde la organización de consumidores. Dos de las causas que tenía abiertas ante los tribunales surgieron a raíz de denuncias y querellas de Rubén Sánchez, el secretario general de Facua. Sánchez pedía nueve años de cárcel para el agitador de extrema derecha “por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico”.

Rubén Sánchez acusó a Vito Quiles de difundir una lista de bulos sobre él “con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”. Las acusaciones van desde ser un pederasta, encubrir abusos a menores, extorsionar, amenazar de muerte y defraudar subvenciones hasta desfalcar a Hacienda. Rubén Sánchez, además, mantiene también una causa contra Vito Quiles por la vía civil del derecho al honor.

Desde la defensa de Sánchez creen que estas calumnias “fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad”. Por cada uno de estos delitos, piden 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. El abogado del secretario de la organización de consumidores, Francisco Tejado, solicitó también que Vito Quiles “sea inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias”. El denunciante pedía también una indemnización de 60.000 euros tanto a Vito Quiles como a EDATV, el pseudomedio para el que trabaja.

El abogado de Vito Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría y que intentaría alcanzar un acuerdo para no llegar a juicio. Sin embargo, la defensa del agitador ultra acusó públicamente a Sánchez de “subir el tono y la confrontación”, y Quiles le llamó “extorsionador”, “sinvergüenza” y “delincuente” en su cuenta de X. “Te prometo que haré todo lo posible para que acabes en la cárcel por dirigir un grupo de acoso en las redes sociales”, escribió Quiles.

Denuncia de la presidenta de Red Eléctrica

Otra causa abierta del agitador es la imputación que se conoció el pasado mes de febrero por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. La justicia investiga a Vito Quiles por revelación de secretos y acoso a Corredor, después de publicar en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo. Eso provocó que la presidenta de Red Eléctrica recibiera amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. Desde la defensa de Quiles consideraron que los hechos no tenían “relevancia penal” y reclamaron el archivo de las diligencias.

Una jueza citó a declarar a Vito Quiles al asumir esta causa, pero el agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al no localizarle, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación, hasta que el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”.

Acusado de delitos de odio contra una mujer con discapacidad intelectual

El pasado mes de abril, la Fiscalía pidió a Vito Quiles dos años de prisión por delitos de odio y contra la integridad moral después de denigrar en una entrevista a pie de calle a una persona con una discapacidad intelectual del 75% durante unas protestas en Génova en 2024, frente a la sede del PP, “guiado por el ánimo de denigrar” a la mujer “por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía”.

La organización feminista Libres y Combativas fue la que impulsó la denuncia contra Vito Quiles, además de contra Javier Negre, director del medio para el que presta sus servicios. Las imágenes se difundieron en el propio canal de EDATV y en redes sociales. La asociación considera que fue “un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de Lesión de la dignidad de las personas previsto y penado en el artículo 510.2.a) y 3 del Código Penal”, y que la situación de la mujer podía “ser advertida por cualquier persona que converse brevemente con ella”.

Imputado por estafa a Renfe

El pasado mes de mayo, Vito Quiles también fue denunciado por un presunto delito de estafa por viajar “de forma habitual y recurrente” a Madrid con un billete con destino a Albacete, a medio camino, para ahorrarse el precio completo del trayecto.

En la denuncia interpuesta por Renfe también le acusaban de utilizar “servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes”, y de mofarse de sus actitudes, además de animar a terceros a realizar las mismas estafas.

Causas archivadas por denuncias de Begoña Gómez y Sarah Santaolalla

Vito Quiles también ha sido denunciado por acoso en varias ocasiones por la periodista Sarah Santaolalla y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Gómez denunció al agitador ultra por perseguirla a la salida de un bar en Las Rozas. El pasado mes de mayo, un juzgado archivó la causa dado que no se podían acreditar “hechos que posean relevancia penal” a la vista de las grabaciones disponibles.

“Podemos observar cómo efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato, y es doña Blanca María quien aparta al denunciado”, señalaba el auto.

Por su parte, la periodista Sarah Santaolalla denunció a Vito Quiles por una supuesta agresión física ocurrida en las inmediaciones del Senado el pasado mes de marzo. Tras analizar las pruebas presentadas, incluidas las grabaciones completas de las cámaras de seguridad, la jueza titular de dicho juzgado concluyó que no se apreciaba “agresión alguna por parte del investigado” y archivó el caso.

Denunciado por un funcionario del Ministerio de Trabajo

De la causa por la que fueron a buscarle en esta última ocasión se conoce que el querellante, un funcionario del Ministerio de Trabajo, denunció que Vito Quiles había difundido en redes sociales falsamente que salió “de la cárcel” gracias a la ministra y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El funcionario, que aseguró que trabajaba desde hace 41 años bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, razonó que este “bulo” dañaba “gravemente” su reputación personal y profesional en “una trayectoria intachable”, y tachó la información publicada por Quiles como “absolutamente falsa”. En esta información, el agitador le imputaba una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y posteriormente habría sido puesto en libertad por la entonces vicepresidenta del Gobierno, que “lo encubrió y contrató” en el Ministerio.

Además, Vito Quiles difundió una fotografía del querellante y su nombre completo, lo que, según el funcionario, “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” después de recibir “insultos, vejaciones y amenazas” en redes sociales: “Cada visualización reproduce la lesión al honor de mi mandante, con riesgo cierto de nuevas difusiones, reproducciones o republicaciones”. Desde la defensa del funcionario del Ministerio de Trabajo, sostienen que Quiles ha cometido un delito continuado de calumnias al haber difundido públicamente “expresiones gravemente atentatorias contra la dignidad y reputación” del querellante, y le reclaman 50.000 euros.

“Si Feijóo no existiera habría que inventarlo” es la frase que más se escuchaba esta semana entre ministros y dirigentes del PSOE. No en vano, el líder del PP ha encadenado una polémica sobre la llamada ley de nietos, otra sobre el absentismo laboral, un tropiezo parlamentario en materia de dependencia y la sombra de una ley autonómica —la del concebido no nacido— en Madrid que el Gobierno ha utilizado como munición para presentar a una derecha regresiva en derechos sociales y de la mujer.

El propio Pedro Sánchez resumió la escena con el siguiente tuit en X:

La habilidad con la que el líder del PP se pega tiros en el pie cuanto mayor es el desgaste del Gobierno empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinadores habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos. Si hay o no una estrategia coordinada para horadar de nuevo un liderato que no termina de cuajar es una incógnita aun sin despejar, pero que corre por los mentideros de Madrid como la pólvora.

Lo cierto es que los patinazos de Feijóo no cesan y el regodeo de los socialistas es indisimulable, lo que no significa que entre sus filas no exista preocupación por lo propio. Esto es un tórrido julio judicial que deje al Gobierno en situación crítica antes del periodo vacacional. De hecho, Pedro Sánchez regresa a La Moncloa tras la cumbre de la OTAN en Ankara y un breve paréntesis familiar en Londres para encontrarse con un tablero judicial más complicado que el que dejó a comienzos de la semana, después de la imputación del que fuera su primer jefe de gabinete en el PSOE y expresidente de Correos, Juanma Serrano, en el marco de la investigación sobre Leire Díez. El juez Pedraz ha dado vía libre a la UCO para que clone y examine su móvil en busca de indicios de su participación en la trama investigada y cita como testigos a dos trabajadoras del PSOE.

Durante la próxima semana se concentran, casi sin margen para respirar, media docena de citas judiciales que afectan directamente al entorno familiar de Sánchez y al llamado caso Leire que la derecha pretende sin éxito convertir en la Kitchen del PSOE. Todo cuando el Congreso se dispone a certificar su rechazo al techo de gasto, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Con todo, la sensación en La Moncloa es que los ciudadanos saben distinguir perfectamente “entre lo que es un caso de corrupción y lo que esconde una ofensiva implacable de un sector del poder judicial contra el Gobierno”.

La sensación responde a los datos cualitativos que manejan en el PSOE, pero también a las últimas encuestas publicadas por varios medios que cuestionan la imparcialidad de los jueces e identifican una clara persecución al Gobierno en algunos autos judiciales.

El lunes 13, el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración a José Aníbal Álvarez García, ex abogado de José Luis Ábalos para esclarecer el origen del pago de los honorarios de la defensa del exministro y saber si se costearon para monitorizar la causa judicial y comprar el silencio de quien fuera número dos del PSOE.

El martes 14 declarará Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, en calidad de imputada, ante el mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Leire. La citación responde a la sospecha de que pudiera actuar para desactivar las causas que afectan al PSOE, después de que la empresaria Carmen Pano la acusara de un presunto soborno al ofrecerle dinero a cambio de silencio, algo que la letrada no solo niega, sino que sostiene que fue justo al revés. Es decir, que Pano le pidió ese dinero a cambio de no perjudicar a los socialistas.

El miércoles 15 será el turno de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará como testigo ante Pedraz después de que la UCO descubriera una conversación de WhatsApp fechada el 24 de abril de 2024 entre Narbona y la exmilitante socialista Leire Díez coincidiendo con el día en el que Sánchez publicó su 'Carta a la ciudadanía' tras la imputación de su esposa.

El jueves 16 están citados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, en calidad de investigados, después de que Pedraz respaldase las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia también dentro del 'caso Leire Díez'. La investigación defiende que ambos cedieron a las presiones de la exmilitante del PSOE Leire Díez para abrir expedientes disciplinarios o informaciones reservadas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) con el fin de frenar y torpedear las causas de corrupción que afectan a los socialistas. Procedimientos todos ellos que siguen abiertos.

Y todo esto en la misma semana en la que el Gobierno espera otras dos decisiones judiciales de impacto. La primera, que la Audiencia Provincial de Badajoz dicte sentencia sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno por haber ocupado una plaza de libre designación en la Diputación como director de conservatorio con un currículum más que acreditado para el cargo y sin que nadie hubiera presentado alegación en siete años. Y, la segunda, que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez por el procedimiento del tribunal del jurado, algo que marcará inevitablemente el futuro judicial de la esposa del presidente. Durante los más de dos años que ya dura la investigación, tres de los cinco jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Y por si fuera poco la derecha mediática ya ha empezado a circular la idea de una pronta citación del presidente del Gobierno como testigo para declarar en el caso Leire, algo que los servicios jurídicos del partido no esperan ni en el corto ni en el medio plazo.

Llegar de una pieza a agosto

Pedro Sánchez mantiene, en todo caso, una agenda al margen de la judicial con la que las derechas buscan situar al Gobierno contra las cuerdas, presionar a los socios parlamentarios para que apoyen una moción de censura y lograr que el presidente no llegue al otoño. Ni PNV ni Junts están por la labor, de momento, mientras en la Moncloa se recrean con la semana horribilis de un Feijóo “que no tiene más proyecto que el antisanchismo” y de quien “ya es muy difícil ocultar tanto su inconsistencia como su disposición a recortar derechos”.

Son palabras de un miembro del Gabinete de Sánchez que percibe “hartazgo” entre la ciudadanía “porque sean los jueces quienes marquen la agenda pública”. Comparte con él la reflexión otra persona del equipo del presidente convencida de que “la agenda judicial empieza a no afectar al Gobierno, a pesar del ruido mediático”. En parte, añade un ministro, por “la falta de imparcialidad de algunos jueces” que, en su opinión, si siguen tomando decisiones “arbitrarias e ideologizadas” acabarán dando la victoria a la izquierda en las elecciones de 2027. “La realidad [aventuran desde La Moncloa] acabará imponiéndose y nos dará la razón, aunque sabemos que la derecha en coordinación con su batería mediática no nos darán tregua”. Esto último es la única certeza junto a la fragilidad de la mayoría de investidura y un calendario judicial que marca de facto el ritmo informativo y el desgaste de la legislatura.

Con julio llegando a su ecuador, en Ferraz y en La Moncloa ya solo aspiran a llegar de una pieza a las vacaciones judiciales de agosto, conscientes de que septiembre, con la vuelta de los tribunales y una votación presupuestaria en el horizonte, promete no ser mucho más tranquilo.

La Audiencia Nacional arrastra los pies en la investigación de causas graves de corrupción policial vinculadas al Ministerio del Interior bajo mandato del PP entre 2012 y 2018. Un tribunal de ese órgano juzga estos días el caso Kitchen, la operación policial dirigida desde Interior y perpetrada por media docena de comisarios para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas sobre la financiación ilegal de la formación conservadora. Pero el grueso de las operaciones secretas de aquellas cloacas del Estado sigue impune diez años después.

Comisarios empoderados trabajaron en la fabricación de pruebas, muchas de ellas falsas, contra políticos de la oposición. Lo hicieron fuera de la Ley, a espaldas de los jueces pero con el impulso y conocimiento de la cúpula de Interior y del PP. La misión de aquellos comisarios corruptos culminaba en muchas ocasiones con la difusión del resultado de sus trabajos a través de medios de comunicación afines al partido.

La guerra sucia de los agentes tuvo un triple objetivo: dirigentes independentistas catalanes embarcados en el desafío secesionista; altos cargos de Podemos, la formación emergente que amenazaba la continuidad del PP en el poder; y el entonces líder de la oposición y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El número uno de la policía, Eugenio Pino, y sus principales lugartenientes, comisarios jefe en distintas áreas, se enfangaron en las operaciones ilegales. El agente más activo en esas tareas fue el comisario José Manuel Villarejo. Había ingresado en la Policía a los 22 años. Solo 10 años después pidió una excedencia para dedicarse a sus empresas privadas (con las que continuó hasta su jubilación y más allá). Regresó en 1993 para trabajar en Información y Policía Judicial, dos de los departamentos donde se manejan los datos más sensibles. En 2007 y durante los 10 años siguientes, Villarejo fue un verso libre de jefes. Se presentaba como “agente encubierto dependiente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía”. Aunque más que un agente encubierto era un agente doble. Durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), Villarejo conspiró con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, planificando acciones para obstaculizar o arruinar las investigaciones del caso Gürtel. Para entonces, Villarejo ya era un policía todopoderoso que influía, o lo intentaba, en políticos, empresarios, jueces, fiscales y periodistas.

“Hay confianza, ¿no? Somos colegas. Móviles a la vista, aquí nadie graba a nadie”, les decía a algunos de sus interlocutores. Mientras tanto, él grabó durante al menos 20 años todos los encuentros que le interesaban. Era un notario infalible, también con sus agendas personales. Confiaba en esas grabaciones como una garantía de vida si venían mal dadas. Pero se equivocó.

Ingresó en la cárcel de Estremera el 3 de noviembre de 2017 y salió libre el 3 de marzo de 2021 con numerosos juicios pendientes y un escándalo mayúsculo sobre sus hombros. Cuando dejó la prisión y se vio rodeado de periodistas, les mostró alguna de las cartas que todavía guardaba: “Confío en que a partir de ahora pueda defenderme y es la única razón por la que me han tenido preso, para que no hablara”.

Fue a partir de entonces cuando las grabaciones, que todavía no se conocían, empezaron a hablar por el comisario. En esos audios había decenas de pruebas de la corrupción policial que embarró a empresarios, jueces, fiscales y periodistas. El material que se conoció entonces incluía decenas de notas informativas donde desparramaba algunas teorías conspirativas apoyadas en medias verdades. Pero jueces y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional hicieron oídos sordos a todo este nuevo arsenal de evidencias.

Desde que el juez García-Castellón abrió la pieza separada número 34 del caso Tándem en 2022 a raíz de la publicación en El País de los audios de la corrupción hasta hoy, ninguna de las pruebas incorporadas a ese sumario ha servido para avanzar en la investigación de los hechos. En la pieza 34 se acumulan documentos y grabaciones de Villarejo donde se detallan los desmanes policiales contra independentistas catalanes en la denominada Operación Cataluña, o sobre el seguimiento ilegal al líder socialista Pedro Sánchez y su familia, o sobre las sofisticadas patrañas con las que llenaron de sospechas a los dirigentes de Podemos por una financiación ilegal que nunca existió.

Ni el juez Manuel García-Castellón (jubilado) ni su sucesor Antonio Piña han avanzado en la causa penal abierta donde se hallan las pruebas de estas operaciones ideadas desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, procesado y pendiente de un juicio donde la Fiscalía le pide 15 años de cárcel.

Las pruebas que nadie ha querido ver y analizar hasta ahora —el juez Antonio Piña ha encargado dos años después de llegar al juzgado un informe policial sobre el valor de esas grabaciones— son las que siguen:

Informe apócrifo para desacreditar a la cúpula política independentista

En las semanas previas a las elecciones anticipadas de noviembre de 2012 en Cataluña, Villarejo —según su propia confesión en grabaciones incorporadas al sumario— colocó en El Mundo un informe policial, sin fecha ni firma, del que ninguna autoridad de Interior se hizo nunca responsable, donde se acusaba a altos cargos independentistas de algunos delitos vinculados a la corrupción:

Nada se acreditó como cierto. Las conversaciones de Villarejo con Dolores de Cospedal, o con el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, detallan la existencia de esta operación de intoxicación informativa que sigue impune.

La cuenta falsa del exalcalde de Barcelona en Suiza

El Gobierno de Cataluña convocó una consulta independentista, declarada ilegal, para el 9 de noviembre de 2014. Un mes antes, las cloacas del PP prepararon otra carga de profundidad contra un dirigente nacionalista. La víctima fue Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, de Convergència. Tenía 12,9 millones de euros escondidos en Suiza, según la información difundida por el Ministerio del Interior a través de sus canales habituales.

Las grabaciones que ordenó el ministro Jorge Fernández Díaz cuando se reunió en su despacho con el director de la oficina antifraude de Cataluña (2 y 16 de octubre de 2014) acreditan otra operación para difundir el bulo de la cuenta suiza de Trías que algún policía había llevado previamente al Ministerio. De Alfonso comentó al ministro que había escuchado que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 12 millones de euros en Suiza: “Eso es lo que yo sé, pero no tengo ningún dato que lo acredite, es un comentario de café”. El ministro tenía las pruebas (falsas):

—Fernández Díaz: “¿Y si eso saliera? [la cuenta de Trías], ¿tú qué opinas de eso?”

—Alfonso: “Yo soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal (…) Yo me aseguraría de que estuviera bien asestado, para que sea mortal. ¿Qué tengo? Tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13, más gordo que eso… solo es descubrir un homicidio…”

—Fernández Díaz: “El número de cuenta corriente (…) Yo lo tengo, la cuenta exacta, el número de cuenta corriente y la fecha en que la cuenta corriente es cerrada en Suiza por la Unión de Bancos Suizos y es llevada a la Banca de Andorra (…) ¿Te acuerdas cuando sacó aquello El Mundo con el pantallazo aquel y tal? Eso llevó a que Pujol dejara la política, perdiera el apoyo y a que hiciera la UCO un par de pinzas… ¿Me explico?”.

Unos días después de aquella reunión, El Mundo publicaba el supuesto fraude fiscal de Xavier Trías. Otras grabaciones existentes en la pieza 34, algunas no publicadas en ningún medio, detallan el origen de la información falsa de la cuenta de Trías, cómo llegó, quién la gestionó, cómo se filtró y otros pormenores. Pero aquella revelación de secretos… falsos contra un adversario político del PP sigue impune.

Hay más grabaciones en el sumario sobre el pago con fondos reservados a una expareja del hijo mayor de Jordi Pujol para montar la causa penal contra toda la familia; reuniones con el financiero Javier de la Rosa donde se le prometían grandes cantidades de dinero para preparar querellas contra el expresidente catalán o el Gobierno de Cataluña; filtraciones de bases de datos policiales para desprestigiar en determinados medios a jueces que firmaron manifiestos favorables a la independencia… Todo esto sigue impune.

La cúpula policial al servicio del Gobierno del PP simultaneó su guerra sucia contra el independentismo catalán con las operaciones de desprestigio contra Podemos y su primer líder, Pablo Iglesias.

Informe PISA denunciado por la policía y archivado por los tribunales

La fabricación de pruebas falsas contra Podemos se inició en 2016 con el denominado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) que denunciaba financiación ilegal con dinero iraní y que fue difundido a través de determinados medios incluso antes de que la Policía lo denunciase ante el Tribunal de Cuentas y los ultraderechistas de Manos Limpias hicieran lo mismo ante el Supremo. Todas las denuncias fueron archivadas. Pero aquellos movimientos, de los que hay múltiples pruebas en las grabaciones acumuladas en la pieza 34, siguen sin castigo.

El falso dinero venezolano de Podemos dio mucho juego a las cloacas del PP. Varios mandos policiales se entrevistaron en Nueva York con un exministro de Hugo Chávez. Le pidieron pruebas de la financiación de Podemos con un argumento de peso:

Los documentos que acreditaban esa supuesta financiación ilegal eran falsos, pero la noticia se publicó en los medios habituales con el consiguiente desprestigió para Podemos. Todo era mentira, pero el daño estaba hecho. Esa grabación también figura en los sumarios de la Audiencia Nacional. El caso sigue impune.

Las elecciones generales se repitieron en España el 26 de junio de 2016 ante la imposibilidad de que ningún candidato logrará las mayorías suficientes para una investidura tras los comicios de diciembre de 2015. Podemos seguía siendo la principal amenaza para la continuidad del PP en el Gobierno. La policía volvió a filtrar documentos falsos por sus canales habituales para sostener un nuevo bulo: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”.

Grabaciones incorporadas al sumario, así como mensajes intercambiados entre dirigentes políticos de Interior y cargos policiales acreditan estos hechos y cómo el confidente que facilitó la información averiada había recibido como premio un permiso de residencia en España. El banco de Granadinas certificó que los documentos con los que se difundió el bulo eran falsos y en ellos se cambiaron hasta los nombres oficiales de los ministerios venezolanos.

El montaje policial de la cocaína

La policía urdió un montaje disparatado contra el exdirigente de Podemos Miguel Urbán para atribuirle un negocio de narcotráfico con 40 kilos de cocaína. El asunto avanza con una lentitud exasperante en el juzgado que dirige Santiago Pedraz, el mismo magistrado que ordena desde hace un mes y a un ritmo trepidante numerosas diligencias para investigar el caso Leire, la trama conspiranoica vinculada al PSOE que trabajó supuestamente para desacreditar a la UCO y “desestabilizar” procedimientos judiciales contra altos cargos socialistas o familiares de Sánchez.

La documentación incautada por la UCO en el caso Leire acredita también a través de distintas grabaciones como la cloaca del PP trabajó desde 2014 en el espionaje a Pedro Sánchez y a su familia para desprestigiarle por los negocios de su suegro. En alguna de esas grabaciones, el ex secretario de Estado de Seguridad llega a comentar que el CNI también hizo operaciones secretas contra Sánchez. Estos hechos siguen impunes. El PSOE llegó a pedir una investigación, pero el juez García-Castellón lo rechazó.

La portavoz de la coalición Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, fueron elegidas nuevas líderes de Movimiento Sumar —el más pequeño de los partidos de la alianza— en la asamblea extraordinaria celebrada este sábado, la tercera en apenas tres años de vida de la organización. Martínez y Martínez fueron apoyadas por el 95,92% de los delegados enviados por los territorios a un congreso sin fuste y que se desarrolló sin que la formación permitiera la presencia de la prensa durante el día.

Martínez y Martínez sustituyen en el liderazgo del menguado partido a Lara Hernández, que el pasado 1 de julio abandonó la formación denunciando ser víctima de una “campaña de desprestigio” tras el archivo de las denuncias internas por acoso contra ella. La candidatura de las nuevas co-coordinadoras de Movimiento Sumar es la única que se presentó para liderar la formación fundada en 2023 por Yolanda Díaz, que se desentendió de las labores orgánicas en 2024 y que este sábado se limitó a acudir como público al mitin de cierre que ofrecieron Martínez y Martínez. Sus intervenciones fueron precedidas por las del líder de UGT, Pepe Álvarez, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, o la eurodiputada Estrella Galán.

Tras la dimisión de Hernández, y ante la falta de debate interno en relación a una hoja de ruta política que se actualizó hace poco más de un año, todos los debates llegaban ya cocinados al congreso. Y, como se esperaba, la reunión de este sábado fue de trámite y evidenció la debilidad de la organización, que ni tan siquiera llenó las en torno a 400 plazas del salón de actos del Colegio Oficial de Odontólogos (COEM), donde se celebró la asamblea. La principal novedad que salió de ella fue la creación de un colectivo juvenil de Movimiento Sumar y la puesta en marcha de un nuevo órgano, llamado “Consejo Territorial”, para representar a las diferentes federaciones autonómicas del partido, que se reunirán al menos una vez cada tres meses.

Con su elección como nuevas líderes, Martínez y Martínez tratarán de dar carpetazo a la crisis más grave de la corta vida de Movimiento Sumar, abierta conocerse las acusaciones de acoso laboral contra Lara Hernández. No obstante, el futuro del partido, una vez Yolanda Díaz ha anunciado que dejará la política al final de la legislatura, está sumido en un mar de dudas. La formación debe encontrar un encaje dentro de la coalición con Más Madrid, Comuns e IU, y es una incógnita, incluso, si hay lugar para esta organización en un espacio —el de las izquierdas de ámbito estatal— copado por IU y Podemos.

En su discurso tras ser formalmente nombrada nueva co-coordinadora, Verónica Martínez se refirió precisamente a este asunto para reivindicar que Movimiento Sumar, pese a que apenas tiene estructuras y militantes, sigue siendo necesario. “Si hay algo que hemos ido comprobando y demostrando mientras gobernamos es que la España que queremos solo la puede construir la izquierda, pero también que no lo hará una sola organización, ni tampoco una sola tradición política”, sostuvo Martínez, que afirmó que “las izquierdas nunca hemos necesitado pensar exactamente igual para cambiar la vida de la gente”.

“Lo que necesitamos es compartir un propósito y entender que la riqueza de un proyecto no está en que desaparezcan las diferencias, sino en ser capaces de ponerlas al servicio de un objetivo común”, planteó. Y “esa”, dijo, “es la idea de frente común en la que creemos: no una suma de siglas ni un reparto de espacios, sino un proyecto compartido entre organizaciones que saben que hay momentos en los que defender la propia identidad consiste, precisamente, en ser capaces de construir con quien no piensa idéntico”.

En la misma línea se expresó Rosa Martínez, que se mostró partidaria de “explorar todas las posibilidades que nos permitan construir un frente amplio a partir del trabajo conjunto que llevamos tiempo realizando con Comuns, Más Madrid e IU”. “Un frente amplio que dé respuesta a la exigencia de la gente de izquierdas, la gente progresista, la gente trabajadora que no desea un gobierno de PP y Vox”, planteó.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que le dan igual las críticas y las últimas polémicas que ha suscitado por sus opiniones sobre el absentismo laboral o la 'ley de nietos', y ha puntualizado que estas demuestran que va por buen camino. “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes como vosotros”, ha apuntado en el cierre del XVI Congreso de Nuevas Generaciones del PP.

Que le critiquen ahora, ha añadido, es “razonable” y demuestra que va “por el buen camino”. Estos días, ha relatado, han sido “muy interesantes” y le han criticado, por ejemplo, por cuestionar que millones de personas puedan obtener la nacionalidad de un día para otro “sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado”, ha recordado, en referencia a su opinión sobre la conocida como 'ley de nietos'.

Le han criticado también, ha dicho, por defender una España “en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga” y por “defender” que el Gobierno pueda ayudar a aquellas personas que vayan a ser padres antes de que un niño nazca. “No llevo toda mi vida dedicándome a la política y al servicio público para llegar al Gobierno de España y conformarme con lo que heredo”, ha apuntado el líder del PP.

Feijóo lleva varios días enlazando polémicas. El pasado martes en Bilbao Feijóo afirmó que el absentismo laboral en España “no se sostiene” y supone “un cáncer que no podemos pagar”, ya que cuesta “más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones”. Por otro lado, el pasado 29 en una entrevista en EsRadio acusó a Sánchez, de “fabricar” votantes a través de la conocida como 'ley de nietos', que da la nacionalidad a descendientes de españoles.

También la semana pasada informó en una entrevista en Antena 3 que si llega a la presidencia del Gobierno hará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como un miembro más de la familia para recibir ayudas públicas, en la misma línea que la ley promovida por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente de los jóvenes

El discurso de Feijóo ha clausurado el XVI Congreso de NNGG del PP del que sale un nuevo presidente, Ignacio Dancausa, en sustitución de la diputada vasca Bea Fanjul. Un evento con el que Génova busca potenciar el voto joven, en un momento en el que Vox les lleva la delantera. Según el último barómetro del CIS publicado en mayo (el último que desglosa por edad), el 21,1 % de los jóvenes de entre 18-24 años votarían a Vox, frente al 14,1 % al PP.

Feijóo, que ha estado acompañado de varios miembros de su directiva, entre ellos el secretario general, Miguel Tellado, ha apuntado que quiere ser “el presidente de los jóvenes”, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez les ha “fallado”. “Merecéis una política mejor y no me resigno a que seáis la primera generación que viva peor que vuestros padres”, ha apuntado el líder del PP, que ha sido recibido por los jóvenes asistentes al congreso con gritos de “presidente” o “Oa oa oa, Feijóo a la Moncloa”.

El líder del PP ha dicho que no promete “una vida fácil” ni que “todo será gratis” pero sí que “el esfuerzo no será en vano”. “Os prometo una vida justa, no os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades, no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad”, ha dicho el líder popular. El presidente del PP les ha pedido a los jóvenes que sean “el altavoz” que recuerde que necesitan el futuro que se merecen.

A sus 25 años, Dancausa se ha convertido en el nuevo líder de las juventudes del PP, puesto al que llega con la confianza de Feijóo, después de cuatro años al frente de la organización juvenil en Madrid, donde llegó avalado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Dancausa, candidato único tras pactar con otras dos personas que anunciaron su precandidatura, ha conseguido el 96,5 % de los votos válidos tras la votación en el XVI Congreso de NNGG que se celebra en Valladolid y que será clausurado por Feijóo.

Este sábado, a las 11.00 horas, Movimiento Sumar dará el pistoletazo de salida al congreso extraordinario que sus dirigentes esperan que sirva para dejar atrás la crisis interna más grave desde la fundación del partido, en un 2023 que parece ahora muy lejano. La que será la tercera asamblea en tan solo tres años de vida de la formación se celebrará con un resultado cantado de antemano: la única lista para la dirección es la liderada por la portavoz parlamentaria Verónica Martínez y la secretaria de Estado Rosa Martínez, puesto que la exlíder, Lara Hernández, no competirá por revalidar su cargo tras dimitir la semana pasada después del archivo de su expediente interno por acoso laboral.

La asamblea extraordinaria tendrá un formato muy diferente al de las dos anteriores, puesto que Movimiento Sumar ha impuesto un formato hermético para controlar el mensaje. Los debates internos sobre el rumbo político del partido estarán vedados a la cobertura de la prensa, como suele ser habitual en los congresos de todas las formaciones. Pero, a diferencia de lo ocurrido en las asambleas de 2024 y 2025, los periodistas tampoco podrán acceder al recinto donde se celebrará el cónclave, algo vital para la labor informativa. Un portavoz de Movimiento Sumar se limitará a hacer declaraciones a las 11 de la mañana y, posteriormente, el congreso se cerrará a cal y canto hasta las 19.00 horas, cuando está previsto el mitin de cierre de Martínez y Martínez. El partido justifica esta decisión por razones de espacio del recinto.

Pese a que la asamblea se celebrará con todos los grandes debates internos resueltos, eso no implica que no existan dudas en torno a Movimiento Sumar, aunque lo cierto es que se proyectan de cara al futuro. El congreso va a ser plácido, la dirección del partido intentará escenificar unidad tras semanas de enfrentamiento público, pero no está claro cuál será el papel de la formación dentro de la coalición con Más Madrid, Comuns e IU. Es una incógnita, incluso, si hay lugar para esta organización en un espacio —el de las izquierdas de ámbito estatal— copado por IU y Podemos, especialmente cuando su principal rol, representar al sector referenciado en Yolanda Díaz, ya no existe tras la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a las próximas elecciones y dejar la política.

Fuentes de su entorno afirman que, “seguramente”, la propia Díaz asista tan solo al mitin de cierre de la asamblea del partido que ella misma fundó en 2023, y sobre cuya guerra interna lleva varias semanas evitando pronunciarse. El año pasado, en el segundo congreso del partido —igualmente convocado de manera extraordinaria para elegir, precisamente, a los sustitutos de Díaz como líderes de Movimiento Sumar tras su dimisión de las labores orgánicas—, la fundadora ya se ausentó de la primera jornada, en la que se produjeron los debates políticos en las diferentes mesas organizadas para ello. Díaz sí estuvo presente en la segunda jornada e intervino en el mitin de cierre, algo que no hará este sábado, cuando se limitará a sentarse entre el público.

A diferencia del año pasado, la asamblea de 2026 concentrará sus actividades solo en un día, buena muestra de que todos los asuntos relevantes llegan ya cocinados y decididos. Apenas ha habido debate en relación a la renovación de las tesis políticas, cuya gran novedad es la apuesta de Movimiento Sumar por poner en marcha alianzas “coyunturales” con partidos independentistas, un guiño a un Gabriel Rufián que se encuentra en plena pugna interna con su partido, ERC, precisamente porque propone un frente de izquierdas estatales y nacionalistas de cara a las próximas generales. Tampoco hay grandes novedades a nivel organizativo, habida cuenta de que la estructura de Movimiento Sumar se reformó hace poco más de 12 meses.

El principal cambio que se ejecutará en el congreso extraordinario será de caras. Verónica Martínez y Rosa Martínez tomarán el timón del partido sin competencia, puesto que la suya ha sido la única lista que se ha presentado para liderar Movimiento Sumar. Lo harán en sustitución de una Lara Hernández que ha decidido no presentar batalla por falta de apoyos pese al archivo de su expediente interno por acoso laboral —el que ha iniciado la Inspección de Trabajo sí sigue bajo investigación—. Martínez y Martínez han tratado de calificar su lista como “de unidad”, pero se quedan fuera de ella los parlamentarios más afines a la exlíder, como es el caso de Txema Guijarro, Manuel Lago o Agustín Santos. Tampoco tendrá hueco en la nueva dirección el secretario de Estado de Empleo y número dos de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Quien sí se mantendrá en la nueva dirección de Movimiento Sumar es el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el único integrante del Consejo de Ministros que seguirá formando parte del puente de mando del partido. Urtasun, que compaginará su militancia en Movimiento Sumar con el carné de los Comuns, que sigue manteniendo, es uno de los nombres que suenan como posibles candidatos de los partidos agrupados en Sumar para las próximas elecciones generales, aunque ese proceso avanza muy lentamente y fuentes próximas al dirigente descartan que sea él quien vaya a encabezar la lista electoral. En la dirección de Movimiento Sumar, el ministro ocupaba actualmente el puesto de portavoz, aunque existen dudas de que vaya a repetir.

En la lista liderada por Verónica Martínez y Rosa Martínez también figura Roberto Buitrago, un dirigente valenciano al cual la coordinadora de Movimiento Sumar en esa comunidad, Carmen Padilla, ha denunciado internamente por “acoso moral”, tal y como publicó este jueves elDiario.es. Los delegados afines a Padilla —cercana, por su parte, al sector más próximo a Lara Hernández— en la dirección valenciana del partido, que son el sector mayoritario en la Comunitat, no acudirán este sábado a la asamblea extraordinaria que se celebrará en Madrid en protesta por el hecho de que la comisión antiacoso de Movimiento Sumar se haya “negado a abrir una investigación sobre las dinámicas misóginas y machistas” que ha denunciado la coordinadora autonómica.

No es la primera vez que la federación valenciana del partido da dolores de cabeza a la dirección estatal en los últimos meses: en su carta de renuncia, la ex secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, acusó a Lara Hernández de fraude en el proceso interno que eligió a Padilla —próxima a ella— como coordinadora en la Comunitat Valenciana en detrimento del otro candidato, el crítico, que precisamente era Buitrago. Hernández defiende, por el contrario, que fue el sector crítico el que intentó manipular el censo en su favor afiliando a última hora al partido a un grupo importante de personas.

La reconfiguración del espacio

El congreso extraordinario de Movimiento Sumar tendrá lugar en un momento clave para todo el espacio a la izquierda del PSOE, que lleva meses negociando su recomposición. Las tesis políticas que saldrán ratificadas de la asamblea redobla la apuesta de la formación por conformar una alianza estable con IU, Más Madrid y los Comuns. Pero el formato de esa alianza estable está aún por definir, así como los dos asuntos capitales a ojos de la opinión pública: la nueva marca que sustituirá a Sumar y, especialmente, el candidato para las próximas elecciones generales.

Inicialmente, la idea de los cuatro partidos era tener ambos asuntos solventados para antes del parón estival de agosto, pero en las últimas semanas fuentes de todas esas formaciones han confirmado que el anuncio se retrasará hasta septiembre. El rol de Movimiento Sumar, con toda probabilidad, será mucho más reducido que el que ha tenido durante la última legislatura, en la cual el hecho de ser el partido de Yolanda Díaz le ha proporcionado un papel preeminente en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y también en la cuota de la alianza en el Gobierno. Y parece descartado que el candidato de todo el espacio proceda de Movimiento Sumar, aunque este jueves Verónica Martínez se dejó querer en una entrevista en La Voz de Galicia, en la cual, al ser preguntada por la posibilidad de que encabezara las listas, aseguró que “siempre” estará dispuesta a lo que le “pidan”.

El futuro presidente de las juventudes del PP, el ayusista Ignacio Dancausa, ha proclamado este viernes que “Fachadolid será testigo del inicio de la edad dorada de las Nuevas Generaciones”. “Este finde nos jugamos el futuro de nuestra generación. Los jóvenes sabemos que hay un Gobierno que hace de la corrupción una forma de resistencia en el poder. Sabemos que hay una izquierda que lleva demasiado tiempo empobreciéndonos. Y a esa izquierda hoy le decimos que su tiempo se ha acabado”, ha asegurado el único candidato en el primer día de congreso, que se celebra en Valladolid.

Sus claves para aupar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno, según su discurso: las redes sociales —ha pedido a los cargos y afiliados que sean “influencers de las ideas de la libertad”—, la “captación” de talento y la universidad. “Vamos a estar presentes en todos los campus de España. Hay una generación de jóvenes que no estamos dispuestos a dejar que otros hablen en nuestro nombre. No podemos aceptar que solo una parte del pensamiento tenga voz”, ha argumentado.

El futuro líder de las juventudes del PP ha asegurado que España se va a ganar “en la calle, en los campus y en las redes”. “Dentro de unos años miraremos atrás y diremos que fuimos la generación que no se conformó, la generación que dimos un paso al frente y la generación que hizo que España volviera a creer. Así que vamos a hacerlo por nuevas generaciones, vamos a hacerlo por el Partido Popular y sobre todo y por encima de todo vamos a hacerlo por España. Así que a ganar y muchísimas gracias a todos. ¡Viva España!”, ha finalizado.

El Congreso de Nuevas Generaciones del PP que se celebra entre este viernes y este sábado tendrá pocas sorpresas. El sucesor de Beatriz Fanjul lleva claro desde hace un mes, cuando todos los aspirantes llegaron a acuerdo para llegar al congreso con una única candidatura encabezada por Dancausa, hasta ahora presidente de NNGG en Madrid y afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El discurso previo de Miguel Tellado no se ha salido del carril: una oferta a Fanjul para continuar en su equipo en la secretaría general del partido, alabanzas al nuevo líder de las juventudes conservadoras y ataques a Pedro Sánchez. “El PSOE está a dos autos judiciales de sustituir su logo y poner en su sede 'compro oro'”.

“A Leire Díez, Santos Cerdán y Vicente Martínez se ha unido ahora Juanma Serrano, un nuevo protagonista. Otro íntimo de Sánchez, su primer jefe de gabinete, su amigo, su colaborador”, ha enfatizado. “También está implicado y hasta el cuello en todo este escándalo. Y desde hoy ya está imputado, uno más. Es el imputado número 127”, ha añadido, en alusión en la imputación del que fue el jefe de Gabinete de Sánchez en su primera etapa como líder del PSOE. “Hablamos del hombre que estuvo al lado de Sánchez desde el primer momento, desde el primer día, con el que se lanzó a conquistar la dirección del Partido Socialista. No queda nadie limpio cerca de Sánchez, porque el que lo mancha todo es el propio Sánchez”, ha zanjado.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que desestima la demanda de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, contra las informaciones publicadas por elDiario.es a partir del procesamiento de su marido, ya fallecido, e hijastro en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tres magistrados de la Sala Civil del Alto Tribunal han decidido inadmitir su recurso y, de esta forma, la condena en costas a la alcaldesa de Marbella ya es firme.

La providencia del Supremo, emitida el 1 de julio, confirma el fallo previo de la Audiencia Provincial de Málaga, que en su resolución calificaba de “veraces” las once informaciones que denunciaba Ángeles Muñoz y decía de las mismas que tienen “evidente interés general”. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella ya había establecido, a su vez, que las noticias de elDiario.es tenían “interés público” y que la información que contenían había sido “escrupulosamente contrastada” antes de su publicación. Muñoz recurrió esa primera decisión y posteriormente también recurrió en casación el fallo de la Audiencia de Málaga.

Los tres magistrados del Supremo consideran que no procede admitir el recurso de Muñoz y recuerdan que la Audiencia Provincial concluyó que su derecho al honor “decae en favor de la libertad de información toda vez que nos encontramos ante noticias veraces, fundadas en fuentes fidedignas identificadas y susceptibles de contraste, sin que se impute delito alguno a la demandante y sin que se utilicen términos degradantes o vejatorios”. También explican que la alcaldesa de Marbella no consigue “justificar” por qué la sentencia recurrida “es incongruente o está falta de motivación”, de forma que también inadmite el recurso por ambos motivos.

Este periódico desveló en noviembre de 2022 el procesamiento del marido de la alcaldesa y su hijastro dentro de una causa de la Audiencia Nacional contra una sucursal de la 'Mocromafia' sueca en la Costa del Sol. elDiario.es continuó investigando y reveló el abultado patrimonio de Ángeles Muñoz, pese a llevar tres décadas dedicada en exclusiva a la política. Este medio también publicó el contenido de los informes policiales que solicitaban a la Audiencia Nacional, sin éxito, que abriera una vía de investigación por corrupción en relación al uso que habría hecho el presunto narcotraficante Joakim Broberg del poder de su madrastra. Hace una semana la Audiencia Nacional condenó a nueve años de cárcel al hijastro de la alcaldesa por narcotráfico y blanqueo.

elDiario.es accedió igualmente a una investigación de años atrás de la Fiscalía Anticorrupción, que había permanecido en secreto, sobre los indicios de corrupción hallados en unos correos electrónicos de la alcaldesa de Marbella. Por estas últimas informaciones, el periodista de elDiario.es que las firma, Pedro Águeda, continúa imputado en un juzgado de Marbella, acusado de revelación de secretos a partir de una querella presentada por Ángeles Muñoz, en este caso por la vía penal.