El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha introducido nuevas versiones de la operación Kitchen durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Trece años después del operativo, tras varias declaraciones en fase de instrucción y numerosas entrevistas, Villarejo ha dicho que la investigación estaba dirigida a descubrir, y supuestamente encubrir, la supuesta relación del rey emérito, Juan Carlos I, con el tráfico de armas que dirigía un delincuente internacional de origen árabe. “Pino era muy monárquico”, ha dicho sobre el director adjunto operativo de la Policía que ha declarado antes que él.

El comisario jubilado José Villarejo, uno de los principales imputados en la operación Kitchen, ha intentado desvincular este operativo policial ilegal de la información que Luis Bárcenas pudiera tener sobre el Partido Popular y su contabilidad paralela. Ha explicado que fue Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, quien le encomendó a mediados de 2013 mantener una reunión con Eugenio Pino, también acusado y número dos del Cuerpo. Allí le pidieron que entablara contacto con Sergio Ríos, conductor de la familia Bárcenas. Pino también ha señalado a Cosidó en su declaración, pese a no estar investigado y haber declarado ya en el juicio como testigo.

La Fiscalía considera que el objetivo de esta captación era saber si Bárcenas tenía documentación comprometida para el PP que gobernaba entonces. El propio Villarejo dijo en fase de instrucción que buscaban “información nuclear del Gobierno”, pero hoy ha afirmado que en ese momento había sido sometido a “torturas” y que habló con “resquemores”. 

Este lunes, ante el tribunal, Villarejo ha dado una versión distinta y ha afirmado que, en ese primer momento, el objetivo era buscar información sobre viajes que Bárcenas hacía a la “frontera” y sobre “tráfico de armas”. “Era información que afectaba a altas instancias de la seguridad del Estado, decía que tenía información sobre tráfico de armas”. Ha rechazado explicar por qué hay una anotación en su agenda de unos meses previos y que, supuestamente, refleja que habló con un mando de Interior de una “grabación” comprometedora.

El comisario Villarejo ha dicho el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, se aprovechó de la operación Kitchen pese a ser un operativo “legal” para localizar dinero y testaferros de Luis Bárcenas. “Visto lo visto, y a estas alturas, ojalá yo hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy. Me hubiera hecho mucha ilusión”, ha dicho en respuesta al fiscal Anticorrupción. Ha sido el único acusado hasta ahora que ha accedio a contestar al Ministerio Público.

En la misma línea, Villarejo ha continuado: “El señor Rajoy se aprovechó de esta operación legal y correcta de localizar bienes en el extranjero por si había algo que le afectaba a él pues trincarlo. Lo supe en 2017 y ahora a balón pasado. El secretario de Estado y el ministro fueron engañados por el genio de Rajoy que lo solucionaba todo con Cardhu [prestigiosa marca de whisky]”, ha dicho Villarejo antes de que le cortara el tribunal. Con esta afirmación ha provocado las risas de otros acusados, como ha ocurrido en otros pasajes de la declaración de Villarejo.

Villarejo ha optado por denostar al resto de acusados y al tiempo eximirles de responsabilidad. Por ejemplo, de Pino ha dicho que “no se enteraba de nada; estaba todo el día haciendo dibujitos de los uniformes, de medallas... ”. “Es un gran policía pero el puesto [de director adjunto operativo] le venía grande”, ha añadido.

Como acostumbra, Villarejo ha intentado introducir apreciaciones sobre terceros que no estaban en las cuestiones del fiscal o cuestiones de actualidad. Ha llegado a decir que una grabación por la que le preguntaba el fiscal Anticorrupción procede de “las cloacas del PSOE” cuando el audio fue encontrado en una de sus viviendas. Villarejo ha intentado contraponer la actitud de la fiscal del caso de Leire Díez con la de su compañero del caso Kitchen. “Debe andar en un lío personal el señor fiscal”, ha dicho Villarejo antes de que el tribunal le interrumpiera. 

“No voy a reconocer jamás el contenido de ningún audio porque jamás se me hija permitido una copia de todo lo que me saquearon y la mitad de lo que se llevaron jamás ha constado en las actas”, ha dicho Villarejo.

Juan Carlos I llegó este miércoles a Galicia con motivo de las regatas de la clase 6 Metros que se disputan este fin de semana en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Así, sobre el mediodía de esta jornada el padre de Felipe VI aterrizó en Vigo, en la que es su segunda visita a la Comunidad gallega en lo que va de año, informa Europa Press.

Según la información recogida en la web de la Federación Gallega de Vela, Juan Carlos I figura inscrito a bordo del Bribón, junto al resto de la tripulación, para participar en la competición.

Con todo, en la visita anterior el exjefe del Estado no navegó a bordo del velero y siguió la regata desde una embarcación auxiliar, acompañado de su hija la infanta Elena.

El rey Juan Carlos de España ascendió al trono en noviembre de 1975, tras la muerte del general Francisco Franco. El dictador lo había designado como su sucesor en 1969, tras una tortuosa pugna entre seis posibles candidatos de sangre real. Los seis eran: los dos candidatos “legítimos” de la casa de Borbón, descendientes del último rey, Alfonso XIII: el conde de Barcelona, don Juan de Borbón y Battenberg, y su hijo, Juan Carlos de Borbón y Dos Sicilias; Jaime de Borbón y Battenberg, hermano mayor de don Juan, a quien se había convencido de que renunciara a sus derechos en 1933 debido a sus dificultades auditivas y del habla, pero que los reactivó en 1949 con la ayuda económica de Franco; el hijo de don Jaime, Alfonso de Borbón Dampierre; y dos candidatos de los pretendientes carlistas rivales al trono, don Javier de Borbón-Parma y su hijo Carlos Hugo de Borbón-Parma. De hecho, Franco había descartado en secreto a don Juan por ser demasiado liberal y a los dos carlistas nacidos en Francia por ser extranjeros, aunque eso no le disuadió en el caso de Juan Carlos, que había nacido en Italia. La misión manifiesta del ganador elegido como jefe de Estado era la perpetuación de la dictadura. En consecuencia, Juan Carlos fue recibido por la izquierda como un títere despreciable y por la extrema derecha como un liberal encubierto. Los temores de la derecha se hicieron realidad cuando, con considerable valentía y determinación, desempeñó un papel clave en liberarse de las ataduras de las leyes e instituciones del Caudillo. Para llegar al trono, Juan Carlos tuvo que pasar los veintiún años comprendidos entre 1948 y 1969 actuando, o siendo manipulado, como uno de los peones en el juego de sucesión ideado por Franco y su eminencia gris, Luis Carrero Blanco. El origen del juego, la Ley de Sucesión de 1947, fue un artilugio para convencer a los Aliados victoriosos de que Franco estaba libre del estigma del Eje y de que era más monárquico que falangista. En términos de política interna, el premio prometido de la sucesión ayudó a mantener unida la coalición de fuerzas de Franco. Para seguir contando con el apoyo de los falangistas antimonárquicos era necesario humillar periódicamente a los monárquicos alfonsistas y carlistas, algo que tenía la ventaja añadida de hacer las delicias del retorcido sentido del humor del Caudillo. Para Juan Carlos, todo el proceso supuso una infancia perdida y una adolescencia miserable cuando fue enviado a España como rehén, lo que en un principio parecía asegurar el puesto de su padre en la competencia por la sucesión. Franco finalmente nombró a Juan Carlos “Sucesor con el título de Rey” en 1969, tras desplazar gradualmente al legítimo heredero al trono, su padre, Don Juan de Borbón.

Cuando fue proclamado rey en 1975, Juan Carlos despertaba una profunda desconfianza tanto en la derecha como en la izquierda. El hecho de que fuera rey únicamente gracias a la Ley de Sucesión y de que su designación tuviera por objeto garantizar la supervivencia del régimen franquista explicaba las sospechas de la izquierda y la creencia generalizada de que sería “Juan Carlos el breve”. Como hijo del anglófilo Don Juan de Borbón, y debido a sus contactos con diplomáticos británicos, estadounidenses y alemanes, resultó ser igualmente sospechoso para la derecha franquista. Sorprendentemente, logró compaginar con éxito los objetivos aparentemente incompatibles de, por un lado, la fidelidad pública a los principios del Estado unipartidista franquista y, por otro, el compromiso tácito con el establecimiento de una monarquía constitucional democrática. Desde su ascensión al trono hasta 1982, Juan Carlos I defendió valientemente la democracia frente a la amenaza de una conspiración militar. En consecuencia, se convirtió en un héroe nacional y en una figura inmensamente popular tanto en España como en el extranjero, hasta que una caída en desgracia le obligó a abdicar en 2014.

Para el nuevo rey, los seis meses posteriores a su ascensión al trono fueron angustiosos. Su primera tarea consistió en neutralizar a los militares y otros partidarios de Franco, mientras su principal asesor, el brillante teórico constitucional Torcuato Fernández Miranda, preparaba un plan de reforma política dentro del marco legal de la dictadura. Esto supuso, en un primer momento, mantener en el cargo al presidente del Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, con el fin de calmar los temores de la clase dirigente franquista. Al mismo tiempo, tuvo que intentar convencer a la izquierda de que estaba comprometido con la transición democrática. No fue hasta el verano de 1976 cuando el rey pudo elegir al joven y carismático Adolfo Suárez como un presidente de Gobierno más afín para que se hiciera cargo de la siguiente etapa del proceso. Torcuato Fernández Miranda dijo una vez que Juan Carlos fue el empresario del drama de la Transición, del que él mismo fue el guionista y, Adolfo Suárez, el actor principal. 

Tras las elecciones democráticas de junio de 1977, los problemas que se avecinaban eran, en sentido estricto, competencia del Gobierno elegido, pero había cuestiones políticas inmediatas que resultaban imposibles de resolver sin la intervención del rey. La violencia antidemocrática de los conspiradores militares decididos a reinstaurar la dictadura y las actividades terroristas de la organización separatista vasca ETA complicaron enormemente la tarea de construir un marco constitucional ampliamente aceptado. El apoyo del rey fue esencial para la consolidación de la democracia, ya que el gobierno necesitaba su ayuda constante como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así, tuvo que arriesgar constantemente su vida como una especie de bombero del inflamable sistema democrático. Juan Carlos se convirtió en el blanco de la hostilidad tanto de la extrema derecha como de ETA. Cuando Suárez dimitió a finales de enero de 1981, se ejerció una intensa presión militar para que se formara una coalición política encabezada por un general. Los líderes de los cuatro principales partidos —Leopoldo Calvo-Sotelo, de la UCD centrista; Felipe González, del PSOE socialista; Santiago Carrillo, del PCE comunista, y Manuel Fraga, de la Alianza Popular conservadora— se mostraron abiertos a esa solución atípica, pero Juan Carlos optó por la vía constitucional y nombró a Calvo Sotelo presidente de Gobierno. En circunstancias complejas, el 23 de febrero, el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, se hizo con el control del Congreso de los Diputados y, de hecho, mantuvo como rehén a toda la clase política. La tarea de derrotar el golpe militar fue dirigida por el propio Juan Carlos. 

En retrospectiva, el intento golpista del 23F marcó un punto de inflexión no solo en la transición a la democracia, sino también en el papel del rey. Su verdadera importancia en lo que respecta a la Corona se reveló el 27 de febrero. Tres millones de personas se manifestaron en las ciudades de toda España en apoyo de la democracia y del rey. El estado de ánimo en la mayor parte del país, sin embargo, lo resumió el novelista republicano Francisco Umbral, quien escribió en El País dos semanas después: “Cuando los españoles creíamos merecernos algo mejor que un rey, resulta que tenemos un rey que no nos merecemos”. La propia exasperación de Juan Carlos era perceptible en su respuesta a los líderes políticos que se reunieron para expresarle su gratitud por lo que había hecho. El texto que leyó [aquí la versión íntegra] iba más allá de los tópicos esperados: “La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con firmeza y con la convicción de que la vida democrática y el respeto estricto de los principios constitucionales constituyen la voluntad mayoritaria del pueblo español. Sin embargo, todos deben ser conscientes, desde sus propias responsabilidades, de que el rey no puede ni debe enfrentarse, de forma reiterada y bajo su responsabilidad directa, a circunstancias de tan considerable tensión y gravedad”.

Más tarde reconoció que lo que había intentado decir era que “mi papel no era el de un bombero, siempre listo para apagar un fuego”. 

La postura de Juan Carlos contra el golpismo había dado a la democracia una segunda oportunidad. Tras la contundente victoria electoral socialista en las elecciones de octubre de 1982, Juan Carlos pudo dejar que el Gobierno de Felipe González se ocupara del problema de la subversión militar. A partir de entonces, se convirtió más en un jefe de Estado constitucional y también en una especie de embajador comercial itinerante. Su trayectoria en el trono entre 1975 y 1982 lo convirtió, sin duda, en uno de los mejores monarcas de España. Ese notable logro no era algo que necesitara ser resaltado ni que pudiera realzarse con dignidad alguna en una autobiografía. Lo que le había costado en términos de juventud perdida y estrés diario tal vez explique por qué ahora comenzaba a dar prioridad a lo que podría llamarse “el descanso del guerrero”. 

Durante los treinta años siguientes, la reputación del rey se fue desvaneciendo en una búsqueda de placeres y beneficios. A lo largo de la década de los noventa, al codearse con una serie de “bucaneros capitalistas” como José María Ruiz-Mateos, Mario Conde o Javier de la Rosa, su imagen se vio mancillada por su relación con los escándalos financieros que asolaron la vida política española. Las revistas del corazón sacaron mucho partido de su obsesión por la velocidad y los deportes caros en los que arriesgaba la vida y que con frecuencia le causaban lesiones graves. Esquiar, conducir coches de alta velocidad y motocicletas, pilotar helicópteros y aviones, junto con las regatas de yates, eran actividades que realzaban su reputación en algunos círculos y despertaban intensas críticas en otros. Lo mismo ocurría con su entusiasmo por la compañía de mujeres atractivas, que era objeto de gran atención en algunos sectores de la prensa semanal. Los rumores sobre crisis matrimoniales surgían con frecuencia. En 2012, mientras los españoles de a pie hacían frente a una dura crisis económica, Juan Carlos afirmó que la preocupación por el desempleo juvenil le quitaba el sueño. Sin embargo, el hecho de que hubiera estado en un safari en Botsuana, de un coste astronómico, se hizo público cuando fue trasladado en avión a Madrid para someterse a una operación de cadera tras un accidente. Se vio obligado a pedir perdón al país después de que los detalles de la escapada se hicieran públicos. Su acompañante en ese viaje fue la empresaria germano-danesa Corinna Larsen, exmujer del príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein. El declive del rey se aceleró y, en junio de 2014, se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, ahora rey Felipe VI. En agosto de 2020, Juan Carlos abandonó España y se trasladó a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en medio del escándalo por la transferencia de unos 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, tras recibir pagos de un contrato de tren de alta velocidad en Arabia Saudí. 

Antes de que el deterioro de su popularidad llegara al punto más bajo del exilio, en junio de 2016, Juan Carlos presidió la presentación de un libro en la Real Academia de San Fernando de Madrid, en la que su amigo el zar Simeón II de Bulgaria, exiliado, presentó su autobiografía, Un destino singular. Hacia el final del acto, un periodista le preguntó a Juan Carlos si alguna vez se plantearía escribir sus propias memorias, dada su agitada vida. Respondió en términos categóricos: “¡No, nunca las voy a escribir! ¿Para qué, para decir mentiras? La verdad no se puede contar, así que me lo guardaré”. En ese momento, hizo un gesto como si se tragara sus secretos y, señalando al cielo, añadió: “Y me lo llevaré allá arriba”. Sin duda, parecía una decisión sensata. Su considerable contribución a la transición de la dictadura a la democracia era tan conocida que solo podría verse menospreciada por unas memorias escritas a la defensiva. Al mismo tiempo, los escándalos financieros y sexuales habían sido investigados con tal exhaustividad por medios serios y por la prensa más morbosa que apenas quedaba margen para posteriores intentos de lavado de imagen.

La primera pregunta que suscitó el anuncio en 2025 de que, después de todo, habría unas memorias es: ¿por qué cambió de opinión? En los círculos editoriales españoles corrieron rumores sobre la magnitud sin precedentes del anticipo que, al parecer, se pagó por la edición española, *Reconciliación*, y la francesa, *Réconciliation*. Según el muy riguroso diario digital elDiario.es, es posible que la publicación de las memorias estuviera relacionada con este anticipo supuestamente cuantioso pagado por los derechos. En España se informó de que Juan Carlos había devuelto préstamos por importe de 4.395.901,96 euros, concedidos en 2021 por una docena de aristócratas anónimos y empresarios amigos, con el fin de regularizar su situación con la Hacienda española. Los préstamos debían devolverse en un plazo relativamente corto para que no se consideraran donaciones y, por lo tanto, estuvieran sujetos a impuestos adicionales. El reembolso de cuatro millones de euros o más en préstamos fue publicado en El Mundo el 6 de agosto de 2025 y en The Times el 7 de agosto de 2025. Las identidades de los prestamistas se publicaron en El Confidencial y elDiario.es el 6 de abril de 2021, y las copias de los contratos de préstamo fueron publicadas por elDiario.es el 15 de diciembre de 2025 y en El Periódico el 18 de diciembre de 2025. 

Más allá de la necesidad de un anticipo sustancial, resulta difícil discernir el propósito del libro. Para empezar, está el título. ¿Con quién pretende Juan Carlos reconciliarse? Según especulaban en The Times, “se dice que el título refleja el espíritu de la transición española a la democracia que él supervisó tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco, quien lo preparó para el poder”. Refiriéndose a sus declaraciones anteriores sobre no escribir nunca memorias, dice: “¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia”. Dado que abundan las biografías que le son favorables, es más probable que busque la reconciliación con el pueblo español, cuya mayoría en su día le adoraba, pero que ahora siente algo muy diferente. Sin embargo, el tono de estas memorias desmiente cualquier intención de ese tipo por su parte. Con un tono que oscila entre la autosatisfacción de quien se cree merecedor de todo y la autocompasión, difícilmente contribuirán a mejorar su imagen: “Me hiere un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en determinados miembros de mi familia para quienes ya no importo y, sobre todo, en España, a la que tanto echo de menos. Hay días de abatimiento y de vacío. Vivo sin perspectivas, sin saber si algún día podré volver a establecerme en mi país”. Justifica la intensidad de este sentimiento de abandono con la extraordinaria afirmación de que “Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí”. Cuesta creer que alguien conocedor de la historia de la Segunda República, de la lucha de masas contra la dictadura franquista y de los pormenores de la transición a la democracia pudiera haber escrito esta frase (Reconciliación, pp.15–16). 

La indignación popular en España por sus actividades durante una grave crisis del coste de la vida no ha hecho más que intensificarse con algunas de sus justificaciones. Si uno de los objetivos no declarados de las memorias era limar asperezas con su propia familia, sin duda ha lanzado un mensaje conciliador a su esposa, de la que está separado, la exreina Sofía. La falta de armonía en la pareja se remonta a la década de 1970. Hay que reconocer que en las páginas de sus memorias aparecen muchos comentarios amables sobre ella; pero estos seguramente son insuficientes para compensar la bien documentada historia de sus infidelidades, a las que aquí se refiere simplemente como “mis deslices sentimentales” (Reconciliación, p. 408). Además, su mal disimulado rechazo hacia la reina Letizia difícilmente habrá ayudado a las relaciones con su hijo. A pesar de expresar un vago arrepentimiento por sus aventuras amorosas en términos generales, no menciona sus largas y muy publicitadas relaciones con tres mujeres cuyos nombres son bien conocidos en España. Tampoco, en su relato en el que profesa un servicio desinteresado y poco apreciado a la nación, explica, y mucho menos justifica, el uso de fondos públicos para la lujosa remodelación de La Angorrilla, un pabellón de caza. Del mismo modo, no explica el uso del servicio secreto para impedir que salieran a la luz los excesos de su vida privada, incluyendo acuerdos económicos realizados para apaciguar y silenciar al menos a una de sus amantes. 

Como era de esperar, el texto de Reconciliación elude los temas que han provocado la mayor hostilidad pública hacia Juan Carlos en España. Simbolizados por el escándalo de Botsuana, estos han sido, en conjunto, el despilfarro económico y la matanza de varias especies en peligro de extinción en la que participó. Quizás, más que la infidelidad conyugal que hizo posible, lo que más provocó la indignación pública fue el enorme coste del proyecto a gran escala en el Monte del Pardo, en los terrenos del Palacio de la Zarzuela, llevado a cabo en parte para facilitar una de sus relaciones extramatrimoniales, y lo que reveló sobre su pasión por la caza. El proyecto consistió en la conversión de La Angorrilla, un antiguo pabellón de caza construido inicialmente para Franco en los terrenos de El Pardo, en un lujoso pabellón, con una planta baja de mil metros cuadrados y una planta superior de setecientos metros cuadrados. Tardó dieciocho meses en completarse y su coste final de 3,4 millones de euros fue sufragado por el Estado a través de Patrimonio Nacional. En las paredes de diez metros de altura de la planta baja de esta monstruosidad se encontraban las cabezas disecadas de elefantes, rinocerontes y jirafas que había abatido en safaris en el extranjero. El coste del transporte de los cadáveres de estos animales y la posterior taxidermia debió de ser enorme. En otras partes del edificio había espacio para sus trofeos de ciervos, jabalíes, lobos y cabras montesas que había cazado en España. También había una sala blindada destinada exclusivamente a albergar la gran colección de valiosos rifles de caza del rey, algunos de los cuales, según se decía, valían centenares de miles de euros. Poco después del accidente de Botsuana, Juan Carlos encargó la fabricación de una silla ergonómica especial que le permitiera seguir disfrutando de su pasión por la caza, a pesar de sus lesiones. No fue hasta después de esa crisis cuando el foco de la publicidad hostil en España se centró en la costosa reforma del pabellón de caza, que también había servido de residencia para su amante en aquel momento. 

No hay nada en el libro que pueda conducir a una reconciliación con su hijo. Es de suponer que ni el rey Felipe ni la reina Letizia apreciarán el comentario de Juan Carlos sobre “nuestro desencuentro personal” ni lo que dice de ella en el libro: “La entrada de Letizia en nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares” (Reconciliación, p. 41).

En un primer momento, al recordar la disculpa televisada de Juan Carlos I a la nación cuando salió del hospital tras el safari de Botsuana, podría pensarse que su intención con las memorias era reconciliarse con el pueblo español. Sin embargo, el texto plantea la pregunta de ¿con qué españoles querría reconciliarse? ¿Con los franquistas? Aunque quizá la reconciliación ni siquiera fuera posible con ellos. Al fin y al cabo, podrían acusarle de traicionar a Franco al permitir la democratización de España. En cualquier caso, el daño a su reputación en 2012 causado por el episodio de Botsuana tuvo menos que ver con la revelación de la infidelidad conyugal y mucho más con la aparente insensibilidad del rey ante la crisis del coste de la vida que sufrían los españoles de a pie. Si Juan Carlos hubiera querido utilizar este libro para reconciliarse con sus súbditos en general, habría tenido que resistir la tentación de quejarse de su supuesta penuria —o de su gran decepción porque las autoridades fiscales españolas no le hubieran permitido quedarse con los dos Ferraris que el jeque Mohamed bin Zayed, de los Emiratos Árabes Unidos, les regaló a él y a su hijo. Aún más insensible resulta la inclusión en el libro de una queja sobre el hecho de que el exrey sea el único español que no percibe una pensión de jubilación. Dado su estilo de vida, ampliamente difundido, esto solo podía provocar la burla del español medio. 

La coautora o escritora fantasma de las memorias de Juan Carlos I es su admiradora de toda la vida, Laurence Debray. De los cinco libros que ha publicado, incluido este, cuatro tratan sobre Juan Carlos. El otro es una autobiografía que aborda principalmente su relación con sus padres, Régis Debray y Elizabeth Burgos, quienes se consideraban revolucionarios. En octubre de 2021, en París, publicó un retrato excesivamente indulgente de Juan Carlos titulado 'Mon roi déchu' (Mi rey caído). Su tercer libro sobre Juan Carlos expresaba la angustia de la autora por su exilio (1). En algunos pasajes se lee casi como una extensa carta de amor. El tono de ese libro queda plasmado en la frase: “Il était une fois un prince. Qui fut charmant puis maudit” (“Érase una vez un príncipe que fue encantador, pero luego maldito”).

A continuación, escribió sobre su “relación” con él: “Depuis plusieurs décennies, j’étudie, scrute, commente son destin. Une page se tourne aujourd’hui. Il est temps de questionner cette relation si durable et structurante que j’entretiens avec lui, cet attachement aussi platonique que fidèle. Qu’est-ce qui peut bien réunir ‘une fille de révolutionnaires’ et un roi?”. (“Durante varias décadas, he estudiado, analizado y comentado su destino. Hoy se abre un nuevo capítulo. Ha llegado el momento de examinar este vínculo duradero y fundamental que comparto con él, este apego tan platónico como fiel. ¿Qué podría unir a una ”hija de revolucionarios“ y a un rey?”).

Sobre lo que ella percibía como el vínculo entre ellos, escribió: “Sa vie est un roman; Juan Carlos est devenu ”mon“ roman. Il faut bien y mettre un point final. Puisqu’il a décidé de s’effacer avant de mourir, je dois moi aussi conclure” (“Su vida es una novela; Juan Carlos se ha convertido en ”mi“ novela. Hay que ponerle un punto final. Dado que él ha decidido borrarse antes de morir, yo también debo concluir”) (2).

Ella ha declarado en entrevistas que, para recopilar material para el libro, pasó muchos meses en Abu Dabi entrevistando a Juan Carlos. Hay numerosos indicios de que fue ella, y no Juan Carlos, quien redactó la mayor parte de estas memorias. Hay incluso pasajes en el texto que casi invitan a preguntarse: si él no escribió el libro, ¿se molestó siquiera en leerlo? Aunque Debray se esfuerza por presentarlo bajo la luz más favorable, sus esfuerzos por hacerlo a veces tienen, sin quererlo, el efecto contrario. Para empezar, contiene muchos errores fácticos y contradicciones. La forma en que el texto aborda los notorios escándalos, tanto los suyos propios como los de su exyerno, Iñaki Urdangarin, es sesgada y parece contradecir gran parte de la información que ahora es de dominio público. También resulta chocante que, en un intento por generar simpatía, la voz narrativa adopte con frecuencia un tono lacrimógeno. Por ejemplo, lo que se escribe sobre las supuestas penurias de su familia es demostrablemente falso. 

Un ejemplo llamativo es el relato de la vida de la familia real exiliada en Portugal. El 2 de febrero de 1946, Don Juan de Borbón y su esposa, Doña María de las Mercedes, se trasladaron a la elegante pero tranquila localidad costera de Estoril, al oeste de Lisboa. Era una zona de casinos y espléndidas mansiones construidas para los banqueros y armadores millonarios de la cercana capital. Para su gran consternación, Juanito, de ocho años, se quedó atrás en Suiza al cuidado de su austero tutor, el teórico monárquico Eugenio Vegas Latapié. En estas memorias no se menciona la inevitable sensación de abandono por parte de sus padres que bien podría haber contribuido a crear el vacío interior de Juan Carlos que explicaría gran parte de su existencia en los años posteriores a 1982. Los monarcas exiliados vivieron en tres mansiones diferentes, hasta que finalmente, a finales de 1948, se instalaron en Villa Giralda, que había sido construida en 1936 como club de golf de Estoril. A pesar de quejarse constantemente de la pobreza, Don Juan de Borbón había sido capaz tanto de adquirir la lujosa residencia como de pagar una cantidad equivalente al precio de compra para que fuera completamente reformada y se le añadiera una tercera planta. El palacio resultante estaba rodeado de espléndidos jardines y en su salón se celebraban fiestas con cientos de invitados. Representantes de la nobleza española se turnaban en Estoril como cortesanos. Doña María contaba con una dama de compañía. En las memorias, sin embargo, Villa Giralda se describe como “una casa de alquiler” (p. 69) que su padre compró a regañadientes. El lujoso yate, el Saltillo, que el millonario vasco Pedro Galíndez Vallejo prestó a la familia, se describe como un simple velero (“velero” [p. 69]), cuando en realidad era un gran buque oceánico, provisto de tripulación completa y con los gastos de funcionamiento cubiertos. Como marinero entusiasta y experimentado, Don Juan lo aprovechó al máximo. Además, él y Doña María, ambos aficionados a la caza mayor, disfrutaban de costosos safaris (3). Esto no pretende restar importancia al coste psicológico que supuso para Juan Carlos su infancia trastornada; pero la simpatía de los lectores por las auténticas penurias emocionales que sufrió de niño se ve mermada por el énfasis que se da en las memorias a las dificultades económicas que supuestamente padeció la familia.

Un aspecto del libro que ha suscitado una gran polémica en España ha sido la calidez con la que Juan Carlos habla de Franco. Sin embargo, es importante recordar que el propio padre de Juan Carlos lo trató mal, más como un peón político que como un hijo. Esto ayuda a explicar por qué, en muchas entrevistas, se ha referido a varias personas como si fueran “como un padre” para él. Es plausible que Franco, que tenía una hija, pero no un hijo, también llegara a sentir cierto afecto por Juan Carlos. Aun así, esto apenas justifica la insistencia de Juan Carlos en que, a finales de la década de 1960, el Caudillo ya había llegado a la conclusión de que el país necesitaba democratizarse y que Franco le dio permiso explícito para llevar a cabo esa reforma inevitable. Las pruebas en contra —de que Franco estaba decidido a bloquear la reforma— son abrumadoras. Para respaldar su punto de vista en las memorias sobre los deseos de Franco, Juan Carlos relata una visita a Franco en el hospital, días antes de su muerte:

“Tuve una última conversación con él. Sentado a su lado en la cama del hospital, me tomó la mano y, como en un último aliento, me dijo: 'Alteza, le pido una sola cosa: mantenga la unidad del país'. Esa fue su última voluntad. No me pidió mantener el régimen tal y como era, ni los principios del Movimiento Nacional. Tenía, por lo tanto, las manos libres para poner en marcha las reformas siempre y cuando no se cuestionara la unidad de España'' (203).

El hecho es que, en ese momento, Franco estaba moribundo y era poco probable que fuera coherente. Incluso si lo hubiera sido, era improbable que hubiera contradicho sus propias leyes fundamentales y sus propias declaraciones, realizadas con vehemencia ante aquellos de sus ministros que le habían instado frenéticamente a desconfiar de las tendencias democráticas de Juan Carlos. 

El 12 de febrero de 1974, cuando su primer ministro de línea dura, el que en su día fue conocido como “el Carnicero de Málaga”, Carlos Arias Navarro, pronunció un discurso sobre una liberalización mínima, el desconcertado Caudillo pidió aclaraciones al ministro-secretario del Movimiento, José Utrera Molina, con quien había establecido una relación paternal. Cuando Utrera le explicó lo que se había aclamado como “el espíritu del 12 de febrero”, un Franco profundamente alarmado respondió: “Si el régimen permite que se ataque a su doctrina sustancial y sus servidores no aciertan a defender lo fundamental, habrá que pensar en una cobarde voluntad de suicidio” (4). En julio de 1975, Franco, con el lenguaje beligerante propio de la década de 1940, instaba a una delegación de oficiales falangistas del ejército a defender hasta la muerte su victoria en la Guerra Civil. El 1 de octubre de 1975, en el trigésimo noveno aniversario de su ascensión a la Jefatura del Estado, se presentó por última vez ante una multitud en el Palacio de Oriente. Apenas capaz de hablar, encorvado sobre el micrófono, pronunció con voz ronca los mismos clichés paranoicos de siempre. El problema de España se debía, declaró, “a una conspiración masónico-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social”. Ninguna de estas pruebas respalda el retrato del Franco liberal que se presenta en las memorias de Juan Carlos en Reconciliación.

En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe

Pero entonces, ¿por qué insiste tanto Juan Carlos en que Franco no se opuso a la reforma que él llevó a cabo? ¿Quizás está tratando de legitimarse como demócrata sin dar pie a que los franquistas lo acusen de traicionar al dictador? Es una idea razonable, aunque extraña, porque en otras partes del libro argumenta acertadamente que arriesgó su vida luchando por la democracia. Hubo numerosos complots militares que incluían el asesinato del rey. ¿Por qué iban a querer matarlo los golpistas si él simplemente estaba cumpliendo los deseos del dictador? De hecho, en lo que respecta a las cuestiones de legitimidad, el libro tiene un problema mucho mayor. En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe.

Esto ocurre en un pasaje verdaderamente extraordinario del tercer capítulo. Juan Carlos relata que, en marzo de 2020, Felipe solicitó una reunión como parte del proceso que llevó a su padre a exiliarse. Cuando llegó al despacho de su hijo, Juan Carlos se llevó una sorpresa al encontrar allí también al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. Felipe y Alfonsín le informaron de que su asignación económica sería recortada. Juan Carlos afirma entonces que le dijo a su hijo y futuro sucesor: “No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Puedes excluirme personal y financieramente, pero no puedes rechazar la herencia institucional que te sustenta. Y solo hay un paso entre ambas cosas” (38–39). En otras palabras, Juan Carlos le espeta a Felipe: “Si eres rey, es gracias a mí. No pienses jamás que eres rey porque perteneces a la dinastía de los Borbones. Eres rey porque Franco me hizo rey”. El error cometido por Juan Carlos aquí es colosal. Franco siempre insistió en que el nombramiento de Juan Carlos como sucesor no implicaba ninguna restauración de la monarquía constitucional borbónica, sino que se trataba de una monarquía del Movimiento de nueva instauración, tal y como establecía la Ley de Sucesión. Una vez que Franco murió, ese fue el estigma deslegitimador del que Juan Carlos tuvo que deshacerse. Y, de hecho, lo consiguió el 17 de mayo de 1977, gracias al sacrificio que hizo su padre al abdicar en favor de Juan Carlos, otorgándole finalmente legitimidad dinástica. Sin embargo, es precisamente esa legitimidad la que Juan Carlos tira por la borda en este pasaje. Para cualquier monárquico, esa declaración de Juan Carlos debe de ser un trago amargo.

Juan Carlos desempeñó un papel clave en la Transición. Por supuesto que sí. Aunque la Transición fue un esfuerzo colectivo de muchos españoles, Juan Carlos nunca dejó de utilizar su posición como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para promover la democratización del país. Si puede considerarse un gran rey, y yo diría que sí, es por esa razón.

Una cuestión clave que este libro no aborda es si Juan Carlos es, en lo personal, un demócrata. De hecho, la respuesta apenas importa, ya que actuó como tal, pues pronto se dio cuenta de que no había otra forma de garantizar la supervivencia de la monarquía. Aprendió de la experiencia de la familia de la reina Sofía en Grecia y escuchó los consejos que recibió de diplomáticos estadounidenses y británicos. Sin embargo, como mínimo, habría sido conveniente que se abordara este tema en el libro. Para que estas memorias fueran acogidas como una importante contribución histórica, habrían tenido que ofrecer un retrato de Juan Carlos I capaz de conciliar, por un lado, las auténticas dificultades de su infancia y adolescencia, y su inmensa contribución al establecimiento de la democracia y, por otro, las revelaciones de conductas cuestionables que culminaron en la abdicación del rey. El problema de esta épica autobiografía de quejas es que es poco probable que genere la empatía de cualquier español que haya sido lector habitual de los periódicos durante los últimos diez años. Además, si bien se espera que una autobiografía revele mucho sobre su autor y protagonista, en este caso puede que revele aún más sobre su coautora que sobre Juan Carlos.

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1 El primero fue 'La forja de un rey: Juan Carlos I, de sucesor de Franco a Rey de España' (Sevilla: Fundación El Monte, 2000). Le siguieron 'Juan Carlos de España' (Madrid: Alianza, 2016) y 'Mon roi déchu. Juan Carlos d’Espagne' (Paris: Éditions Stock, 2021).

2 Debray, 'Mon roi déchu', 8–10, amp. 13–14; todas las traducciones son de mi autoría).

3 Véase José María Zavala, 'El patrimonio de los Borbones. La sorprendente historia de la fortuna de Alfonso XIII y la herencia de Don Juan' (Madrid: La Esfera de los Libros, 2010), 111–13 & 171; José María Toquero, 'Don Juan de Borbón, el Rey padre' (Barcelona: Plaza y Janés/Cambio 16, 1992), 58–61; Rebeca Quintans, 'Juan Carlos I. La biografía sin silencios' (Madrid: Akal, 2016), 71;

4 José Utrera Molina, Sin cambiar de bandera (Barcelona: Editorial Planeta, 1989), 103.

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Reseña de las memorias de Juan Carlos I (con la colaboración de Laurence Debray), Reconciliación. Memorias (Barcelona: Editorial Planeta, 2025), 507 pp; edición francesa: Juan Carlos I, Réconciliation (Pars: Éditions Stock, 2025), 512 pp.

Juan Carlos I ha asegurado que las relaciones de su hijo, el rey Felipe VI, con el actual Gobierno español de Pedro Sánchez “deben ser muy difíciles”, en una entrevista que concedió hace una semana al diario Le Figaro al recibir un premio en París por sus memorias, y que se publica hoy sábado. “En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”, asegura el rey emérito en una entrevista que se hizo en el bar del hotel Plaza, uno de los más lujosos de la capital francesa y donde se alojó durante su visita el pasado fin de semana para recoger en la Asamblea Nacional el premio especial del jurado del libro político del año.

El exmonarca asegura que “los tiempos cambian y España ha cambiado”, al tiempo que se pregunta “¿en qué dirección?”, sin responder a la cuestión: “Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra”.

El hombre que reinó en España desde la muerte del dictador Franco en 1975 hasta su abdicación en 2014, asegura que toda su vida “ha estado dictada por las exigencias de España y del trono” y lamenta: “Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca me pude yo beneficiar de ella”. Defiende tradiciones como la caza o los toros: “La corrida es como la caza, quieren prohibirlas. Pero es una fiesta nacional”. También considera que la monarquía ha perdido peso en el día a día de la vida del país y recuerda que durante su reinado “todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno” y que “ahora esos encuentros son menos frecuentes”.

Además, Juan Carlos I señala que en cada uno de sus viajes oficiales iba acompañado del ministro de Exteriores, algo que ya no sucede con su hijo. Juan Carlos no duda en defender la monarquía como sistema de Gobierno aunque reconoce que “es criticada en ciertos países”. “Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido”, señala. Y recuerda que “actualmente hay once monarquías en Europa, eso quiere decir algo”.

Leonor “tendría que estar más en primera línea”

El rey emérito considera que su nieta Leonor, heredera del trono, “tendría que estar más en primera línea” porque “da una muy buena imagen de la monarquía”.

Juan Carlos repasa también algunos hechos del pasado, como cuando el presidente socialista Felipe González (1982-1996) le pidió que intercediera entre los países árabes para que España pudiera reconocer el Estado de Israel: “Llamé al rey Abdalá (de Jordania) y cuatro meses más tarde me dijo: 'Adelante'”.

También rememora su primer discurso en la Asamblea Nacional francesa pronunciado en 1993 y como, al pasar entre la guardia con los tambores, le dijo al entonces presidente de la cámara, Philippe Seguin: “Esto me recuerda algo”, haciendo con la mano el signo de la guillotina.

Residente en Abu Dabi, el monarca también se refiere a la situación en Oriente Medio por la que siente “inquietud, como todo el mundo”. “Estuve presente en la ceremonia de celebración del 2.500 aniversario de la fundación del imperio persa en 1971. Iba dos veces al año, sobre todo cuando viajaba a China. Tenía una relación amistosa con el Sha”, rememora. “Recuerdo que su esposa dijo a la reina que estaba preocupada porque veía cada vez más mujeres con velo. Me apena ver a ese país así”, agrega.

También se refiere a la princesa María Carolina de Borbón Dos Sicilias, que ha oficializado su relación amorosa con el líder de la extrema derecha francesa Jordan Bardella, brazo derecho de Marine Le Pen: “Es la rama italiana pero lejana de la familia”.

El soroll de les obres trenca la calma dels jardins que, durant dècades, han romàs gairebé intactes davant la badia de Palma. Dins, operaris revisen murs clivellats, sistemes de reg envellits i piscines castigades pel salnitre. Al palau de Marivent, el so metàl·lic de les eines, el pujar i baixar dels treballadors i la terra remoguda delaten una reforma llargament ajornada a la qual el Govern balear ha donat llum verda amb un pressupost que rondarà els 500.000 euros de diners públics. L'objectiu: frenar el deteriorament acumulat durant més de dues dècades a la residència estiuenca dels reis, que havia de convertir-se en espai obert a la ciutadania i va acabar consolidant-se com un enclavament institucional d'accés restringit. Només en determinats períodes la ciutadania pot passejar pels seus jardins.

La intervenció actual, però, no és un episodi aïllat, sinó una peça més d'un sistema de despesa sostingut que es reactiva especialment durant els períodes d'estada dels reis a Mallorca. Només en neteja i subministraments, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el de Balears (BOIB) recullen contractes de més de 217.000 euros anuals, als quals s'afegeixen serveis de reforç adjudicats amb fórmules de contractació per hores que permeten ampliar el servei durant els mesos d'estiu. A nivell global, l'Executiu autonòmic, titular de l'immoble, destina més d'1,2 milions d'euros cada any al seu manteniment, una xifra que va arribar a assolir els 1,7 milions el 2013, amb José Ramón Bauzá (PP) com a president.

No són les úniques inversions que rep el palau. Sense precisar quantitats econòmiques concretes, la memòria d'activitats de Patrimoni Nacional relativa a 2025, consultada per aquest mitjà, recull que l'any passat es van instal·lar nous sistemes de detecció i protecció contra incendis en diferents immobles de la seva propietat i, tot i no estar inclòs entre ells, també a Marivent —més concretament a l'edifici Camaretas—. Així mateix, es va dur a terme la renovació dels banys als apartaments del personal de servei i la demolició del forjat de l'antiga piscina per problemes estructurals. El 2024 es van dur a terme estudis i tomografies de l'arbrat amb càrrec als fons del Govern. Segons dades obtingudes en el seu moment per Newtral a través del Portal de Transparència, l'ens encarregat de la gestió dels béns vinculats a la Corona destinava —almenys fins a 2021— uns 220.000 euros anuals per sufragar despeses de personal i subministraments.

En aquest context, la reforma actual reobre una qüestió de fons: quin retorn públic tenen aquestes inversions en una residència institucional d'ús limitat en un escenari, a més, marcat per la crisi d'accés a l'habitatge, la saturació turística i el debat sobre el model econòmic de les illes?

La reforma reobre una qüestió de fons: quin retorn públic té la inversió pública sostinguda en una residència institucional d'ús limitat en un escenari, a més, marcat per la crisi d'accés a l'habitatge, la saturació turística i el debat sobre el model econòmic de les illes?

Més de 25 anys sense reformes profundes

En la pròpia memòria justificativa de la reforma actual, a la qual ha tingut accés elDiario.es, la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques considera fins i tot que és “totalment necessari incrementar la partida prevista” per al manteniment de Marivent davant el deteriorament del palau, que arrossega més de 25 anys sense reformes profundes. L'informe va més enllà i adverteix que el cost del manteniment ordinari ja supera els límits dels contractes menors —reservats per a despeses puntuals i de minsa quantia—, fet que obliga a recórrer a noves licitacions de major import i a planificar intervencions més àmplies per evitar que els danys estructurals s'agreugin. Un fet que confirma el caràcter estructural i elevat de la despesa associada al complex. Marivent ha deixat de ser una despesa puntual per convertir-se en una estructura de despesa permanent.

La memòria de la reforma adverteix que el cost del manteniment ordinari ja supera els límits dels contractes menors -reservats per a despeses puntuals i de nínima quantia-, la qual cosa obliga a recórrer a noves licitacions de més import i a planificar intervencions més àmplies per evitar que els danys estructurals s'agravin

D'acord amb el document consultat per aquest mitjà, la reforma prevista abasta tant elements estructurals com instal·lacions i espais exteriors. Entre les actuacions previstes hi ha la restauració de paviments de pedra i empedrats, la substitució de baranes corroïdes per l'oxidació i la intervenció en cobertes, cornises i façanes exposades al salnitre, així com la reparació del vial d'accés danyat per arrels. També es contemplen actuacions a la piscina —amb filtracions i maquinària obsoleta—, vestuaris, camins interiors i edificis auxiliars, així com la reparació de murs, canalitzacions i sistemes de drenatge. A l'exterior, es preveuen treballs en jardins, la rehabilitació de fonts ornamentals en desús, la reparació de danys causats pels temporals i la millora dels sistemes de reg.

El pressupost base de licitació ascendeix, en concret, a 470.444 euros (IVA inclòs). No obstant això, l'expedient preveu la possibilitat d'incrementar l'import fins a un 20% addicional en cas d'aparició de vicis ocults —defectes no detectats en la inspecció inicial que solen aflorar durant l'execució d'una obra—, cosa que podria elevar el cost final per sobre dels 560.000 euros.

Com explicita la memòria justificativa, arran de la constitució de la Comunitat Autònoma, els immobles que conformen el recinte de Marivent varen ser transferits per l'aleshores Consell General Interinsular, passant així a formar part del patrimoni autonòmic. En conseqüència, la seva administració, conservació i protecció és responsabilitat del Govern balear, tal com disposa la llei de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

“Com qualsevol altre immoble del qual és propietària, la Comunitat Autònoma té l'obligació de cuidar de la conservació i el manteniment de Marivent per un doble motiu: la protecció de la finca, com a conjunt arquitectònic que forma part d'un llegat integrat en el nostre patrimoni, i la necessitat que pugui servir a la finalitat a la qual l'immoble està destinat”, afegeix el document. En definir aquest “destí”, l'informe, lluny de fer referència a l'ús original del palau —concebut com a museu obert a la ciutadania—, assumeix plenament que el complex és, “des de fa molt de temps, no només la residència d'estiu de la Família Reial, sinó també lloc de descans al llarg de l'any, per la qual cosa és freqüentment utilitzat per tots els seus membres i hi passen nombroses personalitats de tots els àmbits”.

Un model de contractació fragmentada

Tot i que el procediment d'adjudicació és obert, la reforma s'insereix en un model de contractació fragmentada que caracteritza la gestió de Marivent des de fa dècades. El manteniment del complex no es licita com un servei integral, sinó que es divideix en múltiples contractes individuals —neteja, jardineria, plagues, electricitat, climatització, obres— adjudicats a diferents empreses. En aquest cas, la contractació ha recaigut en Bonfill Enginyeria, Arquitectura i Paisatge SL, una empresa mallorquina fundada el 2011 que ha incrementat la seva presència en la contractació pública balear en els darrers anys. Només el 2025, el volum de contractes va superar els cinc milions d'euros. La seva activitat es concentra en reformes d'edificis públics, infraestructures i projectes per a diferents administracions.

Tot i que el procediment d'adjudicació és obert, la reforma s'insereix en un model de contractació fragmentada que caracteritza la gestió de Marivent des de fa dècades

Cal destacar que la despesa a Marivent no es limita a obres i contractes externs. Un acord del Consell de Govern aprovat al juliol de 2025 inclou explícitament al personal que presta serveis en el palau dins dels col·lectius que poden percebre retribucions per hores extraordinàries, la qual cosa evidencia que l'activitat del complex genera també costos laborals addicionals vinculats al seu funcionament ordinari. La mesura es justifica, segons el propi document, per la impossibilitat de compensar aquestes hores amb descans, la qual cosa reforça la idea que el manteniment i ús del palau comporta una càrrega estructural de despesa pública més enllà de les partides pressupostàries visibles.

En les últimes legislatures, d'acord amb la documentació analitzada per aquest mitjà, el Govern ha adjudicat serveis de reforç per imports de fins a 100.000 euros, amb sistemes flexibles que permeten ampliar el servei durant els mesos de major activitat. Depenent del període, les diferents contractacions han recaigut en una o altra empresa: així, el 2011 el Govern va adjudicar per 47.200 euros a Hidràulica i Electricitat SA el manteniment de les instal·lacions elèctriques del complex, mentre que la climatització va ser encarregada a Refrigeració i Confort SA per imports similars en contractes de dos anys formalitzats el 2014. A això s'hi sumen actuacions puntuals d'obra menor, com el contracte adjudicat el 2016 a Construcciones Llull Sastre SA per 56.562 euros per a la reposició de paviments, murs i escales, i altres per al control de plagues, que va recaure en mercantils com Will Kill SA per 41.300 euros.

Incompliment de contracte

Mentrestant, algunes de les contractacions no s'han deslliurat de la polèmica. En 2014, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va ratificar que 292.132 euros reclamats per Lireba Serveis Integrats -que va operar com a filial del grup ACS- arran de la liquidació del contracte per a la neteja i manteniment del palau de Marivent corresponien al Govern, que li va adjudicar aquests treballs a l'agost de 2007. La Sala declarava provat com, durant la vigència del contracte, l'empresa va facturar i va cobrar l'anterior quantitat sense cap contraprestació per part seva.

Posteriorment, el Tribunal Suprem va validar l'actuació de l'Executiu balear de rescindir el contracte abans de la seva resolució definitiva, en considerar que la mesura estava justificada per raons d'interès públic i seguretat, especialment en un entorn sensible com Marivent. Entre altres aspectes, l'Alt Tribunal destaca que Lireba havia de mantenir un servei permanent amb un nombre concret d'empleats adaptat a les estades de la Família Reial. No obstant això, l'empresa va arribar a prestar el servei amb menys de la meitat del personal exigit, incomplint una condició que el propi contracte qualificava com a essencial. La sala subratlla que aquest dèficit no era un aspecte menor, sinó un “trencament” del nucli del contracte, en afectar directament la qualitat i viabilitat del manteniment del complex.

La resolució, no obstant això, anava més enllà: deixava al descobert rellevants disfuncions en la gestió d'aquests serveis públics, no sols respecte a les fallades en el control de l'execució contractual -el fet que l'empresa arribés a facturar serveis no prestats conforme als pactes-, sinó que posa en relleu la complexitat d'un model basat en contractes fragmentats i altament dependents de condicions variables, com les estades de la Família Reial. El resultat és un sistema en el qual el seguiment efectiu del servei es torna clau, però també difícil de fiscalitzar.

El 2014, el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va ratificar que l'empresa Lireba, que va operar com a filial d'ACS, va percebre 292.132 euros sense haver efectuat la corresponent contraprestació per la neteja i manteniment de Marivent que tenia encomanat des de l'agost del 2007

La despesa pública a Marivent ha estat —i continua sent— objecte de crítiques polítiques i socials durant anys. A més dels fons públics destinats al seu manteniment, formacions polítiques i moviments ciutadans han denunciat la falta de transparència sobre el procés que va convertir el palau en la residència d'estiu de la Família Reial a Mallorca. elDiario.es va treure a la llum l'escriptura amb la qual José Carlos Herrmann–Marconi, hereu del filàntrop Ionannes Saridakis, renunciava el 1978 al palau, contravenint el que havia disposat el seu padrastre en el testament. Saridakis, filantrop d'origen grec, havia fet fortuna a Sud-amèrica i va trobar a Mallorca el seu retir daurat. L'illa el va enlluernar fins a tal punt que va decidir donar a Balears un immens llegat artístic i arquitectònic que incloïa el palau que va fer aixecar a la vora del mar.

Va ser la seva vídua qui, el 1965, va cedir l'edifici, els terrenys de 33.905 metres quadrats sobre els quals havia estat construït i la col·lecció d'art del filantrop a l'aleshores Diputació Provincial sota la condició que els mallorquins —i la població en general— poguessin delectar-se amb la cultura i el pensament que albergaven les seves parets. Un extrem que només es va complir entre 1965 i 1972. Durant diversos anys, l'espai museístic va romandre obert al públic, però, després de la seva cessió als reis per part de la franquista Diputació Provincial de Balears, mai més no va tornar a obrir les seves portes, convertint-se en la residència privada de la Família Reial durant les seves estades a Mallorca.

L'escriptura de renúncia, un document de 14 pàgines que mai abans havia sortit a la llum, és el paper al qual s'agafen a la Casa Reial per justificar l'ús privatiu de Marivent per part de la reialesa. En el document, però, l'hereu (José Carlos Herrmann-Marconi) no justifica els motius que el porten a incomplir l'última voluntat de Saridakis.

El document deixa constància del moment en què, sis mesos abans de la promulgació de la Constitució, el 6 d'abril de 1978 Marconi compareixia davant el notari Julio Albi, amb despatx a Madrid, per formalitzar la renúncia. De la mansió va desistir en ple procés judicial impulsat pels hereus contra el Govern —que havia absorbit la Diputació Provincial— i la Fundació Museu d'Art Saridakis —declarada aleshores en rebel·lia— pel mal ús de la donació del seu ascendent. Marconi va recuperar la titularitat dels béns del seu padrastre, però no el palau. Durant cinc dècades, els reis han convidat al palauet presidents del Govern i il·lustres mandataris estrangers i han gaudit de les vacances a l'illa a costa dels contribuents, que es van quedar sense palau i sense museu.

Els jardins amb les escultures de Miró, oberts al públic

A l'actualitat, de totes les pintures que pengen a l'interior de Marivent, més de vuitanta són propietat del Govern, com consta a l'Inventari General de Béns i Drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), consultat per elDiario.es. Juntament amb els quadres, l'Executiu autonòmic també posseeix bona part del mobiliari de l'edifici, com diversos llits mallorquins dels segles XVIII i XIX, un bagul gòtic mallorquí, un banc neoclàssic, un escriptori barroc i nombrosos miralls i còmodes. Elements de gran valor als quals la ciutadania, tanmateix, no té accés.

Per contra, els jardins de Marivent, que ocupen una superfície total de 9.155 metres quadrats, sí que estan oberts al públic arran de l'acord assolit el maig de 2017 entre el Govern de Francina Armengol i la Casa Reial per conjugar l'obertura de la zona exterior amb l'ús del palau com a residència de la Família Reial. S'hi exhibeixen dotze escultures en bronze que Joan Miró va realitzar entre 1969 i 1981 i que la família de l'artista va cedir per donar un valor afegit a les visites. Una iniciativa que pretén, a més, posar de manifest el vincle de l'obra de l'artista amb el barri de Cala Major, que ell mateix va escollir per viure i treballar.

El ruido de las obras rompe la calma de los jardines que, durante décadas, han permanecido casi intactos frente a la bahía de Palma. Dentro, operarios revisan muros agrietados, sistemas de riego envejecidos y piscinas castigadas por el salitre. En el palacio de Marivent, el sonido metálico de las herramientas, el ir y venir de los trabajadores y la tierra removida delatan una reforma a la que el Govern balear ha dado luz verde con un presupuesto que rondará los 500.000 euros de dinero público. El objetivo: frenar el deterioro acumulado durante más de dos décadas en la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose como enclave institucional de acceso restringido. Solo en determinados periodos la ciudadanía puede pasear por sus jardines.

La intervención actual, sin embargo, no es un episodio aislado, sino una pieza más de un sistema de gasto sostenido que se reactiva especialmente durante los periodos de estancia de los reyes en Mallorca. Solo en limpieza y suministros, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge contratos de más de 217.000 euros anuales, al que se añaden servicios de refuerzo adjudicados con fórmulas de contratación por horas que permiten ampliar el servicio durante los meses de verano. A nivel global, el Ejecutivo autonómico, titular del inmueble, destina más de 1,2 millones de euros cada año a su mantenimiento, una cifra que llegó a alcanzar los 1,7 millones en 2013, con José Ramón Bauzá (PP) como presidente.

No son las únicas inversiones que recibe el palacio. Sin precisar cantidades económicas concretas, la memoria de actividades de Patrimonio Nacional relativa a 2025, consultada por este medio, recoge que el año pasado se instalaron nuevos sistemas de detección y protección contra incendios en distintos inmuebles de su propiedad y, pese a no estar incluido entre ellos, también en Marivent -más en concreto en el edificio Camaretas-. Asimismo, se llevó a cabo la renovación de los baños en los apartamentos del personal de servicio y la demolición del forjado de la “antigua piscina” por problemas estructurales. En 2024, se llevaron a cabo estudios y tomografías en el arbolado con cargo a los fondos del Gobierno. Según datos obtenidos en su momento por Newtral a través del Portal de Transparencia, el ente encargado de la gestión de los bienes vinculados a la Corona destina -al menos hasta 2021- una medida de 220.000 euros anuales para sufragar gastos de personal y suministros.

En este contexto, la reforma actual reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tienen las inversiones en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas.

La reforma reabre una cuestión de fondo: qué retorno público tiene la inversión pública sostenida en una residencia institucional de uso limitado en un escenario, además, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, la saturación turística y el debate sobre el modelo económico de las islas

Más de 25 años sin reformas profundas

En la propia memoria justificativa de la reforma actual, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas considera incluso que es “totalmente necesario incrementar la partida prevista” para el mantenimiento de Marivent ante el deterioro del palacio, que arrastra más de 25 años sin reformas profundas. El informe va más allá y advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores –reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía–, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven. Un hecho que confirma el carácter estructural y elevado del gasto asociado al complejo. Marivent ha dejado de ser un gasto puntual para convertirse en una estructura de gasto permanente.

La memoria de la reforma advierte de que el coste del mantenimiento ordinario ya supera los límites de los contratos menores -reservados para gastos puntuales y de escasa cuantía-, lo que obliga a recurrir a nuevas licitaciones de mayor importe y a planificar intervenciones más amplias para evitar que los daños estructurales se agraven

De acuerdo al documento consultado por este periódico, la reforma prevista abarca tanto elementos estructurales como instalaciones y espacios exteriores. Entre las actuaciones previstas se encuentran la restauración de pavimentos de piedra y empedrados, la sustitución de barandillas corroídas por la oxidación y la intervención en cubiertas, cornisas y fachadas expuestas al salitre y la reparación del vial de acceso dañado por raíces. También se contemplan actuaciones en la piscina –con filtraciones y maquinaria obsoleta–, vestuarios, caminos interiores y edificios auxiliares, así como la reparación de muros, canalizaciones y sistemas de drenaje. En el exterior, se prevén trabajos en jardines, la rehabilitación de fuentes ornamentales en desuso, la reparación de daños causados por los temporales y la mejora de los sistemas de riego.

El presupuesto base de licitación asciende, en concreto, a 470.444 euros (IVA incluido). Sin embargo, el expediente prevé la posibilidad de incrementar el importe hasta un 20% adicional en caso de aparición de vicios ocultos, es decir, defectos no detectados en la inspección inicial que suelen afloran durante la ejecución de una obra, lo que podría elevar el coste final por encima de los 560.000 euros.

Como explicita la memoria justificativa de la reforma, a raíz de la constitución de la Comunidad Autónoma, los inmuebles que conforman el recinto de Marivent fueron transferidos por el entonces Consejo General Interinsular, pasando así a formar parte del patrimonio autonómico. En consecuencia, su administración, conservación y protección es responsabilidad del Govern balear, tal como dispone la ley del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Balears.

“Como cualquier otro inmueble de la cual es propietaria, la Comunidad Autónoma tiene la obligación de cuidar de la conservación y el mantenimiento de Marivent por un doble motivo: la protección de la finca, como conjunto arquitectónico que forma parte de un legado integrado en nuestro patrimonio, y la necesidad de que pueda servir a la finalidad a la cual el inmueble está destinado”, añade el documento. Al definir ese “destino”, el informe, lejos de hacer referencia al uso original del palacio –concebido como museo abierto a la ciudadanía–, asume plenamente que el complejo es, “desde hace mucho tiempo, no solo la residencia de verano de la Familia Real, sino lugar de descanso a lo largo del año, por lo cual es frecuentemente utilizado por todos sus miembros y pasan numerosas personalidades de todos los ámbitos”.

Un modelo de contratación fragmentada

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas. El mantenimiento del complejo no se licita como un servicio integral, sino que se divide en múltiples contratos individuales –limpieza, jardinería, plagas, electricidad, climatización, obras– adjudicados a distintas empresas. En este caso, la contratación ha recaído en Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje SL, una empresa mallorquina fundada en 2011 que ha incrementado su presencia en la contratación pública balear en los últimos años. Solo en 2025, el volumen de contratos superó los cinco millones. Su actividad se concentra en reformas de edificios públicos, infraestructuras y proyectos para distintas administraciones.

Aunque el procedimiento de adjudicación es abierto, la reforma se inserta en un modelo de contratación fragmentada que caracteriza la gestión de Marivent desde hace décadas

Cabe destacar que el gasto en Marivent no se limita a obras y contratos externos. Un acuerdo del Consell de Govern aprobado en julio de 2025 incluye explícitamente al personal que presta servicios en el palacio dentro de los colectivos que pueden percibir retribuciones por horas extraordinarias, lo que evidencia que la actividad del complejo genera también costes laborales adicionales vinculados a su funcionamiento ordinario. La medida se justifica, según el propio documento, por la imposibilidad de compensar esas horas con descanso, lo que refuerza la idea de que el mantenimiento y uso del palacio comporta una carga estructural de gasto público más allá de las partidas presupuestarias visibles.

En las últimas legislaturas, de acuerdo a la documentación analizada por este medio, el Govern ha adjudicado servicios de refuerzo por importes de hasta 100.000 euros, con sistemas flexibles que permiten ampliar el servicio durante los meses de mayor actividad. Dependiendo del periodo, las distintas contrataciones han recaído en una u otra empresa: así, en 2011 el Govern adjudicó por 47.200 euros a Hidráulica y Electricidad SA el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del complejo, mientras que la climatización fue encargada a Refrigeración y Confort SA por importes similares en contratos de dos años formalizados en 2014. A ello se suman actuaciones puntuales de obra menor, como el contrato adjudicado en 2016 a Construcciones Llull Sastre SA por 56.562 euros para la reposición de pavimentos, muros y escaleras, y otros para el control de plagas, que recayó en mercantiles como Will Kill SA por 41.300 euros.

Incumplimiento de contrato

Mientras tanto, algunas de las contrataciones no se han librado de la polémica. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ratificó que 292.132 euros reclamados por Lireba Serveis Integrats -que operó como filial del grupo ACS- a raíz de la liquidación del contrato para la limpieza y mantenimiento del palacio de Marivent correspondían al Govern, que le adjudicó estos trabajos en agosto de 2007. La Sala declaraba probado cómo, durante la vigencia del contrato, la empresa facturó y cobró la anterior cantidad sin contraprestación alguna por su parte.

Posteriormente, el Tribunal Supremo validó la actuación del Ejecutivo balear de rescindir el contrato antes de su resolución definitiva, al considerar que la medida estaba justificada por razones de interés público y seguridad, especialmente en un entorno sensible como Marivent. Entre otros aspectos, el Alto Tribunal destaca que Lireba debía mantener un servicio permanente con un número concreto de empleados adaptado a las estancias de la Familia Real. Sin embargo, la empresa llegó a prestar el servicio con menos de la mitad del personal exigido, incumpliendo una condición que el propio contrato calificaba como esencial. La sala subraya que este déficit no era un aspecto menor, sino un “quebrantamiento” del núcleo del contrato, al afectar directamente a la calidad y viabilidad del mantenimiento del complejo.

La resolución, sin embargo, iba más allá: dejaba al descubierto relevantes disfunciones en la gestión de estos servicios públicos, no solo respecto a los fallos en el control de la ejecución contractual -el hecho de que la empresa llegase a facturar servicios no prestados conforme a lo pactado-, sino que pone de relieve la complejidad de un modelo basado en contratos fragmentados y altamente dependientes de condiciones variables, como las estancias de la Familia Real. El resultado es un sistema en el que el seguimiento efectivo del servicio se vuelve clave, pero también difícil de fiscalizar.

En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Balears ratificó que la empresa Lireba, que operó como filial de ACS, percibió 292.132 euros sin haber efectuado la correspondiente contraprestación por la limpieza y mantenimiento de Marivent que tenía encomendado desde agosto de 2007

El gasto público en Marivent ha sido –y continúa siendo– objeto de críticas políticas y sociales durante años. Además de los fondos públicos destinados a su mantenimiento, formaciones políticas y movimientos ciudadanos han denunciado la falta de transparencia sobre el proceso que convirtió el palacio en la 'residencia real' de verano en Mallorca. elDiario.es sacó a la luz la escritura con la que José Carlos Herrmann–Marconi, heredero del filántropo Ionannes Saridakis, renunciaba en 1978 al palacio, contraviniendo lo que había dispuesto en su testamento su padrastro. Saridakis, filántropo de origen griego, había hecho fortuna en Sudamérica y encontró en Mallorca su retiro dorado. La isla lo encandiló hasta tal punto que decidió donar a Balears un inmenso legado artístico y arquitectónico que incluía el palacio que hizo levantar a orillas del mar.

Fue su viuda quien, en 1965, cedió el edificio, el terreno de 33.905 metros cuadrados sobre el que había sido construido y la colección de arte del filántropo a la entonces Diputación Provincial bajo la condición de que los mallorquines –y la población en general– pudieran deleitarse con la cultura y el pensamiento que encerraban sus paredes. Un extremo que solo se cumplió entre 1965 y 1972. Durante varios años, el espacio museístico permaneció abierto al público, pero, tras su cesión a los reyes por parte de la franquista Diputación Provincial de Balears, nunca más volvió a abrir sus puertas, convirtiéndose en la residencia privada de la Familia Real durante sus estancias en Mallorca.

La escritura de renuncia, un documento de 14 páginas que nunca antes había salido a la luz, es el papel al que se agarran en la Casa Real para justificar el uso privativo de Marivent por parte de la realeza. En el documento, sin embargo, el heredero (José Carlos Herrmann-Marconi) no justifica los motivos que le conducen a incumplir la última voluntad de Ionannes Saridakis.

El documento deja constancia del momento en el que, seis meses antes de la promulgación de la Constitución, el 6 de abril de 1978 Marconi comparecía ante el notario Julio Albi, con despacho en Madrid, para formalizar la renuncia. De la mansión desistió en pleno proceso judicial impulsado por los herederos contra el Govern –que había absorbido a la Diputación Provincial– y a la Fundación Museo de Arte Saridakis –declarada entonces en rebeldía– por el mal uso de la donación de su ascendiente. Marconi recuperó la titularidad de los bienes de su padrastro, pero no el palacio. Durante cinco décadas, los reyes han invitado al palacete a presidentes del Gobierno e ilustres mandatarios extranjeros y han disfrutado de las vacaciones en la isla a costa de los contribuyentes, que se quedaron sin palacio y sin museo.

Los jardines con las esculturas de Miró, abiertos al público

En la actualidad, de todas las pinturas que cuelgan en el interior de Marivent, más de ochenta son propiedad del Govern, como consta en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears (CAIB), consultado por elDiario.es. Junto a los cuadros, el Ejecutivo autonómico también posee la propiedad de buena parte del mobiliario del edificio, como varias camas mallorquinas de los siglos XVIII y XIX, un arcón gótico mallorquín, un banco neoclásico, un escritorio barroco e innumerables espejos y cómodas. Elementos de gran valor a los que ciudadanía, sin embargo, no tiene acceso.

Por el contrario, los jardines de Marivent, que ocupan una superficie total de 9.155 metros cuadrados, sí se encuentran abiertos al público tras el acuerdo alcanzado en mayo de 2017 entre el Govern de Francina Armengol y la Casa Real para conjugar el proyecto de apertura de la zona exterior del complejo con el uso del palacio como residencia de la familia real. En ellos se exhiben doce esculturas en bronce que Joan Miró realizó entre los años 1969 y 1981 y que la familia del pintor cedió para dar un valor añadido a las visitas. Una iniciativa que pretende, además, poner de manifiesto el vínculo de la obra del artista catalán con el barrio de Cala Major, que él mismo escogió para vivir y trabajar. 

El rey emérito de España, Juan Carlos I, ha afirmado que no se ve “abrumado” por el presente aunque ha admitido que “a veces” le entristece. Así se ha expresado este sábado el anterior jefe del Estado en su discurso tras recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político que otorga la Asamblea Nacional de Francia. “Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra”, ha apostillado.

La concesión del galardón a 'Reconciliación', una obra escrita en primera persona y en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, ha sido por unanimidad por un jurado independiente presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas, informa EFE.

En el libro, Juan Carlos I, que permanece en Emiratos Árabes y regresa de forma ocasional a nuestro país sin rebasar el límite de 183 días para que Hacienda le considere residente fiscal, afirma que la Corona española “reposa enteramente” en él, como dice la Constitución, y se queja de que le han “robado” su historia. Las memorias están dedicadas a su familia, menos a Letizia, y a todos los que le acompañaron en la transición. Tienen 512 páginas y las narra en primera persona.

“No elegí al azar el título de mis memorias: 'Reconciliación'. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa”, ha dicho el rey emérito al recibir el galardón en París.

Críticas de Urtasun

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reaccionado con críticas al discurso del rey emérito en Francia. Según Urtasun, “lo que tiene que hacer” Juan Carlos I es “pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España”

“La única cosa que tengo que decir sobre el rey emérito es que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España”, ha dicho Urtasun en declaraciones a los medios antes de visitar Mad Games Show, la feria del videojuego español.

Juan Carlos reivindica su legado

Su discurso ha sido, igual que su libro, una reivindicación de su papel como jefe del Estado. En 1975, ha recordado, heredó, junto con el trono, todos los poderes que el régimen de Franco había concentrado en la jefatura del Estado. Desde esa posición, ha remarcado, los utilizó para devolverlos a “su legítimo propietario, el pueblo español”.

“He querido mostrar en mis memorias mi orgullo de ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado”, ha añadido el rey emérito, que ha leído sentado y con dificultades su discurso en francés. El monarca ha subrayado que ese proceso supuso una “ruptura radical” y ha recordado que el cambio quedó consagrado en la Constitución española de 1978.

En su intervención en la ceremonia organizada en la Sala de Fiestas de la Asamblea Nacional Francesa, el monarca ha asegurado además no verse “abrumado” por el presente aunque ha admitido que “a veces” le entristece.

“Ahora, cuando miro hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme. Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo. Pero siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar”, ha aseverado Juan Carlos I

En la ceremonia, Juan Carlos I ha estado acompañado por sus hijas, Elena y Cristina, así como de su nieto mayor, Felipe de Marichalar y Borbón, y de varios amigos cercanos.

En su discurso, ha reconocido que no es habitual que un rey escriba sus memorias, una práctica que, según ha recordado, su padre le desaconsejaba. Sin embargo, ha defendido la necesidad de ofrecer una visión en primera persona ante las “miles de páginas” escritas sobre su reinado, su figura y su actuación como jefe de Estado.

El rey emérito ha argumentado que su testimonio busca aportar un conocimiento directo sobre sus decisiones, motivaciones y experiencias, en un contexto en el que la figura del monarca está sujeta a un intenso “escrutinio” público. Asimismo, ha admitido los riesgos de publicar memorias, aunque ha considerado que en este caso la decisión ha sido acertada.

El ex jefe del Estado ha destacado la buena acogida de la edición francesa del libro, elaborada junto a la escritora e historiadora Laurence Debray, así como el éxito de la versión en español, lo que, a su juicio, refleja el interés por conocer su visión personal de los hechos.

Juan Carlos I ha combinado la reivindicación de los hitos de su reinado con el reconocimiento de errores y debilidades, y ha insistido en que su intención ha sido compartir tanto los aspectos de los que se siente orgulloso como aquellos que forman parte de su experiencia personal. “Desde niño mi destino coincidió con mi vocación: servir a mi país”, ha afirmado.

Ha expresado su agradecimiento por el galardón recibido en Francia, país al que ha dicho sentirse especialmente vinculado, y ha afirmado que este reconocimiento valora su testimonio personal sobre la transformación de España durante su reinado. Entre las autoridades francesas presentes estaban la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y los exprimeros ministros Manuel Vals y Elisabeth Borne, entre otros.

Aprovechando los días de Semana Santa, José Luis Ábalos pasó por Sevilla y fue a los toros, que no quería perderse la faena de Morante de la Puebla. En la Maestranza recibió el ex ministro una cariñosa ovación de una parte del público asistente mientras sonaba el himno de España. A mediodía, Ábalos comió en uno de los clubes privados más exclusivos de la ciudad, acompañado de destacados empresarios y apellidos ilustres de la ciudad. Para rematar su día sevillano, José Luis cenó en casa de un conocido periodista, una cena privada a la que acudieron el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Disfrutaron de un excelente jamón, buñuelos de sobrasada, ajoblanco, bacalao y unas deliciosas torrijas de postre, todo ello regado con buenos vinos, mientras el ex ministro contaba anécdotas de su vida que eran celebradas por los asistentes. “Ábalos fue muy feliz en Sevilla”, dijo después el anfitrión.

¿Te imaginas que el primer párrafo fuese cierto, y que además algunos medios lo contasen con esa mezcla de naturalidad y peloteo? Pues ocurrió hace unos días, tal cual. Ah, pero el protagonista no era José Luis Ábalos, sino el rey emérito, Juan Carlos. Aplaudido en los toros, agasajado por la elite local, celebrado en una cena a la que no faltaron el presidente andaluz y el alcalde sevillano, y todo ello contado con gracia por la prensa del corazón, y por la que no es del corazón pero lo parece cuando se trata del ex rey.

Pero bueno, Isaac, no vas a comparar a Ábalos con el ex jefe de Estado, no seas demagogo. Es cierto: Ábalos está sentado en el banquillo, probablemente será condenado, lleva meses en prisión y sometido estos días a escarnio público por sus actos; mientras Juan Carlos es un hombre libre, que no ha tenido proceso judicial, que disfruta un “exilio” dorado, se pasea por España sin que nadie le pida cuentas, y todavía es tratado con guante de seda por parte de la prensa y la clase política. Ningún parecido. Ni siquiera en el dinero que uno y otro se embolsaron.

Me perdonaréis lo facilón de comparar la humillación pública de Ábalos con la rehabilitación acelerada de Juan Carlos, un día tonto lo tiene cualquiera. Me he contenido varios días, pero este jueves estaba viendo una conocida tertulia televisiva de las mañanas, cuando entró en ella el mismo periodista radiofónico que organizó en su casa la cena para el rey. Se puso a comentar la sinvergonzonería y cutrez de Ábalos con sus novias a las que ponía sueldo y piso; un lamentable espectáculo “que encima coincide con el inicio de la campaña de la renta”, dijo el indignado periodista. Al terminar su comentario, la presentadora del programa le preguntó cómo había encontrado al rey durante la cena en su casa. “Está espléndido, le vi espléndido”, dijo tan contento. Y ahí ya salté y me puse a chillarle a la tele como un energúmeno.

Le pregunté al periodista (bueno, a la tele) si entre las espléndidas anécdotas que el espléndido Juan Carlos contó en la cena a sus invitados (incluidos el presidente de la Junta y el alcalde, insisto) estaban sus espléndidas comisiones millonarias, sus espléndidas cuentas en el extranjero, su espléndida evasión fiscal o, atención, su espléndida relación con Corinna Larsen, a la que no alquiló un pisito en la Plaza de España sino que le arregló (reforma pagada por todos) una casa de Patrimonio Nacional en el Monte del Pardo (pagada por todos), con servicio y vigilancia (pagados por todos); y a la que no enchufó en una empresa pública, sino que se la llevaba en sus viajes oficiales (pagados por todos) para que ella aprovechase e hiciese sus negocios.

De verdad que me sigue pasmando la facilidad con que algunos, que siempre están indignadísimos con la corrupción, aceptan la corrupción (y la impunidad) del rey emérito, y lo consideran ya agua pasada que merece no solo perdón, sino también rehabilitación y homenaje. Ea, ya se me pasa, vuelvo a indignarme con Ábalos y Koldo, ya está, ya está.

Hace de esto muchos años, vi una película en la que un rebaño enorme de ovejas se despeñaba entero por un acantilado sin explicación posible. Hace menos, en la realidad, más de 200 ovejas reaccionaron de la misma manera en los Pirineos, despeñándose. Nadie tenía una explicación aunque la más verosímil es que estaban huyendo de un oso al que nadie había visto.

Más bonita es esta otra historia. La pelota, el baseball, se desarrolló tanto en Cuba y otros territorios hispanos porque los insurrectos y revoltosos filibusteros boicoteaban las corridas de toros que organizaban los capitanes generales de la metrópolis. A ellas asistían la gente bien en un acto de afirmación patriótica de los valores españoles en ultramar mientras que la gente menos bien, para no actuar de figurantes, se organizaba para jugar pelota de manera ostentosa practicando un deporte yanki como símbolo de la emancipación. Hoy en día son los mejores del mundo.

Son dos maneras distintas de afrontar el desengaño, el disgusto, la contrariedad. El fatalismo, por un lado, la autoexclusión, por otra. Un desengaño que lleva al desánimo y este a la reclusión, el aislamiento. En la versión política, el desengaño lleva a la abstención en ausencia de soluciones más imaginativas.

La de Andalucía, la más festera, ha sido utilizada literalmente como un plató televisivo con un seguimiento y programación exhaustiva en beneficio de la persona de Moreno Bonilla como no se veía, con otros medios, desde la irrupción inteligente en las cofradías sevillanas por parte de Queipo de Llano

Hubo un tiempo en el que la abstención era una actitud revolucionaria, no participar, hoy, es un suicido político, en el momento de la mayor revolución conocida de las derechas a escala mundial. Una revolución que no es silenciosa ni siquiera pacífica y que abarca con mucha inteligencia el territorio de lo simbólico, bien anclado en los medios de comunicación, una parte muy activa de la mencionada revolución.

El ejemplo de la finada Semana Santa es muy elocuente. La de Andalucía, la más festera, ha sido utilizada literalmente como un plató televisivo con un seguimiento y programación exhaustiva en beneficio de la persona de Moreno Bonilla como no se veía, con otros medios, desde la irrupción inteligente en las cofradías sevillanas por parte de Queipo de Llano. El virrey castellano ya había probado con éxito su estrategia del camión.

El colofón, el domingo de Resurrección, la gran corrida. Un medio sevillano habla de la reaparición del rey honorífico Juan Carlos —que sigue disfrutando de honores reglamentarios— en términos taurinos como si se hubiera retirado, cortado la coleta, a Emiratos. Reaparece junto con un torero que nunca tampoco había desaparecido. Un rey, un torero y un falso doloroso. El aquelarre es tal que se presenta la corrida como un acto contra Pedro Sánchez. Y Felipe rey, sin que lo digan los antisistemas reaccionarios, el menos interesado en que reaparezca.

En estos marcos, la desactivación del voto progresista no puede ser un triunfo del desengaño ni de la derrota ante la batalla cultural de la reacción. Y duele, lo sé, que sea sobrevolando la miseria y los miserables de la política, los que la debilitan desde sus sillones reales o prometidos, o desde sus pozos tuiteros. La milituiteancia o las expresiones mediáticas más burdas de tanta mediocridad no pueden acabar con la política real, con la batalla de la clase trabajadora demócrata contra un oso que sí existe.

Entre tirarse por el acantilado y jugar a la pelota hay resquicios y solo el voto responsable los llena. Abstenerse no es una opción, por mucho desengaño y actitudes miserables que se produzcan. Hay siempre una urna para un demócrata, para un progresista.

El rey emérito Juan Carlos I ha reaparecido este Domingo de Resurrección en la Real Maestranza en Sevilla coincidiendo con la vuelta del diestro Morante de la Puebla al coso taurino. Un cartel que han completado Roca Rey y David de Miranda y que dio comienzo a las 18.30 horas en una de las citas más importantes de la temporada.

La información, adelantada por Mundotoro, mencionaba que el monarca no ocuparía el tradicional palco de los maestrantes ni una localidad institucional, como así ha sido. Acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, el rey emérito se ha sentado en el palco de la Real Maestranza de Caballería, de la que fue Hermano Mayor, junto al actual teniente, Marcelo Maestre de León.

El público le ha recibido con una ovación. Aficionado a las corridas, el emérito contempló la faena del recién nombrado Medalla de Andalucía a la Cultura y al Patrimonio 2026.

La visita despertó algunas reacciones, como la de PACMA. Desde la organización lanzaron un comunicado en el que expresaban “su rechazo” ante el regreso del emérito, por suponer “una nueva exaltación pública del maltrato animal”. Su presidente nacional, Javier Luna, resaltaba que “la sociedad española está avanzando en términos éticos mucho más rápido que las instituciones y, desde luego, que determinadas figuras públicas que siguen en su misma línea, aunque les haya costado su imagen”. En este sentido, recordaba el episodio de los elefantes de Botsuana en 2012 y exigía “un posicionamiento claro de las instituciones contra la caza real y en favor del bienestar animal”. 

183 días al año

Juan Carlos I no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. Tenía intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), pero el conflicto en Oriente Medio se lo impidió.

El emérito se marchó por sorpresa en agosto de 2020. Al principio, y en un contexto de pandemia, se mantuvo casi dos años sin pisar suelo español. Permaneció en la capital de Emiratos Árabes Unidos mientras la Fiscalía de su país le investigaba por posibles delitos fiscales. Desde que en 2022 el Ministerio Público archivó esas pesquisas –no porque no cometiera los hechos, sino porque consideró que estaban prescritos o que le amparaba su inviolabilidad–, tardó apenas dos meses en visitar España.

Sean para acudir a regatas, a consultas médicas o a celebraciones familiares, los viajes del rey emérito a España siempre han sido de unos pocos días y sin pernoctar en el Palacio de la Zarzuela ni en ninguna otra dependencia del Estado. Si superase los 183 días al año en el país, tendría que pagar aquí sus impuestos, algo que no hace desde que vive en Abu Dabi, salvo por las dos regularizaciones con las que pagó más de cuatro millones de euros para evitar una imputación por fraude fiscal.

Cabe recordar que a raíz de la desclasificación de los documentos sobre el 23F, el PP reiteró su deseo de que el rey emérito regresase a España. Sin embargo, la propuesta no fue secundada por el resto de partidos y, desde Casa Real, se respondió con que podía volver cuando quisiera, pero con una condición: que también fije su residencia fiscal en el país que reinó durante casi 40 años y que ha seguido visitando a menudo desde que lo cambió por Abu Dabi.

El PP echa de menos a Juan Carlos de Borbón. Aprovechando que la desclasificación de los documentos sobre el 23F no desveló novedades relevantes sobre su papel en el intento de golpe, Alberto Núñez Feijóo manifestó que “sería deseable que el rey emérito regresara a España”. Una petición en la que se quedó bastante solo: ni la secundaron otros partidos ni parece que en la propia Casa Real haya generado entusiasmo. Zarzuela respondió que puede volver cuando quiera pero le puso una condición: que también fije su residencia fiscal en el país que reinó durante casi 40 años y que ha seguido visitando a menudo desde que lo cambió por Abu Dabi.

Juan Carlos I se marchó por sorpresa en agosto de 2020. Al principio, y en un contexto de pandemia, se mantuvo casi dos años sin pisar suelo español. Permaneció en la capital de Emiratos Árabes Unidos mientras la Fiscalía de su país le investigaba por posibles delitos fiscales. Desde que en 2022 el Ministerio Público archivó esas pesquisas –no porque no cometiera los hechos, sino porque consideró que estaban prescritos o que le amparaba su inviolabilidad–, tardó apenas dos meses en visitar España.

Ese primer viaje estuvo rodeado de una gran expectación, que incomodó tanto a la Casa Real como al Gobierno. Cientos de personas le recibieron entre gritos de “Viva el rey” en el Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra). Allí acudió a una regata a bordo de su velero ‘Bribón’ y fue agasajado por autoridades locales y amigos millonarios. Fue donde pronunció su famosa frase “¿explicaciones de qué?”, cuando una periodista le preguntó si iba a rendir cuentas ante su hijo sobre sus finanzas.

Antes de volver a Abu Dabi pasó por Madrid, donde mantuvo con Felipe VI un encuentro discreto durante más de 10 horas que Zarzuela no incluyó en su agenda y de la que tampoco difundió imágenes. El Gobierno se mostró contrariado por cómo se desarrolló esa primera visita. Su entonces portavoz, Isabel Rodríguez, manifestó que “podría haber sido mucho más cuidadoso” y que perdió “una oportunidad que los españoles esperaban de dar explicaciones, de pedir perdón”. En ese momento también estaba pendiente de juicio por supuesto acoso a su examante Corinna Larssen, en un proceso ante la Justicia británica que acabó desestimado.

Desde entonces pasó casi un año hasta que el padre del actual monarca volvió a pisar España, pero a partir de ese momento se multiplicó la frecuencia de sus viajes. También pasaron a ser visitas más discretas, sin baños de masas, sin tanta exposición mediática y en la mayoría de ocasiones sin contacto con su hijo. Se desconoce cuánto gasta el Estado en su seguridad durante estas estancias, pese a que han solicitado esa información diputados de partidos como ERC, Compromís y el BNG, medios de comunicación como Maldita.es e incluso el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Su plan favorito en esos desplazamientos sigue siendo el que protagonizó la primera vez: subirse a bordo del ‘Bribón’ en Sanxenxo. Ahí su gran anfitrión es su amigo Pedro Campos, empresario y presidente del Real Club Náutico de la localidad. Juan Carlos de Borbón suele quedarse en su casa y disfrutar de regatas y mariscadas en compañía de su entorno. Además de sus visitas a Galicia, también es frecuente que pase por Vitoria. A esa ciudad no va tanto por ocio sino por motivos de salud: acude a consultas médicas en la clínica de su también amigo Eduardo Anitua.

Excluido de actos públicos, invitado a encuentros familiares

En otras ocasiones ha participado en eventos familiares, que la Casa Real ha tratado de acotar al ámbito privado. Fue el caso de la celebración de la mayoría de edad de la princesa Leonor, en octubre de 2023. En ese momento, el rey emérito fue excluido de los actos oficiales en los que la heredera al trono juró la Constitución y recibió el Collar de la Orden de Carlos III, pero sí participó después en una “celebración familiar y de carácter privado”, según describió entonces Zarzuela.

Dos meses después, regresó a Madrid para otro encuentro familiar: el 60 cumpleaños de la infanta Elena. La hermana mayor de Felipe VI consiguió reunir en un restaurante de Madrid a toda la familia, incluidos los reyes padre e hijo y las reinas Letizia y Sofía. No era una hazaña fácil, en un momento en el que el monarca actual había decidido poner aún más distancia con su predecesor.

Ya en el último año, los homenajes por los cincuenta años de la Transición democrática han repetido el esquema del 18 cumpleaños de Leonor. Juan Carlos I fue apartado de todos los actos institucionales que conmemoraban el aniversario del proceso democrático que él protagonizó, pero sí viajó a Madrid para participar en la comida privada con la que la Familia Real festejó la efeméride en el Palacio de El Pardo. Juan Carlos I también tenía intención de visitar Sanxenxo en marzo, pero finalmente decidió quedarse en Abu Dabi y sin planes de ser evacuado pese a la situación de Oriente Medio.

Sean para acudir a regatas, a consultas médicas o a celebraciones familiares, los viajes del rey emérito a España siempre han sido de unos pocos días y sin pernoctar en el Palacio de la Zarzuela ni en ninguna otra dependencia del Estado. Si superase los 183 días al año en el país, tendría que pagar aquí sus impuestos, algo que no hace desde que vive en Abu Dabi, salvo por las dos regularizaciones con las que pagó más de cuatro millones de euros para evitar una imputación por fraude fiscal.

Uno de los principales criterios que sigue la Agencia Tributaria para exigir que una persona pague sus impuestos en España es que pase más de la mitad del año aquí, con algunos matices. Es lo que motivó, por ejemplo, el caso Shakira, que se centró en investigar cuántos días había pasado la cantante en el país en unos años en los que no declaraba en él sus ingresos.

Por tanto, si Juan Carlos de Borbón decidiese volver a residir en su país tendría que someterse a las reglas fiscales españolas. Esto no solo implicaría que declare aquí su IRPF. También debería aflorar qué patrimonio tiene en el extranjero y, si recibiese donaciones de otras personas –él no tiene ingresos conocidos desde que su hijo le retiró la asignación que recibía como miembro de la Familia Real–, estas tendrían que tributar entre el 34 y el 81%. Son cuestiones que tendrá que valorar si finalmente decide volver y cumple con la exigencia que la Casa Real le ha dejado clara: “recuperar la residencia fiscal en España”.

Juan Carlos I ha decidido cancelar su viaje al municipio pontevedrés de Sanxenxo, a donde estaba previsto que llegase el próximo jueves, y permanecer en Abu Dhabi.

El padre de Felipe VI se “encuentra bien” de salud, está acompañado por su nieto Froilán, y la decisión de permanecer en el país reponde a motivos de seguridad ante la guerra de EEUU e Israel en Oriente Medio.

Así lo trasladaron a Europa Press fuentes cercanas al exjefe del Estado, que indicaron que podría haber salido del país emiratí hace varios días, pero fue su propia decisión permanecer allí.

En un comunicado difundido la semana pasada, la Casa Real advirtió al rey emérito que si quiere regresar a España, tendrá que “recuperar la residencia fiscal” en el país, unas condiciones asentadas con el fin de “salvaguardar su imagen y reputación”, así como “la de la Corona”.

Estaba previsto que el rey Juan Carlos I recalase en Sanxenxo el próximo jueves, día 12 de marzo, para participar en las regatas que se disputarán durante el fin de semana en la localidad.

Su regreso generaba gran expectación mediática, ya que se produciría en un contexto marcado por la desclasificación de documentos relacionados con el 23F y la posibilidad de que Juan Carlos I volviese a residir en España.

La Historia nos aproxima a la realidad mientras la ficción nos explica la verdad. Por eso las novelas históricas venden muchísimos más ejemplares que los libros de Historia. La mayoría de las personas buscan la verdad, con frecuencia su propia verdad, y respuestas simples a preguntas complejas, reducidas también con frecuencia a un acto de fe. De aquí el éxito del libro deslumbrante de Javier Cercas, Anatomía de un instante, y su amplificación con la serie televisiva dirigida con maestría reconocida por Alberto Rodríguez e interpretada por unos actores en estado de gracia. La serie, como no podía ser de otra manera, es fiel a la verdad de Javier Cercas y, por consiguiente, los personajes homéricos de Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, no nos dejan ver el bosque y el soto bosque, poblado de civiles y militares, así como la pluralidad de escenarios patrios e internacionales oscurecidos por el relámpago atronador de Antonio Tejero Molina. 

El novelista critica a los historiadores su dejadez respecto al golpe de Estado del 23-F, al cual no duda en calificar como “el mito fundacional de la democracia española” (sic). Nadie puede discutir el valor y el mérito de la novela sin ficción, donde no hay nada inventado, de Javier Cercas publicada en 2009 sobre un tema que había generado ríos de tinta de calamar. Yo mismo destaqué en la reseña publicada en El Periódico de Catalunya la magistral descripción del trío protagonista, del trío de soberbios salvapatrias (Alfonso Armada, Milans del Bosch y Antonio Tejero), y del Rey fuera de plano con el sugerente comentario del propio autor: “El mensaje [televisivo] del Rey constituía una condena del golpe de Tejero, no necesariamente una condena al golpe de Armada”. Y añadía el escritor una confesión a modo de frontispicio de su obra: “No puedo asegurar que todo lo que cuento a continuación sea verdad, pero puedo asegurar que está amasado con la verdad y que sobre todo que es lo más cerca que yo puedo llegar de la verdad, o de imaginarla”. Así pues, Anatomía de un instante es la verdad de Javier Cercas.

Los historiadores cocinamos a fuego lento, nuestros condimentos son los documentos de todas las especies y nuestro oficio es el difícil arte del contexto. Nosotros no imaginamos, sino que contrastamos y validamos nuestras fuentes para construir una infraestructura historiográfica común que permita interpretaciones diversas. Cercas no tiene por qué leer trabajos académicos, como la tesis doctoral de Roberto Muñoz Bolaños, dirigida por el catedrático de Historia Contemporánea Álvaro Soto Carmona, defendida en el año 2012, con un aparato documental envidiable donde destacaban el sumario del juicio del 23-F puesto a su disposición por el letrado de Antonio Tejero, las memorias inéditas del teniente general Andrés Casinello La huella que deja el tiempo al pasar (publicadas en 2022) y la documentación de los archivos norteamericanos. Pero sí, si continúa con su afán de pontificar, la obligación de leer, entre otros, su libro El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición, derivado de su trabajo académico, publicado por la editorial Espasa en 2021.

Agradecemos sinceramente a Javier Cercas todo lo que ha escrito sobre el 23F, así como su petición al presidente del Gobierno para desclasificar todos los documentos relativos al golpe. No obstante, nos molesta su protagonismo excesivo, su soberbia innecesaria y su ira a sartenazos ante los discrepantes, sobre todo con los historiadores que intentamos hacer, sin prisas, pero sin pausas, lo mejor posible nuestro trabajo en las aulas, en los debates académicos y, cuando se nos deja, en los medios de comunicación. Todo acompañado de nuestro compromiso profesional, cívico y democrático en defensa de la preservación de las fuentes documentales públicas y privadas, sin las cuales nos tendremos que remitir a novelas tan estupendas como las que escribe Javier Cercas y otros escritores. En este sentido, merece la pena destacar la revelación hecha por Julián Casanova de la reunión mantenida el 16 de enero de 2025 en el Palacio de la Moncloa por el presidente Pedro Sánchez con un grupo de historiadores para atender la petición de preservar, catalogar y desclasificar, la documentación referida al 23F, la previa y la posterior, y la derogación de la ley sobre Secretos Oficiales de 1968. 

Al PP le ha parecido buena idea salir a defender que ya es hora de que Juan Carlos I vuelva a España una vez que los documentos desclasificados del 23F no contradicen la versión oficial sobre su papel como garante de la democracia. Pero la Casa Real ha cortado de raíz este debate, al trasladar que Juan Carlos de Borbón puede volver cuando quiera siempre y cuando traslade a España su domicilio fiscal, que es lo mismo que cerrarle la puerta al regreso. En paralelo tenemos en el Reino Unido a un hijo de reina y hermano de rey al que se le retira el título de príncipe para frenar la sangría de popularidad que asola a la familia real británica tras el último escándalo de uno de sus miembros más destacados.

Con los periodistas de elDiario.es Aitor Riveiro y María Ramírez repasamos cómo se ha dado forma legal e institucional a la degradación oficial de una condición que se supone viene por herencia divina. Con María de la Serna, profesora del Máster en Dirección de Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Europea, analizamos cómo hacen las monarquías para mantenerse en sociedades democráticas y parlamentarias. 

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No se sabe qué es peor. Que en Génova no sepan qué hacer o que tengan una idea. Lo primero puede ser un error. Lo segundo a veces es una catástrofe. El viernes, Feijóo tuvo una idea que le pareció fenomenal. Castigar al Gobierno, apoyar a la monarquía y aprovechar una noticia que estaba en todos los titulares. Tres por el precio de uno. Una jugada maestra. Todo eso con un solo tuit. Es un genio.

Una vez desclasificados 153 documentos sobre el golpe del 23F, el líder del PP vio su oportunidad. Hora de echar un cable a Juan Carlos. Debería volver a España para quedarse. Es culpa del Gobierno que no esté aquí y los papeles confirman que es un héroe. En Zarzuela se llevaron un susto de muerte. Y tuvieron que reaccionar. Seguro que no desean ningún mal a Feijóo, pero lo que hicieron fue hundirlo en la miseria. Que es un lugar en el que el líder del PP ha estado demasiadas veces. 

Ojo cuidao. Muy pronto, Génova se ocupó de comunicar dos cosas. En primer lugar, había sido una iniciativa personal de Feijóo. Una idea suya desde el principio al final. Lo otro es que había llamado media hora antes a Zarzuela para que Felipe VI estuviera enterado. Qué detalle. Así el rey tuvo 30 minutos para golpearse con la cabeza en la pared y decir: no, otra vez no. 

No es la primera vez que el PP afirma que le gustaría que Juan Carlos regrese a España y abandone su residencia de lujo, que a saber quién paga, en los Emiratos. Por ahí, nada nuevo. Pero Feijóo quiso sacar pecho y presentarse como un gran defensor de la monarquía, no como ese Pedro Sánchez que quiere cargársela. Hasta que Felipe VI le sacó de su ensoñación y se vio obligado a hacer algo que no quería. Básicamente, para desmentir a Feijóo y volver a recordar a su padre lo que ya sabe.

La Casa del Rey entregó a todos los periodistas que preguntaron este texto que no es muy difícil de interpretar: “Como ya se ha dicho, Don Juan Carlos puede volver a residir en España cuando él quiera. En tal caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución, Don Juan Carlos debería recuperar su residencia fiscal en España”.

Ouch. Eso ha dolido. Un guantazo en toda la cara. Por decirlo de otra manera, un puñetazo a Feijóo propinado en la cara del exrey. Relacionar la estancia de Juan Carlos en el extranjero con cualquier cosa relacionada con los impuestos –los que no pagó cuando amasó una fortuna en el extranjero– es lo que esperas que escriba alguien en elDiario.es. Pero no Felipe de Borbón, rey de España, jefe de Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas. 

La Casa del Rey recuerda a Feijóo que Juan Carlos no está sufriendo ningún exilio o que el Gobierno le impida volver. “Puede volver a vivir en España cuando él quiera”. Lo peor viene después. Debe dejar claro su situación fiscal, como si eso fuera complicado, para proteger su imagen y, lo más importante, la imagen de “la Corona como institución”. Traducido en términos menos amables: vamos a ver si dejamos de tocar los cojones con el regreso de Juan Carlos no sea que pongamos en peligro el futuro de la monarquía.

El regreso definitivo de Juan Carlos no es tan fácil por razones fiscales. Las declaraciones de Zarzuela en nombre del rey apuntan a ese obstáculo y lo dejan todo a expensas de una decisión del padre de Felipe VI. Tiene que regularizar su situación fiscal si pretende pasar en España al menos 183 días en el país. Para conocer en detalle lo que supone, este artículo de Álvaro Celorio lo explica muy bien. No le saldrá barato. Debe declarar todas las rentas percibidas en cualquier país del mundo, incluidas las ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones con independencia de dónde esté su cuenta de valores.

En relación al Impuesto de Patrimonio, “debería hacer una declaración informativa, a través del conocido modelo 720, de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero si superan los 50.000 euros. Y aquí estaría el nudo gordiano, ya que si aflora patrimonio que no declaró en sus anteriores regularizaciones, podría enfrentarse a nuevos desafíos legales”, dice el artículo. Si financia su estancia en España con sus fondos en el exterior o con donaciones entregadas por sus amigos empresarios, todo eso también tiene consecuencias fiscales. 

El problema se podría solucionar en parte si Felipe VI vuelve a conceder una asignación económica anual a Juan Carlos con cargo a los fondos que los presupuestos del Estado entregan a la Casa del Rey. No es fácil porque la razón que adujo el rey para quitársela fue que su padre contaba con una fortuna en el extranjero. Por tanto, si quiere regresar, tendría que llevar a cabo un ejercicio de transparencia que quizá no quiera hacer. Parece claro que Felipe VI no tiene la intención de perjudicar la imagen de la monarquía, y la suya propia, con más tratos de favor. Ni siquiera permitiendo que Juan Carlos vuelva a residir en el Palacio de la Zarzuela.

El PP ha exigido que el Gobierno de Pedro Sánchez se defina en público a favor de la vuelta del antiguo monarca. Si lo hiciera, el Gobierno estaría poco menos que dando órdenes a Felipe VI. Las condiciones que ha puesto el rey a su padre dejan claro en principio que es Juan Carlos quien tiene que dar los pasos necesarios para hacer posible el regreso, no el Gobierno. 

Hay mendrugos en la derecha mediática que siguen diciendo que Juan Carlos fue “desterrado”, se supone que por el Gobierno. No les importan los hechos conocidos sobre la fortuna en Suiza del exmonarca o los comunicados de Zarzuela. Seguro que creen que los escribe Bolaños desde un sótano. Frente a tanta estupidez, conviene escuchar lo que dijo esta semana Carlos Alsina en Onda Cero: “Lo segundo que ocurrió, inusual, es que la Casa del Rey quiso que se supiera que don Juan Carlos ni está desterrado, ni está exiliado, ni está nada. O sea, puede regresar cuando él quiera”. Alsina continuó diciendo que “parece obvio que, sin el tuit de Feijóo, la Casa del Rey no habría dicho ni media palabra”. 

Gran jugada, Alberto. Te hemos dejado en recepción el carné de miembro honorario de Izquierda Republicana. 

153 documentos del 23F de un interés escaso

En términos de transparencia democrática y memoria histórica, el mayor crimen en la Transición fue cometido por Rodolfo Martín Villa, ministro de los gobiernos de UCD hasta 1982. Ese Martín Villa que aparece en fotos haciendo el saludo fascista cuando era gobernador civil de Barcelona en 1974. Como ministro de Interior, ordenó destruir la mayor parte de los archivos policiales del franquismo. Lo contó en un libro Óscar Alzaga, dirigente de UCD en esos años: “España es el único país de Europa que, tras cuarenta años de dictadura totalitaria durante nuestro siglo XX, ha destruido, siendo ministro del Interior Rodolfo Martín Villa y presidente del Gobierno Adolfo Suárez, sus archivos con los informes de las direcciones generales de Seguridad y de la Guardia Civil sobre las actividades de quienes desde la ilegalidad combatieron el franquismo”. 

Ese fue uno de los últimos servicios que Martín Villa hizo al franquismo en un intento de ocultar el alcance del aparato represivo de la dictadura. Por eso, pensar a estas alturas que una desclasificación de documentos del golpe del 23F iba a arrojar una luz definitiva sobre esos acontecimientos era demasiado ingenuo o demasiado bonito para ser verdad. Es una decisión que llega muy tarde y es inexplicable que se haya tardado tanto tiempo (no miro a nadie, Margarita Robles). 

Los hallazgos son mínimos. La mayoría de ellos había aparecido antes en libros publicados en años posteriores. Toda la documentación encontrada, según lo que ha dicho el Gobierno, se reduce a esos 153 documentos. No hay que ser un desconfiado para suponer que fueron destruidos los papeles que podían apuntar a personas concretas no conocidas en la preparación del golpe. A fin de cuentas, muchos integrantes de los servicios de inteligencia del Cesid estuvieron implicados, aunque al final sólo dos de sus miembros fueron condenados. 

Se ha hablado mucho de las transcripciones de las comunicaciones telefónicas realizadas entre el Congreso y otras sedes de la Administración en la noche del 23F. No se incorporaron al sumario de la investigación judicial, probablemente porque ya habían sido purgados. Como ha explicado Carlos Fonseca, la documentación aportada “es irrelevante para resolver las dudas sobre los meandros del golpe que arrastramos desde hace cuarenta y cinco años”.

Los papeles cuentan “muy poco o nada del contexto previo o de la gestación del golpe”, escribe el historiador Gutmaro Gómez Bravo. Ese es el mayor agujero. “Todo lo que ha trascendido a lo largo de estos años evidencia que no fue una acción militar aislada, sino que tuvo una coordinación con una potente estructura organizada con anterioridad”. En el juicio sólo fue acusado y condenado Juan García Carrés de la que se llamó la trama civil, que ya se ve en las conversaciones que era un personaje estrafalario, como el personaje de cómic Martínez el Facha. 

Siempre he pensado que si Juan Carlos hubiera estado implicado en el golpe, este habría triunfado de una manera u otra. Y no fue eso lo que ocurrió. Pero lo que hizo antes del golpe, su interés manifiesto en deshacerse de Suárez y su relación con Alfonso Armada son asuntos muy diferentes. Escribí sobre ello en este artículo a cuenta de las relaciones –idílicas al principio y tormentosas al final– entre Suárez y el rey. Pero ese es un tema que es improbable que haya sido conservado en documentos por lo que decía antes. Lo que podría resultar incriminatorio o sospechoso habrá sido probablemente eliminado.  

Razón de más para que el Congreso apruebe una Ley de Secretos Oficiales, una tarea pendiente desde hace varias legislaturas. Ni el PSOE ni el PP han mostrado un gran interés a lo largo de los años.

Imagino a Felipe VI escuchando las alabanzas a su padre esta semana: otra vez la contribución democrática de papá, de nuevo su determinación contra el golpe… Pero ahora el concernido soy yo, ha debido de pensar. En efecto, él se la juega en este lance: un rey que ni debe traer a su padre ni abandonarlo. 

Juan Carlos se marchó en 2020, seis años después de abdicar forzado. Desde entonces, el rey Felipe ha mantenido con él una distancia abismal, hasta el punto de no invitarle a participar en el cincuentenario de su propia coronación, en noviembre pasado. Su ausencia fue como la de un muerto, pero más incómoda. Si esto fuera una serie se titularía “Los dos dilemas del heredero”. 

El primer dilema, el rechazo de la herencia, se refiere a hasta dónde Felipe VI puede repudiar a su padre. En su día se distanció de él, pero si hubiera roto del todo cuestionaría su propio reinado: su legitimidad procede de él. Le retiró la asignación pública, le apartó de todos los actos oficiales y renunció a la herencia monetaria: esos cien millones de la Fundación Lucum en Suiza, y otros 15 en el paraíso fiscal de Jersey, eran el cuerpo del delito. No podía cobrarlos. Pero la propia idea de rechazar la herencia deviene problemática para un rey: al fin y al cabo, el legado más evidente es la propia corona.   

El segundo dilema, el del castigo simbólico, se aviva con el debate de su regreso. El comportamiento fiscal de Juan Carlos fue tan antipatriota que merecía una condena. Regularizó una parte del dinero eludido al fisco, otra había prescrito y la tercera no pudo ser juzgada por los tribunales, porque él goza de inviolabilidad según la Constitución. Para resolver la sensación de impunidad sin tocar la arquitectura de la inviolabilidad, Felipe VI le impuso un castigo simbólico. Eso es Abu Dabi: la cárcel dorada en la que no se paga IRPF; el destierro gozoso que permite regatear en Sanxenxo… 

En ese equilibrio el rey había encontrado comodidad, que ahora trata de replicar con las dos condiciones que impone al padre para su regreso a España: que no viva en Zarzuela y que tribute en España. No parecen grandes exigencias: pagar como todos los españoles y no habitar en la residencia del jefe del Estado, puesto que no lo es. Pero Juan Carlos no quiere. Para Felipe VI esta situación genera una nueva estabilidad: no puede venir como quiera, pero sí cuando quiera.

Los dos dilemas, no obstante, siguen atando el nudo gordiano del reinado de Felipe VI. En cuanto al sentido de la oportunidad de Feijóo, no sé qué le dirá la reina cuando se encuentre con él la próxima vez. Para entonces Juan Carlos ya habrá aumentado la frecuencia de sus viajes a España, eso sí, manteniendo su residencia fiscal en Abu Dabi. Quizá nos avergüence de nuevo.

Hay algo que se me hace inaceptable en el debate de su regreso. Si pudo cometer sus abusos de poder y delitos fiscales fue gracias al capital simbólico que obtuvo durante la asonada golpista. Su papel fue crucial, por eso se miró para otro lado durante décadas. El hecho de que Feijóo tome pie en el 23F para pedir su regreso equivale a recuperar algo de aquella ingenuidad. El problema es que no podemos ver al emérito con los ojos del 81. Ahora sabemos que la inviolabilidad no es un concepto abstracto, sino millones de euros concretos eludidos al fisco, o sea, a todos.

Con el tiempo comprendimos que el apego democrático de Juan Carlos en 1981 se sustentaba en la simbiosis: él necesitaba la democracia para legitimarse y la democracia lo necesitó a él aquella larga noche de febrero. Hemos conocido esta semana, con precisión futbolera de minuto y resultado, que aquel día lo hizo todo bien. Pero seguimos sabiendo lo de después. Intuimos que, si sus convicciones hubieran sido profundas, a partir de 2008 se habría percatado de que la corrupción genera desafección democrática. Y habría prescindido de la cuenta en Suiza. Su hijo sí conoce ese rechazo. El día que el emérito fallezca deberá sólo medir la pompa exacta del funeral. Y entonces, por fin, Felipe VI podrá estar tranquilo: sus dilemas empezarán a disolverse. 

Vitoria, en la Transición, era una ciudad que bullía. Antes incluso de la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, las fuerzas de seguridad del régimen ya tenían detectada la existencia de movimientos opositores, tanto de izquierdas como nacionalistas. Igualmente, la ultraderecha estaba movilizada. Lo que se muestra a continuación son informes, publicaciones, pasquines o simplemente notas manuscritas decomisadas entre 1975 y 1978 por la Guardia Civil -que tuvo en parte de esa época como su responsable en Vitoria a Antonio Tejero- y por el Cuerpo General de Policía, que no es el mismo organismo que la Policía Armada protagonista del 3 de marzo de 1976. Es un material facilitado por el Archivo de Álava y, en algunos casos, forma parte de expedientes con el sello de “Confidencial”. Complementa un reportaje de reconstrucción de los hechos ocurrido hace ahora medio siglo, también basado en este material.

Hay un protocolo. No cualquiera puede llegar al santoral. Pero en la Iglesia Católica es compatible una vida de pecados con alcanzar la santidad. No puntúa la media, el día a día de una trayectoria vital. Tampoco descalifica el error, por grave que sea. Pero sí son imprescindibles dos cosas: el milagro y la virtud heroica. 

Se puede ser ladrón y después santo, como San Dimas. Pecadora y santa, como María Magdalena. O cruel perseguidor de los cristianos y luego santo, como San Pablo.

Es el modelo católico de santidad con claroscuros que hoy nos propone Alberto Núñez Feijóo para Juan Carlos de Borbón. El rey emérito cometió “errores innegables”, reconoce el líder de la oposición. Pero “paró el golpe de Estado” y debe “pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

La tesis es clara. Y a ella se han sumado esta semana otros dirigentes del PP, aprovechando la desclasificación de la documentación del 23F que aún conservaba el Gobierno bajo secreto. Unos papeles escasos, incompletos y que aportan francamente poco, pero que la inmensa mayoría de los medios de comunicación han querido presentar como la prueba del milagro del santo rey Juan Carlos. La demostración definitiva de su virtud como gran salvador de la democracia española. 

Los agujeros en esa tesis siguen siendo enormes. Casi tan grandes como la documentación sobre el golpe de Estado que sigue sin aparecer y que probablemente fue destruida muchas décadas atrás. Solo han llegado al siglo XXI unos pocos pinchazos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981: las llamadas de la mujer de Antonio Tejero, lamentando el destino del “tonto desgraciao” de su marido; o la conversación que tuvo Tejero, desde el Congreso, con el ultra García Carrés. Son transcripciones de pinchazos telefónicos cuya existencia demuestra lo mucho que aún sigue oculto o se destruyó. Si estas llamadas se grabaron, ¿alguien cree que todas las demás no?

Sabemos ya mucho del 23F. Del papel del rey en sus comienzos, del que tuvo en su resolución. Es evidente que Juan Carlos de Borbón alimentó el caldo de cultivo del golpe, con sus desprecios al presidente Adolfo Suárez, sus presiones para que dimitiera, su calculada ambigüedad ante el malestar militar y su falta de firmeza democrática ante aquellos que le hablaban de un “golpe de timón”. También es innegable que la intervención del rey por televisión fue determinante y supuso el fracaso definitivo de la asonada. Y menos mal. Aquella madrugada, con los tanques en las calles de Valencia y el resto de las divisiones pendientes de su decisión, Juan Carlos de Borbón hizo lo correcto y evitó un mal aún mayor.

No hay ninguna prueba que demuestre que el rey estaba al tanto de lo que ocurriría el 23F. Pero sigue siendo una incógnita el verdadero papel que desempeñó el general Alfonso Armada, el hombre de la máxima confianza de Juan Carlos de Borbón. Si actuaba por libre, o a las órdenes del rey o solo inspirado por los reiterados desprecios contra Suárez del Borbón.

La sentencia del 23F condenó a Alfonso Armada a 30 años de cárcel, la misma pena que Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch. En 1988 fue indultado por el Gobierno de Felipe González. Salió poco después, con la excusa de su delicada salud. Una salud tan mala que pudo vivir otro cuarto de siglo tras su excarcelación.

Hace año y medio supimos algo más, un detalle importante: lo que Juan Carlos de Borbón le contó en la intimidad de la alcoba a una de sus amantes, Bárbara Rey: “Armada estuvo siete años en la cárcel y jamás ha dicho una palabra”. Las preguntas son evidentes: ¿Qué sería eso, tan importante, que el general Armada se calló? ¿Tuvo que ver su silencio con el indulto que recibió?

En esa misma conversación con Bárbara Rey, donde elogia la lealtad del golpista Armada, Juan Carlos de Borbón también lamenta lo mucho que habló Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real durante el golpe. El exministro José Bono, en el último volumen de sus memorias, recoge una interesantísima conversación con Sabino, donde explica la reunión previa al golpe que el rey mantuvo con otro de los sublevados, el general Milans del Bosch.

“Sabino juzga extremadamente relevante esta audiencia. Cree que Milans «quizá entendió lo que dijo el rey de tal manera que pudo ser desencadenante involuntario del 23 de febrero. De lo que no tengo duda es de que el rey le dijo a Milans que la situación era insoportable, que había que tomar alguna decisión, porque esto se lo escuché con posterioridad. Es decir, le dijo lo que Milans venía a contarle. 

Continúa Sabino: «El rey lloró el 23-F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso, y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero ¿esperaba algo? Yo creo que esperaba algo acorde con la ley, porque Alfonso Armada le había llevado un escrito de un famoso catedrático de Derecho Constitucional que proponía que el rey se presentara personalmente en el Congreso de los Diputados y, después de un discurso en el que destacase la mala situación de España, propusiera un Gobierno presidido por un independiente, previsiblemente Armada. Al rey no le gustaba tener que ser él quien se presentara ante el Congreso. Le advertí de que se trataba de una proposición contraria a la Constitución, ¡menos mal que estaba yo allí!».“

¿Me dijo Sabino la verdad?“, se pregunta Bono en su libro. ”No puedo demostrarlo. De lo que estoy seguro es de que cuanto relato responde fielmente a sus declaraciones“.

Hay otra duda legítima, que tampoco resuelven estos documentos. ¿Qué habría pasado si Tejero hubiera aceptado el plan de Armada: un gobierno de concentración nacional bajo su presidencia? ¿Se habría emitido también ese mensaje del rey en defensa de la Constitución? El orden de los factores es importante. Esa condena televisiva del rey al golpe de Tejero solo se hizo pública cuando el golpe de Armada ya había fracasado. Siete horas después del asalto del Congreso.

Pero la beatificación del rey Juan Carlos que plantea Alberto Núñez Feijóo no solo hace agua porque estos nuevos papeles siguen sin aclarar las grandes incógnitas del 23F. El presidente del PP también olvida tres datos importantes cuando plantea que se permita al emérito regresar a España en esta última etapa de su vida.

El primer olvido: que no hay ninguna condena de destierro que haya que indultar. Juan Carlos de Borbón es un ciudadano libre que puede volver a España cuando le dé la real gana. De hecho lo hace habitualmente, pasa largas temporadas aquí.

El segundo olvido: que la razón por la que el rey se fue a Abu Dabi nunca fueron las dudas sobre su papel durante el 23F. Salió de España porque se lo pidió su hijo, Felipe VI, que hizo bien en marcar distancias con los fraudes ante Hacienda de su padre y esa fortuna millonaria que escondía en paraísos fiscales.

El tercer olvido: que el verdadero problema de su regreso a España es su residencia fiscal, como ayer puso sobre la mesa la propia Casa Real. Si duermes más de 183 días al año en España, es obligatorio tributar también en este país. Y declarar todos sus ingresos y patrimonio ante Hacienda.

En España los impuestos son bastante más altos que en Emiratos. Las donaciones de alguien que no es un familiar, como los millones que habitualmente le pagaban sus “hermanos” de las monarquías saudíes, tributan entre el 34% y el 81%.

El rey emérito también tendría que aclarar si ya ha devuelto los cuatro millones de euros que le prestaron algunos de sus amigos millonarios para así poder pagar las multas a Hacienda. Hace pocos meses, en elDiario.es desvelamos en exclusiva el contrato de uno de esos préstamos al rey. Firmó un 3% de interés anual y hay solo dos opciones posibles, ninguna buena para su asesor fiscal. Si el rey no ha devuelto ese dinero, ese préstamo podría ser considerado como una donación encubierta. Y si lo hizo, tendría que aclarar de dónde salió el dinero para pagar. 

La Iglesia católica solo perdona los pecados si hay arrepentimiento, algo de lo que el rey carece, a juzgar por lo publicado en sus memorias. Y en la tradición católica, la virtud heroica se acredita al final de la vida, no en un momento de gloria del pasado. Los santos pasan del pecado a la virtud, y no al revés. Feijóo propone exactamente lo contrario: beatificar al rey por lo que hizo hace cuatro décadas e ignorar lo que ha hecho desde entonces.

Juan Carlos de Borbón lleva sus últimos años en Emiratos Árabes Unidos, disfrutando de su fortuna, sin pedir perdón por nada. El milagro del 23F, si es que ocurrió, fue hace mucho tiempo. Y desde entonces, el santo ha caído.

Como fichas de dominó cayendo una sobre otra, la desclasificación de los archivos del intento de golpe de estado del 23-F ha abierto el debate sobre el potencial retorno del rey emérito Juan Carlos I a España, una vuelta que pasa, sí o sí, por que el antiguo monarca establezca de nuevo su residencia fiscal en España, ha advertido la Zarzuela.

El rey emérito lleva ya cinco años residiendo en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y desde entonces ha efectuado dos regularizaciones con Hacienda por las que abonó más de cuatro millones de euros. El retorno a España, más allá de volver al país que reinó durante casi cuatro décadas, supondría volver a la disciplina fiscal de la Hacienda española y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.

Según varios expertos en fiscalidad consultados por elDiario.es, el precio de su vuelta podría ser elevado, toda vez que el emérito carece de rentas conocidas desde que el rey Felipe VI le retiró su asignación del presupuesto de la Casa Real y cualquier potencial donación de alguno de sus colegas que le han dado cobijo durante este lustro podría enfrentar un gravamen de hasta el 81%. Eso, sin contar las tarifas por el patrimonio que declare en el extranjero.

183 días en España y pagar el IRPF

El primer requisito para el retorno ante los ojos de Hacienda, el más conocido, es permanecer 183 días en el país, aunque con matices, ya que las ausencias esporádicas contabilizan como tiempo de estancia –el caso más conocido es el del fraude fiscal que reconoció la cantante Shakira– y también si la mayor parte de actividades o intereses económicos están en el país. El emérito ha vuelto puntualmente a España para realizarse chequeos médicos o participar en regatas a bordo del Bribón, pero no lo suficiente como para recuperar la condición de contribuyente.

Ahora bien, la condición que ha impuesto la Zarzuela para el retorno de Juan Carlos I a España parece seguir la estrategia del palo y la zanahoria. El premio, volver a España. El palo, el alto precio fiscal y reputacional que supondrá para el rey emérito hacer un desglose completo de sus cuentas y activos en el extranjero.

El primer frente que tendrá que abrir el rey emérito será el IRPF. El Estado exige declarar en el país las rentas percibidas en cualquier parte del mundo, con deducciones para evitar la doble imposición. “Todas: intereses, dividendos, alquileres de todo el mundo, ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones tengas tu cuenta de valores en España o en Suiza… España no es un paraíso fiscal y las rentas generales pueden llegar a tributar fácilmente casi al 50%. Y las rentas del ahorro, van en un cajón aparte que pagan entre el 19% y el 30%”, explica el fiscalista Alejandro del Campo, socio fundador de DMS Legal Intelligence, un bufete con sede en Palma de Mallorca con experiencia en la tramitación de residencias fiscales para contribuyentes extranjeros.

Aflorar su patrimonio en el extranjero

Pero, además, el emérito debería hacer frente al Impuesto de Patrimonio, bien a través de la comunidad autónoma donde fije su residencia, bien a través del Impuesto de solidaridad para las grandes fortunas que creó el Gobierno central para tapar los agujeros que dejaban algunos Ejecutivos regionales, singularmente los del PP en Madrid o Andalucía.

Vinculado a este último, el emérito debería hacer una declaración informativa, a través del conocido modelo 720, de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero si superan los 50.000 euros. Y aquí estaría el nudo gordiano, ya que si aflora patrimonio que no declaró en sus anteriores regularizaciones, podría enfrentarse a nuevos desafíos legales.

“Si ya tenía un patrimonio en el exterior cuando hizo estas declaraciones complementarias, podrían no tener validez porque no eran completas. Tendría que aclararse de dónde sale ese dinero. Y algún ejercicio estaría todavía sin prescribir”, advierte el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Carlos Cruzado, ya que, por cuantías, podría tratarse de delitos fiscales agravados, que tienen un periodo de prescripción de diez años.

Las donaciones de amigos: un impuesto del 34% al 81% de la cuantía

Otro potencial roto al bolsillo del emérito serían los pagos por parte de sus amigos jeques que presuntamente costean su estancia en el extranjero. El emérito carece de una asignación por parte de la Casa Real y, como se quejó amargamente en sus memorias, tampoco cobra una pensión. ¿Quién pagaría su estancia –y dónde– tras esa potencial vuelta a España?

El monarca podría recibir transferencias por parte de sus patrocinadores, pero estas tendrían que pasar sí o sí por el Impuesto de Sucesiones o donaciones. Está cedido a las autonomías, que aplican diversas deducciones o bonificaciones, pero en el caso de Juan Carlos I, la tarifa podría oscilar entre el 34% y el 81%.

“Si el rey emérito se hace residente y recibe una donación de algún colega suyo, de algún jeque, le hará tributar por esa transmisión aunque se haya producido en cualquier lugar del mundo. Porque ahora, siendo residente de Emiratos Árabes Unidos, si un jeque le hace una transferencia de 1.000 millones de euros, en España no declara nada porque es una donación de bienes en el extranjero a una persona que, hoy por hoy, no es residente fiscal”, apunta Del Campo.

El portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, detalla el funcionamiento del impuesto de donaciones en el supuesto de una entrega entre personas sin relación familiar: “Con carácter general se parte de un tipo del 7%-8% mínimo que se va incrementando en función del grado de parentesco de quien te da la donación o la herencia. No es lo mismo heredar de padres a hijos que recibir de unos tíos o de un desconocido”. “Otro factor es el patrimonio que tiene el que recibe, que también incrementa la tarifa”, puntualiza.

Así, una persona que reciba una donación o herencia de más de 800.000 euros, el tramo a partir del cual se aplica el 34% del impuesto, por parte de alguien que no es familiar y cuenta con un patrimonio de más de 400.000 euros, ya tendría que abonar un 64%. Que podría elevarse hasta el 81% en el caso de que el receptor tenga un patrimonio de más de 4,2 millones de euros, previsiblemente el caso del emérito, de acuerdo con los cálculos de Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Entonces, ¿le compensa al emérito volver en estas circunstancias? “Fiscalmente, no le sale muy a cuenta volver porque ahora está en un lugar donde se pagan pocos impuestos. Ahora, si quiere venir a morir a España y hacer residencia fiscal en España, tendrá que pagar aquí, no hay otra manera”, asevera Gimeno.

Del Campo, experto en asesorar fiscalmente a grandes patrimonios, lo tiene claro: “A muchos clientes que tienen muchísimo dinero les digo: ‘Es verdad que sale caro, pero si quieres calidad de vida… ¡Cómprala!”.

“Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”. Así planteó el pasado jueves Alberto Núñez Feijóo un debate en el que solo le han seguido sus correligionarios en el PP. Ni el Gobierno ni los demás partidos del arco parlamentario han abundado en una polémica con escaso eco social. Tampoco la Casa Real, que asegura que la vuelta de Juan Carlos I depende exclusivamente de su voluntad, y que niega haber puesto en marcha un proceso de repatriación de Juan Carlos de Borbón. Eso sí, Zarzuela le advierte de que para retornar tendrá que fijar su residencia fiscal en España.

Feijóo publicó su mensaje en Twitter a cuenta de la desclasificación parcial de documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Una información que no modifica en lo sustancial el papel que tuvo Juan Carlos de Borbón durante el fallido alzamiento militar, pero que ha servido al PP para situarse como primer defensor público del ex jefe del Estado.

Desde la Casa Real aseguran que el movimiento de Feijóo fue unilateral. No pactó previamente el sentido del mensaje, y solo avisó de que lo iba a publicar al jefe de la Casa, Camilo Villarino, con media hora de antelación. 

En los días previos, el líder del PP tampoco habló con Zarzuela sobre el movimiento que iba a hacer. Ni siquiera el mismo miércoles que se publicaron los documentos desclasificados, cuando Feijóo coincidió en persona en el Senado con Felipe VI durante el homenaje al libro El Rey. Tras el acto oficial, las autoridades presentes fueron invitadas a un ágape en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Alta. Tampoco ahí hablaron al respecto.

En Zarzuela aseguran que nadie más se ha dirigido al equipo de Felipe VI para abundar en lo planteado por Feijóo. Ni antes, ni después. Las fuentes de la Casa Real consultadas por elDiario.es sí son conscientes del deseo de Juan Carlos de Borbón de regresar a España antes de fallecer.

Este mes de enero, el ex jefe del Estado cumplió 88 años y, pese a lo que ha trasladado recientemente a través de algunos amigos que le han visitado recientemente, como el locutor Carlos Herrera o el expresidente del Gobierno José María Aznar, su estado de salud es delicado. “A través de su entorno ha llegado la información de que quiere regresar”, aseguran en la Casa Real. También en sus recientes memorias plantea este deseo: “Espero, mientras viva, tener una jubilación tranquila, retomar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España, a mi hogar”.

¿Y puede regresar Juan Carlos I a España? La respuesta es que sí. Así lo afirman tanto el Gobierno como la propia Casa Real. “Es su decisión”, apuntan desde Zarzuela. “Si quiere volver, puede volver”, añaden. Eso sí. Hay, al menos, una condición: “Debería fijar aquí su residencia fiscal”.

Porque Juan Carlos de Borbón reside desde 2020 en Abu Dabi por decisión propia y para escapar tanto de las autoridades españolas como suizas, que investigaban a nivel administrativo y judicial la procedencia de fondos del rey emérito ocultos a las respectivas haciendas públicas. La Fiscalía dirigida por Alejandro Luzón anunció en marzo de 2022, tras varios años de investigaciones, que archivaba las tres diligencias penales que mantenía abiertas contra él.

La capital de Emiratos Árabes no tiene acuerdo de extradición y su fiscalidad es opaca. Hace dos años El Confidencial publicó que Juan Carlos de Borbón había puesto en marcha otro vehículo financiero en dicho país para aglutinar toda la fortuna que tiene dispersa por el mundo. Sus hijas, Elena y Cristina de Borbón, también forman parte de esta sociedad.

Lo que no explica la Casa Real es si Felipe VI quiere que regrese su padre a España.

Ayuso: “¡Que viva el rey!”

Al mensaje de Feijóo le siguieron el de otros barones y dirigentes de su partido que salieron a refrendar lo dicho por su jefe de filas. La más vehemente fue la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien este mismo viernes acusó al Gobierno de extender una “cortina de humo” con la desclasificación de documentos del 23F y, a la vez, afirmó que estos papeles salvan la cara del rey emérito en toda su trayectoria.

“Nada en el Gobierno de [Pedro] Sánchez es real, y todo siempre es una trampa”, dijo. “¿Qué hemos encontrado?”, se preguntó, para responderse a sí misma: “Nada”. Aun así, Ayuso afirmó que están “muy orgullosos de esta institución que ha estado siempre al servicio de España”. Una institución, añadió, “a la que queremos, a la que tanto debemos, tanto a la institución como a esta familia. Y por eso estamos profundamente orgullosos de lo que somos como nación”. 

“¡Que viva el rey!”, espetó Ayuso, quien dijo que España le debe mucho a la monarquía “desde hace siglos” y aseguró que Juan Carlos de Borbón es “muy querido”, pese a que prácticamente no se publican encuestas al respecto y la última vez que el CIS preguntó algo parecido fue en 2015.

El mismo día, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, aseguró que “sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España”.

El “charco” de Feijóo

Nadie se ha sumado, de momento, al planteamiento de Feijóo. Ningún partido secunda su petición, ni siquiera Vox. De hecho, la relación de la ultraderecha con la Casa Real no pasa por un buen momento. Tal y como publicó ‘El Periódico’, el partido de Santiago Abascal protestó formalmente ante Zarzuela por los mensajes que Felipe VI emite sobre Venezuela, Donald Trump y Mercosur. O por sus críticas a la polarización y al derecho internacional. Abascal, sus dirigentes y sus terminales han enmudecido sobre este asunto en plena campaña de purgas de enemigos internos.

Abascal criticó, además, a Feijóo por estar “mordiendo el anzuelo” de Sánchez, a quien acusó de estar “todo el día lanzando señuelos” con temas como la vuelta del rey o el 23F para “distraer” a la opinión pública. “Es un gran error abrir en este momento determinados debates porque es lo que quiere Pedro Sánchez”, zanjó este viernes.

Felipe VI, en un brete

En Moncloa creen que el líder del PP se ha metido “en un charco” al abrir un debate que no existía. “Al Gobierno ni le perjudica ni le beneficia”, señalan fuentes gubernamentales, que dejan la pelota de la decisión en el tejado de Zarzuela. “No es un tema que nos preocupe”, señalan en el equipo del presidente, en el que aseguran que no es un asunto que se haya abordado nunca en los contactos rutinarios con la Casa del Rey en los últimos años. 

Lo que argumentan en Moncloa es que “es un tema interno de Casa Real” y que así se lo han transmitido en los últimos días, después de que Feijóo lo sacara del cajón. “Depende exclusivamente de él” y “en su caso, de la Casa Real”, resumió el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. La reacción del Gobierno enervó a Feijóo quien, tras las declaraciones de Bolaños, aseguró en una declaración a los periodistas que “no vale” que el Ejecutivo “no tenga opinión” sobre Juan Carlos de Borbón. “El Gobierno debería decir qué es lo que piensa y aclarar su postura” añadió. Una frase que denota intencionalidad en la estrategia del PP.

La distancia con Juan Carlos I la marcó precisamente Felipe VI, quien en 2020 anunció su intención de renunciar a la herencia de su padre, un patrimonio manchado por su procedencia desconocida. A juicio de una de las fuentes gubernamentales consultadas, la decisión del actual rey pone negro sobre blanco que “sabe que tiene dinero fuera” y que “es lo único que los españoles no le perdonarían”. De ahí que Zarzuela invite al emérito a volver siempre y cuando sitúe su residencia fiscal en España, con lo que debería aflorar ese dinero y tributar por él. 

En el Ejecutivo creen que Feijóo ha puesto en un brete al actual monarca. “La desclasificación de los papeles del 23F en un primer momento para el PP era una cortina de humo. Posteriormente, utilizan los papeles desclasificados para inventarse una polémica en la que ni más ni menos meten a la Casa Real”, expresó la vicepresidenta en una entrevista en la Cadena SER. 

Los documentos desclasificados, que incluyen una nota —sin ninguna firma pero bajo el poder del Ministerio del Interior— que asegura que existió una “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” para implicar a Juan Carlos I en el golpe de Estado, se han utilizado para avalar su papel. Sin mencionarlo expresamente, el propio Sánchez se refirió al estado de ánimo de la derecha. “Hoy ya están todos contentos”, dijo en un mitin el líder socialista tras referirse a las críticas previas recibidas por la decisión.

Sin embargo, en Moncloa sostienen que desconocían lo que había exactamente en los papeles cuando tomaron la decisión de desclasificarlos, si bien se fiaban del criterio de los historiadores que apuntaban a que no había ya gran cosa. Así, niegan que haya sido una operación para blanquear el emérito o una pista de aterrizaje para su vuelta o pensando en una futura muerte. “Cuando suceda, ya lo veremos. Hay poca planificación”, dice una de las fuentes gubernamentales consultadas. 

El Gobierno minimiza los efectos de esa situación y apunta a que se encontraría una solución para su vivienda si él lo reclamara, aunque los detalles sobre una posible vuelta no se han llegado a abordar en profundidad con la Casa Real. “No creo que el PSOE pierda votos por tratar con dignidad al emérito. Los españoles nunca le han quitado el mérito de la transición ni sus tropelías en los últimos años lo ponen en cuestión”, concluyen en Moncloa.