“No cuesta ni un euro de dinero público”. Esta ha sido la frase más repetida por el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde el anuncio del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Los dirigentes han querido distanciarse desde el primer minuto de la sombra de València, donde el circuito dejó un agujero estimado en más de 300 millones de euros. Para ello, uno de los principales argumentos ha sido la promoción y financiación del evento a través de Ifema. Esto es, un consorcio público-privado cuyos fondos proceden en un 62% de las administraciones madrileñas: el Ayuntamiento aporta el 31% y el Gobierno autonómico, otro porcentaje idéntico.

El gasto y la estabilidad presupuestaria de este consorcio es solo uno de los frentes económicos que desmienten las afirmaciones de Almeida y Ayuso. Las millonarias inversiones en actos y campañas promocionales o la ejecución de obras públicas como efecto colateral de la llegada de Madring también engrosan los fondos destinados al trazado.

A pocas horas de que la competición y el dispositivo de seguridad o el de movilidad arranquen, desgranar todas estas partidas ayuda a arrojar una cifra estimada del verdadero coste de la Fórmula 1 en las arcas públicas y de lo plausible o no de que el retorno económico lo compense.

La millonaria y comprometida inversión de Ifema

El gasto de Ifema en el evento es el más directo y transparente. El proyecto, que redefine el modelo de esta entidad, ha supuesto un gasto de 171,5 millones de euros solo en obras: 68,1 millones para erigir los nuevos pabellones y 103,4 en la propia construcción del circuito (ambas cifras incluyen IVA). Ambos contratos han sido adjudicados a la empresa Eiffage Construcción, en el segundo caso junto a Acciona. Este segundo y mayor compromiso incluye 22,5 millones dirigidos a distintos proyectos urbanizadores en Valdebebas (alumbrado, saneamientos, aparcamientos...); 21,9 a pavimentación y otros trabajos mayores en el propio circuito; 35,6 para instalaciones temporales de la pista (vallas, barreras o un centro médico); 12,2 para otras estructuras temporales (pit lane o terrazas vip) y 1,2 millones para seguridad y salud. A ello añade 12,1 millones de gastos generales, además de otros menores. El beneficio industrial previsto es de 5,6 millones.

Ifema destina además un millón de euros anual, 10 en la duración total del contrato del Gran Premio, en asistencia legal y abogados especializados en el ordenamiento jurídico anglosajón ante las “complejas negociaciones” de la Fórmula 1. Todos estos fondos han hecho saltar las primeras señales de alarma. No solo por los dos años de pérdidas que, según fuentes municipales, el Gran Premio causará en la sociedad que gestiona el palacio de congresos y exposiciones (por la inversión en obras y la pérdida de nichos de negocio como la organización de festivales de música). Más notorio si cabe es que, según su balance de cuentas publicado el 31 de diciembre de 2024, el consorcio público-privado calcula un posible impacto negativo a sus cuentas que se puede elevar hasta 270 millones de euros si se produjera algún incumplimiento en el contrato firmado con la organización de las carreras.

Según dicho informe, al final del periodo contratado (en el año 2036, pues el acuerdo es por diez años), la entidad garantiza que se producirían “resultados positivos”. Fuentes de Ifema preguntadas al respecto por este periódico sostienen que, de acuerdo a sus estimaciones actuales, “los ingresos derivados de la ejecución de este proyecto serán suficientes para soportar los compromisos económicos del mismo”. Unas previsiones que también se encuentran en la hemeroteca valenciana, como se ha encargado de recordar Mónica Oltra en una reciente campaña junto a Rita Maestre.

El papel de Ifema es más comprometido si cabe ante la falta de otros inversores externos, algo en lo que confiaban los promotores del evento y las administraciones más directamente implicadas. El único acuerdo cerrado es con la multinacional suiza Match Hospitality. Se ha encargado de diseñar, construir y comercializar las zonas reservadas en el paddock del Gran Premio entre 2026 y 2036 con una inversión total de 400 millones de euros. Como ya hace en otras carreras del calendario, se ocupará de generar los paquetes turísticos, organizar caterings o coordinar los accesos a zonas reservadas. Esta millonaria aportación no repercute en una compensación de otros gastos de Ifema, solo reduce el dispendio al no tener que invertir en las tareas mencionadas. Es lo que buscaban para cubrir la construcción del circuito y otras muchas inversiones de calado, en los demás casos sin éxito.

Campañas y actos promocionales

Además de la vía Ifema, el Ejecutivo de Cibeles y el de Sol han acometido gastos directos asociados a Madring. Principalmente dirigidos a campañas y actividades de patrocinio. El más reciente lo aprobó el Ayuntamiento el pasado 3 de septiembre: 1,9 millones de euros a través de la empresa municipal Madrid Destino, que validó la aportación en su último consejo de administración. La partida no estaba contemplada en el presupuesto original de la empresa pública, lo cual hizo necesaria una aportación adicional y extraordinaria.

Esta cantidad se une a otros 1,9 millones que también pone la Comunidad de Madrid dentro de la misma estrategia promocional, Destination Signage Package. El coste total asciende a cinco millones de euros completados por Ifema con 1,2 millones (que se suman a los 182,5 de otras partidas por parte del consorcio para completar los casi 183 millones de gasto). Estos desembolsos permiten a Ayuntamiento, Comunidad e Ifema obtener el derecho de asociación al Gran Premio de España, que organiza la propia Ifema.

Pero este tipo de gastos vienen de largo. De hecho, el primero a nivel cronológico de toda la lista está asociado a eventos publicitarios. Fue en julio de 2023, cuando el Gobierno de Ayuso firmó un contrato negociado sin publicidad con Red Bull para promocionar la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Valorado en 200.000 euros, permitió que monoplazas de la escudería corriesen por el centro de la ciudad, incluidas zonas protegidas dentro del Paisaje de la Luz. La Comunidad de Madrid fue el patrocinador único y se garantizó estar “visible” durante el acto “en todo momento”, a través de la presencia en carteles, rotulaciones de todos los elementos del circuito en torno a Cibeles o vídeos promocionales. El contrato también recogía la reclamación de 30 pases VIP para el evento para el equipo de Ayuso. El Ejecutivo regional canceló dos años más tarde una iniciativa similar en Sol, cuyo coste ascendía a 121.000 euros.

Para redondear las operaciones publicitarias cuyos números han trascendido (en casos como los trenes de Metro customizados con 8.000 vinilos de la F1 los pormenores del patrocinio no son públicos), la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior formalizó el pasado 11 de agosto un contrato por valor de 167.354 euros para promocionar productos alimenticios de Madrid durante el Gran Premio. Adjudicado sin concurrencia previa a la compañía Tragsatec, entre las acciones que contempla el contrato al que ha tenido acceso este medio está la instalación de cuatro food trucks y la preparación de 30 menús de productos con denominación de origen de la Comunidad a un precio de 221 euros cada uno.

Así, el conjunto de gastos promocionales directos conocidos hasta el momento por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid supera los 4,1 millones de euros. Si se añaden los 1,2 millones de Ifema, la cantidad alcanza los 5,3 millones.

Obras cuya razón de ser es la Fórmula 1

El grueso de los trabajos del circuito y las instalaciones los asume Ifema en los 137 millones de euros para la construcción. Sin embargo, una infraestructura de este calibre suele llevar acarreadas intervenciones menores de acondicionamiento. El propio Almeida reconoció en un acto durante el arranque del curso político que el Consistorio colabora con Ifema para “reducir o mitigar las molestias de ruido” y planteó como una de las opciones la “instalación de pantallas protectoras”. Un estudio avisa de que 14.000 personas se exponen a niveles de ruido por encima del límite legal, por lo que estos elementos parecen imprescindibles. Aunque estaban previstos desde primera hora, las palabras del alcalde sugieren que su implementación será superior a la esperada y el Ayuntamiento colaborará en esas labores.

Sin embargo, hay una estructura concreta que se creará ex profeso debido al trazado y cuyo coste puede estimarse. Se trata de la pasarela de ganado que el Consistorio e Ifema construirán sobre la M-11 para poder desviar la Vereda de los Leñeros, la historia vía pecuaria desviada para erigir Madring. Después de que Más Madrid y entidades ecologistas incluyesen la posible desaparición de este camino como una de sus alegaciones al proyecto, los promotores de la Fórmula 1 diseñaron esta alternativa para evitar que la Justicia pusiera reparos al proyecto (en particular aplicando unas medidas cautelares que habrían cancelado la primera edición). El puente, que debe salvar hasta doce carriles, incorpora dos descansaderos, uno antes y otro después del paso por la M-11. También una amplia curva después de pasar por la autopista para luego discurrir en paralelo a la calle Ribera del Sena, hasta finalizar en la glorieta Juan de Borbón.

Un ingeniero de caminos consultado por Somos Madrid ofrece una horquilla de “entre 6 y 10 millones de euros” al calcular el coste de esta edificación. “Es un proyecto singular. No hay apenas precedentes, ya que para el ganado no se hacen casi pasarelas, en todo casos ecoductos. Cuando diseñé un ecoducto bastante sencillo costó 5 millones de euros, y es menos complejo a nivel estructural que esa pasarela. Eso sería el presupuesto de ejecución material, al que hay que sumarle el precio de la redacción del proyecto, en torno al 10% de la ejecución material. Por eso diría que el mínimo serían 6 millones de euros, tirando muy al optimismo, y el máximo se movería en torno a los 10”, expone este profesional que prefiere no revelar su identidad.

Dudas y opacidad ante el verdadero retorno económico

La suma de la inversión de Ifema, los gastos en patrocinios de Comunidad y Ayuntamiento y la cifra estimada para la pasarela del ganado en su horquilla más baja arrojan una gasto que ya se sitúa cerca de los 200 millones de euros. Todo ello en su perspectiva más positiva, sin asumir que las administraciones madrileñas asuman nuevos dispendios para publicidad, logística u obras. Y sin que se conozcan costes como la que ha colocado en pleno circuito la mayor bandera de España izada de la historia, un contrato que todavía no es público.

Pese a todo ello, otro gran argumento de los impulsores del proyecto es que cualquier gasto quedará compensado con el retorno económico. Después del anuncio oficial de la llegada a Madrid de la Fórmula 1, a principios de 2024, Ifema se apoyó en un informe de la consultora Deloitte para informar que la cita reportaría 8.200 empleos directos en la ciudad y una inversión anual por encima de los 450 millones de euros.

Sin embargo, el consorcio no ha publicado el origen o los datos que sustentan esos números. En una petición de transparencia a la que tuvo acceso este diario, el ente que preside José Vivente de los Mozos asegura que ofrecer acceso a esa información “podría llegar a ocasionar un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de Ifema Madrid”, por lo que se niega a hacer públicos los pormenores del estudio. La institución mantiene oculto este informe también por sus “obligaciones de confidencialidad”, debido a los “compromisos adquiridos” con Formula One World Championship (FOWC), la entidad que ostenta los derechos de la Fórmula 1. Pese a esa opacidad, ni el Gobierno municipal ni el autonómico han hecho públicos estudios de impacto económico propios. Es más, se han apoyado en el de Ifema y Deloitte para defender el aterrizaje del evento.

Por ello, para encontrar un contraste menos halagüeño es pertinente acudir a estudios generales sobre el impacto económico de la Fómula 1. El estudio The impact of Formula 1 on regional economies in Europe, publicado en la revista económica Regional Studies por Rasmus K. Storm (jefe de investigación en el Instituto Danés para Estudios Deportivos), concluye que ser sede del campeonato no reporta un impacto económico positivo reseñable en las economías regionales. En algunos casos, incluso, llega a ser negativo. Storm no observó aumentos importables ni sostenidos en PIB per cápita, turismo o empleo. No obstante, su análisis oscila entre 1991 y 2017, período en el que los ingresos generados eran sensiblemente inferiores al crecimiento del Mundial en los últimos cinco años.

Más Madrid ha arrancado un nuevo curso político apuntando a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a través de una lona desplegada en el distrito de Carabanchel. “Madrid no es un palco VIP”, recoge un cartel de grandes dimensiones que incluye la imagen de la dirigente regional y del inmueble que según su Gobierno la Comunidad de Madrid adquirió para utilizarlo como “oficina”.

Para el principal partido de la oposición, en cambio, se trata de un “aticazo” para uso personal que pasará factura a Ayuso. De hecho, la lona incluye la frase “chao, pescao” junto a la fecha de los próximos comicios autonómicos: el 23 de mayo de 2027. La líder del PP madrileño utilizó esa expresión coloquial el pasado 24 de agosto para rechazar dar más explicaciones sobre el caso: “Está en venta, chao pescao”, respondió ante las preguntas de la prensa.

La colocación del mensaje en la avenida de Nuestra Señora de la Valvanera, 73, ha sido adelantada por las próximas candidatas de Más Madrid a esas elecciones. Rita Maestre, portavoz municipal, se ha preguntado en declaraciones a la prensa desde su sede “para quién se gobierna”: “Hay áticos o palcos VIP para Ayuso, Almeida y sus amigos y desahucios o una vuelta al cole cada vez más cara para el resto de madrileños”, ha lamentado la concejala.

Maestre ha hilvanado así la campaña con la noticia adelantada por Somos Madrid: el circuito Madring promociona en la web oficial de la Fórmula 1 un piso turístico en el bloque donde una empresa quiere desalojar a una mujer de 82 años enferma de párkinson. Paquita está al corriente de pago, con mensualidades superiores a los 1.000 euros, pero la empresa Tolesanta quiere expulsarla para terminar de instalar alojamientos temporales en todo el edificio.

“Empezamos el curso político con ganas y con energía para demostrar para quién se gobierna en Nadrid. Esta ciudad no es un palco VIP, tiene que ser para quien la vive y quien la trabaja. Una ciudad más barata y más saludable”, ha zanjado la edil.

Para la ministra de Sanidad y candidata autonómica, Mónica García, “el verano ha retratado a Ayuso”. “Este va a ser su último año, marcado por el agotamiento de sus mentiras y el abandono de quienes la protegían (su partido o sus terminales mediáticas). El aticazo es el escándalo más obsceno en tres décadas de escándalos del PP madrileño. Nunca habían actuada con tanta obscenidad y con un agravante: la hemos pillado in fraganti. Es un ecándalo económico, político y moral. 6,3 millones de euros para financiar el tren de vida de Ayuso, con versiones que cambiaban cada 20 minutos”.

“Seguimos sin conocer el expediente concreto. Tampoco sabemos por qué se recurrió a una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, justo enfrente de la vivienda de la madre de Ayuso. Si no sabía nada ¿qué hacía visitándolo? ¿Por qué se compró como supuesta oficina un inmueble residencial?”, se pregunta García. Y añade: “Es un escándalo moral porque, mientras Ayuso va de lujo en lujo y de ático en ático, miles de madrileños no pueden acceder un alquiler por sus políticas. Jóvenes que no pueden crear proyectos de vida o deben hacer malabares para llegar a fin de mes en la región más cara de España”.

Uno de los alojamientos oficiales del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, un piso anunciado en la web oficial de Madring a través de su apartado hoteles, se ubica en el mismo bloque donde estuvo a punto de producirse un dramático desahucio el pasado julio. Situado en el número 6 de la calle Santa Ana, en la céntrica zona de La Latina, se trata del edificio donde reside Paquita. Una mujer de 82 años, enferma de párkinson, que se enfrentó a un desalojo pese a no tener deudas y haber abonado todas sus mensualidades (superiores a 1.000 euros).

Además, según el listado de viviendas que ha clausurado la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por operar sin licencia, varias viviendas de Uso Turístico deberían estar cerradas. Pese a ello, no solo siguen operativas, sino respaldada por uno de los principales eventos de la ciudad (impulsado a su vez por el Gobierno autonómico y el municipal).

La empresa Tolesanta, sancionada por los ruidos y molestias que han generado algunos de sus alojamientos turísticos (algunos de los cuales llegaron a ser clausurados), pretende destinar a este uso el edificio donde vive Paquita. Por ello, no le dieron alternativa alguna para que ella y su hijo de 47 años pudieran continuar allí, aunque hayan sido unos inquilinos intachables durante 28 años.

Desde el área de Urbanismo indican que en este emplazamiento “se procedió a dar ordenes de ceses a 12 viviendas de uso turístico”. De ellas, “siete restablecieron la legalidad ya que, tras las correspondientes visitas de comprobación, pudo acreditarse que en ese momento ya no se ejercia la actividad de vivienda de uso turístico”. Respecto de las 5 restantes, indican, “se encuentran en tramitación procedimientos de ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas a los efectos de hacer cumplir la resolución de cese a los interesados”.

Fuentes del departamento que lidera el concejal Borja Carabante también deslizan que el alojamiento podría aprovechar la figura del alquiler temporal, aunque en la práctica sea uno turístico, para eludir la necesidad de operar con un permiso: “El auncio de una vivienda en alquiler para los dias de la F1 podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”.

El drama de Paquita: “Es nuestra casa de toda la vida”

“¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en declaraciones a elDiario.es. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya. Si quieren que pague más, podríamos hablar”, apostillaba, para exponer la falta de negociación por parte de la compañía propiedad del empresario Alexander Couret. En 2024, facturó más de 1,4 millones de euros. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, lamentaba Paquita.

Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, un auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital aplazó el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones. Pero la paralización es solo temporal, la amenaza permanece.

Tolesanta ya he reconvertido la mayoría de pisos del edificio donde residen Paquita y su hijo en alojamientos temporales. Como tal opera Biztrip Latina, el inmueble que se publicita en el portal oficial de Madring. El precio es de 655 euros por persona y noche durante la celebración del Gran Premio, con llegada el 11 de septiembre (día de inicio) y salida el 14 (un día después de la carrera definitiva). En este período, los promotores obtienen 1.965 euros con un solo visitante. Casi el doble de la renta mensual que abona Paquita, que será su vecina durante la estancia.

Para la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, este caso ejemplifica que la Fórmula 1 se aleja de las previsiones de “prestigio” prometidas por el alcalde José Luis Martínez-Almeida: “Lo que está trayendo es un pelotazo económico, como estamos denunciando, pero ahora también sabemos que es un pelotazo inmobiliario vergonzoso de dimensiones internacionales. Parece increíble, pero sí, en la web de la F1 se alquilan los pisos turísticos ilegales que hay en el edificio de la calle Santa Ana, 6, en el que vive —más bien resiste— Paquita. La vecina a la que intentaron desahuciar hace unos meses para convertir el edificio completo en hotel”.

La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

“La cosa no acaba aquí. El Ayuntamiento permite comercializar una VUT cesada por la Agencia de Actividades como alojamiento oficial de la F1. Ya tenemos el pack completo: un edificio residencial, paradigma del Plan Expulsa de Almeida, convertido en negocio turístico con el sello internacional de la F1. ¡Vaya casualidad, ¿eh?! Esto es el Plan Reside funcionando exactamente como avisamos desde Más Madrid: mientras Almeida presume de proteger la vivienda, abre la puerta a que fondos buitre y operadoras turísticas se forren a costa de quedarse con edificios en el centro mientras expulsan a las vecinas y vecinos”, expone la líder de la oposición municipal.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Maestre opina que este controvertido anuncio es solo un reflejo simbólico de una dinámica generalizada: “Almeida sabe que los pisos turísticos de la calle Santa Ana son ilegales, pero no los cierra, como no cierra las miles de VUT en esta ciudad. En algún despacho de este Ayuntamiento a alguien le interesa que sigan abiertos”. Y añade: “La F1 no ha creado el problema, pero mira por dónde, está poniendo foco internacional a que Almeida ha convertido Madrid en un parque temático para especuladores. Exigimos a Almeida que cierre de inmediato los pisos turísticos ilegales, los de Santa Ana y todos los demás, y le exigimos explicaciones de cuántas viviendas se han sacado al mercado vinculadas al pelotazo de la F1”.

El anuncio de Madring subraya las características de La Latina a nivel de gastronomía o casticismo, esas mismas características que la especulación hace tambalearse: “Este apartamento está situado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la estación de metro de La Latina, uno de los barrios más emblemáticos y con más carácter de Madrid. La Latina es conocida por su excelente escena de tapas, donde conviven tabernas tradicionales, bares históricos y restaurantes modernos e innovadores. Es el lugar ideal para disfrutar de un aperitivo dominical o para recorrer El Rastro, el icónico mercadillo al aire libre de Madrid”.

El texto destaca la “ubicación céntrica” y “excelentes conexiones” de la estancia, aunque se tardan unos 50 minutos en llegar al entorno del Gran Premio en Ifema a través del transporte público. La propia página indica que entre un punto y otro median 9,88 kilómetros.

Madring dispara los precios (y las polémicas) de la turistificación

Las pestañas del portal de Madring dirigidas a hoteles y hospitality ejemplifican la contribución del proyecto a la turistificación y el alza de precios de los alojamientos. El portal incluye apartamentos y hoteles próximos a Ifema o Valdebebas, pero también en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el centro. Con ello, muchos visitantes pueden conocer el resto de la ciudad aprovechando el viaje. La tarifa media se ha disparado un 69,60% y alcanza los 485 euros frente a los 286 de 2025, según las cifras que maneja la plataforma de comercio hotelero Site Minder. La estancia media aumenta un 7,50%, para pasar de 2 días el año pasado en las mismas fechas a 2,15 días en torno al evento.

La de Paquita no es la primera controversia que ha surgido en torno a las viviendas turísticas y Madring. El PSOE de Madrid ha presentado una solicitud ante la Agencia de Actividades por la proliferación de alojamientos temporales sin licencia cerca del circuito. Los precios en sus anuncios para los tres días de competición superan en muchos casos ampliamente los 10.000 euros. Una de las ofertas alcanza incluso los 17.000 (en una casa con cuatro habitaciones para seis personas), dentro de lo que el concejal Antonio Giraldo define como una “clara lógica especulativa originada por el propio Gran Premio”. Queda por ver si, esta vez, la actuación de la Agencia es eficaz.

“Esto no es una cuestión de lo que gana el Real Madrid, esto es una cuestión de lo que gana la ciudad”, aseguraba esta semana el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, cuando los periodistas le pedían una valoración sobre lo que va a ganar el club merengue con la recalificación que su Gobierno aprobó en mitad de las vacaciones para sus terrenos de Valdebebas. El mandatario justificaba la operación asegurando que lo que allí se construirá provocará “atracción de talento” y “creación de empleo” en la zona.

Lo que va a ganar el Real Madrid con la recalificación son 185,49 millones de euros, solo contando con lo que pasan a valer los terrenos, sin necesidad de construir ni un solo edificio. La cifra la calcula un informe encargado por el Ayuntamiento de Madrid, necesario para la operación, que el área de Urbanismo adjudicó a dedo a la consultora Savills para poner en marcha esta recalificación. El citado estudio, al que ha tenido acceso Somos Madrid, calcula que los 172.550 metros cuadrados de aumento de edificabilidad terciaria que permitirá la recalificación valen 1.075 euros cada uno, lo que arroja la cifra antes citada.

La cantidad es mayor que el valor actual de los terrenos, calculado en 174,6 millones de euros por sus 360.000 metros cuadrados de edificabilidad en suelo deportivo. Es decir, el Real Madrid multiplicará por más de dos el valor de su parcela de Valdebebas cuando se complete la recalificación, el mayor incremento patrimonial en una operación de este tipo desde que Almeida es alcalde. Otros “pelotazos” sonados sobre los que llamó la atención la oposición fueron los planes especiales aprobados para El Corte Inglés en Méndez-Álvaro, donde la entidad comercial ingresó 29 millones de euros con la recalificación de centro comercial a oficinas, y el de la Ermita del Santo, con 64 millones de incremento de valor al convertir un antiguo centro comercial en viviendas.

La recalificación es una herramienta legal que utilizan los ayuntamientos para promover actuaciones urbanísticas a través del incremento del valor del suelo, permitiendo otros usos hasta ese momento no previstos. En el caso del Real Madrid, el equipo de Almeida le concede levantar oficinas, un hospital y hasta una universidad en terrenos de su ciudad deportiva de Valdebebas todavía sin uso. El ordenamiento le permitiría además construir viviendas de corta estancia de tipo flex living, que empiezan a abundar en Valdebebas.

Debido a lo lucrativo de la operación, el Real Madrid deberá ceder al Ayuntamiento un espacio para la construcción de equipamiento público, con 35.311,51 metros cuadrados de suelo, además de la cesión correspondiente al 5% del incremento de aprovechamiento urbanístico, que el expediente cifra en 17.400,147 metros edificables. Y deberá pagar también las cargas de urbanización necesarias para llevar a cabo el proyecto, que el estudio económico cifra en 73,5 millones e incluyen zonas verdes, urbanización interior, nuevas infraestructuras y actuaciones sobre el viario.

Además, la operación incluye la cesión gratuita de zonas verdes sobre las que el consistorio tendrá que actuar. Este nuevo parque, que formará parte del Bosque Metropolitano y contará con 16 hectáreas, rodea convenientemente todas las nuevas instalaciones que el club blanco podrá construir, separándolas de las grandes carreteras que rodean al complejo a través de un talud verde. También se incluye en estas cesiones el espacio verde que rodea al conocido como arroyo de la Plata, una pequeña vía de agua que atraviesa el complejo.

Un “pelotazo gigantesco” que puede superar los 500 millones

Aunque las cifras del informe económico que forma parte de la documentación del proyecto son enormes y suponen la mayor recalificación aprobada por Almeida, algunos economistas cuestionan sus cifras por considerarlas demasiado bajas. Es el caso del exdelegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que pone en duda los cálculos con los que se ha elaborado. “La memoria económica es lamentable, insuficiente”, asegura el ahora profesor de la Universidad Complutense que cree que el valor real de la operación puede superar los 500 millones de euros, atendiendo al valor de otras operaciones inmobiliarias similares en la zona. El propio Florentino Pérez llegó a afirmar en su última campaña electoral, en respuesta a un proyecto de su rival Enrique Riquelme, que toda la ciudad deportiva valía más de 1.000 millones de euros.

Sánchez Mato cree que el valor real de estos terrenos aflorará en el futuro, cuando el presidente del Real Madrid ponga en marcha la entrada de capital privado en el club o bien cuando establezca algún tipo de asociación para llevar a cabo la construcción de los negocios planeados, que incluya una tasación del suelo ya recalificado. “Entonces veremos la magnitud de lo que ahora se ha aprobado”, añade. Hasta entonces la valoración de lo que considera un “pelotazo gigantesco” se eleva a los 185,49 millones de euros antes citados.

El exdelegado de Hacienda municipal considera que la operación implicará una “rentabilidad salvaje”, por lo que ha presentado una llamada de atención ante las instituciones comunitarias. En concreto ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, como adelantó El Salto este viernes. Según el documento al que también ha tenido acceso Somos Madrid, se pide investigar un posible trato de favor hacia este club privado por parte de las administraciones públicas.

Cuenta Sánchez Mato que el Real Madrid lleva persiguiendo esta recalificación desde hace años. Lo sabe de primera mano, porque se la solicitó a él mismo el propio Florentino Pérez en los tiempos de Manuela Carmena como alcaldesa. Por aquel entonces se negó a tramitarlo porque consideraba que la operación no tenía ningún interés general, como sigue considerando ahora. “Ese incremento de la edificabilidad y los usos concedidos que distan mucho de ser de interés general, porque benefician claramente a una parte”, explica en conversación con este periódico haciendo referencia a otras operaciones similares que acabó tumbando la justicia. La última, con los mismos actores, fue la del concurso para construir dos aparcamientos públicos en el entorno del Bernabéu, que el Supremo acabó tumbando por “falta de interés público”.

“¿Interesa a la ciudad que se realice un centro tecnológico o un hospital? Puede ser, pero hay mucho suelo público para desarrollar eso, el Ayuntamiento tiene terrenos para hacerlo muy cerca”, comenta Sánchez Mato sobre la posibilidad de que la Administración acometa esas inversiones y que estas no tengan que ir siempre a beneficio de un privado. “Son operaciones que me pidieron a mí hace diez años y que rechazamos porque no íbamos a hacer ningún tipo de transferencia ni modificación de uso”, reitera relacionando este caso con otros como la cesión de varias parcelas al Atlético de Madrid en el entorno del Metropolitano para el desarrollo de un gran complejo de ocio, que frenó el Ayuntamiento de Madrid durante su etapa como concejal: “Aguantamos, resistimos y no se cedieron parcelas ni al Atlético de Madrid ni atendimos a las peticiones de ampliación del Real Madrid. Porque no respondían al interés general, sino al interés del promotor privado”.

Una concesión larga en el parque más extenso de Madrid. El Ayuntamiento de la capital, a través del distrito de Moncloa-Aravaca, abre una puja por la gestión de dos quioscos hosteleros en Casa de Campo durante un máximo de 25 años: 15 de ellos asegurados y otros 10 si se logra la prórroga completa, dividida en dos períodos de cinco años cada uno. Este lunes, último día de agosto, el boletín oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) hizo público el concurso para la explotación temporal de ambos negocios, uno en la carretera de Rodajos y otro en el Paseo de la Venta. El primero limita con Pozuelo del Alarcón, el municipio más rico de España, y el segundo está más próximo a Batán.

Son dos lotes independientes. En el de Rodajos se fija un canon mínimo de 90.700 euros anuales para ocupar una superficie de 14.367 metros cuadrados, según el portal urbanístico municipal. Esa es, en otras palabras, la cantidad más baja que el adjudicatario ha de pagar por la cesión. El terreno del Paseo de la Venta tiene una amplitud similar, aunque su precio anual desciende hasta los 73.900 euros.

En ambos casos, el proceso se configura mediante una concesión demanial, fórmula que permite ofrecer suelos de titularidad pública a entes privados por un tiempo limitado. Asimismo, dentro el contrato no solo se incluye la explotación de alguno de estos locales, sino también la ejecución de obras que puedan ser necesarias. Para mejorar su oferta, las empresas pueden proponer un canon superior al mínimo establecido, pues se trata de una “licitación al alza” que funciona a modo de subasta.

Los aspirantes deberán aportar, además, otras garantías económicas. La de tipo provisional asciende a 97.103 euros para el lote 1 y 77.662 euros del lote 2. En el caso de la garantía definitiva, será de 131.132 euros para el primer establecimiento y 103.616 para el segundo, a lo que luego se añadirá el 3% del presupuesto de obras. La diferencia es que el primer tipo de garantía sirve como una fianza, que asegura la seriedad de la oferta durante el proceso de licitación; mientras que la definitiva sella el contrato una vez adjudicado.

Las empresas tienen hasta el 30 de septiembre para presentarse

La concesión también incorpora cláusulas de comercio justo, una condición incluida expresamente en el objeto de la licitación. Todo se formula mediante un prodecimiento ordinario abierto a distintas empresas, cuyas ofertas se valorarán atendiendo a una serie de criterios. El boletín que anuncia la salida a concurso de estos dos quioscos hosteleros especifica que ambas ofertas deben presentarse obligatoriamente por vía electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo para hacerlo se abrió este lunes, un día después de publicarse el anuncio oficial en el BOCM, y concluirá a las 23.50 horas del 30 de septiembre, justo antes de la medianoche. En los últimos años, el Ayuntamiento ha planteado distintas actuaciones para reforzar los usos comerciales y de restauración del parque. Entre ellas, la renovación integral del Teleférico de Madrid, cuyas nuevas estaciones incorporarán también espacios anexos de restauración. La reforma total de estas instalaciones fue una de las propuestas que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, incluyó en su programa electoral.

Aquella promesa se traducirá en la apertura de un bar-restaurante en la estación de Pintor Rosales, que comparte distrito con los dos quioscos que ahora salen a licitación y contará con 380 metros, a los que se suman 29 m² de cocina, 12 m² de barra y una terraza de 173 m² dentro de un edificio de seis alturas, con 4.695 m² construidos y espacio para concentrar tanto los principales servicios del teleférico como otras áreas comerciales, de restauración u otros servicios para dinamizar la zona.

“Esta etapa, que comencé en 2019 con muchísima ilusión, se acaba con una decepción inmensa y daños personales y de salud”. Así concluye la hasta ahora concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, su paso por Cibeles de la mano de Vox. En agosto se confirmaba su expulsión del partido después de haber apoyado al portavoz municipal, Javier Ortega Smith, en su cruzada contra la cúpula del partido. Ahora Toscano también deja su acta en el consistorio y abandona definitivamente el barco:“No quería seguir en una organización de cuyas ideas cada vez me sentía más alejada, así como de su forma de tratar a las personas. Me quedé porque Ortega Smith así me lo pidió, poniéndole la condición de que mi permanencia fuera solo por unos pocos meses”.

El aludido, actualmente concejal no adscrito, es quien ha anunciado su marcha en declaraciones a los medios, después de un acto en homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias. Desde ese lugar, el ex secretario general de Vox aludió a motivos “absolutamente personales” de su compañera y se limitó a reiterar su “cariño” y “agradecimiento” por el trabajo hecho. Poco después, en sus redes sociales, la propia Toscano se encargó de enumerar los motivos. Con uno a la cabeza: su reciente expulsión de la formación de Santiago Abascal.

“Como algunos sabréis, hace unos meses se inició un procedimiento contra mí por no acatar una instrucción que era ilegal. Naturalmente existen razones más de fondo, y menos obvias. Hace un tiempo me planteé dejar la política, al detectar una distancia cada vez mayor entre lo que defiendo y las nuevas posiciones del partido. Un viraje ideológico que, por cierto, denuncié tanto interna como públicamente”, ha recordado la edil saliente, que meses después de iniciarse los trámites para darle de baja señaló los vínculos de Vox con “asociaciones sionistas” defensoras de los intereses de Israel.

En su despedida a Toscano de este viernes, Javier Ortega Smith ha reivindicado su defensa de las posiciones políticas que adoptaba, “a veces en solitario, en la tribuna y contra viento y marea”, refiriéndose tanto a asuntos bien integrados en la agenda de Vox (menciona su oposición frontal a lo que denomina “ideología de género”) como a su fidelidad al entonces portavoz municipal cuando comenzó la fractura interna.

“No acatar una instrucción ilegítima me ha llevado a ser expulsada”, decía Toscano sobre este mismo tema en su carta de adiós. Insistió en que la dirección del partido “no tenía competencias” para destitutir a Ortega Smith de su cargo en el Ayuntamiento de Madrid, y defendió haber tomado la decisión de desobedecer su directriz siendo “plenamente consciente de las consecuencias”; es decir, que la siguiente expulsión fuera la suya. Junto a Toscano también echaron a Ignacio Ansaldo, otro de los partidarios de Ortega en el grupo municipal.

Preguntado por quién ocupará ahora el escaño que deja vacante su excompañera, Ortega Smith ha explicado que la siguiente persona de la lista de Vox en Madrid, si es que acepta recoger el acta. Sin embargo, mantendrá la condición de no adscrito de la que ya gozaba Toscano. El número seis de entre los nombres incluidos en las elecciones de 2023 lo ocupa Cristian Toro, un medallista olímpico que ha pasado por programas de televisión como Supervivientes o Mujeres y Hombres y Viceversa. En el momento de escribir estas líneas, aún no se ha pronunciado públicamente sobre su futuro.

Aliados del “concejal proscrito” de Cibeles

Por su parte, Carla Toscano aterrizó en 2023 en el Palacio de Cibeles como la número dos de la lista que, entonces, encabezaba Ortega Smith. Junto con Ansaldo, respaldó al entonces portavoz municipal cuando la dirección nacional de Vox trató de sustituirle por Arantxa Cabello. Luego, todos ellos acabaron fuera del partido y abocados a terminar como concejales no adscritos, aquellos que han sido elegidos por una candidatura y ahora no forman parte de la agrupación. Actualmente, el ya concejal Fernando Martínez Vidal es quien permanece en Vox Madrid junto a Cabello, que ejerce la Portavocía.

En cuanto a su propia situación en Cibeles, Ortega Smith ha insistido en reivindicar el papel de “concejal proscrito” en el que le acompaña Ignacio Ansaldo. “Es un cargo que nos llena de orgullo porque estamos proscritos de quienes han convertido nuestro proyecto político inicial, Vox, en su negocio particular”, ha sostenido. El edil ha añadido que estar “proscritos” de quienes, a su juicio, no están a la altura de los principios y valores por los que confiaron en el proyecto muchos madrileños y españoles supone “un auténtico honor”.

Toscano e Ignacio Ansaldo apoyaron a Ortega Smith, mientras que Cabello y Fernando Martínez Vidal se alinearon con la dirección nacional. La división llegó al Pleno de Cibeles, donde los cinco concejales comenzaron a votar por separado ante la imposibilidad de materializar el relevo del portavoz. Vox abrió expedientes disciplinarios a Ortega Smith y, posteriormente, a Toscano y Ansaldo por respaldarle. Los tres acabaron expulsados del partido. Ortega Smith pasó a ser concejal no adscrito después de que la Justicia rechazara suspender cautelarmente su expulsión. La cadena de acontecimientos siguió con sus dos aliados, y ahora una de ellas se despide prometiendo no mirar atrás: “Dimito por segunda vez. Y última”.

El PSOE ha dejado a Enma López, la hasta hoy número dos del partido en el Ayuntamiento de Madrid, sin sus cargos en el grupo municipal. Según fuentes del entorno de López, la decisión le ha sido comunicada en una reunión esta mañana, en la que ha sido despojada de su papel en la dirección del grupo, como portavoz adjunta socialista en Cibeles y como encargada la coordinación con los vocales vecinos.

“Es una decisión que asumo, como no podría ser de otra manera, pero que no comparto. No forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partidos”, ha explicado después Enma López en un comunicado remitido a los medios, en el que recuerda su compromiso con el partido y sus siete años de trabajo como concejala.

La reorganización en el PSOE llega con el inicio del nuevo curso político y después de la derrota de López frente a Reyes Maroto en las primarias socialistas celebradas a mediados del pasado julio, en la que la portavoz socialista se impuso con el 55,4% de los sufragios de la militancia, frente al 44,59% conseguido por la aspirante.

Reyes Maroto consiguió convencer entonces a los militantes socialistas de que la suya es la apuesta más fiable contra Almeida, al que asegura poder ganar en mayo del año que viene gracias a su trabajo de oposición ejercido desde el año 2023, cuando llegó a Cibeles recuperando decenas de miles de votos para los socialistas y subió de ocho a once ediles con respecto a los resultados de 2019. El domingo 19 de julio sustentó su victoria obteniendo la mayoría de votos en 14 de las 22 agrupaciones del PSOE en la capital.

Después de su victoria, Reyes Maroto aseguró que seguiría trabajando en un proyecto “colectivo” en el que caben “todas las sensibilidades”. Aunque preguntada por el futuro de Enma López, la líder socialista evitó personalizar la respuesta y remarcó que el proyecto socialista “está por encima de los nombres”.

López se queda como concejala

López ha defendido que su puesto en el PSOE “está íntimamente ligado con el trabajo diario que llevo a cabo para tratar de traducir nuestro proyecto socialista en mejoras tangibles para la vida de mis vecinas y vecinos madrileños. No entiendo una cosa sin la otra”. Y asegura que ese compromiso doble “fue el que me llevó a participar en libertad este verano en las primarias del PSOE de Madrid. Y ese compromiso no desaparece por no haberlas ganado, pese haber obtenido más de un 45% de la confianza de la militancia”.

Debido a estas razones, Enma López asegura que se quedará trabajando en su puesto de edil en el consistorio: “Mi voluntad es continuar con mi trabajo como concejala en el Ayuntamiento de Madrid con las tareas que la dirección de mi grupo considere oportunas y adecuadas para mí. Lo haré, como siempre, con la ilusión y dedicación que merecen el cargo, mi partido, sus militantes y las y los madrileños”.

Los cambios en el Grupo Municipal Socialista encumbran a Meritxell Tizón, que pasa a ser la portavoz adjunta del partido, y también a Jorge Donaire, quien se encargará de la coordinación con los distritos. “Con estos cambios, el Grupo Socialista busca fortalecer su capacidad política y organizativa, reforzar su labor de oposición y, sobre todo, avanzar en la elaboración y difusión de un proyecto de ciudad que siga ofreciendo respuestas a los principales problemas”, explican a Somos Madrid fuentes de la dirección del grupo municipal.

“La nueva dirección permitirá, además, reforzar la coordinación política y estratégica entre el Grupo Municipal Socialista, la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid y el Partido Socialista de Madrid, compartiendo prioridades, propuestas y una hoja de ruta común para construir el futuro de la capital”, añaden las mismas fuentes, con la intención de dar la batalla de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 “frente a un gobierno municipal agotado y sin respuestas ante problemas como la vivienda, la limpieza, la movilidad o el deterioro de los servicios públicos”.

La reorganización en las filas socialistas ha afectado también a la concejala Emilia Martínez Garrido, que pierde sus competencias sobre limpieza y residuos para que estas recaigan en Ignacio Benito, según fuentes del partido. La edil estuvo presente en la presentación de la candidatura de Maroto, pero también en el cierre de campaña de Enma López. Por otro lado, Reyes Maroto dejará sus competencias sobre turismo y diversidad para centrarse en su nueva candidatura a alcaldesa. Serán asumidas por María Caso.

Este jueves el Ayuntamiento de Madrid aprobará gastar 1,9 millones de euros más de lo previsto en la promoción de la ciudad durante el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputará en la capital durante la semana que viene. Lo hará a través de Madrid Destino, que ha convocado un consejo de administración para añadir 1,9 millones de euros de patrocinio, que requerirán de una aportación municipal adicional.

Esta cantidad se unirá a los 1,9 millones que también aportará la Comunidad de Madrid dentro del mismo paquete promocional, el Destination Signage Package, que tiene un coste total de cinco millones de euros y para el que Ifema también aporta 1,2 millones de euros. Con este desembolso las entidades obtienen el derecho de asociación a la Fórmula 1 Gran Premio de España, que organiza la propia Ifema.

Este desembolso se produce después de que tanto Ayuntamiento como Comunidad hayan prometido en repetidas ocasiones que la Fórmula 1 no va a costar “ni un euro” a los madrileños. La mayoría de los gastos están siendo asumidos por Ifema, entidad participada mayoritariamente por las dos administraciones, aunque los Gobierno de Ayuso y Almeida han incurrido en diversos gastos promocionales como el que se aprueba este jueves.

“Cada documento que conocemos deja más claro que sí hay dinero público detrás de la Fórmula 1.. Nos dijeron que la Fórmula 1 no iba a suponer ni un euro para los madrileños y las madrileñas, pero este jueves llega al Consejo de Administración de Madrid Destino una aportación adicional de 1,9 millones de euros para actuaciones vinculadas al Gran Premio”, se queja el concejal del PSOE Jorge Donaire.

“Y no hablamos de una cantidad ya prevista. El propio expediente reconoce que ese dinero no estaba contemplado en el presupuesto de Madrid Destino para 2026 y que será necesaria una aportación municipal adicional”, añade sobre el gasto que supondrá en las arcas del Ayuntamiento de Madrid.

Donaire reclama a Almeida “explicar cuánto dinero municipal se está destinando ya a este proyecto y, sobre todo, cuánto va a terminar saliendo de los bolsillos de los madrileños y las madrileñas”.

Tanto Ayuso como Almeida presentaron este miércoles la campaña promocional de la ciudad que lucirá en el circuito de Fórmula 1 de Madrid y que extenderá también a otros países con la intención de atraer más turismo a la región, que tendrá el lema de Madrid Beats y se articula en torno al concepto del “corazón invisible de Madrid”, que pone en valor la energía y el estilo de vida de la ciudad como seña de identidad.

La campaña tendrá un coste globlal de 18,8 millones de euros, que se desembolsan a través de Madrid Turismo by IFEMA, la herramienta promocional de este consorcio, al que aportan recursos el gobierno regional y municipal.

“No procede tener por aportado el expediente administrativo que sí ha sido remitido en soporte electrónico”. Es la frase que abre una nueva derivada en el frente judicial contra la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Pertenece a la resolución emitida por un letrado de la Administración de Justicia, un documento que cuestiona la actuación del Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida ante el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Más Madrid en relación a la licencia de obras del circuito Madring.

La diligencia procesal a la que ha tenido acceso Somos Madrid, emitida el pasado 12 de junio, da la razón al principal partido de la oposición y exige varias rectificaciones al Consistorio por sus métodos empleados para remitir hasta 1.156 documentos. “Además de que el nombre elegido no permite siempre determinar su contenido, no se hace referencia a la fecha del documento que permita una consulta ordenada, rápida y eficiente como contempla la jurisprudencia aludida”, subraya el letrado.

Otra dificultad añadida, apunta, es que muchos archivos “no pueden ser visualizados en el visor HORUS [servicio de consulta en línea del un expediente judicial electrónico habilitado para las partes] por su tipo de extensión o por su peso informático, sino que han de ser descargados y visualizados por programas externos a dicho visor”. De hecho, “casi la mitad de los archivos no pueden abrirse directamente”.

Los reproches se refieren también al índice del expediente generado por el Ayuntamiento: “Los documentos no están relacionados de forma consecutiva. Hay archivos que reciben nombres que no aclaran ni presentan un indicio de lo que el documento pueda contener”. Y añade el letrado: “La ley exige que tanto el expediente como el índice estén autenticados y foliados. La autenticación ha de alcanzar no solo a la integridad del expediente, sino también a su orden (cada documento ha de ocupar su lugar) y al índice correspondiente, para ello el expediente ha de estar foliado de manera que cada página tenga un número exclusivo que permita identificarla sin género de duda”.

Defectos no subsanados en el plazo concedido por la Justicia

La resolución, contra la que cabía recurso de reposición, termina otorgando al Ejecutivo de Cibeles un plazo de 20 días para que presente el expediente administrativo cumpliendo con los requisitos y estándares oportunos. Algo que, según traslada Rita Maestre en declaraciones a Somos Madrid, no ha sucedido: “El Ayuntamiento ha vuelto a incumplir descarada, deliberada y conscientemente un plazo. Ante esto, no nos ha quedado más remedio que solicitar al juzgado que tome cartas en el asunto de una vez e imponga las sanciones correspondientes por incumplimiento del requerimiento judicial”.

Así, el pasado 28 de julio su grupo municipal registró un escrito solicitando la imposición de las multas coercitivas procedentes: “Ha transcurrido sobradamente el plazo concedido sin que el Ayuntamiento haya dado cumplimiento al requerimiento judicial, persistiendo el incumplimiento de una resolución expresa dictada por ese Tribunal y manteniéndose paralizada la normal tramitación del presente procedimiento por causa exclusivamente imputable a la Administración demandada”, relata la queja presentada por la representación legal de Más Madrid.

El Ayuntamiento ha vuelto a incumplir descarada, deliberada y conscientemente un plazo. Solicitamos al juzgado que tome cartas en el asunto de una vez e imponga las sanciones correspondientes por incumplimiento del requerimiento judicial

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en Cibeles

“Esta parte considera que, después del tiempo transcurrido, no nos encontramos ya ante un simple defecto formal en la remisión del expediente administrativo, sino ante un incumplimiento abierto, consciente y prolongado de un requerimiento judicial expreso, dictado precisamente para garantizar el derecho de defensa de las partes y el correcto ejercicio de la función jurisdiccional”, apostilla la instancia. De persistir dicha circunstancia, piden la remisión al Ministerio Fiscal para valorar la posible comisión de un delito de desobediencia por parte de la corporación municipal.

Ante las preguntas de Somos Madrid, fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige el concejal Borja Carabante se limitan a apuntar que “se ha aportado toda la documentación”. No entran a valorar si dicha aportación se ha hecho cumpliendo con la metodología habitual y con las garantías que se exigen en este tipo de trámites.

La maniobra del equipo de Almeida contribuye a postergar hasta que ya se haya celebrado el Gran Premio la resolución del recurso sobre la licencia de Madring. En estos momentos lo estudia la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 27. Este mismo tribunal tendrá que pronunciarse sobre la queja emitida por Más Madrid ante las maniobras dilatorias del Consistorio.

Un recurso por “fraude de ley” en el carácter temporal de la licencia

La formación que lidera Maestre presentó el contencioso hace más de un año, el 16 de junio de 2025. Considera que el permiso para las obras que han levantado el circuito incurre en “fraude de ley” al haberse tramitado como un proyecto “temporal” cuando la instalación será permanente, fruto de un acuerdo con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que se alargará durante al menos diez años y otros tantos grandes premios.

El objetivo del Consistorio habría sido evitar una evaluación de impacto ambiental más completa y severa, las que suelen pasar instalaciones de carácter. Esto hubiera provocado mayor tiempo de tramitación y que la construcción no hubiera llegado, o lo hubiera hecho con menos margen, a la cita que tendrá lugar en el entorno de Ifema del 11 al 13 de septiembre. Un evento que, paradójicamente, ha llegado a anunciarse en los alrededores de Ifema con carteles que se vanagloriaban del carácter “permanente” del circuito.

Más Madrid solicitó la suspensión cautelar de esta licencia por entender que, de seguir ejecutándose las obras hasta dictar sentencia, el daño sería irreparable para los vecinos y vecinas de la zona. No obstante, la Justicia rechazó las cautelares tanto en este litigio como en otros emprendidos por entidades ecologistas, sin haber entrado a valorar todavía el fondo de la cuestión en ninguna sentencia. Otros procedimientos en marcha atañen al plan especial diseñado desde el área de Urbanismo para ampliar la edificabilidad en torno a Ifema, a la contaminación acústica (que ya sufren los vecinos) o de la calidad del aire, a la eliminación de humedales en la zona y al desvío de una histórica vía pecuaria.

En esta coyuntura, lo único que podía evitar la celebración de las carreras era una resolución firme. Para Maestre, esto explica las actuaciones municipales que desgrana a continuación: “Llevamos más de un año esperando que el Ayuntamiento de Madrid haga lo más básico, entregar unos documentos legibles. En vez de eso, hemos recibido un pendrive de 200 gigas con archivos ilegibles, sin foliar y sin índice. Cuando hemos pedido explicaciones, han respondido acusándonos a nosotros de usar un navegador obsoleto —el mismo que usan ellos, el mismo que usamos todos los trabajadores y trabajadoras municipales— y de tener, cito textualmente, voluntad dilatoria. Es decir, el PP lleva un año sin entregar el expediente y la culpa es nuestra por pedirlo. Esto es un insulto a la inteligencia de los madrileños. No se trata de incompetencia ni de un error administrativo, sino de una estrategia de Almeida”.

“Casi la mitad de los más de 1.100 archivos remitidos por el Consistorio son inaccesibles o están mal estructurados. No lo decimos nosotras, lo dice el juzgado”, recuerda la portavoz de Más Madrid. La edil concluye mostrando sus suspicacias hacia los intereses del Consistorio: “Aquí hay algo que no cuadra y que huele mal. Un ayuntamiento no tarda un año en localizar y ordenar los papeles de una licencia. O hay una desorganización que raya en la negligencia o hay una intención deliberada de agotar los plazos mediante una parálisis judicial mientras las obras del circuito siguen adelante, porque el Gran Premio está a la vuelta de la esquina. Si Almeida no tiene nada que ocultar, que lo demuestre entregando el expediente completo, ordenado y a tiempo. Cada día que pasa sin hacerlo es un día más en que la sombra de la duda se extiende sobre esta licencia”.

Los residentes más cercanos a Madring, circuito de Fórmula 1 donde la capital acoge el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre, continúan experimentado nuevos inconvenientes mientras se acerca el evento. Después de que las pruebas de F3 duplicasen los límites sonoros permitidos, multiplicándolos por 27 ajustados a la sensibilidad del oído, ahora los vecinos comenzarán a experimentar nuevas afecciones al tráfico que ponen trabas incluso a llegar y salir de sus casas.

No son los primeros cortes causados por la actividad del circuito, pero en este caso chocan de lleno con la zona residencial de Las Cárcavas, cerca de Valdebebas. De hecho, el plan de movilidad de Ifema contempla un sistema de reparto de pegatinas para que los vecinos puedan acceder con sus vehículos a algunas áreas restringidas para el resto de conductores durante los tres días de competición. Incluidas sus propias viviendas, ya que el plan recoge el objetivo de “facilitar el acceso en vehículo privado a sus domicilios”.

En un documento compartido por la cuenta de X Hilos Valdebebas, dichas zonas aparecen marcadas con amarillo y se corresponden con la manzana alrededor de la calle Antonio López Torres. Otras áreas, más próximas a Madring, indican mediante el rojo que su acceso queda totalmente prohibido incluso para los vecinos. Este sistema busca, según Ifema, garantizar la “correcta y ordenada celebración del evento”.

Las pegatinas se están repartiendo desde este martes 1 de septiembre y hasta el día 9 (sin incluir sábado ni domingo) en la sede de la Asociación de Vecinas de Las Cárcavas, en el número 26 de la calle Maruja Mallo. El horario 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, aunque el lunes y el martes de la próxima semana solo podrán recogerse por la tarde. Los interesados deben presentar DNI o NIE, así como un documento que acredite su vinculación con la vivienda propia situada dentro del perímetro amarillo. También tendrán que indicar número de matrícula y un teléfono de contacto. Estas etiquetas, informa Ifema, deben colocarse en una zona visible de los coches y no se entregarán más de tres por vivienda.

El Ayuntamiento defiende una “medida de protección” ante las dudas y quejas vecinales

Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento, ante las preguntas de Somos Madrid, afirman en un primer momento que esta propuesta “es de Ifema”. Apostillan que el plan de movilidad definitivo “no está aún”. Al cuestionar por qué están entonces ya habilitados los puntos de entrega de las pegatinas, estas fuentes municipales del departamento liderado por Borja Carabante añaden que es “una medida de protección a los vecinos”.

Pero las respuestas a la publicación de Hilo Valdebebas recogen numerosas dudas y quejas de la ciudanía. Por ejemplo, la de quienes no viven en Las Cárcavas pero pasan por el entorno categorizado de amarillo para servicios esenciales. ¿Y la gente que lleva a sus hijos a la guarderia? ¿También tendrán pegatina?“, preguntan varios usuarios. En este espacio se incluye la escuela infantil Doña Francisquita, en el número 1 de la calle Cambados.

Otras personas claman contra la falta de información: “Como siempre, los vecinos afectados somos los últimos en enterarnos. Esa llamada Asociación vecinal lo ha gestionado como un chiringuito. Nos enteramos de este despropósito por redes sociales. Solo funciona Radiopatio. Mi calle es afectada y no me han notificado por ningún medio”, lamenta una persona en otra de las respuestas al post original.

Este mismo martes, en el acto de relanzamiento de la temporada política municipal, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se ha referido a todos estos efectos de la Fórmula 1 entre la población cercana al circuito. El regidor da por hecho que los residentes más cercanos a Madring sufrián inconvenientes: “No negamos que las molestias se van a producir, la molestia 0 no existe, pero estamos adoptando junto con ifema las medidas oportunas para reducirlas”, ha dicho en un acto celebrado en el Retiro.

Almeida ha adelantado que se instalarán pantallas protectoras para reducir el ruido y que el plan de movilidad fomentará el acceso fundamentalmente mediante el transporte público. Pero considera que todos estos contratiempos merecen la pena ante el impacto de la cita: “Es uno de los grandes eventos y oportunidades de los próximos meses en Madrid. 40 años después la Fórmula 1 nos elige”, ha zanjado el primer edil.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado el curso político lanzando un ataque directo al Ministerio de Exteriores por la situación de Casa Árabe. El regidor acusa al departamento que dirige José Manuel Albares de “okupación ilegal” por no haber desalojado las instalaciones este 1 de septiembre, fecha marcada por el Consistorio para vaciar las antiguas Escuelas Aguirre de la calle Alcalá, en la confluencia con O'Donnell. El Ayuntamiento anunció su intención de recuperar el inmueble y acometer “inmediatamente” las obras de “reforma urgente”.

“Vamos a ejercer las acciones legales oportunas para que se desaloje y se convoque el consejo rector de Casa Árabe, de forma que la Comunidad de Madrid pueda abandonarlo”, ha dicho el primer edil ante las preguntas de la prensa en un acto con sus concejales y todo su equipo celebrado en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro. La salida de la Comunidad de Madrid de la institución es necesaria a nivel formal para que el Ayuntamiento pueda ejecutar el derecho de recuperación del edificio sin que proceda indemnización, como apuntó el propio consistorio cuando anunció la decisión de desalojar a la entidad de las Escuelas Aguirre.

“No hay respuesta de Ministerio frente a los requerimientos del Ayuntamiento, mientras hay un riesgo cierto a la integridad de las personas, por lo que Exteriores es el responsable directo que está jugando con la seguridad de trabajadores y visitantes”, avisa Almeida. “Hay daños estructurales que han obligado a colocar redes para que no caigan aleros o cornisas. Cuando se desaloje, entraremos de forma urgente para ejecutar las obras”, añade. El líder del Ejecutivo municipal ha insistido en que “lo grave” es que “el ministro se niegue a convocar el consejo rector”, un paso imprescindible para completar el trámite de expulsión.

Las palabras de Almeida llegan en la jornada fijada para el lanzamiento, en la que el alumnado ha convocado una nueva manifestación en los jardines del recinto desde las 19.00. En las últimas semanas, los estudiantes han llevado a cabo acciones contra la decisión de Cibeles bajo el lema Casa Árabe no se toca.

Los afectados defienden que la institución no es solo un espacio de cursos, sino un centro cultural, académico y diplomático vinculado a las relaciones entre España y el mundo árabe. Además, han advertido de que el plazo dado por el Ayuntamiento para abandonar el edificio resulta insuficiente para reorganizar la actividad. Los alumnos han pedido al alcalde que “lo piense” y reconsidere la decisión. Creen que si el edificio requiere obras o reformas, estas deberían abordarse mediante diálogo y colaboración institucional, sin que ello implique el desalojo definitivo de Casa Árabe de Escuelas Aguirre.

Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid apunta que “no hay ninguna necesidad de que esto ocurra, Almeida está a tiempo de rectificar y parar este despropósito”. “Hablamos de una institución que lleva 20 años construyendo puentes entre España y el mundo árabe, que acoge a diplomáticos, estudiantes, intercambios culturales con numerosos países, y un patronato en el que están el Ministerio de Exteriores, la AECID, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Madrid. Y aun así, Almeida prefiere echarla a la calle antes que sentarse a buscar una solución”, subraya.

“¿Haría lo mismo con Casa Sefarad? ¿También la consideraría un chiringuito? ¿Ha puesto en conocimiento de la Unesco esta decisión, ya que el edificio está en pleno Paisaje de la Luz?”, se pregunta la edil. Recuerda que “Ayuso ya rompió 20 años de diplomacia cultural abandonando el patronato porque no le gustaba quién lo dirigía”. “Exigimos a Almeida que escuche a la comunidad diplomática, académica y cultural que hoy defiende Casa Árabe para que dé marcha atrás en una decisión que solo beneficia a sus prisas para darle otros usos ¿privados? a este edificio de alto valor inmobiliario”, zanja.

Arganzuela, uno de los motores del movimiento No a la Tala, disfruta desde el pasado fin de semana de una nueva zona verde con parque infantil. 3.397 metros cuadrados en la Subestación Melancólicos después de unas obras con 710.000 euros de inversión.

La actuación ha permitido plantar 61 nuevos árboles y 5.595 arbustos en una superficie ajardinada de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, además de incorporar 460 metros cuadrados de césped. La nueva zona verde cuenta con juegos infantiles, espacios estanciales, recorridos peatonales, alumbrado led y un sistema de drenaje urbano sostenible con jardín de lluvia.

El nuevo espacio ha sido supervisado por el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, pero lo ha ejecutado la compañía privada Madrid Río Homes S. Coop. Mad. Está ubicado entre la calle de Ruy González de Clavijo, al norte; la calle de los Chulapos, al sur; el paseo de los Melancólicos, al este, y el paseo de la Virgen del Puerto, al oeste.

Su proximidad al parque Madrid Río ha permitido una integración “funcional y paisajística” en esta red de espacios verdes, incorporando elementos similares a los propios de dicho parque, según el Consistorio. Los trabajos se han completado con la instalación de alumbrado de tecnología led y nuevo mobiliario urbano, compuesto por cinco bancos, uno de ellos accesible, y siete papeleras.

La semana del 7 y 8 de septiembre arrancará en Madrid con bicicletas y autobuses gratuitos, con idea de fomentar el uso del transporte público en los primeros días de vuelta a las aulas. Ese mismo lunes es cuando comienza un nuevo curso escolar, y muchos jóvenes o sus familias deberán desplazarse hasta sus escuelas después de las vacaciones. Por eso mismo, el Ayuntamiento vuelve a anunciar un servicio gratuito en la EMT y Bicimad hasta el martes (inclusive): los madrileños y viajeros podrán utilizar en esos días la red de buses urbanos sin coste y, para las bicicletas municipales, no se cobrarán los desplazamientos de hasta 30 minutos.

Como es habitual, los viajeros deberán validar su título de transporte y, quienes no dispongan de uno, recibirán un billete sencillo sin coste por parte del personal de conducción. La gratuidad suele aplicarse a todos los autobuses de la EMT, excepto en la línea Exprés del Aeropuerto. De todo ello ha informado el consistorio este mismo viernes en un comunicado, donde también ha dado cuenta de las afecciones al tráfico u otras limitaciones por obras y remodelaciones que afectarán a la ciudadanía en los primeros días de septiembre.

Hasta finales de año no concluirán las obras para abrir túneles en el Paseo Verde del Suroeste de la A-5 y el Parque Castellana, mientras que en Parque Ventas se ha cerrado el grueso de los trabajados que ocupaban parte de la vía afectando a la movilidad. Por otro lado, la construcción del bulevar peatonal de Alcalá con Cibeles reabrirá el último día de agosto uno de los dos carriles cortados al tráfico desde este verano. “Coincidiendo con el inicio de curso laboral y escolar y hasta final de año, se mantendrán diferentes ocupaciones en distintos viales de la ciudad para rematar los trabajos de estos proyectos, lo que provocará afecciones a la circulación superiores a las del mes de agosto debido a la recuperación del tráfico habitual.

Sin embargo, el impacto en los viajes motorizados se irá minimizando progresivamente desde comienzos de la semana que viene gracias al avance de las obras“, ha destacado, a este respecto, el Gobierno municipal. El nuevo subterráneo en la Castellana estará operativo el próximo mes de diciembre, si todo va según lo previsto; pero hasta entonces seguirá cortado el tronco central del paseo en dicho tramo.

¿Y si hay que ir en coche?

La circulación en sentido sur (margen de fincas impares) se mantiene con dos carriles habilitados, mientras que en sentido norte (fincas pares) dispone de tres carriles más uno reservado a autobuses con salida directa al Nudo Norte. De forma paralela, continúa activado un plan específico de movilidad con itinerarios alternativos y medidas para reducir al mínimo las afectaciones al tráfico: para ir hacia la M-607 desde Cuzco, se recomienza cruzar por las calles de Sor Ángela de la Cruz y del Valle de Mena hasta la avenida de la Ilustración; si se hace desde Plaza de Castilla, por avenida de Asturias y Ginzo de Limia y, desde Castellana con Monforte de Lemos, siguiendo por esa misma avenida hasta Ginzo de Limia.

Para quienes tomen la M-607 hasta Castellana se indica el acceso por la avenida de la Ilustración o bien desde Ginzo de Limia, avenida de Asturias y plaza de Castilla. Si es para ir hacia la A-1 o la M-11, mejor coger el desvío desde Cuzco por la avenida de Alberto Alcocer y Costa Rica, o bien desde plaza de Castilla atravesando las calles de Mateo Inurria, Caídos de la División Azul, Cuesta del Sagrado Corazón o Pío XII. Desde la M-30 sur, la recomendación es utilizar la salida del túnel de Pío XII o los desvíos por Pío XII y la avenida de Alberto Alcocer hasta Cuzco.

“Una ciudad con ambición y vocación de conseguir el mejor futuro para todos”. Con esas palabras presentaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el Plan de Industria de la ciudad de Madrid 2025-2027, aprobado por su Junta de Gobierno en septiembre del pasado año. El documento, consensuado con distintos agentes sociales y económicos (desde la patronal madrileña hasta los sindicatos UGT y CCOO), compromete casi 200 millones de euros para proteger y recuperar el tejido productivo madrileño con 44 medidas de toda índole. Pero este ambicioso programa se enfrenta a un difícil equilibrio con otras políticas de Cibeles, en concreto en materia de Urbanismo.

La iniciativa del área de Economía, Innovación y Hacienda describe la amenaza que supone para la reindustrialización la presión de determinados usos del suelo. Un factor que estaría generando la transformación y expulsión de la industria en áreas de actividad económica de la ciudad. En su línea 2, como parte de su cronograma de actuaciones, establece la creación de una comisión junto al área de Urbanismo para definir una “estrategia de suelo de largo recorrido” y una “diversificación de usos por implantar”. El Plan de Industria defiende así la hibridación de usos, pero enfocada en dar cabida a la “nueva industria que integra tecnologías emergentes”.

Esta apuesta por una industria urbana limpia, perfilada hacia centros de energías renovables o I+D+I, contrasta con la reducción en la protección de suelos que promueve otro gran proyecto aprobado el pasado mayo por el Ejecutivo de Almeida. Se trata del Plan Especial relativo a la modificación del uso terciario hospedaje en la norma zonal 9 grado 3º y en las parcelas de uso cualificado industrial incluidas en ámbitos de uso global no industrial. Esta medida persigue facilitar la implantación de usos terciaros con la categoría de hospedaje, habitualmente dirigido a hoteles o apartahoteles, pero en cuyo paraguas comienza a proliferar la figura del flex living, en entornos donde se habían venido desarrollando otras actividades económicas. Con ello, según el Ayuntamiento, se descongestionará la actividad turística y no quedará concentrada en el centro.

En pos de esta “descentralización”, uno de los aspectos en los que más incide la memoria del expediente, el Consistorio aprovecha suelos con el grado 3º según la Norma Zonal 9. Se trata de una categoría destinada a actividades económicas e industriales, así como servicios avanzados, en zonas específicas de la ciudad. No obstante, según la documentación con la que el Ayuntamiento sustenta el plan especial, su “vocación industrial” no es tan definitoria ni característica.

El Ayuntamiento alude a la “pérdida de carácter industrial” para “suprimir cautelas”

Una resolución de la directora general de planeamiento, consultada por Somos Madrid al analizar la tramitación del Plan Especial, lo explica en estos términos: “Mientras que los grados 4º [polígonos industriales] y 5º [parcelas singulares] de la Norma Zonal 9 y los ámbitos de planeamiento de uso cualificado industrial de normativa particular se caracterizan por su clara vocación industrial, los ámbitos regulados por el grado 3º de la NZ 9, con uso cualificado mixto —industrial en coexistencia con el terciario oficinas—, han mostrado un claro proceso de terciarización con la consecuente pérdida de su carácter industrial”. Concluye que esta circunstancia, justo la que persigue solventar el Plan de Industria, “posibilita suprimir en ellos las cautelas y limitaciones introducidas sobre el uso terciario hospedaje”.

Para Más Madrid, en cambio, existe una “incoherencia aguda” y una “contradicción directa” entre las políticas del Ayuntamiento. De hecho, centran en este argumento gran parte de sus alegaciones al Plan Especial de Urbanismo que permitirá la proliferación de suelos terciarios para hospedaje. Aluden a su “incompatibilidad con los objetivos municipales de preservación y fortalecimiento del tejido productivo”. Recalcan que el propio diagnóstico del Plan Industrial advierte de la existencia de “competidores en el consumo del suelo” y cita expresamente usos que desplazan la actividad económica para empujar fuera de la ciudad actividades productivas consolidadas. La norma señala igualmente que los cambios en la organización de la producción dificultan medir adecuadamente la evolución real de la actividad industrial, sobre todo en aquellos ámbitos donde se desarrollan servicios asociados a la industria.

El principal partido de la oposición cree que Plan Especial debe incorporar algún análisis específico sobre la hipotética pérdida de capacidad productiva de los ámbitos afectados, el impacto en el empleo asociado a las actividades económicas existentes, la compatibilidad expresa con los objetivos del Plan Industrial, las posibilidades de modernización o transformación de las actividades productivas implantadas por otras vías y el mantenimiento de actividades servindustriales o tecnológicas vinculadas a la economía del conocimiento.

Las alegaciones presentadas por la portavoz municipal, Rita Maestre, y por José Luis Nieto (su homólogo en la Comisión de Urbanismo) observan otra discordancia en lo relativo al “impacto especulativo” que introduce el Plan Especial al habilitar normativamente que las parcelas industriales aisladas se conviertan en apartamentos turísticos u hoteles. La disponibilidad de espacio idóneo para albergar estos nuevos “contenedores productivos” o hubs tecnológicos dentro de la ciudad consolidada “disminuye drásticamente”, afirman. Esto hace “inviable económicamente” la atracción de nuevas PYMES tecnológicas, debido al encarecimiento del suelo urbano.

Más Madrid alerta además de discrepancias en el modelo de ciudad que dibujan ambas normativas. Las alegaciones recogen que el Plan Especial “choca frontalmente” con los objetivos de Sostenibilidad y Economía Circular que marca el Plan de Industria en su línea 3, donde enfoca el futuro de los espacios productivos madrileños en la transición ecológica y energética o la medición de la huella de carbono. También en la manera de afrontar la Movilidad Sostenible de Mercancías versus el Tránsito Turístico. El Plan de Industria está ideado para el movimiento de personas y mercancías en las áreas productivas y de servindustria. El Plan Especial, al introducir hospedaje turístico masivo en un entorno donde se busca potenciar y transformar la logística urbana, genera “incompatibilidades de uso insalvables” ante el tráfico “constante” de maletas, taxis, autobuses turísticos y peatones.

Fuentes del área de Economía, Innovación y Hacienda consideran, por contra, que ambas normativas son “instrumentos distintos y compatibles”. Sostienen que el Consistorio “no está transformando suelo industrial en residencial ni liberalizando el hospedaje en los polígonos”, ya que “el hospedaje ya era un uso alternativo en estas parcelas, limitado a hoteles”. Eso sí, “la modificación amplía sus modalidades, aunque únicamente en ámbitos del grado 3º, cuya evolución ya es terciaria”. Apostillan asimismo que “el Ayuntamiento, a través de su Plan de Industria, destina 196,2 millones a modernizar, hacer más sostenibles y reforzar los espacios con verdadera capacidad productiva”. Desde el área de Urbanismo no responden hasta el momento las preguntas trasladadas por este periódico.

Almeida ha firmado el fin de la industria en Madrid con un plan especial desde Urbanismo que desmantela normativamente la protección del suelo industrial para subordinarlo a las necesidades del sector hostelero y turístico

Sara Ladra — Concejala de Más Madrid y portavoz del grupo en la Comisión municipal de Economía y Hacienda

A Sara Ladra, edil de Más Madrid, no le convencen ni el propio Plan de Industria ni su coexistencia con los cambios en los usos del suelo: “Almeida ha firmado el fin de la industria en Madrid. Después de seis años sin estrategia en la materia, presentó un plan estratégico que es puro humo y que acaba de dilapidar con un plan especial desde Urbanismo, que desmantela normativamente la protección del suelo industrial para subordinarlo a las necesidades del sector hostelero y turístico”.

“¿Para qué dice el PP que va a recuperar naves y polígonos si al mismo tiempo cambia las reglas del juego para que sea más rentable convertirlas en hoteles que en proyectos industriales o centros tecnológicos?”, se pregunta en declaraciones a este diario. “Almeida ha apostado todo el modelo económico de nuestra ciudad al sector servicios, al turismo, la hostelería y, por supuesto, al sector inmobiliario, que es su gallina de los huevos de oro. La especulación y la venta de Madrid, al mejor postor. El peso de los servicios alcanza ya el 84% en Madrid, 10 puntos más que en el conjunto de España”, incide la concejala.

Modelo entre el hospedaje y la vivienda reforzado con políticas municipales

Más allá de la coherencia y cohesión con este marco de acción, las alegaciones de Más Madrid al Plan Especial aluden a otras cuestiones para solicitar su retirada y no aprobación, o al menos una revisión específica de cualquier cambio de uso a hospedaje. Denuncian la ausencia de una evaluación de la carga turística que supondrá la nueva oferta turística, tachan de “insuficiente” el estudio económico-financiero y la justificación de la prevalencia del hospedaje sobre otros usos urbanos y critican “déficits” en la delimitación de los ámbitos afectados o la accesibilidad de la información pública.

La normativa en ciernes supone un nuevo impulso del equipo de Almeida al hospedaje turístico, en particular a una figura ambigua y desregularizada como el flex living. El concepto agrupa modalidades de alojamiento sobre el papel de carácter temporal, pero con cierta vocación de permanencia, en espacios amueblados que ofrecen servicios incluidos como limpieza, internet, zonas comunes o coworking.

Son, en resumidas cuentas, viviendas temporales de alquiler con prestaciones adicionales y precios generalmente elevados. Así, se asientan sobre suelos terciarios, pero en la práctica el uso es prácticamente residencial (una diferencia fundamental con modelos similares como el coliving). Esto permite alquileres de media estancia, de días a meses, sin las restricciones legislativas de la vivienda convencional y ni siquiera las de la turística. Todo ello sin que los barrios se adecúen a nivel de movilidad o servicios públicos como lo harían si esas dotaciones se considerasen viviendas.

Las compañías dedicadas al flex living han sabido tejer conexiones con la política institucional. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha llegado a publicitar una promoción que se edificará sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento en canales de comunicación municipales. Una acción contestada con dureza por otros usuarios (“¿ahora sois Booking?”, preguntaba irónicamente uno de los perfiles que respondieron al post). Su predecesor es directamente toda una cabeza visible del sector. Mariano Fuentes, que llegó al Consistorio de la mano de Ciudadanos, se incorporó en febrero a la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos COWORD. Aterriza, según la propia entidad, para “impulsar el desarrollo normativo del flex living en España”.

Además de estas campañas y del nuevo Plan Especial, el Gobierno de Almeida ha contribuido al formato en escenarios como el paseo de la Ermita del Santo del distrito de Latina, donde un “agujero normativo” (en palabras de la oposición socialista) permite que una promotora haya vendido una de sus parcelas terciarias para que sean dedicadas a este tipo de viviendas de alquiler que escapan a la Ley de Arrendamientos urbanos (LAU). Todo ello después de que dichas parcelas multiplicaran su labor gracias a una recalificación del Ayuntamiento, que precedió al desmantelamiento del antiguo centro de ocio de la zona para edificar torres mediante un “pelotazo”, como lo definen los vecinos que lo han llevado a la Justicia.

La implantación del flex living en las nuevas edificaciones estaba ya prevista inicialmente en el proyecto apoyado por el Consistorio, pero a los 530 pisos originales se le sumarán varios cientos más. Al planeamiento de las viviendas, aprobado en solitario por el PP municipal gracias a su mayoría absoluta, se le unirán otros 5.763 metros cuadrados (y 1.200 adicionales de uso dotacional privado) comprados por la empresa Dazia Capital para un proyecto de flex living. La misma empresa ha adquirido allí otra parcela residencial de 11.040 metros cuadrados. Ha pagado por ambas alrededor de 50 millones de euros. Se espera que este formato residencial tenga también presencia en los terrenos recalificados por la corporación municipal en la ciudad deportiva del Real Madrid.

Sara Ladra teme que el modelo continúe expandiéndose pese a los escasos beneficios que depara para la ciudadanía: “Almeida tiene muy claro su modelo de ciudad y su último invento para seguir robándonos Madrid es una estratagema perversa para especular con las viviendas. El plan especial abre el abanico del suelo industrial al sector turístico y aquí es donde entra el flex living, otro truco para permitir que se siga construyendo vivienda turística en terreno público, gracias a un agujero negro en la legislación del suelo. No es una actividad económica que tenga un retorno para la ciudad, para mejorar la vida de la gente, es una actividad para favorecer el turismo”.

“El Gobierno de Almeida argumenta que sus políticas buscan redistribuir a los turistas fuera del centro, pero el flex living es un truco para evitar la LAU. Es lo mismo que ha hecho en el centro de Madrid con el Plan Reside: permitir que inversores privados hagan más y más vivienda turística en nuestra ciudad”, dice Ladra. La concejala opina que estos alojamientos de flex living “van a ser las nuevas viviendas de uso turístico [VUT]”. Esto es, “apartamentos para estancias de semanas o meses en zonas como Vallecas, Usera, Retiro o Puerta del Ángel o pegado a la gran curva del circuito de Fórmula 1”. Considera “irónico” que, mientras “las ciudades europeas legislan a toda velocidad para acabar con el alquiler turístico o de temporada”s, Almeida hace “justo lo contrario”. Con ello, zanja, el Ayuntamiento “favorece a los turistas y a los especuladores en vez de a los vecinos y vecinas de Madrid”.

La compañía de servicios inmobiliarios JLL estima en un informe de finales de 2025 en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región.

Para JLL, son “la presión demográfica” y “la transformación del hogar” los principales factores que impulsan estos alquileres flexibles no calificados como viviendas, aunque muchos de sus inquilinos las habiten como tales. Apostillan que ha dejado de ser “una solución dirigida exclusivamente a jóvenes profesionales o millennials” para convertirse en “una alternativa estructural dentro del mercado residencial español”. Una nueva y distante forma de habitar la ciudad que se deja notar cada vez en más barrios de Madrid.

Llama la atención a primera vista, y no precisamente por su derroche de colorido. Es una pared vista de hormigón que solo tiene unas letras blancas, de gran tamaño, en su esquina superior izquierda. “Nodo”, puede leerse. El nombre del local no es lo único que destaca, ni tan siquiera lo que más: solo un agujero en el centro permite ver algo del interior, así que invita rápidamente a acercarse y mirar. Después de promocionarse en Instagram y acumular casi 14.000 me gustas en cuentas de conocidos creadores de contenido, esta extraña tienda de helados coreanos ha echado (temporalmente) las persianas.

“Sí, como mínimo estaremos cerrados hasta el jueves que viene”, responde uno de los dos encargados que esa mañana de agosto, casi al acabar el mes, maniobraba con cajas en el interior del local. Por primera vez podía verse a través de la puerta contigua, que normalmente tapa una mampara de aluminio. Tal y como explican ambos empleados, el establecimiento ha decidido hacer una pausa para ejecutar pequeñas reformas, de las que no llegan a dar más detalle. Planean reabrir pronto y tienen fechas aproximadas, aunque de momento no se ha anunciado oficialmente una reapertura.

La peculiaridad del negocio, ese llamativo agujero que resalta sobre una pared sobria y tras la que se ocultan los utensilios de los helados, ya se enuncia en una primera búsqueda de Google: “Más que una ice cream shop, Nodo es una experiencia. Un muro de hormigón visto y un único agujero misterioso desde donde aparecen nuestros frozen desserts”. La reseña continúa recomendando el negocio “si buscas ice cream en Malasaña, frozen desserts, korean bingsu, postres virales” o “una heladería diferente para descubrir este verano”.

En sus redes sociales, el establecimiento se promociona como un “pop-up” de verano —con vocación estacional— que reinventa el bignsu coreano, un postre tradicional de hielo raspado y una textura fina cubierta de sabores, a la que añaden toques modernos. En su catálogo figuran muchos de los sabores populares en Instagram y, cada vez, de más negocios a pie de calle: lotus, chocolate Dubai, matcha, pistacho, oreo... El envoltorio que rodea a los helados, desde su misteriosa fachada hasta la curiosa estética del hielo, contiene ya todos los ingredientes para volverlos virales.

“¿Cómo es posible que Madrid todavía no tuviera esto?”, se pregunta en Instagram la influencer @vadeplanes, que sube habitualmente contenido de ocio y gastronomía en Madrid. En uno de sus vídeos, publicado hace ya un mes, exponía su visita al número 41 de la calle de la Palma, donde se ubica el negocio de los bigsu. Una de sus singularidades, además del aspecto sobrio de hormigón, es que solo puedes pedir con una tablet desde el exterior, colocada junto al agujero que da al local.

En su momento de mayor apogeo, los paseantes llegaron a atravesar largas colas de gente que iba a probar el helado y al no tener espacio en el interior terminaba ocupando ese tramo de la acera. Durante este cierre temporal, el negocio ha desinstalado la pantalla y en su lugar queda el mecanismo metalizado en el que estaba colocado. Ahora luce una pegatina con el nombre del establecimiento, Nodo, y unas letras en el alfabeto coreano.

“Era curioso: apenas se veía una mano sacando el helado”, recuerda el trabajador de otro garito en esa misma calle, que no se muestra extrañado de ver cada vez más negocios “de este tipo”: con experiencias enigmáticas o exclusivas y una larga cola de reels. En Internet, las últimas reseñas de compradores son de hace casi dos semanas y en las publicaciones más recientes ya hay algunos usuarios que se quejan de haber visitado la heladería sin saber que estaba cerrada.

En el momento de redactar este artículo, el buscador ya advierte de ello nada más desplegarse. De los 124 comentarios que aparecen, buena parte les otorga la máxima puntuación en el ranking. Una usuaria identificada como “Eva A.” lo hizo semanas atrás narrando su experiencia con la mangonada, una de las opciones de la carta inspirada en otra famosa bebida mexicana. Sin embargo, entre los comentarios más recientes ya se acumulaban quejas por el cierre inesperado, lo que ha bajado su puntuación total.

Un negocio donde nadie puede ver el interior

Sobre si es posible o no abrir un negocio donde el cliente no puede ver absolutamente nada del interior, las asociaciones de consumidores señalan que eso depende, entre otras cosas, de la información que exponga en su menú. “Sería un incumplimiento, por ejemplo, que en la tablet no apareciese la carta ni se indicara el precio de los productos, los alérgenos y todos los datos que el consumidor debe conocer antes de hacer la compra”, estiman desde Facua, organización especializada en la lucha contra prácticas ilícitas de las empresas o el mercado.

Más allá de eso, que sea legal o no dependerá de lo que diga la normativa propia de cada ciudad. En el buscador público de licencias y expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid, Conex, lo que se especifica para esta parcela es que justo antes albergaba la antigua pastelería Piscis y, según consta en el portal, alojó otro negocio de comida preparada que se declaraba sin obrador. Legalmente puede mantenerse una misma licencia aunque el negocio se traspase, pero el Ayuntamiento de Madrid no llega a aclarar a preguntas de este periódico si este es el caso de la heladería Nodo, o si se contempla alguna medida de repetirse las colas humanas al otro lado del agujero.

En el vacío de agosto, cuando muchos vecinos se aíslan por vacaciones, los negocios cierran y la actividad política se suspende, aún queda margen para algunos movimientos administrativos. Este mismo lunes, el Ayuntamiento de Madrid ha publicado en su boletín oficial (el BOAM) una resolución del pasado 13 de agosto, que modifica entre otras cuestiones el espacio disponible para instalar terrazas en la plaza de Salvador Dalí, distrito de Salamanca: la superficie permitida pasa de 456,24 a 528,13 metros cuadrados, ampliando en casi 72 metros cuadrados los disponibles para estos negocios. Es decir, un 15% más que antes.

El consistorio explica en su resolución que, actualmente, el espesor del suelo es “insuficiente” para anclar las sombrillas en las terrazas de forma estable y segura, puesto que bajo sus pies se extiende un aparcamiento subterráneo. De ello advirtieron los hosteleros de la zona al solicitar autorizaciones para sus veladores, y el Ayuntamiento asegura haberlo constatado durante las obras para renovar la plaza, que concluyeron el pasado mes de mayo después de una ambiciosa inversión de 1,5 millones de euros para mejorar su accesibilidad, reparar el pavimento o pulir la zona circular donde se ubica el monumento al artista de Figueres.

A nivel técnico, esta última publicación en el BOAM modifica un estudio de ordenación conjunta (EOC) publicado en 2023 tanto para la plaza como en la Avenida de Felipe II, ambas colindantes. Fuentes municipales consultadas por Somos Madrid recuerdan que la modificación anunciada aún se encuentra en trámite de información pública y solo afecta a un área concreta del EOC, la Zona 2, que abarca 5.120 metros cuadrados de la plaza de Salvador Dalí.

Con la modificación de agosto, las terrazas en ese área podrán ocupar hasta 71,89 m² más de superficie que en la previsión de hace tres años, y sus sombrillas pasan de tener que estar ancladas al pavimento a una preferencia por los modelos móviles, con idea de que la condición del suelo no perjudique su uso. Desde el equipo municipal insisten en que nada de esto supondrá un aumento del aforo en las terrazas, y se respetará el itinerario actual añadiendo únicamente “el espacio necesario para garantizar la estabilidad de los separadores móviles”. Es decir, los 50 centímetros extra al fondo de las terrazas.

La superficie máxima de la banda destinada a los veladores también crece 50 centímetros: de los 3,60 metros de ancho permitidos, que ya estaban ocupados por dos filas de mesas y sillas, se pasa a 4,10 metros para que el espacio restante sea el que albergue los separadores móviles con jardineras. Estos ya estaban permitidos por la normativa anterior, aunque los hosteleros notificaron que con esa disposición no quedaba hueco para incluirlos sin prescindir de otro mobiliario.

No aumenta el aforo, pero sí el uso privativo

La diferencia puede parecer pequeña sobre el plano, pero tiene consecuencias sobre la superficie de uso privativo. Aunque el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida hace hincapié en que este aumento de suelo útil “no conlleva un incremento del aforo” en las terrazas, dado que servirá para abrir hueco a elementos de separación, la vía pública en este tramo quedará ligeramente reducida, dejando menos espacio al peatón.

En la regulación de 2023, la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración (que pertenece al Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias) estipuló un diseño específico para concentrar los veladores en una banda de la plaza, frente a los establecimientos, y mantener un itinerario peatonal continuo junto a las fachadas y otro en el centro. Ahora, los nuevos separadores deberán incorporar una jardinera de hasta 50 centímetros de anchura para garantizar su estabilidad y podrán colocarse en los laterales o en el fondo del velador, dejando un acceso de al menos 1,80 metros y manteniendo siempre liberada la entrada principal.

Otro cambio estipulado tiene que ver con las sombrillas, que ahora podrán disponerse en una única fila de hasta 4,10 metros, o bien en dos filas separadas con 2,05 m cada una. En ambos casos, si se instalan al fondo de la terraza deberá liberarse el mismo espacio que con los separadores para facilitar el paso. La modificación contiene, asimismo, una cautela relacionada con los usos de la plaza: ninguno de los elementos de las terrazas en la zona afectada podrán quedar anclados al pavimento, ni se autorizarán elementos industriales permanentes.

“En caso de evento, la plaza debe quedar libre de obstáculos”, se detalla en la modificación aprobada este mes de agosto, que ofrece a su vez un período de adaptación más largo para los negocios que ya tenían autorización: el plazo pasa de un mes a tres meses, algo que el Ayuntamiento defiende aludiendo a que el tiempo inicial era escaso para completar todos los trámites administrativos que eran necesarios. Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, que lidera el edil Borja Carabante, no responden por el momento las preguntas trasladadas por este periódico. Tres años después de la ordenación que delimitó los veladores de Salvador Dalí, la fotografía completa ha cambiado ligeramente.

El proyecto de modificación del plan general, puntal de la recalificación de terrenos en la ciudad deportiva del Real Madrid que se encuentra desde el pasado miércoles en información pública, revela los pormenores de una operación con la que Florentino Pérez vuelve a lograr grandes ventajas para el club de la mano del Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida recalifica la edificabilidad de 448.000 metros cuadrados en Valdebebas para darles un uso lucrativo: un hospital y una universidad privadas, oficinas, hoteles, comercios y hasta formatos de hospedaje temporal estilo flex living podrían aterrizar en el entorno.

El documento, cuyos detalles ha adelantado El País, refleja que la zona apenas conserva 89.000 metros cuadrados de edificabilidad para uso dotacional deportivo, frente a los 360.000 de la actual normativa. De ellos, el Real Madrid tiene construido solo unos 60.000, la mayoría ocupados por el estadio Alfredo Di Stéfano. Hasta los nuevos 532.000 metros cuadrados de edificabilidad, el resto pasan a ser 276.000 metros cuadrados para equipamiento privado y 172.550 en calidad de servicios terciarios tipo oficinas, hoteles u otro tipo de alojamientos.

Todo ello implica un mayor valor de los suelos, ahora con una valoración de 360,1 millones de euros, según un informe adjunto de la consultora inmobiliaria Savills. En ese documento recogido por El País la revalorización es notoria: fijan en 40,7 millones el precio del suelo deportivo; en 133,9 millones el dotacional privado y en 185,5 millones el terciario. El Real Madrid consuma así su propósito de convertir los terrenos baldíos de Valdebebas en un gran campus tecnológico y educativo al que añadir servicios de ocio, que no encajan en los actuales usos para los que está pensada la parcela. El nombre escogido para el entorno es Madrid Innovation District, como anunció Florentino Pérez en un acto conjunto con Almeida y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

En el uso deportivo, el Real Madrid levantaría nuevos campos de fútbol y servicios vinculados (10.000 metros cuadrados), así como un “club deportivo” de 9.993 metros cuadrados. Respecto al suelo terciario, alrededor de 100.000 metros cuadrados se destinarán a edificios de oficinas y el resto a otros usos como hospedaje, recreativo y comercio de proximidad. Este último apunte cierra la puerta a que se construya un centro comercial, aunque ya se prepara otro en otro punto de Valdebebas. En cuanto al equipamiento privado, alrededor de 110.000 metros cuadrados están previsto para sanitario, caso de un hospital privado. La misma cifra para educativo, lo que parece que se traducirá en la llegada de una universidad privada. Alguna instalación cultural completará la edificabilidad de este apartado.

La entidad blanca figura como único promotor, al tener en propiedad una parcela de 1.200.000 metros cuadrados de uso vigente dotacional deportivo privado, pero ello no le impide futuras ventas. De hecho, el club ya lo hizo en la primera etapa de Florentino Pérez como presidente, a comienzos de siglo. Fue con otra gran recalificación auspiciada por el Ayuntamiento de la capital: la de la ciudad deportiva de la Castellana, donde actualmente se erigen las conocidas como las Cuatro Torres. El Real Madrid se trasladó entonces a Valdebebas, salvo su estadio, en un movimiento que reportó grandes beneficios al club y que resultó vital para la sostenibilidad en su etapa de “galácticos”. Ahora, tras el traspié de los conciertos paralizados en el Bernabéu, la recalificación podría revitalizar de nuevo las cuentas de la entidad.

La memoria económica del proyecto, del que Pérez hizo gala en los últimos comicios en el club que acabaron con su reelección, apunta a un coste de 1.200 millones euros en la construcción. Desde Cibeles auguran que las obras arrancarán en 2029, después de la aprobación definitiva que deben dar el Ejecutivo municipal y el autonómico, algo que no parece difícil dado que su éxito está garantizado siempre que se confirme la continuidad del PP en los gobiernos madrileños.

Los documentos indican que el desarrollo estaría “estabilizado” en 40 años y los primeros ingresos para los promotores llegarían en 2031. Justifican la operación aludiendo a que hasta ahora solo se ha ejecutado un 17% de la edificabilidad máxima en la parcela del Real Madrid, lo que supone una infrautilización del suelo urbano consolidado. Una situación análoga a la de otros terrenos del entorno donde no se han puesto en marcha operaciones de este calado. Mientras, los vecinos de Valdebebas (área cercana a Ifema o al aeropuerto de Barajas) ven cómo aterrizan otros grandes eventos como el Gran Premio de Fórmula 1.

La oposición critica un “pelotazo” y se pregunta “dónde está el interés general”

Los reproches de la oposición no se ha hecho esperar. Desde Más Madrid califican la información conocida de “pelotazo”, como traslada la concejala Sara Ladra: “Almeida lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a demostrar en pleno mes de agosto, aprovechando que media ciudad está de vacaciones, para quién gobierna realmente Madrid: para que los más ricos se hagan megarricos”. Y añade: “Unos terrenos que iban a ser para equipamientos deportivos, ahora serán más hoteles y colivings de lujo, hospitales o universidades privadas... Todo para que se forren los de siempre. Valdebebas necesita colegios y centros de salud públicos, no más hoteles y oficinas”.

“Esta recalificación nos costará más a todas y todos los madrileños: 25 millones todos los años, que no se compensarán, si lo hacen, hasta más allá del año 2033 y que no se dedicarán a otros servicios públicos esenciales que no están suficientemente dotados: limpieza, escuelas infantiles, más autobuses y más rápidos…”, subraya Ladra.

También se ha mostrado muy crítico Antonio Giraldo, portavoz socialista en la Comisión municipal de Urbanismo: “Este es otro caso de urbanismo a la carta que Almeida y Borja Carabante practican desde que empezaron a gobernar”, afirma el edil. Explica que se trata de una recalificación inmensa, que ya viene de una anterior que se hizo “por la supuesta necesidad de un equipamiento deportivo”. “Lo justifican diciendo que solo se ha desarrollado una pequeña parte de él y nos preguntamos qué justificación es que un propietario no haya cumplido con sus deberes de desarrollar su suelo”, apostilla.

“Lo que ocurre es que al Real Madrid le ha surgido una nueva oportunidad de negocio y eso puede ser consecuencia de la deuda que tiene con el Ayuntamiento después del desastre que el Consistorio le provocó al Real Madrid con los aparcamientos del Bernabéu, o sea, por la negligencia habitual del Gobierno municipal. La pregunta es dónde está el interés general de toda esta operación y la respuesta es que lo que está bien claro es el interés particular del club por el enorme y abultado volumen de ingresos, por encima de los 300 millones de euros, que va a provocar esta recalificación urbanística. Por el momento no hemos encontrado ninguna repercusión en el interés general”, concluye el concejal.

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha rechazado por contra la calificación de “pelotazo”, al tiempo que ha defendido que será una actuación “buena para Madrid” y “buena para los madrileños”. Preguntada por las críticas de Más Madrid y PSOE en declaraciones a los medios tras un acto, García Romero cree que “lo que tiene que hacer es presentar alegaciones” y ha recordado que el plazo permanece abierto hasta finales de septiembre. “Es una tramitación urbanística normal y corriente”, ha manifestado, al tiempo que incide en que la modificación todavía no tiene carácter definitivo.

El próximo lunes, último día de agosto, el tramo en obras entre Cibeles y la Puerta de Alcalá recuperará uno de los dos carriles por sentido que habían sido cortados para avanzar en los trabajos. La conexión con la Plaza de la Independencia contará ahora con dos vías de circulación general para el tráfico rodado y otra para autobuses en cada dirección. La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha destacado este jueves que esa será la misma configuración que mantendrá el trayecto una vezconcluidas las reformas.

De ello ha dado cuenta en declaraciones a los medios durante una visita a la nueva Casa Familias del Ensanche de Vallecas. Allí, Rodero también ha avanzado que el tramo de la M-30 a su paso por Puente de Vallecas recuperará ese mismo día, el 31 de agosto, todos sus carriles después de haber cortado dos de ellos por sentido para rehabilitar la vía. La delegada ha explicado que su equipo trató de concentrar en julio y agosto aquellas intervenciones que podían generar más dificultades para el tráfico. “Han ido bien las obras durante este verano”, concluye García Romero.

La remodelación de la calle Alcalá cuenta, en este punto de la capital, con una inversión de 6,1 millones de euros y el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz, dado que busca recuperar su trazado histórico y facilitar el acceso peatonal al monumento con un amplio paseo central. El proyecto incluye ampliar la acera norte, crear un carril bici segregado en el lado sur y plantar 57 árboles para recuperar la doble alineación desaparecida a finales de los años sesenta al ampliarse la calzada.

También contempla renovar pavimentos, alumbrado y mobiliario urbano. En Plaza de la Independencia se recuperará un trazado del jardín de finales del siglo XIX y se creará un paso peatonal al oeste para acercar la Puerta de Alcalá a los ciudadanos. La delegada ha advertido de que la plaza de la Independencia mantendrá “algún carril cortado de momento” por las obras, aunque confía en afectar “lo mínimo posible” a la circulación.

La M-30 recupera todos sus carriles al paso por Puente de Vallecas

En cuanto a la M-30, García Romero ha anunciado que el lunes estarán disponibles todos los carriles a la altura del puente de Vallecas. Con esta reapertura y la recuperación del carril por sentido en Alcalá, ha expresado su confianza en que la movilidad quede “normalizada” en ambos puntos. La rehabilitación de la infraestructura se ha dividido en dos fases, con una inversión conjunta de cuatro millones de euros. La primera se centró en su parte inferior, mientras que la segunda comprende la impermeabilización y renovación del pavimento del tablero, la sustitución de las juntas de dilatación y las nuevas pantallas acústicas, que se están instalando de manera progresiva, según ha indicado la delegada.

Estos trabajos forman parte de Vallecas Abierto, el proyecto presentado en mayo por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para transformar el entorno del puente y mejorar la conexión entre Puente de Vallecas y Retiro. La iniciativa se anunció con un presupuesto de 11,5 millones de euros y un horizonte de ejecución hasta 2028. Respecto al resto de actuaciones de su Área, García Romero ha situado en diciembre el final de las afecciones de Parque Castellana, con la puesta en servicio del túnel.

Siguen los avances en uno de los grandes macroeventos de la nueva temporada en Madrid. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que las obras del “estadio” Shakira estarán terminadas en los próximos diez días para acoger el primero de los doce conciertos de la artista colombiana el 18 de septiembre.

“Las obras de instalación de ese estadio, con capacidad para 50.000 personas, comenzaron el pasado 1 de agosto. La licencia fue otorgada en julio por parte del Ayuntamiento de Madrid y estarán finalizadas en los próximos diez días”, ha explicado el concejal en declaraciones a los medios desde Arganzuela.

La estructura, un auditorio temporal al aire libre autoproclamado “estadio” por sus impulsores (la propia artista o la promotora Live Nation), se levanta en el espacio Iberdrola Music, que durante la residencia europea de la cantante pasará a denominarse Macondo Park en homenaje al universo de Gabriel García Márquez. Un recinto entre el distrito de Villaverde y el municipio de Getafe donde acechan las críticas por el ruido o la movilidad con cada gran evento, sobre todo el festival Mad Cool.

La colombiana aterrizará en Madrid con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que incluye una docena de citas que se extenderán entre el 18 septiembre y el 11 octubre. Carabante ha esgrimido que la residencia de Shakira supone una “muy buena noticia” para Madrid. A su juicio, la ciudad se convertirá durante esas semanas en “el epicentro de los grandes eventos y acontecimientos culturales y musicales”.

Además del estadio, el proyecto contará con diferentes carpas y actividades culturales, gastronómicas, artísticas y familiares vinculadas a la cultura latina. En total, se pondrán a disposición de los asistentes alrededor de 150.000 metros cuadrados. Según Carabante, esta programación complementaria permitirá repartir la llegada y la salida del público y reducir la concentración de desplazamientos en las horas inmediatamente anteriores y posteriores a los conciertos. “Eso nos permite mitigar la hora punta de entrada y salida de los conciertos y, como siempre, estableceremos un plan de movilidad acorde con esas necesidades”, cree.

El delegado ha avanzado además que el Ayuntamiento está ultimando con el promotor un dispositivo de movilidad que incorporará mejoras respecto a los aplicados en otros eventos celebrados en Iberdrola Music. Al respecto, Carabante ha señalado que sus detalles se darán a conocer “a lo largo de los próximos días”. En este sentido, ha defendido que los últimos planes de movilidad puestos en marcha en el recinto “han dado resultado” y ha afirmado que la experiencia acumulada ha permitido modificar los dispositivos mediante un proceso de “prueba y error”. “Prácticamente no ha habido quejas en los últimos conciertos”, ha sostenido, algo que contrasta con los mencionados problemas para residentes y asistentes en la última edición del Mad Cool.

La elección de Iberdrola Music para la residencia de la colombiana generó críticas después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pidiera reconsiderar la celebración de eventos masivos en este espacio por sus condiciones de accesibilidad, movilidad y seguridad. Una postura que apoya igualmente la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández. “Cada vez mejoramos más la seguridad y la movilidad y, por tanto, las condiciones de acceso de todos los madrileños”, opina Carabante.

En la Gran Vía de Madrid hay letreros de todos los colores y tamaños, que dan vida a una de las arterias más reconocibles de la capital. Pero solo uno resiste 16 años después de que el Ayuntamiento emitiese una orden de desmontaje que sigue sin ejecutarse desde el 16 de diciembre de 2010. Ubicado en el número 64 de la céntrica calle, se trata de un luminoso con 13,8 metros de longitud de España SA, aseguradora del ultrarrico profesor Jesús Huerta de Soto. Una conocida figura en ambientes ultraliberales y entre los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, pero cuyo protagonismo mediático creció exponencialmente al convertirse en uno de los gurús del presidente argentino, Javier Milei. Ambos han manifestado su admiración compartida en entrevistas e intervenciones públicas.

La situación del cartel, enconada pese a que hasta seis sentencias han rechazado los argumentos de la compañía, ha llegado incluso al Defensor del Pueblo. En un escrito al respecto, al que ha tenido acceso Somos Madrid, Ángel Gabilondo solicita al Ayuntamiento de Madrid que le mantenga “informado de los avances en la tramitación del expediente” y “confirme que, en efecto, se ha procedido al desmontaje de la instalación publicitaria”.

La contestación de Gabilondo menciona asimismo que el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida “ha remitido [al Defensor del Pueblo] copia de un informe emitido por el Servicio Jurídico del distrito Centro”. Este incluye la orden original de eliminar el luminoso y cita otras medidas igualmente infructuosas “debido al incumplimiento de dicha orden”, entre ellas “sucesivas multas coercitivas”, todo ello “sin que hasta la fecha se haya procedido al desmontaje de la instalación”. El patrimonio de Huerta de Soto explica la falta de éxito de las sanciones económicas. Entre 2017 y 2023, su empresa Inmobiliaria Hispania tuvo que pagar 6.000 euros en calidad de propietaria del inmueble. Solo en 2023, la compañía facturó cerca de 9 millones y consiguió unos beneficios de 3,46 millones de euros.

La documentación menciona igualmente que “se ha incoado el expediente de ejecución sustitutoria número 101/2026/03440”. Es decir, el trámite que desbloquearía al fin el cumplimiento de la directriz municipal. Dicho expediente “se encuentra en el Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana del distrito, pendiente de la emisión del correspondiente informe”. Fuentes municipales consultadas por este periódico aluden únicamente a este reciente avance al ser consultadas por este tema: “El Ayuntamiento ha iniciado el expediente para la ejecución subsidiaria de la retirada”.

El Defensor del Pueblo espera “algún avance significativo” en “un plazo prudencial”

El pronunciamiento de Gabilondo llega después de una queja remitida por un concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, portavoz de la formación en la Comisión municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. El Defensor del Pueblo paraliza con la contestación su intervención en el proceso, salvo que este permanezca bloqueado: “Como puede transcurrir algún tiempo antes de que se produzca dicho desmontaje, se suspenden las actuaciones seguidas con el Ayuntamiento hasta que se produzca algún avance significativo al respecto. Ahora bien, si en un plazo prudencial no se recibe dicha respuesta, esta institución volverá a dirigirse al Consistorio para conocer los motivos de la demora”.

Nieto, en declaraciones a este medio, compara la situación con la de otra polémica reciente: “Como en el caso del ático de Ayuso, el PP de Almeida ha intentado esconder el escándalo de no ejecutar una sentencia judicial firme metiendo el expediente en el fondo de un cajón. Pero el Defensor del Pueblo les ha vuelto a pillar con el carrito del helado y les ha forzado a abrir el expediente de ejecución sustitutoria, al tiempo que les advierte de que va a estar atento para que no vuelvan a archivarlo”.

“Las preguntas son claras. ¿Quién dio la orden de paralizar el expediente y no seguir con su tramitación? ¿Cuáles son los vínculos entre el multipropietario inmobiliario Huerta de Soto y el PP? ¿Por qué este trato de favor del que no goza el común de los vecinos de Madrid?”, traslada el edil. “Más allá de la ejecución sustitutoria del desmontaje del rótulo que le ha exigido el Defensor del Pueblo, el alcalde debe dar respuesta a estas preguntas y depurar responsabilidades. Desde Más Madrid vamos a seguir explicaciones en todos los ámbitos institucionales que hagan falta para que Almeida cumpla con la ley”, zanja.

Un letrero heredado de una empresa heredada

Huerta de Soto es a la vez anarcocapitalista, ultracatólico, funcionario público y partidario de desmantelar el Estado. Desde hace años difunde sus teorías desde la Rey Juan Carlos (centro universitario público), de la que es catedrático, así como a través de YouTube.

Pese a su firme creencia en la meritocracia, heredó España SA de su padre, aunque fue su abuelo quien fundó una entidad especializada en seguros de vida. También es propietario de la citada Inmobiliario Hispania, con una importante cartera de pisos en Madrid (el primero de la familia fue el del letrero en cuestión), agraciada con subvenciones, que tuvo relación con personajes vinculados al franquismo y, en definitiva, es un negocio con importantes beneficios.

Todo ello pese al escenario catastrofista que dibuja el magnate desde hace décadas, sobre todo para los emprendedores y los grandes empresarios. Poco antes de que el Ayuntamiento por entonces liderado por Alberto Ruiz-Gallardón le ordenara desmontar el cartel en septiembre de 2010, el empresario afirmaba en una entrevista que la Seguridad Social “está en una situación sin salida”. También que “el Pacto de Toledo es un pacto de silencio, que oculta la verdad a los ciudadanos” y que “es más difícil despedir a un trabajador que divorciarse”. Abogaba además por privatizar las calles, “como si fueran urbanizaciones privadas”: “Serían así más seguras y menos ruidosas”.

Eterno tira y afloja

La ilegalidad del letrero, colocado en 1973, ha quedado refrendada en varias sentencias. Ya en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró firme la resolución de 2010 del Ayuntamiento que obligaba a retirar el letrero. En septiembre de 2022, el TSJM rechazó un recurso de España SA e Inmobiliaria Hispana SA contra la decisión del Consistorio. Los argumentos eran contundentes: “El cartel en cuestión carece de licencia dado que la concedida en el año 1973 lo era condicional y sometida a revisión en el plazo de dos años, lo que no se produjo, sin que se haya procedido a su legalización”. Esa sentencia la confirmó el Tribunal Supremo a principios de 2023.

Ya antes, en agosto de 2022, otra sentencia del TSJM negó que el cartel pueda considerarse parte del patrimonio histórico de Madrid “por su valor histórico y cultural, conforme el paisaje urbano de la ciudad”, como pretendía la compañía: “Solo consta una licencia del año 1973, ilegal desde dos años después al no constar la renovación de la misma. Fuera de ese dato no existe un estudio histórico y cultural que haga ver que el rótulo, configurado por el nombre comercial de la aseguradora en letras sueltas, reúna dichas características, ya que el mero hecho del transcurso del tiempo no da ese valor”.

Así, el intento por compararse con los icónicos rótulos de Schweppes y Tío Pepe no surtió efecto, ni en el Ayuntamiento ni con los jueces. En marzo de 2021, los técnicos de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural del municipio de Madrid (CPPHAN) rechazaron esa petición por entender que “el rótulo supone un impacto negativo en la fachada dado que no contribuye a la defensa de los valores que permitieron la catalogación del edificio” y no tiene reconocido el carácter de histórico, “a diferencia de los rótulos mencionados en su propuesta”.

El TSJM recalcó que “son los hechos singulares, el significado especial que pueda tener el rótulo para la gente u otro tipo de consideraciones que acrediten ese especial valor especial” lo que “merece” protección. Confirmaba así una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso 28 de Madrid, que desestimó los “argumentos patrioteros, desprovistos de toda base jurídica” utilizados por la empresa de Huerta de Soto. Un portavoz no identificado de España SA reconoció a elDiario.es que ese letrero es ilegal, como “miles” similares en Madrid.

Después de la primera publicación al respecto en este diario, España SA volvió a pedir regularizar el letrero al equipo de Almeida. Un expediente de obtención de “licencia urbanística de actividad” para su “legalización” se dio de alta en los registros del Ayuntamiento el 4 de abril de 2025. Desde la aseguradora ignoraron una vez más las valoraciones de los profesionales de Patrimonio para aducir que “su singularidad es evidente”.

El informe presentado entonces en el Ayuntamiento concretaba que el horario de funcionamiento del luminoso sería “entre las 7 de la mañana al orto y desde el ocaso hasta las 12 horas”. Hablaba además de un “mensaje atemporal pero muy significativo”: “Es el nombre de la Nación, es ESPAÑA, ubicado en la vía más importante de Madrid, su capital, y junto a la plaza del mismo nombre. Su singularidad es evidente, y por ello, creemos que por su mensaje (social) sus características (letras sueltas) y su nombre (España), nadie podrá sentirse molesto por su mantenimiento. Al contrario, todos los inquilinos se sienten orgullosos y favorables”.

La solicitud concluía que con ese edificio España SA “ilumina desde hace años la fachada principal a la Calle Gran Vía para asombro y deleite de los madrileños”. La alta estima hacia la construcción dejaba pasajes como el siguiente: “Todos los edificios de la Compañía España SA, que son más de treinta, mantienen el mismo grado de conservación y mantenimiento. Son un verdadero lujo para la ciudad y para los ciudadanos, y representan una inestimable colección de la historia arquitectónica madrileña de los últimos siglos”. Lo contrastan incluso con otros artefactos similares de Gran Vía para indicar que el suyo “parece casi ingenuo, relajante y modélico”. Apostillaban para terminar que el letrero “ha formado parte de la escena de acontecimientos históricos, como la coronación de Felipe VI”.