“La modificación presenta un balance económico positivo para el Ayuntamiento de Madrid, sin generar desequilibrios presupuestarios ni comprometer la sostenibilidad financiera municipal”. Con esta frase concluía el informe económico de 65 páginas con el que el Gobierno de Almeida justificaba la rentabilidad para la ciudad que traerá la recalificación de los terrenos deportivos del Real Madrid junto a su ciudad deportiva en Valdebebas, donde quiere abrir un campus tecnológico, hoteles y un hospital privado. El problema es que la premisa era falsa.

Una distorsión en los cálculos desvelada este lunes por El País añadía a este balance económico 98,6 millones de ingresos a partir del 2033, el quinto año de desarrollo del proyecto. Lo hacía al sobredimensionar los ingresos procedentes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que deberían ser de 986.000 euros, pero que aparecían sobredimensionados en el informe por un error en el factor de multiplicación, cien veces mayor. Un “error” que el propio alcalde ha admitido.

Con los números del informe en la mano y las correcciones de esta multiplicación, el Ayuntamiento de Madrid obtendrá números rojos si se llega a completar la operación, que el alcalde asegura que va a llevar adelante. El estudio utilizaba los 98,6 millones del IAE calculados erróneamente para compensar los casi 100 millones de euros que al consistorio le costará mantener durante los cuatro años anteriores las nuevas infraestructuras que construirá en el entorno: carreteras y un parque municipal urbano que rodeará las instalaciones propiedad del Real Madrid. Pero al reducirse a la centésima parte, las cuentas no cuadran y la ciudad tardará décadas en recuperar la inversión, según los datos del mismo estudio.

Siguiendo las conclusiones de los datos económicos ahora fallidos, sus resultados ponen de manifiesto que los ingresos generados por la actuación serán insuficientes para compensar tanto los costes asociados a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras como las necesidades de prestación de servicios municipales derivadas del nuevo desarrollo.

El estudio de esta operación fue encargado a dedo por el Ayuntamiento y firmado por Savills, consultora que —denuncia Más Madrid— trabajó también para el Real Madrid en la propuesta que el club blanco presentó al Gobierno de Almeida para convencerle del proyecto. Es lo que Rita Maestre ha llamado este lunes “informe giratorio”, por la relación de esta empresa de consultoría presidida por Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. “Vamos a buscar todos los resquicios legales”, advierte la portavoz de la oposición sobre los posibles errores en la tramitación.

El alcalde de Madrid ha defendido este lunes que se trata de “un error que no tiene consecuencias prácticas por una razón, porque esos 98 millones no se iban a cobrar” y sigue defendiendo que “no hay ninguna pérdida económica real para el Ayuntamiento de Madrid”, obviando el resto de cifras del informe económico. “Lo que sí es cierto es que hay ese error y lo que hay que hacer es rectificarlo”, añadió sin aclarar de qué manera piensa hacerlo o si se verá obligado a reiniciar la tramitación.

Fuentes del área de Urbanismo consultadas por Somos Madrid explican que el departamento está analizando esta circunstancia y no se ha tomado todavía ninguna decisión. El alcalde es optimista: “Esto no frustra la operación, que es una operación buena para la ciudad”, añadía para justificar el enorme beneficio económico que recibirá el Real Madrid con la recalificación: 185,5 millones de euros gracias al cambio de usos de los terrenos. Almeida cita las “zonas verdes” y las “dotaciones públicas” que recibirá la ciudad al permitir el giro urbanístico favorable al club blanco.

Tecnología, hoteles y hospital privado

“Esta operación es un ejemplo más de cómo el suelo público de Madrid es el cajero automático de las grandes empresas”, ha denunciado Maestre sobre la recalificación que tramita el Ayuntamiento de Madrid y que califica de “pelotazo”. La intención del club merengue es la de levantar en estos terrenos el Madrid Innovation District, un centro de innovación para empresas al que también añadirá un hospital y una universidad privada, hoteles, comercios y hasta formatos de hospedaje temporal de tipo flex living.

Según las cifras oficiales, el Real Madrid multiplicará por más de dos el valor de su parcela de Valdebebas cuando se complete la recalificación. Los 185 millones citados representan el mayor incremento patrimonial en una operación de este tipo desde que Almeida es alcalde. Otros “pelotazos” sonados sobre los que llamó la atención la oposición fueron los planes especiales aprobados para El Corte Inglés en Méndez-Álvaro, donde la entidad comercial ingresó 29 millones de euros con la recalificación de centro comercial a oficinas, y el de la Ermita del Santo, con 64 millones de incremento de valor al convertir un antiguo centro comercial en viviendas.

Pese a las elevadas cifras de beneficio para el Real Madrid que indica el informe económico, algunos economistas creen que son demasiado bajas para el volumen de la operación. Es el caso del exdelegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que creía que el valor real de la operación podía llegar a superar los 500 millones de euros, atendiendo al valor de otras operaciones inmobiliarias similares en la zona. El exconcejal apunta a que el valor real de estos terrenos aflorará en el futuro, cuando el presidente del Real Madrid ponga en marcha la entrada de capital privado en el club o bien cuando establezca algún tipo de asociación para llevar a cabo la construcción de los negocios planeados, que incluya una tasación del suelo ya recalificado.

En el PSOE también han alertado de múltiples problemas de cálculos en el informe económico de Savills: “la conclusión de sostenibilidad municipal depende de cálculos tributarios manifiestamente inconsistentes”, explican en sus alegaciones antes de detallar una decena de cifras dudosas. Y arroja una última cuestión que, a su juicio, obligaría a un nuevo proceso de información pública: la censura de hasta cinco páginas de la propuesta madridista que pueden ser “relevantes” para conocer los fundamentos del acuerdo del Real Madrid con el Gobierno de Almeida.

El aparcamiento municipal de la calle Montalbán, situado junto al Ayuntamiento de Madrid, reabre este lunes tras la reforma acometida durante el último año, ha informado el Consistorio en un comunicado.

EMT Madrid, como empresa gestora del aparcamiento, vuelven a poner en funcionamiento este aparcamiento de carácter mixto, de 278 plazas: 137 en la planta -1 y 141 en la planta -2. Del total, 141 plazas son de residentes, siete son para recarga eléctrica (cuatro de ellas de alta potencia), siete están reservadas a personas de movilidad reducida (una para vehículos PMR eléctricos), nueve son para bicicletas y siete para motos.

El parking, con una superficie total de 8.289 metros cuadrados, data de 1968 y funciona bajo la gestión de la empresa municipal desde abril de 2017. Tras más de 50 años de vida era necesario acometer actuaciones como el refuerzo de su estructura, la impermeabilización de la cubierta, la reparación de los muros perimetrales y las rampas, la renovación de la pavimentación, la sustitución de todas sus instalaciones (electricidad, alumbrado, ventilación), entre otros aspectos, de cara a la adecuación de este espacio a las normas de accesibilidad y eficiencia energética.

Estos trabajos han contado con un presupuesto cercano a los 8,2 millones para alrededor de un año de obras. Actualmente, EMT Madrid gestiona un total de 13.055 plazas de aparcamiento en la capital repartidas en instalaciones de rotación (incluidos disuasorios), de residentes (dotacionales), de carácter mixto y en los hubs de movilidad: Canalejas 360, Recoletos 360, Plaza de España 360 y Artilleros 360.

El Centro Cultural Benjamín Palencia del Ensanche de Vallecas no ha resistido las primeras lluvias del otoño. Las precipitaciones registradas en Madrid el pasado 6 de octubre provocaron la inundación de las instalaciones de este equipamiento municipal, inaugurado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida el pasado mes de abril, y obligaron a cerrar su auditorio. El incidente se produjo, además, apenas cuatro días después de que abriera al público la biblioteca integrada en el mismo edificio, un servicio que los vecinos llevaban dos décadas reclamando.

Fue la propia Junta de Villa de Vallecas la que informó de la clausura a través de sus redes sociales el 7 de octubre, un día después de las lluvias. “El auditorio del Centro Cultural Benjamín Palencia permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, señalaba el mensaje, acompañado de una disculpa a los usuarios por las molestias ocasionadas. Más de dos semanas después, el espacio continúa clausurado, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Madrid a Somos Madrid, sin que por el momento exista una fecha para su reapertura.

El cierre afecta al auditorio situado en el semisótano del edificio, un espacio equipado con escenario, camerinos, sala de ensayo y almacén. Debido a las lluvias, el foso quedó cubierto de agua hasta la mitad de la escalera y tanto la zona de butacas como el escenario estaban mojados, por lo que el personal tuvo que subir el telón a unas sillas para que no se mojase.

El color del agua era oscuro, ya que se había mezclado con tierra o suciedad y llegó hasta los baños de esta planta del centro cultural. Los servicios se inundaron hasta cubrir prácticamente el váter y el rastro del agua dejó el suelo lleno de barro.

Según explica el Ayuntamiento, la inundación se produjo por una saturación de la red de saneamiento enterrada en la zona de camerinos y escenario, debido a la intensidad de las precipitaciones concentradas en pocos minutos. El Consistorio apunta también a la posible existencia de “algún pequeño tapón o atasco” en uno de los tramos de la instalación como factor que pudo contribuir a la acumulación de agua.

Los servicios municipales están analizando tanto la red exterior de alcantarillado público como la acometida y el saneamiento interior del edificio. Por el momento, aseguran no haber encontrado problemas de diseño que expliquen por qué el agua no pudo evacuarse hacia el pozo exterior y mantienen cerrado el salón de actos mientras determinan si será necesario acometer obras para mejorar la red de saneamiento y aumentar su capacidad de evacuación. Precisan que el resto del centro cultural puede seguir funcionando con normalidad, ya que dispone de accesos independientes y, según su valoración, el problema se ha limitado a la zona de camerinos y escenario.

Fuentes cercanas al centro cultural aseguran que el edificio abrió sus puertas sin que las obras estuvieran completamente terminadas. Según explican, durante las primeras labores de mantenimiento de las instalaciones todavía quedaban trabajos pendientes y ya se habían detectado numerosas goteras. Estas mismas fuentes apuntan a que los problemas de filtraciones y la forma en la que discurre el agua por el edificio habrían favorecido su acumulación en el auditorio hasta provocar la inundación.

El cierre afecta a un equipamiento que tenía por delante un mes de octubre cargado de actividades culturales. Solo en el auditorio estaban previstas nueve propuestas entre representaciones teatrales, conciertos, espectáculos infantiles y proyecciones cinematográficas. Entre ellas figuraban un tributo musical a ABBA el 9 de octubre, la representación de Nuestros peores amigos el día 16, una sesión de cine con Hotel Transylvania el 17 y el espectáculo infantil Frankenstein el 18.

La programación también incluía para los próximos días un concierto de Dúo Liquid Jazz el viernes 23, la proyección de Coco el sábado 24 y una doble cita para Halloween, el 31 de octubre, con la película La novia cadáver y la representación teatral de Las brujas de Salem. A falta de información municipal sobre la situación actual del auditorio, se desconoce qué actividades han podido celebrarse, cuáles se han suspendido y si las próximas actuaciones podrán desarrollarse con normalidad.

Daniel Ayuso, vecino de Vallecas y número dos de la lista de Más Madrid encabezada por Rita Maestre para las elecciones municipales de 2027, ha denunciado en declaraciones a este periódico tanto las condiciones del edificio como el modelo de gestión de los equipamientos culturales del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. “Almeida es incapaz de hacer ni una sola cosa bien en los barrios. Empezando por su modelo de mercantilizar los espacios culturales para que los privados hagan caja, hasta construir una biblioteca que, a la primera de cambio, se inunda, porque se inauguró el pasado 2 de octubre”, afirma.

Ayuso recuerda que el Ensanche de Vallecas llevaba dos décadas sin este equipamiento y critica que el proyecto haya terminado reuniendo en un mismo edificio dos servicios que considera insuficientes para las necesidades del barrio. “Desde que es alcalde, Almeida ha ido modificando todos los proyectos de bibliotecas y centros culturales, reduciendo el espacio destinado a bibliotecas, que no dan dinero, e incrementando el espacio para centro cultural, cuya gestión privatiza”, sostiene.

El representante de Más Madrid considera que esta fórmula responde a una apuesta del Gobierno municipal por la rentabilidad económica frente a las necesidades vecinales. “En vez de buscar la rentabilidad para las vecinas y vecinos del barrio, el PP busca el beneficio económico para los de siempre, los privados”, afirma.

En el caso del Centro Cultural Benjamín Palencia, la gestión de los talleres y la programación cultural se ha externalizado mediante un contrato que el Ayuntamiento de Madrid licitó en marzo de 2025. La Junta Municipal de Villa de Vallecas fijó un presupuesto base de 511.881,70 euros y un valor estimado de 864.478,62 euros para un periodo de 23 meses, desde octubre de 2025 hasta agosto de 2027.

Ambos lotes fueron adjudicados a la misma empresa, Tritoma S.L., por un importe conjunto de 448.207,13 euros, IVA incluido. De esa cantidad, 289.872,14 euros corresponden a los talleres y los 158.334,99 restantes a la programación cultural, que incluye conciertos, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas y actividades infantiles.

Dos décadas esperando un equipamiento

El Centro Cultural Benjamín Palencia reúne tres servicios diferenciados: un auditorio para representaciones teatrales, conciertos y otras actividades, una zona destinada a talleres y una biblioteca municipal. Esta última, inaugurada el pasado 2 de octubre, ocupa una superficie de 750 metros cuadrados dentro de un edificio que supera los 3.600. “Es lo que ha hecho aquí en el Ensanche, uno de los barrios de Madrid con más población joven y donde llevábamos esperando 20 años este equipamiento. Pues esa biblioteca se ha quedado al final en una planta de libros dentro de un centro cultural, todo un desprecio a las reclamaciones vecinales y de las asociaciones”, critica Ayuso.

El vallecano insiste en que las demandas del barrio no pasan por elegir entre una biblioteca, un centro cultural o un polideportivo, sino por disponer de todos estos servicios. “Hablamos de barrios que necesitan todos estos equipamientos, porque las viviendas en el Ensanche, como en todos los nuevos desarrollos, llegaron antes que los servicios públicos”, señala. En este sentido, también cuestiona el desarrollo urbanístico de Valdecarros, impulsado por el Ayuntamiento, al considerar que sus futuros habitantes acabarán utilizando unos servicios públicos que ya resultan insuficientes para la población actual del Ensanche de Vallecas.

La Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas ya criticaba el resultado del proyecto meses antes de que el centro abriera sus puertas. En noviembre de 2025, el colectivo recordaba que el edificio estaba llamado a ser una gran biblioteca, concebida a partir de un proceso participativo en el que habían intervenido vecinos y vecinas. “Y en esto ha quedado gracias al Ayuntamiento de Madrid: un centro cultural con biblioteca, auditorio y sala de ensayo, vaya, un todo en uno y poco de nada, en un espacio bastante limitado”, lamentaba la asociación.

La presidenta del colectivo, Rosa María Pérez, trasladaba a este periódico el pasado mes de enero la decepción de parte del vecindario con el resultado. “Nosotros particularmente nos sentimos engañados”, afirmaba. Según explicaba, la propuesta inicial para la parcela era construir una biblioteca y, durante el mandato de Manuela Carmena, se había desarrollado un proceso participativo para decidir cómo debía ser. Sin embargo, el proyecto acabó transformándose en un equipamiento que combina distintos servicios culturales.

“El Ensanche de Vallecas es un barrio con más de 56.000 habitantes que, hasta el momento, no tiene ningún equipamiento cultural y el primero que construyen es una mezcla, nace pequeño y se ubica en una esquina del barrio”, señalaba Pérez. La asociación advertía especialmente de la falta de espacio para estudiar, ante el crecimiento de la población joven del barrio. “Siempre son bienvenidos los nuevos equipamientos, pero va con retraso y es claramente insuficiente”, añadía.

“Hola, te adjunto la nueva TGR [Tasa de Gestión de Residuos] que debéis pagar. Es el primer año que el Ayuntamiento de Madrid nos lo pone a todas las viviendas. Esto os corresponde pagarlo a vosotros. Hacedme una transferencia. Yo ya lo he pagado. Gracias”. Un mensaje como este es el que David recibió en su móvil hace un año. El propietario de su piso, en el barrio de Atocha y el distrito de Arganzuela, le emplazaba así a abonarle de manera inmediata la nueva tasa de basuras introducida por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Pese a que esta partida no aparece en su contrato, por entonces vigente desde tres años antes y ahora cuatro, el casero les amenazó. “Si me venís con pegas ya sabéis que tengo gente esperando para entrar cuando pasen los cinco años y que lo puedo subir bastante. Sois buenos chicos, pero no os pongáis pesados”, les dijo, según ilustra David. Finalmente, él y sus tres compañeros de piso optaron por ceder. No todos coincidían, lo cual causó alguna tensión interna, pero prefirieron no estirar más la tensión y abonar alrededor de 150 euros entre los cuatro.

Un año después, el arrendador ha vuelto a la carga. Esta vez, tras llegar a un acuerdo para renovar su alquiler más allá de 2027 (aunque todavía sin actualizar el documento incluyendo la nueva tasa), le hicieron el ingreso sin rechistar. “Es muy fuerte que me tenga que hacer cargo de algo que no está en mi contrato, pero que mi casero me obliga a pagar”, lamenta David. La legislación les ampara: el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos señala que, para que los tributos que correspondan a la vivienda (caso de la tasa de basuras) sean a cargo del arrendatario, en el contrato “deberá constar por escrito”. Todas las fuentes jurídicas consultadas por Somos Madrid coinciden en este análisis: aunque sea un recibo asociado al consumo del hogar, si no aparece recogido expresamente en el acuerdo en vigor no puede repercutir en el inquilino.

Los caseros se aprovechan de nuestro miedo. Saben que la ley suele estar de su parte, pero cuando no lo está, pueden tirar de la posición de poder que tienen frente a nostros que somos más precarios

Es por ello que en el piso de David hubo división entre quienes se plantearon insistir al casero e incluso recurrir legalmente y quienes optaban por evitar el conflicto. Finalmente, ante la complicada crisis habitacional que atraviesa la ciudad y todo el país con unos precios disparados, se impuso la segunda postura. “Los caseros se aprovechan de nuestro miedo. Saben que la ley suele estar de su parte, pero cuando no lo está, pueden tirar de la posición de poder que tienen frente a nosotros que somos más precarios”, expone.

Las armas del inquilino: la letra pequeña del contrato o los decretos de vivienda

Antes de acordar no batallar por esos cientos de euros que creen que el casero les ha “robado”, David estuvo pensando recurrir al Sindicato de Inquilinas. En su web, la organización dedicada un artículo a las dudas generadas por la entrada en vigor de esta tasa. “Es cierto que el propietario puede repercutir la cuota sobre las inquilinas, pero solo si se cumplen dos condiciones, ambas necesarias: que se haya pactado expresamente en el contrato de alquiler y que el contrato además especifique el importe anual de la tasa”, indican. La segunda de ellas no encuentra el mismo consenso que la primera entre las fuentes consultadas por este medio. En la Sentencia 1637/2025, el Tribunal Supremo determinó que la tasa de basuras es un gasto individualizado de la vivienda. Por tanto, no sería obligatorio que conste el importe exacto anual en el contrato en el momento de la firma para que la cláusula sea válida, siempre que exista el acuerdo expreso.

Es decir, la tasa debe aparecer especificada en el contrato, pero este precedente despeja el camino a que no sea preciso indicar un importe concreto o aproximado. Incluso así, el casero de David no contaba con justificación legal alguna para imponer que se la abonaran. “Puedes negarte a pagarlo argumentándolo legalmente. En este caso, recomendamos hacerlo siempre por algún medio escrito para dejar constancia de los motivos de la negación”, aconseja el Sindicato ante esa coyuntura, además de afiliarse a la organización para desarrollar “estrategias para defendernos”. Para nuevos contratos, animan a negociar en la medida de lo posible. Y si no hay margen, “tener claro que la omisión de la tasa nos favorece, haciendo que podamos defender la inaplicabilidad de la cláusula”. Esto es, sacar partido a los descuidos del propietario.

Los inquilinos cuentan con una herramienta añadida en uno de los decretos de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. En lo que respecta a la renovación de contratos, otorga una vía para no introducir nuevas obligaciones al inquilino, pero vigente solo en unas zonas tensionadas que las administraciones madrileñas se niegan a declarar: “En ningún caso podrán fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al arrendatario de cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior”.

Otro punto referido a nuevos contratos se extiende, además de zonas tensionadas, a viviendas gestionadas por un gran tenedor (persona física o jurídica con más de diez inmuebles) y sí es, por tanto, aplicable a algunos inquilinos madrileños: “La renta pactada no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia atendiendo a las condiciones y características de la vivienda arrendada y del edificio en que se ubique, sin que, en ningún caso, puedan fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al arrendatario de cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que, directa o indirectamente, impliquen superar el límite máximo de renta aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia”.

El Ayuntamiento no se posiciona ni en casos de abuso: “Se la pasamos al propietario. Hasta ahí”

El Sindicato de Inquilinas recuerda asimismo cómo la agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid ha apuntado que “con carácter general la persona obligada al pago es la propietaria del inmueble”. Pese a ello, la postura oficial del Consistorio tanto al preparar y anunciar el nuevo recibo como ante las consultas sobre el asunto de este diario es mucho más tibia. Al ser preguntados sobre si el Ejecutivo municipal se plantea publicar alguna guía oficial en la que los inquilinos puedan ampararse cuando los caseros pretendan imponerles el pago, o establecer canales de mediación para estas situaciones, desde el área de Economía y Hacienda son escuetos: “Nosotros se la pasamos al propietario, que es el titular. Hasta ahí”. El alcalde sí que ha declarado en repetidas ocasiones que hay circunstancias en las que los caseros lo pueden repercutir en los inquilinos.

La respuesta municipal no va más allá, quizá porque todo lo relacionado con la tasa ha sido ya un auténtico quebradero de cabeza para el equipo de Almeida. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid y la declaró nula de pleno derecho. La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que se produjo “una infracción sustancial de las normas” al omitir durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa. En concreto, no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, a juicio de la Sala imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

El fallo judicial abre la puerta a que las 130.000 personas que reclamaron en su día puedan obtener su devolución, aunque para ello la sentencia tendrá que ser firme y actualmente el Tribunal Supremo estudia el último recurso del Ayuntamiento para evitar la anulación. Las personas que no se sumaron a la reclamación no podrán beneficiarse en ningún caso. “Mi casero ya podría haberlo hecho antes de obligarnos a pagar. Nos lo habríamos ahorrado los dos”, lamenta David.

Almeida se ha zafado de las críticas por este laberinto legal argumentando que la tasa ha sido impuesta por instancias superiores, apuntando al Gobierno central, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que solo traspone una normativa comunitaria. En muchos municipios pagos similares ya estaban vigentes, con mecanismos más afinados que no han desembocado en cálculos tan polémicos. Es el caso de Rivas, donde la existencia de una empresa pública de basuras o un reciclaje proporcionalmente mayor repercuten en una tasa media un 60% inferior a la de la capital: 55 euros por 141.

Tendrían que solicitar la declaración de zonas tensionadas en la ciudad de Madrid, algo a lo que siempre se han negado [en el Ayuntamiento]. Prefieren proteger los intereses del mercado y el privilegio de unos pocos

Sara Ladra — Concejala de Más Madrid y portavoz del partido en la Comisión municipal de Hacienda

Sara Ladra, edil de Más Madrid, planteó la cuestión en la comisión municipal de Hacienda el pasado martes. “¿Van a seguir incumpliendo la ley o aplicarán el Real Decreto que prohíbe repercutir a los inquilinos de zonas tensionadas impuestos vinculados a la vivienda?”, inquirió a la edil del ramo, Engracia Hidalgo. “Si quisieran cumplir la legalidad y aliviar la carga que soporta la gente trabajadora, hubieran incluido los cambios oportunos en las ordenanzas fiscales de 2027 para impedir que los propietarios trasladen tasa de basuras o IBI a sus inquilinos, pero no lo han hecho. También tendrían que solicitar la declaración de zonas tensionadas en la ciudad de Madrid, como ya lo han hecho más de 317 municipios en España, algo a lo que siempre se han negado. Prefieren proteger los intereses del mercado y el privilegio de unos pocos”, criticó Ladra. Hidalgo rechazó de nuevo cualquier actuación encaminada a amparar a los inquilinos.

Los caseros que cargan la tasa de basuras en los residentes, con amparo legal o sin él, verán cómo en paralelo consiguen un ahorro por importes en algunos casos similares gracias a la rebaja del IBI recientemente anunciada por Almeida. El Impuesto de Bienes Inmuebles quedará en el 0,4%, el mínimo legal y el nivel más bajo de todo el país junto a Santander y Zaragoza, para una cifra media de 143 euros (aunque sensiblemente mayor en los inmuebles más caros, también los que más disminuirán). Con ello, la recaudación bajará en 31 millones de euros hasta los 245, mientras este año la de la tasa de basuras ha subido siete hasta los 303 millones. No habrá tampoco gravamen más elevado a dueños de pisos turísticos, como permite la legislación nacional. Preguntado por si el propietario les ha planteado reducir el alquiler o no subirlo cuando toque gracias a esta medida, David se ríe: “No tenía ni idea, pero ya te digo que no va a pasar”.

El polémico caso del Plan Vive

Pero la tasa de basuras no solo llega a quienes soportan un alquiler debido a la avaricia de los caseros. La coyuntura se da también en programas de vivienda impulsados por administraciones públicas como la Comunidad de Madrid. Paradigmático es el caso del Plan Vive, iniciativa público-privada de alquiler asequible en la que el Gobierno regional cede suelo público a empresas privadas para construir y gestionar viviendas con rentas hasta un 30% más baratas que las de mercado. Sergio Montero, presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive y vecino de una promoción de Valdebebas, lleva meses denunciando que este modelo de “privatización al uso” se ve lastrado porque el Ejecutivo autonómico “no pone coto a la gestión tributaria o el modelo de explotación de las compañías”.

Denunciar es un camino largo y costoso en un contexto, el del alquiler, donde el tiempo siempre juega en contra. Es muy posible que en cinco años no se resuelva nada y probablemente ya no seguirás en la vivienda cuando pasen

Sergio Montero — Presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive

Así, aunque viven en un suelo de titularidad pública, deben afrontar una fuerte carga impositiva que incluye el IBI o los gastos de comunidad mientras “la concesionaria no paga nada”. Respecto a la tasa de basuras, Sergio explica que “todo lo generado en la superficie no ya de las casas, sino del bloque en su conjunto, se divide entre los vecinos”. Esto, dice, genera “un nivel de vulnerabilidad muy grande”. El decreto de vivienda mitigará esta situación, ya que prohíbe que gastos extra como garaje o trastero impliquen una subida extra sobre el precio inicial de la vivienda que acabe suponiendo un esfuerzo mayor del 30 o 35% de los ingresos para inquilinos de planes asequibles.

“La mayor parte de gente llega un poco engañada. La Comunidad de Madrid pone su cara como comercializadora y cuando empiezan a llegar notificaciones de una empresa privada salta la liebre. Tenemos un borrador de contrato que podemos ver sin todos los importes y luego tenemos 48 horas para consultar el que está completo antes de firmar. A eso hay que añadir que el 90 o 95% de inquilinos no pueden ver su piso antes de entrar”, alerta Sergio.

Apunta por último una circunstancia compartida por todos los arrendatarios y que explica la complejidad de llevar todas estas situaciones a la vía jurídica o administrativa: “Denunciar es un camino largo y costoso en un contexto, el del alquiler, donde el tiempo siempre juega en contra. Es muy posible que en cinco años no se resuelva nada y probablemente ya no seguirás en la vivienda cuando pasen”. Una circunstancia que los propietarios aprovechan mientras él, como David, solo pretende “estar salvaguardado” en su casa.

“Si no se denuncia, el Ayuntamiento no va a hacer ninguna inspección”. Con esta lapidaria frase el concejal del PSOE dedicado al Urbanismo, Antonio Giraldo, animaba esta mañana al vecindario madrileño a presentar denuncias contra los miles de pisos turísticos que operan de forma ilegal en Madrid. Para que sea más fácil que actualmetne, los socialistas han desarrollado una página web que simplifica el proceso hasta el punto en el que es posible denunciar un Airbnb sin licencia en tan solo tres minutos.

La aplicación se llama Stop VUT ilegales y enlaza en una misma página el listado de Viviendas de Uso Turístico (VUT) con licencia municipal con el formulario para denunciar una ilegalidad ante la inspección urbanística en el caso de que no la posea. El vecino que desee usarla puede introducir la dirección y el número de una calle donde conozca actividad turística sospechosa para comprobar la existencia de licencia urbanística para ejercer esa actividad. Si no dispone de ella, el sistema avisa y crea una serie de mensajes para rellenar la solicitud ante el Ayuntamiento.

El denunciante puede pinchar en ese momento el botón de presentar denuncia telemática, que le llevará al procedimiento municipal para hacerlo. Luego solo necesita registrarse con su certificado o sistema Clave para acceder al formulario de denuncia. Los mensajes que ha de escribir los puede copiar en las instrucciones que detalla la web del PSOE, donde aparecerá automáticamente la calle, el número y el piso buscado. El proceso es muy rápido, aunque se puede extender aportando documentación y más detalles sobre el espacio denunciado.

“Madrid necesita menos propaganda y más control”, ha denunciado Reyes Maroto en la presentación de esta herramienta. La portavoz del Grupor Municipal Socialista ha defendido que con su aplicación ofrece “soluciones concretas a un problema que afecta cada vez a más barrios de Madrid”.

Según las últimas cifras publicadas por plataformas de vigilancia de anuncios turísticos como Inside Airbnb, actualmente se anuncian en Madrid 13.860 pisos turísticos, de los que 1.219 tienen licencia municipal. Esto arroja más de 12.000 negocios ilegales de este tipo en la capital. Frente a este enorme volumen, el área de Urbanismo asegura que el año pasado logró cerrar solo 323 pisos turísticos sin licencia.

“No basta con modificar las normas, hay que vigilar su cumplimiento”, ha exigido Maroto al alcalde, del que critica su escasa capacidad de sanción. Según datos ofrecidos por el PSOE, el consistorio solo cuenta a día de hoy con 16 inspectores urbanísticos con capacidad para sancionar. “Almeida debe dejar de proteger los intereses de los fondos buitre”, ha afirmado.

La portavoz socialista también ha hecho un llamamiento a los madrileños “para comprobar y denunciar” los pisos turísticos y que se conviertan en “los protagonistas de la defensa de sus barrios” ante la dejación municipal. “Madrid tiene que ser una ciudad para vivir, donde los vecinos no sean expulsados para hacer sitio a los turistas”, ha reclamado.

La figura de Maricarmen sobrevolará el Pleno que el Ayuntamiento de Madrid celebrará el martes de la semana que viene. Lo hará por una proposición que el Grupo Municpial Socialista llevará al resto de partidos con representación en Cibeles, para debatir sobre un homenaje a la anciana de 87 años que murió hace dos semanas en el hospital, al que llegó después de ser desahuciada.

El texto de la proposición, al que ha tenido acceso este periódico, insta al Gobierno municipal a instalar en el bulevar de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, a la altura del número 46, una placa conmemorativa en memoria de María del Carmen Abascal Martín, vecina de nuestra ciudad “y símbolo de la crisis de la vivienda”.

La propuesta no incluye el texto de la placa sino que pide promover un proceso participativo, a través de la plataforma Decide Madrid, “que tenga en cuenta la participación de su familia, las asociaciones vecinales del distrito de Retiro, el Sindicato de Inquilinas, las entidades sociales en defensa del derecho a la vivienda y el conjunto de la ciudadanía”. El homenaje debería recoger, a juicio de los socialistas “tanto la memoria de Maricarmen como el compromiso de la ciudad con la defensa del derecho a la vivienda”.

El PSOE pide ubicar la placa en el bulevar donde se instaló hace unos días un altar en memoria de la fallecida y no en el propio edificio de la que fue su casa durante siete décadas. Lo hace porque las placas situadas en las fachadas del edificio requieren el acuerdo de la comunidad de vecinos afectada, lo que en este caso sería difícil al formar parte Urbagestión de este grupo de propietarios.

Justo después del desahucio alguien colocó de forma anónima una placa de este tipo en memoria de Maricarmen junto al portal de entrada de la que era su casa, que fue retirada poco después. Después de su fallecimiento, decenas de personas crearon un altar espontáneo en el bulevar junto a su casa con mensajes, flores y otros detalles de recuerdo. El lugar fue arrasado durante el pasado fin de semana, pero unos días después las vecinas de Maricarmen volvían a dejar mensajes en torno al árbol que antes los había acogido.

“Su caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de la vivienda y ha provocado una movilización social en Madrid y en el resto de España en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación”, explican desde el PSOE sobre la relevancia de la figura a la que propone homenajear. “Ese lugar se ha convertido en un espacio de memoria, afecto y reivindicación; un símbolo del dolor que provoca perder un hogar y de la exigencia colectiva de que el derecho a la vivienda sea una realidad”, apuntan para defender su propuesta.

Tensión en la comisión de Familias, Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid celebrada este lunes. Las tres concejales del PSOE presentes en la sesión la han abandonado después de que Andrea Levy haya llamado “loca” a una de ellas“, según sostienen fuentes socialistas.

Una secuencia de creciente tensión que ha acabado con la marcha de las socialistas María Caso, Ana Lima y Meritxell Tizón. La primera de ellas es la que responde al agravio, después de que Levy se lleve el dedo índice a la cabeza. Caso asegura en conversación con Somos Madrid que la concejala del PP ha comentado “esta chica...”, seguido de unas palabras que no ha oído, mientras hacía el gesto asociado a representar la falta de cordura. Levy niega el insulto y describe como “show” la marcha de las socialistas, según ha indicado al final de la comisión.

Las ediles del grupo municipal que lidera Reyes Maroto han reclamado la intervención de la presidenta de la comisión, la también popular Paula Gómez-Angulo, que ha declinado la petición de amparo. “Yo no lo he visto y por lo tanto no voy a pedir rectificación de algo que yo no he visto”, ha justificado, pese a sentarse junto a Levy. Acto seguido, las tres concejalas socialistas se han ido.

“Nos vamos a marchar a no ser que Andrea Levy pida disculpas por llamar loca a mi compañera”, ha avisado Ana Lima. Posteriormente, Gómez-Angulo ha contestado que las ediles “quieren montar un numerito”. “Váyanse, fenomenal”, ha zanjado.

Esta situación se ha producido en un tenso debate que ha abordado cuestiones como el modelo y la financiación de los espacios de igualdad del Consistorio (sindicatos del sector trasladaban en un comunicado este lunes que “el desmantelamiento de la Red de Violencia de Género continúa adelante”) o las deficiencias estructurales en escuelas infantiles municipales (donde la oposición alerta de plagas de ratas y desprendimientos de techos), cuyos educadores continúan en huelga junto a los de centros de titularidad autonómica. “No ha sido un desprecio hacia mí, sino hacia el 0-3”, explica Caso en declaraciones a este periódico. Varias profesionales del sector estaban de hecho presentes en la comisión como espectadoras.

La edil estudia tomar “las medidas oportunas” si no se producen unas disculpas por parte de Levy y Gómez-Angulo una vez consulten la grabación de la sesión. Critica asimismo que “no es la primera vez” que la concejala presidenta de Retiro actúa de esta manera, pero “la diferencia es que en esta ocasión ha sido cazada”.

El concejal de Políticas Sociales, José Fernández, también ha sido muy duro al rechazar todas las acusaciones de la oposición. Para zafarse de las críticas sobre las dos cuestiones mencionadas, ha aludido a diversas controversias del Gobierno central en otras áreas. Cuando los reproches entre populares y socialistas han comenzado a cruzarse entre los dos lados de la mesa, Fernández ha llegado a tomar el micrófono para espetar a las concejalas del PSOE que “si necesitan ayuda que la pidan”, en referencia al bulo sobre las palabras de Pedro Sánchez después de la DANA de València.

Antes de terminar la comisión, Levy ha solicitado la palabra para tachar las acusaciones contra ella, que califica de “absolutamente falsas”, y afear a Caso que quiera utilizarla para “hacer un poco de show”. “Los asuntos de salud mental son lo suficientemente serios para que nadie frivolice sobre ellos”, ha añadido. Levy argumenta que estaba manteniendo una conversación “de política nacional” con José Fernández e hizo “una referencia de no entender lo que estaba diciendo”. A partir de ahí, mantiene, Caso “se levantó como una furia” imputándole “haber dicho cosas que no”. “No se puede mentir falsamente, sobre todo cuando no ha escuchado nada. No he dicho nada. Ni tan siquiera el compañero que tengo más cercano lo ha escuchado. Que dejen de montar shows”, ha concluido Levy.

Maroto no compra estas explicaciones y ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “responsabilidades” tras lo ocurrido. Creee que el PP convierte las comisiones en “espacios de insultos y descalificaciones”. “Vamos a seguir exigiendo soluciones al Gobierno de Almeida por mucho que les incomode”, anticipa la portavoz socialista. Caso lamenta el comportamiento “absolutamente parcial” de los presidentes y presidentas de estos organismos, todos ellos populares. “Hace unos mes desde Vox nos llamaron terroristas en el pleno de San Blas-Canillejas y nadie hizo nada”, recuerda. Desde su punto de vista, lo sucedido ejemplifica las diferentes formas de encarar la político, desde el respeto o desde el conflicto: “No todas somos iguales”.

“Somos vecinos que hemos comprado nuestro piso con el sudor de nuestras frentes o que estamos pagando el alquiler mes a mes y nos quieren plantar un recinto ferial, con todos los ruidos y molestias que eso provoca, a muy pocos pasos de nuestras viviendas”. Con esta contudencia expresan su enfado en un comunicado los afectados por un nuevo proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, esta vez a través de la Junta Municipal del distrito de Vicálvaro. Son residentes de El Cañaveral, uno de los desarrollos urbanos en proceso de expansión de la ciudad, ideado hace ya décadas pero todavía en plena expansión poblacional.

La Junta de Vicálvaro adjudicó en febrero por 5.676 euros un contrato para la “redacción de estudio previo para la implantación de un recinto ferial en el barrio de El Cañaveral”. La construcción está prevista en plena zona residencial, concretamente en un terreno ubicado entre las calles Alto del Esparragal, Tolerancia y Cilantro. Esto es, a “apenas 18 metros” de los pisos más cercanos. Lo denuncia en conversación con Somos Madrid Roberto, que vive en una de las urbanizaciones más próximas: “Los dormitorios, también los de mis hijos de 2 años y de 4 meses, dan con la parcela”.

En su urbanización han proliferado pancartas con mensajes como “recinto ferial fuera de la zona residencial” o “el ferial al polígono industrial”, en referencia a una posible localización alternativa a unos pocos cientos de metros donde no habría viviendas adyacentes y en la que hay una parcela municipal. “Prometen que cumplirán las medidas acústicas y de horario, pero cuando acaba el evento no termina la música, la gente se queda y habla. Además es una calle de un único sentido, cuando la mayoría aquí son de dos, por lo que habrá más congestión y la movilidad será más movilidad más caótica que en otros puntos”, explica Roberto.

El comunicado de los residentes alude a problemáticas como el ruido, un aumento de la inseguridad en los bloques (tanto en los días de celebración de las distintas fiestas como en los momentos en los que el recinto quede vacío), la suciedad asociada a estos eventos, el incremento del tráfico en la zona (con el consiguiente aumento de la contaminación a la que se ven expuestos los residentes) y dificultades para poder acceder a las viviendas en los días de mayor asistencia a los eventos. Indican que un colegio concertado también se encuentra muy próximo a la parcela. Mencionan también efectos económicos: “Los edificios que se encuentran en un radio que alcanza las tres manzanas del recinto ferial verían cómo el precio de sus viviendas sufriría una gran devaluación, además de aumentar el gasto que tendrían que asumir las urbanizaciones en limpieza”.

Ante las quejas, la Junta de Vicálvaro que preside el concejal Ángel Ramos ha trasladado a los vecinos que el uso principal del espacio será como parking gratuito de respaldo al campo de fútbol base colindante. “Este tipo de equipamientos precisan de un gran número de plazas de estacionamiento en los alrededores, ya que generan un importante flujo de circulación y se persigue evitar molestias a los vecinos de la zona”, argumentan fuentes municipales en declaraciones a este medio.

El Gobierno de Almeida habla ahora de parking tras presentarlo y financiarlo como recinto ferial

El acta del Consejo de Proximidad de Vicálvaro celebrado en noviembre de 2025, al que ha tenido acceso este medio, refleja sin embargo otros argumentos de la coordinadora del distrito para justificar el recinto: “Tiene como finalidad acoger eventos, mercados, ferias culturales, cine de verano, eventos deportivos y otros actos públicos que, en la actualidad, se celebran en calles, calzadas u otros espacios públicos, lo que genera molestias e inconvenientes para los residentes del barrio. Con esta iniciativa se dota al barrio de El Cañaveral de una infraestructura necesaria, dado que los eventos son muy demandados y todas las actividades han contado con acogida muy favorable de la ciudadanía. De este modo, se crea un espacio adecuado para la convivencia vecinal, equipado con los recursos necesarios”. El documento detalla incluso que el proyecto recibe apoyo del Plan de Desarrollo del Sur y el Este de Madrid (SURES).

Desde el Consistorio insisten en que no hay ninguna contradicción y ambos enfoques son compatibles: “El proyecto contempla la división de ese espacio en dos plataformas situadas a dos niveles diferentes e independientes. El superior y más cercano a las viviendas siempre estará destinado a parking y inferior, situado en la parte más lejana a las viviendas, acogerá actividades puntuales. En el último pleno del distrito, el concejal se comprometió a celebrar exclusivamente La Muestra del Cañaveral el segundo domingo de cada mes en la calle Gran Vía de Vicálvaro y el cine de verano, siempre orientando el sonido hacia la M-45. Ambas actividades se trasladarán al Parque Central cuando esté finalizada su construcción. En cualquier caso, no constará ningún escenario fijo y las actividades siempre tienen que cumplir con la normativa vigente sobre límites acústicos, horarios y similares”.

La proliferación de eventos más allá de jornadas puntuales es precisamente una de las grandes preocupaciones de Roberto: “Si meten todo en el mismo recinto y se repite el ritmo del año pasado, tendremos que soportar 87 días de festejos, 56 de ellos en días laborables”. Las explicaciones municipales no satisfacen su inquietud: “No nos oponemos al parking, pero no sé hasta qué punto puede ser su uso principal cuando han recibido fondos SURES vendiéndolo como recinto ferial. La sensación es que nos ocultan información”. Otro aspecto que apostillan es la mencionada orientación a la M-45: “Ahí hay colinas sin árboles que no absorberán el sonido, sino que este va a rebotar. Cuando pasa un avión militar a Torrejón, el eco se escucha muchísimo y retumba en las casas. Hemos solicitado estudios topográficos y no nos han respondido”.

Roberto tampoco comparte que la ubicación actual de eventos y festejos cause grandes molestias al barrio: “Los hacen en avenidas repartidas por el barrio que ya estaban previamente cortadas al tráfico con bloques de hormigón y que están a unos 60-80 metros del edificio más cercano”. “En cualquier caso no lo quiero ni para mí ni para otros vecinos. Hay ubicaciones alternativas, como el polígono industrial”, dice.

Otro argumento de quienes cuestionan la iniciativa es que deberían priorizarse otros espacios públicos en un barrio que “no para de crecer de manera excepcional, casi 30.000 personas ya, la mayoría niños”. “Anda que no necesitamos otras dotaciones antes a las que podría dedicarse este dinero”, reclama Roberto. Además de Metro y centros de salud o educativos, competencias de la Comunidad de Madrid, habla de un polideportivo (que podría adecuarse a este terreno por la convivencia con el campo de fútbol) o una escuela infantil.

El Cañaveral no para de crecer de manera excepcional, casi 30.000 personas ya, la mayoría niños. Anda que no necesitamos otras dotaciones antes a las que podría dedicarse este dinero

Roberto desliza que el punto escogido, que en Google Maps ya aparece indicado como “parking y recinto ferial”, no es ninguna casualidad y tiene relación con los pocos propietarios de los alrededores: “Salvo nuestra urbanización, las demás o tienen alquileres privados o todavía son solares en construcción y en algunos casos hasta todavía por adquirir. Esto hace que la movilización sea más complicada”.

Además de a los propios afectados, la respuesta al proyecto municipal ha escalado ya a la Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza (Aveca) y a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), si bien cuenta con el visto bueno de la Asociación Vecinal El Cañaveral. Rosa, presidenta de Aveca, coincide con Roberto en que “hay prioridades ante las necesidades y carencias de dotaciones en el barrio”, de ahí que sus suspicacias fueran previas incluso a que se conociera la localización.

“Hace un mes nos llegaron las primeras llamadas de vecinos temerosos de soportar ruidos y molestias justo debajo de sus dormitorios, que querían apoyo para reclamar. Lo valoramos y la conclusión es que no tiene sentido con todos los suelos dotaciones en el barrio sin proyecto asociado. La orientación lo emperora aún más porque no es que no puedas escuchar la televisión en el salón, es que no podrás dormir”, cuenta. Rosa admite que el parking “hace falta, porque el campo mueve mucha gente y hay que dar espacioa e sos vehículos”, pero “no puedes venderlo como que solo de vez en cuando lo vas a usar de recinto ferial cuando has recibido dinero para ese uso, me parece casi delictivo”. Desde Aveca proponen que el aparcamiento sea subterráneo y en superficie se coloquen “dotaciones como centros que ofrezcan servicios sociales, viveros profesionales o el polideportivo, aunque este quizá precisaría de una parcela más amplia”.

Rosa concluye que “las cosas hay que hacerlas bien”, por lo que anima a replantear tanto el parking como el recinto ferial, de forma que ambas dotaciones cuenten con el beneplácito de todo el barrio al tiempo que se complementan con otras igual o más demandadas por los vecinos.

El Observatorio Vecinal de Terrazas y Uso del Espacio Público de Madrid aglutina a un pequeño equipo de voluntarios que, desde 2022, analiza la utilización indebida o irregular de las terrazas de hostelería y en general la mercantilización de la vía pública. Como parte de su actividad, efectúan peticiones de información en los canales habilitados por el Ayuntamiento de Madrid. Hace dos años, la respuesta a una de ellas arrojó unos datos que dejaron perplejos a los miembros del grupo: la empresa que gestiona y explota los conciertos del Palacio de los Deportes, ahora conocido como Movistar Arena por motivos de patrocinio, no abonó al Consistorio pago alguno por ocupar 44 plazas de aparcamiento alrededor del recinto entre 2021 y 2023.

Los estacionamientos se distribuyen en 116 metros de la calle Jorge Juan y casi 94 de la calle Fuente del Berro, ambas dentro de una zona SER. 41 de las plazas corresponden a bandas azules y tres, ubicadas en la segunda de las vías, a bandas verdes. La zona azul permite aparcar a no residentes por un tiempo máximo de 4 horas, tras lo cual deben esperar una hora para volver a estacionar en el mismo barrio, salvo los días y horarios de exención. El precio medio ronda los 1,10 euros la hora. Respecto a las verdes, están reservadas principalmente para vecinos sin límite de tiempo, pero los visitantes también pueden aparcar con un máximo de 2 horas pagando la tarifa correspondiente (4,10 euros agotando las dos horas).

Cuando algún servicio ocupa ese tipo de plazas, la empresa responsable debe pagar un canon municipal al dejar inoperativos los aparcamientos públicos. Así lo venía haciendo desde su llegada a la gestión del Palacio de los Deportes Impulsa Eventos e Instalaciones, una compañía ligada a la promotora Live Nation que explota el espacio desde 2014, después de ser la única entidad en presentarse a un concurso lanzado por el Ejecutivo entonces presidido por Ignacio González.

La documentación consultada por Somos Madrid desgrana la tasa por utilización privativa del dominio público local, requerida por la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Aunque con fluctuaciones relacionadas con el número de eventos y, por tanto, de días de ocupación de los aparcamientos, la cifra mantiene cierta estabilidad desde ese primer año hasta 2018: 17.666 euros en 2014, 30.575 en 2015, 20.641 en 2016, 28.103 en 2017 y 18.375 en 2018.

Una recaudación primero desplomada y luego volatilizada

La anomalía comienza en 2019, cuando la recaudación se desploma a 3.005 euros, aunque el número de eventos apenas baja respecto al año anterior (164 por los 179 de 2018). 2020 es el primer año en el que deja de cobrarse cantidad alguna, aunque desde el propio Observatorio Vecinal de Terrazas y Uso del Espacio Público de Madrid lo justifican por la pandemia y el confinamiento. No obstante, tras el regreso de la actividad al Palacio de los Deportes con el transcurso de los meses, no volvió el cobro por la ocupación de las plazas.

“No hay ningún abono por el uso lucrativo y privativo de las bandas de aparcamiento ni ningún informe de exención”, denuncia A. Fernández, de la asociación vecinal Goya-Dalí y partícipe en el citado Observatorio ciudadano. Apunta de hecho que las peticiones de información pudieron jugar su parte en la reactivación del cobro de la tasa en 2024, ya que la primera de ellas fue remitida en octubre de 2023. “La dinámica estaba continuando incluso después de las elecciones municipales y con un cambio de concejal presidente en Salamanca”, añade.

La mayor parte de la situación se extendió cuando era concejal de los distritos Centro y Salamanca José Fernández, hoy responsable del área de Familias, Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. No obstante, los últimos meses de 2023 ya dirigía la Junta de Salamanca la edil que actualmente ocupa este cargo, Cayetana Hernández de la Riva. A los vecinos tampoco les consta hasta el momento expediente administrativo alguno por parte de la Junta Municipal para tratar de recuperar los fondos no reclamados en su momento. Ante las preguntas de este medio, fuentes municipales atribuyen lo ocurrido “con toda probabilidad” a “un desajuste administrativo no detectado hasta tiempo después”. Desde el Consistorio sostienen, por tanto, que “la Junta de Salamanca no dictó ninguna instrucción para eximir del cobro de la tasa a la empresa”.

Estimación de 45.000 euros no percibidos y “evasivas por respuesta” del Ayuntamiento

A. Fernández estima en al menos 45.000 euros el dinero no recaudado al sumar 2021(121 eventos), 2022 (182) y 2023 (207), sin tener en cuenta la repentina bajada en la cantidad de 2019. De enero de 2024 a agosto de 2026, con un ritmo de conciertos algo superior, pero todavía con varios meses por delante para igualar aquel período, la cantidad obtenida por la Junta de Salamanca roza los 46.000 euros.

Fernández cuenta que ya han preguntado por este asunto en el pleno de Salamanca e incluso han mantenido una reunión con representantes del área de Movilidad que dirige Borja Carabante, aunque solo han recibido “evasivas por respuesta” y “ningún dato que aclare lo que ha pasado”. “Es una situación indignante que da una sensación enorme de mala gestión. Un cachondeo que demuestra cómo algunos hacen lo que quieren, cómo quieren y cuándo quieren. O un funcionario ha cometido un error muy grave sin que nadie le haya corregido o directamente desde el Gobierno municipal no han querido cobrar miles de euros”, sentencia en conversación con este periódico.

Otra de las dudas y exigencias de este vecino versa sobre los pasos que dará el Gobierno de Almeida una vez conocida la coyuntura. Las fuentes consultadas por este diario avanzan que “el Ayuntamiento procederá a subsanar la circunstancia, teniendo en cuenta que si el hecho se ha producido no prescribe hasta al menos pasados cuatro años”. Considerando este plazo y una actuación municipal inmediata, más de la mitad del tiempo transcurrido sin que se cobrara la tasa quedaría fuera de dicha reclamación.

En paralelo, A. Fernández recuerda que la posible irregularidad se enmarca en una eventificación convertida ya en norma para los vecinos de Goya que viven junto al Palacio de los Deportes, donde en los últimos años los conciertos ganan por goleadas a los actos deportivos que le dieron nombre (limitados a los partidos de baloncesto de Estudiantes y Real Madrid). “Entre septiembre y octubre hemos tenido o vamos a tener eventos 54 de 61 días. A nivel de ruidos, movilidad o residuos la situación es cada vez más complicada. Solo nos faltaba conocer que encima quienes generan parte de esos problemas tienen privilegios”, concluye Fernández.

Quienes acudan a la exposición que se acaba de inaugurar en CentroCentro (en el Palacio de Cibeles) sobre José María Cruz Novlilo en busca de sus célebres logotipos andará desencaminado. Aunque no del todo.

Los logos que configuran el branding de España en el siglo XX (el PSOE, Correos, Repsol, Renfe, la bandera de la Comunidad de Madrid o Banco de España, entre muchos otros) aparecen en un pequeño espacio de la muestra para dar paso a distintas investigaciones del autor en torno al color, la aritmética, el tiempo, el sonido y el juego. Es decir, a los conceptos con los que el artista-diseñador creo estos míticos emblemas, trasladándolos a las dos dimensiones.

La exposición de Cibeles ofrece al espectador varias salas que giran alrededor de conceptos tan contemporáneos como la modularidad y la repetición. El juego y el análisis de la forma se visten de distinta manera frente al visitante: con esculturas de madera, piedra o bronce; collages, obras de papal, impresas, de formas básicas solas o superpuestas sobre figuración…

Uno de los elementos más protagonistas de la exposición, cercano a la instalación o la performance, es Diafragma dodecafónico Opus 14. En él, cada tono de la escala cromática se asocia con una nota de la escala tonal y tiene una duración de casi 34.000 siglos. En sus palabras:

“Esta cifra escalofriante, resultado de la sencilla operación 12 elevado a 12, es exactamente el número de obras únicas posibles del ciclo, y también el número de combinaciones con repetición de las doce notas de la escala temperada que, colocadas consecutivamente, según mi método, así como los doce colores que, junto a las notas, configuran la pieza cronocromofónica total, me permiten trabajar con toda naturalidad en un ciclo de proporciones cósmicas”

Lo cierto es que esta sala requiere un esfuerzo de comprensión muy superior al resto, que, al menos en sus significantes más elementales, entran por los ojos y dejan ver de manera intuitiva la idea fuerza que las atraviesa. Es decir, de nuevo la variación, la repetición y la recomposición armónica de sus partes.

Esto se ve bien en una pequeña obra titulada La cuadratura del círculo, que muestra enmarcado un círculo negro impreso sobre un cuadrado formado por cubos. Un vídeo muestra a su lado a distintas personas con los ojos vendados sacando las piezas de una caja y colocándolas en su soporte, dando lugar a numerosas combinaciones armónicas formadas por las secciones de círculo. Esta misma idea se ve en otras obras, algunas escultóricas –muy interesantes las que pueden variar su disposición colgadas de la pared–, bodegones, motivos geométricos o incluso fotografías.

El otro gran protagonista de la muestra es el color. Colores planos y combinados en grandes lienzos que, como si grandes muestras de Pantone fueran, nos acercan a la vertiente como diseñador de Cruz Novillo.

La exposición ha sido comisariada por Pepe Cruz-Novillo jr. –hijo y socio del autor– y Elena Fernández Manrique.  Despojada de los grandes éxitos populares del “hombre que diseñó España”, la exposición abarca cinco décadas de un creador inquieto y original, que se prodigó en el diseño, la pintura o la escultura, siempre con un lenguaje directo pero sofisticado.

No hay que ser un experto en arte para ver en la obra de Cruz Novillo ecos constructivistas o de la Bauhaus pero, seguramente, su éxito popular tiene que ver con que esas influencias son compartidas por gran parte del diseño industrial del siglo XX, desde el cubo de Rubik a una parte del catálogo de Ikea o las jugueterías alternativas con tangrams de madera. Cruz Novillo (así de minimalista es el título de la exposición) es una fantástica propuesta para adentrarse en su universo. Sin mucha letra impresa, con la intención de que las obras hablen por sí mismas.

Primero fue la Justicia, después el Defensor del Pueblo. Y el órgano liderado por Ángel Gabilondo vuelve a dar la razón a los vecinos de Arganzuela afectados por el Espacio Delicias. La finca, propiedad de ADIF, se utiliza de manera constante para celebrar espectáculos que superan los niveles permitidos de ruido sin que ello sea punible gracias a las licencias del Ayuntamiento de la capital. Según los cálculos de los afectados, hasta 280 días al año tienen que soportar pruebas de sonido, montajes y eventos que no dejan vivir tranquilo a un vecindario que reclama que esa parcela esté destinada para lo que está catalogada: uso dotacional.

Los espectáculos comenzaron en 2021, justo después de la pandemia. Sin embargo, las demandas de los vecinos datan de principios de los años 90 del siglo pasado. “Ya por entonces reivindicábamos que esos terrenos tuvieran el uso que aparece en el plan general de ordenación urbanística, es decir, uso dotacional básico y singular. Ahí podían levantar un centro de salud o un colegio”, ilustra el presidente de la asociación vecinal Delicias para Todos, Manuel Díaz.

El ruido se empezó a colar en sus casas. Sería algo temporal, les aseguraron desde el Consistorio capitolino. “Nos dijeron que sería como un circo, pero lejos de eso ahí pusieron una losa de hormigón de un grosor importante y una carpa permanente. Pronto vimos que acogerían espectáculos musicales”, relata el portavoz vecinal. El Ayuntamiento no realizó una inspección para evaluar los niveles de ruido hasta que Ecologistas en Acción interpuso una denuncia.

Díaz denuncia que “el Ayuntamiento permite una y otra vez que se superen los niveles de ruido al conceder licencias temporales, como si esto fuera un espectáculo que está aquí solo dos meses y no algo establecido”. Desde Delicias para Todos confirman que la ley se puede estar cumpliendo, pero a la par se produce un fraude de ley al utilizar una figura provisional para realizar una excepción permanente de la norma.

Eso es lo que viene a señalar la sentencia del tribunal contencioso-administrativo que hace un año dictaminó la irregularidad de la actividad en el enclave. El Ayuntamiento madrileño recurrió el dictamen judicial, por lo que los espectáculos se siguen celebrando en el Espacio Delicias, con las consiguientes molestias para los vecinos, hasta que haya una nueva sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En paralelo al proceso legal, una vecina se quejó al Defensor del Pueblo. El año pasado emitió su primera resolución y requirió al Consistorio diversa documentación para poder evaluar la cuestión. Ya en aquel momento, el ente dirigido por Ángel Gabilondo recalcó que no se había llevado a cabo el proceso de información pública pertinente al catalogar la actividad como de “interés general”, por lo que no se permitió la personación de vecinos directamente afectados por la actividad. “Llegó a decir que el Ayuntamiento anteponía esta actividad privada a la salud de los vecinos en base a un supuesto interés general que en ningún momento se motiva como tal”, incide el presidente de Delicias para Todos.

Sin justificar el interés general

La asociación ha hecho público el nuevo dictamen con las conclusiones del Defensor del Pueblo, que realizó cinco apuntes y recomendaciones en su primera comunicación, una vez que ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento. “No justifican debidamente el motivo de interés general como condición necesaria para suspender los valores límites de calidad acústica”, viene a decir el Defensor, subrayan desde Delicias para Todos.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid tampoco ha aceptado la recomendación de que la duración de la excepción se acote temporalmente a actos concretos. De esta forma, convierte lo excepcional en regla general. Asimismo, el Consistorio tampoco respeta la especial protección de dotaciones como residencias de ancianos y escuelas infantiles a escasos metros del enclave en el que se realizan los espectáculos. El Defensor del Pueblo afirma que no es posible conceder ninguna autorización que permita la superación de los niveles de ruido al existir en un entorno de 150 metros estas dotaciones.

En el caso de las dos recomendaciones que el Ayuntamiento de Madrid cumple, de forma parcial o total, el Defensor del Pueblo también establece algunos comentarios críticos. El Consistorio no cumple adecuadamente los trámites de evaluación previa ni justifica la ausencia de trámite de información pública, tal y como ya señaló el Defensor en su primer pronunciamiento.

La asociación vecinal asegura que seguirán explorando todas las vías a su alcance para “que una actividad nociva para la convivencia y perjudicial para la salud del vecindario desaparezca de este espacio”. Del mismo modo, Díaz recuerda que las carpas que generan esta situación se encuentran ubicadas sobre suelo público dotacional en un distrito, el de Arganzuela, con una carencia alarmante de equipamientos públicos. Es por ello por lo que reclaman la reactivación del protocolo firmado hace ocho años entre el Ayuntamiento, ADIF y el Ministerio de Cultura mediante el que se comprometían a recuperar los terrenos para la ciudadanía y los barrios cercanos.

Más de 280 días de actividad al año

De cumplirse estas exigencias, personas como José Antonio Castro dejarían de vivir en un calvario, tal y como define la situación en la que se encuentra desde que comenzaron los conciertos en el Espacio Delicias. Su vivienda se encuentra a unos 150 metros del recinto y ya ha tenido que poner cuatro cristales en sus ventanas, lo que forman tres cámaras de aire. “Y aun así se siguen escuchando los conciertos”, enfatiza.

Este vecino de la calle Juan de Mariana denuncia que el Ayuntamiento permite la actividad en el Espacio cinco días a la semana durante todo el año. “Estamos por encima de los 280 días de actividad y ya estamos muy cansados de los horarios, la duración y la frecuencia de los ruidos que tenemos que soportar”, añade. Castro considera que “parece que los promotores son impunes, que están por encima de las leyes y por encima de los derechos de las personas”.

Por otro lado, los vecinos afectados muestran su estupefacción al ver cómo se publicitan espectáculos en el Espacio Delicias para dentro de un año. “Si las licencias de actividad las otorga temporalmente el Ayuntamiento cada año y las de superación de los niveles sonoros lo hace mes a mes, ¿esta gente sabe a ciencia cierta que se las van a dar? Me parece absolutamente impresionante”, opina el mismo Castro. “Ya me gustaría a mí ser como los vecinos del Bernabéu, que en cuanto hubo resolución judicial se terminaron los conciertos. Aquí llevamos cinco años con esto y creo que no se va a solucionar pronto”, agrega.

Díaz, el presidente de Delicias para Todos, explica que una cosa es lo que quieren que suceda y otra lo que creen que sucederá. “Solo pedimos que el Ayuntamiento haga caso a la Justicia y al Defensor del Pueblo y que esta instalación desaparezca de ahí para construir las infraestructuras públicas que Arganzuela necesita”, subraya. Sin embargo, no es esto lo que piensan desde la asociación que ocurrirá. “Del Ayuntamiento esperamos entre poco y nada”, apunta el portavoz vecinal.

Por el momento, el Consistorio ha admitido a elDiario.es que, tras recibir las conclusiones del Defensor del Pueblo, pedirán a ADIF que deje de alquilar los terrenos. “ADIF los alquila, pero la instalación nociva para el vecindario la autorizan ellos, que son los responsables de expedir la licencia”, concluye Díaz.

El campeón olímpico de piragüismo Cristian Isaac Toro Carballo ha tomado posesión este jueves como concejal del Ayuntamiento de Madrid por Vox, ocupando el acta que quedó vacante tras la salida de Carla Toscano, expulsada del partido en verano. El deportista, que fue oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 junto a Saúl Craviotto, se incorpora así al Grupo Municipal de Vox en Cibeles.

Toro ha jurado su cargo durante el Pleno extraordinario que se celebra este jueves en el Palacio de Cibeles, convocado para dar luz verde a dos planes especiales aprobados inicialmente por la Junta de Gobierno. Uno de ellos permitirá implantar cualquier modalidad de hospedaje en más de 240 parcelas de uso industrial, mientras que el segundo amplía las posibilidades para implantar vivienda protegida en alquiler en parcelas calificadas para uso terciario de oficinas, hospedaje y dotacional privado.

El nuevo concejal ocupaba el número seis de la candidatura con la que Vox concurrió a las elecciones municipales de 2023, encabezada entonces por Javier Ortega Smith, hoy concejal no adscrito tras su expulsión de la formación. También figuraba en aquella lista Ignacio Ansaldo, igualmente expulsado del partido. Toro se suma ahora al Grupo Municipal de Vox, que queda integrado por tres concejales: su portavoz, Arantxa Cabello, Fernando Martínez Vidal y el propio exdeportista.

Nacido en La Asunción (Venezuela) en 1992 y criado en Galicia, Toro alcanzó el mayor éxito de su carrera deportiva en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, donde consiguió la medalla de oro en K2 200 metros junto a Saúl Craviotto. Su palmarés incluye también medallas de plata en campeonatos mundiales y varios oros en campeonatos europeos. Estudió Fisioterapia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y en enero de 2024 anunció su retirada de la alta competición, con 31 años.

Toscano y su ruptura con Vox

La llegada de Toro se produce después de la expulsión de Carla Toscano de Vox, confirmada el pasado agosto, después de varios meses de enfrentamiento con la dirección del partido. La hasta entonces concejal había respaldado públicamente al portavoz municipal, Javier Ortega Smith, en su enfrentamiento con la cúpula de la formación.

Toscano explicó entonces que había decidido permanecer en Vox durante unos meses a petición de Ortega Smith, pese a sentirse cada vez más alejada de las ideas y de la forma de actuar del partido. “No quería seguir en una organización de cuyas ideas cada vez me sentía más alejada, así como de su forma de tratar a las personas”, señaló la edil saliente.

La concejala también aseguró que meses antes se había iniciado un procedimiento para expulsarla por no acatar una instrucción que, según sostuvo, era “ilegal”. A su juicio, detrás de ese expediente existían además razones políticas de fondo y un alejamiento progresivo de las posiciones que había defendido hasta entonces. Toscano llegó a denunciar públicamente un “viraje ideológico” de Vox y, posteriormente, señaló los vínculos de la formación con “asociaciones sionistas” defensoras de los intereses de Israel.

La salida de Toscano se produjo después de varios meses de tensión dentro del grupo municipal, que ya había sufrido la expulsión de Ortega Smith.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid había decidido no guardar un minuto de silencio este jueves por Maricarmen. El Gobierno de Almeida seguía el mismo camino de la Asamblea de Madrid, que anoche descartó hacerlo pese al impacto en toda la ciudad que ha tenido el fallecimiento de la anciana desahuciada hace dos semanas. Pero al final ha tenido que acatarlo porque la oposición le ha obligado a ello.

“Les estoy mirando a la cara y me avergüenzo, porque hoy toda España y todo Madrid está llorando a Maricarmen”, le reprochaba la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, en un primer turno de palabra en el que afeaba su negativa a convocar un minuto de silencio, que decidía arrancar por su cuenta la edil del PSOE, en nombre de la oposición de izquierdas, para “honrar la memoria de Maricarmen” con la ausencia de palabras.

Tanto PSOE como Más Madrid se han puesto en pie en ese momento en señal de respeto a la fallecida, con algunos concejales de este segundo grupo portando carteles con la imagen de Maricarmen. El alcalde, sin embargo, ha elegido quedarse sentado aunque también en silencio. El resto de concejales del PP han permanecido callados, algunos con la mirada perdida o bajando la cabeza y otros leyendo o consultando su ordenador.

Los ediles de Vox también se han quedado sentados y en su caso han decidido hablar para romper el silencio del Pleno. Lo han hecho tanto los que todavía permanecen a esta formación política (Martínez Vidal charlaba con el recién incorporado Cristian Toro) como los que fueron expulsados del grupo durante el verano, Ansaldo y Ortega Smith.

Más Madrid y PSOE habían organizado antes del Pleno otro minuto de silencio en memoria de Maricarmen, a la vista de que no habría homenaje municipal en la primera sesión de la cámara decisoria del Ayuntamiento, que sí guarda este tipo de reconocimientos en otros casos.

Según fuentes de la oposición, el PP les envió un mensaje en el que lamentaban “profundamente” el fallecimiento pero indicaban que no iban a apoyar el minuto de silencio por la “total instrumentalización” que consideraban del caso. “Creemos que este momento prima por encima de todo el respeto”, añadieron.

“¿Les costaba mucho participar del estado de ánimo de la sociedad española y ponerse de pie durante un minuto en respeto y recuerdo de una mujer que fue desahuciada por dos buitres?”, recriminaba Rita Maestre durante su intervención en el Pleno.

Maestre dedicaba el resto de su turno de palabra “a todos los que pudieron hacer algo antes del desahucio de Maricarmen”. Del que culpaba tanto al delegado de vivienda como a la concejala de distrito: “Todos ustedes son responsables de la angustia de una anciana, porque todos pudieron hacer algo”. También se dirigía duramente al alcalde: “No hizo nada cuando Maricarmen lo pidió, solo actuó cuando los buitres que se quería forrar con su vida y con su casa necesitaron lavar su imagen (...) toda la vida le va a pesar en la conciencia”. La portavoz de Más Madrid hacía referencia a cuando el consistorio medió en una negociación para que Maricarmen pudiera volver a su casa cuando ya estaba en el hospital donde ha fallecido y la acampada por la vivienda se había asentado en Sol.

Almeida llama “miserables” a PSOE y Más Madrid por “utilizar” la figura de Maricarmen

Almeida se ha defendido atacando durante su turno de palabra, echando en cara a la oposición porque “no guardaron un minuto de silencio ni dijeron una palabra porque Olga se suicidó en Cataluña después de ser desahuciada. Y no recuerdo al presidente de la Generalitat de Cataluña ni al alcalde de Barcelona haciendo un minuto de silencio”. “Si hay buitres carroñeros son ustedes”, ha añadido después de decir que “hay que ser miserables para utilizarla de la forma sectaria y partidista que ustedes la utilizan”.

“Vamos a ganarles donde hay que ganar en democracia, que es en las urnas”, ha declarado al considerar que para la izquierda “Maricarmen es una estrategia electoral, es un señuelo para tratar de permanecer en el poder”.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid había sido convocado este jueves de forma extraordinaria para que el área de Urbanismo aprobara un plan relacionado con la vivienda, para poder convertir en pisos edificios de oficinas, gracias a una modificación normativa de la Comunidad de Madrid. También se ha aprobado la transformación de parcelas industriales en apartahoteles.

Librerar Madrid, el proyecto de Anticapitalistas para emular el éxito de Adelante Andalucía ahora en las elecciones municipales y autonómicas de 2027, comienza a tomar forma de cara a su acto de presentación pública. Eso será el sábado 24 de octubre a las 12.00 en el Teatro Sofía, en el número 70 de la calle Gran Vía, pero la iniciativa ha hecho públicos sus cuatro portavoces provisionales.

El propósito de estas cuatro figuras es “dar a conocer el proyecto y relacionarse con los medios de comunicación”, según recoge Europa Press, que adelanta los nombres que ocuparán los puestos. Se trata de dos exdiputados de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta y Raúl Camargo; del profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid Juan Roch y de Beatriz Payo, activista graduada en Ciencias Políticas y Sociología que forma parte de las miles de personas que acampan en Sol desde hace casi dos semanas.

Ruiz-Huerta fue portavoz de la formación morada en el parlamento madrileño durante la convulsa legislatura que arrancó en 2015 y concluyó en 2019, aunque abandonó todos sus cargos ya en octubre de 2018 por desavenencias con la dirección del partido y pasó a trabajr como coordinadora de Greenpeace. Es abogada experta en derechos humanos y medio ambiente, así como miembro de la plataforma No Somos Delito, que aboga por la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza y la Ley de Seguridad Privada.

Camargo, que también abandonó Podemos, ha seguido ligado a Anticapitalistas al tiempo que se implicaba en la Marea de Residencias, que desde 2019 lucha por conseguir unas condiciones de vida dignas en las residencias de mayores madrileñas.

En cuanto a los dos nombres que no cuentan con trayectoria previa en la política institucional, Roch compagina su actividad docente y académica (centrada en el auge del populismo o el euroescepticismo) con colaboraciones en medios de comunicación. Payo, de 24 años, ha participado en las acampadas por Palestina de la Universidad Complutense antes de sumarse a la movilización de Sol.

El rechazo vecinal al proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para el scalextric de la M-30 entre Puente de Vallecas y Retiro, conocido como Vallecas Abierto, está a punto de llegar al Defensor del Pueblo. La formación política Independientes por Madrid, comandada por Marta Higueras (exteniende de alcaldesa con Manuela Carmena), ha elevado una queja a Ángel Gabilondo donde exige el derribo de la infraestructura.

El abogado Javier Flores, que ha litigado también contra los cantones de limpieza en zonas urbanas, el caso del Hospital de Torrejón o la compra del ático de Chamberí por parte del Ejecutivo de Ayuso, firma un escrito en representación del partido de reciente creación donde rechaza que el desmontaje se aplace a una operación urbanística sin fecha en el Abroñigal, como deslizó Almeida.

Se alinea así con las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas y Retiro o con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que han calificado el proyecto municipal de “tomadura de pelo”. Vallecas Abierto apenas aumentará el número de pasos de peatones, colocará varios jardines verticales y pintará de verded algunas columnas o superficies tras una inversión de 11,5 millones de euros. Las entidades que se oponen a su diseño defienden de hecho que en la práctica blinda el scalextric al incorporar en la zona nuevas dotaciones municipales.

Levantado en 1976, es el último paso elevado de este tipo que sigue en pie en Madrid. Lo componen ocho carriles por los que, según datos municipales, pasan unos 300.000 vehículos al día junto a las viviendas de los barrios de Numancia y San Diego, en Puente de Vallecas, y de Adelfas y Pacífico, en Retiro. Desde hace 50 años, el puente parte en dos a vecinos de ambos distritos y separa Vallecas del resto de la ciudad.

“Los vecinos de Vallecas llevan 50 años viviendo debajo de una autopista y la respuesta del Ayuntamiento es pintar el suelo, poner bancos y colgar macetas en el muro. A Vallecas no se le decora el abandono, se le paga la deuda histórica. Y esto no es solo cosa de Vallecas: los vecinos de Retiro que viven al otro lado del puente sufren el mismo ruido y la misma barrera. Aplazar el derribo a una operación que no tiene fecha, como es la del Abroñigal-Madrid Nuevo Sur es la forma educada de decir que no se va a hacer nunca”, afirma Higueras, portavoz de Independientes de Madrid (que prepara ya su candidatura para los comicios municipales de mayo).

La formación recuerda a Somos Madrid que el pleno municipal acordó hace más de un lustro poner fin a la infraestructura: “El 30 de junio de 2021, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el propio alcalde anunció que antes de junio de 2023 estaría listo el proyecto para eliminar el paso elevado de la M-30 sobre la avenida de la Albufera, que podrá ser ejecutado en el próximo mandato. Ese proyecto nunca ha visto la luz. Tres meses antes, el 30 de marzo de 2021, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos los grupos, también el del alcalde, iniciar los estudios y trámites para suprimir el paso elevado”.

Independientes por Madrid da un paso más allá con su instancia al Defensor del Pueblo en una reclamación reiterada de la oposición en Cibeles y de los vecinos en las calles. En abril, la plataforma Vallekas Sostenible enumeró los efectos nocivos en la salud, el medio ambiente, la seguridad, la movilidad o la integración social que genera el scalextric. Abogan como solución por su desaparición mediante un “proyecto novedoso” que, a tenor de la respuesta social, no parece ser el que el Consistorio ha puesto sobre la mesa.

En Carabanchel se temen lo peor. La finca que acogía al histórico campo de fútbol Puerta Bonita pronto podría verse reconvertida en un auditorio de hasta 7.000 localidades. El Ayuntamiento de la capital ya ha empezado a actuar sobre la parcela, abandonada hace casi dos décadas y utilizada por personas en situación de calle. Su idea es devolvérsela “sin cargas” a la Comunidad de Madrid, propietaria del terreno. El Gobierno regional no confirma que la decisión de erigir ahí un auditorio esté tomada, pero sí reconoce que se está estudiando.

Lo que sí está claro es que una parte del vecindario de Carabanchel no quiere una nueva infraestructura que podría ser explotada por un privado y que vendría a apuntalar la política del Ejecutivo autonómico respecto a la celebración de grandes eventos en la ciudad cuando, además, en la zona ya está el Palacio de Vistalegre.

No hace mucho que estos mismos vecinos opinaron sobre el futuro del recinto. La Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel realizó este mayo una consulta popular en la que participaron 1.185 personas. Para el antiguo Campo de Fútbol del Hogar, tal y como se conoce al estadio desde que nació ligado a Falange, un 69% de los votantes se decantaron por construir un polideportivo con piscina de verano. Jesús Dimas, vecino afectado, incide en que Carabanchel solo tiene una de estas piscinas, pese a ser el distrito más poblado de la capital. Por su parte, el 22% de los encuestados prefería consolidar una zona verde con huertos urbanos. Las demás opciones quedaron representadas con un 9% de los votos.

Elena Sigüenza, integrante de la Coordinadora, recalca que el campo está situado en el centro neurálgico de Carabanchel, en el barrio de Oporto. “Es el sitio ideal para hacer muchas otras cosas que beneficien a todos los habitantes del distrito, que somos ya casi 280.000”, defiende. La también miembro de la asociación vecinal de Comillas recibe con ilusión la idea de que el terreno resucite, aunque se opone a la forma en que lo proyecta la Comunidad: “Nos hemos enterado por la prensa de que quieren levantar un auditorio con una capacidad de entre 5.000 y 7.000 personas, porque Carlos Izquierdo (PP) no nos ha comunicado oficialmente nada. Nos hemos quedado a cuadros”, comenta en referencia al concejal del distrito.

Una de las principales críticas del vecindario es que muy cerca del campo de fútbol Puerta Bonita se localiza el palacio de Vistalegre, otro recinto con capacidad para 10.000 personas que acoge eventos multitudinarios. Según algunas fuentes, la Comunidad de Madrid estaría ideando de esta forma un recinto la mitad de grande que el de Vistalegre y un tercio del Palacio de los Deportes, con capacidad para 15.000 personas.

El Consistorio madrileño se limita a explicar que han desalojado la finca para devolvérsela a la Comunidad “libre de cargas”. Por su parte, la Consejería de Cultura ha indicado a elDiario.es que “se estudiará la posibilidad de construir ahí un auditorio, porque se está buscando un lugar para poder hacerlo, pero todavía no hay un proyecto como tal”.

“No es solo que no lo hayamos pedido, sino que esto traerá ruidos y afectación a la movilidad, porque las casas están pegadas y es un distrito con mucha densidad de población”, se queja Sigüenza, que lleva siete décadas viviendo en Carabanchel. Le sigue su compañera de asociación vecinal Ana Cabanes, quien señala que el perfil demográfico del distrito ha cambiado mucho en pocos años. “Llevábamos tiempo exigiendo que se hiciera algo en la parcela, de ahí la consulta popular. En sus resultados, ni una sola de las ideas recogidas aludía a un auditorio”, rememora. Un comunicado de la Coordinadora agrega que el equipamiento también traerá consigo contaminación y problemas de aparcamiento.

Toda su vida Cabanes la ha vivido en Carabanchel. Conoce bien la zona, sabe lo que ocurre en ella y, sobre todo, lo que siempre ha costado conseguir mejoras para el vecindario. “Gracias a las luchas de hace décadas vivimos en un buen barrio. El problema ahora es que muchos espacios públicos se están privatizando, al igual que ocurre en toda la ciudad con la gentrificación, la falta de inversión y el aumento del coste de la vivienda”, se explaya.

“No es prioritaria otra zona de eventos”

Dimas, quien forma parte de la Coordinadora y la Asociación Vecinal Pradera Tercio Terol explica su postura: “Nos oponemos porque esto va en la línea de la política del PP de vender Madrid y consideramos que el barrio tiene necesidad de otros equipamientos, como el deportivo”. No es solo eso. Debido a la llegada de numerosos nuevos vecinos al distrito, los recursos públicos para la atención de la población de la zona se han quedado cortos. “Percibimos que en los colegios hay muchísima demanda y también tenemos un déficit de atención sanitaria. No es prioritaria otra zona de eventos teniendo Vistalegre tan cerca”, comenta este vecino.

Desde su punto de vista, los intereses de la Comunidad de Madrid pueden estar puestos en una colaboración público-privada “en la que alguna empresa saldrá beneficiada en un terreno público”, precisa. Cabanes sostiene que la idea de construir un auditorio tan solo se sustenta por “intereses mercantiles puros y duros”. La Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel asegura estar pendiente de los próximos movimientos por parte de Ayuntamiento y Comunidad. “En caso de seguir adelante un proyecto de espaldas a la ciudadanía, comenzará un proceso de movilizaciones en el barrio”, advierten en su comunicado.

Afán por la cultura mercantilizada

“Ni siquiera lo llegamos a entender. Es una zona rodeada de viviendas, no tiene sentido un auditorio ahí. Parece que es un proyecto rebotado de Chamberí, donde intentaron levantar un equipamiento de este tipo, y ahora lo quieren traer aquí con este afán por la cultura en el distrito”, desarrolla Dimas.

Sigüenza afirma que Izquierdo, el concejal de distrito, “ya está llegando a lo obsesivo con el tema de la cultura, al menos la que ellos entienden como tal”, según sus palabras. Esta vecina de Carabanchel denuncia que el auditorio ayudará a seguir mercantilizando la cultura en la capital. “En lugar de levantar un centro cultural en el que poder hacer teatro y talleres abiertos, como tenemos aprobado desde la época de Gallardón, prefieren estos recintos para que el que vaya tenga que pagar, y lo que le pase al vecindario no les importa”, critica.

Por su parte, Cabanes opina que Izquierdo tiene un empeño especial por convertir a Carabanchel en el distrito artístico de la capital. “Está emperrado en promocionarlo así, pero sobre todo con un interés económico detrás que no responde a lo que el distrito le demanda. Se olvida de que el barrio es para quien lo habita”, subraya la integrante de la Asociación Vecinal Comillas. “Antes no había apenas turistas y ahora hay muchísimos. Incluso hay varios edificios que son solo de uso turístico. Este es el resultado de esta política cultural. Es otra zanahoria para que los fondos de inversión entre en el juego”, concluye.

Primer paso burocrático para reformar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), la normativa sobre la que se construye todo el urbanismo de la ciudad y cuya base no cambia desde el año 1997. El Ayuntamiento acaba de someter a consulta pública previa la elaboración de una ordenanza que sirva para modificarla y dotar de nuevas herramientas al consistorio para cambiar la forma en la que se levantan los edificios de la capital.

El lanzamiento de un proceso que el Gobierno de Almeida confía en tener aprobado en febrero pasa primero por preguntar a los ciudadanos sobre la necesitad de esta reforma, además de otras cuatro preguntas sobre algunas cuestiones, entre ellos las prioridades que ha de tener esta reforma. Todas están colgadas en la web municipal Decide Madrid, donde pueden opinar los ciudadanos que se hayan registrado previamente en esta plataforma de participación.

Entre las cuestiones planteadas llama la atención la ausencia de alusiones a la vivienda, el principal problema que afecta a la ciudad según la última encuesta municipal. Esta cuestión no aparece en una de las preguntas clave que es la de ¿Qué objetivo debería tener prioridad en la futura ordenanza? Entre las opciones de respuesta sí que aparecen otras opciones como “simplificar la normativa”, “facilitar su actualización”, “mejorar la seguridad jurídica”, “mejorar la comprensión por la ciudadanía” o “favorecer la adaptación a nuevos retos urbanos”. En todas las respuestas, eso sí, se incluye un apartado en el que el ciudadano puede escribir otras cuestiones que le parezcan más relevantes que las que ofrece el Gobierno de Almeida.

La primera pregunta de la encuesta es si ¿Crees necesaria una nueva ordenanza urbanística en la Ciudad de Madrid?, para luego pasar al cambio operativo más importante, el de sustituir la herramienta para introducir cambios en el urbanismo a través de ordenanzas en lugar de como hasta ahora, a través de normas urbanísticas o un cambio del plan general, un proceso más largo. Luego pregunta por la adopción de otras medidas complementarias, entre las que cita “guías explicativas”, “herramientas digitales de consulta”, la “simplificación de procedimientos” o la “formación e información pública”.

Por último, el Ayuntamiento pide ordenar de mayor a menor importancia los algunos contenidos de la futura Ordenanza Urbanística Municipal sobr las normas urbanísticas: destaca regular las condiciones en las que se pueden implantar distintos usos, las condiciones de rehabilitación de edificios para su mejora, los tipos de obras que se pueden realizar o qué se puede hacer en un edificio histórico, según el grado de protección que tenga.

Hace unos meses, el Ayuntamiento de Madrid ya avanzó que este nuevo documento que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana apunta a la intensificación de las zonas residenciales existentes y en desarrollo, lo que se podría traducir en edificios más elevados. También intentará generar una oferta “más flexible y adaptada a las necesidades contemporáneas” a través de formatos como el 'coliving'

El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la casa que habitó durante 70 años en Madrid, no solo se ha convertido en un símbolo de la crudeza de la crisis de la vivienda. También empieza a tener eco en algunas decisiones judiciales. Es el caso de resoluciones por las que un juzgado de Madrid ha paralizado hasta ocho desalojos de familias vulnerables de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, el antiguo IVIMA.

En las providencias, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Raquel Catalá argumenta que es un “hecho notorio” la “rápida puesta en marcha y activación” de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) “ante una situación de desahucio de estos días” —en alusión a lo ocurrido con Maricarmen— y exige a la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid que garantice alternativas a otras familias vulnerables a las que pretende desahuciar. 

La magistrada, que es titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, reclama a la empresa autonómica que informe sobre las “medidas precautorias adecuadas y suficientes” que va a proporcionar a los ocupantes de esas viviendas —que se encuentran en “situación de especial vulnerabilidad”, incluso con menores— para que el desalojo, de producirse, les cause “el menor impacto posible”. 

La jueza argumenta que no se puede limitar a autorizar “mecánicamente” los desalojos de vivienda pública. Y también rechaza que las soluciones que se propongan sean la mera asistencia ambulatoria en la calle a través del Samur Social, un servicio municipal que se encarga de prestar ayuda en situaciones de emergencia o urgencia social. Esta suele ser la vía que utilizan las empresas públicas para acreditar que ha prestado una alternativa ante los desalojos de vulnerables que pretende realizar, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

“Hay que superar tal solución”, subraya la jueza. Y añade: “Se trata precisamente de que la juez/el juez, al autorizar el desalojo, conozca, valore y considere proporcionadas y suficientes las medidas que la Administración ha adoptado o va a adoptar”. Además, en las providencias la magistrada recuerda que en la propia página web del Ayuntamiento de Madrid figura que esa administración, a través de la EMVS, “cuenta con un patrimonio de más de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible”, así como el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) que se utilizó en el caso de Maricarmen.

En sus resoluciones, la jueza alude también a que el derecho de la Unión Europea y la doctrinas y normas consignadas en los tratados y desarrolladas e interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogen compromisos para garantizar el acceso a una vivienda social o una ayuda a la vivienda de calidad, así como el derecho de las personas vulnerables a recibir protección frente a los desahucios forzosos. 

En este caso, las viviendas son propiedad de la AVS de la Comunidad de Madrid, quien pide autorización judicial para los desalojos; si bien al tratarse de viviendas ubicadas en la capital, el Ayuntamiento de Madrid es quien dispensa los servicios sociales, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Almeida saca pecho

La semana pasada, el alcalde de Madrid sacó pecho por la intermediación del Ayuntamiento en la resolución del caso de Maricarmen a través de la EMVS. “Hay una forma distinta de encarar el problema de la vivienda”, dijo José Luis Martínez-Almeida en contraposición a las políticas del Gobierno central, cuyos reales decretos para que este tipo de desahucios no puedan volver a ocurrir fueron este viernes tumbados en el Congreso por las derechas, incluido el Partido Popular. El Gobierno, a través de la entidad pública 'Casa 47', planteó a la empresa distintas opciones para no desahuciar a Maricarmen, pero decidieron ignorarlas.

En el caso de la anciana, podrá volver a su hogar tras su inclusión en el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA). Se trata de un programa que pertenece al Ayuntamiento de Madrid que oferta pisos de particulares a posibles inquilinos, quienes pueden acceder a ellos con la condición de pagar hasta el 40% de sus ingresos netos. Según informó Somos Madrid, actualmente oferta tan solo diez viviendas en toda la capital. La más barata es una en el distrito de San Blas por 857 euros y la más cara, una en Arganzuela por la que se piden 1.460 euros. 

Entre las ventajas para los arrendatarios de las viviendas, la EMVS ofrece tanto seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, como abonar el coste del certificado energético obligatorio para llevar a cabo cualquier tipo de alquiler. En el caso de Maricarmen, el precio del alquiler nunca podrá superar el 30% de los ingresos netos de la vecina y tendrá una duración aproximada de ocho años. 

FE DE ERRORES. En una primera versión de esta información se afirmaba que los desahucios afectados por las resoluciones de la magistrada son de la EMVS cuando se trata de lanzamientos propuestos por la Agencia de Vivienda Social, dependiente de la Comunidad de Madrid.

“Las viviendas siguen siendo protegidas, para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero, nada más, ¿de qué problemas me habla?”. La frase es de una Ana Botella enervada por las preguntas de la oposición municipal en un pleno del 13 de mayo de 2014. La entonces alcaldesa del PP había vendido, apenas un año antes, 1.860 casas construidas con dinero público al fondo buitre Blackstone. Lo había hecho a precio de saldo. De la noche a la mañana, con poca transparencia y dando información privilegiada a cuatro empresas, según sentenció después la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Más tarde se descubrió que además de la ruinosa operación, el Ayuntamiento había pagado 2,3 millones de euros a un comisionista para que intermediara en la venta.

Aunque Botella –que llegó a alcaldesa sustituyendo a Alberto Ruiz Gallardón cuando fue nombrado ministro– negaba ningún cambio en el régimen de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), los inquilinos estaban recibiendo cartas con subidas de renta increíbles cuando se les acababa el contrato. Algunos asumieron el coste. La mayoría acabaron dejando pisos por los que pagaban 300 o 400 euros en Carabanchel o Vallecas y yéndose a otro sitio a vivir. Otros fueron desahuciados por no pagar. Un pequeño grupo intentó resistir y puso demandas que todavía hoy les tienen en vilo.

El primer acto que organizó Ana Botella cuando se convirtió en alcaldesa, en diciembre de 2011, fue precisamente la entrega de llaves en promociones VPO a sus nuevos propietarios. “Llegan ustedes hoy a un escenario de calidad, sostenible, innovador, que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), y gracias al esfuerzo solidario de todos los madrileños, ha puesto a su disposición con unos precios que son al menos tres veces inferiores a los de mercado”, decía entonces ante los medios.

Un año y medio más tarde, esa misma alcaldesa estaba firmando la enajenación de 5.315 inmuebles de los madrileños incluyendo locales, garajes y 1.860 viviendas de VPO con inquilinos dentro. La mayoría de estos pisos eran de alquiler (1.208). El resto, 652, eran de alquiler con opción a compra. Una opción que tuvo privilegiadamente el fondo, sin que nunca se ofreciera a sus inquilinos, muchos de los cuales están luchando para poder recomprar sus pisos al mismo precio que lo hizo Blackstone.

VPO perdida para salvar deudas

La justificación que dio Botella para la venta masiva fue que la EMVS estaba muy endeudada: una ley de contención del gasto impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy exigía a las sociedades mercantiles públicas (como la EMVS) que corrigieran sus desviaciones o desaparecieran. Botella corrigió las desviaciones desviando inmuebles habitados a un precio por debajo de mercado: 70.000 euros de media por cada piso. Con la operación, Madrid recaudó 128,5 millones, 25 millones menos de los que podría haber recibido, según calculó más tarde el Tribunal de Cuentas.

“Aquí hemos tenido suicidios, desahucios, gente que se ha tenido que ir...”, cuenta a elDiario.es Arantxa Mejías, una de las personas que montó la asociación de resistencia a la operación de Ana Botella. Sus padres tienen un piso en Carabanchel en alquiler, uno de los que se vendió a la filial española de Blackstone (llamada Fidere). Como VPO pagaban 600 euros. Hoy pagan 1.200 y en febrero vence el contrato, por lo que están angustiados de nuevo. “Ser inquilino con un fondo buitre es vivir con la espada de Damocles. De hecho he vivido con mucha ansiedad todo lo de Maricarmen. Desde que nosotros empezamos veo que la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha consolidado y agravado”.

Junto a ella, medio centenar de vecinos decidieron luchar por lo civil para poder recomprar sus casas por el mismo precio que se ofreció al fondo. Y por lo penal, para que los responsables pagaran por el malestar e incertidumbre que les había causado enterarse por carta de que una empresa capitalista salvaje, y no una administración pública, era su nuevo casero. Un casero que aumento las rentas conforme iban caducando los contratos.

Esta aldea gala se organizó y contrató a un abogado que hoy tiene 85 años, Mariano Benítez de Lugo, que consiguió que cuatro inquilinos de la céntrica calle Lope de Vega de Madrid se hicieran con los pisos por el mismo precio que Fidere, en una zona en la que hoy cuestan medio millón.

El Tribunal Supremo les dio la razón después de años de incertidumbre. Ese mismo Tribunal Supremo, incluso el mismo magistrado ponente, le quitó la razón a Arantxa y a 40 vecinos más cuando quisieron recomprar sus pisos de Carabanchel y Vallecas. “No tienen ningún sentido”, explicaba el letrado el jueves en el programa La Revuelta. El Supremo vio en un caso una venta en bloque y en el otro apreció que había habido una venta individual. El caso de Arantxa y sus vecinos se elevó al Constitucional, que cerró la puerta a su reclamación. Ahora han llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero los vecinos que luchaban y siguen luchando por activar la opción a compra de sus contratos sí tuvieron un momento de euforia y esperanza: cuando el Tribunal de Cuentas condenó en 2018 a Ana Botella y siete miembros de su equipo a pagar 25 millones por la ruinosa operación y por desembolsar dos millones para un intermediario en una comisión injustificada. Este alto órgano fiscalizador de la administración entendía que la venta se había hecho sin que pudieran concurrir otros compradores, por debajo del precio de mercado y con opacidad.

La alegría les duró poco. Esta decisión se corrigió meses más tarde, gracias a dos votos de magistrados nombrados por el PP, librando de cualquier responsabilidad al gobierno municipal de Botella. Aunque se podía recurrir el fallo, el entonces recién nombrado alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) enterró esa posibilidad.

La querella penal quedó archivada en 2022 por falta de “apoyo probatorio suficiente”, según el juez. Cuando fue a declarar como testigo, la exalcaldesa –que nunca se reunió con los afectados ni pidió disculpas por dejar a inquilinos protegidos en la calle– no hizo ninguna autocrítica. Al contrario, defendió que gracias a la venta de estas viviendas la EMVS “sigue existiendo y no hubo que despedir a ninguno de sus 400 trabajadores”.

Pero el viacrucis de los inquilinos que decidieron seguir en sus casas después de que decayera la protección pública no ha terminado. El fondo canadiense Brookfield se ha hecho con la cartera de propiedades de Fidere, es decir, las casas han vuelto a cambiar de propietario, a otro fondo, de modo que los vecinos han vuelto a la angustia de no saber si les renovarán el contrato, si se lo subirán o las van a sacar a la venta, que es lo que temen, conformen vayan acabando sus contratos. “Paradójicamente, cuando más tranquilos hemos estado ha sido en pandemia, porque había moratoria de desahucios”, cuenta Arantxa, que empezó con la lucha vecinal cuando tenía 24 años y ahora tiene 37. Brookfield no ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre sus planes con estas antiguas VPO. Las prórrogas automáticas o indefinidas –como proponían los decretos de vivienda que han sido tumbados en el Congreso por PP, Vox y Junts– hubieran evitado esta incertidumbre.

El escándalo social que supuso en 2013 esta desprotección para miles de ciudadanos y la pérdida patrimonial de parque de vivienda para Madrid ha quedado, de momento, sin responsabilidad administrativa o judicial. Aunque el Plan de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez instó a las comunidades a prohibir la venta de VPO para evitar que se repita una situación similar, la Comunidad de Madrid adelantó que no va a hacerlo e incluso anunció el pasado mes de junio recursos judiciales contra la iniciativa.

Desde que el pasado sábado comenzó la acampada de manifestantes por la vivienda en la Puerta del Sol, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid han especulado sobre los riesgos que podría entrañar la concentración, que este jueves reúne ya más de 1.200 tiendas y a miles de personas. Una de las cuestiones planteadas ha sido si la ocupación de la plaza podría dificultar una eventual intervención de los servicios de emergencia.

En este contexto, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid inspeccionó este miércoles la Puerta del Sol para comprobar si la disposición de las tiendas podía afectar a su capacidad de intervención en caso de emergencia. El informe, elaborado a las 10.50 horas del 30 de septiembre a petición de la Dirección General de Bomberos y al que ha tenido acceso este periódico, concluye que la ocupación existente en ese momento “no supone una afección significativa a las condiciones de acceso de los vehículos del Servicio de Bomberos”.

Los bomberos llevaron a cabo un reconocimiento visual de la totalidad de los accesos a la plaza y de los principales elementos de protección contra incendios del entorno. El informe señala que los accesos desde Alcalá, Montera, Carmen, Preciados, Arenal, Mayor y Carretas (actualmente en obras) permanecían libres de tiendas de campaña o de cualquier otro elemento asociado a la acampada que pudiera dificultar el paso de vehículos de emergencia.

También comprobaron que la columna seca que presta servicio a las instalaciones de Renfe situadas en la Puerta del Sol estaba completamente despejada y accesible. Lo mismo ocurría con los hidrantes de las calles del Carmen y Arenal, que permanecían libres de obstáculos y accesibles para una eventual intervención.

El documento señala además que la disposición de las tiendas no afecta a los principales itinerarios de acceso a la plaza y permite la circulación de los vehículos de emergencia por su perímetro. Los bomberos comprobaron asimismo que las tiendas no estaban ancladas al terreno, por lo que, en caso necesario, “se podrían mover o retirar de manera rápida”.

A partir de estas comprobaciones, el informe concluye que la ocupación no supone un peligro en caso de emergencia. La inspección se limita, en cualquier caso, a evaluar las condiciones de acceso y operatividad de los servicios de emergencia y no entra a valorar otras cuestiones relacionadas con el orden público o la eventual presencia de los objetos calificados como “peligrosos” dentro de la acampada.

Los manifestantes han demostrado una notable capacidad de organización. Pese a haber crecido hasta las 1.248 tiendas, según los últimos datos ofrecidos por el Sindicato de Inquilinas este miércoles, las zonas ocupadas se encuentran delimitadas y mantienen despejados los espacios necesarios para el tránsito de peatones, así como las entradas y salidas de las distintas bocas de Metro y el acceso a la estación de Cercanías. Una distribución que permite mantener los principales itinerarios de paso de la plaza libres de obstáculos.

Quejas sindicales y la polémica del cuchillo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamó este miércoles al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, una evaluación “inmediata” de la situación de seguridad en la acampada y que determinase las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de ciudadanos y policías. La petición se produjo después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciase que remitiría a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior documentación que, según el alcalde, muestra la presencia de adoquines y cuchillos de grandes dimensiones en el interior de la acampada.

“Si existen objetos potencialmente peligrosos en la acampada, la situación debe evaluarse de inmediato. Pedimos al delegado que asuma sus competencias, valore los riesgos y dé instrucciones claras. La prevención debe producirse antes de que tengamos que lamentar incidentes”, sostuvo el SUP.

El Ayuntamiento también ha insistido durante los últimos días en presentar la protesta como un problema de seguridad y orden público. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció que enviaría a Interior un documento con elementos que considera “armas”, entre ellos adoquines de obras cercanas y cuchillos de grandes dimensiones. “No creo yo que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico, sino que pueden ser utilizados como armas arrojadizas”, afirmó.

Almeida también ha señalado como un riesgo la presencia de “hornillos para calentar comida” y ha asegurado que durante estos días “se han producido altercados ya violentos”. Hasta ahora, sin embargo, no se ha registrado ningún incidente de gravedad en la acampada. Durante estos días sí se han producido episodios como la expulsión de varios agitadores de ultraderecha que acudieron a la plaza. Uno de ellos, Bertrand Ndongo, fue expulsado después de blandir un spray de gas pimienta ante varios activistas, algo que desde el Gobierno municipal califican de “agresiones a medios de comunicación”.

El Ayuntamiento insiste en la inseguridad de la acampada

Este jueves, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha vuelto a referirse a los supuestos riesgos de la acampada a preguntas de los periodistas. “La ley es para todos igual”, ha afirmado, antes de referirse a la legislación sobre armas prohibidas y al uso de cuchillos en espacios públicos.

“Hay cuchillos que nunca se pueden llevar por la calle y navajas que excedan de los 11 centímetros de hoja. ¿Alguien puede garantizar que, en caso de una reyerta, esos cuchillos, esos adoquines o esos objetos punzantes no podrían utilizarse contra ellos?”, ha planteado Sanz.

La vicealcaldesa ha acusado además al delegado del Gobierno de una “dejación de funciones” y asegura que el Ayuntamiento sancionará los incumplimientos de las ordenanzas municipales “en cuanto pueda”.

También ha cuestionado que la protesta pueda considerarse pacífica y reclama nuevamente la intervención de la Delegación del Gobierno. “El delegado debe intervenir, se pone en riesgo la seguridad de los acampados y la gente que pasa por allí, no hay garantía de que se pueda acceder en caso de una emergencia”, ha afirmado Sanz.