A la altura del número 71 de la avenida de Monte Igueldo, en Puente de Vallecas, se encuentra una de las parcelas más reconocibles del barrio de San Diego. Durante años, los niños de la zona la bautizaron como el Parque Triste. Su nombre respondía al estado en el que se encontraba, ya que, pese a estar destinado al juego infantil, apenas contaba con un tobogán y dos balancines en un espacio de poco más de 65 metros cuadrados. Sin árboles, sin fuente, sin sombra y junto a un solar abandonado que acumulaba basura y problemas de salubridad.

Las carencias que arrastraba el parque desde hacía años llevaron a vecinos, asociaciones y entidades sociales del barrio a impulsar una transformación radical del espacio. Con la ayuda de Esther Gómez, estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, elaboraron una propuesta para convertir el espacio en un refugio climático para la infancia y para el conjunto del vecindario, aprovechando las oportunidades que ofrecía el Plan de Desarrollo del Sur y del Este de Madrid (SURES), impulsado por el Ayuntamiento para reducir las desigualdades territoriales entre distritos.

La iniciativa, desarrollada por la estudiante en su Trabajo de Fin de Grado, acabó llegando al Ayuntamiento de Madrid. En septiembre de 2025, se aprobó en Junta de Gobierno una inversión de 5,3 millones de euros para varias actuaciones de regeneración ambiental, de los que alrededor de 250.000 euros se destinarían a la remodelación del conocido como Parque Triste. Para muchos vecinos suponía una victoria después de años reclamando mejoras en uno de los puntos más degradados y calurosos del barrio. Sin embargo, meses después, su alegría se ha visto empañada.

A día de hoy, el parque continúa sin inaugurarse. Las vallas siguen cerrando el acceso y, según denuncian los vecinos, el recinto acumula residuos y signos de abandono pese a que las obras finalizaron hace meses. “No se ha inaugurado todavía. Es una vergüenza”, lamenta Luis Sánchez, vocal de la Asociación Vecinal Kaskoviejo.

Sin zonas verdes ni juegos de agua

La sensación de frustración se ha incrementado porque, según denuncian desde la asociación, el resultado final poco tiene que ver con el proyecto que dio origen a la iniciativa. “Es uno de los puntos de calor más grandes del barrio. Han quitado metros de verde para poner cemento. Lo demás no se parece en nada, lo único que se ha mantenido es el sitio donde se ha puesto”, asegura el vocal.

El malestar no se limita al aspecto final del parque. Los vecinos critican también el desarrollo del proceso participativo que acompañó al proyecto. Según relata el portavoz vecinal, en noviembre mantuvieron una reunión con responsables municipales para conocer el estado de las obras. Allí, asegura, les comunicaron que la actuación estaba prácticamente terminada porque el objetivo era recepcionar la obra antes de finalizar el año.

“Los vecinos, junto a Save the Children, pidieron que los chavales eligieran los juegos que se iban a poner. Les dieron tres días para contestar. Se hizo el esfuerzo y se mandó la propuesta, pero no han recogido nada”, explica. La obra fue recepcionada el 31 de diciembre, según el relato vecinal, aunque el parque continúa cerrado y el deterioro es cada vez más visible. “Está lleno de basura”, denuncian desde la asociación.

Las críticas también alcanzan a la ejecución económica del proyecto. Los vecinos sostienen que la actuación que se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento está muy lejos de justificar la inversión inicialmente anunciada. “De un presupuesto de 300.000 euros que se aprueba en 2024 para ejecutar en 2025 no se han gastado ni 100.000. Preguntamos a dónde había ido el dinero y los trabajadores de la obra nos dijeron que ni de coña se había llegado a esa cantidad, que si llega a 120.000 o 130.000 euros ya sería una exageración”, afirma Sánchez.

El representante vecinal recuerda además el momento en que, según su versión, se cuestionó el trabajo académico que sirvió de base para impulsar la actuación. “Tuvieron la desvergüenza de decirle a la chica que presentó el TFG que no había incluido la presupuestación en el proyecto. La chica salió llorando de aquella reunión. Estamos muy mosqueados”, relata.

Otro de los principales puntos de conflicto respecto al proyecto final gira en torno a los juegos acuáticos que formaban parte de la propuesta original para combatir las altas temperaturas del entorno. Luis recuerda que recientemente visitó la plaza de Daoíz y Velarde, en Retiro, después de escuchar unas declaraciones de Ángel Niño, concejal presidente de Puente de Vallecas, en las que ponía el proyecto del Parque Triste como ejemplo de participación vecinal.

“Nosotros pedimos también los chorritos de agua. Nos dijeron que no se podían poner porque no estaban homologados. Mientras tanto, nosotros aquí no solamente no tenemos chorritos, tampoco hay pérgolas, ni zonas verdes”, señala el portavoz vecinal. Mientras, el Ayuntamiento inaugura nebulizadores en Malasaña. La cuestión resulta especialmente sensible para los vecinos porque San Diego está considerado uno de los principales puntos de isla de calor del distrito, una circunstancia que precisamente motivó el diseño inicial del proyecto.

Fuentes municipales explican a este periódico que el parque remodelado y ampliado continúa pendiente de recepción por parte de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, motivo por el que todavía no puede ser utilizado por la ciudadanía. Mientras no se complete ese trámite, añaden, la conservación, limpieza y mantenimiento corresponden a la empresa constructora, que se encarga del seguimiento periódico de la zona.

Respecto al diseño, desde el Ayuntamiento reconocen el trabajo de la estudiante y las entidades vecinales, aunque señalan que algunas de las propuestas planteadas debían adaptarse a la normativa vigente. Según el Consistorio, el proyecto que se ha ejecutado cumple “en el mayor grado posible” con la propuesta presentada, aunque algunas actuaciones no pudieron llevarse a cabo. Entre ellas figura la instalación de juegos de agua, que finalmente se trasladaron a otra actuación cercana situada en la calle Puerto de Tarancón.

El Ayuntamiento rechaza además que se haya creado un espacio más duro o asfaltado. “No se ha hecho un parque asfaltado. Se ha adecuado y ampliado una zona infantil y de ejercicios para mayores, que antes era conocida como Parque Triste y que estaba completamente pavimentada, por otro espacio más amplio, accesible y disfrutable por los vecinos”, señalan las mismas fuentes municipales.

El proyecto que soñó un refugio climático para San Diego

La propuesta elaborada por Esther Gómez como Trabajo de Fin de Grado iba mucho más allá de una simple remodelación de un parque infantil. El objetivo era transformar uno de los principales puntos de calor de San Diego en un auténtico refugio climático.

El proyecto partía de un diagnóstico claro. El llamado Parque Triste apenas tenía 65 metros cuadrados, contaba únicamente con un tobogán y dos balancines y carecía de sombra, vegetación y espacios de estancia. Además, se proponía incorporar el solar abandonado colindante para ampliar la superficie disponible y crear un espacio verde de mayor tamaño.

Las demandas vecinales recogidas en talleres impulsados por Save the Children coincidían en varios puntos: más árboles, menos pavimento, más sombra, bancos para las familias y una ampliación de la zona de juegos. La propuesta planteaba dividir el ámbito en dos grandes espacios. Por un lado, una zona de estancia y descanso para todas las edades y, por otro, un nuevo parque infantil situado sobre el antiguo solar.

El diseño incluía abundante vegetación, pavimentos permeables, pérgolas cubiertas por plantas trepadoras y una red de sombras para combatir las altas temperaturas. También proponía juegos acuáticos, fuentes y sistemas de aporte de humedad capaces de reducir el estrés térmico durante los meses más calurosos.

La idea contemplaba incluso dos áreas de juego diferenciadas, una orientada al verano, con elementos de agua y sombra permanente, y otra diseñada para los meses más fríos, aprovechando la radiación solar. La vegetación debía convertirse en la protagonista de la plaza, aumentando el número de árboles en el barrio y contribuyendo a reducir el efecto isla de calor.

Sobre el papel, la intervención aspiraba a transformar uno de los puntos más cálidos de San Diego en un espacio verde capaz de ofrecer sombra, humedad y zonas de estancia para la infancia y sus familias. Sin embargo, quienes participaron en la elaboración de la propuesta consideran que la actuación finalmente ejecutada ha dejado fuera algunos de sus elementos más importantes.

De Parque Triste a Parque Arcoíris

La transformación del espacio también ha propiciado un cambio en su nombre. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó denominar Parque Arcoíris al área infantil de la avenida de Monte Igueldo, una decisión adoptada a partir de una propuesta impulsada por Save the Children y respaldada por el Pleno de Puente de Vallecas en noviembre de 2024.

La elección fue el resultado de un proceso participativo desarrollado durante el curso 2023-2024 en colaboración con el proyecto comunitario Cuidamos Vallecas y la Asociación Vecinal Kaskoviejo. Un total de 210 niños de entre seis y doce años participaron en talleres organizados en distintos centros educativos del distrito, entre ellos los colegios Amós Acero, Jaime Balmes y San José, además del Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia Puerto Rubio.

Cada centro seleccionó una propuesta finalista. Las opciones fueron Parque Arcoíris, Parque Esperanza, Parque Panda y ParqueKas. Posteriormente, todos los participantes votaron de forma conjunta y el nombre ganador fue Parque Arcoíris.

La denominación pretende reflejar valores como la diversidad, la convivencia y la inclusión. Según una nota de prensa emitida por el Ayuntamiento el pasado mes de abril, “supone un ejemplo de buenas prácticas en materia de participación ciudadana”, algo con lo que los vecinos no concuerdan después de todos los cambios que ha sufrido el proyecto. Para el representante vecinal, el parque solo será verdaderamente “arcoíris” cuando se parezca al espacio que los niños y las entidades del barrio soñaron para San Diego.

“Oeeeeeee, oeoeoeeeeeeeee. Oeeeeeee. Oeeeeeee”. Son las siete y media de la tarde en el estadio del Real Madrid. Las gradas están repletas: unas 70.000 personas cantan, aplauden con fuerza y corean genuinamente el famoso cántico sin letra, que suele oírse en las competiciones deportivas. Pero esta vez no se celebra un partido de fútbol. Tampoco la última victoria de Florentino Pérez, que finalmente seguirá al frente del club. El que acaba de salir al campo es Robert Prevost, el papa León XIV. El público le recibe como a una auténtica superestrella, a la que los artistas invitados (como David Bustamante o Íñigo Quintero) le dedicaron sus canciones dentro de un estadio que, de manera excepcional, volvía a dar conciertos. “Hoy la Iglesia ha echo un golazo para siempre”, bromeó el pontífice.

Antes de su entrada, la pareja televisiva formada por Christian Gálvez y Patricia Pardo acompañó a un público expectante. En uno de los interludios, ambos fueron introduciendo a unos jóvenes invitados por sus parroquias que venían de zonas como Getafe o Tres Cantos. Desfilaron por el escenario y hablaron de sus deseos o ambiciones. También se animó la espera con conciertos, homenajes o marionetas. Pasadas las siete de la tarde, todo se paró en seco: León XIV estaba a punto de llegar.

Una retransmisión en vídeo mostró al papa desde su vehículo, poco después de abandonar la Catedral de la Almudena y recibiendo un baño de masas cuando iba a entrar al estadio. En su interior, las aglomeraciones y la distancia entre los asientos y el escenario impedían ver con claridad, pero las voces se agitaron desde el momento en el que cruzó la puerta. Un largo aplauso –que duró minutos– recibió a León XIV en el Bernabéu. Lo primero fue escuchar los testimonios de algunos asistentes, que iban saliendo al escenario para contar su propia historia. Hablaron un vecino “laico” que un día decidió unirse a la vida parroquial, un treintañero a punto de casarse y que hace poco recibió su Primera Comunión o una familia de peruanos, en un guiño indirecto a sus orígenes como sacerdote en este país de Latinoamérica.

Entre el jolgorio y la emoción, el público gritaba o aplaudía con cada referencia: jóvenes, adultos, niños y una amplia masa de fieles fueron llenando un estadio abarrotado, donde los grupos de voluntarios (vestidos con camisetas verde) y varios trabajadores de seguridad ponían mil ojos a su alrededor. En un momento, León XIV abandonó el sillón blanco que coronaba el escenario poligonal, dividido en dos secciones diferenciadas, para dirigirse a la comunidad diocesana de Madrid. Con la broma del gol católico, las risas inundaron por unos segundos el estadio de fútbol, pero se cortaron rápidamente cuando el pontífice empezó a hablar.

“Gracias al arzobispo [José Cobo] por haber introducido la parábola del canto”, apuntó sobre los conciertos, que esa tarde entretuvieron a decenas de miles de espectadores durante la ofrenda floral en La Almudena. El papa reconoció en las canciones, muy habituales para la liturgia religiosa, otra forma de “crear comunidad” entre las “distintas almas” que ha ido conociendo en su visita. Considera a España como un pueblo que “ama la música, la danza y el estar juntos”, pero que también conoce la “frustración y la desconfianza”. Y por eso ha dirigido un mensaje a su comunidad diocesana, protagonista de aquel encuentro.

“Vosotros testimoniais el Evangelio en la capital de un gran país europeo, sede de instituciones y organizaciones en las que se toman decisiones importantes para el presente y el futuro. Pero también destino de millones de visitantes y de hermanos y hermanas, en busca de nuevas oportunidades”, concluyó, antes de evocar la historia bíblica de Nehemías: “Él involucró a una comunidad entera para reconstruir los muros de Jerusalén”. Una alegoría que llama a reconocer al otro y “no temer” a la diversidad de voces, procedencias o sensibilidades. Le sirve, al final, para lanzar otra advertencia: “Huid de las personas que cantan siempre la misma melodía”.

Vosotros testimoniais el Evangelio en la capital de un gran país europeo. Pero también es el destino de millones de visitantes, de hermanos y hermanas, en busca de nuevas oportunidades

Papa León XIV — Discurso en el estadio Santiago Bernabéu

Mientras Prevost hablaba, no se veía un solo asiento libre entre las gradas. Lograr una plaza no era fácil, pero cada cual tenía sus razones para intentarlo. “La Iglesia me ha cambiado la vida”, resumía uno de los chavales que, en un momento dado, tomaron el micrófono. Otro hombre narró la situación que le hizo entregarse a la fe, después de conocer cómo era la vida teniendo hijos con discapacidad. Entre los presentes también había meros curiosos, o algún que otro espectador que decidió unirse al gran evento estelar que esa semana tocaba en Madrid: con Bad Bunny haciendo diez conciertos en el estadio Metropolitano, el Bernabéu contraprograma el hito con un discurso del papa.

La visita de León XIV es la primera oficial de un papa a Madrid desde Juan Pablo II, que viajó tres veces a la capital. Su última estancia fue también la más exprés: un traslado de dos días en mayo de 2003. Casi una década más tarde, aunque sin llegar a ser un viaje apostólico, su sucesor Benedicto XVI voló a la ciudad para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, que concluía ese año en la base aérea de Cuatro Vientos.

En estos 23 años –15 si se empieza contar desde la JMJ– han sucedido muchas cosas dentro y fuera de la Iglesia: la muerte en 2008 del sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y uno de los grandes rostros del abuso sexual a menores; las primeras reuniones con víctimas y las sanciones impuestas por Benedicto XVI, después de que proliferaran más denuncias en Irlanda, EEUU, Alemania e incluso España, donde en 2019 se destapó el caso de la abadía de Montserrat.

Voces críticas durante la visita de León XIV

El Papa Francisco trató de modificar el rumbo pese a las resistencias de la jerarquía eclesiátisca, con reformas en la Curia Diocesana o un acercamiento a las comunidades vulnerables, y el impulso de normas para obligar a denunciar cualquier presunto abuso sexual entre miembros de la Iglesia. Por primera vez, se estableció una responsabilidad en la omisión de socorro. Desde su nombramiento, León XIV ha jurado defender aquel “preciado legado”; sin embargo, una de las polémicas aterrizadas con su visita arremete cuestiona si se ha incumplido esa promesa. Acompañado de una fotografía del actual papa y simulando una reunión con él frente a la Nunciatura, Miguel Hurtado protagonizó el domingo una performance que era, a su vida, una crítica hacia Robert Prevost.

El primer denunciante público en la Abadía de Montserrat y conocido activista contra los abusos en la Iglesia se presentó a las puertas de la residencia papal en Madrid, en señal de protesta al no haber sido recibido por el pontífice. Hurtado, que sufrió abusos sexuales por parte del monje Andreu Soler y lo comunicó internamente (sin éxito) a los 22 años, consideraba que León XIV había optado por recibir a víctimas de “perfil bajo” –el representante del Vaticano se reunió este lunes con seis afectados por abusos de miembros del clero español– para no ver cara a cara a quienes “pueden apretarle” o “hacer preguntas incómodas que no quieran responder”.

También desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, inmerso en procesos judiciales de desahucio o causas con bloques de arrendatarios que se disputan su casa con un fondo inversor, han querido trasladar su propia lucha al pontífice. En una carta, que una portavoz de Sumar entregó este lunes en el Congreso, le han advertido del papel de algunas entidades vinculadas a la Iglesia en casos de especulación inmobiliaria. Un dardo indirecto al desahucio de Mariano Ordaz a los 67 años, cuya casa pertenecía a una orden católica, o a la venta millonaria de Fusara –una fundación ligada al Arzobipado de Madrid–, que ofreció unos edificios que habían sido donados para contribuir a causas sociales y terminaron pasando a empresas privadas.

Sin embargo, hasta el momento León XIV ha sido (junto a Bad Bunny) un gran reclamo para la ciudad. Para la misa oficiada por el papa el domingo desde Cibeles, después de la vigilia, y la procesión del Corpus Christi se calculan en torno a un millón y medio de asistentes, que debían escanear un código QR para obtener una plaza gratuita en el evento, al aire libre aunque con la previsión inequívoca de que iba a saturarse. Según la televisión pública española, que distribuyó a otras cadenas del mundo una retransmisión institucional, unos 400 millones de personas siguieron la visita del pontíce a través de sus pantallas.

En su despedida, también el arzobispo José Cobo lanzó un deseo al aire. “La Iglesia de Madrid quiere ser una Iglesia en salida: un hogar donde cada vocación cuente; donde la corresponsabilidad no sea una teoría, sino un estilo de vida. [...] Una Iglesia que no tema abrir procesos y que se deje interpelar por la realidad”, confesó ante un público multitudinario y frente a León XIV, que después de aquel evento pasaría su última noche en la ciudad. El viaje continuará hasta el día 12 de junio, con otras paradas entre Cataluña y Canarias. “Santo Padre [...] más que levantar la voz, queremos aprender a afinarla. No multiplicar discursos, sino dejar que nuestra vida suene a Evangelio”, rezó el arzobispo.

El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida ha aplicado uno de los principales mandamientos que el alcalde ha solicitado a la ciudad ante la llegada del papa León XIV. Los empleados públicos del Consistorio teletrabajan desde el pasado miércoles 3 de junio y hasta el martes 9.

Solo quedan eximidos de ello los puestos que por sus condiciones no pueden acogerse a la norma, como seguridad, emergencias, mantenimiento o limpieza. También oficinas de atención ciudadana o al contribuyente, donde en algunos casos la actividad telemática sí se ejecutará el lunes 8 (previsiblemente la jornada más intensa y la más complicada a nivel logístico) y el martes 9 de junio.

Ya en mayo, el regidor pidió a las empresas adoptar esta medida durante al menos cuatro días laborables ante un “acontecimiento histórico” de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Como finalmente ha ocurrido, avisaba Almeida que ya en los días previos a una visita que tendrá lugar del 6 al 9 de junio habría “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave, como el entorno de Cibeles o la plaza de Lima.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento”, avanzó desde el Palacio de Cibeles. Incluso pidió a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”. Su llamamiento parece haber tenido calado, ya que este jueves el tráfico se redujo un 32% con respecto a un día normal en el interior de la M-30, comunicó en X el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

El Gobierno de Almeida ha puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita. El Consistorio también pone autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio. Asimismo se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza.

El sábado 23 de mayo quedó ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. El 25 se ocuparon las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzó el montaje del altar, aunque estos trabajos no suponen una ocupación de calzada. El 3 de junio se procedió al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, a todo el tráfico rodado en torno a la plaza de Cibeles.

El Gobierno central también muestra su fe en que el teletrabajo reduzca el colapso

El Ejecutivo municipal no es el único que aplica medidas en este sentido. Por parte del Gobierno central, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que lidera Óscar Lóprez ha aprobado el teletrabajo los días 5, 8 y 9 de junio, según fuentes consultadas por Somos Madrid.

La responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, ya emplazó a las empresas a favorecer el trabajo a distancia para “reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo” de los servicios. Para la plantilla de este Ministerio está en vigor desde el 4 de junio y hasta el 9, ambos incluidos. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha sumado al requerimiento, respaldado igualmente por los sindicatos.

Este periódico ha contactado a la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación (de la que depende la Dirección autonómica de Función Pública) para conocer el alcance de la implantación del teletrabajo en los funcionarios de la Comunidad de Madrid ante el multitudinario evento, sin que lo concreten en su contestación: “Desde 2020 la Administración de la Comunidad ya cuenta con una regulación del teletrabajo en situaciones ordinarias como en situaciones de especial relevancia y corta duración, como es el caso”.

“Los eventos culturales siempre son buena noticia, pero tienes que moverlos. La gente del barrio, incluso de zonas cercanas, no lo conoce”. Alicia de la Fuente, de la Editorial Espinas, lamenta con estas palabras la falta de tirón que observa en la Feria del Libro de Puente de Vallecas. Pionera con su edición de 2019 a la hora de llevar este tipo de eventos a los distritos de Madrid, diversas fuentes consultadas por este periódico coinciden en la progresiva pérdida de fuelle y de tirón en lo que a asistencia o impacto mediático se refiere. Para muestra, un post del exitoso escritor Juan Gómez-Jurado en el que cuenta como el pasado 10 de mayo apenas acudieron seis personas a su firma (eso sí, en una jornada lluviosa).

La anécdota del autor de Reina Roja ha acabado provocando cierta tensión, pues otras fuentes sostienen que en realidad el número de asistentes fue significativamente superior. Pero no ha sido nada en comparación con la polémica que ha sacudido la feria este año. Daniel Hernán, autor e impulsor de la editorial Rosa Negra (una de las que participa más activamente en organizar la cita), fingió su suicidio en redes sociales en plena promoción de su libro Desqueerizar el anarquismo. En una publicación llegó a achacar la decisión a la supuesta “presión” y el “acoso” al que se había visto sometido por parte de un supuesto “lobby trans”. De la noticia falsa se hicieron eco personalidades como Lucía Etxebarria, José Errasti o Juan Soto Ivars, que acabaron reconociendo el engaño y lamentando la actuación de Hernán.

Tampoco es la primera vez que la Feria es escenario de sucesos difícilmente justificables, aunque este haya sido el más grave e impactante. En 2024, el programa oficial incluyó una ponencia de 45 minutos de Ricardo Delgado, bajo el título Transhumanismo y tecnología intracorporal. Según testigos presenciales, Delgado sostuvo “que existen formas que controlan nuestro pensamiento y sentimientos a través del 5G”. “Estamos ante una implantación masiva de toda la especie humana por parte de otra especie (...) es lo más grave que le ha ocurrido a esta humanidad en la historia conocida. Ahora tenemos las pruebas”, expuso. Este ponente está detrás de La Quinta Columna, una plataforma de difusión de este tipo de mensajes y de bulos durante la pandemia. Por ejemplo, que el covid era provocado por óxido de grafeno a través de las mascarillas o la vacuna contra el virus. Un bulo que fue desmentido en su día por Maldita.

El actual director de la Feria del Libro de Vallecas es el poeta Aarón García Peña. Fuentes consultadas por este diario alertan de la “deriva negacionista” de su figura. Ha sido entrevistado en el canal de Lara Hernández, difusora de bulos y pseudociencias que iba a presentar un polémico acto de corte negacionista en Hortaleza finalmente cancelado por el Ayuntamiento de Madrid. También aparece en canales de otros difusores de pseudociencias, como Luis Garre, un autoproclamado “mentor de conciencias”.

García Peña ha conducido durante años el programa Poesía Exterior en Radio Nacional-Radio Exterior de España. La última emisión en podcast data de julio de 2025, a pesar de que un vídeo de 2023 publicado por la cuenta La Gran Mentira (uno de los dos únicos del canal) denuncia que fue “fulminantemente cesado y boicoteado” en 2022 después de utilizar el poema de Miguel Hernández Los cobardes para arremeter contra “los criminales hechos y silencios cómplices que ocurren desde la pandemia”.

“La Feria está dirigida con unos criterios que no responden al interés de un barrio como Vallecas”, sostiene Igor Muñiz, fundador de la librería Muga. El responsable de uno de los espacios culturales de mayor recorrido en la zona cree que la apuesta ideológica en diversos eventos de la Feria explica en parte su escaso éxito: “Tiene que ver con lo que ha pasado con Dani y con las razones por las que hace dos años que no vamos”.

Recuerda Muñiz que este proyecto fue ideado durante el mandato de Manuela Carmena, con el concejal Francisco “Paco” Pérez a la cabeza. “Están dos años y luego la mantiene el Gobierno del Partido Popular porque ahora hay ferias del libro en todos los barrios. Pero han ido dejando que se vaya al garete. Las dos empresas que han ganado la licitación en este tiempo la han dejado en manos de Aaron García Peña, le ha ido poniendo su sello”. Un hecho especialmente llamativo, ya que en la entrevista previamente citada al poeta elogia la libertad que aporta la iniciativa privada frente a las de carácter público. Muñiz admite eso sí que el evento mantuvo el tirón durante parte de la etapa comandada por el poeta: “Hace tres ediciones, la penúltima que participamos en Muga, las librerías coorganizamos actividades”.

Pero de repente todo cambió: “A partir del año siguiente [2024], debido a la línea que quiere marcar la Junta, nos apartaron de esa primera línea de participación. Hemos perdido protagonismo en favor de Aarón, la persona contratada. Es también la misma persona que organizó la tarde negacionista hace dos años para hablar de chips y vacunas. Está adoptando un perfil cercano al modelo Iker Jiménez, tanto a nivel conspiranoico como ideológico. Esto choca mucho con Vallecas, no pueden esperar que responda a esas cosas. Si el año pasado traes a gente tránsfoba y este da el pregón Santiago Segura, hay gente que se encabrona. En el barrio no la vemos como nuestra feria”. Este diario ha tratado de contactar a García Peña para conocer su postura al respecto, pero remite a otra fuente municipal citada más adelante en este artículo.

Está adoptando un perfil cercano al modelo Iker Jiménez, tanto a nivel conspiranoico como ideológico. Esto choca con Vallecas, no pueden esperar que responda a esas cosas. En el barrio no la vemos como nuestra feria

Igor Muñiz — Fundador de la Librería Muga

“Las librerías cada vez vamos menos, está llenando la feria con editoriales de autoedición. Otros colegas han dicho que el año que viene no volverán. En parte porque cada vez funciona peor y en parte porque estas cosas que pasan tiene que ver con cómo se está dirigiendo la feria. Es un tema no solo económico, sino de imagen. No solo la nuestra, también la de toda Vallecas”, sostiene el librero. Cuenta que el propio García Peña “dio pábulo al suicidio de Daniel Hernán entre las casetas, el discurso contra lo queer le mola”.

Muñiz también apunta hacia la responsabilidad municipal: “Al fondo de esta historia está la Junta de distrito. No quieren líos, pero no hacen nada para revertir esto. Argumentan que no hay libertad si actúan, pero a mí me cancelaron una presentación en la que participaba Pablo Iglesias en un centro porque decían que era un acto político”.

Más allá del aspecto ideológico, diversos participantes apuntan a la falta de un mayor músculo promocional y económico por parte de la Junta. “No está anunciada en ningún sitio”, dice Alicia de la Fuente en conversación con Somos Madrid. “No repetiremos salvo ver mayor apoyo, no había apenas cartelería. Mencioné el Instagram de la feria y parecía que no había nadie al otro lado, nunca respondieron ni reflotaron nuestras publicaciones”, lamenta. “Gente que vive en Vallecas y podría estar interesada no lo conoce. A nivel logístico está bien, las casetas son grandes. El problema es que si no lo anuncias, te limitas a que vayan las personas de paso. Estás viendo las horas pasar”. Tampoco entiende su ubicación en el calendario (del 8 al 24 de mayo), muy próxima a la Feria del Libro de Madrid: “Al estar tan pegado, atraes menos gente”. Sobre la cuenta de redes, Igor Muñíz explica su origen y su defenestración: “El año que coorganizamos las librerías, en 2023, impulsamos unas redes que nadie ha seguido usando”. Añade que “se imprimen y pegan carteles, pero solo en unos pocos sitios de Vallecas”. Desde su punto de vista, “no existe ningún interés en publicitarlo porque no hay nadie al otro lado”. “Lo único que quieren es no tener problemas, lo mantienen porque el rollo libro tiene mucho tirón. Cancelar daría una imagen muy negativa”.

Alicia de la Fuente coincide en muchas de las deficiencias: “A mí me compensa porque me invita una librería y no tengo que pagar nada. Me cuesta tiempo, pero no se lo quito al trabajo. Pero un compañero me decía que prefería quedarse en casa traduciendo. Mucha gente que ha participado este año no va a participar el que viene. Para las librerías, es también una cuestión económica, algunas cierran o reducen horas en su local”. Sobre las polémicas, argumenta que “como no ha habido una gran afluencia, ni se ha debatido”. De hecho, se enteró del polémico falso suicidio días después.

En la misma línea apunta Pepe Molina, de la organización Vallecas Todo Cultura: “Son muchos días y no tiene prácticamente difusión. No se gastan ni un euro, ni en medios ni en nada, tiran de inercia. Este año las librerías más decentes, con autores de tirón, no se han sumado. Solo la Esquina del Zorro”. Pese a ello, incide en que “lo malo sería que la quiten, porque costó diez años iniciarla y hemos conseguido que se siga convocando”.

“Los últimos dos años se ha notado que no se le da importancia. La cuenta correo está anulada o estropeada. Las convocatorias no llegan. No hay carteles en las paredes de Vallecas. Ni siquiera se ha difundido que venía Santiago Segura. Luego hay que sumarle que este año tuvimos mala suerte con unos primeros días de lluvia. Ni los autobuses de la zona tienen spots. No hay interés. No llegan a los colegios, ni a los 20 clubs de lectura que hay en Vallecas. El resumen es que falta poder de convocatoria, faltan autores y falta ambición”, opina.

Miguel Ángel Sánchez, responsable de la unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, niega esas aseveraciones y defiende la difusión municipal: “Hay un pliego de condiciones, se adjudica a una empresa y utiliza los medios de comunicación establecidos. Se ha repartido una cantidad importante de programas y se ha pegado gran cartelería. Se ha difundido en las principales zonas comerciales y hemos utilizado todas las redes a nuestro alcance, con una nota de prensa por parte del área central”.

“A nivel de comunicación y difusión llegamos a 1.800 entidades semanalmente: colegios, entidades y asociaciones. Es el distrito con más actividades de todo Madrid y hemos sido pioneros. Semanalmente, además, llevamos a cabo un trabajo excepcional donde se incluyen todas las entidades. Tenemos además canales propios y todos los lunes enviamos la programación cultural por WhatsApp para que llegue al máximo posible de gente”, narra.

Sí reconoce un “presupuesto limitado” y que el “tema marquesinas y otro tipo de publicidad necesita algún patrocinio”. Pese a ello, resalta las cuñas con toda la programación destacada que han aparecido en Radio Olé, RNE y varios medios de prensa. “El esfuerzo de difusión es muy amplio. Hemos llevado a cabo pegadas de carteles y envíos a correo electrónico. La web municipal se ha hecho eco del pregón y de los eventos tributo a Extremoduro y Platero y Tú”, zanja.

Para Pepe Molina el sitio escogido “no tiene mucho que ver”, pero Igor y Alicia sí ven una rémora en que se celebre en el Bulevar de Peña Gorbea. “Es el corazón histórico de Puente de Vallecas, pero un sitio hecho polvo porque están dejando morir la Albufera: adicciones, delincuencia... Aquí se celebra una feria de artesanía después de la del libro, que funciona incluso peor”, cuenta Muñiz. “Revitalizar el Bulevar a través de la feria del libro era una locura si no se acompaña con otras medidas, el típico delirio al que tiende la izquierda, pero también un proyecto muy bonito”.

Frente a la retirada de Igor y la falta de ganas de volver de Alicia, Pepe Molina muestra su pretensión a luchar por el proyecto: “Nosotros vamos a intentar mejorarla con ideas más abiertas, progresistas y proactivas. Y ojalá se gasten algo de dinero”. A poder ser, sin bulos ni conspiranoia de por medio.

El Gobierno de Almeida va a seguir apostando por vender suelo municipal para la construcción de vivienda a cargo de promotoras privadas, con el único límite de establecer “alquileres asequibles” durante siete años. El anuncio lo hizo este martes el propio alcalde de Madrid, unas horas después de que este periódico publicara que cinco parcelas vendidas bajo esta fórmula están siendo ofrecidas para el autoalquiler de los propios compradores.

El caso destapado en Arganzuela y en otros cuatro terrenos municipales, que Más Madrid ha tachado de “escándalo”, desvela que una cooperativa compró hasta cinco parcelas de suelo público por el precio mínimo. Estos lugares iban a estar destinados a alquileres asequibles -según el Ayuntamiento de Madrid- pero la promotora que vende estas parcelas pide por su venta hasta 660.000 euros y explica a los posibles compradores cómo alquilar cada piso “a uno mismo”.

Sobre este caso, el alcalde aseguró que “se cumple escrupulosamente la legalidad” y añadió que los “cooperativistas” no se pueden alquilar “a sí mismos” porque “no son propietarios” de las viviendas. “Es una buenísima medida la que se adoptó en su momento”, añadía pese a que dos de los tres lotes ofertados en el concurso municipal quedaron desiertos. Mientras, Rita Maestre acusaba al Ayuntamiento de intentar tapar una “malversación de suelo público” con esta operación.

Justo después de responder a la noticia, José Luis Martínez-Almeida anunciaba que su equipo planea vender otras diez parcelas valoradas en más de 82 millones de euros con el objetivo de que promotores privados construyan allí un millar de viviendas para ofrecerlas a “alquileres asequibles” durante los próximos siete años. Esta vez la fórmula elegida es la del alquiler con opción a compra: los arrendatarios podrían deducirse parte de las rentas en una hipotética adquisición al final del periodo máximo de su arrendamiento. “Es lo que a las personas les da seguridad”, añadía el primer edil para justificar este modelo en lugar de alquileres a largo plazo y recuperación de las parcelas municipales al final del periodo de explotación.

El área de Urbanismo no ha comunicado todavía qué porcentaje de las rentas satisfechas podrán restarse del precio de venta final y anuncia que la medida llegará a la Junta de Gobierno, en una fecha aún no definida. Sí que asegura que el consistorio “no cesa en su propósito de promover la creación de nuevas viviendas en la capital”, explica en la nota de prensa en la que detallaba la medida este martes.

Las parcelas que se pondrán a la venta cuentan con 70.410 m² de superficie edificable y se encuentran todas en Vicálvaro, en los nuevos desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales. La mitad de los pisos que se construyan estarán reservados a menores de 35 años. El área de Urbanismo clacula que los importes de renta y venta serán un 31 % inferiores a los del mercado actual: 949,5 euros de alquiler para una vivienda tipo de 90 m² construidos y 3.600 euros el m² para compra.

En cuanto al concurso por el que se venderán estos terrenos, situados todos en zonas recién urbanizadas y, de momento, sin acceso en Metro, el mayor peso lo tendrá especial importancia el diseño de la edificación (hasta 20 puntos), seguido de la propuesta económica (10 puntos), con incremento del precio y forma de pago. 

Más Madrid: “Beneficios para unos pocos y una ciudad que se queda sin su patrimonio”

“Lo llaman alquiler asequible con opción a compra. Nosotras lo llamamos por su nombre: malvender el patrimonio público para que fondos y promotoras se forren, mientras la gente normal sigue sin poder pagar un alquiler”, ha denunciado Rita Maestre ante esta nueva venta de suelo público por parte del Ayuntamiento de Madrid .

“Lo que anuncia Almeida es casi peor que lo que ya denunciamos con la parcela de Mahou Calderón”, alerta la portavoz de la oposición. “No serán viviendas protegidas, sino libres, lo que genera muchas incógnitas, como que ocurrirá cuando pasen los siete años y haya inquilinos que ejerzan su derecho a compra”, añade.

“Desde Más Madrid lo decimos alto y claro: este suelo es de los madrileños, no es de Almeida ni de sus amigos del ladrillo. Cuando entregas suelo público para que el privado construya y cobre, lo pierdes para siempre. El resultado es siempre el mismo: beneficios para unos pocos y una ciudad que se queda sin su patrimonio”. Y ofrece una fórmula alternativa: “Ante la emergencia habitacional que vivimos, la respuesta es sencilla: un parque público de vivienda en alquiler, gestionado por el Ayuntamiento, permanente, con precios que se ajusten al salario real de las familias y que les permitan vivir, no con precios ajustados a la especulación del mercado”.

Hace algo más de dos años, el Ayuntamiento de Madrid anunció que iniciaba una venta de suelo público para que varias cooperativas levantaran viviendas destinadas al “alquiler asequible”. Sacó a concurso doce parcelas, divididas en tres lotes, donde cabían más de 600 pisos en régimen cooperativista, pero la operación no fue bien: el periodo de ofertas acabó desierto. Después, una cooperativa compró el primer lote por el precio mínimo y ahora está vendiendo los inmuebles sobre plano a precios elevados y sin especificar en sus anuncios que deben ser arrendadas posteriormente durante los próximos 15 años, como marcó el concurso municipal por el que fueron enajenadas.

Así consta en las cinco promociones que se ofrecen sobre otras tantas antiguas parcelas municipales, que están siendo comercializadas a través de una consultora inmobiliaria que las ofrece “para aquellos clientes que desean realizar la mejor inversión de sus vidas”. En los textos publicitarios publicados en su web aseguran que cada una de estas promociones “ha sido concebida, no solo como un gran proyecto residencial excelentemente situado pensado para ti, sino también como una apuesta segura en un mercado inmobiliario en continuo crecimiento donde la demanda es altísima y la oferta muy escasa”.

El más jugoso de esos proyectos, por su valoración, es el que se va a levantar en Arganzuela, en la zona de Madrid Río. Se trata de la promoción llamada Mahou-Calderón, con hasta 60 viviendas, que se va a construir en forma de cooperativa. La consultora que las ofrece, Proel, solo indica a los posibles compradores que deben dedicarlas al alquiler asequible durante 15 años en emails posteriores compartiendo los detalles de la adquisición, a los que ha tenido acceso este periódico. Y lanza una posibilidad no anunciada por el Ayuntamiento en su momento: “el departamento jurídico de la cooperativa ya ha transmitido todas las posibilidades para que un adjudicatario cooperativista pueda ser a quien se le haga el alquiler, siempre que cumpla los requisitos”. “Puede alquilarse a uno mismo o a un tercero”, añaden.

Los pliegos de la venta de la parcela pública indicaban, sin embargo, que “las personas físicas que opten al arrendamiento de las viviendas construidas deberán acreditar que no ostentan la propiedad de vivienda alguna en el término Municipal de Madrid”. Y lo debían hacer mediante la presentación de un Certificado Negativo de titularidad expedido por el Registro de la Propiedad, “el cual deberá quedar unido al contrato de arrendamiento correspondiente”, dictan los pliegos consultados por este periódico.

En el área de Urbanismo, sin embargo, respaldan las prácticas de Proel y lo justifican de la siguiente forma: “El adjudicatario del contrato es una cooperativa. Por tanto, no existe un propietario que pueda alquilarse la vivienda a sí mismo”. Fuentes municipales explican que “la cooperativa está obligada —como cualquier otro propietario, sea persona física o jurídica— a que durante 15 años los pisos sean arrendados a precios asequibles y el arrendatario debe cumplir los requisitos fijados en el pliego, incluyendo el de ser persona física y el resto de los requisitos indicados”.

También añade el Ayuntamiento que “en el caso de que un cooperativista opte por ser arrendatario de un piso de la cooperativa, deberá cumplir iguales requisitos”, dice en su contestación. La respuesta obvia que la comercializadora está vendiendo los pisos directamente a los compradores interesados, como si formalmente fuera una promoción de vivienda libre y la cooperativa se utilizara tan solo como un paraguas legal para ejecutar la operación.

La parcela de Mahou-Calderón fue adjudicada a la sociedad cooperativa Villas del Naranjo el pasado 16 de octubre, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. El lote se componía de estos terrenos y otras cuatro parcelas situadas en distintos puntos de Puente de Vallecas por 22,05 millones de euros (impuestos incluidos), el precio mínimo que el Ayuntamiento había fijado, ya que el concurso había quedado inicialmente desierto. Allí tiene planificado levantar 217 viviendas libres, sin ningún tope en el precio de venta.

“Importes muy favorables para la cooperativa”

Los pisos más caros, los situados junto a Madrid Río y de hasta tres dormitorios, con derecho a garaje y trastero, los está vendiendo por unos 660.000 euros (impuestos incluidos), según la correspondencia de la comercializadora Proel a la que ha tenido acceso este periódico. Otros de dos dormitorios alcanzan casi los 620.000 euros. En el resto de parcelas, situadas en Puente de Vallecas, los precios de los pisos son menores aunque en algunos casos superan los 400.000 euros. Todos se definen como “vivienda libre asequible”.

Según detalla Proel en sus anuncios, gracias a los “importes muy favorables para la cooperativa” a la hora de comprar el suelo es posible ofrecer a los socios “una verdadera oportunidad para obtener costes de adjudicación por debajo del mercado, debido a los condicionantes de la adjudicación que realizará el Ayuntamiento de Madrid en esta parcela”.

Estos condicionantes, no detallados inicialmente en el anuncio aunque sí cuando luego se ofrece información por email a los interesados, son los de la obligatoriedad de alquilar por 15 años el inmueble adquirido y hacerlo con límites a las rentas que pueden cobrar a los inquilinos. En el caso de la promoción Mahou-Calderón, el máximo está fijado en 17,85 euros por metro cuadrado útiles para viviendas de tres dormitorios, cantidad que baja hasta los 11,85 euros por metro cuadrado para las viviendas que se construyan en Puente de Vallecas, dentro de este mismo lote. Además, los inquilinos han de cumplir otros requisitos como un máximo de ingresos en la unidad familiar en función de los miembros y la promoción o al menos un año de empadronamiento en la capital.

Las condiciones de la venta de las parcelas municipales incluían también que al menos un 25% del número de viviendas proyectadas en cada uno de los lotes se debían reservar al alquiler de jóvenes menores de 35 años. Los importes finales de los alquileres, en cualquier caso, dependen del nivel de ingresos y los arrendadores pueden exigir más renta si su arrendatario se acerca al máximo legal para acceder a la promoción.

Las parcelas del primer lote, el que se adjudicó la cooperativa Villas del Naranjo, estaban valoradas en 18.223.656,03 euros, cantidad que ha de abonar al consistorio junto a 3.826.967,77 euros en concepto de IVA. Los otros dos lotes de parcelas de las que constaba el concurso, con terrenos ubicados en Carabanchel, Latina, Chamartín o Villaverde, quedaron desiertos y ninguna cooperativa se interesó por ellos.

¿Cómo controla el Ayuntamiento de Madrid que se están cumpliendo las condiciones de los arrendamientos a las que obligan el pliego? El área de Urbanismo asegura que puede pedir en cualquier momento “la relación individualizada de los contratos en vigor y la documentación complementaria de los mismos, a fin de que se acredite que las personas que arriendan las viviendas construidas lo hacen en las condiciones de renta y con los límites establecidos en el pliego”. Además, la cooperativa ha de presentar anualmente durante los 15 primeros años de explotación un informe de auditoría externa acreditando que mantiene los límites de renta marcados en la adjudicación.

Maestre: “Almeida deja el suelo público en manos de promotoras disfrazadas de cooperativas”

Las condiciones de venta de estas parcelas ha cosechado las críticas del primer partido de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, lamenta en declaraciones a este periódico que “con Almeida, la vivienda se ha convertido en un agujero negro, que se lleva la mitad de los ingresos de las familias trabajadoras cada mes”. Para luego denunciar: “¿Y qué hace el alcalde para solucionar esta crisis habitacional?: malvender el suelo público a promotoras que, como esta del ámbito Mahou-Calderón, se disfrazan de cooperativas que terminan vendiendo los pisos a precios desorbitados y dejan el alquiler asequible en manos de los compradores de la propia promoción”.

Maestre ironiza sobre el que llama modelo Almeida: “¡Cómprate un piso por 700.000 euros y te lo alquilas a ti mismo por un precio asequible!”. “Es una desvergüenza absoluta”, añade.

A su parecer, “lo grave es que no es un error técnico, ni un despiste, es una decisión política deliberada, vende el suelo público para que hagan negocio y se forren los privados, mientras muchas familias se ven obligados a vivir en habitaciones y los jóvenes, condenados a quedarse eternamente en casa de sus padres”. La portavoz de Más Madrid ve en esta operación “un mecanismo opaco, que deja en manos de los privados la decisión de quién va a vivir en las casas que construyan. ¿A quién van a elegir?, la respuesta es sencilla, a las rentas más altas de entre los solicitantes. El alquiler asequible como excusa, la especulación como negocio”.

Pasado San Isidro y a pocas fechas de que empiecen las fiestas de verano, podemos decir sin temor a equivocarnos que lo castizo está de moda. Pero, ¿qué es lo castizo? La respuesta daría para un artículo aún más largo que este que comienza aquí, pero un vistazo a Instagram nos haría sospechar que algo de explotación distorsionada de la memoria de las clases populares madrileñas hay en la moda.

Grupo Taller de Historia Social —una un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid centrado en la historia del mundo del trabajo, las clases populares y el conflicto social en la España Moderna— e investigadores de la Universidad Complutense han juntado fuerzas para hablar de las clases populares con la propiedad que otorga la investigación histórica.

La iniciativa ha tomado la forma de unas jornadas divididas en dos días y dos espacios de honda raigambre popular. La primera de las sesiones se desarrolló en el Centro Cultural La Corrala (gestionado por la Universidad Autónoma de Madrid) este viernes 29 de mayo. La segunda, tendrá lugar en el Ateneo La Maliciosa el próximo 11 de junio.

“La intención es intentar ver la parte más desmitificadora de estos barrios, que están siempre muy vinculados con un cierto toque casticista, y darle un sentido más histórico y real a las personas que los habitaban”, explica José Antolín Nieto, historiador de la Autónoma con el que hemos hablado de El Rastro, sobre cuya historia guía un paseo en el contexto de las jornadas.

Nieto habla con el poso de quien ha escrito tres volúmenes sobre las vivencias del mercado, de quien se ha criado entre el bullicio de los puestos de la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo y de quien ha vendido su libro (I, II y III), hecho después de cientos de horas en archivos, los domingos por la mañana en El Rastro.

SOMOS MADRID: Ahora está de moda el tema de lo castizo, una cosa muy estética…

JOSÉ NIETO: Claro, nosotros lo que queríamos, a través sobre todo de nuestras investigaciones, es darle una imagen real a la sociología de los barrios. En ese sentido, la intervención de Victoria López-Barahona en las jornadas es interesante porque ha rescatado una fuente que no se conocía mucho sobre una parte del barrio de Lavapiés, en concreto el barrio de las Niñas de la Paz.

Tendemos a pensar que todo comienza en una fecha determinada y de una manera que se conoce con exactitud, pero no es exactamente así según cuentas en el primero de tus libros

Efectivamente, el comercio surge de manera paulatina. El Rastro nace alrededor del matadero, donde comienza a haber una proliferación de vendedores con tiendas y, al mismo tiempo, de vendedores que son de ambulancia pura y dura, es decir, que con su cuerpo van transportando la mercancía. Madrid crece mucho a partir de la llegada de la Corte a Madrid en 1561, el matadero lo hace con la ciudad y el barrio crece alrededor suyo. Se asientan zapateros, curtidores, guarnicioneros, gente que manufacturaba con tendones cuerdas de guitarra… luego llegan al Cerrillo del Rastro (hoy Vara del Rey) otra serie de oficios y se empiezan a vender productos no relacionados con el matadero, esencialmente la ropa usada en el siglo XVIII.

Hay fechas que sí sabemos. En 1751, por ejemplo, encontramos la primera referencia de una venta en domingos a través de una redada hecha por los alguaciles a tres vendedoras ambulantes. Son denunciadas por el gremio de prenderos (tratantes de ropa usada). El mercado crece y hay que regularlo, los primeros permisos son de 1811.

Luego, a lo largo del XIX el mercado va creciendo en importancia

En la historia del siglo XIX va permeada en torno a dos elementos: la persistencia del mercado diario y la aparición de los bazares.

Empecemos por lo primero

Hoy hemos perdido el mercado diario, que dura hasta 1984. Antes, existían el vendedor ambulante y el vendedor al que el Ayuntamiento ponía una estructura. Eso lo puedes ver incluso en películas del siglo XX como en Mi tío Jacinto. Ese mercado diario era una realidad prácticamente desde el año 1730 en la zona del Cerrillo y en las calles aledañas.

Y los bazares aparecen a mediados de siglo, ¿verdad?

Son la reutilización de tenerías antiguas y en algunos casos de casas de vecindad. Solamente conocemos un bazar de nuevo cuño, de construcción exclusiva para la venta ambulante, que es el bazar del Federal, que estaba en la otra parte de la Ronda de Toledo. Los bazares facilitaban a una parte de los vendedores un resguardo ante las inclemencias del clima, el espacio físico para poder exponer su mercancía, almacén y unos servicios públicos que el Ayuntamiento nunca ha proporcionado: los urinarios.

Mucha gente dice que habían desaparecido en los años 60, pero yo he visto bazares todavía a finales de siglo. Mi padre ha estado almacenando género hasta bien entrado los ochenta en bazar. En la derivación del bazar del Federal y en otro que no era al cien por cien un bazar, pero en el que había gente que vendía dentro, que era en la corrala Cambalache. La derribaron hace dos días, como quien dice. Te diría yo creo que había otro bazar que ha estado hasta bien entrados en los años 90, incluso a principios del 2000 —lo que pasa es que la gente no la considera un bazar—, el propio Centro Cultural La Corrala de la Autónoma, donde organizamos las jornadas.

El tercer libro de tu trilogía lo comienzas en 1936, ¿cómo fue la existencia de El Rastro durante la guerra?

Tardé mucho en escribir la tercera parte del libro de El Rastro porque quería encontrar información verosímil de su existencia durante la guerra. Pude hacerlo por una fuente que hasta la fecha no tenía una fácil consulta, la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional.

Encontré ahí una entrevista a dos vendedores de uno de los bazares, en concreto del Bazar del Médico. En el Rastro hay incluso restos de la guerra, cayó un obús en uno de los bazares y hay fotografías de la Puerta de Toledo con trincheras. Ellos dicen que a pesar de todo hubo Rastro. De hecho, afirman que estaban colaborando con el Gobierno republicano y mandando repuestos de coche al Ejército.

Bueno, en definitiva, hay Rastro durante la guerra. Hay asociaciones de vendedores que me pidieron la información porque en la época de la pandemia el Ayuntamiento de Madrid cerró el rastro durante siete meses. Me decían, “si no se ha cerrado ni durante la guerra”. Consideraban que era un sitio seguro, al aire libre. En algún momento los centros comerciales estaban abiertos y El Rastro no.

¿Qué pasó después de la guerra?

Las cosas del Ejército republicano, desde armamento hasta material de automóviles, acaban en El Rastro. Es curioso el tema de la Galería Bayón. A partir de los cuarenta comienza a haber otro tipo de venta: en las galerías. Son otro tipo de institución dentro de El Rastro que tiene como función fundamental, en gran parte, la venta de productos relacionados con las antigüedades. Pero las primigenias, como esta de los hermanos Bayón, tenían como punto de referencia el producto derivado de la incautación del Ejército republicano. Ellos tienen contacto con el Ejército, que les va pasando el material. Y se hacen de oro.

Luego está el tema del estraperlo. La gente vende todo lo que puede, con situaciones muy vinculadas con la ilegalidad. Una cantidad importante de productos básicos, comida en muchos casos. El Estado mira hacia otro lado porque sabe que la economía está desestructurada y la gente tiene que comer.

No sé si tienes tú constatado ahí un ámbito de resistencias cotidianas

Sí, yo creo que hay una línea de continuidad con las resistencias que hubo en el siglo XIX. Eso yo creo que lo refleja muy bien Ramón de Mesonero Romanos cuando dice que El Rastro es una zona díscola, muy rebelde, con gente que ha hecho que se convierta en una especie de isla dentro de la ciudad. De hecho, Mesonero Romanos habla de la necesidad de domesticarla y que metan en El Rastro un tipo de teatro específico para que sus habitantes vayan entendiendo cuál es la forma adecuada de comportarse en una sociedad burguesa.

Pienso que la venta en las galerías o a través del estraperlo son formas también de resistencias ante el sistema. Hay un elemento que a lo mejor es meramente simbólico, pero significativo. En Lavapiés, al lado de Cabestreros, se ha conservado una fuente de la Segunda República. ¿Cómo es posible esto? Primero, por la dejadez del propio Ayuntamiento y luego por la propia idiosincrasia del barrio.

El Partido Comunista intenta ya desde muy pronto hacer en El Rastro reparto de propaganda. Hay incluso una apropiación del espacio, aunque sea minoritaria, con intentos del Partido Comunista de asentarse dentro del barrio y dentro del mercado, haciendo rifas para recaudar fondos e instalando células del partido. También algunos de los anarquistas de Madrid que estaban resistiendo en el interior utilizaron el barrio y el mercado para hacer acciones políticas. Son evidentemente resistencias muy difíciles de localizar.

Y esto yo creo que vuelve a emerger un poco en los momentos de la Transición, con la eclosión contracultural y las razias de la extrema derecha

Ya eso lo he vivido en primera persona, aunque de una manera un tanto marginal. Durante los años 1978 y 1979 hubo unos periodos bastante duros. En la parte de Cascorro comenzaron a ponerse puestos políticos de izquierda o de grupos como la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha). Hay un documental del NO-DO que lo muestra, evidentemente con sesgo ideológico. Aparece cómo la gente se arremolina en torno a los puestos políticos, muchos de quienes están allí llevan megáfono y cuentan lo que había pasado en el ámbito de la movilización política de su sector. En la grabación se dice que no tienen apoyo de los vendedores, pero era mentira.  

Esto sucede en el contexto de la reacción de los grupos de ultraderecha, sobre todo los Guerrilleros de Cristo Rey, que actuaban en connivencia con la policía. Iban con todo tipo de cadenas y pegaban a diestro y siniestro. A vendedores, compradores y a los miembros los tenderetes de propaganda política. La Policía siempre acudía como 15 minutos tarde a pesar de que había un coche de policía a 500 metros

Lo viví por las carreras que se organizaban desde Cascorro hacia abajo. Bajaban por la Ribera de Curtidores, pero también llegaban por las calles anexas y hasta el Campillo, donde yo vendía. Tenía 10 años, 12 como mucho, y durante cuatro o cinco semanas recuerdo estar con las típicas lecheras de los grises al lado de nuestros puestos. Estábamos atemorizados y fue bastante dramático.

Ya que estás contándonos estas vivencias, ¿cómo es tu vinculación personal con El Rastro?

Comienza con un tío mío que era mecánico y debía de tener algún tipo de situación que le permitía vender piezas y recambios de coches. Probablemente, sacaba parte de los recambios de los talleres militares y vendía en el antiguo bulevar, que ahora es la Ronda de Toledo. Mi padre empezó a vender poco después. Era un manitas con la juguetería de madera, aunque luego empezó a vender herramientas. En los 70 mi hermano, que por desgracia ha fallecido recientemente, empezó a vender sellos porque hubo una exposición universal de Filatelia en Madrid en el año 75, y él aprovechó la afición que mi padre tenía a los sellos (también él vendió sellos y monedas después de herramientas). Mi madre fue vendedora, primero de novelas y después de artículos de mercería y de ropa de crío. La tradición familiar empezó en 1957 y terminó hace dos días.

La vinculación de tus libros sobre El Rastro es bien material…

Yo soy hijo de la crisis económica de principios de los 2000. Al principio, tuve una experiencia muy positiva en mi ámbito de investigación, me concedieron unas cuantas becas y un contrato predoctoral. Cuando acabé la tesis en 1999 me concedieron un contrato postdoctoral, pero en el curso 2001-2002 se acabó. Esperanza Aguirre se cargó la política educativa de becas universitarias.

Yo había dejado El Rastro sobre 1998 para terminar la tesis y tuve que volver al mercado. Le dije a mi madre: “Mamá, la situación en la que estoy es complicada, tengo que volver para vender, pero tengo una idea, tengo información suficiente como para hacer un libro sobre la historia del mercado”. Mi madre me financió el libro y empecé a vender el primer volumen en el puesto. Luego, ya más liberado de presiones económicas, saqué el segundo y el tercero. Para mí El Rastro también ha sido un mecanismo de resistencia.

Inevitablemente, tengo que hacerte la pregunta más tópica ¿Cómo ves El Rastro hoy y en qué crees y que ha cambiado?

A menudo hay una visión pesimista, pero yo tengo una panorámica del mercado de 300 años. La palabra resiliencia no me gusta mucho, pero a lo mejor la podemos utilizar para el mercado.

A pesar de todas las podas que ha tenido, la desaparición de los bazares, de la venta de diario, de los intentos de traslado y cierre… se ha mantenido siempre en el mismo lugar, a diferencia de otros mercados europeos. Mercat dels Encants en Barcelona es muy interesante pero es un mercado extrarradio y al mismo tiempo un mercado que se ha trasladado muchísimas veces del lugar. Feira da Ladra, en Lisboa, o el mercado de Las Pulgas, en París, son mercados que tienen sus características propias, pero son relativamente más recientes que El Rastro.

Tiene una cantidad ingente de enemigos, eso sí. Por ejemplo, los grandes almacenes —que abren también los domingos— los supermercados grandes, y el gran enemigo de El Rastro, Internet y la compra por Wallapop. Sin embargo, sigue estando ahí.

Probablemente, hay productos que estén estandarizados, sí, pero eso también pertenece a una lógica del rastro aunque mucha gente no lo vea. Ya en 1820 había una producción de zapatos nuevos exclusiva para El Rastro. La estandarización estaba presente mucho tiempo atrás. No sé si es que soy demasiado optimista, pero creo con un poco de difusión y con más de apoyo institucional, cosa que nunca ha tenido, El Rastro puede subsistir. Yo creo que lo de El Rastro es cíclico.

Pero imagino que la gentrificación lo estará afectando

 Ahí es donde está cambiando un poco más, porque hay una gentrificación importante del barrio y los nuevos residentes no lo comprendan al cien por cien, como los de hace 40 años. No entienden los ruidos a primera hora de la mañana de un domingo. Antes, una parte importante de los vecinos que tenían alguna propiedad en los bajos de los edificios los alquilaban a los vendedores para la mercancía, nosotros le hemos llamado siempre a eso encierres. Ese tipo de cosas, unidas a que el ayuntamiento en determinado momento dejó un poco de la mano de Dios la limpieza —ahora parece ser que eso se ha hecho de una manera bastante eficaz— crea ciertos problemas.

A mí me duele, por ejemplo, que cuando desaparece el Bazar del Médico lo que se edifica sea un Burger King. Te quedas como diciendo, hostia, esto ya no es mi barrio, no es mi mercado.

A primera hora de este viernes, Julio recibió la noticia que más ha temido en estos meses. Varios agentes de la Policía llegaban a su casa, en la que vive desde hace años, para llevar a cabo una orden de desahucio. Él y otros pocos residentes se habían convertido en los últimos habitantes de los apartamentos San Fernando, unos pisos municipales que el Ayuntamiento prestaba a personas mayores para garantizar servicios asistenciales. En septiembre de 2024, unas obras de rehabilitación en el edificio expulsaron a otros 61 ancianos que vivían en el bloque. Desde entonces, solo cuatro usuarios han permanecido allí.

Julio Gómez tenía hasta ahora dos ventajas, a las que no pueden acceder pasados los 70 años: una vida en compañía y sensación de autonomía personal. Desde que entró en los apartamentos de la calle Jerte número 1, al lado de La Latina, encontró un balance entre la convivencia de barrio y el espacio propio de un piso individual.

Se inauguraron en los años ochenta como un modelo alternativo a las residencias tradicionales, y se abrieron plazas para usuarios mayores de 65 y con distinto grado de autonomía. Esta mañana, al percatarse de lo que ocurría, Alejandro –otro residente que también ha sido notificado– contactó con sus vecinos y un grupo se movilizó para acudir hasta allí.

“Estamos avisando a todo el vecindario para que, una vez más, impida este desalojo forzado. Os emplazamos a venir y cubrir este abuso a nuestros mayores por parte del ayuntamiento. Ojalá podáis acudir: la dirección es calle Jerte, 1”, reza el mensaje difundido desde una asociación de la zona. Una de las vecinas que asistieron a la llamada, también miembro de la Asociación Vecinal La Chispera, afirma a Somos Madrid que a Julio iban a reubicarlo en una residencia, y que la irrupción de esta mañana se había producido “sin previo aviso”.

Fuentes municipales citadas por Europa Press aluden a que hasta ahora solo han recibido autorización judicial para el desalojo de uno de los residentes. Los otros tres, de momento, permanecerán allí hasta que el Juzgado resuelva la orden solicitada de cara a una reforma integral del edificio.

Almeida defiende que el desalojo es necesario para la obra

Las tensiones comenzaron el pasado verano, cuando el Ayuntamiento notificó a los residentes la necesidad de desalojar los apartamentos para acometer obras de rehabilitación que, según el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, eran “absolutamente necesarias”, y venían a solventar problemas estructurales y de seguridad. El consistorio ofreció entonces alternativas en residencias públicas y centros municipales repartidos por distintos puntos de la región, aunque los vecinos protestaron por el cambio radical que eso supone en sus vidas, a una edad en la que renovar vínculos y rutinas no siempre es sencillo.

Sin embarlo, la mayoría acabó aceptando abandonar temporalmente los apartamentos. Algunos mostraron su malestar por las condiciones del traslado, y otros denunciaron incrementos en el coste de su nueva plaza residencial o alertaron de las consecuencias psicológicas de enfrentarse a un entorno conocido. Asociaciones vecinales como La Chispera o Cavas-La Latina defendieron durante meses que las obras podían ejecutarse por fases, sin necesidad de vaciar completamente el edificio, apoyándose en informes de técnicos independientes del Ayuntamiento.

Por su parte, los residentes aseguraron no tener “garantías” reales de poder regresar una vez terminadas las obras, sugiriendo sus sospechas ante un posible cambio de uso para el inmueble. Desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad han defendido reiteradamente que todos los residentes podrán volver a sus apartamentos cuando concluyan los trabajos de rehabilitación, previstos inicialmente para 14 meses, y que lo harán “en las mismas condiciones económicas”. Pero las dudas persisten entre vecinos y plataformas sociales.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la entrega de 19 parcelas al Gobierno regional, que serán destinadas a abrir allí residencias de mayores. Todas serán construidas dentro del plan 40-40, con el que el Gobierno de Ayuso ha prometido 8.000 plazas (sumando también centros de día) a través de la privatización de parte de este servicio.

El plan, presentado por Isabel Díaz Ayuso hace un mes, fue rechazado de plano por la oposición, debido a que contempla que el 60% de las plazas que puedan ser privadas. Cada una de ellas se ofrecerá “con acceso a través de la prestación económica conocida como cheque servicio, que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, explicó en su presentación el Gobierno regional.

Algunos municipios gobernados por el PSOE se han negado a ceder terrenos para este fin a la Comunidad salvo que les aseguren que lo que se levantará allí sean residencias 100% públicas. Para el Gobierno de Almeida, sin embargo, el sistema de gestión no es problema y la vicealcaldesa ha confirmado este jueves que se ceden sin coste y luego será la Consejería de Familia quien decida el modelo.

En su día, Ayuso defendió este modelo de privatizaciones para ampliar así “la oferta asistencial sin cargar todo el peso sobre el contribuyente, porque no podríamos construir tantos hospitales, reformar tantas obras y seguir creciendo a la velocidad que requiere una región como la nuestra.

La mutación demanial de las parcelas que entrega el Ayuntamiento de Madrid se exitende por 13 distritos de la ciudad y suma casi 200.000 m², según la información facilitada por el delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la Junta de Gobierno de este jueves. La vicealcaldesa ha añadido que han intentado buscar terrenos en todos los distritos, pero no han encontrado parcelas disponibles en algunos por las exigencias de metros cuadrados que demandaba el plan.

Este es el listado de terrenos afectados por las cesiones y sus superficies:

Fuencarral-El Pardo

San Blas-Canillejas

Usera

Puente de Vallecas

Villa de Vallecas

Villaverde

Vicálvaro

Carabanchel

Moratalaz

Barajas

Hortaleza

Moncloa-Aravaca

Ciudad Lineal

Escuelas y polideportivos públicos despejados para los peregrinos, carriles cortados y ahora también una retirada de árboles. La inminente visita del Papa, que pasará por Madrid entre el 6 y el 9 de junio, ha supuesto un enorme despliegue de recursos, no solo desde la Archidiócesis. El Ayuntamiento de Madrid ha cedido instalaciones propias y, como en otros eventos de gran popularidad, trabaja en coordinar sus dispositivos de seguridad o abrir espacio a los actos al aire libre. El más importante tendrá lugar el domingo, día 7, con discursos y homilías frente a la sede municipal. Para despejar su entorno e instalar el escenario, el consistorio ha decidido trasplantar seis árboles de la plaza.

“Pero, ¿cómo se puede permitir esta burrada?”, han comenzado a lanzar algunos usuarios en redes sociales, al percatarse de los desplazamientos y temiendo que se tratara de nuevas talas. Las polémicas por la eliminación de árboles del espacio público han perseguido a José Luis Martínez-Almeida a lo largo de su mandato.

El alcalde ha tratado de responder a ellas sustituyendo la poda por traslados de los árboles. Algo que no ha convencido a todos, pues existen voces críticas que alertan de un lavado de imagen que no protege realmente a la vegetación. En este caso, la mitad de los ejemplares se retiraron el lunes, mientras que los tres restantes han comenzado a extraerse este mismo martes, tal y como han confirmado desde el Área de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad.

Fuentes municipales también inciden que los árboles trasplantados se reubicarán en viveros, y una vez finalice la visita de León XIV se planteará volver a sembrar nuevas semillas. “Entonces se valorará si el tiempo es el adecuado para que la plantación prospere. Si no, se esperará al otoño”, avanzan desde el Ayuntamiento. El consistorio madrileño afirma estar estudiando “instalar más arbolado” en la plaza, aunque de momento no han concretado fechas ni cifras.

Pese a estas explicaciones, el avistamiento de operarios y grúas en pleno Cibeles ha alertado a algunos vecinos, y también entre la oposición. “En plena ola de calor y Almeida retira árboles de Cibeles para montar un escenario. Da igual la obra, da igual el evento, da igual el mes: cualquier excusa es buena para quitar sombra en Madrid”, le han reprochado al alcalde desde Más Madrid, que ha publicado la noticia en su cuenta oficial de X y lanzado un dardo a la gestión municipal urbana.

Ante la previsión de un evento masivo a la vuelta de la esquina, Almeida ha llegado incluso a pedir a las empresas que faciliten el teletrabajo desde el próximo miércoles, 3 de junio. Habrá afecciones al tráfico en el eje Castellana-Recoletos y también en el entorno de la plaza de Lima, además de las limitaciones en Cibeles. Igualmente, desde este lunes por la noche quedaron inutilizados los ocho carriles centrales de la Castellana, junto al Bernabéu, lo que obliga a desviar el tráfico por las vías laterales y restringir accesos. “Va a afectar a toda la ciudad”, anticipó el alcalde sobre los días que se aproximan.

“¡Vuestras políticas nos echan de nuestros barrios, hipócritas!” fue el grito dirigido hacia el Gobierno de Almeida que escucharon sus concejales este martes, durante el Pleno mensual que se celebraba en el Ayuntamiento de Madrid. Hablaba en ese momento del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, cuando miembros del Sindicato de Inquilinas lanzaron folletos sobre los ediles y gritaron consignas de protesta por la situación de la vivienda.

Una decena de miembros de la organización siguieron diciendo otras consignas: “¡Fuera buitres de nuestros barrios!”, “¡menos pisos turísticos de nuestros barrios, más vecinas!”, reclamaban desde la tribuna de invitados mientras los servicios municipales intentaban llevárselos fuera del salón de plenos. “A trabajar como todo el mundo”, se escucha a uno de ellos en la grabación del momento a la que ha tenido acceso este periódico.

La imagen de la protesta no fue captada por la restransmisión del Pleno que ofrece el Ayuntamiento de Madrid, como sí había sucedido otras veces. Las cámaras se quedaron fijas en el concejal de Urbanismo mirando a los invitados y no ofrecieron planos de lo que estaba pasando más arriba. Solo se enfocó la zona superior cuando ya estaban saliendo, en un plano general. Mientras, los ediles de la izquierda aplaudían la protesta.

Carabante aseguraba en este momento que iba a votar en contra de la propuesta de Más Madrid para retirar el Plan Reside. Una regulación urbanística que está favoreciendo el vaciado de edificios residenciales enteros para dedicarlos a uso turístico. Esta semana un fondo de inversión ha fijado el desahucio de uno de ellos en Tetuán. Algunos de los afectados estaban este martes en Cibeles.

La protesta del Sindicato de Inquilinas tiene lugar dos días después de la gran manifestación por la vivienda que tuvo lugar en el centro de Madrid y dos meses después de que otra acción similar acabara también con la expulsión de varios de sus miembros durante el Pleno de marzo en Cibeles. En esa ocasión las cámaras municipales sí que apuntaron a los protagonistas de las reivindicaciones.

El Pleno de este mes de mayo era el primero en el que se aplicaba un nuevo reglamento que impedía a los invitados de los grupos políticos vestir camisetas reivindicativas o llevar banderas. Todos los concejales tienen derecho a traer a varias personas a los plenos, que suelen ser protagonistas o colectivos relacionados con las iniciativas a debate. La socialista Reyes Maroto ha denunciado estas restricciones mostrando en uno de sus turnos de palabra una camiseta del movimiento No al cantón en Montecarmelo.

Lío político en Cibeles con un texto que normalmente consensúan los grupos políticos ante acontecimientos importantes. Este martes se debería haber aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una declaración institucional ante la visita a de León XIV pero un enfrentamiento entre PP y PSOE por el texto ha derivado en la imposibilidad de sacarlo adelante, pues ha de contar con el apoyo de todos los grupos políticos.

El PSOE de Reyes Maroto no ha podido presentar el texto, que había planteado en la Junta de Portavoces de la semana pasada, conocedores de que no había acuerdo por parte del PP, aunque su propuesta que sí había sido respaldada por Más Madrid y Vox -aseguran- e incluso por el Arzobispado de Madrid. Los del PP creen que es un texto que no está suficientemente consensuado y por ello presentaron un documento alternativo, que solo contó con el respaldo de los de Javier Ortega Smith.

El grupo municipal abanderado por Reyes Maroto defiende que su declaración recogía “el sentir mayoritario de la ciudadanía madrileña” ante una visita de “relevancia histórica e institucional” y sostiene que el texto está alejado de polémicas partidistas. Por ello, no han aceptado los cambios “de última hora” del PP.

El texto de los socialistas hacía alusiones de marcado carácter social como la “defensa de la paz” de León XIV frente a las “graves vulneraciones de derechos humanos” y alababa su defensa de la “justicia social”, entre otros argumentos. La contrapropuesta del PP hacía referencia a las “raíces cristianas” de la ciudad y hablaba de un “viaje apostólico”.

Durante el Pleno y una vez aceptado que el texto no saldría adelante, Maroto ha acusado al PP de haber “bloqueado” la declaración institucional “demostrando que no están a la altura de este acontecimiento histórico para Madrid”. “Con sus excusas y su sectarismo vuelven a demostrar que son incapaces de llegar a acuerdos”, ha lanzado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, asegurando que el PP sólo ha conseguido hacer “el ridículo”.

Almeida ha contestado que el PSOE envió una propuesta a las 13.35 horas del pasado viernes, respondida con un texto de modificación por el PP a las 9.35 horas de este lunes, tres días después, a lo que ha añadido que se les preguntó con quién del Arzobispado habían acordado la propuesta. “Se ha negado a decirlo. ¿Por qué no quiere decirlo usted? ¿Sabe por qué? Porque como diría el capo 'di tutti capi', el jefe de la mafia (en alusión indirecta a Pedro Sánchez), vaya inventada se ha pegado, señora Maroto”, ha espetado a la socialista.

Son tres puntos en torno a los cuales pivotaba el texto de los socialistas en un intento de conseguir auparlo a declaración institucional, informa Europa Press: la bienvenida institucional al Papa León XIV con motivo de su visita a la ciudad de Madrid; el deseo de que su visita contribuya a fortalecer los lazos de fraternidad, convivencia y entendimiento entre toda la ciudadanía madrileña y reconocer el valor de los mensajes de paz, convivencia, justicia social y defensa de los Derechos Humanos promovidos por el Pontífice.

El equipo de Maroto, católica reconocida, trasladaba que el texto propuesto ha sido acordado además con el Arzobispado de Madrid, con José Cobo a la cabeza. El PP, de boca de su portavoz ha explicado que presentaron un texto alternativo porque “una declaración institucional debe nacer del acuerdo y del consenso entre todos los grupos municipales, no de un texto elaborado unilateralmente por una sola formación política”.

También reclamaban conocer con quién se había pactado el texto planteado por el PSOE por parte del Arzobispado, en la convicción de que “no ha habido voluntad real de diálogo por parte de los socialistas para construir un texto compartido que representara al conjunto de la Corporación”.

A lo que suman que el texto presentado por el PSOE “ofrece una visión incompleta de la figura del Papa León XIV al limitar prácticamente su consideración a la de jefe de Estado” cuando “es también el líder espiritual de la Iglesia católica y una referencia moral y religiosa para millones de personas”.

Estos son los textos propuestos por ambos partidos, que finalmente no han sido aprobados:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV A LA CIUDAD DE MADRID (PROPUESTA DEL PSOE)

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid traslada su bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV con motivo de su visita a nuestra ciudad, quince años después de la última visita de un pontífice a la capital de España. Esta visita adquiere un significado especial al producirse en el primer año de su pontificado y formar parte de sus primeros viajes internacionales, proyectando la imagen de un Madrid abierto, diverso y comprometido con los valores del diálogo, la convivencia y los derechos humanos.

Madrid recibirá a Su Santidad con los honores institucionales que corresponden a un jefe de Estado, reconociendo también la dimensión humanista y social que caracteriza su pontificado y su cercanía a quienes sufren pobreza, exclusión, soledad o desigualdad.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid valora especialmente el mensaje del Papa León XIV dirigido a la juventud, reivindicando el compromiso, la participación y la responsabilidad colectiva de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Asimismo, valora su voluntad de acercarse a una ciudad construida desde el encuentro y la convivencia entre personas de diferentes orígenes y culturas, una pluralidad que constituye una de las mayores fortalezas de nuestra sociedad y un elemento esencial de la identidad abierta, acogedora y solidaria que caracteriza a Madrid.

En un contexto internacional marcado por guerras, conflictos y graves vulneraciones de derechos humanos, el Papa León XIV se ha consolidado como una referencia moral en defensa de la paz, el diálogo y la dignidad humana. Su llamamiento permanente a la convivencia, al respeto entre pueblos y a la defensa de los derechos fundamentales constituye un mensaje de especial valor en el momento actual.

Por todo ello, desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid queremos:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV A LA CIUDAD DE MADRID (PROPUESTA DEL PP)

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid traslada su bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV con motivo de su Viaje Apostólico a nuestro país, durante el cual permanecerá 3 días en nuestra ciudad quince años después de la visita de Benedicto XVI a la capital de España en 2011.

Esta visita adquiere un significado especial al producirse en el primer año de su pontificado y formar parte de sus primeros viajes internacionales, proyectando la imagen de un Madrid acogedor, abierto al mundo y comprometido con los valores de la dignidad de la persona y el bien común.

Madrid recibirá a Su Santidad con la dignidad institucional que corresponde a un jefe de Estado y, al mismo tiempo, con la calidez y el afecto que el sucesor de Pedro despierta en el pueblo madrileño, profundamente vinculado a las seculares raíces cristianas de nuestra ciudad.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid valora especialmente el mensaje del Papa León XIV dirigido a la juventud, alentando a las nuevas generaciones a vivir con responsabilidad, espíritu de servicio y compromiso con los demás para construir una sociedad más justa. Asimismo, reconoce su voluntad de acercarse a una ciudad construida a lo largo de los siglos desde el encuentro entre personas y culturas diversas, una realidad que ha contribuido decisivamente al carácter hospitalario, la vocación universal y el espíritu profundamente humano que distingue a Madrid.

En un contexto internacional marcado por guerras, conflictos y graves vulneraciones de los derechos humanos el Papa León XIV se ha consolidado como una referencia moral en defensa de la paz y el derecho a la vida y la dignidad de la persona. Su llamamiento permanente a la convivencia, al respeto entre los pueblos y al reconocimiento del valor intrínseco de todo ser humano constituye un mensaje de especial valor en el momento actual.

Por todo ello, desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid queremos:

Carrera normativa a contrarreloj en Madrid para conseguir que el circuito que Ifema construye para la Fórmula 1 no tenga fallas legales que lo puedan echar abajo en los tribunales. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional acaba de iniciar un cambio de itinerario en una vía pecuaria que atraviesa el recorrido de los monoplazas, cuya existencia hace peligrar el plan especial aprobado por el Ayuntamiento de Madrid para permitir el asfaltado de la nueva carretera.

La orden se publicó el pasado martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y por ella se abre el procedimiento para cambiar el trazado de la Vereda de los Leñeros, un camino protegido de unos 1.500 metros de longitud y casi 21 de ancho que ahora el Ayuntamiento reclama desviar a propuesta de Ifema, el organismo que está construyendo el trazado del circuito. Su petición fue registrada el pasado 21 de abril, después de una subsanación requerida por el Gobierno regional.

En la misma publicación se indica que tres semanas después, el 12 de mayo, el Área de Valoraciones y Patrimonio de la Dirección General del Suelo emitió un informe sobre la valoración, dentro del expediente de modificación del trazado. Y el próximo 5 de junio los técnicos recorrerán y estudiarán el trazado propuesto sobre el terreno para comprobar la viabilidad del cambio, cuando solo queden tres meses para la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid.

El concejal del PSOE Antonio Giraldo es el que ha avisado del inicio de esta modificación en el trazado de la vía pecuaria que cruza Ifema, indicando que los responsables de esta actuación están “improvisando” una solución a muy poco tiempo de la prueba de automovilismo, explica en un hilo publicado en redes sociales. “Advertidos estaban desde hace año y medio. Luego los tribunales anulan todo, se lía, y algunos tienen hasta la osadía de decir que por culpa de los que avisamos”, señala en la publicación.

Giraldo fue el mismo concejal que hace un año avisó de la “chapuza monumental” en la que habían incurrido Ifema y el Ayuntamiento de Madrid al ver el desvío que el Gobierno de Almeida proponía en el plan especial que aprobó con su mayoría absoluta en Cibeles. “No hay espacio suficiente dentro de todo el ámbito para que quepa a la vez la vía pecuaria, las zonas verdes que ya existen y una pista de carreras de F1”, aseguraba entonces advirtiendo que el Ayuntamiento no podría desviarlo como propone, ya que la está colocando sobre una superficie verde municipal, cuyos metros cuadrados no puede reducir en este ámbito. “O se ventilan una vía pecuaria (ilegal) o reducen la superficie de zonas verdes municipales (ilegal). Pero las dos cosas a la vez no se puede”, añade.

El concejal socialista apuntaba a que se había llegado a un “callejón sin salida” y explicaba que la vía legal para hacerlo es a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, un trámite que lleva mucho más tiempo del que tienen las administraciones madrileñas para construir el circuito y celebrar su primer Gran Premio de Fórmula 1.

El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, aseguró en el debate que precedió a la aprobación del plan que todo contaba con el informe favorable de la Comunidad de Madrid para las vías pecuarias, pero en el debate sobre esta proposición no dio más explicaciones sobre estos hechos y lanzó acusaciones a la oposición sobre casos de corrupción o de abusos sexuales. “No crean a esta izquierda mentirosa y permanentemente corrupta, porque aquí lo que hay es un expediente pulcro”, aseguró entonces.

Cambios para las vías pecuarias en 2026

Esta actuación llega después de que el pasado mes de enero la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras sometiera a trámite de información pública el anteproyecto de ley de medidas urgentes para el incremento de oferta de vivienda con protección pública, en la que incluyó un cambio que podía afectar a la Vereda de los Leñeros. La reforma eliminaba la obligación expresa de “calificar” urbanísticamente las vías pecuarias como suelo no urbanizable.

Las organizaciones ecologistas denunciaron que detrás de esta modificación podía esconderse una triquiñuela para legalizar Madring, el nombre comercial que Ifema ha dado al circuito de Fórmula 1. Hicieron alegaciones al respecto y la Comunidad de Madrid reculó en sus intenciones.

Ecologistas en Acción reprochó, no obstante, que se mantuviera el silencio positivo en caso de que la administración responsable de la gestión de las vías pecuarias, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, no emitiera el informe preceptivo en el plazo de tres meses. De esta forma, si un ayuntamiento o un promotor privado tramitan un planeamiento urbanístico que afecte a la Red de Vías Pecuarias madrileña y la administración no emite el informe correspondiente en el plazo indicado, se considerará que acepta la propuesta recogida en ese planeamiento. A juicio de la Plataforma Ecologista Madrileña, estos informes no emitidos no pueden considerarse favorables, ya que suponen una reducción sustancial de las garantías de tutela del dominio público pecuario.

Las vías pecuarias son los caminos por los que históricamente se ha desplazado el ganado en busca de los pastos de verano y de invierno. En 2023 se cumplieron 750 años su origen, promovido por Alfonso X el Sabio en 1273. Actualmente son propiedad de la Comunidad de Madrid y, además de ser itinerarios ganaderos, cumplen funciones ecológicas y recreativas y constituyen un importante patrimonio cultural. La Comunidad de Madrid cuenta con 1.686 vías pecuarias clasificadas que suman una longitud de 4.117 kilómetros y ocupan una superficie de 13.594 hectáreas, distribuyéndose reticularmente por toda su geografía. 

Madrid es una ciudad con una relación difícil con los contenedores de basura. La última gran crisis económica, que tuvo que gestionar Ana Botella desde la alcaldía, arrojó unos servicios de recogida precarios, insuficientes para la ciudad, que ocasionaron numerosas quejas. Como este tipo de adjudicaciones se otorgan por varias legislaturas (normalmente ocho años), Manuela Carmena acabó heredando estos mismos contratos y también las quejas, hasta que llegó Almeida.

En el año 2022, una vez cumplido el servicio anterior, el Ayuntamiento pudo adjudicar un nuevo contrato de recogida de residuos, esta vez con abundancia de recursos. Decidió gastar un 70% más y dotar de muchos más medios a la ciudad para retirar cada noche los contenedores de diferentes colores en los que los madrileños depositan sus residuos caseros. Iba a dedicar a esta partida 1.369 millones del presupuesto municipal (impuestos no incluidos) hasta el año 2028, la cifra más elevada en cualquier contrato municipal. Parece mucho, pero finalmente será más. Por un error de cálculo.

Con el objetivo de conseguir cada vez mejores cifras de reciclaje, el área de Medio Ambiente había previsto en el nuevo contrato ir reduciendo los días de recogida del contenedor dedicado a restos, el de la tapa naranja. La lógica era que si la basura se fraccionaba correctamente (envases al amarillo, papeles al azul, orgánicos al marrón, por ejemplo) habría muy poca basura que echar en este tipo de recipientes. Y empezó a experimentarlo en mayo de 2023.

En esa fecha, la recogida del contenedor naranja pasó de siete días a la semana a seis. No se retiraría ni los domingos ni los festivos. Pero algo falló en la comunicación, porque las comunidades de vecinos del distrito Centro y de otras zonas de Madrid donde se han de sacar los cubos de los portales siguieron llevando a la calle los contenedores naranjas todos los domingos. Pero nadie los recogía. Así que permanecían en la vía pública durante todo el día repletos de desperdicios, hasta que pasaba el camión del lunes.

El área de Medio Ambiente comunicó a las comunidades de vecinos que debían evitar sacar la tapa naranja los domingos y llegó a amenazar con multas a quien lo hiciera. El resultado -ahora conocemos los datos- es que ese día parte de los madrileños depositaban sus desperdicios al contenedor marrón, el de orgánicos, en lugar de esperar a la jornada siguiente.

El departamento dirigido por Borja Carabante decidió echar el freno en la reducción progresiva de días de recogida del contenedor naranja, como estaba previsto. Evitó rebajar a cuatro jornadas en agosto de 2024 y a dos jornadas al año siguiente, en agosto del 2025. Fruto de esta modificación se vio obligado a indemnizar a las empresas concesionarias, que veían cómo se modificaban sustancialmente las condiciones de sus contratos.

Al menos 108 millones más de gasto

El Ayuntamiento de Madrid ha ido aprobando este año varias de estas indemnizaciones a las concesionarias. La última es del pasado 14 de mayo y prevé abonar 18,5 millones de euros más a la concesionaria de la recogida en la zona sur, Urbaser. Antes había aprobado otros 19,5 millones para FCC por el lote norte y 11 millones para la UTE de Valoriza, Acciona y OHL por el lote este. Todas estas modificaciones se suman a otras otorgadas en 2024. En total suman 65,7 millones de euros, según datos recopilados por el PSOE.

Los socialistas fueron los que llevaron este incremento del gasto a la Comisión de Medio Ambiente, celebrada el pasado lunes. En sus explicaciones añadieron otros 32,7 millones que calculan que el consistorio tiene que pagar de más a Valdemingómez porque el cubo marrón presenta otros residuos aparte de los orgánicos. Y también calculan que para los que se depositan incorrectamente en el amarillo habrá que añadir otros 10 millones. 108,4 millones en total.

El pasado lunes, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, no rebatió las cifras del PSOE en la comisión, que sumarán 108,4 millones de euros al presupuesto de recogida de residuos hasta el fin del contrato, en el año 2028 y que gestionará el siguiente equipo de Gobierno en Cibeles. Tampoco dio demasiadas explicaciones sobre los cambios en el contrato y por qué Madrid no siguió avanzando en la retirada progresiva del cubo naranja.

“Nunca lo han explicado bien, falta transparencia”, se quejaba la concejala del PSOE Emilia Martínez durante la citada comisión, “su planificación ha sido un rotundo fracaso”, añadía recordando que este coste tiene impacto en la recién aprobada tasa de basuras, que los madrileños abonan desde el año pasado. Carabante evitó responder a las razones por las que había echado marcha atrás sobre la planificación de su propio equipo, y acabó retando a la edil socialista que acudiera a las elecciones del año que viene con una propuesta para recoger menos días el cubo naranja.

El área de Medio Ambiente, sin embargo, sí que ha aclarado a este periódico por qué se tomó la decisión de cambiar el contrato de basuras y recoger el cubo naranja más días de los previstos. Lo hicieron porque “los contenedores naranjas siguen registrando un volumen de residuos que, hoy en día, desaconseja reducir las frecuencias de recogida”. Lo hacen porque la prioridad del equipo de Carabante es “garantizar la limpieza y la higiene de la ciudad”.

¿Cuántas toneladas de residuos que iban al contenedor naranja se han recogido de más en el cubo marrón, el de orgánicos? El PSOE también lo ha recogido en un informe. Este pasó de contabilizar un 17,4% de residuos impropios en el año 2022 al 27% durante el 2023, ya con la reducción a seis días de contenedor naranja, y se elevó al 36,7% en el 2024, lo que se tradujo en 61.342 toneladas de desperdicios mal depositados de más. En el año 2025, el último para el que existen datos, el porcentaje de residuos impropios en el contenedor marrón se redujo al 29,8%, mejor que en 2024, pero muy por encima del año de entrada en vigor del nuevo contrato de recogida de basuras.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, saca pecho sobre los datos de recogida selectiva en la capital, que ha pasado de representar un 20,6% del total en 2018 al 52,8% en 2025. También indican que la limpieza ha bajado al quinto lugar en la lista de preocupaciones de los madrileños, que ahora copa la vivienda, según la encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos.

Las reclamaciones por limpieza están también cayendo, apuntan las mismas fuentes: “En 2025 cayeron un 31% respecto a 2024”. Lo que sí que han aumentado, según una investigación efectuada por este periódico, son los avisos por suciedad en la vía pública: aumentaron un 46% en el último año.

La inauguración el próximo mes de diciembre de dos centros de atención a la infancia (CAI) en Vallecas, uno para compilar declaraciones de riesgo y otro en apoyo al que ya existe, enfila la privatización de un servicio que actualmente cuenta con doce instalaciones de este tipo, de las que solo tres son todavía de gestión pública directa, al menos en su horario de mañana.

El Ayuntamiento de Madrid anunció esta semana que prepara estas dos nuevas instalaciones para “ampliar los recursos dirigidos a la intervención social con menores” en desamparo o riesgo grave, según se explicó en un comunicado. Y que también prepara un contrato de gestión privada para el resto, que podría vaciar de trabajadores públicos. Los números 1, 2 y 3, que cubren los distritos de Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal y Usera, tienen en su plantilla a funcionarias que pasarán a uno de los nuevos centros, el que se dedicará exclusivamente a evaluar situaciones de riesgo social en menores. Es decir, aquellas cuya gravedad no implique separarlos de su familia.

Aunque el cambio es inminente –debe efectuarse antes de acabar el año–, tanto las trabajadoras públicas de estos recursos como sus representantes sindicales hablan de un “oscurantismo total”. La responsable de Servicios Sociales en Comisiones Obreras, Carmen Lara, denuncia que una decisión así se haya tomado “sin consultarlo antes con las partes” y, además, la considera una “pésima noticia” por “privatizar un servicio público” a expensas de los empleados.

“Sabemos que el Ayuntamiento reunió hace poco a las tres directoras de los CAI con gestión pública y les planteó esta posibilidad, la de una externalización. Aunque todo ha sido verbalmente. Lo único que ha quedado por escrito, y a lo que podemos agarrarnos, es al comunicado oficial del lunes, que es la única confirmación real que tenemos”, destaca Lara, que afirma haberse enterado de la decisión precisamente con esa nota. No le ha pillado de sorpresa: hace más de un año desde que empezaron a “oír rumores” sobre el tema, e incluso enviaron distintos escritos al departamento municipal responsable, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad: “Nunca hemos obtenido respuesta”.

Un servicio a menores que ya era obligatorio

Por el momento, y a falta de nuevas noticias, la portavoz sindical admite no cerrarse a ningún escenario hasta que la situación se aclare. Hasta ahora, el gobierno de Almeida ha dado algunas pinceladas de lo que ocurrirá en diciembre. La idea es incorporar a “más profesionales” y añadir “procedimientos garantistas” que hasta ahora no se cubrían, dirigidos a niños y adolescentes cuyo cuidado en el hogar sea, o haya sido, negligente. En ningún momento se especifica que esta ampliación de la plantilla vaya a estar contratada directamente por la administración y, de hecho, esas garantías añadidas a las que también se alude en el anuncio llevan siendo obligatorias desde hace tres años, cuando se incluyeron en la ley autonómica 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

A preguntas de este periódico, desde el área municipal de Políticas Sociales confirman que el personal funcionario de la red de CAI “seguirá siendo el mismo y manteniendo el mismo puesto”, aunque todos se trasladarán al centro exclusivo para declaraciones de riesgo en menores; y recuerdan que este modelo de gestión indirecta “ya existía en gobiernos anteriores, incluyendo al de Ahora Madrid” con Manuela Carmena. También remarcan que el personal de los tres centros actualmente públicos reciben apoyo de otro programa de atención a la infancia en el entorno familiar, delegado en una empresa privada.

Aun así, las empleadas públicas que hoy trabajan en sus centros dicen ver demasiada letra pequeña. “Es cierto que a nosotras también nos perjudica, porque tendremos que cambiar de oficina para irnos a otro distrito y el Ayuntamiento va a asumir una competencia nueva [la declaración de riesgo con menores] que es farragosa, de la que aún no se nos ha informado por escrito”, destacan empleadas consultadas por Somos Madrid, que han preferido mantener su nombre en el anonimato. Actualmente, todas son funcionarias en los tres primeros CAI.

Las funcionarias tenemos una seguridad externa, sueldos más altos y condiciones estables que nos permite afrontar mejor ese día a día y centrarnos en el servicio público. Con una empresa privada, lo que importa es el negocio

El cambio les afecta directamente, pero insisten en que el gran damnificado es el servicio municipal de atención a la infancia. “Es sangrante”, opina una de las trabajadoras, para la que una externalización casi completa de la red supone una merma de su calidad. “Atender a menores en situaciones vulnerables no es fácil, y a veces afecta a tu propia salud mental. Las funcionarias públicas estamos más protegidas que el resto de los centros, porque nuestros sueldos son más altos y las condiciones, más estables. Es una seguridad externa que te permite afrontar mejor ese día a día y centrarte en tu desempeño público. Pero, con una empresa privada, lo que importa siempre es el negocio”, resuelve.

Pérdida de derechos laborales que influye en el servicio

También desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTS) se han posicionado al respecto. “Siempre hemos mostrado nuestra preocupación por las consecuencias que la privatización de un servicio pueda tener sobre la ciudadanía”, mantienen desde el órgano colegiado, que aglutina a los profesionales del sector que ejercen en la región. En este sentido, valoran “positivamente” la ampliación de recursos o el aumento de profesionales, pero reiteran sus suspicacias respecto a la “progresiva externalización de la intervención especializada en materia de protección infantil”. “El interés superior de los niños se debe orientar no solo con resoluciones administrativas, sino también desde el modelo organizativo y de gestión de los recursos públicos”, añade el COTS, con una advertencia: “La privatización puede provocar que la responsabilidad pública se diluya y que, consecuentemente, también se devalúen sus garantías para la infancia”.

A su juicio, esto golpea directamente a la atención final y, concidiendo con los argumentos de CCOO, incide “de forma clara” en “la estabiliza de los profesionales que la prestan”. Consideran que trabajar para una empresa privada a través de una subcontrata implica más “rotación, precariedad, discontinuidad de equipos, pérdida del vínculo y desequilibrios entre recursos”, por lo que el personal debe desempeñarse entre “peores condiciones laborales y con unos márgenes económicos que repercuten en los recursos humanos”.

En base a lo que se conoce de momento, el Ayuntamiento de Madrid quiere que los 13 CAI –una vez se abran los nuevos– mantengan “las mismas funciones que hasta ahora”; labores como la atención social individualizada en familias con menores en situación de riesgo social o desamparo, el apoyo y seguimiento en familia extensa (cuando la red de parientes no incluye al padre o la madre y la forman abuelos, tíos o hermanos), así como otras acciones de prevención al maltrato y soporte técnico al resto de recursos. “No sé si eso puede hacerse sin la seguridad de una gestión pública”, dudan desde la plantilla, que compara el anuncio sobre la ampliación de la red con “un caballo de Troya”, en referencia al mito griego.

Privatizar la “aldea de Asterix y Obelix”

Además, las funcionarias de los Servicios Sociales, como es habitual en la administración, han superado un proceso de oposición que les acredita profesionalmente para el puesto que ocuparán. “Hemos trabajado con personal de otros CAI privados y sabemos que hay excelentes profesionales, pero también contratos más baratos a gente con poca experiencia, y casos en los que no se rellenan todos los datos obligatorios cuando se tramita una solicitud”, asegura, siempre según su versión, este grupo de trabajadoras.

El consistorio ha detallado que abrir un nuevo espacio ordinario de atención a la infancia contribuirá a “repartir la carga asistencial del centro que presenta el mayor volumen de trabajo en este momento”: el CAI 4, cubre a los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. De esta forma, esa sede continuará atendiendo a las familias en Puente de Vallecas mientras que el futuro centro número 13 asumirá la mitad de sus gestiones, absorbiendo el servicio en Villa de Vallecas.

En el anuncio de esta semana, también se hace mención al contrato para la gestión de los nuevos centros. El área municipal del ramo ya está redactando los pliegos para sacarlos a licitación y abrir un concurso entre las empresas interesadas. Hasta ahora, el resto de la red externalizada la dominan compañías como Grupo 5, la Asociación Centro Trama (en este caso, una ONG) o la Fundación Diagrama. En octubre de 2023, la organización Camenor (Centro de Apoyo al Menor y a la familia) obtuvo un contrato de servicios con nueve lotes para la atención en los CAI de Madrid. El presupuesto base de licitación rozó los siete millones de euros. “La gestión pública en tres centros para menores ha sido como la aldea de Asterix y Obelix: un reducto frente a la externalización. Así que lo vivimos con pena”, sentencian desde su plantilla.

Los eventos privados en el Tierno Galván han llegado para quedarse. La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid ante el recurso presentado por la asociación vecinal Delicias para Tod@s por el uso del auditorio del parque, ubicado en el distrito de Arganzuela, para la celebración de eventos dado que “no concurren motivos de nulidad radical” de la normativa a aplicar.

En una sentencia del tribunal de instancia 29 de Madrid, fechada el pasado 20 de mayo, la magistrada desestima el recurso vecinal presentado contra el decreto de la concejala-presidenta del distrito, Dolores Navarro, en julio de 2024 e impone costas a la asociación al entender que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajusta a derecho. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La asociación vecinal argumentaba que el decreto presentaba “graves contradicciones y una fundamentación deficiente que desvirtúa la naturaleza del parque como zona verde de uso público”. Sin embargo, según apunta el fallo judicial, el texto, firmado por la concejala, “pretende hacer compatible el uso del auditorio por parte de la vecindad con eventos promovidos por entes públicos o particulares”.

Igualmente, la asociación sostenía que el decreto “introduce de manera improcedente el término 'interés general', cuando el artículo 207 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano (OGPMAU) se refiere exclusivamente a la autorización de actos públicos por motivos de interés”. Señalaban que la normativa “no contempla ni permite la autorización de eventos privados con acceso restringido en este tipo de espacios” y que “al equiparar de forma artificiosa los actos promovidos por entes públicos y los promovidos por particulares, el decreto vulnera frontalmente la ordenanza, que establece que las zonas verdes no pueden ser objeto de privatización ni destinadas a fines particulares en detrimento de su destino público”.

La asociación sumaba a sus argumentos que no se respetó el trámite de información pública y que se vulneraron las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, “que establecen que las zonas verdes están destinadas al bienestar ciudadano garantizando el recreo y esparcimiento de la población”. Desde el Ayuntamiento contestaron que “no es en absoluto inviable desde el punto de vista jurídico tratar de compatibilizar diferentes tipos de usos sobre un mismo espacio público, estableciendo como predominante el público, pero permitiendo al mismo tiempo la existencia de otro tipo”.

También reflejaron la competencia de la concejala para otorgar autorizaciones y concesiones demaniales y que en ningún momento se vulneraron las normas urbanísticas porque “no se está produciendo ninguna alteración conceptual del parque en la medida en que el decreto regula las condiciones de uso de un espacio concreto ubicado dentro de él, el denominado auditorio anfiteatro, aunque también puede resultar de aplicación al resto”.

Tampoco eluden sobre la vulneración de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica que esta norma permite conceder autorización para superar los límites de emisión sonora establecidos por el propio texto. En cuanto a la ausencia del trámite de consulta pública, el Ayuntamiento aclaraba que era un decreto, un acto administrativo, no una norma.

Finalmente, la magistrada expone que, “examinadas las actuaciones, las alegaciones formuladas en la demanda, así como las vertidas en la contestación, el recurso no puede tener favorable acogida y debe ser desestimado toda vez que debe ser compartido el criterio mantenido por la Administración en la resolución impugnada, así como en su contestación minuciosa a la demanda”.

Sobre la ausencia en el decreto de la preeminencia del uso público del parque frente al privado, el fallo indica que “señala acertadamente la defensa de la Administración que la ponderación de los diferentes intereses implicados es una potestad discrecional que ostenta la concejala a la hora de conceder o denegar autorizaciones o concesiones demaniales sobre terrenos públicos, no equivaliendo el uso predominante ni es sinónimo de uso exclusivo.

Carabante, a favor de los eventos

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha considerado en rueda de prensa que es “una buena noticia que los tribunales respalden las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid” dado que “es posible utilizar el espacio público, hacer eventos, conciertos en la vía pública, en los parques, en las instalaciones de la ciudad de Madrid, y además hacerlo con plena garantía del derecho al descanso que tienen los madrileños”.

“Lo que pone de manifiesto esa sentencia que da razón al Ayuntamiento de Madrid es que la normativa que aplicamos permite la conciliación entre la necesidad de hacer eventos para uso y disfrute de todos los madrileños y nuestros visitantes con el derecho al descanso que tienen los vecinos en el entorno del Tierno Galván”, ha expresado el delegado. En la misma línea, Carabante ha aplaudido que Madrid siga convirtiéndose en el “epicentro de los grandes acontecimientos, los grandes eventos, no solo musicales sino culturales, en este caso también desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de accesibilidad por parte de los vecinos”.

Nuevas concentraciones en defensa del parque

Este fin de semana arrancan los festivales en el parque. El primero de la temporada será el Maudes Festival, que se instalará en el Tierno Galván los días 23, 30 y 31 de mayo. Después, llegará la Carbonería del Galván, que se celebrará del 24 de junio al 8 de julio.

Coincidiendo con la sentencia y la celebración del festival, los vecinos han organizado una concentración para protestar por la privatización del recinto. La asociación Delicias para Tod@s denuncia en un comunicado que “las zonas verdes del distrito son un patrimonio propio irrenunciable, que debe mantenerse y cuidarse por parte de nuestro gobierno municipal, y del que siempre se debe preservar su carácter público y abierto al uso y disfrute de la ciudadanía, como la normativa urbanística establece”.

Consideran que “la cesión de gran parte de uno de nuestros mayores parques a una empresa privada para que lo explote en beneficio propio” constituye una privatización de sus derechos y “una agresión injustificable” a la naturaleza urbana que incumple el artículo 206 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente. 

Del mismo modo, señalan que “las actuaciones musicales continuadas suponen una agresión inaceptable el derecho a la privacidad, a la salud y al descanso de los vecinos” reconocido en el artículo 18 de la Ordenanza de Protección de la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT). También hacen referencia a que el Ayuntamiento de Madrid “autoriza superar el límite establecido en el artículo 15 de la OPCAT para las zonas residenciales, permite que se llegue a los 70 dB a metro y medio de las fachadas”.

Para denunciar lo que consideran “agresiones”, las asociaciones vecinales Nuevo Legazpi, Delicias para Tod@s, Unión Vecinal El Barrio no se Tala, Nudo Sur y Pasillo Verde Imperial, junto con Ecologistas en Acción y la Mesa Ciudadana del Árbol, han convocado una concentración este sábado 23 de mayo a las 19.00 horas en el paseo que une la chimenea con el anfiteatro en el Parque Tierno Galván bajo el lema “¡Basta ya del festival! No al Maudes 2026”.

El Ayuntamiento de Madrid se prepara a contrarreloj para un “acontecimiento histórico”, de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Es lo que ha advertido este jueves el alcalde, Jose Luis Martínez- Almeida, asegurando que entre el 6 y el 9 de junio e incluso en los días previos, desde el próximo lunes 25 de mayo, habrá “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave para la visita del Papa, como son el entorno de Cibeles o la Plaza de Lima. Así que Almeida ha instado a la empresas a impulsar el teletrabajo durante cuatro días laborales, desde el 3 de junio y hasta la marcha de León XIV.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el gobernante ha constatado la importancia de la visita y la avisado de la saturación que atravesará la ciudad. Para ello, se han puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita.

El consistorio también pondrá autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio, los mismos días en los que se ha instado a las oficinas a propiciar el teletrabajo. Asimismo, se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza, para el fin de semana de la vigilia. Esta comenzará el sábado, y al día siguiente se celebrará la eucaristía: para ambos eventos se trabaja en un dispositivo con 140 agentes de movilidad. En Cibeles, las cargas y descargas nocturnas, sin ocupación de calzada, comienzan este jueves 21.

El sábado, 23 de mayo, quedará ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. A partir del lunes se ocuparán las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzará el montaje del altar, aunque estos trabajos no supondrán una ocupación de calzada. El 3 de junio se procederá al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, se cortará prácticamente todo el tráfico en torno a la plaza de Cibeles.

Desde este mismo jueves, en la de Lima, quedará ocupado hasta próximo aviso el carril izquierdo del paseo de la Castellana, en sentido norte y desde la plaza de San Juan de la Cruz hasta Raimundo Fernández Villaverde. Al inicio de la semana que viene se añadirán también los centrales, de forma que los vehículos solo podrán circular en ellos hasta la glorieta de Lima, y desviarse desde allí a los carriles laterales.

Rutas alternativas en transporte público

A partir del día 25 de mayo y conforme a las ocupaciones de calzada necesarias se materialicen de manera gradual, el Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público. Para aquellos ciudadanos a los que les resulte imprescindible el privado, se recomienda como vía principal para los desplazamientos la M-30, así como evitar el centro de la ciudad. No obstante, se recomienda como alternativa pasar por vías en la zona interior a M-30 que cuenten con mayor capacidad y no estén afectadas por las ocupaciones: por ejemplo, las calles de Bravo Murillo o Santa Engracia en la zona oeste; Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa en la zona este y para desplazamientos norte y sur. En desplazamientos este y oeste, se priorizarán viales como Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo.

Almeida ha trasladado a la prensa que se trabajará para incorporar en los navegadores más utilizados (Google y Waze) las incidencias para ofrecer los mejores itinerarios alternativos.Las afecciones a las líneas de autobuses de EMT Madrid se focalizarán en aquellas que circulan en las proximidades de las plazas que acogerán la vigilia y la eucaristía, esto es, Cibeles y Lima. Para ello, La empresa municipal prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio, que suponen aproximadamente un 25% de incremento sobre la dotación prevista.

En Lima, el sábado 6 de junio, se desviarán 22 líneas (3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147, 150) y se suprimirán otras durante la vigilia (149 y S10). El servicio especial S10 entre plaza de Castilla y Nuevos Ministerios se verá afectado debido a los cortes en los días previos a este acto. El domingo 7, en la plaza de Cibeles, un total de 25 líneas verán desviado su itinerario: 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150, Express Aeropuerto. Además, se suprimirá la línea 002 durante la misa y las líneas nocturnas verán modificadas sus cabeceras.

A partir de la próxima semana comenzará la instalación de aseos químicos en el entorno de las dos plazas, 2.000 en Cibeles y sus proximidades y 800 en la plaza de Lima. Serán 97 puntos en los que se colocarán hasta 1.027 contenedores de 800 litros de capacidad cada uno. Para descongestionar la zona central de la ciudad se ha trasladado a los organizadores la disponibilidad de seis aparcamientos periféricos para el estacionamiento de autobuses, ubicados en Ifema Madrid (con una capacidad para 120-150 autobuses), Valdebebas (80-100), Ciudad universitaria (70-90), Casa de Campo (60-80), Caja Mágica (60-80) y Planetario-Méndez Álvaro (50-70).

Problemas logísticos para un “acontecimiento extraordinario”

Allí podrán quedarse los autobuses que lleguen a la ciudad de Madrid y desde donde saldrán lanzaderas de transporte público para que los peregrinos puedan llegar a las zonas más céntricas de la ciudad. Almeida ha hecho una petición a empresas y centros de trabajo para que, dentro de lo posible, se fomente el teletrabajo en las zonas afectadas en las fechas más complicadas, así como que se permita la entrada y salida flexible de los trabajadores, fundamentalmente en todas las zonas que están especialmente afectadas por la dificultad que se va a generar.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento de Madrid”, ha planteado desde el Palacio de Cibeles. Incluso ha pedido a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”.

Almeida no ha ocultado las “grandísimas dificultades a la movilidad en la ciudad de Madrid a lo largo de todos esos días”. “Van a ser días complicadísimos, van a ser días muy difíciles para los madrileños, van a ser días en los que la movilidad se va a ver gravemente afectada porque estamos hablando del principal eje norte-sur de la ciudad que desde el 25 de mayo va a tener afecciones parciales pero realmente importantes y que, desde el 3 y el 4 de junio va a estar completamente cortado al tráfico”, ha constatado.

Almeida auguró en abril que la visita del Papa sería un “reto logístico gigantesco” para Madrid. Pero este desafío no comienza ni termina entre el 6 y el 9 de junio, días en los que León XIV estará en la ciudad. El despliegue de recursos y personal de seguridad ha dejado sin vallas a una manifestación por la sanidad pública, convocada para el domingo 31 de mayo. Sus organizadores habían solicitado barreras al Ayuntamiento con las que delimitar espacios del recorrido. Aunque dicha protesta no coincide directamente con la estancia del Papa, la respuesta del Gobierno municipal ha sido negativa: podrán celebrarla, pero los recursos son escasos y no habrá cercado municipal.

“Que yo sepa el Papa viene una semana, y no un mes y medio”, resume con ironía José Luis Yuguero, representante de las distintas entidades —asociaciones vecinales, colectivos sociales, sindicatos o plataformas en defensa de la sanidad pública— que el pasado 2 de mayo remitieron formalmente su petición. La ley para manifestarse en España obliga a solicitarlo con una antelación máxima de 30 días, y un mínimo de 10. Como querían plantear una protesta ambiciosa, que saliera desde cuatro columnas distintas hasta confluir en Cibeles, sede del Gobierno municipal, se adelantaron todo lo posible para notificarlo a la Delegación del Gobierno.

Unos días más tarde, el 13 de mayo, recibieron una carta que firmaba el delegado, Francisco Martín. En ella se recogía la convocatoria para el último día de mayo, con sus cuatro recorridos y un tiempo limitado, entre las 11.30 y las 15.00 horas. La manifestación se ha argumentado como una respuesta al “deterioro programado” de la sanidad pública madrileña y sus servicios de Atención Primaria, cuya situación se considera “crítica” entre sus impulsores.

La falta de profesionales sanitarios y los recortes en la financiación aumentan las listas de espera

Convocantes de una manifestación por la sanidad pública a finales de mayo

“La falta de profesionales y los recortes en financiación aumentan la espera para citas presenciales de seis días a un mes [...] Esta situación se agrava con el cierre por la tarde de los centros de salud, y el cierre total o sin médicos en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) desde hace más de seis años”, reza el escrito de la solicitud. La marcha saldrá desde Colon en su columna norte hasta el Paseo de la Castellana, atravesando Recoletos hacia el Ayuntamiento.

El recorrido sur se iniciará en la Glorieta de Atocha y seguirá en el Paseo del Prado, mientras que el este irá desde la Plaza de Felipe II y el oeste, desde la calle Alcalá a la altura del Metro de Sevilla. Los promotores de la manifestación coordinarán pancartas y carteles, aunque aseguran que aún no tienen el visto bueno definitivo para colocar el escenario. José Luis Yuguero, que hasta la fecha afirma haber registrado él mismo casi 200 manifestaciones, lamenta que un viaje de sensibilidad católica “límite” una protesta ciudadana solicitada con antelación.

Su crítica se suma a otras voces recientes, que han señalado las consecuencias colaterales del viaje apostólico y su impacto en la rutina vecinal de Madrid. Hace meses, el Ayuntamiento ofreció al Arzobispado acoger gratuitamente a peregrinos que visiten la ciudad durante la visita del Papa, poniendo a su disposición edificios municipales como colegios o polideportivos. Para hacerlo, estos deberán interrumpir su actividad en los días señalados. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en una escuela de Ciudad Lineal, que consta entre las seleccionadas para alojar a fieles y ha tenido que aplazar un evento anual organizado por las familias.

Coincide con otra manifestación antiabortista

En el caso de esta futura marcha por la sanidad pública, también se denuncian inconvenientes por solaparse con otra protesta antagónica: una cita antiabortista convocada por la organización Sí a la Vida. “Nos pidieron cambiar el recorrido para no cruzarnos con ellos, que bajarán de la calle Serrano hasta la Plaza de la Independencia, pasando por Cibeles de camino a Recoletos”, asegura el portavoz de la protesta sanitaria, que reivindicó haber presentado su solicitud “en tiempo y forma” y, según él, antes que la entidad provida.

Finalmente han podido mantener su hoja de ruta de inicial, aunque el trayecto anunciado en la página web de Sí a la Vida continúa anunciando un paseo desde Serrano hasta la Castellana, zonas por las que también confluyen algunas columnas por la sanidad pública. Sobre los materiales, en la confirmación de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid no se alude directamente a la escasez de vallas para acotar tramos, aunque sí se especifica que cualquier elemento material instalado en la vía pública (“ya sean escenarios, mesas, carpas, etc.”), deberá cumplir la legislación vigente y, en el caso de los megáfonos para proclamar consignas, respetar los límites acústicos municipales.

Consultados sobre las vallas, desde el Ayuntamiento explican que estas pueden proporcionarse para algunos eventos solo “en función de su disponibilidad”. De hecho, en la solicitud online a través de una página web ya se especifica que este recurso queda bloqueado en actos públicos entre el 27 de mayo y el 10 de junio, ambos inclusive. En total, 11 días más de los que permanecerá León XIV en la ciudad. “No será posible entregar vallas debido a la necesidad de cubrir los requerimientos extraordinarios de seguridad derivados de la visita del Papa”, detallan fuentes municipales, que comparan este protocolo con el que también se aplicará para el orgullo, limitando materiales desde el 24 de junio hasta el 8 del mes siguiente.

A falta de vallas, y como es habitual en estos actos, el Ministerio del Interior se encargará de la seguridad y el control de áreas desplegando efectivos policiales, con la obligación para los manifestantes de atender a sus indicaciones. Las asociaciones que organizan esta protesta por la Atención Primaria muestran otra respuesta que recibieron del Ayuntamiento al informar de sus intenciones, vía e-mail, a la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, que tiene competencias sobre el área seleccionada. La nota zanja que “a priori no existe ningún inconveniente” con la fecha, ruta u horario comunicados, y remarca que la Policía Municipal también “ha emitido un informe de viabilidad favorable” a la manifestación.

El día en el que el calor empezaba a apretar en Madrid, los operarios que han trabajado durante los últimos diez meses en la plaza del Rastrillo empezaban a retirar las vallas de obras. Al instante, los bancos y asientos del lugar se llenaban de transeuntes, deseosos de pasar un rato descansando en este lugar de Malasaña que el Ayuntamiento acaba de renovar. Todos cogiendo sitio a la sombra.

La del Rastrillo no es una plaza cualquiera. Un estudio publicado en verano del año 2023 le otorgó el título del lugar más calido en la capital de España. El área de Obras y Equipamientos aprovechó que el lugar tenía cierta degradación por su uso intensivo y planteó un proyecto que sirviera para refrescar el lugar. Hoy, a falta de que los árboles recién plantados vayan cogieno porte, parece que ol objetivo va por buen camino.

Dos cosas llaman poderosamente la atención en la plaza después de las obras: el nuevo espacio peatonal ganado gracias a la reorganización del tráfico de todo el entorno: la calle Espíritu Santo ahora solo permite el acceso hasta su cruce con Santa Lucía y la calle San Andrés también ha creado aceras en dos de sus tramos, al igual que Tesoro.

La otra gran diferencia con lo que había antes es la aparición de varios elementos acuáticos, entre ellos una fuente de banco corrido alredeor de la que poder refrescarse. A su lado, unos pequeños pulverizadores, que todavía no se han activado, prometen cumplir el mismo efecto y extender hasta ellos los juegos del pequeño parque infantil creado justo al lado.

El área dedicada a los más pequeños es otra de las novedades que trae la reforma. Ya existía un parque infantil antes, pero este se encuentra mejor integrado y sus elementos son más originales, con unas estructuras de madera con diferentes accesos y una pequeña pasarela como elemento estrella. Un girador y dos tubos sonoros se añaden a la zona de divertimento, dotada de pavimento acolchado en el suelo y una lona para mitigar el sol por encima.

Los bancos para sentarse son de muchos tipos y están diseminados por toda la plaza, casi siempre con árboles creando sombra a su alrededor: los hay corridos de piedra alrededor de elementos verdes o de la citada fuente, alrededor de mesas tipo picnic para cuatro personas y otros de madera más clásicos. No ha llegado, sin embargo, ninguno de los asientos de audaces colores con los que está experimentando el Ayuntamiento de Madrid en otras reformas.

Los bancos ya no compiten con las terrazas de hostelería, que antiguamente ocupaban la mayor parte peatonal de la plaza y ahora están reordenadas en sus laterales, dejnado libre la zona central. Unas están dispuestas a lo largo de la valla que separa el desnivel con la calle Marqués de Santa Ana y el resto se disponen a lo largo del muro de más de 30 metros que traza un edificio, decorado ahora con las pinturas de ocho artistas del festival Pinta Malasaña.

La reforma se completa con una reubicación de la estación de Bicimad y un cambio de sentido en la calle Espíritu Santo, para desincentivar el paso de los coches que se salten la peatonalización de Rastrillo. Esta calle es una de las que han recibido parte de los 69 árboles -muchos de ellos, perales de flor- que han sido plantados durante las obras, en las que el consistorio ha invertido cerca de dos millones de euros. También han llegado 340 arbustos a sus nuevos parterres.

La plaza fue identificada como el punto más cálido de Madrid en un estudio que midió en este lugar hasta 8ºC más que en la Casa de Campo en el mismo día. La plaza del Rastrillo, (antes denominada con el nombre del franquista Juan Pujol), está situada a tres manzanas del Dos de Mayo, el punto neurálgico de Malasaña.

Estas son algunas imágenes de su aspecto después de la reforma:

Una empresa de ataúdes vinculada estrechamente a la jefa de Compras de la funeraria municipal de Madrid se ha beneficiado de al menos 2,4 millones de euros (impuestos incluidos) en contratos públicos adjudicados durante los últimos cinco años, con sus respectivas prórrogas. Estas concesiones forman parte de un informe remitido por un sindicato a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico. En la denuncia se reclama el estudio de “posibles hechos irregulares” y el propio sindicato pide “protección” ante posibles represalias en la compañía.

Las adjudicaciones bajo sospecha son las que recibió el Grupo Lamas Lucus SL, una compañía privada administrada durante años por Wenceslao Lamas Fernández y en la que aún consta como apoderado. Lamas es la pareja de Maite García, directora corporativa de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (SFM) que el Ayuntamiento gestiona desde 2016.

Las dos adjudicaciones en las que consiguió contratos Lamas Lucus se produjeron en 2020, semanas antes de declararse el estado de alarma por la pandemia, y en el año 2023, cuando Wenceslao dirigía el negocio. En esta última licitación la compañía se llevó cinco de sus 14 lotes para suministrar distintos modelos de féretros durante dos años a la SFM. La cuantía más alta fue la del lote 5, ligada a modelos del mismo número y una gama media, con presupuesto base de licitación de 1.322.821 euros. Los otros cuatro suman otros 830.000 euros.

El resto de lotes se lo adjudicaron Serveis Funeraris de Barcelona (un lote) y Divina Aurora SCV (el resto), una cooperativa valenciana especializada en la fabricación de ataúdes o productos funerarios trabajados en madera. En su caso, también cuenta con otros clientes públicos en Palma de Mallorca o para los servicios municipales de Reus, en Tarragona. En cambio, para el Grupo Lamas (domiciliado en Lugo y fundado en 2012) solo constan en la plataforma de contratación estatal las dos asignaciones anteriormente mencionadas y un único contratista: la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

Maite García, la directora corporativa, se inhibió voluntariamente de estos procesos de contratación alegando su relación personal con uno de los aspirantes, explica a Somos Madrid el presidente del comité de empresa de la funeraria pública, Manuel Delgado. Desde mayo de 2024, este negocio de féretros lo dirige Cynthia Lamas Fernández, hermana de Wenceslao y vinculada a Maite García. Como alto cargo de la empresa municipal, esta última supervisa buena parte de la SFM, pues entre sus competencias también se incluyen los departamentos de Calidad, Contratación o Sistemas de Información.

Ese mismo año (2024) el concejal del PSOE, Enrique Rico, cuestionó en un pleno municipal que el Ayuntamiento hubiera solicitado toda la documentación necesaria para descartar este supuesto conflicto de intereses, que ya había examinado la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción en su memoria más reciente. Precisamente, a raíz de otra denuncia anónima que apuntaba a la responsable de Compras. En ese balance anual, que recoge la acusación, se reproduce lo siguiente: “Casualmente, en estos 9 meses [desde que Maite García pasó a ser directora Corporativa], la compra de féretros de este contrato [el de Grupo Lamas Lucus] ha experimentado un incremento en sus adquisiciones, reflejando una pérdida en la compra de modelos otros proveedores y en sus propias compras respecto a otros años, a pesar de estar sufriendo la empresa una pérdida de servicios”.

Además, la denuncia aduce que Wenceslao Lamas “se está beneficiando ya no solo por estar su mujer en un cargo directivo, directamente relacionado con el departamento comercial y el de contratación o compras, sino por haber sido en su momento un empleado de la empresa, también con cargo de dirección”.

Concesión en 2020 más cara, gracias a los juicios de valor

Solo con esta última concesión, la de hace unos años, la empresa de Wenceslao Lamas se embolsa de base hasta 2.153.442 euros. Pero la cifra final puede ser mayor, ya que el contrato ha sido prorrogado y es el que actualmente se ejecuta hasta que se adjudique el nuevo. A él se le añade otro otorgado durante la pandemia, en 2020, para el suministro de sábanas o pañuelos con los que cubrir a los difuntos, cuyo valor ascendía a 277.317 euros. La oferta fue publicada el 25 de febrero de 2020, poco antes de declararse el estado de alarma. Solo contó con la concurrencia de dos empresas y Lamas Lucus se hizo con la licitación gracias a la puntuación por juicios de valor, ya que su oferta era más cara que la que ofrecía la otra compañía en el concurso, Ramón Chao SL.

Maite García está desvinculada de cualquier actuación relacionada con el Grupo Lamas

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid

A preguntas de este periódico, desde la SFM señalan que el nombramiento de García como directora corporativa fue en 2023, el año en el que se publicó la primera adjudicación aunque después de su convocatoria. También remarcan que, en todo caso, Maite García “está desvinculada de cualquier actuación relacionada” con el Grupo Lamas Lucus, sobre el que indican que lleva siendo proveedor de esta funeraria desde hace más de 30 años.

En realidad, solo hace una década desde que la actual empresa pública se municipalizó. Antes era una compañía mixta cuyo socio privado desde su fundación era Funespaña, uno de los mayores grupos funerarios del país que llegó a poseer el 49% de la antigua empresa. Pertenece a Mapfre y fue fundada por Wenceslao Lamas López, el padre de Wenceslao Lamas Fernández. A su muerte, su hijo fue nombrado consejero de Funespaña, de ahí la larga relación como proveedores a la que aluden desde la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios.

La demanda sindical reclamando la investigación de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se produjo el pasado 30 de abril, según la información a la que ha tenido acceso Somos Madrid, y está basada en un informe anónimo que llegó sin remite a la sede de esta organización. En él se denuncian “negligencias financieras” y “descontrol” en el precio unitario de determinados materiales, que se adquieren a proveedores externos sobre los que señalan un posible “conflicto de intereses” que alude, directamente, a la relación entre la directora corporativa y un importante proveedor para la empresa.

“Es nepotismo”, acusan en declaraciones a este periódico fuentes de la plantilla, que han preferido mantenerse en el anonimato para evitar posibles represalias, pero que admiten sus sospechas de que “se pueda estar intentando favorecer a este proveedor” dados sus nexos con la responsable de Compras. Asimismo, otros proveedores industriales del sector como Funespaña han estado vinculadas a contratos con la funeraria pública en distintas etapas.

Actualmente permanece abierto otro contrato para el suministro de féretros ofertado por la compañía municipal, anunciado el pasado mes de septiembre por un valor estimado bastante más elevado que en otras ocasiones: 7.287.159,53 euros, algo más de cuatro millones sin impuestos. Tanto Grupo Lamas Lucus como Divina Aurora se han presentado a la concesión, junto a otras cuatro ofertas más. “Nosotros creemos que uno de ellos tiene preferencia”, resuelven los denunciantes del informe en una conversación telefónica.