El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba hace semanas una reforma “muy profunda” del reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para favorecer a quienes acrediten una residencia continuada en la ciudad. Estos cambios no se han concretado por el momento en el conjunto de las promociones, pero sí se despliegan ya en algunas específicas.

Así lo trasladó el pasado 9 de abril la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, al exponer los pormenores de la promoción de 52 viviendas Iberia Loreto, 1, en el distrito de Barajas. Fuentes de la propia entidad trasladan a Somos Madrid su apuesta por el “arraigo vecinal” de quienes resulten beneficiados de este nuevo modelo de promociones, aunque apostillan que por el momento se mantienen las que no incluyen exigencias concretas en materia de empadronamiento.

Así, el programa general de vivienda pública de EMVS seguirá teniendo como principal requisito que quienes se beneficien de él tengan unos ingresos familiares medios anuales que vayan desde la no declaración de ingresos hasta 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), una cifra que se sitúa alrededor de los 42.600 euros brutos en unidades familiares de dos miembros y 44.300 si son cuatro. Y que aumentará en función del número de integrantes de la unidad familar. Para calcularlo, se suelen sumar las bases imponibles de la declaración de la renta y dividir entre el número de miembros de dicha unidad, comparando el resultado con los límites del IPREM.

Además, es preceptivo apuntarse en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda, no poseer en titularidad otra vivienda y no ser inquilino de otro alojamiento público. En cuanto al “arraigo”, la única exigencia es residir o trabajar en Madrid. La inscripción se completa en este enlace.

Nuevas promociones para “madrileños con ingresos medios”

Adjudicada mediante sorteo, como es habitual en EMVS, las principales novedades de las promociones dirigas a “madrileños con rentas medias” están en las exigencias respecto al IPREM y la acreditación de residencia en Madrid. Respecto al primer apartado, los ingresos declarados pasan a situar el mínimo en 3,5 veces el citado índice, mientras que el máximo alcanza ese IPREM multiplicado por 5,5. Así, la cifra se mueve entre unos 44.300 euros en la escala inferior y unos 68.400 en la superior (atendiendo siempre a familias con cuatro miembros como baremo). Según el Gobierno municipal, en algunas promociones el límite podría llegar incluso a 7,5 veces el IPREM (unos 92.500 euros brutos anuales).

Para optar a los pisos que se adscriban a este programa, los adjudicatarios (de entre 18 y 50 años) tendrán que estar empadronados en el municipio de Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez años.

Además de carecer de otra vivienda en propiedad (obligación aquí limitada al territorio nacional), un requisito adicional en este caso es “que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya sido condenado por delitos relacionados con la ocupación ilegal, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”. Así lo exponía el porpio Consistorio a través de una nota de prensa municipal.

“Esta ampliación no sustituirá en ningún caso a los sorteos de vivienda pública que EMVS Madrid efectúa periódicamente para adjudicar vivienda a madrileños con rentas de hasta 3,5 veces el IPREM, como el previsto para el próximo mes de mayo, sino que los complementará para dar respuesta a este segmento de población que hasta ahora quedaba fuera de los sorteos”, detalla el Ayuntamiento.

El Plan ReViVa se abre a rentas más altas y aumenta la exigencia de arraigo

En paralelo, el consejo de administración de EMVS aprobaba el pasado 16 de abril una nueva modificación (la tercera en cinco años) del Plan ReViVa, en la misma sesión donde validaba la incorporación de dietas de 612 euros por reunión e integrante. Diseñado para recuperar viviendas en desuso en la ciudad, el objetivo de este programa es destinarlas al alquiler por un tiempo determinado y a cambio de una renta mensual por parte del Consistorio (cuente o no con inquilinos la vivienda).

Según traslada el concejal socialista presente en dicho consejo, Pedro Barrero, “el PP abre este programa a rentas superiores a 62.000€, para afianzar un negocio a propietarios con opacidad y dejar fuera a quienes más lo necesitan”. En la actualidad, la renta mínima para acogerse a este programa es de unos 44.000 euros en unidades familiares con cuatro integrantes y la máxima es la citada por el edil, de 7,5 veces el IPREM (92.500). Como apunte, en este caso los solicitantes no pueden ser titulares de otra vivienda en la Comunidad de Madrid, pero sí en otros puntos del país o del resto del mundo.

“También se endurece el acceso a la vivienda pública con un requisito de cinco años de arraigo [por el año actual en el momento de la inscripción], lo que podría excluir a más de 16.000 familias (el 27% de los solicitantes)”. Mientras, el Consistorio continúa teniendo problemas para encontrar arrendadores que se sumen y presten sus viviendas: “Apenas ha logrado 198 viviendas y 143 inquilinos”, afirma Barrero. Y eso que el ReViVa presenta la garantía jurídica y administrativa como su principal baza (el casero cobra solo con ceder su propiedad con independencia de lo que ocurra con ello), en un contexto donde según el Ayuntamiento de Madrid el miedo a la okupación es uno de los principales motivos de la reducción en la oferta de viviendas.

“La EMVS debe garantizar el derecho a la vivienda, no convertirse en una inmobiliaria al servicio de unos pocos”, concluye Barrero sobre estos nuevos modelos emprendidos por la compañía municipal, en la misma línea de otros cambios introducidos desde la Comunidad de Madrid.

En la foto, Emma sonríe. A su lado, Mario levanta la mano y dibuja con los dedos el símbolo de la victoria. La imagen llega por WhatsApp a primera hora de la mañana, después de pasar la noche a la intemperie. Han conseguido entrar en los servicios sociales municipales de Madrid y lo celebran. La desorganización del proceso les ha empujado a hacer horas de cola para solicitar el certificado de vulnerabilidad que necesitan para iniciar el proceso de regularización. Durante unas horas, creen que han resuelto el trámite que está entorpeciendo la medida. No era así, y lo sabrán dos días después.

Cuando el matrimonio acude a otra ventanilla del Ayuntamiento de Madrid para validar el documento se topan con una respuesta inesperada: no pueden emitir su informe de vulnerabilidad. Nos han dicho que no estamos empadronados en el municipio y, sin ese requisito, el informe no puede validarse“, dice Emma. Acaba de percatarse de que la madrugada en la calle no ha servido de nada. Toca empezar de nuevo: ”El Ayuntamiento nos ha dicho que tenemos que ir a una ONG“.

La exigencia del llamado informe de vulnerabilidad —exigido a los migrantes sin papeles que no vivan con hijos a cargo o no prueben una vinculación laboral anterior o futura— ha abierto un frente inesperado en el proceso de regularización. Este requisito es el principal responsable de las largas colas, noches a la intemperie o choques entre el Gobierno central y muchos ayuntamientos, especialmente los del Partido Popular. Su elaboración corresponde en primer lugar a los servicios sociales municipales pero, a sabiendas de que estos trámites suelen traer problemas, el Gobierno añadió la posibilidad de que estos documentos fuesen validados por las llamadas ONG colaboradoras, incorporadas a un listado oficial. Y, mientras muchas oficinas municipales aún no han empezado a emitir estos documentos o validan solo unas decenas al día, las ONG de pequeño y mediano tamaño, pese a sus escasos recursos, se desloman para entregar el mayor número de informes posible.

Tras el varapalo recibido en el Ayuntamiento de Madrid, tras horas de llamadas, derivaciones y puertas cerradas, Emma y Guillermo escuchan hablar de la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Cuentan su caso, cuando la trabajadora de la organización asiente, suspiran. Emma agarra la carpeta que arrastra desde hace una semana por medio Madrid y gesticula su alegría contenida. Llegado su turno, Isabel, con cercanía, pregunta sobre su situación en España. Sin papeles, sin trabajo estable y con dificultades para pagar el alquiler de la pequeña habitación donde viven, la ONG valida su certificado de vulnerabilidad. Emma y Guillermo clavan su mirada en el sello que la trabajadora estampa en el papel. Se miran cómplices y sonríen.

No es la concesión de la regularización. No es el registro de su petición. Es un simple formulario, un requisito de las decenas de documentos que tienen que presentar para optar al proceso extraordinario. Pero cuánto les ha costado conseguir el último papel que les queda para entregar su expediente a su abogado e iniciar el trámite. Tenían todo preparado desde hace semanas, y esta exigencia de última hora desbarató sus planes y les avivó el miedo de quedar excluidos de la medida.

Con el documento sellado en sus manos, Emma se emociona: “Hemos sufrido mucho, por eso agradecemos tanto tenerlo en nuestras manos por fin”. Mientras escucha a su esposa, Guillermo se rompe: “No entendemos como, hasta para una medida esta, nos hacen pasar por todo esto. Por qué lo ponen tan difícil de repente, por qué nos tienen que hacer pasar por tantas horas de cola, por ir de un lado a otro, casi suplicando, para conseguir este último requisito”, dice el salvadoreño, antes de abandonar la ONG entre decenas de palabras de agradecimiento.

Desde la semana pasada, la sede de la ONG Rumiñahui en Madrid amanece con cientos de personas esperando en su puerta. Tras la publicación de varios post en su Instagram que anuncian la emisión de cientos de certificados de vulnerabilidad cada día, se ha corrido la voz. La organización ha elaborado un sistema ágil para emitir de manera rápida, y obviamente gratuita, el mayor número de informes posibles. “Hemos habilitado varias salas y organizamos grupos de unas 80 personas. En ellas, durante una hora, les damos una charla. En grupo, les explicamos las distintas casuísticas de vulnerabilidad y, así, hablando en común, les vamos indicando la casilla que les corresponde marcar. Una vez comprobado todo, los validamos.

La organización está sacando adelante alrededor de 600 informes al día en cada sede. La oficina de servicios sociales de Puerta de Toledo, permite cada día realizar el trámite a unos 80. La ONG, apoyándose en trabajadores y voluntarios, atiende casos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, aunque no es su horario habitual. Según varios testimonios recabados, las oficinas de servicios sociales municipales que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para poder hacer dicho trámite, atienden estas peticiones hasta las 12 de la mañana aproximadamente, durante unas tres horas.

La misma organización, Rumiñahui, realizó este viernes una misión en Lorca, municipio con un alto porcentaje de población migrante, la mayoría empleada en el campo. “Hay unas mil personas en la cola, ya hemos validado unos 600 informes de vulnerabilidad”, explica por teléfono desde allí Vladimir Paspuel, presidente de la entidad, a elDiario.es. En otros lugares, muchos ayuntamientos aún no han empezado a sellar los informes, por lo que la labor está recayendo en muchas organizaciones que no dan de sí: “En Andalucía, nos estamos encontrando muchos municipios que directamente se niegan a realizar este documento, o dan citas para junio. No puede ser que las ONG, que además suelen ser las pequeñas o medianas, hagan más informes que los servicios sociales. Tienen que habilitar más recursos, sean del estado o municipales, para reforzar esa atención”, sostiene Diego Boza, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El 'Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar' de Sedoac suele abrir sus puertas solo de jueves a domingo para recibir a mujeres empleadas domésticas, a quienes apoyan a través de talleres o distintas actividades. Ahora, el espacio se ha convertido en una suerte de oficina de servicios sociales. En una sala, dan cita. En otra, sellan informes o registran expedientes urgentes. “Con todo esto, hemos ampliado el horario”, dice Edith Espínola, portavoz de Sedoac. Es martes, acaba de salir de una entrevista y mira el reloj apurada. Es su día libre en su trabajo y quiere aprovecharlo para sellar informes de vulnerabilidad y registrar algunas peticiones. “Tengo ya a gente esperando en la puerta”, dice antes de tomar un taxi para empezar cuanto antes. Ella es una de las integrantes más activas del movimiento que lleva seis años de lucha por la regularización, conoce lo que está en juego y el significado de cada papel.

Sentada en la mesa, empieza a atender a quienes esperaban. No son muchos. Aún no se ha corrido la voz de que Sedoac ha empezado a sellar el documento por el que cientos de personas hacen fila en los servicios sociales. Primero empezaron con las mujeres a las que atienden en sus proyectos, pero ya han abierto sus puertas para todo el que lo necesite. Espínola atiende cada caso sin importar el tiempo, conoce de primera mano lo farragoso del proceso y la importancia de comprender cada detalle. Además de sellar el documento, se interesa por el caso específico de quienes se sientan frente a ella.

Ante la falta de un sistema de coordinación estatal, estas organizaciones con escasos recursos van adaptándose en función de la demanda. Ese martes, Sedoac recibió a unas 30 personas. El miércoles fueron 150. El jueves, algo más. El viernes, la organización decidió rediseñar su sistema, exigiendo cita previa. Como saben que aunque el plazo finaliza el 30 de junio, no todos pueden esperar a registrar su petición, la organización permite cierta flexibilidad en determinados casos que requieran urgencia: como la previsible caducidad de otro de los documentos recopilados, como los antecedentes penales; o ante situaciones laborales específicas, como los complejos horarios de las empleadas domésticas internas.

“Tú te lo sabes mucho mejor que mi abogado, y le he pagado 300 euros. Él no responde mis dudas, y tú me lo explicas muy fácil, paso a paso”, se sorprende una mujer que llegó a este punto de casualidad y se fue con su informe validado después de varios días en una suerte de juego de la oca en busca del certificado de vulnerabilidad. Espínola, con cierto sonrojo y humildad, baja la mirada y sonríe: “Bueno, es que yo he pasado por esto, lo he vivido”, responde la paraguaya. La activista vivió durante seis años en España sin papeles y se enfrentó al enjambre de trámites exigidos para lograr un permiso de residencia. Sabe de lo que habla.

“Se trata de marcar con valentía el rumbo necesario para impulsar, en el sentido del proyecto Peironcely 10, la realización de un Centro Robert Capa impulsado por la ciudadanía”. Es la frase que resume la petición enviada por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Leipzig (Alemania), Skadi Jennicke, a su homóloga en Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

El escrito plantea al Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida instaurar un espacio de memoria en esta zona de Entrevías que recoja el espírituo de la Capa Haus, una instalación museística sobre la obra del fotógrafo húngaro instalada en el mismo lugar de la urbe alemana donde tomó la famosa instantánea Fotografía del último hombre en morir. Una poderosa imagen, tanto como la que Capa captó durante los bombardeos del bando franquista en lo que hoy es Entrevías durante la Guerra Civil. Una casa arrasada por las bombas ante la indefensión de la infancia, convertida ya en Lugar de Memoria Democrática.

“A través de impresionantes imágenes, Capa retrató la liberación de Leipzig del fascismo en abril de 1945. Al mismo tiempo, puso de manifiesto el alto precio que no solo Alemania tuvo que pagar por recuperar la libertad y la democracia. Ya en 1936, nueve años antes, documentó las consecuencias de los bombardeos fascistas sobre la población civil republicana de Madrid. Tanto en Leipzig como en Madrid son ciudadanos comprometidos los que abogan por la conservación de lugares de importancia histórica”, expone el documento.

“En Leipzig, en el barrio de Lindenau, en un edificio donde tuvieron lugar los acontecimientos de 1945, surgió un ejemplo destacado de la cultura europea de la memoria. En estrecha colaboración entre iniciativas de la sociedad civil y el Museo de Historia de la Ciudad se desarrolló un concepto visionario consolidad como lugar de reflexión crítica sobre la historia y, al mismo tiempo, como centro de encuentro vivo con alta calidad de estancia e impacto público”, prosigue Jennicke. “Una resolución del Ayuntamiento, respaldada por todos los partidos, reafirmó y consolidó este proyecto. Hoy en día, la Capa Haus atrae cada año a miles de visitantes de todo el mundo; precisamente gracias a su coherente perfil en materia de cultura de la memoria, se ha convertido en un importante punto de referencia turístico”.

Para la responsable de Cultura de la ciudad centroeuropea, “igualmente auténtico es el de Peironcely 10, en Madrid”. “A través del intercambio y la creación de redes, se puede seguir reforzando la importancia de este proyecto en España. Al mismo tiempo, la Capa Hausde Leipzig constituye un ejemplo de cómo se puede conservar, acondicionar y hacer accesible al público de forma sostenible un lugar de importancia histórica mundial. Ambos lugares tienen en común que son gestionados y diseñados por la propia sociedad. De ello puede surgir una red de lugares de encuentro europeos que, siguiendo el espíritu de Robert Capa, trabaje por la paz, el entendimiento y los derechos humanos, y siga creciendo”, explica.

Un proyecto cultural que no convence a plataformas por la memoria ante el “borrado histórico”

La misiva llega después de que el área de Cultura anunciase que el solar de Peironcely se convertirá en el Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, una dotación municipal para jóvenes, con talleres y actividades culturales gestionadas por la Fundación José María de Llanos. Aunque conservará una de las viviendas como espacio para contextualizar el edificio en la historia de la ciudad y en la obra de Capa, las asociaciones memorialistas y vecinales involucradas en su conservación (con la plataforma #SalvarPeironcely10 a la cabeza) siempre pidieron un museo de primer orden sobre la memoria de los bombardeos y del barrio.

El International Center of Photography (institución valedora del legado histórico del fotógrafo), liderado por la propia Capa Haus de Leipzig, criticó ya el “borrado histórico” en el anunciado centro sociocultural. Por ello, “prohíbe el uso de la imagen del fotógrafo en cualquier proyecto que no cuente con la aprobación de la plataforma #SalvarPeironcely10”.

Esta ubicación ha sido utilizada en los últimos años por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y otras entidades memorialistas o vecinales agrupadas en #SalvaPeironcely10 como bandera de recuperación de la memoria del lugar a través de actividades culturales. Además, se han llevado a cabo distintas campañas arqueológicas en la zona que han servido para conocer mejor el día a día del barrio bombardeado y posteriormente habitado por recién llegados a la ciudad durante la posguerra. La puesta en valor ciudadana del entorno ha dado muchos frutos, que ahora ven también la luz en forma de nuevo centro cultural juvenil para la barriada. La cuestión es si eso eso es suficiente o deben seguir luchando por que la dotación honre un lugar que es historia viva de la barbarie y la memoria de Madrid.

“Riesgo de inhalación de gases y agentes cancerígenos”. Esto es lo que advertía un informe emitido por Madrid Salud en junio de 2022 en el que se alertaba del peligro que suponía el uso de opacímetros para los agentes de Movilidad de Madrid. De la emisión de este documento han pasado casi cuatro años, durante los que el cuerpo ha estado expuesto a sustancias tóxicas sin las medidas de protección adecuadas.

Han sido los sindicatos del cuerpo, Progresa y CEM, los que se han hecho eco de lo que consideran una “negligencia” y acusan a la cúpula del área de Movilidad, con Borja Carabante al frente, de ocultar este informe, clave para la prevención de riesgos laborales. Según explica uno de los agentes afectados a este periódico, todo se remonta a mayo de 2022, cuando el área de Movilidad compró tres opacímetros, los dispositivos portátiles que el cuerpo utiliza para medir emisiones contaminantes de vehículos. Fue entonces cuando comenzaron a utilizarse a diario sin las medidas de seguridad necesarias.

La función principal de los opacímetros es analizar los gases que emiten los vehículos, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono o los hidrocarburos, directamente desde el tubo de escape. Para ello, los agentes de Movilidad tienen que introducir manualmente el aparato en el tubo de escape, mientras inhalan de forma directa los gases que el coche desprende.

Los opacímetros emiten de manera automática un tique en el que se muestra si dichos valores se superan. De ser así, los agentes levantan acta y derivan a los conductores a que obligatoriamente pasen, en el plazo de un mes, una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en centros autorizados.

Un mes después de comenzar a usarlos, en junio de 2022, Madrid Salud emitió un informe en el que advertía de los diferentes riesgos a los que se exponían los agentes al llevar a cabo esta actividad. En el informe, al que ha tenido acceso Somos Madrid, analizan los riesgos del uso de analizadores de gases y opacímetros en plena vía pública para controlar las emisiones de los vehículos en circulación.

El documento identifica dos peligros críticos para los agentes. El primero es el riesgo de atropello, dado que deben detener vehículos y trabajar cerca del flujo de tráfico para manipular los equipos. Para mitigarlo, se ordena priorizar el estacionamiento en arcenes o zonas apartadas y señalizar siempre el área de trabajo siguiendo protocolos estrictos de visibilidad que alerten a otros conductores con suficiente antelación.

El segundo peligro, y quizás el más preocupante, es la inhalación de gases y agentes cancerígenos. Al hacer las pruebas con los motores encendidos, especialmente en vehículos diésel, los agentes quedan expuestos a sustancias tóxicas. Como medida preventiva fundamental, el documento establece un límite de exposición: ningún agente debe llevar a cabo esta tarea más de dos horas al día, obligando a la rotación del personal si la jornada de mediciones debe continuar.

Además de los riesgos químicos y viales, se contemplan medidas ergonómicas y de seguridad física inmediata. Por ejemplo, se menciona el riesgo moderado de quemaduras al trabajar con motocicletas, cuyos tubos de escape están muy expuestos. También se recomienda el uso de alfombrillas acolchadas para proteger las rodillas de los agentes al colocar las sondas de medición en el suelo, clasificando este riesgo como “tolerable” pero digno de atención.

Los agentes de Movilidad aseguran que ese informe nunca llegó a sus manos. El Ayuntamiento no trasladó en ningún momento los riesgos a los que se exponían los trabajadores, ni se implementaron las medidas recomendadas.

En el apartado de medidas correctoras y preventivas propuestas, el informe establece la obligación de dotar a los trabajadores de equipos de protección adecuados durante la medición de gases de combustión, incluyendo mascarillas de protección respiratoria FFP2 válidas frente a partículas PM10 y PM2.5. Asimismo, recoge otras medidas esenciales, como la prohibición de permanecer cerca del tubo de escape durante las mediciones o situarse a favor del viento, la obligación de proporcionar formación específica sobre riesgos químicos y agentes cancerígenos, y el uso de guantes resistentes al calor para manipular las sondas.

Según explica uno de los agentes, el informe fue remitido por correo electrónico a la subdirectora general, Virginia Torres Lirola, y a su consejera técnica, María Dolores Molera González, por lo que ambas eran conocedoras de los riesgos derivados de esta exposición. Por este motivo, desde el cuerpo las responsabilizan de haber ocultado durante casi cuatro años tanto el documento como las medidas de prevención que contenía.

Los agentes no tuvieron conocimiento de su existencia hasta octubre de 2025, cuando solicitaron acceso al mismo. “Lo tenían en un cajón y nunca se aplicó”, denuncian. Fue entonces cuando pidieron explicaciones a la directora general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, Marta Alonso, así como al delegado del área, Borja Carabante. Sin embargo, según sostienen, “todos se han puesto de perfil”. “Ahora quieren reparar los daños, pero la negligencia y la dejación de funciones ya están”, lamentan.

Medidas de protección insuficientes y un alto riesgo para la salud

“Los equipos de protección individual no existen”, asevera uno de los agentes. En octubre de 2025, cuando obtuvieron acceso al informe por primera vez, consultaron al Ministerio de Trabajo sobre las mascarillas FFP2. Aunque Madrid Salud señalaba que eran necesarias, técnicamente se concluye que son insuficientes para las partículas de los diésel, que son más pequeñas. “Habría que usar filtros más específicos”, explican.

“Todo esto lo sabía la cúpula del Ayuntamiento desde octubre de 2025, pero nadie actuó. Ahora quieren parchear, pero llegan tarde”, denuncia uno de los agentes. Además, explican que “hay compañeros que han estado años usando opacímetros y ahora ya son policías porque han aprobado la oposición”. Por esta razón, solicitaron también una evaluación sobre las consecuencias de inhalar estos gases, pero aseguran que nadie se ha puesto en contacto con ellos.

“Madrid Salud ha dicho que hará revisiones, pero otra vez, llegan tarde. La exposición era diaria”, añade uno de los afectados. El secretario general de Progresa, Chema Sánchez, considera que estos hechos podrían suponer una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde el sindicato explican que podría tener consecuencias “penales” para los cargos implicados basándose en el artículo 316 del Código Penal, que contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión a los empleadores que no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad de forma segura. “Esto está tipificado. Otra cosa es cómo se articule la denuncia penal”, remarca.

Los agentes piden el cese de los responsables

El cuerpo de agentes de Movilidad ha solicitado explicaciones a toda la cúpula del área y reclama el cese de los responsables. “Nosotros lo que hicimos fue pedir explicaciones en octubre de 2025 y no hicieron nada. Aquí hay una acumulación de negligencias. Y luego salen diciendo que hablarán con Madrid Salud, pero no se aplicaron las medidas”, denuncian. Principalmente, piden el cese de la subdirectora y la consejera. “También habría que mirar al delegado del área, porque hay más antecedentes”, señalan.

Cuando el diario El Mundo se hizo eco de esta situación a principios de abril, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, adelantó que su equipo se reunirá con sindicatos de agentes de Movilidad “para valorar si es posible mejorar las condiciones aún más”, tras asegurar que se les dota de los materiales necesarios para su seguridad.

Carabante explicó entonces que fue en 2021 cuando el Ayuntamiento compró tres opacímetros para valorar las condiciones de sostenibilidad y las emisiones de los vehículos, en el marco de sus competencias. Según afirmó, junto con Madrid Salud se elaboró el correspondiente “protocolo para garantizar las condiciones de seguridad y salud y así se ha seguido”. “Hemos dado las mascarillas necesarias para que lo pudieran hacer con las mejores condiciones y lo estamos haciendo según establece Madrid Salud”, aseguró.

“Aún así seguimos mejorando las condiciones laborales, también los recursos no solo humanos sino materiales”, añadió, anunciando reuniones con los sindicatos. Sin embargo, el secretario sindical asegura que ese encuentro “fue casualidad” y “estaba pactado de antes”. Este periódico ha intentando concretar con el área de Movilidad si se ha producido alguna reunión posteriormente entre el delegado y los afectados sin obtener respuesta.

Los agentes han encontrado mayor apoyo en la oposición. El grupo municipal Más Madrid llevó el pasado 16 de marzo una pregunta sobre los opacímetros a la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

El delegado defendió que se trata de “algo muy positivo”, mientras que la concejala Esther Gómez respondió que los dispositivos llevaban seis meses sin funcionar en la unidad norte por la falta de medidas de protección. Gómez también cuestionó la ausencia de reconocimientos médicos, ante lo que el responsable municipal aseguró que “se garantizan plenamente sus condiciones”.

Los agentes rechazan estas afirmaciones y denuncian además irregularidades en el control técnico de los dispositivos, ya que desde su adquisición no se han sometido a la verificación metrológica anual obligatoria. Desde el sindicato califican la situación de “totalmente negligente” y exigen que se depuren responsabilidades.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente este jueves un proyecto de urbanización en el entorno de la Plaza Mayor de Villaverde. El casco histórico del distrito incorporará una nueva zona verde en unos trabajos ejecutados por la empresa privada Fun Business SL con una inversión de 650.000 euros, con una duración aproximada de cuatro meses. Todo ello con la supervisión del área de Obras y Equipamientos, según ha informado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

El proyecto pretende recuperar y ordenar el entorno de la Plaza Mayor de Villaverde, “poniendo en valor su patrimonio histórico y mejorando un área ahora deteriorada”, según explica el Ejecutivo liderado por José Luis Martínez-Almeida. En este sentido, se incorporará una zona verde pública que ampliará dicha plaza, remodelada recientemente, y conectará con la plazoleta existente en la intersección de las calles Albino Hernández Lázaro, La Plata y Covachuelas.

La actuación prevé la creación de una plaza pública ajardinada que conecte y potencie los espacios libres, generando “un nuevo pulmón verde” rodeado de dos edificios residenciales de 30 viviendas con dos locales comerciales y plazas de garaje. Además, contará con una parcela dotacional de uso municipal y mantendrá el histórico inmueble que fue el cine Magerit de Villaverde, convirtiéndolo en un espacio terciario.

El objetivo, según Sanz, es “dar continuidad a la regeneración de la plaza”, echando mano para ello de una nueva iniciativa privada. En total, la obra actuará en una superficie de 2.974 metros cuadrados, de los que 927 corresponderán a las zonas verdes.

El proyecto “respetará las características arquitectónicas tradicionales, incorporando mejoras de habitabilidad y criterios de sostenibilidad como cubiertas verdes, drenajes sostenibles, vegetación autóctona y zonas de sombra”. Todo ello, con la intención de “promover espacios de encuentro entre los vecinos y revitalizar el comercio de la zona”.

El Ayuntamiento de Madrid estudia la “musealización” de los restos del antiguo tranvía encontrados durante la reforma del entorno de la Puerta de Alcalá el pasado lunes. Así lo ha adelantado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, que explica la medida por el “valor emocional” del hallazgo.

Sanz ha detallado que la respuesta remitada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid aclara que la Ley de Patrimonio “no recoge protección específica” para este tipo de restos. “Aun no siendo asi, entienden que no hay inconveniente para su desmontaje y extracción”, añade. El objetivo es su “puesta en valor”: “No hay obligacion legal, pero pueden extraerse”, ha rematado. El Consistorio no aclara por el momento dónde se trasladarán las vías, si al Museo de la Empresa Muncipal de Transportes (EMT) o al del Ferrocarril.

La Asociación de Vecinos Retiro Norte publicaba este lunes una imagen en la que se aprecian perfectamente unas vías que pudieron pertenecer a uno de los antiguos tranvías que atravesaban Madrid, en la zona de la Puerta de Alcalá. El área de Obras confirmó Somos Madrid el hallazgo, descubierto durante el dispositivo de control arqueológico de los trabajos.

Fuentes del área explicaban que se dio cuenta del descubrimiento a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, por lo que el Ayuntamiento quedaba a la espera de sus indicaciones. Hasta el momento en el que se concrete qué hacer con ellos, los raíles se quedarán en el lugar a la vista de los curiosos que estos días paseen por el entorno de la Puerta de Alcalá.

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra reformando este entorno para ampliar el espacio peatonal y permitir el acceso de viandantes a la rotonda donde se encuentra el monumento. En esta zona de acera que será ganada al tráfico es donde han aparecido los raíles.

La red electrificada de tranvías de Madrid echó a andar a partir de 1898, mientras que el servicio desapareció definitivamente en el verano de 1972. Hasta entonces varias líneas pasaban por Alcalá conectando el centro con Arturo Soria o Plaza de Castilla.

Desde entonces, es habitual que emerjan estas huellas del transporte público del pasado cuando se levanta el suelo en una calzada principal del centro y de otros puntos de la capital. Ocurrió en Chamberí durante la reforma de la plaza Olavide o en Tetuán con diferentes obras en la pasada legislatura. La de Alcalá es eso sí una de las apariciones más destacadas por la longitud del tramo y su buen estado de conversación.

El Ayuntamiento de Madrid afirma que no tenía constancia de los hechos recogidos en la denuncia por acoso laboral contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha indicado que Estrada “niega cualquier tipo de acoso” después de que el Consistorio le haya consultado al respecto.

“Se han producido movimientos y ceses de personal como en muchos lugares”, ha informado Sanz a partir de la respuesta que les ha trasladado la edil y después de una pregunta de la Cadena Ser. En contestación a una consulta de Somos Madrid sobre este mismo asunto, la vicealcaldesa ha incidido en los argumentos esgrimidos desde el área de Economía, Hacienda e Innovación: “Inspección de Trabajo no ha requerido nada y tampoco ha habido traslado a Prevención de Riesgos Laborales, que es lo habitual para que se activen los protocolos”. “Lo estudiaremos”, ha afirmado en último término sobre el caso, antes de concluir que “nos hemos enterado por elDiario”.

La noticia, adelantada en exclusiva por este medio, recoge las “humillaciones”, “descalificaciones” y “trato vejatorio” que el personal de la Junta Municipal del distrito ha sufrido en los últimos tiempos, según un escrito elevado a los Juzgados de lo Social de Madrid. Varios testimonios recogidos por Somos Madrid apuntan en la misma línea: “Yo he sufrido acoso. Conmigo se ha ensañado”, cuenta una persona que ha estado vinculada laboralmente al órgano de gobierno de Chamartín.

Maroto, contra el Gobierno de Almeida: “Creen que la administración es su cortijo”

En paralelo, comienzan las reacciones políticas a la denuncia. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha lamentado los hechos denunciados en un mensaje publicado en X: “Así son, creen que la administración es su cortijo particular. Así gestionan el día a día, con miedo y humillación hacia los trabajadores”, opina en referencia a la gestión del Ejecutivo de Almeida.

“Todo mi reconocimiento a los empleados públicos que sostienen esta ciudad con profesionalidad frente a entornos que, según denuncian, son intolerables. Se deben asumir responsabilidades ya”, ha rematado la líder de los socialistas madrileños.

Por su parte la portavoz adjunta de PSOE en el Consistorio, Enma López, ha trasladado su “cariño” a los trabajadores denunciados y a todos los empleados públicos del Ayuntamiento. Llama a “esclarecer lo que ha pasado”, por mucho que deba “respetarse la presunción de inocencia”. Y añade: “Nosotros no somos como ellos, así que no voy a decir que Almeida lo conocía y lo tapó, pero sí voy a exigirle que se implique personalmente. Debe hacerlo porque Estrada forma parte de su grupo municipal, es concejala del PP y porque la Ley de Capitalidad determina que el alcalde es el máximo responsable en materia de personal en el Ayuntamiento.”.

“Nos gustaría decir que nos ha extrañado esta noticia pero, por desgracia, no es así. Hemos visto en Chamartín pleno tras pleno como esta concejala se dirige en tono insultante, bronco, a toda la oposición. Ahora nos apena comprobar que da la sensación de que ese trato denigrante también forma parte del día a día de la Junta de Distrito. No podemos tolerar esta clase de hechos. Hay que dirimir responsabilidades tanto penales como administrativas y el Grupo Municipal Socialista va a estar muy atento”, concluye López.

“Un entorno intimidatorio”

Este periódico ha tenido acceso a dos denuncias anonimizadas, la de carácter judicial (que pide “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”) y una anterior dirigida a la Inspección de Trabajo de Madrid. Ambas describen un “entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”. Testimonios recopilados por este diario contrastan esas actitudes y señalan que desde la llegada de Estrada a Chamartín en 2023 se han producido once ceses y cinco bajas de larga duración, mientras que 16 personas se han marchado de la Junta voluntariamente. “Está jodiendo vidas”, afirma una de estas fuentes.

La segunda denuncia achaca la responsabilidad a Estrada y otros dos altos cargos municipales. Por un lado su coordinadora general en Chamartín, Alicia Gregorio, a la que acusa de “gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. También de “amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones”.

Por último, el documento señala a Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento.Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Desde el área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, aseguran que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

“Un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil”. Es lo que recoge una denuncia por acoso laboral institucional, riesgos psicosociales y deterioro del servicio público presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

Un proceso que once días después, el 23 de marzo, derivó en una segunda denuncia en los Juzgados de lo Social de Madrid, según la documentación al que ha tenido acceso Somos Madrid. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. En último término, solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

A lo largo de varias páginas, la denuncia desarrolla un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Además, Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”.

Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”. A preguntas de este diario, el Consistorio no ofrece hasta la fecha valoraciones de la Junta sobre la denuncia o los comportamientos abusivos recopilados a lo largo de este artículo.

Vía judicial ante la “inacción” de la Inspección de Trabajo y el Ayuntamiento

La denuncia en los tribunales llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

“Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento de Madrid es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Testimonios refuerzan la denuncia: “Conmigo se ha ensañado”

Este periódico ha conversado con personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que conversa con este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge. Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y el trabajador tiene más que perder que el que acosador”.

Esta misma semana Comisiones Obreras denunciaba en un comunicado las “quejas de la plantilla de la Junta Municipal de Hortaleza”, presidida por el polémico concejal aguafiestas David Pérez, relativas a “un ambiente de trabajo hostil con repercusiones muy graves en el desarrollo de la actividad cotidiana”. El documento, difundido por la Coordinadora de Hortaleza a través de redes sociales, protesta por un “cuestionamiento permanente de los trabajadores” o “la retirada de complementos”. Un contexto de “hostigamiento” que ha derivado en dos demandas interpuestas ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, ambas ganadas en primera instancia por el sindicato.

Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo componen gente sin experiencia. Es alguien que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni nos ha conocido

La coyuntura en Chamartín es tan dramática que ya afecta a los recursos humanos de la Junta o a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, remata.

Estrada, de la cercanía con la Gürtel al roce con los vecinos del Bernabéu

Almeida incorporó en sus listas a Estrada después de los comicios municipales de 2023. Hasta entonces, era la coordinadora territorial del grupo parlamentario del Partido Popular que Isabel Díaz Ayuso presidía en la Asamblea de Madrid, además de estar al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

El mayor quebradero de cabeza para la gestión de Estrada han sido sin duda los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos tumbaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías.

Estrada también ha protagonizado controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Pero sin duda la más sonada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Antes de su etapa como diputada autonómica, su carrera política estuvo ligada al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde encadenó los cargos de concejala de Obras, de Presidencia y teniente de alcalde entre 2003 y 2010. Llegó a ese Consistorio de la mano de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel.

Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama. Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen desde 2010 hasta 2019, cuando fue repescada para un PP de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura.

Antes de las famosas frutinovelas, teníamos a Ana Botella. Las frutinovelas son vídeos cortos, generados con IA, que se han hecho muy populares en redes y enganchan con historias melodramáticas sobre infidelidades, sexo, traiciones y giros exagerados protagonizados por frutas. Sí, frutas. Lo curioso es que, en las últimas horas, la realidad parece superar de nuevo a la ficción. En su cuenta de X, la Asociación Vecinal de Retiro Norte ha compartido una teoría sobre el misterioso embarazo fantasma de un cisne negro, que desde hace un año circula por el gran parque de Madrid.

Resulta que Luna, una hembra emparejada con Lorenzo, estaba incubando crías después de que muriera su último novio. Pero los huevos salieron vacíos, y Lorenzo se reveló como Lorenza. O eso aseguran los vecinos, a los que toda esta narrativa les ha recordado a aquella frase célebre de la exalcaldesa Botella cuando habló del matrimonio homosexual: “Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera nunca pueden dar dos manzanas, porque son componentes distintos”.

Más allá de este guiño, la asociación de vecinos recordó en sus redes cómo la pérdida de su anterior pareja dejó “a la pobre Luna andando solitaria como alma en pena”. Luego, el Ayuntamiento “tomó cartas en el asunto y trajo un 'macho', Lorenzo”, continúan en su relato, que ya anticipa con estas comillas que algo no encajaba. El tiempo pasó y nadie sabía nada sobre el supuesto embarazo: “Todo el vecindario preocupado pensando que les habia pasado algo... Pero no”.

“En realidad, Lorenzo es Lorenza. Y, como diria Ana Botella, si juntas dos cisnes hembra no consigues manzanas”, ironizaban desde la cuenta de la Asociación Vecinal de Retiro Norte, que concluyó la historia como “un fallo del sexador de cisnes municipal”, en alusión a los técnicos. Aunque el Ayuntamiento de Madrid no ha confirmado este último giro de los acontecimientos, la divertida historia de los primeros cisnes LGTBI del Retiro ha resonado entre los parroquianos del parque.

Cuando Luna y Lorenzo (o Lorenza) se conocieron, allá por 2022, se sintieron como dos seres poco comunes en su entorno, y que ahora compartían estanque y otro cuello con el que entrelazarse. No tardaron en hacer migas. En marzo del año pasado, el área municipal de Medio Ambiente confirmó el embazado, pero decidió mantenerlo en secreto para no poner en peligro a los cisnes. Esta hembra ya ha sufrido algún que otro imprevisto a lo largo de su vida, así que lo más prudente era mantener la calma.

Hace años que está tuerta y, además, el macho que la acompañaba fue atacado por un perro. Así que, en este nuevo intento, las autoridades municipales esperaron durante todo el mes de abril a que culminara la gestación. El periódo medio de incubación para estas aves suele ser de entre 35 y 45 días; así que, cuando en mayo aún no hubo noticias, comenzaron a sospechar: algo extraño ocurría. Así fue.

En realidad, los cisnes negros son raros de ver en España y, prácticamente, en todo el mundo. Como ocurre con las ovejas o los garbanzos, su nombre se ha utilizado en el lenguaje coloquial para referirse en ocasiones a acontecimientos que conllevan una sorpresa, o que son improbables. Y, curiosamente, así es como podría definirse esta frutinovela de cisnes, peras y manzanas.

El Ayuntamiento de Madrid cederá gratuitamente 40 autobuses urbanos a la ciudad de Burgos para que pueda reemplazar, de manera provisional, los 39 que se quemaron en la madrugada del martes en el incendio de las cocheras municipales, donde hay 79 vehículos. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha informado en rueda de prensa de que el viernes firmará en Madrid el acuerdo de cesión de los vehículos, que ese mismo día empezarán a salir con destino a Burgos para que se puedan ir incorporando a la flota municipal durante la próxima semana, según recoge EFE.

Ayala ha agradecido la solidaridad del ayuntamiento madrileño, y la de otros pequeños y grandes municipios que han puesto a disposición de Burgos sus autobuses, y ha asegurado que la llegada de esos 40 vehículos supondrá una “toma de oxígeno” para la ciudad, que ha perdido la mitad de su flota municipal.

El Ayuntamiento de Madrid les ha ofrecido la solución “más completa”, con la cesión inmediata y gratuita de 40 vehículos, antiguos pero en funcionamiento, de los que la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) tiene para enajenar y vender a terceros. Es la solución “global más fácil”, ha asegurado la alcaldesa, y además Madrid ofrece formación a los conductores de Burgos y un camión de mantenimiento por si surgen complicaciones durante el traslado, para el que ya se han puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno al ser especial.

El contrato de cesión con Madrid es por seis meses, aunque prorrogable, y Burgos tendrá que asumir el coste del seguro; además, pasado ese tiempo ambos ayuntamientos estudiarán la posibilidad de que Madrid pueda enajenar a Burgos los vehículos, para una incorporación definitiva a la flota.

Propuestas de otros ayuntamientos

Ayala ha explicado que han recibido propuestas de los ayuntamientos de Segovia, León, Valladolid, Valencia, Pamplona, Elche, Vigo o Ciudad Real, además de la Diputación de Palencia o la Comunidad de Madrid, y el apoyo de la propia Junta de Castilla y León con sus gestiones a través de Buscyl.

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE) ha puesto a disposición de la alcaldesa de Burgos ocho autobuses que acaban de ser sustituidos por eléctricos. “La alcaldesa ha quedado en volverme a llamar para ver cómo podemos canalizar esta ayuda”, ha manifestado a través de redes sociales. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha comprometido también un autobús o dos “siempre y cuando no se altere la realidad y el servicio de la ciudad”. “Estamos colaborando con la ciudad de Burgos, y vamos a seguir colaborando, como no puede ser de otra manera”, ha explicado Carnero ante los medios.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que también están estudiando si algunos autobuses integrados en la red autonómica de BusCyL pueden prestar algún servicio urbano en Burgos —puesto que la mayoría son más grandes y para trayectos interurbanos— y contactando con otras autonomías para ver si hay alguna posible colaboración. “Burgos es una ciudad que tiene un casco histórico con ciertas limitaciones y algunos de los autobuses que han sido afectados eran autobuses de tamaño muy pequeño, diseñados para acceder por estas vías tan estrechas, y los autobuses interurbanos no se han acomodado muy bien a estas circunstancias”, ha defendido Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El también consejero de Economía y Hacienda ha recordado que se puede tardar entre ocho y doce meses en comprar un autobús porque se fabrican a demanda y ha considerado que primero el equipo de gobierno burgalés debe hacer un cálculo de los costes y de los seguros, puesto que 21 autobuses afectados eran de renting. “Ahora, lo urgente es intentar encontrar estos autobuses y que puedan cumplir estas características y prescripciones técnicas. Ya habrá tiempo para cuantificar el daño que se ha causado, que no solo sobre los autobuses, sino también sobre instalaciones de las naves”, ha zanjado.

Cristina Ayala ha explicado que a partir de ahora “acelerarán” el proyecto de traslado de las cocheras al polígono de Villalonquéjar, y que en diez días quieren tener preparado el proyecto de demolición de la parte de las cocheras que ha quedado gravemente dañada, y acondicionamiento del resto de la parcela.

La Policía Científica de Madrid participará en la investigación

La Comisaría General de Policía Científica de Madrid se incorporará a la investigación del incendio que, en la madrugada del martes, calcinó la mitad de la flota de autobuses urbanos de Burgos y causó importantes daños materiales en las cocheras municipales. Fuentes de la Policía Nacional han explicado a EFE que se contará con el apoyo de especialistas en incendios dada la magnitud del fuego.

Además, se está contando con la colaboración de la unidad de drones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Castilla y León, que estuvieron este martes tomando imágenes y que continuarán durante los próximos días participando de una investigación que “está en fase inicial”. Fuentes policiales han insistido en que todas las líneas de investigación están abiertas, sin confirmar la hipótesis de que el fuego pudiera haberse originado en uno de los autobuses urbanos, que ayer se barajaba entre los sindicatos, ante las primeras declaraciones de los testigos del incendio.

El siniestro que esta semana ha dejado a Burgos capital sin la mitad de vehículos en su sistema de transporte público ha generado la reacción solidaria del Ayuntamiento de Madrid, que este mismo viernes enviará 40 autobuses para paliar la falta de recursos ocasionado por el fuego.

Según han comunicado fuentes municipales, la capital cederá temporalmente de forma urgente 40 autobuses de gas a Burgos, con los que podrá paliar los 39 vehículos dañados por las llamas, la mitad de la flota municipal burgalesa. El envío se produce después de un acuerdo alcanzado entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa castellana, Cristina Ayala, ambos del Partido Popular.

Los autobuses serán enviados el viernes junto a otros medios materiales como furgones, grúa, repuestos y personal técnico.

“EMT Madrid es un ejemplo de vocación de servicio público al ciudadano que ha actuado de forma altruista y solidaria en emergencias que suponen una alteración grave de la movilidad”, indican fuentes del área de Movilidad. También destaca el consistorio que Madrid “no duda en prestar sus recursos cuando es necesario ayudar a otros municipios o regiones frente a situaciones de emergencia, como ya ocurrió con la DANA en Valencia o con las inundaciones de Toledo”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha desplegado este martes la alfombra roja institucional para las empresas que sacarán partido de la concesión demanial del antiguo Centro Acuático de Madrid, símbolo de los fracasos olímpicos de la capital. Una cesión a 75 años para que el Atlético de Madrid pueda construir allí y explotar un pabellón para macroconciertos y un centro universitario, entre otros equipamientos. Una recalificación que sigue avanzando, pese a la sentencia judical que la tumbó hace unos meses y tras la cual el principal cambio ha sido prescindir de la edificación de un hotel, presente en el diseño original.

Almeida, que ha agradecido “el liderazgo y la visión” de su “querido” consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha definido el proyecto como “el mejor complejo deportivo, cultural, universitario y de ocio de cualquier ciudad de Europa”. Sostiene que “estos 65.000 metros cuadrados, junto con la Ciudad del Deporte que está construyendo el Atlético [en dos parcelas adyacentes del barrio de San Blas], van a ser únicos integrando esas actividades en un ámbito concentrado”. El regidor ha hecho gala de su afición colchonera y hasta ha dicho que “la grandeza reside en cómo nos levantamos después de caer”, en referencia al tropiezo del Atlético en la final de Copa del Rey disputada el pasado sábado en Sevilla ante la Real Sociedad.

El primer edil describe el futuro recinto de conciertos dentro de los terrenos como “la mejor arena del mundo”, a través de constantes “residencias para artistas especialmente de la música latina”, un hito que atribuye en parte a la promotora Live Nation. Otros de sus elogios se han dirigido a la empresa GoFit (que gestionará algunas dotaciones deportivas) y a la universidad Alfonso X El Sabio (que tendrá un nuevo centro en una de las parcelas). En un discurso plagado de loas a la colaboración público-privada, ha recordada sobre esta institución de educación superior que fue “la primera exclusivamente privada y uno de esos lugares de Madrid donde el talento encuentra el lugar adecuado”.

La realidad tras el megaproyecto: tropiezo judicial en un plan municipal a medida del Atlético

Pese a las buenas palabras del regidor, la iniciativa se encuentra en un momento delicado. El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justicia regional (TSJM) anuló el plan especial sobre el fallido Centro Acuático de La Peineta, justo cuando el Gobierno de Almeida acababa de sacar a concurso la concesión. El fallo judicial cuestiona el interés general de la operación, debido a que el Ayuntamiento de Madrid no justificó el cambio de usos en la parcela, pensada inicialmente para proyectos deportivos ligados a las candidaturas olímpicas de la capital que acabaron fracasando. El equipo de Almeida intentó añadir usos educativos, de ocio, o culturales a la parcela a través de un procedimiento urbanístico aprobado en octubre de 2024.

Aun con la sentencia judicial, la concesión demanial sigue adelante, de momento. Según los detalles a los que ha tenido acceso este periódico, el Consistorio prevé entregar los 90.000 metros cuadrados de edificabilidad de la parcela ES-01 (la del Centro Acuático) a una empresa durante los próximos 75 años, hasta el 2100. Esta empresa es Barsento SL, una sociedad montada por el Atlético de Madrid, en la que se acompaña de dos gigantes del mundo del entretenimiento: la mencionada compañía Live Nation (promotora de conciertos y dueña de Ticketmaster implicada también en el “estadio” de Shakira en Villaverde) y Oak View Group (OVG).

Barsento ha reclamado este espacio para completar la Ciudad del Deporte del Atlético, que ya construye en otras tres parcelas municipales de 205.000 metros cuadrados que previamente le ha cedido el Ayuntamiento alrededor de su Estadio Metropolitano (con dotaciones tan controvertidas como una piscina de olas). La guinda de este pastel sobre suelo público es un recinto cubierto de conciertos para 20.000 espectadores, que el club rojiblanco presentó hace unos meses y que el Ayuntamiento acomodó a medida de sus peticiones en forma de concurso público. Queda fuera respecto al planeamiento original y después del mazazo judicial un hotel de 250 habitaciones

El estudio económico elaborado por el área de Obras y Equipamientos del Consistorio para este negocio arroja cifras muy altas, que explican el interés del Atlético de Madrid por este proyecto y el elevado precio de venta de la mayoría de acciones del club que acaba de tener lugar.

El plan económico plantea una puesta en marcha de las instalaciones en el año 2031, después de dos años del proceso de adjudicación y redacción de proyectos, a los que seguirán tres años de obras. La facturación del complejo en el año 2045 rozará los 145 millones de euros y para el final de la concesión, en el año 2100, alcanzará los 445 millones. Por entonces los beneficios anuales serán de unos 95 millones de euros, antes de impuestos.

El Ayuntamiento de Madrid recibirá un canon de explotación a cambio, que comenzará siendo de 300.000 euros anuales y hasta el año 2051 no subirá notablemente, hasta los 1,4 millones. Al final de la concesión, en el año 2100, será de 6,6 millones. El estudio publicado calcula que el plazo de recuperación de la inversión de Barsento, que deberá invertir 407 millones de euros, estará entre los 19 y los 21 años.

Más de la mitad de esta inversión (260 millones) estará dedicado al pabellón cubierto, “concebido expresamente para conciertos, eventos corporativos, galas y espectáculos de gran formato”, explica el concurso municipal. Se situará sobre el lugar donde iban a estar las piscinas de waterpolo en el Centro Acuático y contará con 37.500 metros cuadrados y un aforo en torno a 20.000 espectadores, con lo que se convertirá en el recinto para conciertos cubierto de mayor tamaño en España, en rivalidad con el Roig Arena de Valencia (misma capacidad) y el Movistar Arena de Madrid, que trabaja en una ampliación

La construcción aprovechará una parte importante de la obra civil y estructura ya levantada en el edificio y que según un estudio municipal se encuentra en buen estado general. El estudio económico calcula que el periodo de concesión arrancará con 88 eventos al año y se acabará con 132 (uno cada tres días, sin contar el mes de agosto). Las cifras de beneficios están elaboradas contando con una asistencia media del 56% del aforo máximo, con entradas a 65 euros.

La oposición muestra sus “dudas sobre la legalidad de la operación”

El proyecto no convence a la oposición ni desde su planteamiento ni desde el punto de vista jurídico, como demuestran las declaraciones que ha compartido este martes Antonio Giraldo, concejal portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista: “El Ayuntamiento pretende sacar adelante un proyecto de 360 millones de euros sobre una parcela pública que debería haber sido siempre un equipamiento deportivo público, apostando una vez más por la privatización”.

“Tenemos serias dudas sobre la legalidad de la operación: el plan especial que permitía estos usos fue anulado por el TSJM en diciembre. Nadie ha aclarado si se ha recurrido al Supremo”, advierte. Así, el edil considera que “si está recurrido, es una temeridad seguir adelante sin garantías jurídicas”. Y si no lo está, “el plan está definitivamente anulado: el Gobierno de Almeida debe explicar cómo encaja este proyecto en la legalidad vigente”.

Para Mar Barberán, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Urbanismo, el anuncio de este martes confirma que “el patrimonio público de todos los madrileños queda al servicio de intereses privados en una instalación abandonada donde el Ayuntamiento ya dilapidó millones de euros públicos [en concreto 99,6 millones durante la etapa de Alberto Tuiz-Gallardón]”. Afirma que “no es deporte público, es negocio privado”. Mantiene la concejala que “el interés general aquí es que se forren los de siempre, en este caso un fondo de inversión estadounidense, con el patrimonio de la ciudad como moneda de cambio”. Su conclusión es tajante: “Alemida se expone a indemnizaciones, retrasos y litigios si sigue con la adjudicación del Centro Acuático”.

Desagües atrancados, techos apuntalados, desprendimientos por humedades, problemas de climatización, incidencias con las salidas de emergencia o una filtración de 3.000 litros de agua al día. Son algunas de las numerosas incidencias que detalla un demoledor informe de Más Madrid después de su visita al Centro Deportivo Municipal Palomeras, del distrito de Puente de Vallecas, al que ha tenido acceso Somos Madrid.

Las cubiertas de distintos puntos del espacio, desde el rocódromo hasta la sala de caldera o los almacenes, sufren importantes humedades y desprendimientos que comprometen la situación estructural del edificio. La seguridad también se ve mermada por los desperfectos en las puertas automáticas de emergencia de entrada y salida en la zona trasera del edificio, con roturas y bloqueos constantes que empeoran debido a su uso continuo.

Las incidencias del recinto inaugurado en 1994, numerosas y variadas, afectan a distintas funcionalidades. Por ejemplo, solo está operativa una de las cinco unidades de tratamiento del aire (UTAS), lo que imposibilita que en el interior del edificio se mantenga una temperatura adecuada. Hay también problemas en los desagües de los vestuarios de la piscina de invierno destinados a los usuarios, atascos en los inodoros del de personal o inundaciones en el adaptado para personas con problemas de movilidad, debido a que la ducha no tiene la pendiente adecuada.

El deterioro del pavimento en las pistas de fútbol sala, las roturas de losas en la cubierta exterior o la importante fuga de agua en el anillo de riego completan un panorama que Más Madrid define como “un escándalo que el PP no puede seguir ignorando”.

Son palabras de Mar Barberán, portavoz del principal partido de la oposición en la Comisión de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda, en declaraciones a Somos Madrid. Habla de “un riesgo sanitario real” por los fallos de drenaje y lamenta que haya “gradas clausuradas por peligro de derrumbe”, así como “techos que literalmente se caen a cachos”. “Esto no es dejadez. Es el retrato fiel de lo que el PP entiende por política deportiva en los barrios del sur y del este de Madrid. Una política negligente y de desidia”, critica la concejala.

El Ayuntamiento admite que “no se ha iniciado la tramitación” de la reforma

Otro informe, en este caso uno de carácter municipal que sirve de contestación a una petición de información elevada por la concejala de Más Madrid Olga Martínez, expone el estado en el que se encuentra el procedimiento de la futura remodelación del polideportivo (uno de los proyectos ganadores en la última edición de la consulta ciudadana para la elaboración de los presupuestos participativos). El resumen es que está en una fase embrionaria: “No se ha iniciado aún tramitación del citado proyecto dado que nos han informado desde la Subdirección General de Participación Ciudadana e Innovación que se llevará a cabo con cargo a los presupuestos del 2027”, recoge el escrito.

Así, la mera redacción del proyecto deberá esperar “a principios de ese año”. “Se estima la adjudicación del contrato basado sobre junio [del 2027] y sobre la ejecución de las actuaciones se estima a principios de julio una vez acabada la temporada de futbol”, señala la respuesta del equipo municipal.

El escrito puntualiza que “el presupuesto participativo estimado en 2,45 millones se va a realizar mediante dos proyectos”. “Uno desde la Junta de Puente de Vallecas con un importe que se adjudicará de 0,95 millones para la sustitución de césped artificial y otras mejoras. Otro desde el área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la remodelación de las gradas con importe de 1,5 millones”, desgrana el documento.

Desde el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, así como desde el departamento de Deportes, no aclaran por el momento los motivos de esta degradación en la instalación o si estudian ejecutar mejoras antes de los trabajos previstos a partir de 2027. Remiten a la discusión del tema en la Comisión municipal de Cultura, Turismo y Deporte que se celebra este martes 21 de abril. Tampoco aportan más datos desde la Junta Municipal de Puente de Vallecas. En la citada Comisión, Sonia Cea (concejala delegada de Deportes) ha reivindicado el gasto de “más de 15 millones de euros en el mantenimiento de este centro” y ha acusado a Más Madrid de dejar Vallecas “abandonado” durante el mandato de Manuela Carmena.

Los vallecanos pagan sus impuestos igual que cualquier vecino del centro de la ciudad y tienen derecho a instalaciones dignas, seguras y en pleno funcionamiento. Lo mismo que el personal que trabaja en la instalación, cuyas condiciones son precarias

Mar Barberán — Portavoz de Más Madrid en la Comisión municipal de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda

Mar Barberán repasa en cambio las cuentas pendientes del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida con la dotación para concluir que “Vallecas no puede seguir siendo el barrio al que siempre le toca esperar”: “Durante los siete años de Gobierno de Almeida, solo se han ejecutado obras de mantenimiento en 2019 y la cantidad destinada ha sido tan irrisoria que no alcanza ni para arreglar las rejillas de las duchas. Lo más grave es que ni siquiera han sido capaces de ejecutar un presupuesto participativo aprobado por los propios vecinos y vecinas de Palomeras, que destinaba 2,5 millones de euros a mejoras urgentes. Ese dinero, votado democráticamente, jamás ha aparecido por la instalación. Mientras tanto, se pierden 3.000 litros de agua al día por una fuga sin reparar”.

“Los vallecanos y vallecanas pagan sus impuestos igual que cualquier vecino del centro de la ciudad y tienen derecho a instalaciones deportivas dignas, seguras y en pleno funcionamiento. Lo mismo que el personal que trabaja en la instalación, cuyas condiciones son precarias”, recuerda la edil.

Barberán contrapone estas afecciones en servicios municipales con la predisposición del equipo de Almeida a que Madrid albergue grandes acontecimientos deportivos con un fuerte componente de mercadotecnia: “Mientras Almeida apuesta por la privatización del deporte y los grandes eventos de escaparate, deja que los polideportivos de los barrios del sur y el este se pudran. Le exigimos que actúe de forma inmediata y que invierta lo que haga falta en el Centro Deportivo Municipal de Palomeras para garantizar una gestión de mantenimiento eficaz y continua, porque la situación ya es insostenible”.

Además de las dotaciones que requieren una intervención urgente, el recinto presenta desperfectos de menor calado como la rotura de azulejos y cristaleras, goteras, tomas de luz colocadas en zonas de tránsito o hasta una caja fuerte de la taquilla que permanece en desuso a la espera de ser desmontada y retirada. Un cúmulo de incidencias que, salvo una actuación urgente por el momento no prevista, continuarán durante al menos un año más hasta el inicio de su paulatina resolución.

La aprobación de un decreto extraordinario para regularizar a medio millón de migrantes ha disparado las solicitudes en centros de servicios sociales. Como era de esperar, desde que entró en vigor la medida el miércoles pasado se han batido récords de peticiones en varios puntos del país. Solo en Madrid, que una semana antes registraba alrededor de 1.500 citas diarias, subieron rápidamente las visitas hasta alcanzar las 4.000 nada más publicarse la norma en el BOE (Boletín Oficial del Estado), y 5.500 más a lo largo del jueves.

Lo ha confirmado este lunes el responsable local de su gestión, José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento, que advierte de un “colapso” en los servicios municipales y lo atribuye a la gestión del Gobierno central por “no consensuar” una hoja de ruta clara con las comunidades autonómas, implicadas en la cadena de la regularización. Con la puesta en marcha de la norma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó en la capital algunos centros de la Seguridad Social, además de las oficinas de Extranjería, para ampliar su capacidad de atención.

Sin embargo, ya el mismo viernes de la semana pasada hubo una respuesta contundente del alcalde: su ayuntamiento “no va a colaborar” con Moncloa más allá de sus competencias habituales en la materia, en represalia por haber quedado fuera de la planificación. Un día antes de que José Luis Martínez-Almeida sellara esta decisión, que comunicó al salir de una Junta de Gobierno, el Ayuntamiento había comenzado a repartir unos formularios no vinculantes para tantear las solicitudes, y este lunes se cerró una primera petición oficial de regularización: la de Andrés, un colombiano de 32 años.

La barrera del certificado de vulnerabilidad

Aun así, el responsable de Políticas Sociales ha reafirmado ese discurso que lanzó Almeida antes del fin de semana. José Fernández denuncia que uno de los requisitos indispensables para conceder la regularización a perfiles más desfavorecidos, el nuevo certificado de vulnerabilidad, no llegó a sus oficinas hasta el jueves de la semana pasada, con el decreto recién aprobado y “varias solicitudes acumulándose”.

El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en la piedra en el zapato de muchos de los migrantes que salieron a la calle nada más estrenarse la medida. Dicho certificado acredita las situaciones de máxima vulnerabilidad entre personas en condición irregular. Desde Cibeles explican que el procedimiento será más ágil si para el solicitante ya consta alguna intervención previa de los Servicios Sociales, aunque de no ser así también pondrá hacerse el trámite.

“Lo que yo no voy a hacer (...) es certificar aquello que no podamos acreditar”, ha determinado Fernández, confiando en que este mecanismo permita descartar a quienes traten de beneficiarse de este sistema sin hallarse totalmente desprotegidos.En resumidas cuentas: para obtener el certificado harán falta, en palabras del delegado, “un trabajo previo, una historia social y una intervención social” anterior a la solicitud. En el plano político, el Ayuntamiento también ha arremetido contra Pedro Sánchez, sugiriendo que en realidad la regularización “solo responde a intereses parlamentarios” y pidiendo directamente la supresión del decreto.

“El Ayuntamiento de Madrid prohíbe expresamente la utilización de equipos de reproducción e instrumentos de percusión en el medio ambiente exterior salvo si existen razones de interés general”. Es la respuesta que la organización Desarma Madrid ha recibido a su solicitud de un permiso municipal para emplear un megáfono en la lectura antibélica programada este jueves 23 de abril a las 19.00 en la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía.

Con motivo del Día del Libro, el evento pretende convertir este emplazamiento en un potente emisor de mensajes contra los diferentes conflictos que asolan el planeta. Para ello, animan a que los asistentes acudan con libros que cuestionan esta forma de barbarie y a que lean en voz alta algunos de sus pasajes. Una iniciativa surgida el pasado año, entonces en la Puerta del Sol, al calor de la polémica por el aumento de los gastos en materia de Defensa por parte del Gobierno central.

“Como en alguna ocasión nos hemos visto con multas por usar pequeños megáfonos de mano, se mandó en paralelo una petición al Ayuntamiento de Madrid para uso de megafonía manual durante dicha concentración y sin instalación de medios auxiliares”, explica Desarma Madrid en una pieza publicada en El Salto. “Resulta que, en la ciudad de la Libertad, si decides manifestarte, tienes que pedir permiso en cada Junta Municipal del territorio por el que pase la protesta para usar megafonía. Si no, multa al canto”, lamentan.

Cuentan que recibieron la respuesta del Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida, que abre este artículo, a solo una semana de la fecha de la convocatoria. “Parece que ni leer libros en el espacio público el 23 de abril, o sea el Día del Libro, ni levantar palabras contra las guerras, son motivos de tal interés”, cuestionan desde Desarma Madrid.

Desde el área de Medio Ambiente del Consistorio exponen que “el problema de ese acto es que coincide con el horario lectivo de una escuela que está a menos de 150 metros, lo que está expresamente prohibido en el artículo 19.3 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica”. Precisan que “no se le ha hecho una denegación, lo que se les ha dicho es que no pueden por ese motivo y que busquen otro emplazamiento, otra fecha no lectiva (fin de semana) u otro horario posterior al funcionamiento de la escuela”.

Desarma Madrid habla de “excusa” en los argumentos del Ayuntamiento

La plataforma Desarma Madrid califica de “enrevesado” este segundo motivo que el Consistorio saca a colación para justificar el veto: “Se comunica que en el emplazamiento elegido (plaza de Juan Goytisolo) existe un centro docente (Real Conservatorio de Música de Madrid) cuyo horario de funcionamiento coincide con el del acto pretendido (clases lectivas de lunes a viernes de 09.00 a 21.30), por lo que no procederá autorización para la superación de los límites de los niveles sonoros en ese horario. Varias firmantes de este texto hemos estudiado en ese Conservatorio. Que no nos utilicen como excusa. ¿Desconoce el Ayuntamiento la normativa de insonorización de estos espacios? ¿La multitud de eventos que se celebran frente al Museo Reina Sofía con megafonía, sin que el Conservatorio sufra menoscabo acústico alguno? ¿Se han parado a escuchar el ruido provocado por el tráfico de Atocha?”.

La entidad comenta con ironía que, “para culminar la buena labor administrativa”, desde Cibeles “invitan a enviar de nuevo la solicitud argumentando los motivos de interés público y avisando de que para hacer tal demanda hace falta un mes de plazo.” Todo, insisten, “una semana antes del acto”.

Unas trabas que no parecen mermar su ímpetu por celebrar la concentración: “Tenemos claro que protestar es un derecho y que nuestras armas son las palabras. Le pese a quien le pese, desempolvaremos nuestros libros de casa o de la biblioteca y alzaremos nuestras voces y lecturas contra las guerras en un espacio significativo para la cultura como es la plaza Juan Goytisolo madrileña, frente al Museo Reina Sofía”. Y añaden: “Las estudiantes del Conservatorio, si se enteran de esta actividad, será porque vean por redes sociales o en distintas librerías el cartel que acompaña este artículo, no por el ruido que podamos hacer, que será ninguno”.

Es una de las noticias del año en Carabanchel: la gran remodelación en la plaza de Oporto llevaba años pidiéndose a gritos. Con una inversión inicial estimada en 5,3 millones de euros, este espacio entre la glorieta del Valle del Oro y el cruce de General Ricardos con la calle de la Oca pasará del batiburrillo urbano actual a convertirse en el nuevo nodo cívico y cultural del barrio. El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde definitiva al proyecto después de una Junta de Gobierno celebrada, precisamente, en la sede municipal del distrito.

Las obras comenzarán este mismo año y se prolongarán, al menos, hasta la segunda mitad de 2027. La idea es transformar este centro de la intersección en un punto de referencia para el ocio y la actividad cultural, con vistas a que en el futuro también pueda albergar “grandes eventos” en su seno. Es lo que remarcaba el propio concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, desde la Junta Municipal del Distrito. Lo acompañaban el alcalde José Luis Martínez-Almeida y su número dos, Inmaculada Sanz, nada más concluir la última reunión del equipo municipal, en la que se selló una reforma estructural que pretende, entre otras cosas, poner coto a las quejas por las dificultades para la movilidad a pie entre isletas, cruces o tráfico rodado.

Para ello se ampliará la superficie peatonal con 1.443 metros cuadrados y se plantarán alrededor de 110 árboles y 3.200 arbustos en su entorno, modificando el paisaje actual. La ambiciosa intervención no surge de la nada. Esta plaza en el barrio de Oporto lleva tiempo en el foco del vecindario y ha acumulado críticas de todo tipo, ya sea por su degradación progresiva o la suciedad de la zona, donde no es inusual encontrar a gente bebiendo cerveza y latas o residuos esparcidos por el suelo.

Los botellones recurrentes, la acumulación de basura en determinados puntos o la aparición de ratas en verano por el abandono de dos edificios próximos (el antiguo centro Magerit y el palacete de General Ricardos) volvieron a remover tierra en los últimos meses. Los usuarios de la plaza han pedido en diversas ocasiones incorporar más zonas verdes o de ocio infantil, que finalmente se proyectarán de cara al próximo año. En ese contexto, el Ayuntamiento defiende que la inversión —que se moverá entre los 2,5 y los 5,3 millones de euros, en un principio— también tiene un objetivo claro de seguridad. O al menos, de modificar su percepción.

Aumentar la sensación de seguridad y abrir paso al peatón

El proyecto plantea eliminar “focos inseguros” mediante la reordenación del espacio urbano y la instalación de cámaras de videovigilancia. Al ser un punto especialmente transitado en el sur de Madrid, la idea del distrito es “mejorar la percepción de la seguridad ciudadana” y atraer así a nuevos visitantes. La remodelación se articula en torno a varias líneas estratégicas. En primer lugar, según lo anunciado, está recuperar el espacio público a costa de quitar protagonismo al asfalto o el tráfico rodado y aumentar las superficies peatonales, simplificar cruces o eliminar algunas de las isletas que hoy dividen la plaza.

El punto de partida será concentrar los flujos de circulación en ejes más claros y eficientes para, después, dar paso a un nuevo rol cultural de la plaza y acoger eventos o espectáculos. De hecho, hace menos de un año, la plaza de Oporto quedó en el centro de la polémica cuando el Ayuntamiento de Almeida decidió denegar el permiso para celebrar un festival multicultural en Carabanchel. En aquel caso se alegaron posibles problemas de desorden público y un exceso de ruido derivado de esos actos, aunque los organizadores —a los que se informó días antes de la celebración— denunciaron motivos “burdos y racistas”.

Queda ver de qué manera se blindará ahorala plaza para que estos inconvenientes no interfieran con la celebración de eventos en el futuro de este espacio público. Más allá de aquel choque político y los usos culturales previstos con la obra, la remodelación tratará principalmente de consolidar un “punto de encuentro vecinal” en lo que hoy es un espacio en degradación. La reorganización de los itinerarios peatonales eliminará barreras y permitirá atravesarlo de forma más directa, mientras que se instalarán nuevas estancias para el uso cotidiano.

También se actuará sobre la accesibilidad, el alumbrado y el mobiliario urbano, con criterios de eficiencia energética y adaptación a distintos perfiles de usuario. La idea, al menos sobre el papel, es pasar de un espacio hostil y fragmentado a uno continuo, habitable y con identidad propia dentro del distrito después de años de deterioro. La apuesta por reinventar la plaza de Oporto servirá, entre otros objetivos, para confirmar si el Ayuntamiento es capaz de revertir esa imagen de abandono que pesa sobre la plaza y reconciliarla con sus vecinos.

La regularización extraordinaria de medio millón de migrantes continúa dando de qué hablar. Este jueves, el alcalde de Madrid ha arremetido contra la medida extraordinaria, recién aprobada y en vigor desde el pasado 15 de abril. “Es una chapuza”, lo ha catalogado el alcalde en declaraciones a los medios desde la sede municipal de Carabanchel, donde se celebraba una Junta de Gobierno. El regidor espeta al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje a los ayuntamientos “a ciegas” ante la norma.

“Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso”, ha zanjado Almeida, acompañado de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz y el concejal-presidente del distrito, Carlos Izquierdo. Entre sus argumentos, el alcalde ha vinculado la regularización de migrantes con la legalización de personas con antecedentes y en condición irregular, pese a que uno de los requisitos para beneficiarse de la norma es presentar un certificado de delitos penales.

“Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, ha considerado Almeida, que incide en otro tipo de antecedentes: los policiales. “Han colado una trampa con los antecedentes [...] No es xenofobia decir que con este decreto se va a regularizar a personas con algunos gravísimos”, aseguraba a la vez que lamentaba su desconocimiento de la norma por la “falta de comunicación” del Gobierno a este respecto.

A raíz de estas declaraciones, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra del Ejecutivo que ha aprobado la regularización de 500.000 migrantes, Reyes Maroto, ha acusado a Almeida de propagar un “bulo peligroso”. En sus redes sociales, la concejala ha apuntado a una estrategia de partido para “difundir que la regularización traerá delicuencia” y “alimentar el odio” hacia “personas que llevan años trabajando y sosteniendo Madrid”.

No obstante, también desde la Junta Municipal de Carabanchel aseguró el alcalde que para ellos es “innegociable” la “dignidad” de estas personas, y que su equipo “seguirá ofreciendo a los migrantes todos los servicios públicos” del Ayuntamiento de Madrid. “Ahí no va a estar el problema, aunque nos vayan a echar la culpa”, ha concluido, anticipando la reacción de Reyes Maroto e incidiendo en que ha de ser Pedro Sánchez el que dote de medios a los municipios “si considera que faltan capacidades e instrumentos” para hacer frente a los flujos migratorios. “Nosotros no vamos a colaborar en una chapuza”, fue su conclusión.

Los requisitos de los migrantes para solicitar la regularización

En el texto aprobado por el Consejo de Ministros se exponen los principales requisitos para acogerse a la regularización: podrán hacerlo, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. También los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Asimismo, el último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria, que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias. De un lado está la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, probando que la persona se encuentra en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, el encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Para demostrarlo habrá que presentar un nuevo informe social.

“Una cuestión de buen gobierno corporativo que entiendo que no gusta a Más Madrid”. Así ha justificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las dietas de 612,85 euros por asistencia a cada reunión de los miembros de los consejos de administración de cinco empresas municipales (y 525 euros en otros cuatro organismos autónomos).

El mismo día en el que el órgano de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vota elevar la cuestión para su aprobación a la Junta de Gobierno, el regidor ha comparecido ante los medios precisamente en la rueda de prensa posterior a dicha Junta. Sin aclarar si los nuevos pagos han sido ya validados, Almeida ha defendido la medida por su utlidad, dice, para “atraer perfiles independientes” y que “los consejos de administración no sean lugares de colocación”. Precisamente en el de EMVS ocupa el cargo de consejera delegada su exjefa de Gabinete, Ana de Miguel.

El alcalde ha centrado su respuesta a las preguntas de Somos Madrid en atacar al principal partido de la oposición: “Más Madrid dice una cosa en público y otra en privado. En alguna sociedad ha votado a favor”, ha espetado ante las críticas de la concejala Lucía Lois, representante de la formación en el consejo de EMVS.

Almeida ha asegurado que “Sumar se abstuvo cuando se votó lo mismo en Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]”. Anima a Lois a “dar su opinión sobre la legitimidad” de ese caso, después de que la edil trasladase este miércoles su rechazo a las diestas de EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

El líder del Ejecutivo de Cibeles ha recurrido también al pago de este tipo de retribuciones en organismos estatales: “Es una homologación con el Gobierno de España, con la diferencia de que las municipales son un 50% inferiores”. Desde el área de Hacienda del Consistorio subrayan que esta novedad “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

Esas mismas fuentes aclararon a este periódico las nueve entidades que incorporarán estas dietas, aplicables incluso por la participación telemática en las reuniones: “Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”. Recuerdan que, salvo rechazo expreso de los beneficiarios (posibilidad que Almeida ha planteado a Lois en la rueda de prensa), incluye a “todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios)”.

En el caso de EMVS, según la proposición sometida a votación este jueves a la que tuvo acceso este diario, el coste de las indemnizaciones será de hasta 107.861,60 euros este 2026. El consejo plantea además aumentar su número máximo de componentes de nueve a 15, lo que implicará un dispendio más elevado.

Vox ha expulsado definitivamente al que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith, tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

Este era el último paso que le quedaba a Ortega Smith en la formación liderada por Santiago Abascal para frenar su salida y ahora, tras la decisión que se ha resuelto en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, solo le quedará explotar la vía judicial.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una “infracción muy grave” tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, “es lo legítimo” y confirmó que había presentado el citado recurso de alzada contra su expulsión. Aunque en ese momento reconoció que no iba “a servir para nada” tal recurso, Ortega Smith ya anticipó en marzo que acudiría también a los tribunales. “Me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme”, adelantó el todavía concejal en el Ayuntamiento de Madrid, que ve su expulsión como “una purga peor que las de Stalin”.

Además, el diputado ha anunciado que seguirá alargando el proceso judicial y volverá a llevar ante la Justicia su “arbitraria” expulsión de Vox. En su cuenta en la red social X, Ortega Smith ha apuntado que su expulsión definitiva es “ilegal, una vulneración de sus derechos fundamentales, arbitraria y prepotente”.

La decisión de acudir a los tribunales podría dilatar su retirada de la Portavocía del grupo municipal en la capital y evitar 'de facto' que Arantxa Cabello, la sustituta elegida por la dirección, sea la voz de los de Santiago Abascal en Cibeles.

Igualmente, el exportavoz ya denunció el mes pasado a su antigua formación ante la Agencia Española de Protección de Datos tras su expediente de expulsión por “una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador”.

Por su parte, Vox Madrid defendió la expulsión de Ortega Smith como una forma de “preservar la coherencia”, arguyendo que se ejecutó “conforme a los estatutos, con total normalidad y garantías”. “Nadie está por encima del proyecto común ni de las decisiones adoptadas democráticamente por los órganos del partido”, señalaron entonces desde la formación.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), organismo dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, propone este jueves 16 de abril incorporar una dieta de 612,85 euros por la asistencia de sus miembros a sus reuniones, aunque sean telemáticas. Pese a la oposición de los representantes de Más Madrid y PSOE, la mayoría absoluta de la derecha apunta a que la medida será aprobada y elevada a la Junta de Gobierno Municipal, controlada a su vez por el equipo de Almeida.

El Consistorio destinará más de 100.000 euros solo este año para esta nueva dieta en EMVS. Pero no será el único consejo de entidades municipales en introducir estos pagos con un gasto similar: el viernes lo vota Calle 30, responsable de la gestión de la M-30 inmiscuida en recientes nombramientos polémicos. Ya han sido validados en el de Madrid Destino y en el de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En total, la bonificación llegará a los integrantes de hasta nueve consejos de administración de organismos o compañías municipales, según reconocen fuentes del área municipal de Economía y Hacienda a este periódico.

“Es una medida que afecta a todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios). La retribución establecida será de 612 euros por asistencia en las Empresas públicas y 525 en los organismos autónomos. Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”, desgranan desde Hacienda.

“La medida, que ha sido informada a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, trata de compensar la asunción de una serie de responsabilidades, profesionalizar unas funciones específicas de los consejeros en estos órganos de gobierno clave y mejorar la formación de sus componentes”, argumentan en el Consistorio. Sostienen además que el Ejecutivo de Almeida “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

“Serán las empresas y los organismos autónomos los que propongan la composición de estos consejos, que posteriormente se elevarán a la Junta de Gobierno para su aprobación”, confirman en el área de Hacienda, al tiempo que apostillan que “cada persona solo podrá cobrar por asistir a un máximo de dos consejos de administración”.

El caso de EMVS

Analizar el organigrama y el funcionamiento del consejo de administración de EMVS Madrid sirve para ejemplificar el tipo de perfiles que se beneficiarán de esta novedad, así como la forma en la que se aplicará. De acuerdo a los estatutos de la compañía municipal, el Consejo de Administración es “el órgano de administración, dirección, gestión y representación de la Sociedad”. Se reúne en los días que acuerde y siempre que lo disponga su presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus integrantes.

El Partido Popular domina el consejo de administración de EMVS con seis de los nueve miembros, gracias a que las designaciones las lleva a cabo la propia Junta de Gobierno. Desde el partido ostentan además la presidencia, vicepresidencia y el puesto de consejera delegada. Vox cuenta a su vez con otro componente. La aritmética es similar en el resto de compañías y organismos municipales donde se abonarán estas dietas.

De este modo, solo un cambio de posición de última hora evitaría que prospere la proposición que será sometida a votación en la reunión del consejo de EMVS este jueves, a la que ha tenido acceso Somos Madrid. En ella, evidencian su objetivo de “poder llevar a cabo la aplicación de las indemnizaciones por asistencias”, para lo cual “es necesario que el consejo de administración eleve una propuesta a la Junta General de la Empresa”. Este último organismo se encuentra asimilado en la práctica por la Junta de Gobierno municipal que lidera el propio Almeida.

La instancia del consejo de EMVS a la Junta recoge en concreto que “los consejeros percibirán 612,85 euros brutos como indemnización por asistencia a los consejos de administración de la sociedad, de acuerdo con la cuantía aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid a tal efecto”. Apunta el escrito que la cantidad “se actualizará de acuerdo con lo que se establezca por acuerdo del pleno”. “Previendo la realización de un máximo de 11 consejos de administración al año, la cantidad máxima que por dicho concepto se autoriza a la sociedad para 2026 es de 107.861,60 euros”, detalla.

Según dichos estatutos, corresponde a la Junta de Gobierno “fijar la retribución e indemnizaciones de los asistentes al Consejo de Administración”. Y, más importante si cabe, “modificar los estatutos sociales”. Un apartado clave, ya que en su artículo 26 estos establecen lo siguiente: “Los miembros del Consejo de Administración, que no ostenten la condición de concejal con dedicación exclusiva o parcial, consejero delegado de Gobierno o la de personal directivo, percibirán por asistencia a sus sesiones una indemnización por el importe que determine la Junta General de la Sociedad. Fuera de ese supuesto previsto, el cargo de administrador será gratuito”. Por ello, la introducción de esta nueva dieta de 612 euros requiere cambiar los estatutos, como recoge la propuesta de la votación del jueves.

Una segunda proposición que se vota también este jueves aboga asimismo por aumentar el número máximo de integrantes del consejo, instando a la Junta de Gobierno a modificar los estatutos para elevar su tope de nueve (los que tiene actualmente) a quince miembros. En caso de aprobarse, el dispendio municipal en estas indemnizaciones por acudir a las reuniones se elevaría. Todo ello mientras matizan que las retribuciones son independientes a la necesidad o no de desplazarse: “El derecho a la percepción de estas indemnizaciones por asistencia será independiente de si la reunión del consejo se produzca de forma presencial o telemática”.

Seis de los nueve miembros actuales del consejo de EMVS son ediles con dedicación exclusiva, cinco de ellos con retribuciones anuales por encima de los 100.000 euros brutos (todos del PP): el delegado del área de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS (así como del propio consejo), Álvaro González López; la delegada de Obras, Paloma García Romero (vicepresidenta); la concejala del distrito de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva; el edil presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos y el concejal de Latina, Alberto González. El socialista Pedro Barrero, último miembro del consejo con dedicación exclusiva, percibe 66.000 euros brutos anuales.

Completan el organigrama la edil de Más Madrid Lucía Lois, con dedicación parcial al 85%; la concejala de Vox Arantxa Cabello (que declaró en 2025 algo más de 20.000 euros anuales de retribución municipal en concepto de asistencia a órganos colegiados) y la consejera delegada Ana de Miguel, la única componente que no ejerce de edil en Cibeles.

De Miguel es, eso sí, una vieja conocida del poder político madrileño. Fue directora de gabinete de Almeida en sus primeros tres años como regidor y a continuación ocupó el cargo de directora general de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos hasta 2025, año en el que declaró unos ingresos por encima de los 100.000 euros brutos y en el que sustituyó en el puesto de consejera delegada de EMVS a Diego Lozano. Un curioso intercambio de cromos, ya que Lozano pasó a convertirse a su vez en director de gabinete del alcalde.

Lois aclara por su parte la oposición a esta y el resto de bonificaciones que prevé el equipo de Almeida: “Desde Más Madrid vamos a votar en contra de la indemnización por asistencia a los consejos porque no lo vemos necesario”. Cuestiona especialmente que se aplique en EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

“Consideramos que el destino de los recursos públicos debe ser la prioridad para abordar este enorme problema. EMVS tiene un propósito muy claro, aunque al Gobierno de Almeida se le olvida: garantizar el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables”, clama la edil. “Los esfuerzos deben centrarse en más presupuesto para ampliar el parque de vivienda pública y reforzar los programas de ayuda al alquiler para quienes menos tienen. Pero está muy claro que al PP esto le interesa más bien poco”, lamenta.

“Almeida está utilizando el suelo público para hacer negocio con la vivienda mientras expulsa a quienes más la necesitan. El modelo de alquiler asequible, en vez de dirigirse a las familias con menos ingresos, va a permitir el acceso a hogares con rentas de hasta 7,5 veces el IPREM, es decir, en torno a 80.000 euros anuales. Eso no es vivienda para rentas bajas”, recuerda como conclusión.