Florentino Pérez tiene en mente varios planes para asegurar abundantes ingresos para el Real Madrid durante las próximas décadas que mantengan un alto nivel deportivo. La millonaria remodelación de su estadio –1.300 millones– es solo el eje sobre el que pivotarán los negocios del club blanco, algunos de los cuales necesitan de permisos, concesiones o recalificaciones de las administraciones públicas para llevarse a cabo.

De entre ellos, el más importante es el de convertir los terrenos baldíos de Valdebebas, junto a su ciudad deportiva, en un gran campus tecnológico y educativo al que podría añadir servicios de ocio, que no encajan en los actuales usos para los que está pensada la parcela, de 1,2 millones de metros cuadrados. La intención del Real Madrid es separar los campos de entrenamiento y el estadio Alfredo Di Stéfano de ella, actualmente con uso dotacional deportivo privado, y recalificar para poder albergar las nuevas actividades los restantes 850.000 metros cuadrados a uso terciario, un uso mucho más rentable.

El Gobierno de Almeida ya está moviendo fichas para cumplir los trámites necesarios. De momento, acaba de encargar el estudio económico necesario para luego llevar a cabo la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana, la figura legal que permite la recalificación. La sintonía entre el Ayuntamiento y el Real Madrid en este caso parece bastante cercana, como mostró el propio alcalde al acudir a la presentación del proyecto, que se llama Madrid Innovation District (MID) y que tuvo lugar en mayo de 2025 durante un acto a puerta cerrada. También estuvo allí la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuyo apoyo también es imprescindible para llevar a cabo una operación que promete atraer una inversión de 8.500 millones de euros.

Queda por saber qué reclamará el Ayuntamiento al Real Madrid por el incremento del valor de sus terrenos en esta operación. El propio Florentino Pérez aseguró durante su última campaña electoral por la presidencia que la parcela sin urbanizar está valorada en 1.000 millones de euros, aunque no detalló si esa valoración estaba calculada con el actual uso o con el que pretende darle. En cualquier caso, parece que la compensación a la ciudadanía de la capital por esta recalificación debería ser muy alta. El siguiente gran paso para este proyecto será el de la aprobación inicial de la propuesta de recalificación y su exposición pública, ante la que se podrán presentar las correspondientes alegaciones. Los trámites se alargarán varios meses y salvo sorpresa no llegarán a ser aprobados hasta la siguiente legislatura.

Pese a la relevancia de lo que se cuece en esa parcela de Valdebebas, pocos detalles se conocen del proyecto: ningún periodista ha podido preguntar al Real Madrid por los detalles, ya que en su presentación no hubo contestación alguna. Entonces, en declaraciones enviadas a los medios, Pérez aseguró que quería convertir Valdebebas en el “Silicon Valley” europeo. Antes, un vídeo de presentación publicado por el club deportivo apuntaba a que el campus albergaría compañías relacionadas con la inteligencia artificial, el big data, la educación o la investigación, además de empresas biológicas, de biotecnología, farmacia, genética, medicina deportiva y nutrición. También contemplaba otros negocios distintos a los puramente innovadores, como “empresas y universidades de ocio y tecnología, producción audiovisual, aplicaciones digitales, eSports, arte digital y entretenimiento”.

Un aparcamiento junto al Bernabéu y la cesión de la plaza

El segundo de los grandes negocios ideados por Florentino Pérez para el Real Madrid es el de los dos aparcamientos sobre suelo público (uno bajo Castellana, otro a lo largo de Padre Damián) que iba a explotar durante los próximos 40 años hasta que los vecinos de la zona se cruzaron por el medio. Una sentencia del Supremo tumbó a principios de mes el concurso que el Ayuntamiento le había hecho a medida y adjudicado en verano de 2023. La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público”, entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora por el Supremo. Aquella sentencia consideró acreditado que hubo cambios relevantes en el estudio de viabilidad económico-financiera y estos no se sacaron a información pública, como era obligatorio. Los aparcamientos, además, son incompatibles con el propio Plan Especial del entorno, algo que ya pusieron de manifiesto los técnicos municipales del área de Desarrollo Urbano a través de un documento desvelado por Somos Madrid.

Una vez enterrado ese concurso, el Ayuntamiento intenta sacar adelante otro para salvar el parking de la Castellana. Lo hace para intentar salvar las aspiraciones del Real Madrid y por la elevada factura que el club blanco ha amenazado cobrar, que podría elevarse hasta los 22,5 millones de euros (17,4 por las obras ya ejecutadas, 3,5 millones por los costes de desmovilización, seguridad y desmantelamiento de la obra y 1,6 millones por el alquiler de instalaciones, los salarios del personal o las extensiones de garantías). De momento el área de Movilidad se ha reunido una vez con la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB), la que logró la victoria judicial, para intentar convencerles de que no se opongan a un nuevo concurso. La idea del consistorio es que esta vez sí que haya espacio para los residentes en estas instalaciones, al contrario que en el primer concurso, que incluía 1.299 plazas solo para rotación -más rentables- distribuidas en cuatro sótanos.

Una de las claves del primer concurso es que el Real Madrid iba a llevarse también la gestión privada de 10.000 metros cuadrados de espacio público junto al estadio, donde el club merengue iba a poder organizar eventos. El Ayuntamiento podría intentar ahora volver a incluir esta cláusula, con evidentes ventajas para el club de Florentino Pérez. En este caso, los plazos son más cortos para que el concurso pueda ser adjudicado antes de que acabe mayo de 2027 -cuando serán las próximas elecciones municipales- y el Gobierno de Almeida podría intentar acelerar para completar todo el proceso burocrático justo antes de los comicios, aunque siempre estará el peligro de una nueva demanda vecinal de la AVPB, en el caso de que se vuelvan a oponer a la operación.

La vuelta de los conciertos, más lejana

El Real Madrid salió triunfante de otra denuncia de la AVPB sobre los eventos musicales que acogió en el año 2024. El director general del club, José Ángel Sánchez, evitó el juicio al que parecía abocado por haber permitido conciertos que se saltaron los niveles máximos de ruido. Después de haber constatado que el club blanco no es responsable de estas superaciones por alquilar su estadio, Florentino Pérez daba por hecho que volverían los grandes eventos, pero los promotores -que tendrían que pagar las multas y exponerse a las denuncias- aún no lo ven tan claro.

“Van a hacer unas normas especiales”, aseguró el presidente merengue sobre una supuesta relajación en las normativas que estarían preparando Almeida y Ayuso. “Hay que entender que vivimos en una ciudad de ruido”, respondió la segunda para justificar un posible cambio legal que parece será introducido en su recién iniciada ley LIDER. En este caso, el alcalde de Madrid se ha desmarcado de los favores habituales hacia el equipo de fútbol y considera que no debe tocar la parte municipal del control de decibelios. “Nosotros esto no nos lo planteamos en este momento y, en su caso, debería ser una cuestión que suscitara un amplio debate, si en algún momento dado planteáramos que se pudiera llegar a su modificación”, argumentaba esta misma semana.

La primera vez que Joaquín vio a España conquistar un Mundial, sus dos hijos gemelos tenían apenas cinco años. “Eran muy pequeñitos”, recuerda. Por aquel entonces, en 2010, pensó que era muy probable que aquello jamás se repitiese. Pero sucedió. En su casa, sin embargo, la final del pasado domingo se vivió con pesar. “Apenas lo celebramos. Fue una pena”. Unos días antes, la noche del martes 14 de julio, uno de sus hijos sufrió una brutal agresión policial mientras celebraba el triunfo de España ante Francia en las semis. Fue en los alrededores de la plaza de Colón, donde estaba instalada una de las pantallas gigantes para seguir el partido en las calles de Madrid. Fruto de esa actuación del agente, el joven de 21 años ha perdido un testículo.

“Estamos buscando testigos y más vídeos. Fue un hombre de algo más de 1,80, con complexión fuerte y barba. Es importante destacarlo para encontrar al autor y que algo así no se repita”, recalca en su conversación con Somos Madrid. Lo hace después de narrar con indignación todo lo acontecido esta última semana, aunque “más relajado y más tranquilo” que en sus primeras intervenciones televisivas sobre el tema. “Me pilló en Italia, lejos de casa. Cuando le pasan cosas así a los tuyos y no estás cerca la intranquilidad y el dolor son todavía mayores”, explica. Ya de regreso a Madrid y con su hijo fuera de peligro más allá de la extirpación, ha podido serenarse, aunque no su ímpetu por “hacer Justicia”.

“No entiendo que la policía se líe a porrazos de una forma salvaje. Los médicos nos dijeron que cuando se recibe un golpe de este tipo suele provocar un dolor intenso, pero para que llegar al estado de necrosis que obligó a quitárselo es muy inhabitual. Tuvo que ser un golpe tremendo”, cuenta Joaquín. A raíz del ataque, buscó otras actuaciones cuestionables de esa misma noche y concluye que es “tremendo” ver “cómo apalean gente en el suelo”. Jóvenes, adultos, personas mayores y niños que “simplemente celebraban el pase a la final del Mundial, que solo dejaban ver su alegría sin romper nada hasta que llegó la Policía”.

En imágenes de la celebración en torno a Colón puede verse cómo algunos aficionados toman las calles de alrededor y ocupan parte de la calzada, aunque un vídeo de la agresión muestra que el joven se encontraba en un paso de cebra (eso sí con el semáforo en verde para coches y el paso prohibido a viandantes). Estampas no muy distintas a las que poblaron todos los puntos de España esa noche y la de la victoria en la final, donde la mayoría de vehículos se sumaban al jolgorio haciendo sonar sus cláxones o sacando banderas por las ventanillas.

Joaquín cuestiona además que la agresión a su hijo, previa a las cargas policiales, incumple los protocolos en este tipo de actuaciones: “Cuando das un porrazo puede pasar cualquier cosa, pero se supone que los policías están entrenados para no dar en ciertas partes como la cara o las zonas íntimas. No entiendo por qué pasó lo que pasó y se incumplieron las normas más básicas”. Destaca que, según muestra el vídeo que ha podido ver, el propio agente da la vuelta a su hijo antes de golpearle en los testículos en lugar de la zona trasera.

Una violencia excesiva y descontrolado que ha motivado la rápida puesta a disposición del caso en los tribunales. “Presentamos la denuncia el viernes pasado y la primera cautelar del juez ha sido intervenir esas imágenes y las de las cámaras”. Además de la querella criminal, han iniciado un procedimiento civil para una indemnización. “Lo importante es localizar a la persona que ha hecho esto y que no pueda volver a hacerlo. Es un tipo que denigra al cuerpo y no debería llevar ese uniforme. La Policía no está para corromper el orden público y perturbar una celebración”.

Un policía sin identificar, ni siquiera el cuerpo al que pertenece

La grabación de una persona cercana al suceso no permite esclarecer el cuerpo al que pertenece el agente, según apunta Joaquín. Espera que las de las cámaras de la zona, que el magistrado ya ha solicitado, puedan esclarecer este punto e identificar al agente en concreto. Por el momento, tanto el Ayuntamiento como la Delegación del Gobierno han negado que forme parte de los cuerpos que dependen de cada administración: la Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional, respectivamente. Aunque en el primer caso, la negativa no es tajante.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, aseguraba el pasado miércoles desde Cibeles que el Gobierno municipal no tienen “ningún tipo de confirmación de que haya ningún Policía Municipal implicado”. A renglón seguido, la concejala apostilló que abrirán “la correspondiente investigación en el caso de que llegase la denuncia que se ha presentado en los juzgados”.

Más claro fue el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que descartó que se trate de un profesional del cuerpo estatal en una entrevista para el programa Mañaneros 360 de RTVE: “No se trataría de una actuación de la Policía Nacional, aunque hay que dejar avanzar la investigación. Las imágenes parecen inaceptables y hay que adoptar las medidas necesarias”. En conversación con este periódico, Joaquín agradece a Martín el “gesto humano” y haber sido la única autoridad que se ha puesto en contacto con la familia después de lo ocurrido: “Hubiera agradecido que también lo hicieran desde el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid”.

Joaquín denuncia burlas en redes sociales

“En una casa esto no es poco, por mucho que pueda parecerlo y hasta haya gente que se ha burlado en redes. Mi madre, su abuela, estuvo llorando toda la noche en la que ocurrió”, subraya este padre coraje en busca de reparación. Aunque pueda parecer lo de menos, lamenta también no haber podido disfrutar de unos días tan especiales para todos: “No vivimos la final como el resto. Estábamos encantados con la victoria, claro, pero teníamos una desgracia vinculada además a la propia selección. Aunque indirectamente, claro, ellos son los menos culpables”.

Un equipo que ha conseguido, dice, “la comunión de todo un país”. Y esa unión que se saldó sin apenas destrozos, recuerda: “El día de la semifinal no hubo ni un detenido en Madrid”. Porque aquella noche lo que se quebró, al menos durante unos días (pero qué días), fue la ilusión de una familia: “Nos rompieron la alegría”, concluye Joaquín.

Pocas horas después de que la afición española estallase de alegría junto a la selección española, durante la celebración por la consecución de la segunda Copa del Mundo, Cibeles se prepara para un lavado de cara. No es que la hinchada haya deteriorado el monumento, sino que se trata de una restauración anunciada el pasado año para frenar y paliar el deterioro de este icono de Madrid.

El Ayuntamiento invierte 260.000 euros en una intervención de cinco meses que “garantizará la conservación del conjunto monumental”, resguardado ahora tras una lona. La Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Consistorio determinó la necesidad de la actuación por la acumulación de suciedad, grietas y fisuras; corrosión en elementos metálicos; alteraciones en la piedra; reintegraciones y morteros en mal estado en algunas zonas del conjunto monumental. También preparan medidas destinadas a mejorar la estabilidad del monumento, así como la reintegración de pequeñas pérdidas y el entonado final del conjunto.

Además de insistir en los pormenores de la rehabilitación, la principal novedad que han trasladado las autoridades en el acto de este miércoles es que los vecinos y vecinas de Madrid podrán visitar por primera vez la fuente, más allá de contemplarla a unos cuantos metros desde zonas peatonales o de subirse a ella para celebrar gestas deportivas (cuando estaba permitido). Así lo han comunicado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz y la concejala delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que ha definado como “un chequeo” la obra de mejora y ha advertido que la circunstancia de mayor gravedad es “un leve movimiento” en la fuente.

En total, se van a habilitar 176 visitas guiadas con 2.640 plazas. Las primeras serán este sábado 25 y domingo 27 de julio, mientras que las demás tendrán lugar ya en septiembre. Las plazas pueden reservarse desde este jueves 23 de julio a las 10.00 en este enlace. Lo esperable es que se agoten en pocos minutos, como ya ocurrió con la rehabilitación de la Puerta de Alcalá, incluida igualmente en el programa Abierto por Restauración.

Estas visitas, de unos 50 minutos cada una, contarán con un guía y una persona auxiliar. Se llevarán a cabo alrededor del monumento y dentro del andamiaje, por lo que las medidas de seguridad son estrictas: no se permite calzado abierto como chanclas, llevar maletas y mochilas de gran tamaño o que suban menores de edad. Además, hay que acudir debidamente indentificado con DNI y es imprescindible completar la actividad con el casco de obra puesto.

Una serie de medidas que este miércoles han tenido que respetar ya las autoridades y periodistas que han contemplado el avance de los trabajos. Además de lo impresionante de contemplar a la Cibeles y sus leones a solo dos palmos, las explicaciones de las expertas son el complemento perfecto. Arquitectas y restauradoras han detallado minuciosamente el origen de la fuente, sus componentes (atención al contraste entre el mármol de Montesclaros con el de Carrara), sus simbolismos o las reformas que ya ha experimentado a lo largo de su historia.

250 años de historia, ahora más cerca que nunca

Diseñada por Ventura Rodríguez en 1777 dentro del proyecto de embellecimiento del Salón del Prado (1775), la fuente de Cibeles constituye uno de los principales emblemas de Madrid. La figura de la diosa fue esculpida por Francisco Gutiérrez Arribas, mientras que los leones fueron obra de Roberto Michel.

A lo largo de más de dos siglos de historia, la fuente ha experimentado diferentes transformaciones y actuaciones de conservación. Trasladada a su ubicación actual en 1895, ha sido restaurada en distintas ocasiones (1980 o 2016) para garantizar su preservación. Desde 2021, forma parte del Sitio Patrimonio Mundial Paseo del Prado y Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, conocido como Paisaje de la Luz, y continúa siendo uno de los monumentos más reconocibles y representativos de la capital.

La arqueóloga Elena Rosado ha explicado a los medios que la reforma sigue a la de Neptuno (entre 2024 y 2025) y la de Apolo (2018), monumentos con un origen hermanados en el citado Salón del Prado. Ha detallado además que el proyecto de Ventura Rodríguez incluia un surtidor y un abrevadero al que dar forma con la escultura de unos niños. “Finalmente no lo pudo hacer y años después Juan de Villanueva colocó ahí un oso y un dragón, que permanecieron un tiempo hasta su insalvable deterioro”, ha expuesto.

A continuación, Rosado ha recordado el traslado a su céntrica ubicación actual a finales del siglo XIX. “Fue entonces cuando los leones y la diosa se orientaron hacia Sol, en vez de hacia Neptuno”, ha apostillado. También ha recuperado dos pasajes oscuros: cuando las celebraciones de triunfos del Real Madrid provocaron que la diosa perdiera su mano por el comportamiento incívico de algunos hinchas. Ocurrió por dos veces, en 1994 y 2002.

Como complemento a las visitas de la fuente de Cibeles, esta edición de Abierto por Restauración incluirá recorridos guiados al Pabellón de los Hexágonos, actualmente en proceso de rehabilitación. En total, el programa ofrecerá 248 visitas y 4.800 plazas gratuitas, de las que 72 visitas y 2.160 plazas corresponderán al pabellón.

“Es escandaloso, una censura”. La Melonera, las fiestas más importantes de Arganzuela que animan el distrito madrileño cada septiembre, van camino de embarrarse este 2026 con un nuevo choque del tejido vecinal con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Las bases para la concesión e instalación de casetas de entidades y colectivos ciudadanos incluyen un novedoso punto que ha causado estupor, tanto entre la oposición como entre diversas agrupaciones de la zona. De hecho, la reacción anticipa ya una batalla legal.

Se trata del apartado 7 del artículo 6 de dichas bases, publicadas el pasado 22 de junio y elaboradas por la Junta Municipal de Arganzuela. La redacción del texto ha levantado ampollas al detallar que “únicamente podrá exhibirse el nombre de la entidad adjudicataria” y “no se autorizará la colocación de elementos distintos de los estrictamente relacionados con la actividad (tales como productos, precios u otros similares)”.

La siguiente frase es todavía más contundente: “En ningún caso se permitirá la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales”. A continuación, el documento detalla las sanciones por no cumplir con la norma: “Dará lugar a la penalización de la entidad responsable, impidiéndole concurrir a las dos convocatorias siguientes”.

Las palabras que abren este artículo son de Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial. Conversa con Somos Arganzuela mientras compagina el inicio de sus vacaciones con la coordinación de un futuro comunicado de entidades vecinales y sociales al respecto de la polémica. “No hay ningún otro distrito con estas condiciones”, dice. Ni siquiera Hortaleza, donde el tejido asociativo acusa al edil David Pérez de boicotear la participación de agrupaciones de residentes en festejos populares, de manera que la continuidad de estas entidades queda en entredicho al perder una importante fuente de recaudación. Pérez ha sido bautizado incluso por los vecinos como “concejal aguafiestas”.

La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón

Susana de la Higuera — Portavoz de la AV Pasillo Verde Imperial

De la Higuera cree que la Junta de Arganzuela, presidida por Lola Navarro (uno de los perfiles más controvertidos del Ejecutivo de Almeida), ha ido incluso más allá. Desde su punto de vista, el discutido artículo “arremete contra los derechos constitucionales y la libertad de expresión”. Implicaría, por ejemplo, que las asociaciones no puedan poner un cartel con el mensaje “no a la tala” en las casetas. Una consigna que ha vertebrado las luchas vecinales del distrito, sobre todo a raíz de las obras de la línea 11 en Madrid Río. Tampoco lemas contra la eventificación del parque Tierno Galván. Ni la bandera de Palestina o la arcoíris. Solo el nombre de cada entidad y los productos que venden, principalmente bebidas y comida.

Avanza que están estudiando tomar “medidas legales” si la Junta Municipal no rectifica. “Viola nuestros derechos u merece una reprimenda pública”, insiste. “Quieren acallar las voces críticas de Arganzuela”, asegura la dirigente de una de las asociaciones más activas de la zona.

Este diario ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos de la actualización de las bases y su defensa ante las acusaciones de “censura”. Hablan de “elementos provocadores” y remiten a las explicaciones del coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de Arganzuela celebrado el pasado martes 14 de julio: “Las bases se han modificado en función de las experiencias de años anteriores. Se exige que las casetas las gestionen las entidades que las solicitaron y se publiciten exclusivamente esas entidades. No se trata de censura, simplemente son fiestas vecinales y lo que se busca es mantener la correcta convivencia. Por eso se entiende que no es un espacio para colocar elementos provocadores, sino los propios de las asociaciones vecinales, de manera que se eviten posibles situaciones de conflicto”.

“No quieren que haya caseta vecinal. No les gustamos”, cree por su parte Susana de la Higuera. Las protestas de este tipo de agrupaciones se han convertido en santo y seña de La Melonera, hasta el punto de que promueven una marcha anual el día del pregón (al cual ya no acude Navarro). “Ya que no pueden prohibir la manifestación, quieren prohibir los mensajes. Y que si no lo cumplimos, nos retiren la caseta”, alerta. “La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón”.

Rita Maestre habla de “control ideológico” y anuncia un recurso

Desde Más Madrid han presentado un recurso de reposición contra las bases establecidas desde la Junta de Arganzuela. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, argumentan que “la resolución es contraria a Derecho y lesiva para los derechos e intereses legítimos”. “La presente redacción supone la reducción de los derechos de expresión y la libertad sobre el ornato, estética, contendido e imagen de las casetas para las entidades ciudadanas, partidos políticos o grupos municipales que pudieran solicitarlas”, añaden. Por todo ello, solicitan la suspensión cautelar de la ejecutiva del apartado 6.7 del documento que regula la instalación de casetas en los festejos.

Para Rita Maestre, portavoz del principal partido de la oposición en Cibeles, el objetivo es “frenar la censura que quiere imponer a las Fiestas de La Melonera”. “Pedimos la nulidad y la suspensión cautelar de la cláusula mordaza que impide al tejido asociativo ejercer su libertad de expresión. Por primera vez en la historia de estos festejos, el Ayuntamiento pretende prohibir las banderas, pancartas o símbolos que no sean de su agrado. Quieren imponer unas fiestas de pensamiento único”, alerta la edil en declaraciones a este periódico.

“Traducido al día a día, este año el PP quiere prohibir que en las casetas se cuelgue una bandera LGTBI, una enseña palestina o cualquier lema vecinal”, sintetiza Maestre. “Esto se llama censura previa y la Constitución la prohíbe”, asevera. En concreto, desde su formación argumentan que la cláusula “vulnera derechos fundamentales como el de libertad de expresión o el de asociación y participación”, con el propósito de “controlar ideológicamente lo que siempre ha sido un espacio de diversidad y de libertad”.

“Jamás ha habido ningún problema en un espacio de encuentro y convivencia en unas fiestas que son reflejo de la pluralidad y buen ambiente del barrio. El PP crea problemas donde no los hay, solo porque no soporta que haya quien le pueda llevar la contraria. Esperamos que el Ayuntamiento reconsidere este atropello y se estime nuestro recurso”, concluye Maestre.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la construcción de una nueva escuela infantil municipal en el distrito de Retiro, que se ubicará entre las calles Adelfas y Valderribas. Así lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo local.

El nuevo equipamiento, que será ejecutado por el Área de Obras y Equipamientos, contará con un presupuesto base de licitación de 4,6 millones de euros y dispondrá de una superficie construida de 1.652 metros cuadrados. El edificio tendrá sótano, planta baja y primera planta.

La futura escuela infantil albergará seis aulas, todas ellas equipadas con los espacios de servicio necesarios, como cambiadores, aseos, zonas de almacenamiento y fregaderos. Además, cada aula contará con acceso directo a espacios exteriores destinados al juego y las actividades al aire libre.

El centro también dispondrá de un hall principal, sala de usos múltiples, cocina, biblioteca, vestuarios, aseos, dependencias administrativas, almacenes y cuartos de instalaciones, con el objetivo de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de los menores de entre 0 y 3 años.

Esta nueva dotación refuerza el esfuerzo inversor en nuevos equipamientos emprendido por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. En este sentido, con una inversión de más de 590 millones de euros, la ciudad suma 107 nuevas dotaciones municipales (88 ya finalizadas y otras 19 en construcción) desde 2019. Se trata de escuelas infantiles, centros de mayores y de día, polideportivos, centros culturales, bibliotecas, centros de servicios sociales, instalaciones para los servicios de seguridad y emergencias, equipamientos administrativos y dotaciones de economía, empleo e innovación, entre otros, en los 21 distritos de la ciudad.

La red municipal alcanzará las 80 escuelas infantiles

Durante la rueda de prensa, Sanz ha destacado que desde la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía, en 2019, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una decena de escuelas infantiles municipales en distintos distritos de la ciudad, entre ellas la Margarita Salas, también ubicada en Retiro, además de centros en Moncloa-Aravaca, Centro, Villaverde, Villa de Vallecas, San Blas-Canillejas, Tetuán y Vicálvaro.

Ahora, con esta nueva infraestructura y la prevista en el barrio de El Cañaveral (Vicálvaro), Madrid alcanzará las 80 escuelas infantiles municipales, cumpliendo así el objetivo fijado en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Los centros abiertos entre 2019 y 2026 suman 941 plazas, el 10% del total de la red municipal. A ellas se añadirá el próximo curso 2026-2027 el centro de la calle Francisco Remiro, en el distrito de Salamanca, mientras que recientemente también se iniciaron las obras de una nueva escuela infantil en el barrio de San Fermín (Usera). Entre las actuaciones ya ejecutadas y las que están en marcha, el Ayuntamiento cifra la inversión destinada a estas infraestructuras en más de 40 millones de euros.

“Alejandro tenía razón. El tejido vecinal también. Y vamos a seguir hasta que se depuren responsabilidades, se repare el daño causado y se garantice que ninguna persona mayor vuelva a ser tratada de esta manera”. Con esta contundencia cierra su escrito la Asociación Vecinal La Chispera, remitido a los medios a los pocos minutos de que trascendiera una noticia por la que llevan meses luchando: este hombre de 81 años podrá permanecer en su apartamento municipal para mayores del residencial San Francisco, en el número 1 de la céntrica calle del Jerte. “Le he ganado al santísimo señor alcalde. Me puedo quedar aquí hasta que me muera”, ha festejado el propio Alejandro en un vídeo colgado en las redes sociales de la agrupación vecinal.

La noticia saltaba el pasado lunes. La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid deniega al Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, la autorización para desalojar temporalmente a uno de los últimos residentes de estos pisos cuya titularidad ostenta el Consistorio. Según la resolución, que es recurrible y por tanto todavía no firme, el Gobierno de Cibeles no ha justificado con informes técnicos que las obras de rehabilitación en el inmueble exijan vaciarlo por completo. Pese a ello, el Ejecutivo de Almeida ha expulsado ya a 59 de los 61 residentes en el edificio.

La corporación local se apoyaba en una nota interna de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, fechada el 21 de abril de 2025, según la cual “el inicio de las obras contempladas en el proyecto no puede tener lugar si el edificio no se encuentra completamente libre de ocupantes”. Para el juez, por contra, esta afirmación “no se encuentra suficientemente justificada”: “No consta en el expediente administrativo ni en la documentación disponible o facilitada que exista un informe de naturaleza técnica”. Esto es, un estudio donde se expliquen las razones por las que resulta “imperativa” la necesidad de desocupar por completo la construcción.

“El auto deja claro que una medida de este tipo no puede concederse de forma automática, sino que exige justificar su necesidad, su procedencia y su proporcionalidad. Una información que el Ayuntamiento no ha aportado”, sostienen desde La Chispera. “La resolución subraya que ni en el escrito de solicitud ni en la documentación aportada por la Administración consta el hecho de que el residente se opusiera a abandonar su residencia, cuando se le intentó desalojar en junio de 2025. Esta omisión de información, afirma el juez, vuelve la solicitud improcedente”, añaden desde esta entidad vecinal, que opera en la zona del distrito Centro popularmente conocida como La Latina.

Pese al revés de los tribunales, Almeida ha insistido este martes en que “hay problemas técnicos que afectan a la estructura y la estabilidad del inmueble”. Recalca que “hay otros dos autos anteriores de jueces que sí nos han dado la razón y han permitido que los vecinos se pudieran ir”. Ocurrió tras las denuncias de algunos de los 59 residentes que ya abandonaron sus apartamentos. Para el regidor, “la persona que quiere ocupar el piso debe saber que es necesario para garantizar la seguridad que se puedan ejecutar las obras, que le vamos a dar una alternativa como a la mayoría de vecinos y que va a poder volver sin incremento de renta”. “No lo hacemos por capricho”, ha dicho el alcalde, antes de adelantar que están “estudiando” un posible recurso “si se dan las condiciones”.

Dos años de batalla legal

“Estamos ante una decisión que frena una actuación municipal mal planteada y que desautoriza un nuevo intento de avanzar por la vía de la imposición”, denuncian, después de una gran movilización que comenzó en 2024. Las primeras notificaciones de desalojo llegaron en junio de aquel año. En ellas se les comunicaba que serían reubicados transitoriamente en otras residencias de la Comunidad de Madrid. Dos años después, solo Alejandro Ibáñez y otra persona permanecen en el lugar. Desde La Chispera sostienen que la mudanza forzosa tendría duras consecuencias sociosanitarias para la vida de ambos.

Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) que ha gestionado la defensa de Alejandro, cuestiona las actuaciones ejecutadas por el equipo de Almeida: “Se podría alegar que el ayuntamiento no ha seguido el procedimiento, que no se han hecho las cosas como se deberían de hacer y, por tanto, podemos decir que aquí ha habido unos intereses políticos. No estaba bien justificado”.

“Por eso esta resolución es tan importante. Porque confirma que resistir tiene sentido. Porque demuestra que había razones humanas, sociales y jurídicas para oponerse. Y porque lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva”, expone La Chispera en su comunicado.

La resolución lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva

Creen que la resolución, emitida el pasado 2 de julio, “tiene que marcar un punto de inflexión”: “El Ayuntamiento de Madrid debe abandonar de inmediato la estrategia de presión, desgaste y hechos consumados con la que ha gestionado este conflicto. No basta con encadenar decisiones administrativas y tratar después de imponerlas por la fuerza. Cuando lo que está en juego es la vivienda, la dignidad y la cida de personas mayores, la obligación institucional es extremar las garantías, la transparencia y el cuidado. Y eso es exactamente lo que no ha ocurrido en los Apartamentos San Francisco”.

Se ha sumado a las críticas y a la congratulación por la decisión judicial Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en Cibeles: “Almeida se empeñó en echar a los mayores para acometer obras en los apartamentos de San Francisco, en vez de hacerlas por fases y ofrecer alternativas como propusimos. La victoria judicial de Alejandro, de la mano de la asociación vecinal La Chispera, debe marcar el regreso de todos los vecinos”, ha publicado en Blue Sky.

“Dos años lleva Almeida anteponiendo cualquier cosa al bienestar de las personas mayores. Dos años negándose a arreglar los apartamentos plantas para no tener que sacarles de sus hogares. Constantemente se hacen obras en inmuebles residenciales, en hospitales y en edificios municipales. No por eso se desaloja el edificio entero. La victoria de Alejandro debe marcar el regreso de todos. Y Almeida tiene que habilitarles las casas de manera urgente, permitir su vuelta a los apartamentos y hacer lo que tenía que haber hecho hace dos años: ejecutar las obras por fases”, ha incidido este lunes la concejala en declaraciones a los medios de comunicación.

Ana Lima, concejala del PSOE, ha asegurado asimismo que el auto “deja en evidencia” al Gobierno de Almeida, al que ha reprochado que se sacara de sus viviendas a personas mayores “cuando no había un informe técnico que lo avalara”. “Ni había riesgo de ruina inminente, ni había riesgo de demolición, ni tampoco había un informe técnico que avalara que no se podían hacer las obras con las personas dentro. Y, sin embargo, solo con una nota interna se decidió arrancarles de sus hogares”, ha manifestado. Lima ha acusado al alcalde de actuar con la “máxima dureza” hacia los vecinos y ha afirmado que las personas afectadas fueron trasladadas a residencias sin que se estudiaran otras alternativas adecuadas a sus circunstancias. “Esto no es una buena gestión, es opacidad, insensibilidad e irresponsabilidad política”, ha aseverado la socialista en declaraciones a la prensa.

Ni La Chispera ni el propio Alejandro van a quedarse aquí, como subrayan en el comunicado: “La lucha vecinal no termina con este auto. Tanto los residentes que permanecen en la residencia como aquellos que ya fueron desplazados siguen peleando para poder recuperar su vida cotidiana en el barrio. Desde la asociación seguiremos exigiendo transparencia a la administración, y señalando la responsabilidad política del Ayuntamiento. También seguiremos pidiendo el comienzo inmediato de las obras, con el objetivo de que los residentes puedan volver lo antes posible y recuperar su vida y su autonomía”.

El pasado 15 de mayo, como ya viene siendo tradición desde hace varios años, arrancó la temporada de verano en las piscinas municipales de Madrid. Desde los primeros días de apertura los trabajadores de las instalaciones de Usera, Villaverde y Moratalaz comenzaron a advertir una anomalía que pronto dejó de parecer algo puntual: los vigilantes de la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento no estaban acudiendo a sus puestos.

Los primeros días faltaban efectivos en algunos turnos. Si normalmente había dos, en esos momentos solo se presentaba uno. Pero a finales de mayo, de un día para otro, dejaron de presentarse todos a sus puestos de trabajo. Debido a la ausencia de seguridad, los trabajadores de las piscinas municipales de Orcasitas y de Plata y Castañar se vieron obligados a afrontar por su cuenta los incidentes que se producían con los usuarios, desde los incumplimientos de las normas básicas hasta situaciones de violencia que acabaron en agresión.

Todo cobró sentido cuando los trabajadores, a través de la prensa, tuvieron conocimiento de que la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia, Security Services Kuo S.L., había solicitado el concurso voluntario de acreedores. Según el auto dictado el pasado 11 de junio por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico, la compañía reconocía una situación de insolvencia actual, con un activo valorado en 4,58 millones de euros frente a un pasivo superior a los 13,3 millones, abriéndose directamente la fase de liquidación.

La declaración de concurso vino a confirmar lo que los trabajadores ya llevaban semanas sospechando: la empresa había dejado de prestar el servicio. Para ese momento, desde la plantilla de las piscinas municipales afectadas ya se habían puesto en contacto con delegados sindicales y representantes del comité de empresa advirtiendo de la situación. “Ahí fue cuando empezamos a investigar lo que estaba pasando”, explica Eulalio Fernández, secretario del sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) en el Servicio Municipal de Deportes.

Después de visitar personalmente los centros deportivos afectados, los representantes sindicales comprobaron que la ausencia de vigilancia era una realidad. La problemática se concentraba principalmente en Usera y Villaverde, donde operaba Security Services Kuo S.L., aunque en Moratalaz, con otra empresa de seguridad al mando, comenzó a producirse una situación semejante.

La preocupación entre las plantillas iba en aumento. En la piscina de Orcasitas, por ejemplo, estaba previsto que trabajaran cuatro vigilantes diarios, dos en el turno de mañana y otros dos durante la tarde. De cuatro pasó a cero y los propios trabajadores tuvieron que empezar a hacer frente a los altercados. El comité de empresa, a través de las Juntas de Distrito de Villaverde y Usera, expuso la problemática al Ayuntamiento de la capital y les informaron de que estaban iniciando expedientes sancionadores por los reiterados incumplimiento con el objetivo de reunir las causas necesarias para resolver los contratos.

Sin embargo, la situación administrativa de la empresa complicaba cualquier solución inmediata. El Ayuntamiento inició a finales de junio y principios de julio los procedimientos para resolver los contratos de vigilancia correspondientes a los distritos de Villaverde y Usera por incumplimiento contractual. Pero para entonces la adjudicataria ya se encontraba inmersa en el procedimiento concursal, mientras que las piscinas llevaban en funcionamiento casi dos meses con los trabajadores inmersos en una situación de desprotección total.

Para María Caso, concejala del Grupo Municipal Socialista y portavoz adjunta de la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, lo ocurrido no constituye un episodio aislado, sino la consecuencia de “un modelo de contratación basado principalmente en el precio”. La edil recuerda en conversación con Somos Madrid que la empresa resultó adjudicataria de distintos contratos municipales por presentar las ofertas económicas más bajas y señala incluso un expediente en el que la Mesa de Contratación apreció una posible baja anormal por encontrarse muy por debajo del resto de licitadores. Pese a ello, después de justificar la viabilidad de su oferta, acabó obteniendo igualmente la adjudicación.

“La empresa dejó de responder desde el primer día de la temporada. Tenían contratado un determinado número de vigilantes, especialmente en distritos como Usera y Villaverde, y simplemente no aparecían”, sostiene Caso. A su juicio, el problema trasciende el incumplimiento empresarial y pone de manifiesto las debilidades de un sistema en el que “el único criterio que acaba pesando es quién presta el servicio por menos dinero”, una circunstancia que, afirma, termina traduciéndose en precariedad e incumplimientos.

Mientras la situación contractual continúa deteriorándose, la ausencia del servicio se nota a diario en las piscinas. Los trabajadores municipales, encargados de hacer cumplir las normas de uso y atender a los usuarios, han empezado a asumir funciones para las que, denuncian, no disponen de medios suficientes ni de la protección necesaria. El conflicto ha dejado de ser exclusivamente administrativo para convertirse en una cuestión de seguridad laboral que ha llevado al propio Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid a reclamar una intervención urgente antes de que, advierten, “pueda producirse una desgracia”.

Amenazas de muerte y agresiones a los trabajadores

Según denuncian los representantes laborales, la ausencia de seguridad en las piscinas ha terminado afectando de lleno a los trabajadores, que ya han víctimas de amenazas y agresiones físicas. José María Cano, representante de UGT en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid, explica que la conflictividad habitual de algunas piscinas durante la campaña de verano ha ido escalando sin que exista un dispositivo preventivo suficiente para proteger a la plantilla. “Las agresiones han pasado de ser verbales a físicas. Ha habido amenazas de muerte. Los trabajadores tienen la sensación de que, mientras no ocurra algo realmente grave, nadie va a tomar medidas”, lamenta.

Cano relata que en la piscina municipal de Moratalaz, una socorrista fue presuntamente agarrada por el cuello durante un altercado con un usuario. En las instalaciones de Orcasitas, a un encargado “le dijeron que le iban a pegar un tiro en la cabeza”. Algunos de estos episodios han terminado incluso en juicios rápidos celebrados en los juzgados de Plaza de Castilla, asegura el representante de los trabajadores.

La preocupación no se limita únicamente a las agresiones consumadas. Desde UGT sostienen que muchos empleados afrontan cada jornada con incertidumbre, especialmente en aquellas instalaciones donde la presencia de vigilantes era habitual hasta esta temporada. “Los trabajadores no pueden ir a trabajar con miedo y frustración, sin saber siquiera si van a volver a casa”, insiste Cano.

Esa misma preocupación llevó al Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid a aprobar el pasado 1 de julio una resolución extraordinaria en la que denuncia la situación de “inseguridad, conflictividad, amenazas, agresiones y exposición a conductas violentas o intimidatorias” que, asegura, vienen soportando trabajadores de distintas piscinas e instalaciones deportivas municipales desde el inicio de la campaña estival. El documento advierte de que la ausencia de medios de apoyo está obligando a numerosos empleados públicos a intervenir en conflictos que “exceden claramente de sus funciones ordinarias” y alerta de que esa exposición continuada ya está teniendo consecuencias sobre la salud laboral de la plantilla, con casos de estrés, ansiedad y miedo a acudir al puesto de trabajo.

Para el comité, el problema no puede abordarse como una sucesión de incidentes aislados, sino como un riesgo laboral que requiere una respuesta inmediata. Por ello reclama al Ayuntamiento un refuerzo efectivo de la vigilancia en aquellas instalaciones con mayor conflictividad, una evaluación específica de los riesgos derivados de la violencia externa, la revisión de los protocolos de actuación y una estrategia preventiva que evite que la intervención policial sea el único recurso disponible cuando la situación ya se ha descontrolado.

En esa misma línea se expresa Eulalio Fernández, quien asegura que las reuniones mantenidas con responsables de las juntas municipales han servido para constatar que el problema existe, pero no para ofrecer una solución inmediata.“Nos dijeron que estaban estudiando la situación y que iban a abrir expedientes sancionadores por los incumplimientos de la empresa, pero nosotros les trasladamos que lo urgente era proteger a los trabajadores”, explica. Según Fernández, desde los distritos también les comunicaron que se estaba intentando coordinar un mayor número de patrullas de la Policía Municipal en el entorno de las piscinas, aunque insiste en que esa medida resulta insuficiente. “Lo que necesitamos es prevención. La Policía interviene cuando la agresión ya se ha producido, nosotros lo que queremos es evitar que llegue a ocurrir.”

La solución no llegará este verano

En Villaverde, Orlando Chacón, el concejal presidente del distrito, acordó el pasado 30 de junio iniciar el procedimiento para resolver el contrato de vigilancia y seguridad adjudicado a Security Services Kuo S.L. por incumplimiento de sus obligaciones, una causa prevista en la Ley de Contratos del Sector Público. Apenas unos días después, el 3 de julio, la Junta Municipal de Usera adoptó una decisión similar respecto al contrato que mantenía con la misma empresa.

No obstante, para entonces ya había pasado casi un mes desde que la empresa adjudicataria había hecho pública su situación económica. Los problemas económicos de la compañía no eran completamente desconocidos. Desde 2021 se habían publicado distintas incidencias relacionadas con procedimientos administrativos y reclamaciones por impagos, mientras que informes de solvencia empresarial advertían de un riesgo elevado de incumplimiento frente a otras compañías del sector. Pese a ello, Security Services Kuo continuó obteniendo adjudicaciones del Ayuntamiento de Madrid y de otros organismos públicos.

La edil María Caso considera que la situación actual pone de manifiesto las consecuencias de ese sistema cuando la empresa adjudicataria deja de cumplir sus obligaciones. “No solo se ha externalizado un servicio esencial, sino que cuando esa empresa incumple no existe un plan alternativo para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios”, afirma.

Ese es precisamente uno de los principales reproches que también plantea el Comité de Empresa. En la resolución aprobada el pasado 1 de julio, los representantes de los trabajadores reclaman al Ayuntamiento que aborde el problema desde una perspectiva preventiva y estructural y no únicamente mediante actuaciones reactivas una vez que ya se ha producido una agresión o un incidente grave.

Sin embargo, las conversaciones mantenidas entre los sindicatos y las juntas municipales apuntan a que esas soluciones difícilmente podrán implantarse durante la presente campaña de verano. Según explican tanto José María Cano como Eulalio Fernández, los responsables municipales les trasladaron que la resolución de los contratos no implica la incorporación automática de una nueva empresa, ya que será necesario tramitar un nuevo procedimiento de licitación, un proceso que requiere varios meses.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que se resolverá con carácter inmediato los contratos con la empresa de seguridad que opera en las piscinas de Usera y Villaverde mientras el Ayuntamiento estudia la posibilidad de ir a un contrato de emergencia para cubrir la situación. “No va a quedar impune la situación”, ha asegurado el primer edil.

Almeida ha asegurado que “se están viendo las posibilidades de formalizar un contrato de emergencia que permita de forma inmediata acudir a otra empresa de seguridad”. Ante esta situación, el alcalde ha pedido disculpas a los usuarios, transmitiéndoles un mensaje tranquilidad porque “se va a actuar para la resolución inmediata del contrato, se va a penalizar a estas empresas y en el ámbito de seguridad se va a reforzar con Policía Municipal de manera inmediata”.

La situación se ha debatido este martes en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid a través de una pregunta formulada por la concejala socialista María Caso, que ha pedido a la encargada de la gestión de centros deportivos municipales e instalaciones, Sonia Cea, que valore “la afectación que tiene el concurso de acreedores de la empresa Security Services Kuo S.L. sobre el servicio que presta en las piscinas municipales de verano”. Con buena parte del verano todavía por delante, sindicatos y oposición reclaman al Ayuntamiento un plan de choque que permita proteger a la plantilla mientras se resuelve definitivamente la situación contractual de la empresa adjudicataria.

Nueva evidencia de fascismo en la Policía Municipal madrileña. elDiario.es ha tenido acceso a la fotografía de la taquilla de un agente del Cuerpo decorada con pegatinas nazis. “Hitler fans”, “El fascismo es alegría” o “Zona fascista ¡¡Atención!!”, son los lemas de esos adhesivos. Un agente distinto al dueño de la taquilla colgó las fotos en un chat con otros policías y la conversación llegó hasta los mandos del Cuerpo. El Ayuntamiento de Madrid solo confirma la apertura de un “expediente informativo” y alega que las tomas de declaración de Asuntos Internos y el resto del desarrollo de la instrucción tienen carácter secreto.

La taquilla pertenece a un agente de la Unidad Central de Seguridad (UCS-2), el grupo especial de la Policía Municipal con sede en la Casa de Campo. Las fotos fueron volcadas el 8 de junio en un chat de agentes donde se debatía sobre la infiltración del fascismo en las filas del Cuerpo local. Frente a quienes lo ponían en duda, uno de los participantes aportó la captura. En pocas horas, las pegatinas fueron retiradas, informan las fuentes consultadas.

elDiario.es lleva preguntando por este asunto desde el 25 de junio pasado a la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, de quien depende la Policía Municipal. La Delegación, a cargo de Inma Sanz –número dos de Almeida– se limita a confirmar que hay un “expediente informativo” abierto por los hechos y añade que si los agentes de Asuntos Internos detectan alguna falta abrirán un “expediente disciplinario” para imponer las correspondientes sanciones.

Un portavoz del Ayuntamiento esgrime el secreto de la investigación interna para no aclarar si se está investigando la conducta del neonazi, del agente que tomó la foto y la difundió o la de ambos. Las fuentes policiales consultadas por elDiario.es afirman que tanto el autor de la fotografía como el policía nazi han prestado declaración ante Asuntos Internos.

La unidad en la que se han producido los hechos ya fue objeto de polémica cuando el Gobierno de Carmena decidió suprimirla por considerar que sus funciones ya las realizaba la Policía Nacional y era un nido de privilegios para sus miembros. Los conocidos como “antidisturbios” de la Policía Municipal participaban en desahucios y vigilaban manifestaciones. El Ayuntamiento progresista redujo sus efectivos y les asignó otras tareas. Los agentes que salieron de la Unidad perdieron el complemento salarial que tenían asociado a ese puesto.

El descontento de parte del cuerpo desembocó en un escrache al delegado del área, Javier Barbero. Unos 300 agentes acudieron a la salida de una Comisión de Seguridad para asediar al concejal con gritos como “rojo de mierda”, “gordo”, “perroflauta” o “dictador, hijo de puta”. Golpearon su coche oficial y agredieron a una periodista. Barbero dijo entonces que la protesta tenía tintes “fascistas”, lo que le valió una querella por parte del sindicato mayoritario, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM), que comandaba la oposición policial al Ayuntamiento cuando era de izquierdas. Se archivó sin más consecuencias.

El Ayuntamiento de Almeida rehizo la unidad y la ha dotado con un centenar más de efectivos. Entre sus actuaciones más destacadas, el propio Consistorio de Almeida destaca su participación en los desalojos de los centros sociales okupados de La Ingobernable, La Dragona y La Quimera. Los policías integrantes de la UCS, a través de los sindicatos, demandan ahora que se les entreguen armas largas y munición expansiva para hacer frente a “amenazas terroristas y grupos violentos” ataviados con sus uniformes negros y boinas azul oscuro.

El chat contra Carmena, los precedentes

La aparición de la parafernalia nazi en una taquilla de la UCS retrotrae a la exclusiva de elDiario.es de 2017 sobre los comentarios contra la entonces alcaldesa Manuela Carmena en un chat de decenas de agentes municipales del distrito centro. “Ojalá tenga una muerte lenta y agónica”, le deseaba un policía municipal a su máxima responsable política de entonces.

Otros se animaban en aquel chat deseando la muerte a políticos de izquierdas o independentistas o hacían loas a Hitler y el nazismo. Tras colgar una foto del dictador, un agente escribía: “Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas, este señor es dios, ya estarían echando humo las chimeneas sin parar si estuviese al mando”. Otro agente se hacía llamar Führer y algunos compañeros se referían a él como “camarada 14/88”.

Un policía municipal incorporó entonces las capturas del chat a una denuncia por amenazas contra sus compañeros a raíz de que les reprochara el contenido de los mensajes que vertían en el foro. Comenzó entonces un periplo judicial que derivó en el archivo de la causa por un juzgado de Madrid y su posterior ratificación por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que los comentarios se habían proferido en un “ámbito privado” y que no tenían carácter “amenazante”.

Con el cambio de Gobierno, el Ayuntamiento del Partido Popular y de Ciudadanos decidió archivar el expediente interno abierto contra tres policías municipales por los comentarios en el chat que había abierto el equipo de Carmena. El Consistorio de Almeida concluyó que la conducta que se les atribuía no era “reprochable”.

Revés judicial para el Consistorio madrileño. Un juez ha denegado al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida la autorización para desalojar temporalmente a uno de los últimos residentes de los apartamentos para mayores San Francisco al considerar que no ha justificado con informes técnicos que las obras de rehabilitación exijan vaciar por completo el edificio.

El auto concluye que el Consistorio no ha aportado una acreditación técnica suficiente que demuestre que las actuaciones exigen que el edificio quede completamente vacío y advierte de que una autorización de entrada en un domicilio no puede concederse como “un mero automatismo formal”. La resolución, fechada el 2 de julio de 2026 y susceptible de recurso de apelación, precisa que en el procedimiento “no se discute el derecho de ocupación o de residencia del demandado”, sino “su suspensión o baja temporal” durante catorce meses, el periodo previsto para la ejecución de las obras.

La petición del Ayuntamiento se enmarca en el proyecto de subsanación de patologías del edificio de apartamentos para mayores, situado en el número 1 de la calle Jerte, que ya ha expulsado a 59 de los 61 vecinos que vivían allí. La documentación aportada describe un inmueble “en un estado muy envejecido” y con “patologías estructurales”, como la carbonatación de los hormigones y la corrosión de las armaduras.

El expediente también alude a “grandes problemas” en los sistemas de climatización y ventilación, humedades en distintos espacios, filtraciones en la cubierta y acabados “muy deteriorados por el uso”. Además, el Consistorio considera necesario adaptar el inmueble, “en la medida de lo posible”, a la normativa de seguridad contra incendios, especialmente en materia de evacuación, “debido al grado de vulnerabilidad de sus ocupantes”.

El principal argumento aportado por el Ayuntamiento para justificar el desalojo figura en una nota interna de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, fechada el 21 de abril de 2025. En ese documento se sostiene que “el inicio de las obras contempladas en el proyecto no puede tener lugar si el edificio no se encuentra completamente libre de ocupantes”.

El juzgado considera, sin embargo, que esta afirmación “no se encuentra suficientemente justificada”. “No consta en el expediente administrativo ni en la documentación disponible o facilitada que exista un informe de naturaleza técnica” en el que se expliquen las razones por las que resulta “imperativa” la necesidad de vaciar por completo el inmueble, señala el auto.

El magistrado destaca además que “no nos encontramos ante un supuesto de demolición o de ruina inminente”, situaciones que, según indica, justificarían “indudablemente un desalojo”. La resolución tampoco considera acreditado que las obras sean incompatibles con la presencia del residente en el edificio. En este sentido, sostiene que no ha quedado descartada la posibilidad de compatibilizar la rehabilitación con la permanencia del afectado en su domicilio.

“No consta informe de naturaleza pericial o técnica que detalle los riesgos asociados a la presencia de un residente en el inmueble o se determine la imposibilidad manifiesta de ejecución de las obras a menos que el mismo se encuentre completamente libre de ocupantes”, afirma. Para el juzgado, el Ayuntamiento debería haber aportado “al menos un principio de prueba más sólido y evidente que la mera referencia al contenido de una nota interna”. “Por lo tanto, la suspensión temporal del derecho de residencia carece de acreditación técnica suficiente”, concluye el magistrado.

Ante esta resolución, fuentes municipales apuntan que los servicios jurídicos del Ayuntamiento “están estudiando el auto y decidiendo sobre una posible apelación”.

Solo quedan dos vecinos en los apartamentos

La resolución afecta a uno de los dos residentes que continuan en los apartamentos después de que la Policía Municipal ejecutara el desalojo de otros dos ocupantes, respecto del cual el Ayuntamiento sí había obtenido autorización judicial.

“Dos juzgados ya han emitido dos autos que han permitido al Ayuntamiento la entrada en domicilio de dos de los cuatro usuarios de los apartamentos que se negaban a abandonar el edificio, que presenta importantes deficiencias que podrían poner en riesgo su seguridad. Ambos usuarios ya han sido realojados en una residencia municipal hasta que se acometan las obras necesarias”, inciden las mismas fuentes a Europa Press.

La situación se remonta a 2024, cuando el Ayuntamiento comunicó a los 61 usuarios del equipamiento público asistencial que debían abandonar temporalmente el inmueble para acometer una reforma integral. La mayoría aceptó las alternativas habitacionales ofrecidas, mientras que cuatro personas se negaron a salir y el Consistorio inició la vía judicial en junio de 2025.

El Ayuntamiento cifró entonces una inversión de 3,8 millones de euros en estas obras para paliar patologías estructurales, humedades y otras deficiencias. Del mismo modo, también se aseguró que los residentes podrían regresar al mismo apartamento y con las mismas condiciones económicas cuando concluyeran los trabajos.

“Las obras deberían haberse iniciado en octubre de 2024 y podrían haber terminado ya, pero todavía no han podido ejecutarse por la negativa de cuatro personas a abandonar el edificio. Y es que los técnicos municipales establecieron que la rehabilitación debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios”, recuerdan las mismas fuentes.

La oposición pide responsabilidades a Almeida

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento Ana Lima ha asegurado que el auto judicial “deja en evidencia” al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, al que ha reprochado que se sacara de sus viviendas a personas mayores “cuando no había un informe técnico que lo avalara”.

“Ni había riesgo de ruina inminente, ni había riesgo de demolición, ni tampoco había un informe técnico que avalara que no se podían hacer las obras con las personas dentro. Y, sin embargo, solo con una nota interna se decidió arrancarles de sus hogares”, ha manifestado.

Lima ha acusado al alcalde de actuar con la “máxima dureza” hacia los vecinos y ha afirmado que las personas afectadas, en su mayoría autónomas según la edil, fueron trasladadas a residencias sin que se estudiaran otras alternativas adecuadas a sus circunstancias. “Esto no es una buena gestión, es opacidad, insensibilidad e irresponsabilidad política”, ha aseverado la socialista en declaraciones remitidas a la prensa.

La edil ha reclamado explicaciones sobre quién adoptó las decisiones y por qué se actuó sin contar, a su juicio, con un informe que las respaldara. “¿Había otros intereses? Desde luego, no se empieza expulsando a las personas mayores y luego se busca un argumento”, ha señalado, para concluir que “hay que pedir responsabilidades”.

Moverse por la calle de la Oca se ha complicado este verano. Las obras para la remodelación de esta y otras grandes avenidas que vertebran Carabanchel, como la del General Ricardos, tienen el barrio de Oporto patas arriba. Al ser un trabajo ambicioso y que pretende reformular todo el entorno con 1.443 metros cuadrados más de superficie peatonal, 110 árboles y más de 3.200 arbustos para extender la vegetación en la glorieta Valle de Oro, el proceso está siendo aparatoso. Este es el punto neurálgico y uno de los principales espacios públicos en Carabanchel Bajo. Allí está la estación de Metro, que conecta con la Circular (línea 6) y la L5; también la plaza de Oporto, que hoy es foco de críticas por su suciedad, ruido o la sensación de inseguridad pero se transformará con una renovación integral del pavimento y la instalación de una nueva fuente ornamental, en torno a la que se plantea adecuar la medianera y sus zonas ajardinadas.

La inversión total se ha cifrado en más de cinco millones de euros y forma parte de la estrategia municipal para impulsar el distrito como centro cultural y nido de artistas. El plan es continuar las obras hasta, al menos, la segunda mitad de 2027; por lo que queda un año para verlas concluir. Mientras tanto, caminar por el barrio se ha convertido en un campo de minas. “Últimamente está casi todo cortado, o hay desniveles por las obras y cruces en los que tienes que dar un rodeo, porque hay vallas bloqueando”, relata Isabel, a la salida de un outlet minorista que hace esquina con la calle de Matilde Hernández.

Como son las cuatro y media de la tarde, a su alrededor no ve ningún operario. Desde 2023, y a raíz de varias muertes por calor entre trabajadores a pie de calle, tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Ministerio de Yolanda Díaz impulsaron nuevas medidas para blindar a los empleados que pasan sus jornadas al aire libre y con temperaturas cada vez más elevadas. Los primeros crearon un protocolo de actuación frente a las alertas de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), y los segundos aprobaron un real decreto para limitar actividades a ciertas horas de la tarde, en los picos de calor.

Sin embargo, y aunque queda un rato para que vuelvan a funcionar las excavadoras, regrese el tránsito de camiones o los peones y topógrafos reaparezcan en la carretera. De momento, los trabajos mantienen varios puntos del Valle de Oro delimitados por paneles, con buena parte del suelo levantada. No solo en la calle de la Oca o el entorno de la plaza de Oporto, donde predomina una calle amplia dividida en tres secciones: una central, por la que aún pasan los coches, y dos a cada lado que ocupan secciones de la acera. A principios de julio, en esas vías laterales es donde se está excavando el terreno y son visibles los conductos subterráneos, junto a los que queda apilado el material de obra en contenedores o casetas metálicas.

El Área de Obras y Espacios Públicos, órgano municipal que coordina la remodelación íntegra de este eje comercial (el “más importante de Carabanchel”, según la nota informativa que anunció en abril la aprobación del proyecto), explica que los trabajos comenzaron precisamente en la calle de la Oca, reduciendo la calzada a un único carril por sentido y añadiendo un nuevo carril bici bidireccional, que conecte con el que ya atraviesa la glorieta Valle del Oro. Sobre la remodelación de la plaza de Oporto, recuerdan en declaraciones a Somos Madrid que esta es la actuación número 47 en un espacio similar desde que José Luis Martínez-Almeida llegó a la Alcaldía, en 2019.

“La transformación de la ciudad pasa por grandes proyectos, pero también por actuaciones en los barrios que mejoran su espacio público y la calidad de vida de los vecinos. Y en este sentido las plazas son muy importantes como lugares de encuentro”, concluyen, manteniendo las previsiones inicialmente anunciadas: segunda mitad de 2027, más o menos coincidiendo con estas fechas. Sin embargo, es precisamente ahora cuando los trabajos afrontan sus días más calurosos, con temperaturas que esta misma semana oscilan entre los 35 y los 40 grados en Madrid.

Los 5,3 millones invertidos en actuaciones alrededor de Oporto, y que el concejal-presidente Carlos Izquierdo celebró ensalzando un “crecimiento récord” de la inversión en Carabanchel, irán a completar tres objetivos principales: dinamizar el comercio local, mejorar las condiciones ambientales y estéticas del entorno o abrir paso al peatón, mejorando la accesibilidad. Para lograrlo, en este tiempo se trabaja en ensanchar las aceras, renovar pavimentos, repasar el alumbrado público y el resto del mobiliario urbano o construir “una galería de servicios”.

Así describe el Ayuntamiento de Madrid este nuevo sistema, para el que se ha hablado de una galería subterránea con cajones de servicio bajo acera. La idea es que sea ahí dentro donde se guarden los conductos para el agua, la electricidad, redes telefónicas, etc., según los planes del departamento de Obras. Para la plaza de Oporto, que antes quedaba divida en dos mitades inconexas, se distribuirá el tráfico de la avenida y la calle del Valle de Oro a través de un único vial, con doble sentido y que conecte con la Oca.

Las actuaciones prevén dejar solo un cruce con la calle de General Ricardos, de forma que el resto de la calzada también se abra al peatón. Con el espacio disponible se crearán dos nuevas estancias para caminantes: una estará al suroeste de la plaza, donde la vegetación mejore la sensación térmica y quede “protegida del tráfico por parterres, arbustos y arbolado” y destinada a convertirse en un espacio de juego para niños, donde los mayores también pueden hacer ejercicios. La otra, en cambio, se situará en el tercio noroeste (justo a la salida del metro) y adoptará un “carácter más comercial”, con terrazas, zonas despejadas y usos “multifuncionales”.

Las reformas también contemplan la construcción de un carril bici de casi dos kilómetros de longitud, que ha sido promocionada como una “alternativa de transporte sostenible”. “El objetivo es ofrecer a los ciudadanos una infraestructura ciclista segura y cómoda para sus desplazamientos cotidianos”, ha resaltado el Ayuntamiento. El que actualmente atraviesa parte de la calle del General Ricardos, y que pasa frente a los Jardines de Vista Alegre, es especialmente estrecho y ha sido foco de críticas por su estado en la acera. A la espera de que el calor termine y el verano permita agilizar las obras, las previsiones para esta gran promesa al barrio continúan su cauce.

“Hay que entender que vivimos en una ciudad y en un país que somos de ruido”. Estas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzaron un controvertido guante a Florentino Pérez que el presidente del Real Madrid no tardó en recoger. “Está ya arreglado, hemos ganado en los tribunales, haremos conciertos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad. Van a hacer unas normas especiales”, declaró el empresario en su ya histórica rueda de prensa del pasado 31 de mayo. Desechaba así la realidad de unas actuaciones canceladas por la Justicia, que ya suman multas por valor de cientos de miles de euros, las cuales deben afrontar las promotoras musicales.

Desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, ya hay cantos de sirena que apuntan en la dirección de esas “normas especiales”. “El Ayuntamiento en lo que siempre ha trabajado y en lo que se seguirá trabajando es que desde el punto de vista de nuestras competencias se puedan celebrar conciertos y que el descanso y el bienestar esté garantizado”, declaró el regidor el día después de la comparecencia de Florentino Pérez. El pasado lunes, uno de los hombres fuertes de su equipo fue un paso más allá. El concejal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, desgranó en declaraciones a la prensa los planes del Ejecutivo regional con la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar): “La idea que tiene la Comunidad de Madrid es flexibilizar esa normativa para que los ayuntamientos tengamos mayor capacidad para la autorización de estos conciertos”.

La afirmación de Carbante ha despertado, sin embargo, un inesperado efecto dominó. Una especie de petición de café para todos. Solo un día después de las palabras del edil, la Plataforma por el Ocio, la Hostelería, el Turismo y los Espectáculos de Madrid manifestaba en un comunicado su “sorpresa” ante los objetivos de ese cambio legislativo: “La principal prioridad de la modificación debe ser aportar seguridad jurídica a las pymes y fijar criterios objetivos de seguridad para el cálculo de los aforos”. Es decir, reclaman que las novedades vayan más allá de los macroeventos y permitan, entre otros puntos, aumentar la capacidad en salas de menor tamaño.

“La prioridad de esta ley debe ser la de acometer la redacción rigurosa y objetiva de las condiciones de seguridad que deben cumplir los establecimientos públicos, y particularmente, los grandes eventos mediante la necesaria aplicación del Código Técnico de Edificación para calcular el aforo”, señalaban en su escrito. Según la Plataforma por el Ocio, llevan “décadas sufriendo la crisis de los aforos” en Madrid a consecuencia de la aplicación “arbitraria” de cálculos “al margen de los criterios de seguridad”.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, dispuestos a abrir la mano

La propuesta de la entidad pone sobre la mesa un debate en una ciudad todavía marcada por la tragedia del Madrid Arena en 2012, cuando el exceso de aforo fue una de las principales causas de una aglomeración descontrolada donde acabaron muriendo cinco jóvenes. De momento, parece que Carabante abre la mano para contentar a los espacios de ocio nocturno: “Es una cuestión que hemos analizado con la Comunidad de Madrid. Sigue sobre la mesa la posibilidad de adecuar los aforos urbanísticos a los aforos de seguridad”, dijo el miércoles el concejal, apenas 24 horas después del comunicado emitido desde el sector hostelero.

Así, en apenas 48 horas, el Gobierno municipal ampliaba esa aspiración de “flexibilidad” a diferentes recintos de la ciudad y la región. Las declaraciones a Somos Madrid del promotor Vicente Pizcueta, portavoz de la Plataforma por el Ocio, dan cuenta de un rápido entendimiento con el Consistorio: “Valoramos positivamente las palabras de Borja Carabante. Es una reivindicación que venimos planteando desde hace años y puede suponer un avance importante, siempre que se concrete de forma adecuada. En este sentido, hemos solicitado ya una reunión con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid para definir los objetivos de la Lepar, dando prioridad a la seguridad jurídica de las empresas regladas y abordando después las situaciones excepcionales y la regulación de los macroeventos”. El objetivo, dice, es “evitar interpretaciones discrecionales por parte de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento”.

Entidades vecinales temen cambios “a golpe de rodillo”

En medio de estos cambios regulatorios, o desregulatorios, la preocupación se acrecienta entre vecinos que conviven tanto con grandes como con pequeños recintos. Alejandro Fernández, portavoz de eventificación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), alerta de posibles ajustes legislativos “a golpe de rodillo”. Recuerda que deberían acometerse sin prescindir de “la participación ciudadana, los estudios y los expertos pertinentes”.

“En el tema de los eventos entran en juego tres elementos, un triángulo que debe mantenerse en equilibro. Primero la propia licencia de actividad que necesita cualquier local, grande o pequeño, y que da el Ayuntamiento. Después está el cumplimiento de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (Opcat), de forma que además del permiso debes respetar un tope de decibelios. Y por último la Lepar, que data de 1997 y les está generando muchos problemas. La Comunidad de Madrid lleva años tratando de moldearla con una nueva superley en la que trabajan”, expone Fernández.

“Actualmente, por mucho que diga la Ley de Espectáculos, si no cuentas con la licencia pertinente o no cumples la ordenanza no deberías poder llevar a cabo un evento. Pero lo que hemos visto en el Bernabéu o el Metropolitano es que se utiliza la Lepar para otorgar esos permisos aun sin licencia de actividad, puesto que los conciertos se celebran en suelo deportivo, o incumpliendo la ordenanza de ruidos. El objetivo de esa nueva ley en la que se trabaja es que las autorizaciones que concede prevalezcan sobre las otras dos cosas”, resume el integrante de la Fravm.

Por mucho que diga la Ley de Espectáculos, si no cuentas con la licencia pertinente o no cumples la ordenanza no deberías poder llevar a cabo un evento. Pero hemos visto que se utiliza la Lepar para otorgar esos permisos aun sin licencia de actividad

Alejandro Fernández — Portavoz de eventificación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

“Si cuentas con licencia de actividad y cumples la Opcat, no necesitas pedir ningún permiso con la Ley de Espectáculos, pero nos encontramos con que se solicitan constantemente a través de ella”, advierte Fernández. Una inseguridad jurídica que, cree, se puede incrementar todavía más con “estos globos sonda sobre una flexibilidad todavía mayor que nadie sabe realmente a qué se refiere”. Considera, en cualquier caso, que “la propuesta está muy verde”.

“Estamos en un momento muy feo. Ayuso le dice a Florentino que va a flexibilizar y las salas pequeñas dicen qué hay de lo mío. Pero lo más importante es que hay que cumplir la ley”, recalca el activista vecinal. Una jerarquía normativa en la que prevalece por su carácter estatal la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: “La Lepar está debajo y queda sin competencias sobre las emisiones sonoras. Por eso en la Comunidad y el Ayuntamiento le están dando vueltas a lo que quieren, más y más eventos sin importar las molestias vecinales o las afecciones a la movilidad, dentro de sus competencias”.

Pese a todo, Alejandro Fernández coincide en que la solución no es el inmovilismo regulatorio. De hecho, propone ir todavía más allá para adaptarla y ampliarla a la actual diversidad de los espectáculos: “En el fondo, hay que elaborar una nueva ley. Todo ha cambiado todo mucho. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los drones? Cada vez vemos más eventos con este tipo de tecnología y no cuentan con una normativa propia. Es solo un ejemplo de los muchos que se podrían poner”. Lamenta que “nadie quiere abrir ese melón”. Porque, de hacerlo, el efecto dominó que Ayuso, Almeida y Florentino Pérez proponen para los macroconciertos podría tornarse en un efecto péndulo: que los vecinos terminen por hartarse de la eventificación de su ciudad.

Sentirse joven después de los 26 ya no es solo una cuestión de actitud. El Ayuntamiento de Madrid acaba de anunciar que su versión del bono cultural, el JOBO, se ampliará hasta los 30 años de edad para “acompañar durante más tiempo a una generación que ya ha incorporado el teatro, la danza, el cine o la música en directo como parte de su forma de vivir la ciudad”. Es lo que ha destacado la concejala de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, que abrirá el ángulo a partir de la siguiente temporada de espectáculos, la de 2026-2027.

Una vez que concluya el verano, los jóvenes de entre 16 y 30 años podrán solicitar su Joven Bono Cultural, nombre oficial del JOBO, que da acceso gratuito a la programación de siete espacios municipales dedicados a la cultura: Nave 10 Matadero; el Teatro Español o el Circo Price; el Fernán Gómez (Centro Cultural de la Villa); el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque; la Cineteca y Centro Danza Matadero. Hasta ahora, los mayores de 26 años dejaban de ser beneficiarios, pero quienes hayan perdido su cuenta por esta razón podrán volver a solicitar el JOBO y recuperar su usuario habitual, tal y como detallan desde el consistorio.

Asimismo, quienes tuvieran ya 26 años y al inicio de la nueva temporada de espectáculos haya cumplido los 27 no tendrá que renovar su bono, pues se hará de forma automática. En cambio, quienes estuvieran ya fuera de ese rango en la veintena tienen que volver a expedir su título.

Mejoras digitales para prevenir un uso desaprovechado

Con esta ampliación en la edad, el Ayuntamiento de Madrid busca “consolidar nuevos públicos para los equipamientos municipales y favorecer el descubrimiento de nuevas disciplinas artísticas entre las generaciones más jóvenes”, por lo que también se ha optimizado el sistema de reservas para “prevenir el absentismo en las entradas reservadas a través de JOBO”, y facilitar su aprovechamiento real. Esto es algo que ya ocurrió con el abono Verano Joven de Renfe, que terminó creando un modelo de sanciones para penalizar a quienes ocuparan un billete con descuento y luego no lo utilizaran.

Desde su puesta en marcha, JOBO ha facilitado más de 300.000 entradas a distintos espectáculos que han tenido lugar en Madrid, favoreciendo el acceso de los jóvenes a la oferta municipal y fomendo que esta pueda extenderse hacia nuevos públicos u horizontes. Cada usuario puede obtener una entrada por espectáculo y asistir a un evento al día, siempre dentro de las actividades incluidas en el programa y hasta completar el cupo reservado para JOBO.

El bono puede solicitarse de forma sencilla a través de la plataforma de venta de entradas de Madrid Destino, o bien de forma presencial en el Centro de Turismo de la plaza Mayor. Una vez validado el registro, los usuarios pueden acceder con su cuenta personal para descargar gratuitamente las entradas disponibles para la programación adherida al programa. Las entradas pueden reservarse desde diez días antes de la celebración de cada espectáculo y son personales e intransferibles.

Este jueves, 9 de julio, se ha aprobado en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el proyecto de urbanización del API Tiziano-Dulcinea, conocido anteriormente como PERI Tiziano-Dulcinea. Un plan de regeneración urbana dentro del barrio de Cuatro Caminos que lleva 35 años encallado por la quiebra de la primera junta de compensación encargada de desarrollar parte del ámbito, una estafa inmobiliaria y su judicialización durante años. La manzana afectada está delimitada por las calles de Teruel, Dulcinea, Jaén y Tiziano, a orillas de Bravo Murillo

La operación está promovida por la junta de compensación rectora con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos. Contará con un presupuesto de 4,8 millones de euros para un ámbito de 22.000 metros cuadrados y se construirán 165 nuevas viviendas (a sumar a las que ya se habían construido a lo largo de la tortuosa historia de la operación). También, dotaciones públicas aún por determinar a falta de ver el proyecto.

Se llevará a acabo la mejora del viario existente y, sobre todo, la conversión de la mayor parte del solar de Tiziano en una plaza pública. Actualmente, el espacio es un enorme vacío de 2.715,14 m2 en estado de abandono. Su calificación urbanística es de zona estancial –aunque en la documentación de hace años figuraba como verde–y está por ver cómo se resolverá en el proyecto o si el espacio público se lleva algún bocado en su configuración final.

El ámbito tiene también –en el planeamiento previo al proyecto– una parcela calificada como dotacional deportivo básico de 1.454,79 m2 en San Antonio y otra más estrecha al otro lado de la misma calle de 712,07 m2, que es dotacional para equipamiento público básico. Habrá que ver en qué se emplean.

La única recreación por ordenador que ha trascendido por el momento no permite saber si estas parcelas permanecen exactamente igual que en el planteamiento de partida o no. Las nuevas dotaciones públicas vendrán a sumarse a la escuela infantil de la calle Tiziano, la única de la operación que llegó a construirse en su momento.

Las novedad más importantes a nivel viario es la apertura de nuevos tramos de calles que llevan décadas parados e interrumpidos por solares. Hay calles que se habrán de prolongar y unir, para lo que será necesario derribar algunas casas. Así sucede con la de San Antonio, que se comunicará con la calle Jaén y con la de Lérida, atravesando para ello la calle de Teruel. Además, la calle de Tiziano, cuyas antiguas aceras aún se ven abandonadas en medio del gran descampado que hay en el centro del área, volverá a tener continuidad hasta la calle de Dulcinea.

La edificación del ámbito se llevó a cabo mayoritariamente hace años, si bien habrá que esperar a que el proyecto sea público para saber dónde irán las 165 viviendas que ha anunciado el Ayuntamiento este jueves. Por el momento, en la imagen que acompaña al anuncio se aprecia un gran edificio con un brazo longitudinal en la parte sur del solar.

La del PERI Tiziano-Dulcinea es una historia urbanísitca con una dolorosa vida detrás y decenas de vecinos afectados que está lejos de cerrarse del todo, a pesar del gran avance que supone la aprobación del proyecto.

El origen del caso hay que buscarlo en la operación de regeneración urbana de la manzana, que comenzó por iniciativa municipal en 1991, cuando el Ayuntamiento la declaró zona de especial degradación y planteó un Plan Especial de Reforma Interna. Se abrió, así mismo, una doble vía para los realojos: la iniciativa pública y la privada, para la que se creó una junta de compensación gestionada por la compañía Courbasa. Las familias cedían sus viviendas o locales a cambio de recibir una casa de protección oficial en el nuevo barrio, mientras que el Ayuntamiento recibía una serie de parcelas para dotaciones públicas.

Todo transcurría con aparente normalidad –y los habituales retrasos– cuando, a principios de los 2000, entró en escena el empresario sevillano Bernardo Martín Moreno y la empresa Somersen, que sustituyó a la anterior e incurrió en un embrollo registral y bancario nunca del todo resuelto, que dejó el ámbito suspendido y abocó a que numerosos vecinos aportantes perdieran sus casas.

El Banco Santander se hizo con los activos después de que estos pasaran por distintas manos y, a la vez, una parte de estos llegó a manos de Blackstone en 2018. El caso agotó su largo recorrido judicial el 30 de octubre de 2024 en el Juzgado de lo Mercantil número 7, lo que ha permitido reactivar la urbanización.

Durante estos años muchos vecinos han luchado en silencio por lo que consideraron un robo, individualmente o agrupados en la asociación APITEDU. Actualmente todavía hay realojos pendientes y el Sindicato Vivienda de Tetuán presentó el pasado 19 de junio los bloques en lucha del ámbito, que, según explicaron, agrupan a unas treinta familias amenazadas de desahucio dentro de diferentes casuísticas.

El proyecto tendrá que pasar ahora a fase de alegaciones y después podrá empezar a andar la urbanización, aunque los mencionados asuntos pendientes auguran que aún queda camino por delante. En todo caso, la noticia es que la ciudad se mueve en este lugar a orillas de Bravo Murillo varias décadas después de haber dejado de ser el viejo barrio de casas bajas que era.

Fumata blanca después de una negociación que el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó de “compleja”. El Ayuntamiento ha ratificado este jueves el acuerdo laboral con la Policía Municipal, como ha trasladado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El nuevo convenio colectivo ha sido acordado con los tres sindicatos mayoritarios (CPPM, CSIT-UP y UPM) e incluye una mejora en la retribución de casi 6.300 policías de la capital. Con ello, dice Sanz, el objetivo es asegurar “el mejor servicio”. Firmado el pasado viernes por el regidor y unas organizaciones sindicales que representan al 78% de los trabajadores, el pacto contempla mejoras en el complemento específico, las horas extraordinarias, las jornadas voluntarias en fines de semanas y festivos o la cobertura de grandes eventos.

En concreto, según adelantó El Mundo, el acuerdo conlleva la integración definitiva de la productividad por especial dedicación dentro del complemento específico. Gracias a ello, la cuantía se percibirá en 14 pagas y no se perderá por baja médica, para un aumento de unos 675 euros anuales para la categoría de policía. También habrá una subida directa del complemento específico de 2.478 euros para los agentes, para un aumento mensual de 225,51 euros repartido en 14 pagas.

El texto del preacuerdo ahora validado fija otra mejora en la remuneración de las horas extraordinarias. En días laborables pasarán de 22,41 a 24,4 euros por hora, mientras que las de los sábados tendrán la mayor alza, al pasar de 26,57 a 32 euros por hora. Las horas extraordinarias en domingos, festivos u horario nocturno subirán a los 33 euros por hora frente a los 31,26 actuales. Por su parte, quienes opten por compensar esas horas con descanso se favorecerán de coeficientes más ventajosos.

Se mantiene asimismo la voluntariedad de los servicios extraordinarios vinculados a grandes eventos, aunque mejora sensiblemente su retribución. Las horas por estos dispositivos especiales se abonarán a 65,82 euros, limitados a un máximo de 50 horas anuales por profesional. En cuanto a las cantidades percibidas por jornadas voluntarias en sábados, domingos y festivos, podrán superar los 380 euros por servicio de ocho horas en el mismo turno y superar los 416 euros cuando se lleven a cabo en un turno diferente.

El descanso y la conciliación de los agentes ha sido otro puntal de la negociación. El acuerdo mejora la compensación por trabajar en festivos, que pasarán a generar un día libre y dos horas adicionales de descanso. En el turno de noche, además, se reducen de siete a seis el número de festivos obligatorios de trabajo obligatorio al año. Aparecen nuevos mecanismos para garantizar una rotación más equilibrada de los turnos y amplía el plazo para disfrutar los días libres generados por compensaciones, hasta el 31 de marzo del año siguiente. También se establece un descanso mínimo garantizado de ocho horas entre jornadas cuando se produzcan prolongaciones involuntarias del servicio. Entre las novedades figura igualmente la concesión de un día libre para los agentes que superen las pruebas físicas obligatorias, así como medidas específicas para que puedan conciliar quienes trabajan de noche.

Las otras inversiones en el cuerpo

Según Inmaculada Sanz, el acuerdo entra dentro del compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el Cuerpo policial “en reconocimiento de su labor diaria para garantizar la convivencia y la seguridad en la ciudad”. Ha recordado que el Gobierno de Almeida ha aumentando un 54% el presupuesto destinado a la Policía Municipal desde 2019 a 2026 y la plantilla ha crecido un 13%. Tiempo en el que se han construido ocho comisarías y una unidad logística, además de acometerse diversas reformas en instalaciones policiales.

La vicealcaldesa ha subrayado la incorporación de dispositivos taser, sistemas de videovigilancia, drones y la inversión de más de 60 millones de euros para renovar la flota de vehículos de la Policía Municipal. Inversiones que no impidieron que las aguas se revolvieran en la plantilla durante la negociación, aunque ahora todo hace indicar que vuelven a su cauce.

El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la construcción de una nueva escuela municipal de música en el distrito de Puente de Vallecas, una infraestructura que el Gobierno municipal define como respuesta a una “demanda histórica” de los vecinos. La aprobación ha sido anunciada este jueves por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, después de la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

El proyecto será ejecutado por el área de Obras y Equipamientos y cuenta con un presupuesto base de licitación de 5,2 millones de euros. La futura escuela se levantará en la parcela situada en la confluencia de las calles Javier de Miguel y Martínez de la Riva, donde ocupará una superficie construida de 2.163 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, dos alturas y un semisótano.

El edificio ha sido diseñado para garantizar la accesibilidad universal y dispondrá de un vestíbulo con punto de información, un salón de actos con escenario y patio de butacas, aulas para la enseñanza musical, cabinas de estudio, zona administrativa, vestuarios, aseos, almacenes y cuartos de instalaciones, entre otras dependencias.

La puesta en marcha de esta infraestructura supone recuperar un proyecto que había quedado en el aire después de ser anulado en 2024. De hecho la escuela de música figuraba entre las principales reivindicaciones de las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas, que reclamaron al Ayuntamiento que destinara los 11,5 millones de euros previstos para el proyecto 'Vallecas Abierta', conocido como el “parche” del scalextric de Puente de Vallecas, a cubrir necesidades históricas del distrito. Un scalextric que el Ejecutivo de Almeida no desmantelará y donde tantea colocar otra dotación municipal, en ese caso una sala de ensayo, que en la práctica implicaría apuntalar la continuidad de la infraestructura.

Entre esas demandas vecinales en el distrito, además de la escuela de música, se encuentran la ejecución de la biblioteca municipal de la calle Monte Olivetti o la creación de un equipamiento público en el edificio del antiguo colegio Fernán Caballero, en la calle Francisco Laguna.

Con la aprobación del proyecto, el Consistorio recupera una de las actuaciones incluidas en el plan Sures y responde, dice, a una de las peticiones que el movimiento vecinal había situado como prioritaria para el distrito. De hecho, su ejecución podría haber obtenido luz verde antes, pero la parcela adjudicada fue anulada en 2024.

“Hay que hacer algún ajuste en la movilidad”. Así ha reconocido la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, la necesidad de acometer mejoras en el transprote público y el tráfico rodado en torno al festival Mad Cool. Lo ha hecho en la rueda de prensa posteior a la Junta de Gobierno de este jueves 9 de abril, horas después de que hayan proliferado quejas de asistentes al evento del recinto Iberdrola Music, ubicado entre el distrito de Villaverde y la localidad de Getafe.

“Se ha hecho un esfuerzo extraordinario tanto desde Metro de Madrid como desde Cercanías o la Empresa Municipal de Transportes, con lanzaderas a Legazpi o Atocha. Pero algún ajuste habrá que hacer en cuanto a las salidas y entradas de VTCs”, ha explicado la número dos de José Luis Martínez-Almeida. Sanz espera que la situación mejore con el paso de los días: “Ayer había un número muy importante de personas, quizás algunos de los grupos más potentes del cartel”.

En esta ocasión, a diferencia de la edición pasada y de otros actos como la visita del Papa, Metro de Madrid no ha alargado su servicio de manera extraordinaria en la línea 3. Las lanzaderas de EMT se han reducido además de tres a dos. Por ello, el número de personas que han regresado en su vehículo personal, en taxi o en VTC ha sido mucho mayor. La congestión ha aumentado de manera palpable, según muchas críticas publicadas en redes sociales, que hablan de “tremendo atasco” o “desastre”. Y quienes han decidio volver en transporte público antes del cese de servicio también han encontrado grandes embotellamientos.

El resultado han sido tiempos de espera de hasta una hora para tomar un transporte público, más del doble de lo ocurrido el año pasado, cuando las incidencias descendieron sensiblemente. “Vaya infierno la vuelta a casa desde Mad Cool. Un día va a pasar algo y lo vamos a lamentar”, lamentaba en X la cuenta oficial de la página web especializada Dod Magazine

“La aglomeración al salir del festival al tren o Metro es normal y es cuestión de paciencia. Lo preocupante es la experiencia del propio viaje. Hay mucho peligro cuándo un andén se llena de la manera que se llenó ayer (y en otros años) y la cantidad de gente por vagón, el calor, etc...”, exponían desde dicha publicación en otro mensaje.

Getafe cierra el párking del estadio Coliseum debido al “caos”

El Ayuntamiento de Getafe, dirigido por la socialista Sara Hernández, ha exigido por su parte explicaciones urgentes a la Delegación de Gobierno, al Ayuntamiento y a los promotores del festival Mad Cool tras el “caos de movilidad” provocado en el municipio durante la primera jornada de conciertos. El equipo de gobierno ha anunciado que cierra el parking del Coliseum, el estadio de fútbol local, para los no residentes en la ciudad.

En un comunicado, el Consistorio ha criticado el “cambio de criterio improvisado” en la primera jornada de conciertos en el Espacio Iberdrola Music. Han afirmado que “sin ningún tipo de consenso previo”, la Guardia Civil decidió “unilateralmente” desviar el tráfico procedente de la M-45 a Getafe Norte. “Trasladó todo el embotellamiento a un barrio residencial, el cual sufrió una grave congestión que fue empeorando conforme avanzaba la tarde. Esta decisión se tomó de manera unilateral, y saltándose por completo todos los acuerdos obtenidos en las reuniones previas de seguridad mantenidas para tal efecto, como ya sucedió con el Festival Iberdrola Music recientemente, en el mismo recinto”, ha reprochado el Gobierno local.

A renglón seguido, ha criticado el “absoluto desastre en la gestión del flujo peatonal”. Según datos de Policía Local mientras, 6.000 asistentes utilizaron el municipio como vía de entrada al recinto, pero la cifra “aumentó exponencialmente hasta las 16.000 personas durante la salida”. Esta multitud “deambuló totalmente desorientada” por las calles de Getafe preguntando por la estación de tren de Villaverde, lo que “evidencia un nulo plan de comunicación y señalización por parte de la organización del evento”.

El transporte al Mad Cool, con varias alternativas que no parecen suficientes

Las estaciones de Metro más cercanas al Iberdrola Music son las de Villaverde Alto (línea 3), El Bercial (línea 12), Los Espartales (línea 12) y El Casar (línea 3 y 12). El horario de funcionamiento habitual del servicio es de 6.00 a 1.30 horas, que no se ha extendido, aunque sí se anunció que se reforzaría el servicio, especialmente en Villaverde Alto. El servicio extraordinario de lanzadera de Metro presta servicio entre las estaciones de Villaverde Alto y Sol. Únicamente en Villaverde Alto se permite la subida de viajeros y en Sol, Legazpi y Embajadores se llevará a cabo la bajada de viajeros.

En lo que respecta al Cercanías, las estaciones más cercanas son las de Villaverde Alto (líneas C4a, C4b y C5), San Cristóbal Industrial (líneas C3 y C3a), El Casar (líneas C3 y C3a) y Las Margaritas-Universidad (líneas C4a y C4b). El horario habitual de funcionamiento del servicio es de 5.30 a 23.45 horas. Durante las salidas del festival se habilita un servicio especial de Cercanías entre Villaverde Alto y Atocha, sin paradas intermedias. El día 8 de julio este servicio especial se prestó en horario de 0.30 a 2.00 de la madrugada del día siguiente y los días 9, 10 y 11 de julio se prestará en horario de 1.30 a 3.30 horas de la madrugada del día siguiente. El servicio extraordinario de lanzadera de Cercanías no cuentacon paradas intermedias, se fija la estación de Villaverde Alto para la subida de viajeros y Atocha para la bajada de viajeros. La frecuencia del servicio es, sobre el papel, de entre 15 y 60 minutos.

Los asistentes al festival también pueden hacer uso de los autobuses interurbanos (líneas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 488, N805 y N807), los autobuses de la EMT (líneas 22, 79, T41 y N14) y el servicio especial de autobuses entre la Gran Vía de Villaverde y Atocha. Durante los días de concierto se implanta un servicio lanzadera de autobuses durante las horas de salida del evento desde la avenida Gran Vía de Villaverde, en las inmediaciones de la calle San Jenaro (solo para subida de viajeros), con parada en la Plaza de Legazpi y Atocha (ambas paradas solo para bajada de viajeros).

El día 8 de julio el horario del servicio lanzadera de autobuses fue de 0.30 a 2.00 horas de la madrugada del día siguiente, mientras que los días 9, 10 y 11 de julio irá de 1.30 a 3.30 horas de la madrugada del día siguiente. La frecuencia del servicio es de entre 5 y 10 minutos y el tiempo de recorrido estimado oscilará entre los 14 y los 35 minutos. Unos tiempos optimistas, pero en los que confían los asistentes a uno de los grandes acontecimientos musicales de cada año en Madrid.

A los paseantes que recorren la Avenida de Reina Victoria en su acera chamberilera –y en su confluencia con la Avenida de Pablo Iglesias– les llama la atención una gran cabeza pétrea.

Se trata del busto de Pablo Iglesias –el fundador del PSOE–, sobre un pedestal del escultor Pepe Noja. La cabeza es una copia en arenisca realizada por este escultor de la que en su día esculpió en granito Emiliano Barral.

El grupo escultórico está en una zona verde, un estrecho parquecito lineal de más de cien metros de largo dividido en dos alturas unidas por unas escaleras.

Si uno quiere acceder a ella para descansar un rato en un banco se encuentra en un brete, sin embargo. En la parte de la isla verde que da a Reina Victoria, en la continuación de Pablo Iglesias, no hay acceso posible. Dibuja una forma de raqueta que acompaña a la vía de cambio de sentido de la propia calle.

 El primer impulso es pensar que, aunque no es cómodo, uno podrá encontrar un paso de peatones bajando por la acera de Pablo Iglesias. En uno de sus lados la acera muere sin que el viandante pueda continuar. En el otro, no existe paso alguno.

Aún es posible pensar que cruzando en la confluencia con el Paseo de San Francisco de Sales encontrará el ansiado paso en el otro lado de la isla verde. Pero no, después de varios cruces –Pablo Iglesias y San Francisco de Sales, bordeando el parque de Canal y el campo de fútbol del Celtic Castilla– uno termina de convencerse de que realmente la zona verde no es otra cosa que una gran rotonda dotada de los elementos típicos de una zona verde: bancos en distintas disposiciones, jardines, terrizo para caminar, un monumento y hasta pérgolas.

La Junta Municipal de distrito ya ha aprobado en distintas ocasiones proposiciones para instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que haga accesible la isla verde sin que de momento se haya llevado a cabo.

Para llegar allí no queda otra alternativa que cruzar a las bravas. En el lado de los impares de Pablo Iglesias es imposible pues hay cinco carriles de tráfico. En su parte más próxima a Reina Victoria es más sencillo pero, en todos los casos, no queda más remedio que mirar muy bien a un lado y otra de la calle y arriesgarse a pasar por la calzada.

Quienes quieran acercarse a leer la leyenda del monumento bajo el nombre de Pablo Iglesias, pues, deben cruzar mal la calle, como hacen diariamente muchos vecinos. La cabeza original de Barral se encuentra en la sede ocialista de Ferraz y tiene una historia curiosa. La cabeza del prócer del socialista español estaba integrada en un conjunto escultórico que se inauguró en 1936 en el Paseo de Camoens. Después de la guerra, lo que quedaba del monumento fue dinamitado por Franco.

Los restos se trasladaron a El Retiro para ser triturados y usados como relleno en la valla de la calle Menéndez Pelayo. La cabeza se salvó porque José Pradal, director de las oficinas del Parque, consiguió mover la cabeza maciza de 1500 kilos por la noche y enterrarla en los jardines de Cecilio Rodríguez con la ayuda de otros trabajadores del parque. Un plano llegó al exilio francés y la cabeza pudo ser desenterrada después de la muerte de Franco.Hoy, una réplica mira pasar a los coches desde una zona verde olvidada y de difícil acceso.

La llegada al Ayuntamiento de Madrid de María Reyes Maroto Illera (Medina del Campo, Valladolid, 1973) estuvo rodeada de algunas incertidumbres. Aunque el PSOE mejoró sus resultados y pasó de ocho concejales a once en los comicios municipales de 2023, la mayoría absoluta del Partido Popular y el historial de los anteriores candidatos socialistas (de Antonio Miguel Carmena a Pepu Hernández) hizo que muchas voces dieran por hecho que su estadía en Cibeles sería pasajera.

Tres años después, la exministra de Industria, Comercio y Turismo con Pedro Sánchez ha roto muchas previsiones y se mantiene como portavoz del grupo. No solo eso, sino que quiere más: repetir como cabeza de lista y desalojar de la alcaldía a José Luis Martínez-Almeida.

Antes, sin embargo, deberá medirse en primarias con la que ha sido su portavoz adjunta. A finales de junio, Enma López se postuló a liderar la lista del PSOE, pillando con el pie cambiado a muchos (incluidos unos cuantos compañeros de partido). Maroto, por contra, no cuestiona el movimiento de su compañera y ahora también competidora en conversación con este medio aunque sí destaque su proyecto propio. Dirige las críticas, propuestas y esfuerzos a desbancar, dice, al Gobierno del PP.

Los últimos candidatos de su partido no se quedaron en la oposición durante cuatro años. Usted lo prometió y ha cumplido. ¿Cómo valora ese trabajo durante la legislatura y qué le aporta para liderar la lista?

Los madrileños nos pedían confianza en el proyecto. Llegué a la campaña de 2023 con poco tiempo, apenas dos meses. Conseguimos cambiar una inercia en la que elecciones tras elecciones perdíamos apoyos. Devolvimos ilusión, conseguimos subir tres puntos y por primera vez en muchos años mejoramos resultados. Eso me ha marcado. Logramos movilizar electorado con un proyecto nuevo.

Ahora que hemos consolidado esa confianza, estoy convencida de que va a ser una fortaleza para 2027. La ilusión moviliza, pero es la confianza en un proyecto lo que ayuda a consolidarse. Tengo la de muchos de quienes dijeron que venía como paracaidista y me iba a ir. Ese es un voto que hemos asentado y que se necesita para ser alternativa de gobierno y para ganar al PP.

¿Cree que esa labor al frente del Grupo Municipal Socialista es su principal ventaja frente a Enma López, la otra precandidata?

Creo que la palabra dada es muy importante. Los madrileños ven en el PSOE un compromiso que recojo en mi candidatura: constancia. Desde el primer momento me he centrado en los barrios. Llegué a Madrid en 1996 y llevo aquí más de media vida. Mi familia es madrileña. Además, contaba con experiencia previa gracias a mis tres años y medio en la Asamblea de Madrid de la mano de Ángel Gabilondo, una gran persona a quien considero mi padrino político porque me ayudó a entender la política como servicio público. Luego pasar por el Ministerio me dio gestión, algo fundamental para gobernar en el Ayuntamiento, donde la gestión es precisamente una de las cosas que falla. De ahí el calificativo de Chapuzas Almeida, porque su gestión hace aguas.

Considero que mi candidatura une, por tanto, experiencia y constancia. En 2023, solo en dos meses, cambiamos la inercia del PSOE. Nos decían que no nos lo creíamos y que siempre cambiábamos de candidatura. La alternativa del cambio en Madrid no pasa por cambiar proyecto cada cuatro años. Los madrileños nos lo dejan muy claro en cada elección. Por eso creo que es una fortaleza el hecho de que yo siga liderando este proyecto colectivo, que se basa en el trabajo de los militantes. Quedarme y cumplir mi palabra es una de mis fortalezas. Hemos construido una propuesta alternativa, una agenda del cambio.

¿Y cómo valora que pese a ese esfuerzo y esa permanencia esta sea la ocasión en la que surge una competencia interna?

Lo estoy llevando con mucha normalidad, estoy tranquila con las primarias. El trabajo está hecho y la militancia conoce muy bien el equipo y el proyecto. También con ilusión, porque creo que es una oportunidad para mostrar la democracia interna del PSOE. El partido va a salir reforzado.

¿Cree que los tiempos o las formas a la hora de anunciar la candidatura de Enma López podrían haber sido otros, como han insinuado fuentes de su partido?

Esas etiquetas o valoraciones les corresponden ahora a la militancia. Lo que está claro es que las primarias son una oportunidad, porque como digo la democracia interna es muy positiva. Se la aconsejaría al Partido Popular, que no la practica.

Comparte con Enma López la circunstancia de no haber nacido en Madrid. ¿Qué aporta esa perspectiva a la ciudad, puede ser más una ventaja que un hándicap?

Es una oportunidad, porque quienes llegamos de fuera hacemos una especie de aterrizaje forzoso. Llegar a Madrid y no encontrar una vivienda siempre es muy difícil, ahora directamente imposible. Es una experiencia vital que nos une a una mayoría de madrileños y madrileñas, sobre todo jóvenes, que viven ese problema con mucha preocupación. Recuerdo que vine a estudiar y decidí quedarme, era una ciudad a la que podía aportar y donde desarrollar mi proyecto de vida (mis hijos ya son madrileños).

Es una experiencia que viven muchas personas que vinieron a labrarse un futuro y ven las dos caras de la ciudad. Por un lado, te sientes muy solo al llegar, hasta que creas redes que a veces no tienes. Pero, a la vez, notas lo maravillosa que es una ciudad que se abre, te acoge con los brazos abiertos y no te ve diferente. Lo digo también como mujer. No es fácil para nosotras romper algunos techos de cristal o el suelo pegajoso. Creo que esa experiencia profesional me da también herramientas para representar a muchas mujeres madrileñas, que como yo encontraron obstáculos en su camino para su desarrollo personal, pero que fueron valientes y no se dejaron condicionar por los estereotipos de género. Por eso me preocupan las alianzas de Vox con el PP. Son un retroceso para las mujeres.

Hay dos políticas. Por un lado, la del ruido y la confrontación. Por otro, la que vine a hacer yo, la que quiere ser útil a la ciudadanía. La de una administración que te da la mano cuando todo falla o que te impulsa cuando tienes un proyecto ilusionante, como pude hacer en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con personas que querían emprender en plena pandemia o después del estallido de la Guerra de Ucrania. Es un valor a veces intangible que me gusta poner en valor. Quienes tenemos un proyecto no necesitamos el ruido, a quienes tenemos argumentos no nos hace falta crispar. Hay que desterrar la antipolítica del PP.

Eso significaría, entiendo, que el PSOE vuelva a gobernar en Madrid 37 años después. ¿Qué está fallando para que pase tanto tiempo? ¿Hay que reactivar el voto en zonas obreras donde crece la abstención?

Creo que ya estamos consiguiendo movilizar el voto. En estos cuatro años nos hemos caracterizado por estar. Hemos ocupado las plazas y los espacios donde no siempre estábamos. Hay algo que la militancia madrileña, pero también la ciudadanía, me repite mucho: “¿Cuándo va a volver Reyes?”. No se preguntan si voy a ir, sino si voy a regresar porque ya he pisado esos barrios abandonados en los que existe una movilización activa. La oposición al crematorio de la M-40, a los cantones, a las talas, al olvido de zonas como Vallecas... Son lemas de una participación ciudadana muy activa que tenemos que seguir enriqueciendo, ahora que se cumplen 50 años de la primera movilización que se permitió en Madrid. Eso fortaleció la democracia y el modelo de ciudad que deseaban sus habitantes. No basta con darle la palabra a la ciudadanía cada cuatro años, como hace el PP, sino que hay que darles la palabra en cada proyecto o cada decisión.

¿Le interesan a Almeida unas elecciones en clave nacional en lugar de afrontar esas problemáticas locales, más si cabe teniendo en cuenta que están siendo unos meses convulsos para el PSOE?

Almeida es un alcalde ausente, que este mandato ha vuelto a demostrar que prefiere ser portavoz del PP, como lo era con Pablo Casado. La gente ya sabe, porque él no lo ha ocultado, que no le gusta defender a los madrileños. La Comunidad de Madrid ha tomado decisiones perjudiciales para los vecinos y vecinas de la ciudad ante su silencio cómplice. Eso se va a traducir en una desmovilización de su voto fiel: las Chapuzas Almeida han afectado a votantes del PP, como puede ser el entorno del Bernabéu. Estamos ante un muy buen escenario, la ciudadanía está muy movilizada y lo va a estar más en el próximo año. Como ya vimos en 2015, la izquierda gana cuando está movilizada. También lo hizo Ángel Gabilondo en 2019 con un perfil de diálogo y propuesta con el que me siento identificada.

Nosotros defendemos otro Madrid. Por ejemplo, en términos de vivienda, donde rechazamos el pelotazo y la venta de suelo público a promotoras inmobiliarias. Vamos a blindar el suelo público para que todo se dirija a construir vivienda pública. También hemos tomado nota de las demandas de la ciudadanía y vamos a fomentar las declaraciones de zonas tensionadas, aplicando la Ley de Vivienda. Es una herramienta eficaz, que se ha aplicado en ciudades donde gobierna el PP, pero que aquí la antipolítica y la concepción de la vivienda como negocio ha impedido utilizar. No vamos a seguir arrastrando los pies ante los especuladores y viendo la vivienda desde una concepción mercantilista en vez de como un derecho social.

También eliminaremos la última vuelta de tuerca de Almeida, exigir los cinco años de empadronamiento. Esa es la prioridad nacional a la madrileña. La del PP, no la de Vox, aunque en nada se diferencia a lo que la ultraderecha introduce en las comunidades donde gobierna en coalición. Lo hemos visto también en el boicot en el proceso de regularización de personas migrantes, a quienes el alcalde está señalando y criminalizando. Nosotros vemos solo madrileños de primera, no de segunda.

¿Esas serían, por tanto, sus primeras medidas como alcaldesa?

Sí, la vivienda será uno de nuestros principales campos de acción en los 100 primeros días. Queremos hacer un plan de choque para cerrar todas las viviendas turísticas ilegales. No un plan fake como el Plan Reside, que derogaremos porque lo único que hace es expulsar a los vecinos. Lo vamos a presentar e irán en nuestro programa electoral, porque no queremos solo promesas, queremos compromisos. Lo que más preocupa ahora a los madrileños es que esté garantizado su derecho a vivir.

La segunda medida tiene que ver con la limpieza. Madrid está sucia y salta a la vista. Habrá una revisión en profundidad de los contratos de limpieza y un refuerzo de una política que debe ser municipal, no subsidaria. La tercera iniciativa será recuperar la calidad democrática en este ayuntamiento. No más muros. Queremos lealtad institucional con la Comunidad de Madrid, pero también con el Ejecutivo central. No invitar a los actos institucionales al delegado del Gobierno, Francisco Martín, es otro ejemplo de antipolítica. Deseamos que las tres administraciones no se enfrenten, sino que todas trabajen para los madrileños.

Es igualmente imprescindible la transparencia. Si algo caracteriza a este Gobierno municipal es la opacidad. Hay que tener en cuenta las alegaciones de la ciudadanía, la oposición o la sociedad civil cuando se acometen proyectos como el plan estratégico de Madrid o el Gran Premio de Fórmula 1, que tanto ruido está generando. La seguridad jurídica es un elemento que da seguridad a la ciudadanía. Si uno se equivoca y debe parar un proyecto toca rectificar, eso también mide a un buen alcalde. A Almeida, en cambio, le caracteriza no haber asumido ningún error. Yo cuando los cometo, que lo he hecho porque soy persona, los asumo e intento rectificar.

¿Cuáles cree que han sido esos errores?

Algo que subsané enseguida, que fue entrar en el ruido, en el marco del Partido Popular. Cuando uno recibe acusaciones falsas, cuando el desgaste pasa por hacer de una mentira una que cala por repetirse, es fácil entrar en esa dinámica. Por suerte, rápidamente me di cuenta de que estoy aquí para hacer una política útil y cercana. Una política donde cada insulto se contesta con una propuesta.

La política madrileña exige huir de la crispación y el ruido, como hizo Ángel Gabilondo o incluso Manuela Carmena. Debemos apostar por la lealtad, el PP no puede hacer de las instituciones su cortijo. Yo siempre me presentaba como Ministra del Gobierno de España, no representaba a ningún partido. Hay que querer no solo a la ciudad, también a la institución que se representa, para que esté a la altura de lo que pide la ciudadanía.

¿En qué ciudades cree que debe mirarse Madrid y en qué alcaldes o alcaldesas debe fijarse quien ostente el bastón de mando?

Uno de los alcaldes más valientes en España es el de Barcelona, Jaume Collboni, que lo ha demostrado no renovando las licencias de uso turístico y poniendo coto a un fraude que impide crear hogares. Él repite, como yo quiero hacer, así que es todo un referente. También en materia de derechos, como persona del colectivo LGTBI que visibiliza la bandera arcoíris. También es un gran feminista y un socialista con el que me siento muy identificada. Luego tenemos a Zohran Mamdani, la parte de ilusión. Me gusta unir los dos atributos, porque la ilusión de uno moviliza y la confianza del otro consolida.

A nivel de ciudad, creo que Madrid es una ciudad maravillosa, construida con el esfuerzo de la ciudadanía. Pero ahora se parece más a un parque temático o un escaparate. Las políticas del PP son para la foto, como hemos visto en la visita del Papa. En cambio, tenemos ejemplos como el de París, que abordan el cambio climático con renaturalizaciones y recuperación de espacio público para la ciudadanía. No hay que confrontar a coches y peatones, solo se trata de reequilibrar para lograr la convivencia en un espacio finito. La apuesta por la movilidad sostenible debe ser el camino a seguir.

Pero como digo, el gran desafío es la vivienda. París está acometiendo políticas ambiciosas apostando por la vivienda pública, con un presupuesto que no tenemos en Madrid. Almeida ha incorporado apenas 3.600 viviendas públicas en siete años y el parque público está por debajo del 1%. Dedicar apenas 140 millones de euros de un presupuesto de 7.000 a vivienda pública dice donde estar la política de vivienda en esta ciudad. Es la octava prioridad del alcalde. Para mí, va a ser la primera.

¿Por qué cree que va a ganar las primarias y las elecciones municipales?

En cuanto a lo primero, vamos a dejar a la militancia que hable. Soy una persona que ha jugado al baloncesto y el partido hay que ganarlo haciendo que el equipo funcione, no creo en los proyectos individuales. Pero uno se ve ganador cuando tiene el respaldo de la militancia, así que vamos a esperar a que termine este proceso.

En cuanto a las elecciones de 2027, vine con la ilusión de ser alcaldesa y creo que esa idea se ha reforzado con mi equipo y las 23 agrupaciones que hacen activismo en sus barrios. Si hacemos una buena campaña para convertir la ilusión y la confianza y la confianza en voto, vamos a ganar. Tenemos que darle más poder a las Juntas Municipales para que sean realmente gobiernos de proximidad y reconfigurar las políticas públicas para que la acción del gobierno mande sobre las empresas privadas que gestionan servicios. También darle herramientas a los trabajadores municipales para que hagan mejor su trabajo. Se hace ciudad invirtiendo y mejorando las condiciones laborales de los empleados públicos. Si algo me caracterizó como ministra fue afrontar las crisis con serenidad y diálogo. Con ello siempre se llega a un buen acuerdo.

Javier Ortega Smith ya es oficialmente un concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, no forma parte de ningún grupo municipal pero seguirá formando parte de la oposición en Cibeles. Su relevo en la Portavocía de Vox, en cambio, tendrá que esperar hasta que la Justicia dirima si el resto de los díscolos, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, pueden continuar o no en el partido. Así lo ha constatado el alcalde José Luis Martínez-Almeida, que este lunes ha confirmado la salida de Ortega Smith.

En palabras de Almeida, el presidente del Pleno (Borja Fanjul) ha desestimado la petición del Grupo Municipal Vox para nombrar a Ansaldo como sustituto del que también fue secretario de Organización de Santiago Abascal, con el que ahora mantiene una guerra abierta. “Tendremos que esperar también a la situación en la que queden definitivamente los últimos concejales que han sido expulsados, que también tienen un procedimiento judicial en curso”, ha zanjado el regidor.

La petición en favor de Ansaldo se comunicó pero una vez pasado el 30 de junio, que es cuando se dio traslado de la desestimación de las medidas cautelares sobre la expulsión del partido. También la reclama la autodenominada “portavoz legítima”, Arantxa Cabello, afín a la dirección, una situación que se complica aún más dado que Carla Toscano (simpatizante de Ortega Smith) se encuentra de baja laboral.

“Ella [Toscano] sigue siendo la portavoz adjunta y será en el seno del grupo municipal Vox donde se tengan que resolver todas las cuestiones que hay en este momento”, ha apostillado el alcalde, que lamenta que el “futuro de un grupo municipal se esté decidiendo en los tribunales. Desde que Ortega Smith, Toscano y Ansaldo se convirtieron en díscolos rompiendo con los preceptos de la dirección nacional de Vox, entraron en distintos procedimientos legales para resolver su situación en el partido.

Los dos últimos continúan a la espera de una resolución, pues sigue abierto su procedimiento judicial para decidir si se aceptan o no las medidas cautelares que han pedido sobre sus expulsiones. Provisionalmente continúan dentro del grupo, aunque su destino será el mismo que el de Javier Ortega Smith si la Justicia no estima sus peticiones.

Almeida no ha obviado que Ortega podría recurrir judicialmente la decisión del presidente del Pleno, algo a lo que “tiene todo el derecho”, aunque le ha advertido de que “hay pocas dudas, es decir, si le ha denegado la medida cautelar por parte del juzgado, que es lo que en su momento se acordó por el presidente del Pleno, esperar por prudencia a que el juzgado se pronunciara sobre esa medida cautelar una vez se desestima correspondía que pasara a esta situación de no adscrito”.

Lo que tiene claro el primer edil es que “no puede ser que el futuro de un grupo municipal se esté decidiendo en los tribunales”. “Y siento decirlo así, con todo mi respeto a Vox, con todo mi respeto a sus procedimientos internos y a las personas que integran el grupo municipal Vox, pero creo sinceramente que un grupo municipal no puede decidir y dirimir su futuro en los tribunales, que tienen que entender que deben estar a la altura de los madrileños y que, dentro de sus discrepacias, deberían hacer por lo menos las cosas más fáciles para que el Ayuntamiento de Madrid pudiera funcionar con normalidad”, ha declarado.

“El Mercado de Usera se mueve. Los tenderos venden y los clientes compran, los productos frescos van de un lado a otro del mostrador y la gente entra y sale y, entre tanto, pasan más cosas. Lecturas poéticas, intervenciones artísticas y cuentacuentos conviven con la actividad natural de una plaza de abastos: las peras de agua bajan, el lomo de buey se mantiene y el precio del pescado fluctúa”. La web del Ayuntamiento de Madrid recoge esta literaria descripción del corazón del comercio de proximidad en Usera. Un trajín que contrasta con la situación del entorno desde el pasado viernes 26 de junio: puertas cerradas, persianas echadas y numerosos carteles con el mismo mensaje: “Mercado cerrado por obras”.

Vecinos y transeuntes se detienen curiosos ante esos anuncios o los de los establecimientos que ofrecen servicios de reparto a domicilio como alternativa. Cuando algún comerciante llega para sacar algo de su tienda, los más curiosos les preguntan qué ha pasado, aunque lo ocurrido empieza a ser una comidilla en el barrio. “Se ha cerrado todo. No sabemos hasta cuándo”, explica el propietario de la panadería Ecuabrasil a una clienta habitual. “Hasta luego y ánimo vecino”, le responde ella con cierto pesar. “Se ha muerto la vida aquí”, lamenta el comerciante en declaraciones a este periódico.

La clausura ha llegado después de de que los responsables de las obras de remodelación en el inmueble, donde se planteaba instalar un espacio gourmet en la planta superior, hayan detectado graves problemas en la estructura de un edificio que data de 1959. “Como ocurre en la rehabilitación de un edificio de esta antigüedad, durante la ejecución de las obras pueden aparecer patologías o incidencias estructurales que no eran visibles inicialmente y que obligan a adaptar los trabajos previstos”, explican fuentes del área de Economía y Hacienda a Somos Madrid. De este departamento depende la Dirección General de Consumo, Hostelería y Comercio, organismo municipal encargado de la coordinación de los mercados municipales.

“El cierre temporal del mercado responde exclusivamente a la necesidad de ejecutar estas obras con todas las garantías de seguridad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la Dirección Facultativa, responsable técnica de la obra desde su inicio. Durante este periodo el mercado permanecerá cerrado al público y la actividad comercial está suspendida. Solo accederá al edificio el personal de obra que desarrolla los trabajos necesarios”, aclaran.

Beatriz, vecina de la calle Ampero Usera, cuenta que eran conscientes de que se estaban ejecutando unas obras en la construcción, pero “nadie pensó que iba a encontrarse tan mal”. “Se han dado cuenta de que la estructura está fatal y les llamaron un viernes a las 16.30 para decirles que cerraban al día siguiente y ya no podían abrir”, narra con tristeza. “Les han dicho que la cosa va para seis o siete meses, pero yo creo que será más bien un año o dos. Y espérate que no tengan que tirar abajo el edificio”, especula.

Desde el Ayuntamiento apuntan que “no es posible determinar una fecha de reapertura”, ya que “los plazos dependerán de la evolución de los trabajos”. Avanzan que la Dirección General de Comercio está llevando a cabo “todas las actuaciones necesarias para proteger a los comerciantes afectados y facilitar una solución lo antes posible”, sin aclarar las medidas específicas al respecto. Sí adelantan que “se está trabajando en la búsqueda de un realojo provisional para los titulares de los puestos, en colaboración con los distintos mercados municipales”.

Los titulares de puestos del Mercado de Usera ascienden a 25. “Son ellos, sus trabajadores, sus familias y los vecinos que acuden a comprar en este recinto quienes dan vida al mercado cada día. Nuestro deseo es que puedan reabrir sus puestos y recuperar su actividad lo antes posible, siempre con todas las garantías de seguridad”, recalcan en el Consistorio.

Beatriz cree que algunos serán reubicados en el Mercado Jesús del Gran Poder y lamenta que en los casi 70 años del recinto “nunca se ha llevado a cabo ninguna remodelación”. “Las tuberías estaban podridas y los forjados se venían abajo. Era un peligro”. Comparte además uno de los grandes rumores que corren por el barrio: que los movimientos de tierra para instalar un ascensor de Metro hace unos años, situado a pocos metros del Mercado, pudo influir negativamente en su estabilidad. “En aquella obra era una vibración constante”, recuerda.

Ella venía asiduamente y de entre sus productos destaca los embutidos, la fruta y el pan. “Ahora tengo que desplazarme un poco más para encontrar una buena barra y donde voy no tienen para abastecer a todo el barrio”, dice. José María, otro vecino de Usera, venía sobre todo por la carne y, de nuevo, los embutidos.

“Estuve aquí la semana pasada y venía a comprar”, lamenta. No quiere creerse que el cierre se ha producido por problemas del edificio y augura que “para septiembre habrán reabierto ya, con el nuevo espacio gourmet de arriba, aprovechando que había algunos puestos vacíos”. Su fe es tan inquebrantable como el apego que tiene al lugar: “Vengo aquí dos veces por semana, por lo menos. Es una pena, pero yo creo que no tardarán en volver. No pasa nada, y si pasa le saludamos”, comenta con humor. “Es como lo que han hecho con el Mercado de la Cebada o con el de San Miguel. Está todo estudiado”, concluye.

La realidad, por desgracia, es más dura. Una vecina acompaña a la propietaria del asador El Pollo de Oro, una joven emprendedora que viene a recoger algunos enseres. “Me la llevo a la piscina para que se anime un poco”, cuenta la señora que le echa una mano. “Hay filtraciones de agua y está que se nos hunde”, asegura esta residente. “Querían poner la parte de arriba en plan chino [en la línea del proyecto municipal de Chinatown], pero han visto que está muy mal y hay que apuntalar ya”.

Varios tenderos y la propia administración del mercado rehúsan atender las preguntas de este medio, aunque la Asociación Profesional de Comerciantes del Mercado de Usera lanzaba el jueves un comunicado en sus redes sociales. “A medida que fueron avanzando los trabajos se descubrireron y certificaron patologías estructurales que no eran visibles. Nos llevó a tomar una decisión dolorosa pero coherente con nuestros valores y los informes de los ingenieros. Priorizando la seguridad, se adoptó de forma consensuada la decisión de cerrar nuestras puertas de forma inmediata. Para quienes vivimos de nuestro trabajo no fue una decisión sencilla, ya que en muchos casos es la única fuente de ingresos de nuestro núcleo familiar”, explican. Pese a ello, entendieron que “la protección de vecinos, clientes, comerciantes y trabajadores debía prevalecer”.

Aclaran que las administraciones competentes están estudiando “todas las medidas de apoyo posibles” y piden “paciencia”, ante la falta de “una fecha clara” para la reapertura. Eso sí, hacen gala de cierto optimismo: “Os aseguramos que el Mercado volverá a lucir como el espacio que es, un sitio para todos, orgullo y centro de nuestra comunidad”. Agradecen por último la “comprensión, confianza y apoyo”.

Actitudes muy necesarias en coyunturas realmente dramáticas. Beatriz cita el caso del propietario del Manchego Café Bar, que gracias a su éxito no solo en el barrio sino en redes sociales atraía tanto a habituales del Mercado como a personas que acudían directamente al negocio. “Había comprado locales de al lado para tener más espacio y ahora se ha encontrado con esto”, lamenta la vecina. Una muestra de que, con el cierre, las grietas del edificio han pasado a abrirse en un barrio que se siente huérfano.