Ningún juez español investigará a Juan Carlos de Borbón y Borbón por ocultar su fortuna millonaria a Hacienda. El Tribunal Supremo ha rechazado la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo, con unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él: los decretos de archivo que firmó la Fiscalía en 2022 “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. El espaldarazo llega en plena batalla de honor entre el padre del actual rey, Felipe VI, y dos personas que, en otro tiempo, fueron muy cercanas al emérito: Corinna Larsen y Miguel Ángel Revilla.

La Fiscalía investigó durante varios años al rey emérito, analizando sus cuentas y pidiendo información a Suiza, hasta que decidió archivarlo todo. La inviolabilidad que le protegió hasta su abdicación, la prescripción por el tiempo pasado, la falta de pruebas y sus pagos a Hacienda, según dijo Anticorrupción, cerraban el paso a cualquier denuncia o querella que quisiera ahondar en la vida que, durante décadas, Juan Carlos I ocultó a la sociedad española: dinero en Suiza, Luxemburgo y Jersey, fundaciones opacas y donaciones de empresarios.

Los argumentos de la Fiscalía sirvieron para evidenciar todo lo que el rey emérito había hecho a espaldas de Hacienda, pero también tuvieron un segundo efecto: blindar al monarca ante cualquier intento de investigación penal. La evidencia se ha materializado en un auto de inadmisión del Tribunal Supremo cuando una docena de juristas e intelectuales, algunos de ellos jueces y fiscales jubilados, han presentado una querella que solicitaba a los jueces que buscaran grietas en los decretos exoneratorios de Anticorrupción.

La Sala de lo Penal, con su expresidente Manuel Marchena como ponente, ha confirmado ese archivo y ha puesto el ladrillo definitivo en el muro que separa a Juan Carlos de Borbón del banquillo de los acusados. “Nada ha cambiado tres años después”, dicen los jueces, que justifique saltarse la “razonada y congruente” decisión de la Fiscalía de no denunciar a Juan Carlos de Borbón. La mejor prueba, dice el Supremo, es que la querella no aporta ningún documento nuevo y se limita a una “glosa crítica” de los decretos de archivo de 2022.

El auto del tribunal supone, en la práctica, un cortafuegos para cualquier iniciativa penal contra el monarca emérito. No solo porque avala sin matices el archivo de la querella, sino porque también cuestiona que alguien que no sea la Fiscalía o Hacienda puedan emprender este tipo de acciones contra Juan Carlos I. Los juristas e intelectuales, explica, no pueden convertirse en “entusiastas valedores” de la Hacienda Pública cuando pagó sus deudas y la propia Fiscalía ha rechazado denunciarle.

La querella solicitaba al Supremo que reconsiderara un aspecto principal de los decretos de archivo de la Fiscalía: que los pagos que Juan Carlos I hizo a Hacienda con las investigaciones ya abiertas no sirvieran para exonerarle porque entienden que ya sabía que estaba siendo investigado y apagó sus fuegos pendientes con el fisco antes de exponerse al banquillo.

65 millones, donaciones y gastos

El Supremo reconoce que, efectivamente, para cuando empezó a desembolsar millones de euros ante Hacienda, ya se le habían notificado las aperturas de varias diligencias, pero ninguna sobre un posible fraude fiscal: “No tienen precisamente por objeto la indagación de ningún delito fiscal”, justifican los jueces. Todo lo demás, explican los magistrados en este auto que todavía puede ser recurrido con pocas perspectivas de éxito, queda cubierto por la prescripción, la inmunidad o directamente la falta de pruebas.

No hay pruebas, por ejemplo, de que los 65 millones de euros que le regaló la monarquía de Arabia Saudí respondieran a una comisión o a algún tipo de corrupción en los negocios por engrasar la presencia de empresas españolas en la construcción del AVE a La Meca. Los mismos que, después de pasar por las cuentas de su fundación Lucum en Suiza, terminó transfiriendo a su entonces amante, la aristócrata Corinna Larsen, en un banco de Nassau.

Los viajes y gastos que corrieron a cuenta de empresarios como Allen Sanginés o la Fundación Zagatka creada por su primo lejano, Álvaro de Orleans, no superaron en la mayor parte de los casos el umbral delictivo de 120.000 euros anuales en impuestos no pagados. Y los que sí superaban esas cantidades quedaron neutralizados por sus pagos a Hacienda. “Se advierte, en sintonía con el criterio del Fiscal, que no son constitutivos de delito, están prescritos o fueron regularizados”, zanja el Tribunal Supremo.

Los pleitos del rey emérito

La decisión del Supremo de blindar a Juan Carlos de Borbón de forma definitiva da impulso a las batallas legales emprendidas por el rey emérito en defensa de su honor: contra el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y contra la aristócrata alemana que durante años fue su amante y almacenó su fortuna, Corinna Larsen.

Revilla fue, durante años, uno de sus grandes valedores públicos hasta que se lanzó a criticar al monarca por las revelaciones sobre la 'cara B' de su vida. El próximo 16 de mayo tendrá que acudir a los juzgados de Santander para un acto de conciliación después de que el padre de Felipe VI le haya demandado por una ristra de intervenciones televisivas denunciando lo que la Fiscalía revelaba diligencia tras diligencias. Además de exigir una rectificación al expresidente cántabro, Juan Carlos de Borbón pide 50.000 euros al político por vulnerar su honor. Su otra iniciativa judicial, buscando salvar su honor a sus 87 años y un lustro después de salir de España para instalarse en Abu Dabi, ha sido interpuesta en Suiza, donde acusa a Corinna Larsen de difamarle.

El carpetazo del Tribunal Supremo a cualquier intento de investigar sus cuentas penalmente no implica, necesariamente, el éxito de su demanda civil contra Revilla o su acusación helvética contra Larsen. Los jueces tendrán que decidir si el político cántabro, por ejemplo, se limitó a referirse a lo que la Fiscalía iba desvelando sobre sus finanzas y su fortuna, aunque finalmente no haya tenido que responder por ello en el banquillo de la Sala de lo Penal.

En el caso de la aristócrata con la que mantuvo, durante años, una relación sentimental paralela a su vida pública en España, el rey emérito cuenta desde octubre de 2023 con otro documento a su favor: la desestimación de la demanda de Corinna Larsen contra él por acoso y hostigamiento por parte de los tribunales británicos. Los jueces, tanto españoles como suizos, tienen que decidir ahora si el fracaso de las acusaciones penales habilitan a Juan Carlos I para llevar al banquillo a los que han criticado, ante millones de personas, lo que durante años hizo en secreto.

Juan Carlos I ha pisado el acelerador en la defensa judicial de su honor. Después de demandar en Santander a Miguel Ángel Revilla, con el que mantuvo excelentes relaciones en el pasado, el monarca emérito ha puesto en marcha la maquinaria legal en Suiza para llevar al banquillo a su expareja Corinna Larsen. El primer pleito gira en torno a las críticas televisadas del expresidente cántabro, pero el nuevo frente judicial tiene un telón de fondo más sensible: los casi 65 millones de euros que le regaló Arabia Saudí hace casi dos décadas y que terminaron en poder de la aristócrata alemana, desatando el conflicto entre ambos.

El rey emérito mantuvo durante varios años una relación sentimental con Larsen, designada por la prensa como “amiga” del monarca hasta que ella misma se lanzó a explicar, incluso en un podcast, que habían sido amantes. Entre relatos de bolsas de dinero en efectivo, regalos, promesas de amor y viajes, aflora un conflicto que terminó en los tribunales británicos y que ahora revive en las cortes suizas de justicia. Porque Larsen y Juan Carlos ya se han visto las caras en el banquillo, pero entonces el demandado era él.

El caso se presenta más complejo que el iniciado contra Miguel Ángel Revilla en España. En su demanda, que tendrá un primer acto el próximo 16 de mayo en los juzgados de Santander con la conciliación previa, el monarca emérito pide 50.000 euros de indemnización al político por años de declaraciones contra él por todas las irregularidades que destapó la Fiscalía en la gestión de su fortuna. El pleito contra Larsen gira en torno a un conflicto que estalló cuando el monarca emérito, según la aristócrata, reclamó a su expareja que le devolviera los millones de euros que le había pedido guardar.

El flujo de dinero que terminó por deteriorar la relación sentimental entre el entonces rey y la aristócrata empezó a moverse en el verano de 2008. Casi 65 millones de euros salieron de Riad, capital de Arabia Saudí, con destino Ginebra. El benefactor era un rey, Abdalá bin Abdulaziz, y el beneficiario era otro, Juan Carlos de Borbón. Las autoridades españolas no supieron de este dinero durante una década y nunca llegaron a dilucidar si era un regalo entre monarcas o una comisión por facilitar la entrada de empresas españolas en la construcción del AVE a La Meca.

La súbita fortuna de Juan Carlos I, entonces todavía lejos de su abdicación, no se quedó en la cuenta que su fundación Lucum tenía en el banco suizo Mirabaud. Cuatro años después ese y otros ingresos “sospechosos” según la Fiscalía pusieron rumbo a un banco de Nassau como donación a Corinna Larsen. El trasvase coincidió con uno de los momentos más delicados del reinado del monarca: su caída en Botswana durante una jornada de caza que le llevó a pedir perdón en televisión y el proceso judicial del caso Nóos contra su yerno, Iñaki Urdangarin.

El banco Mirabaud terminó pidiendo explicaciones sobre quién se escondía detrás de la cuenta donde habían llegado los millones de Arabia Saudí, ante la sospecha de que estuviera relacionado con el proyecto del AVE a La Meca y un posible caso de corrupción. Poco después el dinero salió de Suiza con destino Nassau para quedar bajo la custodia de Larsen. Ese movimiento, que le hubiera costado la imputación por blanqueo de no ser por la inmunidad de la que gozan los monarcas en España, se convirtió en un conflicto a cielo abierto con su amante cuando llegó el momento de recuperar el dinero.

Todo afloró durante el proceso judicial londinense en el que Corinna Larsen reclamaba una indemnización de 146 millones de euros a Juan Carlos de Borbón por continuos episodios de acoso, a ella y a su familia, por encargo del monarca. Los tribunales británicos exoneraron al rey emérito tras no creer el relato de la aristócrata: que después de dejar su relación el rey, antes y después de abandonar el trono, intentó volver con ella y recuperar su regalo millonario del rey saudí.

El conflicto judicial tramitado en Londres terminó bien para Juan Carlos de Borbón y rechazó la demanda por acoso de Corinna Larsen. Para entonces, la empresaria y aristócrata había roto el muro de silencio, metáforas, dobles sentidos y sobreentendidos y había dejado claro que no había sido su “amiga”, como había sido bautizada de facto en España: había sido su amante y tenía muchos detalles que contar.

Las “bolsas de dinero” del rey

Lo hizo, por ejemplo, en un podcast titulado 'Corinna y el rey' en el que habla de todas esas cosas que, supuestamente, mucha gente sabía y nadie contaba mientras Juan Carlos de Borbón, navidad tras navidad, pedía esfuerzos y ejemplaridad a un país sumido en una crisis económica salvaje. Bolsas “llenas de dinero en efectivo”, unos niveles “disparatados” de riqueza y detalles a la altura del mejor papel 'cuché', pero también más acusaciones de acoso contra las que ahora Juan Carlos I, a sus 87 años y desde una villa de lujo en Abu Dabi, pretende luchar en los tribunales.

La demanda del rey emérito, según han avanzado medios como El País, abarca a más protagonistas de la turbulenta historia de su fortuna y la 'cara B' de su reinado. Por ejemplo, el abogado suizo Dante Canonica, que llegó a dirigir la fundación Lucum donde escondió los casi 65 millones de euros hasta que pasaron a manos de su amante.

Canonica declaró en 2020 ante las autoridades helvéticas durante la investigación del fiscal Yves Bertossa que el entonces jefe del Estado ordenó crear una estructura en Suiza para ocultar esa “importante donación” procedente de Arabia Saudí. Las órdenes las impartió, según su versión, en su despacho en La Zarzuela y también abarcaban a al banquero Arturo Gianfranco Fasana, gestor de las fortunas de la trama Gürtel en Suiza.

La nueva guerra judicial de Juan Carlos de Borbón, según citan varios medios con acceso a las selectas fuentes de su entorno, no resulta especialmente cómoda en su círculo más cercano y no ha contado con el visto bueno de la Casa Real. Y su futuro es incierto. Si Miguel Ángel Revilla, por ejemplo, consigue demostrar que todo lo que dijo del rey se basaba en las investigaciones de la Fiscalía, el resultado del pleito será una sentencia que avale años y años de críticas del expresidente cántabro al monarca. Si los tribunales suizos no estiman sus alegaciones contra su examante, el desenlace judicial será más grave: una derrota donde antes había una victoria.

Sobre ambos procesos legales planea la sombra de los decretos con los que la Fiscalía Anticorrupción cerró la puerta a que el monarca emérito fuera juzgado pero en los que también plasmó las gestiones potencialmente irregulares de su fortuna y cómo movió millones y millones de euros a espaldas de Hacienda. Investigaciones y detalles que en 2020 precipitaron su salida de España hacia Emiratos Árabes, donde reside entre esporádicas visitas al país en el que reinó durante casi 40 años.

Información que ahora vuelve a manos de los jueces, desde la óptica del derecho al honor, para zanjar la guerra entre el rey emérito de España y un pasado que, durante años, ocultó al país durante décadas.

El rey emérito Juan Carlos I ha emprendido acciones legales contra su examante Corinna Larsen por supuestos delitos contra el honor y contra su exabogado Dante Canonica en un juzgado suizo, según adelantaba este martes El Periódico.

La empresaria alemana —beneficiaria de la donación de 65 millones de euros que el entonces rey recibió en 2008 de Arabia Saudí— le demandó por acoso en 2021, pero la Justicia británica lo rechazó dos años después. Según sus acusaciones, el monarca, valiéndose de los servicios españoles de espionaje, había emprendido una campaña de acoso y amenazas contra ella y su hijo pequeño con dos objetivos: retomar la relación que habían mantenido en el pasado y recuperar el dinero que él le había donado para esconder sus negocios millonarios de la lupa de Hacienda y las autoridades.

Además, el exabogado denunciado, Dante Canonica, fue el director de la fundación panameña 'Lucum' en la que el ex jefe de Estado había ocultado una supuesta donación de hasta 100 millones de euros de Arabia Saudí. Este “obsequio”, tal y como lo describieron entonces los investigadores suizos, se depositó en una cuenta abierta en el banco privado Mirabaud a nombre de la fundación abierta en Panamá.

Es la segunda querella que anuncia el rey emérito en una semana. El pasado 1 de abril, la diana fue el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, al que consideró responsable de un “atentado contra su honor” durante sus diferentes apariciones públicas en los medios de comunicación en los últimos años. La representación legal del monarca le pide una indemnización de 50.000 euros por “daños morales” como consecuencia de las “expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas” que le atribuyen al político cántabro.

El rey Juan Carlos I se marchó repentinamente a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020 para tratar de poner distancia entre las investigaciones judiciales sobre su ingente patrimonio y el reinado de su hijo. Ahora ya no tiene frentes judiciales —salvo los abiertos por él esta semana— tras el archivo de las investigaciones que llevaba a cabo la Fiscalía contra él por las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, el supuesto uso de tarjetas opacas sufragadas por un empresario mexicano y la fortuna que ocultaba en la isla de Jersey. El Ministerio Público concluyó que el que fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas se enriqueció de espaldas a Hacienda, pero los posibles delitos o estaban prescritos o se cometieron cuando era inviolable o fueron regularizados ante la Agencia Tributaria. 

Hace 20 años, el 22 de mayo de 2004, los príncipes Felipe y Letizia se casaron. Lo sabemos porque el evento fue fastuoso. Se retransmitió a todo el mundo y costó entre 20 y 40 millones de euros. Todavía hoy se desconoce el presupuesto real, a pesar de ser fondos públicos. Al día siguiente acaparó todas las portadas. “Los reyes del siglo XXI”, tituló El País. “Un sí bajo la lluvia”, lo hizo El Mundo. La lluvia era la que había caído en Madrid el día anterior, no la que estaba cayendo tras las bambalinas y que tardaría aún años en calar.

También lo sabemos porque estos días los especiales de televisión recordando el evento han sido múltiples, así como el contenido en todos los medios. Incluso desde Casa Real se celebraba la pasada semana el aniversario con una docena de fotografías de los hoy ya reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, posando en los jardines aledaños al Palacio Real, donde se celebró el banquete.

Pero no es el único vigésimo aniversario que se celebra. También el de la luna de miel, que empezó dos días después, el 24 de mayo, en Cuenca. “Pocos países pueden ofrecer riquezas en su patrimonio como España”, se anunció desde Casa Real entonces, para ensalzar por qué los recién casados comenzaban allí su viaje de novios. También lo sabemos porque lo contaron, además de la Zarzuela, los medios. Después de Cuenca viajarían a Teruel, a Zaragoza, plegaria a la virgen del Pilar incluida, a Navarra y a Euskadi. Pocos países podían ofrecer riquezas como las de España. Pero no eran suficientes... Y eso es lo que no sabíamos.

Durante todo su reinado, Juan Carlos I hizo dos tipos de viajes. Unos, los oficiales, son los que lo llevaban como rey por toda España y por el mundo, desde tomas de posesión de nuevos presidentes en Latinoamérica hasta viajes con empresarios para abrir negocios para las empresas españolas. Sobre ellos se informaba desde Casa Real o desde el Gobierno.

Los otros, los privados, numerosos, lo llevaron a todo tipo de lugares y por causas desconocidas, porque de estos jamás se informó. En uno de ellos en 2012 en Botsuana se rompería la cadera en un safari de elefantes hoy maldito para la corona. En otro, diez años antes, en Kazajistán, el rey se fue a cazar cabras salvajes pero no sólo regresó intacto, sino más rico con un maletín con cinco millones de dólares en metálico regalo del presidente kazajo. Hoy lo sabemos porque lo contamos en elDiario.es.

'El señor y la señora Smith'

La luna de miel de Felipe y Letizia replicó el modelo que tan bien le funcionó durante décadas al rey Juan Carlos. Un viaje oficial, por España, como se contó, y que continuó en Jordania, donde se casaban el príncipe Hamzah y la princesa Noor, que unos días antes asistieron a su vez en Madrid a la boda real. De lo que sucedió después no se supo nada. Sólo que un mes más tarde de haber viajado a Cuenca los príncipes volvían al trabajo en Madrid.

Lo que sucedió en esas semanas lo sabemos hoy, pero no por la Casa Real, sino porque lo publicó en Inglaterra, muchos años después, en 2020, The Telegraph. El viaje privado, del que no se informó en la Zarzuela porque era eso, privado, y por, como se justificó, “preservar la intimidad” de los recién casados, no había llevado a Felipe y Letizia de visita por el rico patrimonio español, sino al 'señor y la señora Smith', como se los llamó en clave, por Fiji, Samoa, Estados Unidos y México en un viaje de absoluto lujo. Tanto que costó cerca de medio millón de euros: 467.000 dólares.

Casi la mitad del dinero, 200.000 dólares (170.000 euros en 2004) lo pagó el rey Juan Carlos. Aquel 2004 debió de ser un buen año para él, porque aparte de ese dinero le prestó 1.200.000 euros a su hija Cristina para que se comprara la casa de Pedralbes, en Barcelona, donde vivió su familia y donde ella e Iñaki Urdangarin desarrollaron el hoy famoso Instituto Nóos por el que su marido acabó en la cárcel y ella condenada y multada como corresponsable de un delito fiscal. En 2004 el salario del rey aún era secreto. Se revelaría por primera vez en 2011, precisamente cuando acababa de ser imputado Urdangarin: 292.000 euros brutos. Si siete años antes el rey Juan Carlos tenía ya un sueldo similar, aquel 2004 se gastó, entre la luna de miel y el préstamo para la casa, su sueldo íntegro de ocho años. Eso, por supuesto, si el dinero salió de su patrimonio oficial, porque hoy sabemos también que era ínfimo en comparación con el oculto en paraísos fiscales. Como en los viajes, había unos ahorros oficiales y otros privados.

La otra parte del viaje, 269.000 dólares, la sufragó Josep Cusí, el amigo más íntimo de Juan Carlos, a través de su empresa Navilot. Un regalo de casi un cuarto de millón de euros, por tanto, de un empresario al príncipe de Asturias, futuro jefe del Estado. Al mismo Felipe que diez años después, en 2014, tras su coronación, aprobó un código de conducta para la Casa Real en el que se establece que los miembros de la casa y sus trabajadores “rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía”.

Diez años antes o no se aplicaba el código o la cortesía cotizaba muy al alza. En cualquiera de los dos casos, el regalo debía declararse a la Agencia Tributaria. Los regalos de boda deben declararse a través del impuesto de donaciones y sucesiones. Los de menor cuantía, los que normalmente hacen los invitados a las bodas, no están exentos, pero, como explican los técnicos de Hacienda, normalmente no se comprueban. A partir de los 3.000 euros de regalo, tanto en metálico como en especie, como un coche, un inmueble o un viaje de lujo, no declararlos se considera una falta grave. Este multiplicaba por 150 la cantidad de cortesía, o del límite de gravedad.

Las revelaciones de Corinna Larsen

Esta otra luna de miel, la privada, la conocemos hoy sólo porque la publicó el periódico inglés. La noticia, sin embargo, no apareció al día siguiente en la portada de papel de ninguno de los periódicos españoles. Pero la conocemos, sobre todo, porque hubo una persona que quiso que la conociéramos y que fue quien se la filtró al diario británico: Corinna Larsen.

Larsen ya no era en aquel 2020 la “amiga íntima”, como se la bautizó en la prensa española, del rey Juan Carlos, la mujer con la que el monarca había mantenido una relación sentimental durante años y con la que había llevado, literalmente, una doble vida, compartiendo casa con ella en el propio recinto del parque natural de El Pardo, a pocos kilómetros de la Zarzuela. Ya se había convertido en su enemiga íntima y pasaba en ese año 2020 a ser su enemiga pública. Aquella primavera de 2020 Larsen cambiaba su estrategia. Si hasta entonces mantenía una pugna soterrada con el rey Juan Carlos por los 100 millones de dólares que éste había recibido de Arabia Saudí, que le había transferido a ella y que le reclamaba de vuelta, ahora pasaba a incluir en su disputa también al rey Felipe. Su punto de mira se desviaba del rey Juan Carlos para apuntar a la corona.

¿Cómo lo hizo? Con la información de la que disponía: filtrándola. Primero, que Felipe aparecía como beneficiario de dos fundaciones con fondos millonarios ocultos en paraísos fiscales: la fundación Lukum en Panamá y Zagatka en Liechtenstein. Fue la noticia que detonó, en plena pandemia, en paralelo a la declaración del estado de alarma, la reacción desde Zarzuela del rey Felipe castigando públicamente a su padre retirándole el sueldo y renunciando a su herencia. Además, se anunció desde palacio, en un comunicado, porque el rey jamás se ha referido a ello, que el monarca desconocía su participación en esas fundaciones y que tras descubrirla había dado orden para ser eliminado de ellas.

Según el relato de la Zarzuela, el rey Felipe lo supo un año antes y acudió a un notario para desaparecer como beneficiario. Según el relato porque no se aportó ninguna prueba que lo confirmara. Todavía hoy, cuatro años después, sólo existe la explicación, pero no documento alguno que la respalde. El anuncio desde Zarzuela, el relato, lo conocemos, en cualquier caso, porque Larsen filtró la información a los medios. No se produjo un año antes, cuando los abogados de Larsen se lo comunicaron a Casa Real, como una amenaza poco sutil del arsenal que ella podía tener y usar. Sólo se reaccionó oficial y públicamente cuando no quedó más remedio que hacerlo. Si no, hubiera permanecido en privado.

Semanas después, Larsen volvía a apuntar a los hoy reyes. De nuevo, como con las fundaciones ocultas, con unos hechos que cuestionan o ensombrecen la “ejemplaridad” que políticos y medios de comunicación ensalzan acríticos del rey Felipe y con la que lo diferencian de su padre para protegerlo. Ahora Larsen disparaba con la luna de miel como munición, con la otra luna de miel, la que se había mantenido en secreto. Y conocía bien los detalles porque ella fue quien la planeó. En aquella época trabajaba organizando safaris de lujo y el rey Juan Carlos, que ya tenía una relación con ella, le pidió que organizara el viaje en secreto. “Apenas dormía. No me separaba de los dosieres y estaba muy preocupada de que no se filtrase nada”, le contaba Larsen a este periodista sobre aquella ‘misión’ que le encomendó el rey Juan Carlos. Añadía que le había resultado muy complicado organizar un viaje así por todo el mundo, en contacto con las embajadas y sin que trascendiera.

Desde luego, no trascendió. Y así hubiera seguido, sin trascender, de no ser por ella. “Otro bochorno más para el rey Felipe”, subtituló The Telegraph su exclusiva sobre la boda. El rey había castigado públicamente a su padre, renunciando a su herencia, pero años antes se embarcaba en un exclusivo viaje pagado por él con unos fondos cuya procedencia se desconoce.

Sobre aquella luna de miel nunca se han dado explicaciones desde Zarzuela. Ni sobre las dudas que plantea, más allá de las evidentes del caso concreto del viaje. Ese regalo lo conocemos hoy sólo porque lo expuso Larsen. Porque la luna de miel de 2004 se transformó en 2020 en su guerra contra Juan Carlos en una luna de hiel. Pero, ¿cuántos más regalos hubo? ¿De qué cuantías? ¿Quién los pagó? ¿Se declaró alguno de ellos? Veinte años después de aquella primera noche en el Parador de Cuenca, pocos países ofrecen las riquezas de España, seguimos sin saberlo.

La fortuna judicial ha vuelto a sonreír a Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón. Después de que en 2022 la Fiscalía española cerrara las tres investigaciones que mantenía abiertas en torno a la gestión irregular de su fortuna, los tribunales británicos han decidido rechazar las acusaciones de acoso de su expareja Corinna Larsen al entender que el pleito no es competencia de los jueces de Londres. El horizonte judicial del rey emérito queda despejado mientras va haciendo cada vez más habituales sus visitas a Galicia con la incógnita de si dejará Abu Dabi para volver a España.

Pontificar sobre lo que hará o pretende hacer el rey emérito siempre requiere de un cierto grado de especulación. Muy pocos saben cuál será su próximo paso y, siguiendo su política de hechos consumados, la población española ha sabido de sus movimientos cuando ya se habían producido. Por ejemplo, cuando abandonó la Zarzuela para establecerse en la lujosa isla de Nurai, o cuando movió decenas de millones de euros en el extranjero enriqueciéndose masivamente mientras estaba sentado en el trono y España atravesaba la peor crisis económica de su historia.

Un primer comunicado del despacho de abogados británico que ha llevado su defensa expresaba, entre otras cosas, que el monarca emérito consideraba que se había hecho “justicia”. Otro citado por el diario ABC era bastante más explícito: “La decisión de hoy, favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas”.

Lo que es un hecho es que sus visitas a España, y específicamente a Galicia y Sanxenxo a bordo del velero Bribón, han ido aumentando a medida que sus frentes judiciales se han ido solucionando a su favor. Su cuarta estancia en Galicia desde que empezó su exilio (supuestamente voluntario) culminó con una respuesta a la pregunta de si quiere volver a vivir en España: “Por supuesto”.

Ese “por supuesto” se suma a una larga lista de escuetas afirmaciones a los micrófonos durante sus últimas visitas al país cuya jefatura de Estado ostento durante casi cuatro décadas, algunas más crípticas que otras. A principios de este año, eso sí, dio un paso en dirección contraria y anunció que pasaría a ser considerado residente fiscal en Abu Dabi. Por aquel entonces ya no había investigación penal contra él por su fortuna oculta pero el pleito por acosar a su expareja Corinna Larsen todavía se tramitaba en los tribunales de Londres.

El rey emérito abandonó España en el verano de 2020, cuando las informaciones sobre su fortuna apuntaban a un rosario de irregularidades. Se marchó poco antes de que la Fiscalía del Tribunal Supremo abriera una triple causa contra su patrimonio y también de que Larsen, con la que mantuvo una relación sentimental durante un lustro, presentara una demanda civil en la que exigía más de 145 millones de euros por acoso.

El “minijuicio” sobre el acoso

Su última victoria llegó este viernes desde Londres. La magistrada Rowena Collins Rice desestimaba la demanda de Corinna Larsen con un motivo principal: la Justicia británica no es la competente para estudiar su denuncia. En 92 páginas, la jueza examina si los actos de acoso que denunciaba la aristócrata danesa ocurrieron en Reino Unido, al menos lo suficiente como para declarar la competencia de sus tribunales, y la respuesta es que no. No ha “identificado o descrito”, dice la resolución, unos acontecimientos que de forma continua se hayan desarrollado en Londres. “Puede haber experimentado o reaccionado a actos del demandado cuando estaba en Inglaterra. Pero eso no es lo mismo que experimentar el acto de acoso en Inglaterra y no en cualquier otro sitio”, explica.

Queda la incógnita de si Larsen presentará algún tipo de recurso o si dirigirá su demanda civil a otro país, ya sea España o Mónaco. En un comunicado, la empresaria mostraba su descontento con la decisión y anunciaba que estaba considerando “todas las opciones posibles”. Pero la sentencia de la magistrada Collins entraba en sus alegaciones concretas de acoso y dejaba poco espacio para la interpretación.

Después de afirmar que rechazaba hacer un “minijuicio”, la jueza londinense entra a examinar las alegaciones de Larsen sobre el acoso que denuncia haber sufrido y las consecuencias psicológicas que tuvo para ella. Sobre todo teniendo en cuenta, dice la magistrada, los cambios que introdujo a lo largo del proceso para redirigir la demanda: “No se ofrece ninguna prueba de que la conducta alegada se haya llevado a cabo no sólo de forma deliberada, persistente, opresiva y con vistas a un resultado financieramente ventajoso, sino también con la intención adicional de infligir daño psiquiátrico o angustia grave”, reprocha.

Larsen, bautizada por muchos como “amiga del rey” a pesar de haber reconocido una relación sentimental con él desde 2004 hasta 2009 con encuentros posteriores, sostenía que en 2012 el monarca y su entorno empezaron una estrategia de acoso contra ella con varios objetivos: evitar la filtración de datos comprometedores, retomar su relación sentimental y recuperar, además, más de 60 millones de euros que le entregó en un paraíso fiscal a espaldas de Hacienda.

La triple investigación en España

Juan Carlos de Borbón no tiene nada que temer en Londres, pero tampoco en Madrid. Así lo interpretan fuentes de su defensa. La Fiscalía Anticorrupción selló el final de las acusaciones penales contra él en marzo de 2022, dejando poco o ningún espacio a que cualquier acusación contra él pudiera prosperar en un tribunal. Una exhaustiva investigación de años que desnudó el trasiego de millones por parte del monarca fuera de España, pero sin consecuencias legales para él, protegido por la inmunidad, la prescripción y, en algunos casos, la falta de pruebas.

Las pesquisas encabezadas por el fiscal Juan Ignacio Campos, hoy fallecido, dejaron negro sobre blanco cómo Juan Carlos I amasó millones y millones de euros a espaldas del fisco español cuando estaba en el trono, y también cómo los movió para evitar ser descubierto antes y después de abdicar en 2014. Especial atención mereció que en 2008 sus colaboradores abrieran una cuenta en un banco de Suiza para gestionar los fondos de su fundación panameña Lucum, y concretamente los 64,8 millones de euros procedentes del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz.

Estas indagaciones penales, que terminaron en archivo, están conectadas con la demanda civil que interpuso Larsen: fue ella quien terminó recibiendo esos fondos en una cuenta de Bahamas a modo de “donación irrevocable”. Un dinero que, según la empresaria, el rey intentó recuperar a base de amenazas y acoso.

Todos los posibles cargos quedaron sepultados por la inviolabilidad que le protegió hasta su abdicación en 2014, así como por la caducidad y prescripción de cualquier acusación y, en última instancia, la falta de pruebas sobre algunas de ellas. También sus pagos a Hacienda, hechos después de saber que estaba siendo investigado. Por ejemplo, dijo la Fiscalía que no había pruebas de que esos casi 65 millones de euros estuvieran relacionados con el papel que tuvo el rey emérito en la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas.

Los decretos de archivo de la Fiscalía expusieron una ingeniería financiera hasta entonces oculta para el gran público, pero al mismo tiempo levantaron una muralla inexpugnable. Ninguna denuncia por estos hechos y con estos datos en la mano, en caso de que haya sido presentada, ha prosperado contra el rey emérito en el Tribunal Supremo año y medio después del triple carpetazo.

La existencia de una investigación contra él desencadenó la inédita decisión de abandonar España y establecerse en la capital de Emiratos Árabes Unidos. El archivo de esas diligencias marcó el pistoletazo de salida a una serie de visitas esporádicas, sobre todo a Galicia y a su velero Bribón, y ahora la nueva victoria judicial cosechada en Londres deja su camino libre de preocupaciones legales. Todo ello a la espera de saber qué quiere decir cuando afirma que esta última decisión “restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas”.

Juan Carlos I está “muy satisfecho” tras la decisión de un tribunal británico de archivar la demanda por acoso que había presentado contra él la empresaria alemana Corinna Larsen, con la que mantuvo durante años una relación extramatrimonial. “Se ha hecho justicia”, recoge en un comunicado emitido por el despacho británico que ha llevado su defensa.

Además, ABC se hace eco de otro comunicado que atribuye a “un portavoz del rey Juan Carlos I” y que dice lo siguiente: “La decisión de hoy, favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas”. De esta manera, el rey emérito estaría insinuando un regreso a la vida pública de la que se retiró en el verano de 2019. La Casa Real informó el 27 de mayo de ese año que Juan Carlos I había anunciado a su hijo su intención de abandonar la agenda institucional a partir del siguiente 2 de junio, coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación. Desde entonces no ha participado en actos oficiales. 

Apenas un año después, en agosto de 2020 se marchó repentinamente a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para tratar de poner distancia entre las investigaciones judiciales sobre su ingente patrimonio y el reinado de su hijo. Desde entonces ha realizado cuatro visitas a España. Fue en la última, que finalizó esta misma semana, cuando expresó a los medios de comunicación su deseo de volver a vivir en España. 

Es un camino que ahora parece allanar la decisión de la justicia británica. Era el único frente judicial que tenía abierto tras el archivo de las investigaciones que llevaba a cabo la Fiscalía contra él por las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, el supuesto uso de tarjetas opacas sufragadas por un empresario mexicano y la fortuna que ocultaba en la isla de Jersey. El Ministerio Público concluyó que el que fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas se enriqueció de espaldas a Hacienda, pero los posibles delitos o estaban prescritos o se cometieron cuando era inviolable o fueron regularizados ante la Agencia Tributaria. 

En el comunicado difundido por el bufete que le ha asesorado en Londres, el monarca celebra que los tribunales ingleses hayan “rechazado total y concluyentemente la demanda interpuesta” en su contra, así como su conclusión de que no tenía “perspectivas reales de éxito” y que, por lo tanto, no procedía celebrarse un juicio. 

En el marco de ese procedimiento, Larsen le reclamaba 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios por unas presuntas amenazas para que no sacara a la luz documentación que pudiera “incriminarlo”. Según Larsen, Juan Carlos I inició “un patrón de conducta equivalente al acoso” a partir de 2012, a raíz de la ruptura total de sus relaciones, y se mantuvo hasta la fecha de presentación de la demanda, en diciembre de 2020.

En su resolución, la jueza Rowena Collins Rice entiende, en primer lugar, que la jurisdicción londinense no era la competente para estudiar este asunto. Pero, además, explica que en caso de que la tramitación del pleito hubiera sido corecta, “habría rechazado la demanda”, dice el documento, que apunta a la “inconsistencia” de la actuación procesal de Larsen y a problemas de “claridad, exactitud y consistencia” en la manera en la que dirigió su demanda, entre otras cuestiones.

El tribunal británico que estudiaba la demanda de Corinna Larsen contra Juan Carlos de Borbón ha rechazado las acusaciones de acoso de la empresaria contra el rey emérito. Los magistrados entienden, en primer lugar, que la jurisdicción londinense no era la competente para estudiar este pleito pero, además, explican que de haberlo sido habrían rechazado las alegaciones de acoso de la empresaria contra su antiguo amante, el rey emérito.

El rey emérito ha emitido un comunicado, citado por ABC pocas horas después de conocer la resolución judicial. “La decisión de hoy, favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas”, asegura. En otro comunicado, Larsen ha asegurado estar “profundamente decepcionada” por el resultado del caso y el rechazo a su demanda. “Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema jurídico”. El rey emérito, afirma, “ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones disponibles”.

Corinna Larsen presentó una demanda por valor de 146 millones en Londres contra Juan Carlos I acusándole de haber perpetrado distintos actos de acoso contra ella y su familia, tanto de manera personal como a través de los servicios secretos españoles. Según sus acusaciones, el monarca intentó que retomaran su relación y también que ella le devolviera varios millones de euros que le había donado en el pasado. Implicó en este acoso a Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia hasta 2019.

Una primera parte de este pleito se centró en si el rey emérito estaba o no protegido por la inmunidad que la normativa británica ofrece a los jefes de Estado de otros países. La respuesta fue que esta prerrogativa le blindaba hasta su abdicación en 2014. Ahora la decisión final sobre el caso rechaza las acusaciones de Larsen contra él.

El tribunal británico argumenta, en primer lugar, que el caso no debería haber sido estudiado por los jueces de Londres. Pero que en caso de que la tramitación del pleito hubiera sido corecta, “habría rechazado la demanda”, dice el documento, apuntando a la “inconsistencia” de su actuación procesal, problemas de “claridad, exactitud y consistencia” en la manera en la que dirigió su demanda y “la falta de explicaciones lo suficientemente buenas para los cambios que quería hacer”.

La conclusión del tribunal es que “los cambios que hizo no introdujeron factores con los que hubiera tenido una posibilidad real de triunfar en un juicio”. El tribunal londinese también habría “garantizado” la posibilidad de que Juan Carlos I triunfara en su petición de desestimar una demanda que “no cumplía con las normas judiciales aplocables a la redacción de una demanda por acoso”.

Las acusaciones de Corinna Larsen

Corinna Larsen (Alemania, 1964) denunció a Juan Carlos de Borbón ante los tribunales británicos exponiendo que el monarca, valiéndose de los servicios españoles de espionaje, había emprendido una campaña de acoso y amenazas contra ella y su hijo pequeño con dos objetivos: retomar la relación que habían mantenido en el pasado y recuperar el dinero que él le había donado para esconder sus negocios millonarios de la lupa de Hacienda y las autoridades.

Sucedió, según su demanda, entre 2012 y 2014. Seguimientos y amenazas tanto por teléfono como en persona en su propio despacho de Mónaco para evitar, también, la disfusión de información comprometedora para el monarca. En uno de estos episodios, por ejemplo, afirma que Juan Carlos I exigió que le devolviera los “regalos” que le había hecho previamente. 

Es un espacio de tiempo que coincide con los episodios más convulsos e irregulares de la gestión de la fortuna de Juan Carlos de Borbón a espaldas de Hacienda, asunto por el que también fue exonerado por la Fiscalía del Tribunal Supremo español. En junio de 2012, por ejemplo, los fondos de su Fundación Lucum llegaron a una cuenta abierta en Bahamas por la aristócrata alemana. Más de 52 millones de euros junto con 3,7 millones de francos suizos y 14,4 millones de dólares.

La Fiscalía española decidió exonerar al rey emérito al combinar factores como su inmunidad monárquica, la prescripción de los hechos y la falta de pruebas. La triple investigación que había encabezado el Ministerio Público y su departamento de Anticorrupción quedó archivada, cerrando la puerta en la práctica a que cualquier denuncia ante los tribunales pudiera llegar a prosperar contra él.

Los abogados del rey emérito, Juan Carlos I, han solicitado a la Justicia británica que desestime la demanda por presunto acoso presentada por su ex amante Corinna Larsen, que le reclama 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.

Así consta en un escrito elaborado por los nuevos abogados del ex jefe de Estado, del bufete británico Velitor Law, con los argumentos principales de la vista que ha arrancado este lunes en el Tribunal de Justicia de Londres ante la juez Collins Rice y que se prolongará hasta el viernes. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, revela que, por las presuntas conductas de acoso que Don Juan Carlos o sus “agentes” habrían llevado a cabo contra la empresaria, Larsen reclama una suma de 126 millones de libras, cantidad que hasta ahora no había trascendido.

Uno de los principales argumentos de la defensa es que considera que los tribunales de Reino Unido no son los competentes para conocer de esta demanda. Se basa en el artículo 4 de la regulación de la UE sobre jurisdicción, el cual establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país. En este caso, creen que debe ser España.

A ello, los abogados del rey emérito añaden que “la cuestión clave es si, en relación con los supuestos actos de acoso, Reino Unido es el lugar donde se produjo el presunto 'evento dañino' o el 'daño directo'”, algo que sostienen que la representación legal de Larsen no ha demostrado, siendo a esa parte --aducen-- a quien corresponde la carga de la prueba.

Las fuentes consultadas por Europa Press señalan que el objetivo de esta vista de cuatro días es abordar las cuestiones preliminares que quedaron pendientes hasta que se resolviera el alcance de la inmunidad del antiguo monarca.

La inmunidad de Juan Carlos I

Fue el pasado 6 de diciembre cuando el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales estableció que Don Juan Carlos goza de inmunidad respecto a las actuaciones previas a su abdicación como Rey de España, en 2014.

Esta decisión judicial implica que la demanda de Larsen, que sitúa el marco temporal del presunto acoso entre 2012 y 2020, solo podrá seguir su curso ante los tribunales británicos por lo ocurrido a partir de 2014. La empresaria relata en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con Larsen.

Reclama al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la “instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección” y por la contratación a “ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno” para que interviniesen con el fin de “poner fin al acoso” que dice haber recibido.

Hechos posteriores a 2014

La inmunidad reconocida al ex jefe de Estado implica que el grueso de la demanda presentada en 2020 por Larsen no será analizada por la Justicia británica, ya que es en esos primeros años, del 2012 al 2014 donde la empresaria coloca los hechos que revestirían mayor gravedad, entre ellos la visita que habría recibido en Londres del entonces jefe del CNI, el general Félix Sanz Roldán, y el registro de su apartamento en Mónaco.

En el periodo temporal que sí podrán abordar los jueces británicos, Larsen asegura que en 2015 recibió un correo de su ex marido en el que decía que debía devolver el dinero que tenía de Juan Carlos I. Ese mismo año, dice haber recibido comentarios por parte de terceros que afirmaban que ella había robado dinero y bienes al rey emérito. “Estas declaraciones falsas tenían la intención del demandado de causar daño a la demandante, a su reputación e intereses comerciales y, de hecho, lo hizo”, señala el documento.

Larsen narra también presuntos seguimientos de los que dice haber sido víctima entre 2015 y 2020 por parte de terceras personas que, a su juicio, estarían vinculadas al antiguo monarca. Entre otras cuestiones, la empresaria destaca que el 11 de noviembre de 2020 un hombre de apariencia mediterránea apareció frente a ella en plena calle en Londres y le dijo: “Hi, hola, you must stop” (Hola, debes detenerte).

En 'El traje nuevo del emperador', Hans Christian Andersen contaba la historia de un rey que, cegado por su obsesión con el lujo, llegaba a presentarse en calzoncillos ante sus súbditos sin que nadie se atreviera a decirle que no solo no llevaba una fantástica tela invisible, sino que iba desnudo. En 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I' (Libros del K.O) los periodistas José María Olmo y David Fernández relatan cómo durante décadas en España decenas de personas supieron que Juan Carlos de Borbón llevaba una vida paralela, tanto personal como institucional y fiscal, pero la gran preocupación fue taparlo, nunca frenarlo.

Fueron un parche tras otro colocados por el Estado, los servicios de inteligencia o grandes empresarios para que Juan Carlos I pudiera seguir recibiendo millones de euros en paraísos fiscales mientras lamentaba la crisis económica en sus mensajes navideños por televisión.

A lo largo de 19 capítulos, los autores sazonan su extensa investigación periodística propia con otras obras y detalles de Rebeca Quintáns, José García Abad, Álvaro de Cózar o elDiario.es para rodar la película completa de la vida alternativa del hoy rey emérito. Una aleación de crónica rosa, relaciones de poder, pasión por la riqueza e ingeniería financiera que permite ver la trayectoria del monarca desde otra perspectiva.

El libro aplica un filtro de realidad a lo que, a ojos de los españoles, fue una vida entregada a España aliñada con rumores amorosos, de esos que todo el mundo sabía pero no se publicaban. Detrás de muchos de esos cuchicheos, además de una relación personal, había un trasiego de millones o incluso un intercambio de favores con algún mandamás de Oriente Medio. Resulta que el rey conocido por campechano padecía una fiebre del oro que, explica el libro, rivalizaba con la que experimentó Thorin Escudo de Roble cuando pudo, por fin, zambullirse en los tesoros de Erebor en una versión acorazada del Tío Gilito.

Mientras mantenía unidas las costuras de un país recién salido de cuatro décadas de dictadura, Juan Carlos de Borbón “se rodeó de los prohombres del pelotazo”, explica la obra. Puso en marcha un entramado financiero de funcionamiento similar al de una célula yihadista para evitar levantar sospechas. Cada foto oficial escondía una historia de tratos, maletines y transferencias bancarias mientras, a espaldas de los españoles, alguien bautizaba una sociedad offshore como “K.Legacy”, asimilable al legado del rey.

La crónica social se mezcla con una película de espías y reyes y algo parecido a un informe policial, plagado de nombres de sociedades, testaferros y cifras astronómicas. Algunas conocidas, otras inéditas. No se salvan ni los Bribones, la sucesión de barcos usados por el monarca en este cruce de informe de la UDEF con un especial de Lecturas. Y refleja que detrás del término “amiga íntima” que la prensa española acuñó para Corinna Larsen, en su momento pareja del rey, se escondía una historia de millones y paraísos fiscales que cruzó sus caminos con el comisario José Villarejo.

El libro de Olmo y Fernández también sirve para descubrir a los escuderos del rey. Personas ubicadas en lo más alto de la cadena trófica social y económica española que accedían a ser los secundarios en la historia de Juan Carlos de Borbón, cuyo poder se unió al de discretos colaboradores del monarca expertos en evitar las cámaras. Nombres de sobra conocidos como Félix Sanz Roldán, Juan Miguel Villar Mir, Arturo Fernández o Álvaro de Orleans se suman a una nómina de colaboradores como Allen Sanginés-Krause, José Mestre, Josep Cusí, Nicolás Murga, Manuel Prado de Colón y Carvajal o Vicente García-Mochales.

'King Corp' explica también cómo el monarca emérito acabó en Abu Dabi. Desde su despliegue de habilidades diplomáticas en oriente medio hasta su salida de España, acorralado por unas investigaciones de la Fiscalía que sirvieron para desnudar parcialmente al rey, pero no para sentarle en el banquillo. Una historia que tiene todo lo que se le puede pedir a la trayectoria de un monarca: un castillo en Irlanda, un convento de Capuchinos en Sanlúcar de Barrameda y riquezas, muchas riquezas, cuya gestión offshore ha quedado impune.

La Casa Real tiene un club social privado que ocupa el 25% de toda la ciudad de Madrid. Es un coto privado más grande que Barcelona. Más grande que Sevilla. Hay 39 casas, no hay límites para cazar, y solo puedes entrar si te invita un Borbón. 

Conocemos esta historia de la mano de nuestro compañero de Somos Madrid Guillermo Hormigos. Además, escuchamos al concejal de Más Madrid José Luis Nieto y el jefe de política de elDiario.es Marcos Pinheiro nos cuenta lo que pasa con las casas forestales de El Pardo. 

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“Traía bolsas llenas de dinero en efectivo”. Estas palabras corresponden a una de las acusaciones que realiza Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I, al rey emérito, en el primer capítulo del podcast 'Corinna and The King' ('Corinna y el rey'), producido por los periodistas británicos Bradley Hope y Tom Wrighten para Project Brazen y PRX, y disponible desde hace solo unas semanas en distintas plataformas de streaming. En él, la aristócrata alemana relata su relación íntima con el monarca y las supuestas irregularidades cometidas por este, como el blanqueo de capitales o su trabajo de comisionista a nivel internacional aprovechando su cargo de jefe del Estado, que la Fiscalía española ha decidido no denunciar.

Meses antes de la salida a la luz del citado podcast, la plataforma audiovisual HBO estrenaba otro documental sobre la monarquía española, 'Salvar al rey', producido por Mandarina y dirigido por el periodista Santiago Acosta. El trabajo recoge los testimonios de más de 50 personalidades y grabaciones en vídeo inéditas de otra examante de Juan Carlos I, la actriz Bárbara Rey. Además, en el documental se entrevista a, entre otros, tres exagentes de los servicios secretos que responsabilizan directamente al emérito del intento de golpe de Estado del 23F de 1981.

El documental se centra en demostrar la existencia durante décadas de una suerte de “pacto de silencio” de políticos, jueces, cuerpos policiales y medios de comunicación para evitar sacar a la luz o investigar al monarca por un supuesto bien mayor: la supervivencia del Estado y de la “unidad” de España. Pero precisamente el hecho de que el contenido de este trabajo, el del podcast de Corinna y los de otros previos –como 'XRey', elaborado por los periodistas Álvaro de Cózar y Eva Lamarca– se hayan difundido en prácticamente todos lo medios, hayan ocupado tertulias televisivas y abierto informativos, evidencia cómo se ha comenzado a resquebrajar esa especie de mordaza que se impuso durante lustros por los llamados poderes fácticos del país a la hora de hablar de Juan Carlos I y de la monarquía.

Aún perviven varias lagunas en materia de transparencia de la Casa Real o sobre los actos del emérito durante los 38 años que reinó el país. Por ejemplo, se sigue sin desclasificar los documentos del intento de golpe de Estado del 23F o los recogidos durante la Transición en la que, durante años, el relato oficial otorgó a Juan Carlos I un protagonismo “ejemplar”.

Los tribunales continúan interpretando, además, la inviolabilidad del rey, recogida en el artículo 56 de la Constitución, como una suerte de bula que exonera a los monarcas españoles de cualquier responsabilidad judicial, sea cual sea su actuación en cualquier ámbito de su vida, y no se ciñe en exclusiva a su actuación como rey. Esa interpretación, que otorga a los jefes de Estado una inmunidad total ante la Justicia, ha permitido que la Fiscalía cerrara el pasado marzo todas las investigaciones a Juan Carlos I abiertas desde 2020 por su supuesto enriquecimiento ilícito, fraude a Hacienda y blanqueo de capitales. Los delitos, apuntó la Fiscalía, habrían prescrito o se cometieron cuando el monarca ejercía como jefe de Estado y, por tanto, gozaba de esa inviolabilidad que ahora disfruta su hijo, el rey Felipe VI.

Este último ha dado algunos pasos en materia de transparencia, como la publicación de las cuentas de la Casa Real, pero sigue ocultando varios gastos –la monarquía cuesta a los españoles mucho más de lo que reflejan sus cuentas– y su patrimonio. Además, como su padre, Felipe VI nunca se somete a ningún escrutinio público en las Cortes Generales o a través de las preguntas de la prensa.

El caso Nóos como punto de inflexión

Pero desde 2010 y de forma progresiva se ha ido abriendo la veda para informar sobre Juan Carlos I y el conjunto de la monarquía, bien sea por las supuestas irregularidades cometidas por el emérito en el ámbito público, o acerca de los detalles de la vida privada del anterior monarca y del actual. Este nuevo escenario ha permitido conocer un legado del emérito más allá del que le atribuía antes el establishment mediático, y que se centraba únicamente en las alabanzas por sus supuestos logros en la recuperación de la democracia, tras 40 años de dictadura de Franco, que fue precisamente quien le nombró su sucesor.

Periodistas y analistas han solido situar el punto de inflexión que permitió transitar de la opacidad más absoluta a una pequeña apertura a la hora de informar sobre la Casa Real en la publicación, en 2012, de las fotos de Juan Carlos I cazando elefantes en Botsuana. Fue la primera vez en la que el monarca, al que desde algunos medios siempre se trató de presentar con una personalidad “campechana”, se vio obligado a pedir disculpas con aquel ya mítico “lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir” que recorrió las televisiones de todo el planeta ese mismo año. La caída tuvo lugar pocos meses antes de que el monarca empezara a sacar el dinero de su fundación panameña en dirección a otra cuenta en Nassau.

Santiago Acosta, director del mencionado documental 'Salvar al rey' (HBO Max), considera, en cambio, que “el antes y el después” en la forma de abordar desde el periodismo las irregularidades de la Casa Real comenzó dos años antes, en 2010, con el estallido del caso Nóos que juzgó el enriquecimiento ilícito de Iñaki Urdangarín –condenado a casi seis años de cárcel que sigue cumpliendo en la actualidad aunque en régimen abierto–, yerno de Juan Carlos I, con dinero público del Govern balear y que sentó en el banquillo de los acusados a su mujer, la hermana del actual rey Cristina de Borbón, condenada a título lucrativo a pagar una multa de 265.000 euros, que posteriormente el Tribunal Supremo redujo a 128.000.

“Antes se habían publicado informaciones relacionadas con la Casa Real pero vinculadas a la vida social. El momento en el que se empieza a informar más libremente es con el caso Nóos, quizá porque no fue una forma directa de hablar de Juan Carlos I”, explica Acosta, en conversación telefónica con elDiario.es. Cuatro años después de que se empezara a informar sobre ese caso de corrupción y a solo dos de la publicación de las fotos del ahora emérito en Botsuana, el monarca abdicó la corona en su hijo, Felipe de Borbón.

Solo una vez que Juan Carlos primero abandonó la jefatura del Estado empezaron a aflorar el resto de casos. Ya en 2020 la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió una investigación para valorar si el rey emérito cometió blanqueo y delito fiscal en relación con la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE a La Meca. Ese mismo año se supo, también, que el anterior jefe del Estado estaba siendo investigado por el origen de su fortuna por un fiscal de Suiza, donde una fundación del monarca mantenía abiertas varias cuentas corrientes. El británico The Telegraph publicó entonces que el actual rey de España, Felipe VI, era uno de los beneficiarios de esa fundación Lucum que habría creado Juan Carlos de Borbón y en la que se recibieron 100 millones de dólares de Arabia Saudí. También en 2020, el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ordenó la reapertura de la pieza número 5, denominada Carol, que investigaba en la Audiencia Nacional los indicios de delitos que se desprenden de unas grabaciones incautadas al comisario en las que aparecen hablando éste y Corinna Larsen y que señalaban a Juan Carlos I.

Con todo, el 15 de marzo de 2020, solo un día después de que toda España se recluyera en sus casas por el estallido de la pandemia de la COVID-19, Felipe VI renunció a la herencia de su padre y le dejó sin la asignación que hasta ese momento percibía de los Presupuestos Generales del Estado, que ascendía a 194.232 euros anuales. Y, cinco meses después, en agosto de ese año, Juan Carlos I anunciaba a su hijo su intención de abandonar España “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” que ciñó de forma exclusiva a su “vida privada”. Se marchó a los Emiratos Árabes Unidos, donde desde entonces vive en una lujosa mansión cedida por un príncipe de aquel país, de la que solo regresó a España en una ocasión, el pasado mayo, para participar en una exclusiva regata en Sanxenxo. Preguntado por la prensa, Juan Carlos I consideró en aquel viaje que no debía dar ninguna explicación ni a su hijo ni a la ciudadanía por sus supuestas prácticas irregulares. “¿Explicaciones de qué?”, se preguntó, en tono chulesco.

En ese momento habían transcurrido dos años complejos para su reputación. Primero, tal y como reveló elDiario.es en exclusiva en noviembre de 2020, Anticorrupción descubrió que tanto el rey emérito como varios familiares habían usado durante años tarjetas de crédito a espaldas del fisco con dinero, supuestamente, procedente del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Después, las autoridades anti blanqueo detectaron un fondo en Jersey con varios millones de euros que, en ese momento, vincularon al monarca emérito.

La apertura de esas nuevas diligencias discurrió en paralelo a una maniobra de la defensa del rey, ejercida por el abogado y antiguo fiscal Javier Sánchez-Junco, para intentar hacer las paces con Hacienda y esquivar una acusación penal por fraude fiscal. El primer pago llegó en diciembre de 2020, cuando su defensa aseguró que el miércoles 9 de ese mes había pagado 678.393,72 euros para regularizar el dinero que no pagó a Hacienda mientras usó las tarjetas opacas entre 2016 y 2018. Más de un mes después de que este periódico revelara la existencia de las pesquisas y después, según reveló el diario El País, de que la Fiscalía le informase de que estaba siendo investigado.

Estas comunicaciones llegaron a la defensa del rey emérito tras la apertura de las tres línea de investigación, y en el caso de las tarjetas fue acompañada de una regularización poco después ante Hacienda. Un segundo pago llegó en febrero de 2021, cuando la defensa de Juan Carlos I abonó 4,4 millones de euros para hacer frente a una serie de gastos no declarados por los vuelos que durante años pagó la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans. Un dinero que supuso una nueva línea de investigación y que, según El País, procedía de una serie de empresarios cercanos al monarca que, además, buscaron la forma más beneficiosa de hacerlo ante Hacienda: usaron contratos de préstamo y no donaciones para evitar pagar en torno a un 40% en impuestos.

El triple archivo de la Fiscalía

En marzo de 2022 la Fiscalía archivaba la triple investigación que mantenía abierta en torno a Juan Carlos de Borbón y su fortuna alegando que los presuntos delitos estaban prescritos o que los hechos se cometieron cuando el entonces jefe del Estado gozaba de inviolabilidad. Solo pervive la causa abierta contra él en el Reino Unido a raíz de la denuncia por acoso interpuesta por Corinna Larsen por una visita que le habría hecho en el exjefe del CNI Félix Sanz Roldán en Londres y un registro que agentes del CNI habrían llevado a cabo en su vivienda de Mónaco, en busca, supuestamente, de documentos que pudieran incriminar al emérito en prácticas corruptas.

Hace un mes los argumentos de los abogados del rey emérito también tuvieron éxito ante los tribunales británicos. La Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales decidió reconocer inmunidad a Juan Carlos I por todos los episodios de acoso denunciados por Corinna Larsen antes de su abdicación en 2014. La conducta de acoso desplegada por agentes de inteligencia, supuestamente, por orden del monarca, no fue algo “privado” del ciudadano Juan Carlos de Borbón y es “inmune” a la jurisdicción británica. “Si un acto solo puede ser realizado por un Gobierno, y no por un ciudadano, es necesariamente un acto soberano”, concluyeron los jueces, dejando fuera del debate la mitad de las acusaciones contra él en este proceso civil.

Todas estas causas han sido detalladamente relatadas por los medios de comunicación. Algunos de ellos son los mismos que durante décadas blindaron cualquier tipo de información que pudiera manchar la trayectoria de Juan Carlos de Borbón. “Hace 20 años hablar de los negocios del rey era impensable”, apunta Acosta. “Había un pacto de editores por el que al rey no se le podía tocar porque se pensaba que tocar al rey era atacar la democracia y había que salvarlo. Eso provocó lo que fue una malísima idea: que no hubiera ningún control de la monarquía por la política, la prensa o la justicia. Juan Carlos I se convirtió en un personaje que campaba a sus anchas en sus negocios, la política e incluso los servicios secretos”, añade.

Su documental relata, entre otros asuntos, cómo desde el CNI se llegaron a organizar los encuentros del ahora rey emérito con sus amantes en lugares secretos y cómo pagaron durante años a la actriz Bárbara Rey ante el chantaje al que sometió la vedette a esos agentes amenazando con hacer públicos los audios y las cintas que le grabó a Juan Carlos I durante sus encuentros íntimos, en los que el monarca habla con naturalidad de cuestiones que afectan directamente a la seguridad del Estado, así como de asuntos más privados.

Una “cuestión generacional”

Eva Lamarca, coautora junto a Álvaro de Cózar del podcast 'Xrey', centrado en investigar y profundizar en la vida del rey emérito, en las irregularidades de su reinado y en las razones de su abdicación –del que surgió una segunda temporada más enfocada en Felipe VI–, considera que en la actualidad “no existe falta de transparencia sobre el emérito”. “Sobre el rey se ha publicado todo ya, no paran de salir informaciones. Otra cosa es que la Casa Real quiera manejar la información, que para ellos es lo lógico”, apunta. 

El citado documental sonoro surgió en 2020, cuando Juan Carlos I ya había abdicado y se habían comenzado a publicar informaciones sobre sus supuestas prácticas irregulares. “Nosotros lo que percibimos es que había una cierta sensación de muchos de los que hablaron, especialmente de la gente que había trabajado con el rey, de que había pasado un tiempo desde la abdicación y que se podían contar determinadas cosas. No todo, pero sí determinadas cosas. Ese fue el caso de [el periodista y ex director de Comunicación de la Casa Real] Javier Ayuso o de [el exjefe de la Casa Real] Rafael Spottorno. Se sintieron liberados para hablar y contar cómo había sido el proceso de la abdicación o los problemas a los que se enfrentaron con el caso Urdangarin y la caída de Botsuana. Creo que entendieron que el rey formaba parte de nuestra Historia y que era un buen momento para hacer ese relato”, apunta Lamarca. 

Para ella, la protección al rey durante lustros por parte de los medios, la política o la justicia “ha sido sobre todo una cuestión generacional”. “El rey, para la generación de la Transición, había acabado siendo la parte por el todo. Es decir, criticar al rey era criticar a la transición y protegerlo, por tanto, era proteger esa idea del proceso que se hizo y que había sido beneficioso para el país. Creo que esa generación sí que se ha quitado la venda por las cosas que han ido ocurriendo, se ha quitado la venda y ha hecho autocrítica. Es el caso de Iñaki Gabilondo o José Antonio Zarzalejos, Juan Luis Cebrián u otros. Han hablado y han explicado precisamente esto, que su generación, con esa idea de proteger la Transición, de proteger el pacto al que se había llegado, acabó poniendo al rey en una posición que el propio rey ha destruido, porque ha sido el propio rey el que ha destruido esa imagen de donde se le colocó”. 

Pese a esa apertura sigue habiendo muros infranqueables a la hora de arrojar más transparencia sobre la monarquía. Por ejemplo, la suma de PSOE, PP y Vox ha impedido hasta en 15 ocasiones en la presente legislatura la puesta en marcha de comisiones de investigación en el Congreso –respaldadas por Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas e independentistas– para esclarecer las presuntas irregularidades de Juan Carlos I durante su reinado y las posibles repercusiones en su hijo.

Pero los periodistas consultados consideran que, en la actualidad, “es imposible una operación” como la puesta en marcha durante décadas para evitar que salieran a la luz asuntos que pudieran enturbiar la imagen de la monarquía. “De momento no hay pruebas que apunten a Felipe VI”, remarca Santiago Acosta. “Si las hay, se debería publicar cualquier irregularidad. Pero ahora es imposible una operación así de opacidad como la de décadas anteriores con los nuevos actores que hay en la política. Es imposible y la sociedad no lo toleraría”, zanja.

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La inviolabilidad de la corona se ha convertido en la mejor aliada de Juan Carlos de Borbón para evitar el banquillo. Esta semana los tribunales británicos han decidido que este privilegio le protege contra buena parte de las acusaciones de acoso que su ex amante, Corinna Larsen, ha realizado contra él y por las que está pendiente de juicio en ese país. La misma inviolabilidad que, combinada con la prescripción, le libró de responder penalmente en España por la gestión de su fortuna en el extranjero y en paraísos fiscales a espaldas de Hacienda y las arcas públicas. Esta última resolución favorable de la Corte de Apelaciones evita, por ejemplo, que el rey emérito tenga que responder por algunas de las acusaciones más graves lanzadas por Larsen: que el CNI, por orden del monarca, asaltó su despacho en Mónaco, su casa en Suiza y amenazó varias veces a la aristócrata a través del jefe de los espías españoles.

En un primer momento los tribunales británicos habían rechazado que Juan Carlos de Borbón se pudiera amparar en la inviolabilidad de la corona para evitar estas acusaciones de su ex amante. El juez Matthew Nicklin decidió el pasado mes de marzo que ninguna ley británica le permitía eludir este pleito por formar parte de la familia real española. Para este magistrado los hechos investigados tenían que ver con sus funciones como monarca cuando estaba en el trono, y en la actualidad no podía ser considerado un miembro activo de la Casa Real.

Esta semana la Corte de Apelaciones ha fallado en sentido contrario y ha dado un arma muy poderosa al monarca para protegerse de la mayor parte de acusaciones de acoso de Corinna Larsen, entre los que hay actos de acoso supuestamente perpetrados por Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, por orden de Juan Carlos I. Esa conducta, dicen ahora los jueces, no fue algo “privado” del ciudadano Juan Carlos de Borbón y es “inmune” a la jurisdicción británica. “Si un acto solo puede ser realizado por un Gobierno, y no por un ciudadano, es necesariamente un acto soberano”, concluye.

En la práctica esto implica que el proceso civil abierto por Corinna Larsen contra el monarca emérito, con quien mantuvo una relación sentimental durante años, adelgaza con respecto a su volumen inicial. Un total de nueve acusaciones de actos de acoso supuestamente ejecutados entre abril y junio de 2012 se quedan fuera del juicio, algunos de ellos los más graves que la demanda de la aristócrata alemana pone encima de la mesa.

Ese acoso tuvo lugar en uno de los momentos más delicados para Juan Carlos de Borbón, tanto en público como en privado. Arranca, supuestamente, cuando el rey de España ordena transferir a Larsen más de 60 millones de euros, procedentes de Arabia Saudí, desde las cuentas de su fundación panameña a una cuenta en Nassau gestionada por Larsen. También coincide con el accidente de caza en Botsuana en el que el monarca se rompió la cadera, tuvo que ser operado y compareció ante los medios de comunicación para afirmar que se había equivocado y que no volvería a suceder.

Vigilancia, amenazas y robo de documentos

Ese mes de abril de 2012, por ejemplo y siempre según las acusaciones de la empresaria, Félix Sanz Roldán reconoció ante Corinna Larsen que él había sido responsable de filtrar su identidad a la prensa, e impuso vigilancias y protección a la aristócrata. Durante los siguientes meses, asegura, el CNI puso en marcha una operación encubierta para entrar en su apartamento de Mónaco y poder hacerse con documentación comprometida que ella guardaba en su despacho. “Documentos que fueron examinados, copiados y algunos retirados sin mi consentimiento”, afirma la afectada.

Sanz Roldán también prometió en esas fechas que habían contratado a una empresa privada para proteger a Larsen y su familia de los paparazzi. El objetivo era, según la demanda, tener acceso a cualquier documentación comprometedora para el rey, que unos días antes había transferido más de 60 millones de euros a Corinna a modo de donación irrevocable. En esas fechas, el jefe de los espías españoles también usaba el alias “Paul Bon” para dirigirse a ella y “dejar claro” que actuaba “por orden” del rey.

Tampoco será juzgado Juan Carlos I por el encuentro que Larsen y Sanz Roldán mantuvieron en Londres en mayo de ese año. Un encuentro en el hotel Connaught de Londres en el que, según la demanda, el jefe de los espías españoles amenazó abiertamente a Larsen y su familia asegurando que “no podría garantizar su seguridad o la de sus hijos” si no cumplía con sus “recomendaciones”. Ese mismo día, Larsen afirma que viajó a su apartamento en el pueblo suizo de Villars-sur-Ollon para descubrir que alguien había entrado en su apartamento y había revuelto su documentación.

Según Larsen, las amenazas de “Paul Bon” se mantuvieron a lo largo de mayo de 2012, por teléfono y por correo electrónico. “Habrá consecuencias si haces algo en contra de los intereses del rey”, asegura que afirmó Sanz Roldán por teléfono. Ya en junio de ese año, llegó otro email de parte del jefe del espionaje español con alusiones a documentos y pruebas manipulados que podían poner en apuros a la aristócrata. “Cualquier filtración de esta información tendría un efecto devastador en tu imagen”, decía Sanz Roldán. Ella sacó una conclusión clara: o hacía lo que el rey quería o tendría problemas.

Son hasta nueve actos de acoso ejecutados, supuestamente, por Félix Sanz Roldán a las órdenes de Juan Carlos de Borbón, que entonces pasaba uno de sus peores momentos dentro y fuera del Palacio de la Zarzuela pero que todavía tenía dos años por delante en el trono. Actuaciones que, en caso de ser ciertas, según la corte británica de apelaciones nunca podrán formar parte de una acusación contra él en un pleito como éste: “El juez se equivocó al concluir que las conductas previas a la abdicación eran conductas privadas”, dice la resolución conocida esta semana. Una resolución de 26 páginas que tapona más de la mitad de las acusaciones que pesan sobre él en este proceso civil.

La inviolabilidad del rey en España

El resultado es similar al que libró a Juan Carlos I de enfrentarse a un proceso penal por la gestión de su fortuna, según la Fiscalía durante décadas a espaldas del fisco español. Los decretos del Ministerio Público, que en marzo sellaron el archivo de la triple investigación contra él, especificaron que la combinación de esta protección monárquica que recoge el artículo 56 de la Constitución con la caducidad de los hechos y la falta de pruebas era un muro infranqueable entre el rey emérito y el banquillo de los acusados.

“La interpretación es clara y no deja margen de duda acerca del mandato constitucional que impide dirigir reproche penal alguno a S.M. D. Juan Carlos de Borbón por cualquier conducta realizada con anterioridad al 19 de junio de 2014”, dijo ese decreto de la Fiscalía Anticorrupción con unas consecuencias prácticas similares a las que también le han beneficiado en Londres.

Durante más de un año, un equipo de fiscales liderados por Juan Ignacio Campos investigó las cuentas de Juan Carlos I dentro y fuera de nuestro país. Concluyeron, por ejemplo, que la monarquía de Arabia Saudí regaló 64,8 millones de euros al monarca a través de una fundación radicada en el paraíso fiscal de Panamá con cuentas en Suiza. También que ese dinero fue enviado a una cuenta llamada Solare, en un banco de Nassau, como donación a favor de su entonces amante Corinna Larsen.

La inviolabilidad dejó fuera del debate, por ejemplo, un posible delito fiscal por no declarar el IRPF de 2012, que no estaría prescrito como los de años anteriores. También un posible delito de blanqueo relacionado con esos casi 65 millones de euros que transfirió el rey de Arabia Saudí a su fundación panameña Lucum, y que terminaron en cuentas controladas por Corinna Larsen. Eso “sí permitiría, en principio, considerar colmadas las exigencias” del delito de blanqueo pero, y aunque no estuviera prescrito, no se puede perseguir por la protección que le Constitución otorga a la corona española.

En esos decretos la Fiscalía celebraba, eso sí, que aunque no había posibilidad de denunciarle por estos y otros delitos, su “actuación” había forzado al rey emérito a pagar cinco millones de euros en varias regularizaciones que también contribuyeron a blindar su exoneración penal. En varias tandas, la defensa del monarca pagó a Hacienda por los ingresos que no podía justificar y que había ocultado hasta entonces: el dinero que él y sus familiares usaron procedente de empresarios amigos y los cuantiosos gastos personales que asumió la Fundación Zagatka de su primo, Álvaro de Orleans.

Los pagos a Hacienda llegaron después de que el Ministerio Público avisara por escrito a su defensa de que los fiscales iban abriendo nuevas líneas de investigación. Algo que, según la ley, bloquea cualquier posibilidad de regularización sin consecuencias legales si se puede considerar un aviso, pero que no pasó el filtro de la propia Fiscalía. “Ni en los decretos de incoación de ambas diligencias de investigación ni en las respectivas notificaciones se hacía referencia a los hechos”, justificaron los investigadores sobre sus propios avisos a la defensa del rey.

Los hechos posteriores a la abdicación

En España la Fiscalía entendió que, una vez levantado el muro protector de la inviolabilidad tras su abdicación en 2014, tampoco había margen para llevar a Juan Carlos I ante los tribunales por la vía penal. Pero en Reino Unido, y en un proceso civil distinto, hay una parte de las acusaciones de Corinna Larsen que sí han sobrevivido a la criba de la inviolabilidad de la corona.

Son hasta cinco actos de acoso perpetrados, según Larsen, a lo largo de 2014 y 2015, una vez Juan Carlos de Borbón había abdicado en favor de su hijo Felipe VI. Por ejemplo, que fue puesta bajo vigilancia de agentes del CNI español “por orden del rey emérito o con su consentimiento”, incluyendo el intento de colocar un dispositivo de seguimiento en su coche para interceptar sus comunicaciones.

También tendrá que responder por actos ejecutados, supuestamente, por él mismo. En 2014, por ejemplo, Larsen afirma que empezó a ser presionada por el rey para retomar su relación sentimental, llegando a rechazar una propuesta de matrimonio de Juan Carlos de Borbón. En junio de ese año, después de dejar el trono y la corona, el ya rey emérito empezó a viajar “con más frecuencia” a Londres, donde vivía la aristócrata. Estaba “furioso” por la negativa de Larsen a volver con él y exigió que devolviera los regalos que le había hecho.

Según la demanda, desde octubre de 2014 el monarca inició una estrategia para perjudicar los intereses comerciales de Corinna Larsen, con “acusaciones falsas” de que ella había robado. Incluso acusa al padre del rey de suministrar a los medios de comunicación información falsa sobre ella y sobre sus negocios.

Son dos investigaciones en torno a dos facetas de la vida y la actividad que Juan Carlos de Borbón desarrolló a espaldas de la opinión pública durante décadas. Por un lado, una gestión de su fortuna a cientos de kilómetros de España y a espaldas de la Agencia Tributaria y sus inspecciones. Por otro, las amenazas a las que supuestamente sometió a su ex amante Corinna Larsen para evitar que pudiera revelar detalles sobre esa fortuna y perjudicarle. Las dos causas se han cruzado con una inviolabilidad de la corona y solo una pequeña parte de las acusaciones podrán estudiarse en un procedimiento civil de un tribunal británico que, como mucho, le condenará a indemnizar a Larsen.

Los abogados del rey emérito han defendido este martes, durante una vista celebrada en la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales, que si Corinna Larsen implica al CNI en el acoso que dice haber sufrido por parte de Juan Carlos I el hecho de que los servicios secretos del Estado intervinieran implica que eran “actos soberanos” que estarían amparados por la inmunidad, informa Europa Press.

Así lo ha plasmado uno de los abogados de Juan Carlos I en un largo alegato de unas dos horas y media en el que se ha agarrado a las “acusaciones específicas” relatadas por Larsen en su demanda ante los tribunales británicos que describen dos pasajes concretos: una visita que le habría hecho en el entonces jefe del CNI Félix Sanz Roldán en Londres y un registro que agentes del CNI habrían llevado a cabo en su vivienda de Mónaco.

El letrado ha razonado que, si según la versión de Larsen el CNI la acosó en una “misión encubierta” orquestada por Sanz Roldán supuestamente por mandato del entonces rey, se trataría de un caso “clásico” de “actos soberanos” que están amparados por la inmunidad.

Y ello independientemente de que dichos actos pudieran suponer un “abuso de poder” por parte de los agentes estatales implicados en ellos, ha subrayado el abogado del ex jefe de Estado citando abundante jurisprudencia al respecto.

El representante legal de Larsen, por su parte, en una intervención de unos 45 minutos que se ha visto cortada por un receso de una hora, ha incidido en que el antiguo monarca solo estaría protegido por la inmunidad en el caso de que dichos actos hubieran sido en interés “oficial”, esto es, del Estado español, si bien en este caso ha argumentado que lo habrían sido en un mero interés personal, en beneficio propio.

Hasta la abdicación

El objetivo de esta vista es que las partes expongan sus argumentos respecto a la decisión adoptada el pasado 24 de marzo por el juez Matthew Nicklin de no reconocer inmunidad ninguna al rey emérito.

El 18 de julio, los magistrados británicos autorizaron a los abogados deJuan Carlos I a recurrir la decisión de Nicklin, pero ya acotaron que solo respecto a los hechos transcurridos entre 2012 y 2014, cuando aún era jefe de Estado, ya que entendieron que en los hechos que habrían tenido lugar después de la abdicación el juez británico estuvo acertado al no apreciar inmunidad.

La empresaria fija el marco temporal del presunto acoso entre 2012 y 2020. De acuerdo con la demanda, Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios.

El juicio que enfrenta en Londres a la empresaria alemana Corinna Larsen y a Juan Carlos I entra esta semana en una nueva fase. La Corte de Apelaciones retoma las vistas de un proceso que la aristócrata inició contra el monarca por supuesto acoso durante los años que mantuvieron una relación sentimental. En ese contexto, Larsen ha estrenado esta semana los dos primeros capítulos del podcast ‘Corinna y el rey’, en el que aborda su historia con él, saca a la luz multitud de detalles de su vida privada y, también, de sus supuestas irregularidades económicas. “Traía bolsas llenas de dinero en efectivo”, llega a decir.

Narrado por una de las protagonistas de la serie Orange is the New Black Laura Gómez, con diversos cortes de una entrevista con Larsen que van completando la historia, el primer capítulo del podcast aborda cómo la aristócrata se introduce en el mundo de las cacerías y las armas, a través de su primer marido. Ese ámbito posteriormente la acercará al rey, con el que coincide por primera vez en una cacería en un coto de Sierra Morena en el que la empresaria sorprendió al ex jefe de Estado por su puntería. 

El relato cuenta en esos minutos iniciales el primer encuentro privado de los dos en un pequeño pabellón en una casa en El Pardo, que el rey preparó durante meses con llamadas y encuentros de negocios en los que se camuflaba como ‘señor Sumer’ (abreviatura de Su Majestad el Rey). A partir de ese encuentro privado, empieza también la relación comercial entre la Casa del Rey y la empresa de Larsen, Apollonia Associates. 

Uno de los primeros asuntos que el rey encarga a la empresa de Larsen, siempre según su versión, es la gestión del viaje de novios de los entonces príncipes Felipe y Leticia, incluida una estancia secreta en Fiji. “Alquiler de aviones, diseños de itinerarios, llevarlos a diferentes sitios sin ser descubiertos –cuenta la empresaria–. Un trabajo de 24 horas al día. El rey me consultaba a diario”. 

Cuando llega el momento de facturar los gastos, prosigue la narración, la empresaria pregunta al rey “a qué oficina debe enviar las facturas”. “Su respuesta es curiosa: factura la mitad a Palacio y la otra mitad a una empresa llamada Navilot, en Barcelona”, apunta. Navilot es la empresa del amigo del rey Josep Cusí. “Un regalo de bodas, un viejo favor o algo mucho peor”, dice la narradora.

El podcast, producido por los periodistas Tom Wright y Bradley Hope, constará de ocho capítulos, según explicaron en la presentación. Los episodios no se centran exclusivamente en la relación sentimental entre ambos, que se extendió entre 2004 y 2009; también van y vienen sobre la historia personal del rey, aunque siempre con los apuntes y consideraciones de la empresaria: su matrimonio con la reina Sofía, la muerte del hermano de Juan Carlos o su relación con Franco. Está producido por Project Brazen y PRX y coproducido por La Coctelera Music.

Las bolsas de dinero

Si en la primera entrega, el podcast entra en los inicios de su relación con el rey, las primeras oscuridades sobre sus negocios y cómo ella va penetrando en la vida diaria del monarca, en la segunda, llamada ‘Vivir del Cuento. Muerte, Democracia y Bolsas de Dinero’, la producción entra en las supuestas irregularidades económicas del monarca. La primera parte del capítulo repasa la preparación de Juan Carlos como rey, su proclamación o el golpe de Estado. 

“Algunos afirman que salvó la democracia. Así que lo consiguió para siempre. Así que puede vivir del cuento”, apunta la narración, que se apoya en la versión del historiador Paul Preston o del exdirector de El Mundo David Jiménez para contar cómo la prensa española hizo a partir de aquel momento un pacto de silencio sobre los “escándalos” del rey. 

En ese momento, la narración habla de “dinero, de mucho, mucho dinero” y a continuación introduce una anécdota de Larsen: “Cosas que para mí eran tan inusuales que me refería a ellas como ‘la corte de los milagros’. Llamaba a alguien que tenía una gran variedad de vinos de Burdeos y le decía: ¿podrías enviarme alguno? Lo siguiente que veías es que llegaban veinte cajas de aquel vino impagable. Su deseo era una orden para los demás y la gente se dejaba la piel para complacerlo”. 

Es aquí donde Larsen habla directamente de “bolsas de dinero en efectivo”. “Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz, como un niño de cinco años. Traía bolsas llenas de dinero en efectivo. Me quedaba sin palabras y le decía: dios mío, qué es eso. Y él me decía: Ah, esto es de mi amigo tal. Parecía una situación normal”. Pero no se queda ahí, acusa al rey emérito de un “talento inigualable” para hacer desaparecer ese dinero. 

“No siempre aparece en sus cuentas bancarias. Las autoridades fiscales no encuentran nada ahí. Si le hacía alguna pregunta, me decía: ay, eres tan dramática. No entiendes cómo funciona España. No, claramente no lo entendía”, admite.  

El podcast, cuya narración concede algunos juicios de valor que es fácil confundir con los que haría la propia Larsen, atribuye su conducta a traumas de la infancia. “Una terapeuta lo habría visto de lejos: una infancia llena de traumas y una mala figura paterna”. También a la modestia en términos de riqueza de la Casa Real española en comparación con la británica, por ejemplo. “Comparado con su prima lejana, la difunta reina Isabel II, con propiedades y bienes de valor incalculable, la familia española es modesta, en papel. [...] Pero Juan Carlos el verdadero está acostumbrado a niveles disparatados de riqueza, tanto que ahora la necesita”, advierte la voz en off. 

Semana clave en Londres

El estreno de estos dos primeros capítulos coincide con la puesta en marcha de una nueva fase del proceso judicial por supuesto acoso contra Juan Carlos I. La Corte de Apelaciones de Londres celebra una nueva vista después de que los jueces británicos hayan rechazado que Juan Carlos I pueda evitar este proceso civil, donde se enfrenta al posible pago de una indemnización, amparándose en su condición de miembro de la Casa Real.

Según ha denunciado, Larsen empezó a ser objeto de amenazas y seguimientos con el uso de agentes del Estado dos años antes de la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Intimidaciones que, según su denuncia, habrían sufrido tanto ella como también miembros de su familia. Fue el pasado marzo cuando la Alta Corte de Justicia de Reino Unido negó la inmunidad al monarca, afirmando que ninguna ley británica le permitía evitar el banquillo.

Esta nueva fase del juicio en la capital británica ocurre también después de que la Fiscalía española haya cerrado el paso a cualquier acusación penal por la gestión de su fortuna a espaldas de Hacienda. La combinación de la inviolabilidad que le protegió hasta 2014 con la prescripción de los delitos y la falta de pruebas en algunos casos propiciaron un archivo generalizado en torno a las comisiones millonarias salidas de la construcción del AVE a La Meca o el dinero de empresarios con el que, durante años, pagó gastos como viajes de avión. Otro factor determinante para que Juan Carlos de Borbón evitara el banquillo en España fue la regularización que hizo de todos estos fondos en dos pagos que sumaron más de cinco millones de euros.

Corinna Larsen, la empresaria y aristócrata alemana que durante años mantuvo una relación sentimental con Juan Carlos de Borbón, prepara el lanzamiento de un podcast en el que relatará, a lo largo de varios capítulos, los años que pasó junto al monarca emérito. Un podcast que llega en pleno enfrentamiento judicial entre ambos ante los tribunales británicos por el supuesto acoso al que Juan Carlos I sometió a Larsen cuando rompieron esa relación, un caso en el que los jueces han negado al monarca la protección de la inviolabilidad de la corona que sí le libró del banquillo en España por la gestión de su fortuna.

Diversos medios de comunicación han explicado estos días que la producción audiovisual constará de ocho capítulos y que arrancará el próximo siete de noviembre. Los periodistas Tom Wright y Bradley Hope son los que, según explicaron en la presentación, están detrás de la investigación y la producción del podcast. Estas informaciones también explican que Larsen prepara un libro y un documental.

El tráiler que, por ahora, se ha hecho público, revela que Larsen relata en el podcast aspectos íntimos de su relación, como por ejemplo la cantidad de llamadas telefónicas que hacía todos los días, pero también se refiere a los episodios de acoso que todavía tienen que ser juzgados: “Hay algo de perturbador en él y bastante despiadado, imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucra en una investigación criminal”, explican algunos de estos fragmentos hechos públicos en los últimos días.

El estreno está previsto para el próximo lunes siete de noviembre, apenas un día antes de la puesta en marcha de una nueva fase del proceso judicial por supuesto acoso contra Juan Carlos I. Esa semana, la Corte de Apelaciones de Londres celebrará una nueva vista después de que los jueces británicos hayan rechazado que Juan Carlos I pueda evitar este proceso civil, donde se enfrenta al posible pago de una indemnización, amparándose en su condición de miembro de la Casa Real.

Según ha denunciado Larsen, empezó a ser objeto de amenazas y seguimientos con el uso de agentes del Estado dos años antes de la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Intimidaciones que, según su denuncia, habrían sufrido tanto ella como también miembros de su familia. Fue el pasado mes de marzo cuando la Alta Corte de Justicia de Reino Unido negó la inmunidad al monarca, afirmando que ninguna ley británica le permitía evitar el banquillo.

Este podcast y el proceso por acoso llega también después de que la Fiscalía española haya cerrado el paso a cualquier acusación penal por la gestión de su fortuna, durante décadas, a espaldas de Hacienda y las arcas públicas. La combinación de la inviolabilidad que le protegió hasta 2014 con la prescripción de los delitos y la falta de pruebas en algunos casos propiciaron un archivo generalizado en torno a las comisiones millonarias salidas de la construcción del AVE a La Meca o el dinero de empresarios con el que, durante años, pagó gastos como viajes de avión.

Otro factor determinante para que Juan Carlos de Borbón evitara el banquillo en España fue la regularización que hizo de todos estos fondos en dos pagos que sumaron más de cinco millones de euros.

Hace dos años y algunas semanas, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias abandonaba España y ponía rumbo a los Emiratos Árabes Unidos. El monarca emérito se marchaba de España en pleno aluvión de informaciones sobre la oscura gestión de su patrimonio y su fortuna durante décadas, y poco antes de que la Fiscalía hiciera oficial la apertura de varias ramas de investigación contra él. Desde entonces, el Ministerio Público ha enterrado de forma definitiva estas investigaciones penales contra él, pero eso no implica que su camino judicial esté despejado: sigue teniendo cuentas pendientes con los tribunales británicos por el acoso al que, supuestamente, fue sometida su amante Corinna Larsen. Un proceso judicial sin cárcel a la vista pero en el que Juan Carlos I no estará protegido por la inviolabilidad de la corona que sí le salvó del banquillo en España por algunas de las causas que se investigaban.

Es un proceso que avanza a ritmo lento en los tribunales británicos, donde cada paso y cada recurso suponen varios meses de parón. Por el momento, la defensa del monarca emérito no ha conseguido lo que sí consiguió en Madrid: evitar una querella por la caducidad del proceso, por falta de pruebas o por la inmunidad que le protegía como jefe del Estado. El último movimiento conocido de la Justicia británica fue permitir que Juan Carlos I presente recursos contra algunas decisiones, pero manteniendo que será juzgado por el caso de presunto acoso a la aristócrata alemana.

Cerrado el frente penal en España por el supuesto ocultamiento de su fortuna en el extranjero durante décadas, Juan Carlos de Borbón se enfrenta a un proceso civil en el que se expone, en todo caso, a una condena económica que sirva para indemnizar a la víctima en caso de que se demuestre su culpabilidad.

Es un proceso en el que los jueces de Londres todavía no han examinado las pruebas y no han decidido si el acoso que denuncia Corinna Larsen y en el que llegó a involucrar al exjefe de los servicios secretos Félix Sanz Roldán es o no cierto, pero en el que la estrategia del monarca emérito ha recibido sonoros varapalos. “Debo enfatizar que en este punto no ha habido decisiones sobre si las alegaciones de la denunciante son ciertas, el denunciado niega haber actuado mal”, dice la última resolución del caso. En las últimas horas el diario El Mundo ha publicado que Larsen ha modificado su demanda y ha dejado a la institución del CNI fuera del abanico de acusaciones.

No hay todavía una resolución sobre el fondo del asunto pero sí hay decisiones que dejan al rey emérito sin una de sus mejores protecciones que le han valido para evitar el banquillo en España: la inviolabilidad. El artículo de la Constitución que reconoce este privilegio de la corona le sirvió para esquivar cualquier acusación no prescrita previa a su abdicación en 2014, cuando tuvieron lugar la mayor parte de supuestas irregularidades en la gestión de su fortuna. En Reino Unido, sin embargo, esa vía se le ha negado: los jueces han dejado claro que ni actualmente forma parte de la Casa Real ni está protegido por este artículo de la Carta Magna.

“Ni vive con su hijo, ni en el mismo país, ni tampoco juega ningún papel en su trabajo”, dijeron los magistrados Underhill y Jackson hace apenas unas semanas. Por segunda vez, los tribunales británicos rechazaron que el monarca pueda evitar una acusación en este procedimiento por haber sido jefe del Estado español durante varias décadas desde el final de la dictadura. En ese país, tal y como explicó el magistrado Matthew Niklin hace unos meses, las leyes de 1978 permiten aplicar inmunidad pero no en cualquier situación. “La acusación de acoso no está en la esfera de la actividad gubernamental o de jefatura de Estado” del hoy monarca emérito, explicó el magistrado británico.

Al margen de la evaluación que hagan de las pruebas y si le declaran culpable o no, el rey emérito también tiene otra opción para intentar quedar protegido por algún tipo de inmunidad: que España reconozca que ese supuesto acoso ejecutado por Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, fue un encargo oficial del Estado, algo que por ahora no ha sucedido. Para ello debería haber un Gobierno dispuesto a certificarlo, con el consiguiente escándalo que eso podría suponer para la coalición que preside Sánchez. Está por ver cómo el último movimiento de Larsen, excluyendo al CNI, afecta a esta parte del proceso.

El presidente se ha desmarcado públicamente varias veces de las conductas del anterior monarca, calificó como “inquietantes” las informaciones que se fueron conociendo sobre Juan Carlos I y el Ejecutivo no ha disimulado la incomodidad que le produce su vuelta, sobre todo si eso implica poner a su disposición medios del Estado. Así que no hay ningún indicio de que el Gobierno vaya a asumir ante un tribunal británico que los viajes a Londres del exjefe de los servicios secretos para contactar con Larsen fuesen en representación del Estado, aunque estos hubiesen tenido lugar bajo el mandato de Mariano Rajoy y cuando el CNI dependía de la vicepresidenta de aquel Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.

Lo que figura en la denuncia inicial de Larsen es que, entre 2012 y 2014, fue víctima de varias acciones de acoso tanto por parte de su examante como por parte de Sanz Roldán, así como episodios ejecutados por personas desconocidas pero que atribuye a la acción de ambos. Según la aristócrata, después del final de la relación sentimental entre ambos tanto ella como su familia empezaron a ser objeto de seguimientos y amenazas, con el uso de agentes del Estado para llevar a cabo esta intimidación que, según su versión, tenía por objetivo evitar que pudiera difundir información comprometedora para el monarca antes y después de su abdicación.

Los tribunales británicos todavía tienen que estudiar recursos contra estas decisiones y deben decidir si estas acusaciones contra el monarca emérito son viables. En un proceso que avanza muy lentamente en Londres, Juan Carlos de Borbón no podrá escudarse en la inmunidad para evitar el banquillo y los abogados de Corinna ya han verbalizado en alguna ocasión que creen que el juicio se celebrará en 2023.

Dos causas relacionadas

Los tribunales británicos estudiarán exclusivamente si hay pruebas de que Juan Carlos de Borbón estuviera detrás de los actos de acoso que denuncia Corinna Larsen (en caso de que estos hayan existido y puedan probarse), pero la causa está íntimamente relacionada con la gestión de la fortuna que amasó a espaldas de la opinión púbica durante décadas. La documentación del caso tramitado en Londres evidencia solapamientos entre estos presuntos episodios de acoso y varios hitos en la gestión de los millones que investigó por partida triple la Fiscalía del Tribunal Supremo en Madrid.

La aristócrata denunciaba acciones intimidatorias supuestamente protagonizadas por Sanz Roldán y el propio monarca entre 2012 y 2014. En una de ellas, por ejemplo, afirma que Juan Carlos I exigió que le devolviera los “regalos” que le había hecho previamente. Ese mismo año, Larsen también había rechazado la petición de matrimonio del rey pocos meses antes de su abdicación.

Los decretos de la Fiscalía española que enterraron las acusaciones también arrojan datos que demuestran que la relación entre ambos no era sólo sentimental. La fortuna de Juan Carlos I pasó por las cuentas de Corinna Larsen. En junio de 2012, por ejemplo, los fondos de su Fundación Lucum llegaron a una cuenta abierta en Bahamas por la aristócrata germana. Más de 52 millones de euros junto con 3,7 millones de francos suizos y 14,4 millones de dólares.

Esta transferencia se convirtió en un problema para Juan Carlos I con el paso de los años. Según la Fiscalía, era una “donación irrevocable” que podría haber sido considerada como un delito de blanqueo de capitales, por muchos años que hubieran pasado. Esa acusación, que hubiera sido suficiente para presentar una querella contra él, se encontró con un obstáculo que la propia Fiscalía define como “insalvable”: la inviolabilidad de la corona que todavía le protegía en ese momento, dos años antes de su abdicación. Años antes, en 2006, Larsen lo había acompañado hasta Arabia Saudí junto con empresarios españoles en los años previos a la adjudicación de las obras del Ave a La Meca.

Está por ver si el proceso judicial por el supuesto acoso a su antigua amante se adentra en esta faceta de su relación pero ella lo deja claro en sus alegaciones recogidas en la causa: “El objetivo del rey emérito era encontrar y eliminar cualquier documento que ella tuviera relacionado con sus negocios y tratos financieros, así como evitar que ella proporcionara información sobre cualquier cosa que pudiera incriminarle”. En este caso, tal y como han determinado los tribunales británicos, la inviolabilidad de la corona no le servirá para evitar una sentencia, sea favorable o desfavorable.

Mientras tanto, Juan Carlos I afronta el segundo año en Emiratos, manda mensajes a sus amigos sobre un inminente regreso que no entusiasma ni al Gobierno ni siquiera a la Casa Real, muy molesta con la forma en que se gestionó su última visita a España, a donde llegó en un jet privado, para participar en una regata de vela en Sanxenxo, que finalmente solo presenció. El debate sobre su vuelta se reabre periódicamente en círculos políticos y periodísticos, que asisten atónitos al final de la carrera de Juan Carlos I, un guion de escándalos, amantes y delitos fiscales ya prescritos vividos desde el exilio donde afronta su segunda temporada, ahora pendiente de una acusación por un acoso en el que supuestamente están involucrados los servicios secretos.

Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I y beneficiaria de la donación de 65 millones de euros que el entonces Rey recibió en 2008 de Arabia Saudí, encargó a una agencia de detectives suiza la investigación de 14 personas cercanas al rey emérito, según informa el diario El País. Larsen tiene abierto en la actualidad un pleito contra el exmonarca en los tribunales de Reino Unido, donde se ha querellado contra él por acoso. 

Entre las 14 personas a las que Larsen encargó investigar se encuentran Juan Carlos Escotet, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, así como tres investigados que aparecen también en las investigaciones judiciales ya archivadas tanto por Suiza como por España: Álvaro de Orleans, Allen Sanginés Krause y Joaquín Romero Maura. El grupo de investigados fue denominado en la investigación como “los hombres de paja”. Varios de ellos están ligados a las investigaciones judiciales y periodísticas sobre donaciones, gastos opacos y pagos al rey emérito.

Según la documentación a la que ha tenido acceso el diario del grupo Prisa, la expareja del rey emérito pagó 130.000 francos suizos (125.686 euros) por la investigación. El encargo también incluía indagar sobre el exmarido de Larsen, el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein. El contrato se produjo meses después de que la fiscalía suiza abriera una investigación contra ella por supuesto blanqueo de capitales al recibir la donación de 65 millones de euros provenientes de Arabia Saudí y que el rey emérito había ocultado en una cuenta bancaria en Ginebra. 

El grupo de “los hombres de paja” incluye, entre otros, a Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y fundador de Banesco que cuenta con la quinta fortuna de España; los amigos del rey emérito Alberto Alcocer y Alberto Cortina; José Mestre, propietario de Terminal Cataluña; Joaquín Romero Maura, antiguo consejero de Juan Carlos I; el empresario mexicano Allen Sanginés Krause; el empresario catalán Josep Cusí y su abogado Buenaventura Castellanos Matarrodona, y Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito.

Los tribunales británicos han rechazado una nueva petición de Juan Carlos I de evitar el banquillo amparándose en la inmunidad de la corona. Según informa a esta hora la agencia EFE, el juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Londres, ha rechazado este martes permitir que el rey emérito, Juan Carlos I, recurra el fallo que dictó que no tiene inmunidad ante la demanda por presunto acoso presentada en Inglaterra por su ex amante Corinna Larsen. El rey emérito todavía puede llevar el caso ante la Corte de Apelación.

La decisión de la Corte de Justicia británica fue conocida la semana pasada: el juez Nicklin entiende que ningún tipo de inmunidad que reconocen las leyes británicas de 1978 protegen a Juan Carlos de Borbón frente a las acusaciones de acoso de Larsen, que afirma que fue espiada, vigilada y amenazada por el entorno del monarca, antes y después de su abdicación de 2014. El juez entendió que son hechos que no tienen nada que ver con su cargo y que en la actualidad no forma parte de ningún departamento de la Casa Real aunque siga formando parte de la familia real.

Este martes, según la agencia EFE, la posibilidad de recurrir la decisión ante el propio juez Nicklin ha quedado rechazada pero el abogado británico de Juan Carlos I todavía puede plantear sus dudas ante la Corte de Apelación.

El magistrado hizo público la semana pasada un documento en el que exploraba todas las posibilidades de la ley británica de 1978 que reconoce inviolabilidad a jefes del Estado de otros países que sean llevados al banquillo. Entendió que en la actualidad Juan Carlos de Borbón no es jefe del Estado aunque mantenga la categoría de “emérito” y que no desempeña un trabajo en ningún departamento o 'household' de la Casa Real a las órdenes de su hijo Felipe VI. También rechazó que los hechos que se van a juzgar en esta demanda civil, diferentes actos de acoso supuestamente por orden del monarca, no tienen nada que ver con su cargo.

Sobre esto, el juez Nicklin llegó a afirmar que reconocer esta inmunidad por actos no relacionados con la monarquía y después de su abdicación en 2014 sería tanto como permitirle atracar una joyería de Londres sin consecuencias legales para él.

Juan Carlos de Borbón ha encontrado el límite de su inmunidad a 300 metros de la orilla del Támesis. El magistrado Matthew Niklin, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, ha establecido este jueves que las leyes británicas no recogen ningún privilegio ni ninguna inmunidad que le permitan evitar el banquillo por las acusaciones de acoso procedentes de su antigua amante, Corinna Larsen, que arrancan en 2012 y terminan en 2015. Una decisión que llega pocas semanas después de que la Fiscalía española haya decidido que la inmunidad, el paso del tiempo y sus pagos a Hacienda le protegen de cualquier investigación penal por tener su fortuna oculta en el extranjero y manejar dinero de espaldas a Hacienda.

En ambos casos se han aplicado leyes diferentes. La Fiscalía española aplicó, entre otras cosas, la Constitución que reconoce una inviolabilidad total al monarca mientras esté en el trono. El tribunal de Londres, sin embargo, ha aplicado una ley británica de 1978 que tiene más matices y deja más puertas abiertas para esquivar esa inviolabilidad del rey emérito.

También son hechos y delitos diferentes. En las causas abiertas y cerradas en España, los investigadores pusieron la lupa sobre su fortuna y posibles delitos fiscales pero también de cohecho por el cobro de comisiones, entre otras cosas. Eso permitió que no sólo la inviolabilidad entrara en juego: también la prescripción y los pagos a Hacienda hechos en 2020. En la causa abierta en Reino Unido, sólo hay un delito: acoso a Corinna Larsen a partir de 2012. No hay posibilidad de esquivar el banquillo pagando a Hacienda, por ejemplo.

Inviolabilidad total o parcial

En España, la Constitución es clara en su artículo 56.3: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Y la Fiscalía Anticorrupción española no tuvo muchas dudas a la hora de establecer que eso protegía a Juan Carlos de Borbón cuando actuaba en el ejercicio de su cargo, pero además para aquellas conductas individuales que nada tenían que ver con la Jefatura del Estado. La inviolabilidad, dijo la Fiscalía en sus decretos de archivo de principios de mes, “extiende todos sus efectos a todos los actos ejecutados por el Jefe del Estado, sean estos desarrollados con ocasión del ejercicio de funciones regias o al margen de estas”.

En España, por tanto, da igual que el rey cometa un delito con o sin la corona puesta. Mientras esté en el cargo y no haya abdicado, es inviolable. Pero esto no está tan claro en el Reino Unido, donde el juez Niklin ha aplicado el Estatuto británico de la Inmunidad de 1978. Esa norma es un poco menos genérica: protege a un jefe del estado extranjero (20.1.a), miembros de la familia real (20.1.b) y también si actúa “en sus funciones públicas” (14.1.a).

Rey emérito, pero sin corona

La defensa del rey emérito en este pleito pretendía que su inmunidad a la española fuera incluso más allá: que le protegiese por sus actos personales antes y después de abdicar. Pero el magistrado británico ha rechazado esta pretensión de plano: ningún artículo de esta norma de 1978 permite la impunidad de un rey que traspasa la ley al margen de su cargo. Mantiene el estatus de rey emérito, reconoce, pero eso no le da el blindaje de la inmunidad: “No extiende esa inmunidad personal a un ex jefe de Estado, por mucho que haya retenido una posición especial”, como es el caso de Juan Carlos de Borbón.

Dice, incluso, que esa extensión de la inmunidad le llevaría a poder atracar joyerías sin consecuencias penales. “Si lo aceptáramos, significaría que mañana podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes sin enfrentarse a procedimientos civiles o penales. Nada en el derecho internacional lleva a esa conclusión”, dice el magistrado. El ejemplo no está elegido al azar: Hatton Garden es una zona comercial del distrito londinense de Holborn donde varios hombres de 60 y 70 años de edad protagonizaron en 2015 un robo de 14 millones de libras en piedras preciosas en un depósito de seguridad. El suceso fue considerado uno de los mayores robos de la historia de Inglaterra e incluso fue transformado en una serie de televisión.

Tampoco entiende el magistrado británico que se le pueda considerar como integrante de los 'households' de la Casa Real. “No hay duda de que sigue siendo un miembro de la Familia Real española”, reconoce el juez, pero “no depende del rey Felipe VI”. Es más, añade el juez, Juan Carlos de Borbón “ni siquiera vive en España” y para formar parte de estos departamentos de la Casa Real, añade, tiene que desempeñar algún tipo de función que “descargue sus responsabilidades” a Felipe VI. Y eso no sucede en el caso el rey emérito, que tampoco puede verse protegido como asistente del jefe de Estado.

Su actividad como rey

Otro punto del debate ha sido si el supuesto acoso a Corinna Larsen se ejerció como monarca o si fue un acto personal. La Fiscalía española interpreta que, en nuestro país, la inviolabilidad de la Constitución se extiende a todo tipo de actos. Pero la Justicia británica y sus leyes no dicen lo mismo. Reconocen que la frontera “entre un acto privado y un acto público no siempre es fácil de dibujar”, pero que en este caso las acusaciones no están “en la esfera de la actividad gubernamental o monárquica”. El acoso, dice el juez británico es un acto que “cualquier ciudadano puede llevar a cabo”.

Esto lleva a otra diferencia sustancial entre el proceso abierto (y cerrado ya) en España y el que se sigue en Reino Unido: cuándo empieza a surtir efecto su inviolabilidad. En España, la Fiscalía dejó bien claro desde el principio que todo lo ocurrido antes de su abdicación en 2014 no existía a ojos del Código Penal. Ni actos personales ni actos llevados a cabo mientras ejercía como rey de todos los españoles, incluidos el cobro de 65 millones de euros procedentes de una dictadura árabe y que nunca se declararon a Hacienda. Este criterio no está tan claro en el caso del Reino Unido. “A mi juicio, los actos previos a la abdicación no están protegidos por ninguna inmunidad funcional”, dice el magistrado.

Lo que denuncia Corinna Larsen son una una decena de actos de acoso previos a la abdicación de 2014, y cinco más desde entones hasta mediados de 2015. Y el futuro de los actos previos a la abdicación todavía no está claro porque algunos, según la denuncia, no fueron ejecutados directamente por el rey sino por Félix Sanz Roldán, director entonces del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El juez explica que todo dependerá de si España “decide dar un paso adelante y defender que la entrada en la propiedad de Mónaco, así como otros actos, están protegidos por la inmunidad del Estado”, algo que no ha sucedido. Es decir, el Estado español debería pronunciarse ante los tribunales británicos sobre si ese acoso a Larsen fue por decisión propia.

Inmunidad, prescripción y pagos

En Londres, por tanto, las alegaciones de inmunidad no han servido a Juan Carlos de Borbón para evitar el banquillo, y el proceso por supuesto acoso a Corinna Larsen sigue camino de juicio. En España, hace unas semanas, no sólo la inmunidad jugó a favor del rey emérito: también la prescripción de los delitos y el aval de la Fiscalía a los pagos de más de cinco millones de euros a Hacienda para cerrar la puerta del delito fiscal.

La inviolabilidad cerró varias puertas, según la Fiscalía: cobrar más de 60 millones de euros del rey saudí en 2008 y moverlo por distintos países a espaldas de la Hacienda española, tener una fundación llamada Lucum en Panamá desde ese año o guardar dinero en varios trust hace tres décadas. También cuando en 2012 Juan Carlos de Borbón movió todos sus activos de la Fundación panameña a un banco en Nassau a favor de Corinna Larsen.

Allí donde no llegaron la inviolabilidad o la prescripción hicieron su efecto los pagos a Hacienda. La defensa de Juan Carlos I efectuó dos pagos, que en total suman más de cinco millones de euros, poco después de ir recibiendo avisos de la Fiscalía sobre la apertura de distintas diligencias de investigación. El Código Penal permite sentar en el banquillo a un defraudador fiscal aunque haya pagado si lo ha hecho después de saber que la Justicia le pisa los talones.

En este caso los investigadores concluyeron sobre sus propios avisos que no fueron lo suficientemente específicos como para privar al rey emérito de esa posibilidad de sortear el banquillo. Por esa grieta se fueron las tarjetas opacas que usó durante años o los millones de euros que si primo Álvaro de Orleans le pagó en vuelos y viajes.

El rey emérito, por tanto, no se sentará en el banquillo por enriquecerse durante años a espaldas de Hacienda durante lo peor de las dos crisis económicas de los últimos 30 años, pero sí lo hará en Londres acusado de acosar a Corinna Larsen. La mujer que fue su amante y que jugó un papel importante en la gestión de su fortuna: las decenas de millones que le dio el rey saudí, la supuesta comisión por el AVE a La Meca, terminó en una cuenta de Larsen en 2012 en Nassau. Una grabación de una conversación suya en la que hablaba de este dinero puso a la Fiscalía sobre la pista de los millones del rey hace ya cuatro años. Y su denuncia de acoso será la que lleve, finalmente, a Juan Carlos de Borbón al banquillo de los acusados en Reino Unido, una vez que la Fiscalía lo libró de toda responsabilidad penal en España.

La inmunidad de Juan Carlos de Borbón no le servirá para evitar el banquillo en el Reino Unido. Según la resolución hecha pública por el departamento de comunicación de la Alta Corte de Justicia de Reino Unido, los tribunales británicos han negado la inmunidad al rey emérito en el caso que investiga si, como denuncia Corinna Larsen, el monarca participó en una estrategia de acoso contra su antigua amante.

Según Larsen, después del final de la relación entre ambos empezó a ser objeto de seguimientos y amenazas, con el uso de agentes del Estado para intimidar tanto a ella como a su familia. Este acoso, según la acusación, habría arrancado en 2012, dos años antes de la abdicación del rey. La defensa del monarca en este caso, después de la demanda interpuesta por Larsen en julio de 2021, había intentado que esquivara el banquillo de los acusados usando la misma herramienta que le había salvado en España de una investigación todavía más amplia: la inmunidad que la Constitución reconoce al jefe del Estado, pero en este caso recogida en una ley británica. Fue en diciembre de 2021 cuando la defensa del rey emérito apeló a su inmunidad para evitar el juicio, algo a lo que se opuso la representación de su antigua amante.

Juan Carlos I dejó el trono en 2014 y se trasladó a Abu Dabi en agosto de 2020 tras la apertura de varias investigaciones en torno a su patrimonio. Después de que la Fiscalía anunciase el archivo de las tres causas que mantenía abiertas contra él, anunció a través de un comunicado de la Casa Real que mantendría su residencia habitual en los Emiratos Árabes Unidos pero que visitaría España con frecuencia aunque sin residir en el Palacio de la Zarzuela.

El magistrado Matthew Nicklin explica en una resolución de 27 páginas que Juan Carlos no puede ampararse en ninguno de los tres artículos de la ley británica de 1978 que regula los supuestos en los que puede aplicarse la inmunidad. Deja claro el magistrado, en primer lugar, que su estatus de emérito no implica que siga siendo jefe del Estado en España y, por tanto, “sea cual sea su posición constitucional después de su abdicación, no es el jefe del Estado de España. Desde su abdicación no está protegido por la inmunidad personal” que reconoce uno de los artículos de esa Ley de 1978. El hecho de ser padre del actual monarca no implica que pueda ser considerado tampoco como parte de la familia real a efectos de inmunidad.

Tampoco le protege la inmunidad denominada “funcional” que regula otro de los artículos para aquellos actos cometidos en el ejercicio de su cargo. “La acusación de acoso no está en la esfera de la actividad gubernamental o de jefatura de Estado” del hoy monarca emérito, explica el magistrado británico. La única puerta abierta sería que España reconociera como un encargo oficial el supuesto acoso en el que participó el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, algo que no ha sucedido.

La conclusión para el juez británico es que Juan Carlos I no evitará el banquillo amparándose en esa inmunidad. “Mi decisión es que ninguno de los argumentos han prosperado”, dice sobre la inmunidad. Si acuerda pedir a Corinna Larsen que especifique sus acusaciones sobre el papel del CNI y Sanz Roldán y sobre si actuó en representación del Estado español o por iniciativa y capacidad personal.

Investigación archivada en España

La decisión del magistrado británico llega pocas semanas después de que las autoridades españolas archivaran las tres causas que mantenía abiertas la Fiscalía sobre su fortuna. La Fiscalía Anticorrupción entendió que todas las acusaciones contra Juan Carlos de Borbón estaban prescritas o protegidas por la inviolabilidad que la Constitución reconoce al jefe del Estado mientras está en el cargo.

Una de la causas abiertas giraba en torno al supuesto cobro de una comisión de decenas de millones de euros por intervenir en la adjudicación del proyecto de construcción del AVE a La Meca a empresas españolas. Los investigadores concluyeron que la monarquía de Arabia Saudí realizó el pago a modo de “regalo” pero sin pruebas de que fuera efectivamente una comisión. Cualquier posible delito estaría prescrito o sepultado bajo la inviolabilidad del monarca.

Sobre el uso de tarjetas opacas desvelado por elDiario.es o de dinero salido de una fundación de su primo Álvaro de Orleans, siempre a espaldas de Hacienda, la Fiscalía dio por buenas sus dos regularizaciones fiscales de más de cinco millones de euros. Los pagos a Hacienda fueron realizados después de saber que estaba siendo investigado, notificado por la propia Fiscalía, pero según Anticorrupción no fueron avisos tan detallados como para considerar que fue una auténtica alerta.

Tampoco hubo consecuencias penales por un fondo de dinero en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. La Fiscalía entiende que el origen del 'trust' fueron fondos vinculados al rey emérito hace dos décadas pero que llevaba ya varios años desvinculado del fondo, y por tanto no se le puede hacer legalmente responsable de la fortuna de la isla de Jersey.