El rey emérito en el exilio, temporada II: acusación de acoso de Corinna y sin inmunidad en Londres

Hace dos años y algunas semanas, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias abandonaba España y ponía rumbo a los Emiratos Árabes Unidos. El monarca emérito se marchaba de España en pleno aluvión de informaciones sobre la oscura gestión de su patrimonio y su fortuna durante décadas, y poco antes de que la Fiscalía hiciera oficial la apertura de varias ramas de investigación contra él. Desde entonces, el Ministerio Público ha enterrado de forma definitiva estas investigaciones penales contra él, pero eso no implica que su camino judicial esté despejado: sigue teniendo cuentas pendientes con los tribunales británicos por el acoso al que, supuestamente, fue sometida su amante Corinna Larsen. Un proceso judicial sin cárcel a la vista pero en el que Juan Carlos I no estará protegido por la inviolabilidad de la corona que sí le salvó del banquillo en España por algunas de las causas que se investigaban.

Es un proceso que avanza a ritmo lento en los tribunales británicos, donde cada paso y cada recurso suponen varios meses de parón. Por el momento, la defensa del monarca emérito no ha conseguido lo que sí consiguió en Madrid: evitar una querella por la caducidad del proceso, por falta de pruebas o por la inmunidad que le protegía como jefe del Estado. El último movimiento conocido de la Justicia británica fue permitir que Juan Carlos I presente recursos contra algunas decisiones, pero manteniendo que será juzgado por el caso de presunto acoso a la aristócrata alemana.

Cerrado el frente penal en España por el supuesto ocultamiento de su fortuna en el extranjero durante décadas, Juan Carlos de Borbón se enfrenta a un proceso civil en el que se expone, en todo caso, a una condena económica que sirva para indemnizar a la víctima en caso de que se demuestre su culpabilidad.

Es un proceso en el que los jueces de Londres todavía no han examinado las pruebas y no han decidido si el acoso que denuncia Corinna Larsen y en el que llegó a involucrar al exjefe de los servicios secretos Félix Sanz Roldán es o no cierto, pero en el que la estrategia del monarca emérito ha recibido sonoros varapalos. “Debo enfatizar que en este punto no ha habido decisiones sobre si las alegaciones de la denunciante son ciertas, el denunciado niega haber actuado mal”, dice la última resolución del caso. En las últimas horas el diario El Mundo ha publicado que Larsen ha modificado su demanda y ha dejado a la institución del CNI fuera del abanico de acusaciones.

No hay todavía una resolución sobre el fondo del asunto pero sí hay decisiones que dejan al rey emérito sin una de sus mejores protecciones que le han valido para evitar el banquillo en España: la inviolabilidad. El artículo de la Constitución que reconoce este privilegio de la corona le sirvió para esquivar cualquier acusación no prescrita previa a su abdicación en 2014, cuando tuvieron lugar la mayor parte de supuestas irregularidades en la gestión de su fortuna. En Reino Unido, sin embargo, esa vía se le ha negado: los jueces han dejado claro que ni actualmente forma parte de la Casa Real ni está protegido por este artículo de la Carta Magna.

“Ni vive con su hijo, ni en el mismo país, ni tampoco juega ningún papel en su trabajo”, dijeron los magistrados Underhill y Jackson hace apenas unas semanas. Por segunda vez, los tribunales británicos rechazaron que el monarca pueda evitar una acusación en este procedimiento por haber sido jefe del Estado español durante varias décadas desde el final de la dictadura. En ese país, tal y como explicó el magistrado Matthew Niklin hace unos meses, las leyes de 1978 permiten aplicar inmunidad pero no en cualquier situación. “La acusación de acoso no está en la esfera de la actividad gubernamental o de jefatura de Estado” del hoy monarca emérito, explicó el magistrado británico.

Al margen de la evaluación que hagan de las pruebas y si le declaran culpable o no, el rey emérito también tiene otra opción para intentar quedar protegido por algún tipo de inmunidad: que España reconozca que ese supuesto acoso ejecutado por Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, fue un encargo oficial del Estado, algo que por ahora no ha sucedido. Para ello debería haber un Gobierno dispuesto a certificarlo, con el consiguiente escándalo que eso podría suponer para la coalición que preside Sánchez. Está por ver cómo el último movimiento de Larsen, excluyendo al CNI, afecta a esta parte del proceso.

El presidente se ha desmarcado públicamente varias veces de las conductas del anterior monarca, calificó como “inquietantes” las informaciones que se fueron conociendo sobre Juan Carlos I y el Ejecutivo no ha disimulado la incomodidad que le produce su vuelta, sobre todo si eso implica poner a su disposición medios del Estado. Así que no hay ningún indicio de que el Gobierno vaya a asumir ante un tribunal británico que los viajes a Londres del exjefe de los servicios secretos para contactar con Larsen fuesen en representación del Estado, aunque estos hubiesen tenido lugar bajo el mandato de Mariano Rajoy y cuando el CNI dependía de la vicepresidenta de aquel Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.

Lo que figura en la denuncia inicial de Larsen es que, entre 2012 y 2014, fue víctima de varias acciones de acoso tanto por parte de su examante como por parte de Sanz Roldán, así como episodios ejecutados por personas desconocidas pero que atribuye a la acción de ambos. Según la aristócrata, después del final de la relación sentimental entre ambos tanto ella como su familia empezaron a ser objeto de seguimientos y amenazas, con el uso de agentes del Estado para llevar a cabo esta intimidación que, según su versión, tenía por objetivo evitar que pudiera difundir información comprometedora para el monarca antes y después de su abdicación.

Los tribunales británicos todavía tienen que estudiar recursos contra estas decisiones y deben decidir si estas acusaciones contra el monarca emérito son viables. En un proceso que avanza muy lentamente en Londres, Juan Carlos de Borbón no podrá escudarse en la inmunidad para evitar el banquillo y los abogados de Corinna ya han verbalizado en alguna ocasión que creen que el juicio se celebrará en 2023.

Dos causas relacionadas

Los tribunales británicos estudiarán exclusivamente si hay pruebas de que Juan Carlos de Borbón estuviera detrás de los actos de acoso que denuncia Corinna Larsen (en caso de que estos hayan existido y puedan probarse), pero la causa está íntimamente relacionada con la gestión de la fortuna que amasó a espaldas de la opinión púbica durante décadas. La documentación del caso tramitado en Londres evidencia solapamientos entre estos presuntos episodios de acoso y varios hitos en la gestión de los millones que investigó por partida triple la Fiscalía del Tribunal Supremo en Madrid.

La aristócrata denunciaba acciones intimidatorias supuestamente protagonizadas por Sanz Roldán y el propio monarca entre 2012 y 2014. En una de ellas, por ejemplo, afirma que Juan Carlos I exigió que le devolviera los “regalos” que le había hecho previamente. Ese mismo año, Larsen también había rechazado la petición de matrimonio del rey pocos meses antes de su abdicación.

Los decretos de la Fiscalía española que enterraron las acusaciones también arrojan datos que demuestran que la relación entre ambos no era sólo sentimental. La fortuna de Juan Carlos I pasó por las cuentas de Corinna Larsen. En junio de 2012, por ejemplo, los fondos de su Fundación Lucum llegaron a una cuenta abierta en Bahamas por la aristócrata germana. Más de 52 millones de euros junto con 3,7 millones de francos suizos y 14,4 millones de dólares.

Esta transferencia se convirtió en un problema para Juan Carlos I con el paso de los años. Según la Fiscalía, era una “donación irrevocable” que podría haber sido considerada como un delito de blanqueo de capitales, por muchos años que hubieran pasado. Esa acusación, que hubiera sido suficiente para presentar una querella contra él, se encontró con un obstáculo que la propia Fiscalía define como “insalvable”: la inviolabilidad de la corona que todavía le protegía en ese momento, dos años antes de su abdicación. Años antes, en 2006, Larsen lo había acompañado hasta Arabia Saudí junto con empresarios españoles en los años previos a la adjudicación de las obras del Ave a La Meca.

Está por ver si el proceso judicial por el supuesto acoso a su antigua amante se adentra en esta faceta de su relación pero ella lo deja claro en sus alegaciones recogidas en la causa: “El objetivo del rey emérito era encontrar y eliminar cualquier documento que ella tuviera relacionado con sus negocios y tratos financieros, así como evitar que ella proporcionara información sobre cualquier cosa que pudiera incriminarle”. En este caso, tal y como han determinado los tribunales británicos, la inviolabilidad de la corona no le servirá para evitar una sentencia, sea favorable o desfavorable.

Mientras tanto, Juan Carlos I afronta el segundo año en Emiratos, manda mensajes a sus amigos sobre un inminente regreso que no entusiasma ni al Gobierno ni siquiera a la Casa Real, muy molesta con la forma en que se gestionó su última visita a España, a donde llegó en un jet privado, para participar en una regata de vela en Sanxenxo, que finalmente solo presenció. El debate sobre su vuelta se reabre periódicamente en círculos políticos y periodísticos, que asisten atónitos al final de la carrera de Juan Carlos I, un guion de escándalos, amantes y delitos fiscales ya prescritos vividos desde el exilio donde afronta su segunda temporada, ahora pendiente de una acusación por un acoso en el que supuestamente están involucrados los servicios secretos.