CCOO y UGT van a presionar en los próximos meses para endurecer el despido, de tal manera que sea resarcitorio y con indemnizaciones a partir de 45 días por año trabajado; para reformar las condiciones del contrato parcial y que tenga que estar más explicado su uso; y para exigir una justificación “rigurosa” del despido en periodo de prueba, un fenómeno disparado desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, han presentado este martes la 'Propuesta sindical unitaria', su agenda clave para los próximos meses, que estará centrada en cuatro grandes reformas: la vivienda, el despido, los contratos a tiempo parcial para frenar su uso y el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva.

Ambos sindicalistas han planteado una reforma del despido improcedente que llevarán a la mesa de diálogo social con el Ministerio de Trabajo y que recoge alguno de las reivindicaciones que ya habían adelantado estos meses, como recoge Europa Press.

Entre ellas, recuperar los salarios de tramitación, que se perdieron con la reforma laboral del año 2012, que, tal y como ha apuntado Luján, se hizo “a espaldas” y “en contra” del diálogo social, así como el diseño de un modelo para que el despido sea disuasorio, con el objetivo de que “no merezca la pena despedir” y en línea con la Carta Social Europea suscrita por España.

CCOO y UGT reclaman indemnizaciones mínimas

Sobre la cuestión, Luján ha reivindicado que las indemnizaciones por despido improcedente deberían partir de los 45 días por año trabajado y no de los 33 días vigentes actualmente. No obstante, UGT y CCOO no han querido reflejar en su propuesta un número de días concretos para la indemnización por despido improcedente, ya que, en línea con el Comité Europeo de Derechos Sociales, consideran que las indemnizaciones tasadas pueden no cubrir completamente los daños causados y, por lo tanto, se debe seguir el principio de que sean disuasorias y reparadoras.

“El bloque del conjunto de las propuestas que planteamos para trasladar los compromisos que este país ha establecido con la Unión Europea va mucho más allá de si al final la fijación máxima que acabemos negociando en el marco del diálogo social acaba en 45 días o en 42 días, sino que constituye la conformación de un modelo que, evidentemente, le dice al empresario que si tienes un problema, tienes mecanismos internos en el Estatuto de los Trabajadores para poderlos resarcir, la pandemia como ejemplo paradigmático, y, en todo caso, si tienes que utilizar esas figuras, tienes que tener en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener un marco de protección”, ha expuesto Pacheco al respecto.

Sin embargo, CCOO y UGT sí recogen en su propuesta que se deben fijar unas indemnizaciones mínimas en caso de despido improcedente en línea con los estándares europeos, para lo que Luján ha puesto de ejemplo Italia o Francia, donde están tasadas en seis y tres meses, respectivamente.

Además, en el bloque del despido, los sindicatos han recogido la necesidad de “causalizar” el despido en periodo de prueba exigiendo una justificación rigurosa de las razones debido al incremento que se ha registrado de los despidos en periodo de prueba sin causa.

En todo caso, CCOO y UGT plantearán dar más participación a la autoridad laboral en relación a los despidos colectivos e improcedentes y que, en este último caso, el derecho a restablecer el contrato de trabajo cuando lo fije un juzgado recaiga en la persona trabajadora y no en la empresa.

El contrato parcial tendrá que justificarse

De igual manera, ambos sindicatos propondrán vigilar el uso del contrato a tiempo parcial, de manera que el indefinido a tiempo completo sea el de “referencia”, para lo que se deberá justificar la excepcionalidad que amerita el uso de un contrato a tiempo parcial.

Junto a este mayor control de las causas, CCOO y UGT ven necesario pactar las horas complementarias para que el empresario no pueda hacer uso de ellas para alargar una jornada a tiempo parcial y que, en todo caso, exista un criterio de preaviso y cancelación si finalmente el trabajador tiene que modificar las horas extraordinarias pactadas inicialmente.

“Planteamos la consolidación de las horas complementarias utilizadas de manera ordinaria, con dos fórmulas, utilizando la más beneficiosa para el trabajador en nuestra propuesta: o el 80% de jornadas complementarias medias que se hayan utilizado en el año anterior o el 100% de las horas complementarias de jornada media que se hubieran utilizado en los dos ejercicios anteriores. ¿Qué queremos con esta idea? Que si un empresario, de manera recurrente, está utilizando una ampliación de jornada disponible, vaya consolidando esa jornada en el contrato del trabajador”, ha expuesto Pacheco.

Además, se propone dar prioridad a los trabajadores que estén con un contrato a tiempo parcial para las vacantes de la empresa que sean a tiempo completo.

El 20 de febrero la cúpula del Ministerio de Cultura, encabezada por el Secretario de Estado Jordi Martí, propuso a los tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) con representación en el Instituto Nacional de las Artes Escénica y la Música su nuevo proyecto: transformar el INAEM, hoy organismo autónomo del Ministerio de Cultura, en una entidad pública empresarial. Cinco días después la respuesta de los sindicatos ha sido clara y conjunta: un no rotundo.

El comunicado de los sindicatos afirma que el cambio de naturaleza jurídica supondría que el INAEM pasaría a ser “una entidad de gestión privada”, lo que le haría depender de una financiación que tendría que generar mercantilmente algo que convertiría “la cultura en un bien de mercado”. Los sindicatos afirman que el cambio supondría además una mayor “inseguridad en las plantillas al aumentar las posibilidades de los expedientes de regulación de empleo, el riesgo de abuso de la temporalidad y la perdida de estabilidad”.

La propuesta de Martí abre la segunda fase de reforma del ente público una vez concluida la primera. La primera se llevó a cabo el pasado noviembre, fase en la cual se ha dividido el INAEM en dos creando una nueva Dirección General de las Artes Escénicas de la Música que se encargará de la actividad de fomento y difusión de la música, el teatro, la danza y el circo; y, además, gestionará las ayudas, premios y subvenciones y defenderá el patrimonio del sector.

Quedaba la segunda fase: la reforma de las once unidades de producción del INAEM tales como el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Compañía Nacional de Danza y el Teatro de la Zarzuela, entre otras. La patata caliente. El objetivo: poder agilizar las contrataciones artísticas, las giras y la contratación del personal técnico.

Hace un año, el propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto con la directora del INAEM, Paz Santa Cecilia, anunció en rueda de prensa la reforma del INAEM como uno de los planes centrales de su mandato. Allí, prometió que la reforma se haría con el consenso de los trabajadores y afirmó: “Quiero dejar claro que queda descartada la posibilidad que se ha comentado de poder transformar al INAEM en una fundación, el organismo tiene que ser cien por cien público”.

De ahí a la sorpresa que ha provocado la propuesta presentada el pasado 20 de febrero a los sindicatos. “Durante todos estos meses siempre hablamos con el Ministerio de hacer un real decreto o un estatuto propio para agilizar el funcionamiento del INAEM y solventar la precariedad y desigualdades laborales. Lamentablemente, lo que se nos ha presentado cambia la naturaleza jurídica de la entidad y la privatiza. No es propio de un gobierno que se dice de izquierdas, la sorpresa ha sido mayúscula”, declara a este periódico Neftali Rodríguez, Secretario General de las Sección Sindical Estatal de Comisiones Obreras en el Ministerio de Cultura.

Entidad pública Empresarial

La figura propuesta por el Ministerio está regida por la Ley 6/1997, de 14 de abril. Ley de la época del gobierno de José María Aznar que en su artículo 53 dice: “Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado”. Otras conocidas EPE, como se las conoce, son ADIF, Correos y Telégrafos y la Agencia EFE.

Neftalí Rodríguez confiesa a este periódico que después de una asamblea muy numerosa de los trabajadores la posición es clara: “Hemos sido cautos, el ministro siempre dijo que no iba a reformar el INAEM sin el consenso con los trabajadores. Esperamos que así sea. Vamos a dar un margen e intentar reconducir la situación, pero si rompen su palabra y optan por actuar de forma unilateral nos encontrarán enfrente. Habrá movilizaciones”.

Rodríguez, aun así, afirma que no quiere que se confunda esta posición contundente con un ánimo de confrontación, “la gente tiene que entender que no solo nos jugamos la situación laboral de mucha gente. Una EPE quiere decir que la mayoría del presupuesto tiene que llegar por vía mercantil, es decir de ingresos. Quizá no este Gobierno, pero uno futuro puede verse habilitado a decir que no se está cumpliendo la autofinanciación exigida y minimizar el apoyo público presupuestario”, argumenta.

Las consecuencias según el representante sindical pueden ser de diferentes naturalezas, tales como subidas en el precio de las entradas, “miren los precios del Teatro Real”, pone como ejemplo, pero también acabar con el proyecto de teatro público que nació en los años ochenta con Adolfo Marsillach, “en el INAEM las creaciones y obras que se llevan a cabo tienen un carácter artístico, se investiga y se crea sin buscar la rentabilidad, las obras no están dirigidas al mercado. Todo eso se pondría en riesgo”, afirma.

Por otro lado, los sindicatos también quieren señalar que el personal contratado por el INAEM con esta nueva figura jurídica cambiaría, “nosotros tendríamos que salir sí o sí del convenio único de la Administración General, tendríamos que firmar un convenio propiamente privado y quedaríamos al margen del resto de estructuras administrativas”, explica Rodríguez.

En el comunicado los sindicatos también señalan la necesidad, ya histórica, de mejorar las condiciones de los trabajadores del INAEM “mediante un acuerdo de retribuciones salariales adecuadas”. Neftalí Rodríguez avanza a este periódico que justo después de emitirlo han recibido una propuesta para la mejora de las condiciones laborales del elenco artístico de la Compañía Nacional de Danza, “tenemos que estudiarlo, pero tiene buena pinta. Es una propuesta que nos llega a través de la Subdirección General de Personal del INAEM, de Mariana Albinyana, con quienes llevábamos trabajándolo tiempo juntos, aun así la coincidencia es curiosa”, afirma.

Los sindicatos señalan a este diario que ven como responsable de este giro al propio secretario de estado Jordi Martí, “sabemos de su paso por el Institut de Cultura de Barcelona, nuestros compañeros ya nos han trasladado su malestar de lo que allí hizo, los grandes problemas laborales que se generaron”, dice de este político que comenzó andadura política en el Partido Socialista Catalán, dirigió el ICUB entre 1999 y 2013, fue también delegado de cultura del Ayuntamiento de Barcelona entre 2006 y 2011 y, ya en 2015, abandonaría el PSC. Cuando Ada Colau fue nombrada alcaldesa de Barcelona en 2015 fichó a Martí, quien fue subiendo escalafones en el nuevo partido, Barcelona en Comú, hasta que en 2019 se presentó como número 5 en las listas de Colau. Martí acabó siendo teniente alcalde y dirigió el Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento.

En noviembre de 2023 fue nombrado por Urtasun Secretario de Estado del Ministerio de Cultura, cargo inexistente hasta la fecha, “en la reunión del 20 de febrero Martí nos citaba el ICUB, que es una EPE local, como un ejemplo a seguir, pero una cosa es Barcelona donde hay otra cultura de fundaciones y organismos semipúblicos, pero otra cosa es el INAEM, que es estatal”, afirma Rodríguez. El ya denominado “plan Martí” parece haber nacido con la pata quebrada. Está por ver si la habilidad de este veterano político y gestor es capaz de reconducir una negociación que a día de hoy parece rota. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el propio Jordi Marti o con algún representante del Ministerio y el INAEM, pero han declinado hacer cualquier declaración.

Como epílogo de una jornada de protesta social y huelga general, el Congreso argentino aprobó este viernes una reforma laboral que recorta múltiples derechos de los trabajadores y que la oposición tacha de “esclavista”. Así, el presidente Javier Milei ha logrado agilizar un proyecto ultraliberal que se había propuesto tras su victoria en las elecciones legislativas de octubre pasado, y que recibe el beneplácito del Fondo Monetario Internacional.

La reforma llamada de “modernización laboral” que se aprobó en la Cámara de Diputados con 135 votos a favor y 115 en contra pasada la medianoche (hora local) abarata el despido –cambia el cálculo de las indemnizaciones, que ya no contempla las vacaciones, el salario extra u otros conceptos que no aparezcan en la nómina habitual– y crea un Fondo de Asistencia laboral (FAL) para pagar indemnizaciones que le quita financiación al Sistema de Seguridad Social. El articulado regresa ahora al Senado para su aprobación definitiva.

La iniciativa, respaldada por el partido oficialista La Libertad Avanza, aliados del PRO (Propuesta Republicana), la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales disidentes del peronismo, busca transformar el régimen de trabajo que rige, con modificaciones, desde 1974, año en que gobernaba Juan Domingo Perón, y, tras su fallecimiento, lo sucedió María Estela Martínez de Perón.

Una reforma “esclavista”

Myriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda – Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) señala a elDiario.es que se trata de una “ley esclavista”. “Es una reforma totalmente esclavista que la quieren vender sin edulcorante como modernizadora. Hace tiempo que no se veía que no puedan encontrar un trabajador o entidad sindical que la defienda; empezaron a perder la pelea social. Encima se engolosinaron y quisieron meter el artículo de las licencias médicas, el número 44, creyendo que tenían todo atado y se pasaron”, censura.

El oficialismo debió retirar el artículo 44, que señalaba que durante las licencias médicas el salario podría reducirse entre un 50% y un 75%, dependiendo de la situación del trabajador, en contraste con el esquema vigente que garantiza la percepción íntegra del sueldo por el tiempo que dure la enfermedad. Es por esta modificación que el texto deberá volver a ser revisado en la cámara de origen (el Senado).

Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe, afirma a elDiario.es que la reforma laboral tiene un sesgo antitrabajador y propatronal. “En un debate exprés y sin la profundidad que requiere un tema tan sensible como legislar sobre las relaciones de trabajo de millones de argentinos y argentinas, el Gobierno logra aprobar una reforma laboral que tiene un sesgo claramente antitrabajador y propatronal”, denuncia.

El diputado añade que “la hipótesis a partir de la cual se planta este proyecto es la idea de que los trabajadores tienen demasiados derechos o privilegios y que entonces hay que recortarlos en función de maximizar la ganancia empresaria y abaratar la contratación para poder facilitar que más gente tenga trabajo. Pero en un contexto de crisis económica, con 200.000 puestos de trabajo destruidos en el último tiempo, difícilmente esta ley ayude a generar empleo y mucho menos empleo de calidad y registrado”.

La reforma permite extender la jornada laboral a 12 horas de las ocho horas actuales a través de la implementación de un sistema de “banco de horas”, aunque mantiene como tope la jornada máxima semanal en 48 horas. Además, elimina las horas extra, fracciona vacaciones y limita el derecho a huelga al ampliar el listado de sectores considerados esenciales.

En un contexto de crisis económica, con 200.000 puestos de trabajo destruidos en el último tiempo, difícilmente esta ley ayude a generar empleo

Esteban Paulón — Diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe

“Hay muchas cosas más graves que hemos denunciado sobre esta ley, cómo que los votos se han conseguido de una manera altamente antidemocrática y que lo que se vota en el Congreso está cada vez más lejos de la sociedad”, sostiene la diputada Bregman. Y agrega sobre el regreso del texto al Senado, para su aprobación definitiva: “Hay que redoblar la pelea adentro y afuera hacia el Senado; si sabemos preparar una buena jornada para esa votación puede ser el principio del fin cómo lo fue en el 2017 con Mauricio Macri”. El entonces presidente conservador arrasó en las elecciones legislativas, pero perdió la reelección en 2019.

Al diputado Paulón le preocupan varios aspectos de la flexibilización laboral. “La creación de un fondo de asistencia laboral, que es una transferencia directa del dinero que se le retiene a los trabajadores y trabajadoras para sus futuras jubilaciones que se traslada a futuras indemnizaciones. Es decir, en lugar de financiar el sistema de seguridad social, busca pagar los despidos de aquellos que van a perder el trabajo. Y también, obviamente, la derogación de una serie de estatutos y de leyes que nada tienen que ver con la posibilidad de generar mejores condiciones de trabajo como el estatuto del periodista”.

El diputado Agustin Rossi por Unión por la Patria (del bloque peronista) por Santa Fe expresó durante el debate que la ley viene a cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. “Está dentro del paquete que exige el FMI para los países endeudados. ¿Y saben a quién perjudica? A los trabajadores en relación de dependencia, a los informales y a los de las aplicaciones [telefónicas], que ahora los califica de prestadores de servicios”, aseveró.

Así las cosas, la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, mostró el jueves confianza en la reforma laboral impulsada por Milei al considerar que podría reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo. Una percepción optimista sobre su principal deudor.

Amplio seguimiento de la huelga general

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una adhesión de 90% al paro general de 24 horas contra la reforma laboral. Desde la sede de la central obrera, el secretario general Jorge Sola declaró: “Este proyecto de ley retrocede 100 años en derechos individuales, en derechos colectivos y en una búsqueda que tiene como corazón la transferencia de recursos de los trabajadores hacia el sector empleador”.

A la postal de las calles vacías por el paro, sindicatos y organizaciones sociales decidieron sumarle otra más: la de una Plaza de los dos Congresos movilizada contra la reforma de Milei. Entrada la tarde, con la mayoría de las columnas ya desmovilizadas, las fuerzas de seguridad reprimieron con cañones de agua, luego con gases lacrimógenos y balas de goma a los pocos manifestantes que aún quedaban en el lugar. Hubo una decena de detenidos y, de acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria, 70 manifestantes requirieron de atención médica.

Más de 21.000 empresas han cerrado en los últimos dos años y se han destruido 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales

Por la noche, se escucharon ruidos de cacerolas en distintos cruces de avenidas en la ciudad de Buenos Aires, una forma de protesta espontánea del ciudadano de a pie.

La huelga y el debate maratoniano ocurrieron en el marco de una caída de la actividad industrial. Más de 21.000 empresas han cerrado en los últimos dos años y se han destruido 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales. El más reciente es el caso de Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina, que este miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de 920 trabajadores alegando la caída de la competitividad por la apertura de importaciones.

La huelga general convocada por los sindicatos argentinos se hacía sentir este jueves con fuerza en protesta contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Mientras en la Cámara de Diputados se debatía el proyecto que abarata el despido, recorta múltiples derechos de los trabajadores y permite extender la jornada laboral a 12 horas, el mandatario ultraderechista aparecía como un personaje sacado de otra película: se mostraba junto a Donald Trump en la primera reunión de la “Junta de Paz”, celebrada hoy en Washington.

La Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a la cuarta huelga general contra el Gobierno ultra desde su llegada al poder en diciembre de 2023, ha vinculado la medida de fuerza a la situación sociolaboral que calificó de “absolutamente complicada”. Como una muestra de lo que sucede en Argentina con el deterioro del trabajo en un contexto de apertura de importaciones, la fábrica nacional de neumáticos Fate ha anunciado su cierre y el despido de 920 empleados.

“El empleo ha caído 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años”, ha dicho Jorge Sola, secretario general de la CGT, quien ha evaluado como “contundente” el seguimiento del paro de 24 horas contra la reforma laboral, con el freno de trenes, subterráneos, autobuses, aviones y barcos. Además, no ha habido atención en los bancos ni recolección de basura.

El proyecto de ley, que ya cuenta con el visto bueno del Senado, gracias a los votos del partido de Milei, La Libertad Avanza, y sus aliados del conservador PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales, se está debatiendo este jueves en la Cámara de Diputados, en lo que promete ser una sesión maratónica en medio de un clima social caldeado.

Si bien la CGT convocó a una huelga sin movilización, otros sindicatos y organizaciones sociales y políticas decidieron marchar en las cercanías del Congreso, que ha amanecido fuertemente vallado y custodiado por agentes de seguridad, dispuestos a desplegar su aparato represivo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha advertido en sus redes: “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha cuestionado la medida de fuerza y afirmado que ha perjudicado a los trabajadores que intentaron asistir a sus puestos. “Es bastante perverso, porque en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, ha declarado durante una entrevista radial.

“Un negocio financiero”

La reforma laboral abarata el despido –cambia el cálculo de las indemnizaciones, que ya no contempla las vacaciones, el salario extra u otros conceptos que no aparezcan en la nómina habitual– y crea un Fondo de Asistencia laboral (FAL) para pagar indemnizaciones que deja sin financiación el Sistema de Seguridad Social. El FAL constituye una caja común para que las empresas financien las indemnizaciones (si la empresa es pequeña, destinará un 2,5% del salario de cada empleado y, si es grande, un 1,5 %, porcentajes que se quitan del aporte a las jubilaciones).

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericanos de Abogados Laboralistas señala a elDiario.es que, con el FAL, “son los propios trabajadores los que están subsidiando un fondo para pagar sus despidos. Ese fondo es administrado por aseguradoras, por bancos, por entidades financieras para que tengan rendimiento, es un gran negocio, sobre todo financiero”.

El experto agrega que se evapora el efecto disuasorio de despedir. “Un empleador se vería tentado a despedir a un empleado de 20 años de antigüedad y contratar a uno sin experiencia, con menos salarios y con menos beneficios. Va a ser mucho más fácil despedir porque la indemnización va a salir de ese fondo”.

Además, la reforma permite extender la jornada laboral a 12 horas de las 8 horas actuales, a través de la implementación de un sistema de “banco de horas”, aunque mantiene como límite máximo las 48 horas semanales. Asimismo, elimina las horas extra, fracciona vacaciones y limita el derecho a huelga al ampliar el listado de sectores considerados esenciales.

Al respecto, Cremonte afirma que “limita muchísimo el derecho de huelga y, además, restringe el derecho a hacer asambleas en el lugar de trabajo, porque modifica todo el sistema de negociación colectiva: en vez de que tenga preeminencia, como tiene hoy, el convenio colectivo a nivel nacional que se llama por rama de actividad, va a tener preeminencia y mayor validez el convenio de empresa, que es un poco lo que estaba en la ley de 2012 de España y que se dejó atrás en la reforma reciente”.

El artículo cruel que no fue

Empujado por las críticas de hasta algunos aliados parlamentarios, el oficialismo debió retirar el artículo 44 del proyecto que señalaba que durante las licencias médicas el salario podría reducirse entre un 50% y un 75%, dependiendo de la situación del trabajador, en contraste con el esquema vigente que garantiza la percepción íntegra del sueldo por el tiempo que dure la enfermedad. Fue precisamente este artículo cruel del texto lo que precipitó el anuncio de la huelga general.

Muy lejos y ajeno al pulso en la calle y en el Congreso, Milei ha viajado a Washington para participar en la inauguración de la “Junta de Paz” de Trump, que reúne a 27 mandatarios, en una nueva escenificación de su alineamiento con el mandatario estadounidense.

Trump ha destacado el respaldo que le dio a su par argentino en las elecciones legislativas de octubre pasado. “No se supone que deba apoyar a gente, pero lo hago cuando me gusta la gente. Apoyé a (Viktor) Orban y a este caballero, Milei, que estaba un poco detrás en las encuestas pero terminó ganando de forma aplastante”. Washington ofreció en aquel momento a Argentina una ayuda por 20.000 millones de dólares que sirvió para frenar las turbulencias en los mercados y ayudó a Milei de cara a los comicios.

El discípulo de Trump confía en conseguir la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de Diputados con el voto de legisladores propios, aliados, fuerzas provinciales y un puñado de disidentes del peronismo –el principal bloque opositor–, aunque deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han firmado este martes un acuerdo para reforzar y modernizar la prevención de riesgos laborales, con el objetivo de reducir los accidentes y las muertes laborales, que alcanzan a más de 700 personas cada año. Aunque el pacto se compromete a reformar la Ley en esta materia, de 1995, de difícil recorrido parlamentario por la falta de consenso con los empresarios, también prevé varios reglamentos, que solo dependen del Gobierno, en asuntos clave como la salud mental y el cambio climático.

“Hoy el trabajo sigue siendo un lugar que desgasta y enferma”, ha sostenido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto en el que ha subrayado que “una democracia no se puede permitir” las actuales cifras de siniestralidad laboral.

La ministra de Trabajo ha suscrito el pacto con los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), sin los empresarios, que se han descolgado del acuerdo al final de la negociación de más de 15 meses. “Lamento hoy que la patronal no esté en esta firma. Esta no es una política de partido, sino de Estado”, ha sostenido Yolanda Díaz, que ha criticado que la patronal “no está haciendo lo correcto”. “Es imperdonable”, ha sentenciado por su parte Pepe Álvarez.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la idea es aprobar primero un Anteproyecto de ley que modernice la actual Ley de Prevención de Riesgos laborales, que debe contar con el respaldo del Parlamento para salir adelante, y después desarrollar los reglamentos pactados con los sindicatos.

En caso de bloqueo parlamentario, que en Trabajo insisten en que confían en que no se produzca aunque es la tónica habitual en el Congreso, los reglamentos permitirían al Ministerio aprobar al menos algunos cambios legales. En esta última posibilidad han insistido en CCOO y UGT, que han arrancado el compromiso de varios reglamentos. Los sindicatos exigen al departamento de Yolanda Díaz que las modificaciones acordadas no queden en papel mojado.

Más prevención en salud mental: “No podemos normalizar la ansiedad”

Los cambios normativos pactados van dirigidos a actualizar la regulación de prevención de riesgos laborales en varias direcciones. Desde que se tenga en cuenta la perspectiva de género y la edad de las plantillas, ahora muy pensada para un trabajador prototipo hombre (generalmente joven), hasta que se mejore la coordinación de las medidas preventivas cuando hay varias empresas involucradas a través de la subcontratación, así como las exigencias a los servicios de prevención ajenos.

También, de manera muy destacada, para actualizar la prevención de los trabajadores ante nuevos riesgos laborales que han ido surgiendo en las últimas tres décadas. Entre ellos, los riesgos psicosociales acentuados por la digitalización, que están detrás de muchas dolencias y bajas por salud mental, disparadas en los últimos años.

“No podemos seguir normalizando el agotamiento y la ansiedad”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha subrayado que no son un problema “individual”, sino en muchos casos un riesgo laboral y un problema colectivo del conjunto de la sociedad.

Unai Sordo ha destacado la necesidad de prevenir ante riesgos ligados a la digitalización, como el control y gestión a través de algoritmos y la Inteligencia Artificial, que cada vez alcanzan a más población trabajadora. Entre los reglamentos previstos en el acuerdo sindical, hay uno expresamente sobre riesgos psicosociales.

Sordo además ha emplazado al Ministerio a acometer “medidas valientes” para aflorar uno de los principales focos de siniestralidad, hoy invisible: las enfermedades profesionales. En concreto, ha exigido que se tomen medidas para identificar los cánceres de origen profesional, la principal causa de muerte en el trabajo en Europa, y que en España adolece de un “nivel de subregistro gigantesco”. Para ello, ha reclamado que se ponga en marcha un registro de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos.

Protección ante catástrofes como la DANA

El pacto también busca enfatizar la prevención de los trabajadores ante los riesgos vinculados al cambio climático, como las temperaturas extremas y catástrofes como la DANA que asoló Valencia hace algo más de un año. En este punto, el acuerdo con CCOO y UGT incluye otro desarrollo reglamentario con medidas preventivas frente al cambio climático.

Las partes también han pactado reforzar la formación en prevención, el papel de las personas trabajadoras con funciones preventivas dentro de las empresas, incluso cuando hay externalización del servicio de prevención, y la eficacia de los propios servicios de prevención ajenos, para mejorar su calidad y que no sirvan solo para “cubrir el expediente y evitar la multa”, como denuncian fuentes sindicales.

“El objetivo es que nadie más muera en su puesto de trabajo”, ha afirmado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha subrayado que esta será la “ley más importante”, por afectar a la salud y la vida de las personas trabajadoras, y que llega seis años después del inicio de su mandato.

Miles de personas han salido este martes a las calles de Atenas y otras ciudades griegas en el marco de una huelga de 24 horas del sector público que ha paralizado el país. Es la segunda gran movilización en las últimas dos semanas contra un proyecto de ley que pretende extender la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias, calificado por la oposición de medieval.

La huelga, convocada por el principal sindicato del sector público de Grecia, la Confederación de los Sindicatos de Empleados Públicos (ADEDY), ha dejado este martes a todo el país sin itinerarios de trenes interurbanos, mientras que también están suspendidos los viajes de barcos de pasajeros, ya que al paro se han sumado los sindicatos de marineros.

Atenas amaneció hoy sin servicios de metro ni trenes de cercanías, aunque los trabajadores del metro decidieron realizar itinerarios durante algunas horas de la mañana y el mediodía para facilitar el traslado de personas por las manifestaciones.

Unas 10.000 personas, según la Policía y ADEDY, se congregaron hoy frente al Parlamento heleno, situado en el corazón de la capital, donde empezó este martes el debate parlamentario del proyecto de ley previo a su votación y aprobación mañana, miércoles.

“Retiren el proyecto de las 13 horas - Las condiciones laborales no retrocederán 150 años” y “No a las 13 horas de esclavitud”, se podía leer en algunas de las pancartas que enarbolan los manifestantes.

“Esta ley es solo una parte de una política concreta que destruye los derechos colectivos laborales”, dijo a EFE durante la protesta ateniense Spiros Vettas, docente de educación secundaria.

“Tenemos un aumento de violencia y criminalidad en las escuelas que ahora esperamos que se incremente aún más porque los padres no van a poder literalmente ver a sus hijos con esta ley”, añadió.

La ampliación de la jornada no afecta solo a los trabajadores del sector privado sino también, indirectamente, a una serie de funcionarios, según el docente.

“Si los padres de los alumnos trabajan 13 horas, alguien tendrá que cuidar a los niños, por lo que puede haber consecuencias en un futuro también en nuestro horario”, apuntó Vettas.

Aunque la reforma presentada por el Gobierno del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, se refiere a los horarios de los trabajadores del sector privado, el principal sindicato de este sector en el país, la Confederación General de Trabajadores Griegos (GSEE), no se sumó a la huelga convocada por ADEDY.

“Es incomprensible que GSEE no haya convocado también un paro sobre un asunto que afecta principalmente al sector privado”, declaró a EFE Yorgos Petrópulos, miembro del Comité Ejecutivo de ADEDY.

“Nosotros salimos hoy a la calle porque nos mostramos solidarios, ya que tenemos amigos y familiares que trabajan en el sector privado, pero la no convocatoria de un paro por GSEE no ayudó a que la protesta sea masiva”, añadió el líder sindical.

El proyecto de ley, que se espera que sea aprobado este miércoles gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Parlamento el gobernante partido de Mitsotakis, la conservadora Nueva Democracia, permite que un empleador solicite trabajar hasta 13 horas por día a cambio de una bonificación del 40% por hora extra trabajada.

El Gobierno de Mitsotakis defiende que, pese a esta ampliación, se mantenga el límite máximo de 48 horas semanales y 150 horas extra anuales. En ese sentido, la ministra de Trabajo griega, Niki Kerameos, ha señalado que las 13 horas diarias podrían aplicarse legalmente en un máximo de 37 días al año.

El Ejecutivo califica el proyecto de ley como una “modernización” y “adaptación a las necesidades laborales y empresariales actuales”, mientras que los sindicatos y la oposición de izquierdas acusan al Gobierno de hacer retroceder al país a una “época medieval”.

Grecia vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los principales sindicatos del país para exigir al Gobierno conservador que retire un proyecto de ley para ampliar la jornada laboral hasta 13 horas diarias.

Decenas de miles de personas han protestado este miércoles en las principales ciudades contra el proyecto de ley. Las movilizaciones en el centro de Atenas y otras ciudades, como Salónica (norte) y Patras (sur), han tenido lugar en el marco de la huelga de 24 horas convocada por los principales sindicatos del sector privado y público del país, GSEE y ADEDY, que ha inmovilizado los trenes y los barcos de pasajeros en todo el país.

Unas 10.000 personas, según la Policía, y 20.000 según ADEDY, se han manifestado en el centro de Atenas y llegaron hasta el Parlamento de Grecia en la céntrica plaza de Syntagma. “Derecho al trabajo con dignidad-No a la explotación y la inseguridad” y “No os atrevéis a tocar la jornada de ocho horas” eran algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que levantaron los manifestantes frente al Parlamento.

Desde la mañana la Policía ha cortado el tráfico en las principales vías del centro de Atenas, mientras que el metro ha funcionado en la capital solo durante algunas horas para facilitar precisamente el traslado de personas a las manifestaciones en el centro.

Funcionan con normalidad los vuelos, después de que un tribunal declarara este martes ilegal el paro convocado por los controladores aéreos.

“Los empleados griegos, que ya trabajan más horas anuales que todos sus colegas de la Unión Europea, que reportan niveles abrumadores de agotamiento y estrés, se enfrentan ahora a una distopía. ¡Ya basta! No podemos soportarlo más”, señala en su convocatoria a la huelga GSEE, el principal sindicato del sector privado del país. “Decimos 'no' a la jornada laboral de 13 horas. El agotamiento no es desarrollo”, recalca el sindicato.

“Nos manifestamos hoy junto con la ciudadanía de toda Grecia contra la edad media laboral del Gobierno”, ha señalado durante la protesta de Atenas el líder del partido izquierdista Syriza, Sokratis Famelos. “Los trabajadores no tienen futuro con jornadas laborales de 13 horas, con el aumento de los accidentes laborales, con salarios bajos y sin contratos colectivos”.

Volver a la “época medieval”

El proyecto de ley, que se espera sea sometido a votación a finales de octubre, permite que un empleador solicite a los trabajadores trabajar hasta 13 horas diarias, por la que recibirán una bonificación del 40% por hora extra trabajada.

El Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis destaca que, pese a la ampliación, se mantiene el límite máximo de 48 horas semanales y de 150 horas extra anuales. En ese sentido, la ministra de Trabajo griega, Niki Kerameos, ha señalado que las 13 horas diarias podrían aplicarse legalmente 37 días al año. El Ejecutivo califica el proyecto de ley como una “modernización” y “adaptación a las necesidades laborales y empresariales actuales”.

Por su parte, los sindicatos y la oposición de izquierdas han acusado al Gobierno de retroceder al país a una “época medieval” en cuanto a los derechos laborales.

El Gobierno de Mitsotakis ha transformado el mercado laboral griego en unos de los más flexibles de Europa. Desde julio de 2024 los trabajadores de la industria, el comercio minorista, la agricultura y algunos servicios están obligados a trabajar seis días a la semana si su empleador lo exige. El sueldo de ese sexto día recibe una bonificación del 40%.

Los trabajadores en Grecia trabajan mucho más que en cualquier otro país europeo, con más de 1.886 horas al año, según la agencia de estadísticas europea, Eurostat, si bien tienen una menor productividad y el segundo menor poder adquistivo en la UE, solo por delante de Bulgaria. 

Las subidas del salario mínimo en los últimos años en España, de 2020 a 2024, no suponen una pérdida de empleos debido al impulso del consumo, entre otros factores, según el análisis macroeconómico a largo plazo que ha publicado este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Cuando se mide el efecto directo aislado del aumento del SMI en el empleo, tiene un impacto negativo limitado, pero cuando la mirada del análisis es más amplio, sobre otras consecuencias provocadas en la economía, como el aumento de la demanda y el consumo, el resultado es neutro en el empleo o ligeramente positivo.

Es una de las conclusiones más novedosas de los estudios publicados por la AIReF este lunes, que forman parte de su análisis en profundidad de los ingresos a futuro del sistema público de pensiones, por los que en marzo concluyó que se cumple la regla de gasto aprobada por el Gobierno y no se requieren por tanto ajustes adicionales de manera automática.

Este análisis supone un punto de vista novedoso en la literatura académica sobre el impacto de las subidas del salario mínimo en el empleo, demandado en muchas ocasiones por colectivos como los sindicatos. Generalmente, las publicaciones suelen centrarse en un análisis microeconómico, directo sobre el empleo, que deja resultados negativos del aumento del SMI, aunque muy limitados (como probó el Nobel de Economía David Card). Así lo hace también el análisis de la AIReF, que por ejemplo sitúa una pérdida de entre 55.000 y 85.000 afiliados a la Seguridad Social en 2023 debido al aumento del SMI de ese ejercicio. Una reducción de -0,34 a 0,53 puntos porcentuales.

El tirón del consumo hace crecer la economía

Sin embargo, la AIReF ha realizado un estudio más amplio de las derivadas del aumento del salario mínimo, por su efecto en el aumento de los salarios, la renta de las familias y, como consencuencia, cómo se traslada esto a la economía en forma de un aumento de la demanda y del consumo, crecimiento y, por tanto, empleos. Los perceptores del salario mínimo habitualmente se sitúan en los hogares con rentas bajas, que vuelcan más en el consumo los aumentos salariales que otro tipo de hogares que viven con más holgura económica.

Así, se produce “un efecto expansivo por el canal de demanda”, que predomina sobre el efecto de pérdida limitada de empleos. Como consencuencia, el impacto final no es negativo de destrucción de puestos de trabajo (como se suele afirmar), sino neutro o ligeramente positivo (+0,0 a +0,2 en el periodo 2022 a 2050).

“En conjunto, el aumento de los salarios tiene una mayor relevancia que la caída inicial del empleo, lo que hace que el impacto en la renta disponible de los hogares sea positivo, impulsando el consumo y por tanto la actividad”, recoge la AIReF.

La factura total es de ligero crecimiento económico vinculado al aumento del salario mínimo, indica la Autoridad Fiscal. “De este modo, el PIB real aumentaría ligeramente, con un impacto cercano pero inferior a dos décimas a largo plazo, en relación con el escenario sin medidas” (sin aumento del SMI).

Mejoras de las últimas reformas laborales

En otro de los análisis publicado este lunes por la AIReF, este centrado en las consecuencias de las últimas reformas laborales, la Autoridad Fiscal también destaca varios efectos positivos de los cambios normativos. En el organismo explican que se trata de la reforma laboral de 2021, que desplomó los contratos temporales en España por primera vez en décadas, pero no solo: también se tienen en consideración otras, como la reforma de las políticas públicas de empleo y de los incentivos a la contratación.

La AIRef detecta un “impacto positivo y significativo” en la probabilidad de transitar a un empleo desde el desempleo, es decir, en la inserción laboral. “Y, en particular, hacia contratos indefinidos”, destaca el organismo independiente. Las mejoras son más intensas entre las mujeres, entre los jóvnes de 16 a 25 años y en los mayores de entre 56 y 65 años. Además, también se aprecia “una reducción en el riesgo de pérdida de empleo”, la transición del empleo al desempleo, “pero moderado”, indica la AIReF.

Con la mirada amplia, el análisis macroeconómico de la AIReF concluye que existe “un impacto positivo” de estas reformas laborales sobre el PÎB y el empleo, “aunque muy escaso (+0.15%)”. Por ello, estima que el aumento de las cotizaciones sociales se incrementan en tres décimas en el largo plazo, hasta 2050. Un cálculo que en opinión de la Seguridad Social es conservador ante los cambios que está registrando el mercado de trabajo.

Con el título de esta columna no estoy parafraseando el de una de las novelas más conocidas de Martín Gaite, como seguramente hayan pensado muchos lectores. Es, en cambio, una de las frases que se repite en la reciente e incisiva novela de Isaac Rosa, Las buenas noches. Y lleva razón. En ningún país del mundo se consumen tantas benzodiacepinas (depresores del sistema nervioso central) como en España, lo que se explica si tenemos en cuenta que la mitad de la población duerme mal y un 14% padece insomnio crónico.

De eso, del mal dormir, trata el magnífico libro de Rosa, pero como no es un ensayo, sino una novela de alto voltaje técnico y argumental, nos atrapa por lo que tiene de orgánico, por cómo el insomnio atraviesa a sus personajes, se enquista en sus cuerpos y sus emociones y condiciona una cotidianidad en la que muchas y muchos se sentirán identificados. Y no solo: también se sentirán identificados en las causas de los desvelos nocturnos.

Si tantos individuos padecen la misma anomalía, está claro que se trata de un problema social. Y eso no se cura con benzodiacepinas. De hecho, no se cura con capitalismo

En otras palabras, si tantos individuos padecen la misma anomalía, está claro que se trata de un problema social. Y eso no se cura con benzodiacepinas. De hecho, no se cura con capitalismo. Someterse al chantaje del trabajo asalariado y que otros dispongan de tu tiempo para que tus hijos puedan comer, tener un techo y pagues facturas, en suma, tiene efectos devastadores sobre la salud mental y así, en efecto, lo raro es dormir a pierna suelta cada noche.

Por fortuna yo no entro en el club de los insomnes crónicos, por mucho que, a medida que envejezco, cada vez duerma menos. Como todo el mundo, he pasado períodos de muy mal dormir, ya desde joven, y casi siempre por las mismas dos causas: preocupaciones por el estado de gente querida y ansiedad por saber que a la mañana siguiente te vas a levantar para regalarle un tercio de tu día al pagador de tu nómina, o a quien haya diseñado, como me ocurría de estudiante, la absurda programación de tu carrera universitaria.

En realidad me ocurre algo paradójico. Cuando he tenido etapas sin trabajo, pero con el final de mes cubierto (algo mucho más fácil para quienes no tenemos hijos), dormía menos, por la sencilla razón de que madrugaba más. ¿Para qué iba remolonear en la cama, si cuando me levantara no tendría que vender mi tiempo a nadie? Me ponía en pie de un salto, antes de que sonara el despertador, lleno de energía. Me iba a nadar a la piscina pública y volvía a casa con las pilas cargadas para trabajar en mi próximo libro. Dormía menos, pero descansaba más.

Esa, en definitiva, es la prueba del algodón. Convivo con una persona -cuya ausencia por viajes del uno o del otro, por cierto, es lo único que siempre me impide conciliar el sueño- de muchos maldormires…, excepto en vacaciones. Entonces ni siquiera revisa si en el cajón quedan chucherías de herboristería, CBD o si en el móvil se ha descargado podcast de último recurso, todo eso que tan solo un día antes podría parecer que le acompañaría el resto de su vida porque era una insomne recalcitrante. Es, simplemente, una asalariada recalcitrante, como casi todos, especialmente como aquellos que no sabemos lo que significa un sueldo, por ejemplo, equivalente a dos veces el salario mínimo, ese baremo con el que, como Rosa hace en Las buenas noches, se pueden medir y explicar muchas de las cuestiones que nos quitan el sueño.

¿Saben a quiénes no les quita el sueño, a quiénes esta novela, escrita como una garra que te aprieta por dentro, no se les enquistará en su cuerpo? Sí, a esos desgraciados de las derechas que han votado contra la reducción laboral. A ellos les deseo lo peor que hoy día se me ocurre: el insomnio, el mal dormir, las malas noches. Como no sabrán lo que es, y tampoco son de mucha lectura, les bastaría con leer las cinco primeras páginas de esta novela. Ojalá nunca salieran de ellas, sin reducción de jornada.

La primera semana parlamentaria del curso será ya de alto voltaje político para el Ejecutivo. Con la intención de recuperar algo de espacio en plena ofensiva judicial y de la oposición, el Gobierno se someterá en el Pleno del Congreso este martes y miércoles a la votación de dos medidas emblemáticas de su agenda social. La reducción de la jornada laboral, proyecto estrella del ministerio de Trabajo, que todavía no cuenta con el respaldo de un socio clave como Junts, y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Dos votaciones que pondrán a prueba la mayoría de Pedro Sánchez en la Cámara Baja y servirán de termómetro para este punto de la legislatura tras acabar el anterior curso con una derrota en el decreto de medidas sobre las consecuencias del apagón. 

La iniciativa de mayor calado político que se vota esta semana es la reducción de jornada. No se trata de una votación para la aprobación definitiva de la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sino del primer trámite parlamentario de la ley. Pero hasta eso, la mera tramitación, está en juego porque los apoyos no están ni mucho menos atados.

De hecho, tanto en una parte del Gobierno como entre los socios parlamentarios cunde un fuerte pesimismo. Los mensajes que ha mandado Junts hasta ahora son contundentes: no piensan ni siquiera dar la oportunidad a la negociación parlamentaria de una norma como esta. 

La formación de Carles Puigdemont ha expresado en público su rechazo a una medida de la que también reniegan la patronal y la pequeña y mediana empresa catalana. Y aunque en el Ministerio de Trabajo aseguran que hay una negociación en marcha para adaptar la norma a las pymes con la idea de contentar a Junts, los independentistas catalanes siguen muy reticentes a retirar la enmienda a la totalidad que se vota el miércoles junto a las registradas por PP y Vox. 

Las únicas voces optimistas sobre esta negociación están precisamente en el Ministerio de Yolanda Díaz, que está centralizando todas las conversaciones con los independentistas catalanes. La propia vicepresidenta segunda ha hablado en los últimos días directamente con Carles Puigdemont para tratar de acercar posturas. En el ministerio no dan ni mucho menos por perdida esta votación y creen que todavía hay margen para negociar. Pero, mientras tanto, ya preparan el terreno para atribuir responsabilidades si el proyecto decae. 

“El Gobierno de España ha cumplido”, aseguró Díaz este miércoles. Díaz cuida los mensajes en público hacia Junts para no enturbiar las negociaciones y prefiere cargar contra el PP por su rechazo a la medida, pero la idea es trasladar el mensaje de que si la medida no sale adelante es culpa de las formaciones que votan en contra y no del Ejecutivo que la impulsa. 

“Ha llegado la hora de debatir y de que los ciudadanos observen qué formaciones están del lado de los derechos y quiénes no. ¿El PP va a volver a golpear a los trabajadores como ha hecho con la reforma laboral en nuestro país? ¿Se va a poner del lado del negacionismo laboral?”, se preguntó Díaz. 

Aunque la vicepresidenta está dispuesta a llevar la votación hacia el final y no se plantea retirar el texto si confirma que no cuenta con los apoyos, algunas voces del grupo parlamentario no ocultaban esta semana su frustración con que el debate no pudiera celebrarse al menos una semana más tarde, tal y como quería el Gobierno. Lo que ocurre es que este mes la derecha cuenta con mayoría en la Junta de Portavoces por el turno rotario del Grupo Mixto, que ahora corresponde a UPN. Y a PSOE y a Sumar les fue imposible cambiar el orden del día para postergar un poco más esta votación. 

Las enmiendas a la totalidad de la reducción de jornada se votarán así en un pleno apretado en dos días por la celebración de la Diada de Catalunya el 11 de septiembre. Ese día, de evidente relevancia simbólica para el independentismo, podría influir en el resultado de la votación si Junts pretende mandar un mensaje al Gobierno en la víspera.

Permisos retribuidos y Presupuestos

Además, esa misma semana se vota el decreto para el cuidado de hijos que Sumar y PSOE negociaron a contrarreloj antes del parón veraniego. Para esa votación no existe en las filas del Gobierno ni mucho menos el mismo pesimismo que respecto a la reducción de jornada.

En primer lugar, porque los de Puigdemont jamás han mostrado en público ni en privado tantas reticencias. Pero también porque hay voces en el PSOE y Sumar que opinan que ni siquiera el Partido Popular, con su permanente estrategia de choque frontal, será capaz de votar específicamente en contra de un avance social que levanta tanto consenso entre la opinión pública.

Si el Real Decreto-Ley sobre los permisos de paternidad y maternidad, que se aprobaron el pasado 29 de julio, se convalida, se aumentará el permiso por nacimiento y cuidados hasta las 19 semanas. Un tiempo que se duplicará de 16 a 32 semanas en el caso de los permisos para las familias monoparentales, con el fin de equiparar sus derechos al del resto de familias.

En realidad, el objetivo más ambicioso del Gobierno de coalición es sacar adelante dos medidas que resultan estratégicas en la escueta agenda de reformas legislativas que ha podido desplegar el Ejecutivo. En caso de sacar adelante ambas, interpretan en las filas socialistas que sería un auténtico balón de oxígeno y un impulso político ante el intento de caricatura que la oposición lleva a cabo para dibujar un ciclo acabado. Y aunque finalmente no sea así, también aventura el PSOE que la vuelta de las vacaciones será menos traumática para los de Sánchez que lo que esperan en la calle Génova.

De hecho, en el grupo parlamentario socialista hay quien atisba movimientos entre los socios parlamentarios. “Hay menos tensión, menos hostilidad”, cuentan en la bancada del PSOE del Congreso respecto a aliados recurrentemente díscolos como Podemos o Junts.

En el caso de los independentistas catalanes, esta semana se produjo una de las fotos más ansiadas por Carles Puigdemont. El expresident de la Generalitat asistió a algo parecido a la redención política tras reunirse con el actual president catalán, Salvador Illa, en la sede del Gobierno catalán en Bruselas en un encuentro a puerta cerrada.

Al terminar la reunión, Illa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reiteró su discurso de que “el diálogo es el motor de la democracia para que Catalunya siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo”. En respuesta, el líder independentista agradeció “la amabilidad y la conversación”, pero también resaltó que “en situación de normalidad democrática, esta reunión habría tenido que producirse hace muchos meses y no en Bruselas sino en el Palau de la Generalitat, en la capital de Catalunya. Hoy volvió a quedar claro que no vivimos en situación de normalidad”.

Nadie se atreve a aventurar en el Gobierno si ese acercamiento y ese gesto de tanto simbolismo político entre Salvador Illa y Carles Puigdemont dará paso a una etapa de mayor colaboración política entre Junts y el Gobierno. Pero en el Ejecutivo sí celebran que se haya conseguido restablecer una interlocución al más alto nivel con el expresident tras el varapalo que supuso que la persona de confianza de Pedro Sánchez que hacía las veces de negociador, Santos Cerdán haya desaparecido de la escena por su ingreso en prisión.

Respecto a los Presupuestos, y tras la reunión de Puigdemont e Illa, en la dirección del PSOE creen que no está ni mucho menos terminada la partida de una negociación que consiga sacar adelante las primeras cuentas de la legislatura. Un escenario que desvinculan incluso del horizonte parlamentario de la semana que viene, donde Junts, de nuevo, tiene en su mano darle algo de oxígeno al Ejecutivo o asfixiarlo un poco más.

En estos días calurosos de verano son muchos los trabajadores que han decidido usar sus preceptivos días de vacaciones para alejarse de la oficina y disfrutar de la playa o de la montaña. Una opción que incluye, en teoría, apagar el móvil de trabajo y no mirar los posibles e-mails que puedan llegar a interrumpir la calma de unos merecidos días de desconexión y descanso. Sin embargo, los hay que prefieren dejar lo de las vacaciones para más adelante y siguen en la oficina o, ayudados de las herramientas digitales necesarias, han puesto tierra de por medio pero para teletrabajar o trabajar en remoto, una práctica que se implantó en masa en nuestro país a raíz de la pandemia.

Sea en la oficina o en remoto, en cualquier caso lo que cada vez está más cerca es la entrada en vigor del fichaje online, herramienta que se va a implantar y que forma parte de un paquete de medidas, todavía por aprobar del todo a nivel parlamentario, para combatir la precariedad laboral y mejorar las condiciones de trabajo. Tarde o temprano el fichaje online formará parte de nuestra esfera laboral y las empresas que aún no han empezado a instalarlo podrían probar este verano antes de que sea obligatorio, entre otras razones porque hay previstas sanciones económicas considerables, tal y como ocurre en el caso de la factura electrónica.

El fichaje online consiste en asegurar que las empresas cumplan con la jornada acordada, un registro que será accesible para trabajadores, representantes sindicales e Inspección de Trabajo, con la exigencia de mantener guardados los registros durante cuatro años. Será un registro preciso y transparente de la jornada laboral que se lleve a cabo, facilitando el control y la inspección por parte de las autoridades laborales. Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá acceder de forma telemática a los registros de jornada, lo que agiliza los procesos de control y verificación.

Ni papel ni Excel

Uno de los aspectos más relevantes y a los que se tendrán que enfrentar las empresas que todavía no usen el fichaje online es que se prohíbe de manera expresa el registro de la jornada laboral en soportes físicos como hojas de papel o tarjetas. Será todo online y el registro en una tabla de Excel tampoco valdrá. Es muy importante, en todo caso, que los sistemas de fichaje digital garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos personales de los trabajadores, una seguridad para la que es fundamental el papel de las empresas creadoras de sistemas de software.

Desde Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos, consideran que se trata de un cambio “hacia un modelo mucho más digital y tecnológico de la comunicación entre las empresas y la Administración y el INSS. Para la empresa, disponer de los datos en tiempo real le ayudará a identificar picos de productividad o de ineficiencia, pudiendo optimizar los turnos”, asegura Jesús Gabás, Payroll Corporate Unit Manager de Esofitec, para quien “la adopción de herramientas digitales para el departamento de recursos humanos refuerza la cultura interna basada en la responsabilidad, la equidad y mejora la transparencia hacia los empleados. Se trata de construir una organización más sólida y profesional”.

Y es que, con la digitalización obligatoria del fichaje, las empresas deberán adoptar un software que registre tanto la entrada como la salida de cada empleado y que pueda ser auditado, protegiendo así los derechos de los trabajadores y aumentando la exactitud en el pago de horas trabajadas y horas extra. La herramienta de fichaje online es ideal para el control exhaustivo de los trabajadores: se conocerá exactamente cada tiempo, de trabajo o de descanso, que realice cada trabajador, lo que ofrece una mayor flexibilidad a los trabajadores, que podrán fichar desde cualquier sitio en cualquier momento sin tener que pasar por la empresa para ello.

Se trata de una manera digital, segura y accesible para ambas partes, pero que obliga a las empresas a adoptar un software que registre adecuadamente lo que trabaja cada empleado. Y es por ello que no servirá Excel, aunque sea una herramienta digital, ya que no permite auditorías automáticas y se puede manipular. Los sistemas homologados deben ofrecer registros exactos, invulnerables y que puedan ser consultados por trabajadores, sindicatos e inspecciones laborales en tiempo real. Es decir, un fichaje online, inmediato y verificable en tiempo real.

Las sanciones podrían situarse entre los 60 euros (las más leves) y los 187.515 euros (las más graves), de ahí que los expertos recomienden implantar ya el fichaje online tras definir bien los horarios pactados y elegir un software adecuado y homologado. Formar a los trabajadores en esta nueva herramienta, implantar el sistema poco a poco y no de golpe o regular los posibles errores que se cometan al principio son también pasos recomendables a seguir antes de que la reforma laboral se apruebe a todos los efectos y el fichaje online sea de uso obligatorio para empresas y trabajadores.

Dicen que lo que diferencia a los humanos del resto de los animales es que podemos imaginarnos a nosotros mismos en el futuro y en el pasado: proyectarnos. Es precisamente por eso que nuestra identidad no tiene la forma de una fotografía estática: no somos lo que podemos observar en un instante, somos una historia; cada uno de nosotros tiene en la cabeza una narración sobre sí mismo que va mutando y transformándose a medida que avanza en la vida.

Esta forma de pensar tiene una consecuencia muy extraña y de la que se habla muy poco, y es que las condiciones materiales del presente casi nunca determinan nuestro estado de ánimo. Así es como ocurre que, aunque en los últimos años tanto el mundo como España han mejorado y mucho, el humor colectivo no hace más que deteriorarse por todas partes. Aunque el PIB lleva años creciendo por encima de la Eurozona, el empleo bate récords históricos y los salarios reales han crecido más o menos ininterrumpidamente durante algunos años, si observamos las encuestas o, incluso, si preguntamos a nuestro alrededor, podemos identificar un malestar generalizado, como una sensación de catástrofe inminente o de crisis siempre en ciernes.

¿Por qué está todo el mundo tan enfadado?

Quizás lo que ocurre es que no solo somos capaces de proyectarnos en el futuro, sino que vivimos mucho más en ese momento que está por llegar que en el presente. Siglos de educación en la disciplina, en el sufrimiento y en el sacrificio nos han convertido en una civilización que siempre supedita su presente para conseguir un futuro mejor. Por eso estamos dispuestos a matarnos de hambre a cambio de tener un cuerpo delgado, a dejarnos los cuernos estudiando a cambio de un futuro profesional o a trabajar durante décadas con tal de que al llegar a la jubilación nos aguarde un horizonte de descanso. Es cuando ese futuro mejor se desvanece que todo lo demás se viene abajo como un castillo de naipes.

¿Cuándo se desvaneció el futuro?

Yo diría que en torno a 2013. Habían pasado unos años desde la gran crisis de 2008 cuando el mundo empezó a darse cuenta y a reconocer –si no en los grandes discursos, desde luego a pie de calle– que las expectativas de vida del siglo XX no iban a volver. No habría, como nos habíamos imaginado, colonias en Marte, ni robo-chachas. No habría para cada joven un puesto de trabajo “de lo suyo”, ni una casa en propiedad, mucho menos otra en la playa. Y peor todavía: si no éramos capaces de ponerle remedio, el cambio climático se llevaría por delante muchas de las cosas que hacen posible la vida. Si había un mundo del futuro, se iba a parecer mucho más a Los juegos del hambre que a La Guerra de las Galaxias.

Con semejante pronóstico, nos fuimos convirtiendo en una sociedad que se parece mucho a un paciente a quien le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal, pero en un estadio temprano: nos encontramos bien, pero estamos aterrados por lo que está por venir. Y estamos en una fase de negación; furiosos, desorientados, desvelados por la injusticia cósmica de que haya ido a tocarnos, precisamente a nosotros, este destino.

(Aunque, si observamos con atención, vemos que una parte de la sociedad ya avanza hacia una fase de aceptación, esa en la que la gente empieza a gastarse hasta el último céntimo en viajes, en experiencias y en abrazar a sus seres queridos siempre que sea posible, no sea que mañana sea peor. Paradojas de la historia, igual al final vamos a aprender a apreciar el presente.)

Habría otra solución, que es encontrar una cura. O lo que es lo mismo, volver a hacernos una promesa de futuro; una visión y un ideal que superara las barreras ideológicas y fuera compartido por toda la sociedad.

¿Cómo podría ser esa promesa?

El debate no es menor, porque para esto no nos vale con las mejoras incrementales a las que nos tiene acostumbrados últimamente la política –y que quizás son las únicas que se pueden proponer hoy desde ese ámbito–. Hasta las más valientes de esas mejoras incrementales, como las que ha propuesto el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohram Mamdani, que acaba de ganar por goleada las primarias de su partido prometiendo autobuses gratuitos, escuelas infantiles públicas y congelar el alquiler para el 20% de neoyorquinos que viven en pisos de renta controlada, son poco más que cuidados paliativos para esta sociedad enferma terminal. No nos dejan ver un sueño de sociedad distinta, sino una versión un poco mejorada de esta que tenemos.

Si hay una idea que lleva en su seno la posibilidad de una sociedad nueva, es la de una reducción radical del tiempo de trabajo. Una visión del mundo donde el empleo ya no sea el centro de la vida y deje espacio para otras aventuras: para aprender, para relacionarse, para emprender y para explorar. No porque no queramos “producir”, sino todo lo contrario: porque queremos generar valor y en el siglo XXI eso ya no podemos hacerlo atados todo el día a la pata de una mesa ni echando horas como arena.

La semana laboral de cuatro días, que quizás es la idea que más consenso –entre los votantes de todos los partidos– ha concitado en los últimos años, tiene una capacidad inédita para evocar inmediatamente la posibilidad de una vida nueva: de vivir entre el campo y la ciudad, de estudiar al tiempo que se trabaja, de cuidar con dedicación, de viajar, de ser, en definitiva, más cosas de las que somos.

Y es que si el mundo de hoy parece anclado al pasado es porque es verdad: vivimos igual que hace 100 años, cuando se consolidó la semana de 40 horas, en el mismo esquema mental y moral que nos llevó de la agricultura a la sociedad industrial.

En las próximas semanas se va a votar en el Congreso una reducción de la jornada laboral. No será una transformación radical ni visionaria; no dibujará un nuevo modelo de sociedad. Será una más de todas esas mejoras incrementales que parece que son lo máximo que nos puede ofrecer a día de hoy la aritmética parlamentaria y, aun así, es mucho más importante de lo que parece.

Si prospera, enviará el mensaje de que la política, la economía y todos los que tienen algo que decir en esa votación están alineados con el sentido común de esta sociedad y dejará la puerta abierta a seguir avanzando en los próximos años.

La votación está pendiente de un hilo, Yolanda Díaz no parece tener a día de hoy los apoyos. Pero la esperanza es lo último que se pierde y todavía quedan oportunidades para echar el resto: traer nuevas propuestas a la mesa de negociación, no escatimar ninguna carta. Y es que lo que está en juego no es un pequeño avance, lo que está en juego es dejar la puerta abierta hacia el futuro.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sostenido este miércoles que la red eléctrica “es un sector estratégico y debe estar en manos públicas”, ha expresado en opinión de Sumar dentro del Gobierno de coalición. Díaz ha pedido “toda la información” a los operadores privados sobre el apagón masivo que sufrió España el pasado lunes y ha destacado que la crisis “sin precedentes” se resolvió “en un tiempo raudo”.

“El Gobierno de España hoy arranca las tareas de una comisión para examinar lo que ha sucedido y pido a todos los actores políticos, a todos los actores mercantiles, rigurosidad para que podamos hablar de lo que ha pasado, de las causas, tenemos que saber lo que pasado”, ha respondido la vicepresidenta segunda a los periodistas en la presentación de la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral, celebrada este miércoles en el Ministerio de Trabajo.

Yolanda Díaz ha pedido “rigor” y “prudencia”. “Cuando conozcamos lo que ha sucedido, seré la primera en emitir opinión”, ha dicho la responsable de Sumar, así como de “pedir responsabilidades” si las hubiera.

La vicepresidenta segunda ha sostenido que la red eléctrica “opera no como un oligopolio, sino como un monopolio” y ha defendido que, dado que es un sector estratégico, debería haber “actores públicos de energía”. “No es nada extravagante, varios estados miembros lo tienen”, ha añadido.

Apuesta por la energía renovable

Yolanda Díaz ha respaldado la apuesta del Gobierno de coalición por la energía renovable en el contexto de críticas del Partido Popular tras el apagón, que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para impulsar su petición de ampliar la energía nuclear.

“El PP solo propone dos cosas: bajar impuestos y aumentar la vida de las nucleares. Es poco serio. No les voy a hablar de los riesgos de la energía nuclear, no es la apuesta del Gobierno de España”, ha respondido Díaz.

“Las renovables son energía verde, más barata y segura”, ha sostenido la responsable de Sumar en el Gobierno y ha añadido que “nuestro sistema es profundamente robusto”. “La apuesta decidida es continuar con un modelo que no ponga en riesgo la vida del planeta ni de la gente”, ha afirmado la vicepresidenta segunda.

Análisis de la Reforma Laboral

En la víspera del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, la ministra de Trabajo ha presentado la Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral, compuesta por varios expertos nombrados por varios ministerios y los agentes sociales (sindicatos y patronales mayoritarias). La evaluación está comprometida en la propia legislación de 2021, con el mandato de analizar si los cambios normativos lograban reducir el enorme peso del trabajo temporal que había en el mercado de trabajo español.

El Gobierno de coalición se comprometió a realizar “una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas” contempladas en la reforma laboral, “mediante el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores”. Yolanda Díaz ha pedido a la comisión, coordinada por el catedrático Luis Ayala Cañón, que entregue su estudio “en octubre”.

Díaz ha destacado que esta fue la “primera gran reforma del mercado de trabajo” que se aprobó con el consenso entre organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno, y ha recordado varios datos del importante descenso en la tasa de temporalidad a raíz de la reforma laboral.

Por ejemplo, que la tasa de temporalidad en el sector privado ha bajado casi 12 puntos, para situarse en el 12,4%, el nivel más bajo de la serie histórica, o que antes de la regulación apenas el 10% de los contratos que se firmaban eran indefinidos y ahora el porcentaje supera el 40%.

“No son datos, son vidas de seres humanos”, ha destacado Yolanda Díaz, que ha celebrado el cambio del paradigma de “trabajadores de usar y tirar” a través de la sucesión de contratos temporales a un marco de mayor “estabilidad” en el empleo y “menor rotación” de los trabajadores.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha afirmado este viernes que la reforma de jornada es “una intromisión irresponsable y oportunista en la organización de las empresas”.

La patronal asturiana se ha sumado a la crítica expresada desde la CEOE, que ayer manifestó su rechazo ante el anuncio de aprobación del proyecto de ley de reducción de jornada el próximo martes en el Consejo de Ministros y acusó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de “oportunismo político” al sacarlo adelante en la antesala del Primero de Mayo.

Las críticas

En un comunicado, FADE ha criticado “tanto el fondo como la forma” de “una reforma anunciada sin diálogo con los interlocutores sociales, en vísperas del Primero de Mayo y con una clara intencionalidad política”.

“No estamos en contra de reducir la jornada laboral cuando sea posible hacerlo y tenga sentido para las partes, pero imponerlo por decreto, sin analizar su impacto real y sin escuchar a quienes crean empleo cada día, es profundamente irresponsable”, ha afirmado Calvo.

La dirigente de los empresarios asturianos ha advertido de que “cada hora de trabajo cuenta para muchas pymes que ya operan al límite” y ha remarcado que “legislar desde un despacho en Madrid sin atender a la realidad empresarial es una amenaza directa al empleo”.

La negociación colectiva

Para María Calvo, “lo más preocupante de esta reforma es su intromisión en la organización de las empresas y en las relaciones laborales, debilitando la negociación colectiva”, a la vez que se “ignora la diversidad sectorial, territorial y empresarial del país”.

A este respecto, FADE ha apuntado que el tejido productivo asturiano está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas en zonas rurales o con limitada digitalización, por lo que la reforma “podría tener efectos muy negativos sobre la sostenibilidad de los negocios y el mantenimiento del empleo”.

A ello se suma “la dificultad de aplicar los nuevos requerimientos sobre control horario, que añaden cargas que muchas empresas no pueden asumir”, ha añadido la patronal asturiana. 

Marzo ha dejado un aumento del empleo y una caída del paro en España, como es habitual, y el número de trabajadores está rozando máximos históricos, pero el Partido Popular ha insistido este miércoles en el “maquillaje” de los datos por el Gobierno de coalición, como ha afirmado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Pero los de Alberto Núñez Feijóo han ido un paso más allá al volver a internacionalizar su estrategia de oposición sembrando dudas sobre la marcha de la economía en España, en esta ocasión de nuevo por el mercado laboral. De hecho, el PP ha pedido a Bruselas que los fijos discontinuos inactivos cuenten como parados, algo que no sucede en España ni tampoco en la estadística de Eurostat. 

“El sistema de registro del paro en España, sobre todo en lo que se refiere a algunos trabajadores con contratos fijos de temporada, presenta deficiencias que están distorsionando los datos registrados por Eurostat”, sostiene la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en una carta remitida al comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.  

En un apéndice explicativo para justificar su petición, el PP apunta que “desde que Pedro Sánchez es presidente, el paro registrado se ha reducido un 20%”. “Sin embargo, si tenemos en cuenta el paro efectivo (paro registrado + demandantes de empleo con relación laboral), la reducción es solo del 2% desde 2018”, apostilla el documento. 

Los fijos discontinuos no cuentan como parados registrados ni ahora ni cuando el PP gobernaba, por lo que no ha habido ningún cambio estadístico por parte del Gobierno de coalición. Cuando Mariano Rajoy era presidente, de un Ejecutivo del que Dolors Montserrat formó parte, tampoco se utilizaba la referencia de “paro efectivo” que menciona ahora el PP. En esos años, de larga crisis financiera, España alcanzó el máximo histórico de alrededor de seis millones de personas en paso, según la EPA. 

Tras la reforma laboral del Gobierno de coalición, que ha reducido los contratos temporales, el número de trabajadores fijos discontinuos ha aumentado, de los 471.005 de marzo de 2022 hasta rondar las 872.000 personas, por lo que el PP insiste ahora en que no contarlos como parados cuando están inactivos supone dar “lugar a una tasa de paro artificialmente baja”.

La reforma laboral que el Gobierno pactó con la Comisión Europea (con Dombrovskis como vicepresidente económico) fomentó el uso de los contratos fijos discontinuos con el objetivo de que se desplegaran en los puestos estacionales y de temporada, hasta entonces ocupados con temporales y con una alta rotación de personal. Ese cambio legislativo permitió, por tanto, reducir los temporales a cambio de este tipo de contratos, que son indefinidos y conllevan, por tanto, un aumento de derechos laborales, como por ejemplo en el caso de las indemnizaciones por despido. 

Bruselas ha aplaudido los resultados de la reforma laboral. “Datos recientes del Banco de España confirman el éxito de la reforma de aumentar el número de contratos indefinidos y reducir el de temporales o eventuales”, señalaba en la última evaluación del Plan de Recuperación. 

Contra la metodología de Eurostat y la OIT

Aunque el PP habla de que el Gobierno “maquilla” los datos, en su correspondencia a Bruselas, reconoce que, en realidad, España está siguiendo la metodología comunitaria e internacional, como suele explicar el Ministerio de Trabajo. Por ello, los de Feijóo están tratando de cambiar esta forma de medir el paro, que en su opinión está mostrando una mejoría del desempleo “artificial” en España. 

La documentación del PP recoge que “la Encuesta de Población Activa (EPA) en España y Eurostat aplican la metodología de la OIT”, la Organización Internacional del Trabajo dependiente de Naciones Unidas, que supone que “para ser considerado desempleado, un trabajador debe estar buscando empleo activamente”.

“Según la definición de la OIT, para ser considerado desempleado deben cumplirse tres criterios: i) no haber trabajado en la semana de referencia, ii) estar disponible para trabajar en las dos semanas siguientes y iii) haber buscado activamente empleo en las últimas cuatro semanas”, recuerda el PP. Por ello, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos “que ni trabajan ni buscan empleo más allá de la empresa con la que tienen el contrato, se les considera inactivos”, en lugar de parados, lamentan los populares.

El partido destaca varios “argumentos económicos” por los que consideran que estas personas deben ser consideradas paradas, como que no tienen ingresos, que su continuidad en el empleo “no está garantizado” (aunque la empresa tiene obligación de llamarlos si retoma la actividad) y que deben estar disponibles para trabajar inmediatamente, “igual que un desempleado que busca trabajo”.

Y por ello reclama un cambio en el sistema de contabilización del paro a nivel comunitario. “Dado que los problemas con la metodología afectan a las normas europeas en su conjunto, es imperativo que la Comisión analice si estos criterios siguen siendo adecuados para reflejar la realidad del mercado laboral de los estados miembros, especialmente en contextos de reformas laborales significativas como la llevada a cabo en España”, reza la misiva. 

“Solicitamos que se promueva una revisión de los criterios estadísticos aplicados a la contabilización del desempleo, así como un mayor control y supervisión de los criterios existentes que permitan reflejar con mayor exactitud la situación real de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en la Unión Europea”, agrega el texto, que va acompañado de unas preguntas para Eurostat en las que plantea que los fijos discontinuos se contabilicen por separado. 

En los primeros meses de funcionamiento de la reforma laboral, cuando más polémica hubo sobre los fijos discontinuos, el Ministerio de Trabajo afirmó que aportaría datos específicos sobre los trabajadores con esta modalidad de contrato inactivos. No obstante, después no lo llegó a hacer y ha defendido que las estadísticas existentes en la actualidad son suficientes para analizar el mercado de trabajo.

El Mecanismo Red que aprobó el Gobierno a final de año para la industria del automóvil cubre a más de 4.300 trabajadores, según los primeros datos publicados, del mes de enero, por el Ministerio de Trabajo. Todos corresponden a empleos en la Comunitat Valenciana, región para la que estaba especialmente pensada la medida que impulsó el Ministerio de Trabajo tras la emergencia de la DANA y debido a la crisis que enfrenta la factoría de Ford en Almussafes.

En concreto, el Mecanismo Red –nueva modalidad de ERTE creado en la reforma laboral– ha alcanzado a 4.343 trabajadores, la gran mayoría hombres (3.770) y el resto mujeres (573). Todos ellos, con su contrato totalmente suspendido, sin ninguna persona incluida en la modalidad de reducción de jornada.

Los datos han superado los cálculos iniciales de Trabajo, que consideraba que la medida podía “salvar unos 3.000 empleos”. De los 4.300 trabajadores incluidos por el momento en el Mecanismo Red, la inmensa mayoría corresponden a la actividad “fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” y los 26 restantes a la “venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas”.

En el Ministerio de Trabajo subrayan que “el Mecanismo Red de la automoción aprobado en Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2024 permite evitar medidas traumáticas respecto del empleo evitando la destrucción de puestos de trabajo en un sector clave en la industria española y, particularmente, en las exportaciones”.

4.200 trabajadores son de la Ford de Almussafes

Con los datos provisionales que publica el Ministerio, se puede ver que el grueso de los afectados son empleados de la factoría Ford de Almussafes, para la que de partida se prevía que el Mecanismo Red tuviera un alcance importante por la situación “de supervivencia” de la que advertía la plantilla.

El registro del regulación de empleo del Ministerio refleja que tres empresas se han acogido al Mecanismo Red. Una de ellas tiene más de 5.000 trabajadores, la Ford de Almussafes, que concentra a la inmensa mayoría de los afectados por el ERTE: 4.242 personas.

Le sigue otra empresa con entre 50 y 249 empleados en total, que ha incluido en el Mecanismo Red a 75 trabajadores, y una tercera compañía, con 26 personas alcanzadas.

El Ministerio de Trabajo destacó con su aprobación que el Mecanismo Red “implica un compromiso de mantenimiento del empleo durante dos años para las empresas que se acojan”. Además, el departamento de Yolanda Díaz recuerda también que “el compromiso de recualificación de este mecanismo contribuye, además, a una verdadera transición justa del sector”.

La intensa polémica sobre si el salario mínimo (SMI) debe pagar impuestos o no ha destapado un problema económico de fondo en nuestro mercado laboral. España es un país precario, de sueldos bajos en general, y el histórico incremento del SMI en los últimos años ha atropellado a los convenios de empresas y sectores, que han mejorado menos. Es decir, el salario mínimo es cada vez más “normal”, y una de las consecuencias es que Hacienda ha decidido que era el momento de que algunos de sus perceptores paguen IRPF por primera vez en este 2025.

Con el aumento del 61% del salario mínimo desde 2018 y la caída de la temporalidad por la última reforma laboral, los datos revelan dos historias, una positiva y otra negativa. El éxito de nuestro país es que los sueldos más bajos han crecido mucho y muy rápido. El fracaso es que las nóminas “medias” no han acompañado este ritmo —han avanzado entre un 2% y un 5% en estos ejercicios, algunos marcados por picos extraordinarios de inflación y por los problemas para acceder a una vivienda— y están ahora muy cerca del que se define como “un suelo digno de ingresos” para quien no está cubierto por un convenio colectivo. Sin embargo, los beneficios y márgenes sí que han crecido con fuerza, sobre todo en algunos sectores como la energía o la banca.

En el primer gráfico de esta información se pueden observar esas dos historias, la del éxito de las políticas económicas de los Gobiernos progresistas, y la negativa. La curva negra, que corresponde a los salarios brutos registrados por la Agencia Tributaria en 2018 —cuando el Gobierno del PP dejó el SMI en apenas 736 euros al mes—, pasa a ir muy por debajo en 2023, la curva amarilla, en todos los ingresos inferiores al salario mínimo.

El fracaso es que los sueldos más frecuentes se han acumulado muy cerca del SMI, como refleja la montaña que forma la misma curva amarilla. Hay que tener en cuenta que esta estadística recoge todos los ingresos del trabajo, desde las personas que apenas han trabajado unas horas durante el año, hasta las que tienen jornada completa o más de un empleo, así como las prestaciones.

En el segundo gráfico de esta información se ve la evolución de esta concentración de los salarios alrededor del SMI según el Gobierno ha ido elevando el salario mínimo en los últimos años.

En cifras absolutas se puede entender incluso mejor. En 2018, había casi 9 millones de personas con salarios entre 0 euros y 15.000 euros brutos al año, el 47,6% del total. En 2023, eran 7,25 millones, un 36,1%. Esta es la principal cara positiva del efecto conjunto del SMI y la reforma laboral. Además, en 2018, había 6,76 millones de personas con sueldos entre 14.000 euros y 30.000 euros brutos año, el 32,6% del total. En 2023, son 8,11 millones, el 40,4%.

La parte negativa es que solo un 8% de los asalariados está por encima de los 50.000 euros. Y ya desde los 30.000 euros brutos son solo una de cada cinco personas en el conjunto del país (con las excepciones de Euskadi y Navarra, porque no comparten sus datos con la Agencia Tributaria estatal por sus conciertos fiscales).

El efecto conjunto de los incrementos y de la caída de la temporalidad de los contratos se ve en el tercer gráfico, que utiliza los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, que llega hasta 2022 y que sí incluye a Euskadi y a Navarra.

La elevada temporalidad era un problema estructural, pero, sobre todo, golpeaba a los más precarios. Una situación de inestabilidad con consecuencias negativas para las vidas de las personas trabajadoras, para el consumo, el crecimiento de la actividad en general y para las propias empresas. Una inestabilidad que se ha moderado “sin dañar la creación de empleos”, según recuerda Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas.

La decisión de Hacienda de no adaptar el umbral de ingresos exento de pagar IRPF (el impuesto sobre la renta de las personas físicas) a la nueva subida del SMI de 50 euros al mes —hasta los 1.184 euros, en 14 pagas, en total 16.576 euros brutos al año— tiene precisamente entre sus principales justificaciones que el salario mínimo ha subido mucho y muy deprisa.

En el cuarto gráfico de esta información se observa la evolución de esta derivada fiscal de los aumentos del SMI. Hasta ahora, año tras año, las arcas públicas (todos los contribuyentes) habían ido asumiendo el coste de mantener libres de pagar el impuesto de la renta a los perceptores del salario mínimo.

Este 2025, medio millón de estas personas —un 20% de los 2,5 millones que son ya en total—, la mayoría solteros y sin hijos, se les retendrá entre 100 y 300 euros de IRPF en sus nóminas, por lo que pierden parte de la última subida de 50 euros. El 80% restante sigue exento por cuidar y encargarse económicamente de otras personas. Si Hacienda hubiera vuelto a elevar el umbral exento para hacerlo coincidir con el SMI, el coste para las arcas públicas ascendería a 1.500 millones de euros, cerca de una décima del PIB (Producto interior bruto), porque las pérdidas de recaudación se extienden a las pensiones y a los sueldos cercanos al salario mínimo que no están obligados a hacer la declaración de la Renta, según se explica en esta otra información.

Los Gobiernos progresistas han perseguido con ambición el objetivo de situar este “suelo digno de ingresos” en el 60% del sueldo medio neto. Pero en un país de sueldos bajos en general, el histórico aumento de SMI lo ha acercado demasiado a los sueldos “normales (los más frecuentes)”. Raymond Torres señala que “el salario mínimo no es un instrumento adecuado para mejorar el poder adquisitivo de las clases medias”.

Los sueldos de “las clases medias dependen de una serie de factores: la evolución de la productividad, el poder de mercado que tienen los asalariados en el mercado laboral y otras cuestiones que tienen que ver con la formación de los trabajadores, la adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral, la estabilidad en el empleo...”, explica este experto de Funcas.

“Si las empresas van bien, la actividad va bien, se deberían haber repartido esos mayores beneficios y esos mayores márgenes. Sin embargo, ha habido un incumplimiento por parte de las empresas, también en parte porque los sindicatos no hemos sido capaces de que no se hicieran las remolonas”, admite Luis Zarapuz, del gabinete económico de CCOO.

En esta etapa, los sindicatos mayoritarios han tenido más fácil pactar con el Ministerio de Trabajo las históricas subidas del SMI que pelear en las empresas y los sectores mejoras más importantes en los convenios, pese a que los beneficios históricos de muchas compañías y a que la inflación ha dañado el poder adquisitivo de los sueldos.

Beneficios empresariales en máximos

En agosto, el Observatorio de Márgenes actualizó sus datos hasta el cierre del segundo trimestre de este año y constató que las sociedades no financieras en nuestro país siguen exprimiendo la crisis de precios y que han elevado sus beneficios a máximos.

Esa actualización de esta herramienta, que utiliza datos de la Agencia Tributaria y del Banco de España, incluye una proyección de los beneficios de las empresas en este 2024 que los sitúa por encima de los 200.000 millones de euros por primera vez desde 2009, hasta donde se extienden los cálculos de este Observatorio.

CCOO ha incidido en múltiples ocasiones en este conflicto. “La capacidad de las empresas de defender sus márgenes ha implicado poder repercutir el aumento de costes en los precios de venta, factor decisivo para explicar la fuerte inflación en la economía española que ha mermado a la capacidad adquisitiva de los hogares”, explicó en un informe de 2024.

“Sin embargo, el aumento de los márgenes relativos implica que el proceso ha ido más allá de una mera defensa de los márgenes preexistentes. El proceso es heterogéneo por ramas actividad: mientras que en 2022 las actividades energéticas explicaban en gran medida el aumento de márgenes, en 2023 otras actividades como comercio y hostelería y restauración toman el relevo. El proceso también es desigual por tamaño de empresa [las más grandes son las que más han exprimido la inflación y el dinamismo de la economía en general]”, analizaba este equipo de expertos del sindicato.

“No se trata de que no haya que subir el salario mínimo, que por supuesto hay que hacerlo, y mucho más todavía. Se trata de que si no se construye en la base, en cada centro de trabajo, un poder real que sustente la capacidad de negociación, la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras pasa a depender únicamente de iniciativas legislativas como la subida del SMI”, opina el gabinete socioeconómico de CGT.

Estos expertos identifican dos problemas. Primero, “esta estrategia funciona en tanto que los partidos cercanos a los sindicatos estén en el gobierno y tengan capacidad para aprobar las leyes. Si esto cambia, se pierde sustancialmente la capacidad sindical de lograr mejoras”. Segundo, “la subida del SMI no tiene un efecto directo de arrastre hacia arriba. Es decir, el resto de salarios que están por encima no aumentan proporcionalmente cuando el salario mínimo sube”, prosiguen.

“Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en la jurisprudencia respecto a la absorción de complementos salariales. El Tribunal Supremo ha avalado que el SMI se calcula teniendo en cuenta la suma de los complementos salariales, por lo que conforme avanza el salario mínimo, va subsumiendo salarios que tienen una base menor, pero que con la suma de complementos (antigüedad, peligrosidad…) alcanzan el SMI”, concluyen.

“Día histórico”. Así ha celebrado el Gobierno de coalición, en palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, el primer paso para reducir la jornada máxima de trabajo sin disminución salarial en cuarenta años. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley pactado con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para llevar la jornada laboral del límite de 40 horas actuales, aprobado en 1983, hasta las 37 horas y media a la semana. La norma además regula importantes cambios para reforzar el control horario, que busca dificultar los abusos como las horas extra no pagadas.

“Hoy disfruten del día. Es un día histórico en España, los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral a 37 horas y media”, ha dicho al principio de la mañana Yolanda Díaz a la entrada en un desayuno informativo. La norma inicia ahora su camino para llegar al BOE y que se aplique realmente a los horarios de las empresas, para lo que tendrá que lograr los apoyos políticos en el Congreso. Fruto del trámite parlamentario, el texto aprobado hoy puede sufrir algún cambio.

“Mañana hace 106 años de la huelga de La Canadiense, 106 años”, ha recordado la responsable de Trabajo, sobre la histórica movilización sindical en Barcelona que situó a España como un país pionero en la conquistra de las 8 horas diarias de trabajo. “Hoy la buena noticia es para la gente trabajadora de este país, se lo merecen, trabajamos para ellos y para ellas”, ha añadido Díaz. “Esto va de mejorar la vida de la gente, esta norma da esperanza a la ciudadanía”, ha destacado.

La ministra Pilar Alegría ha celebrado que este martes el Gobierno “consolida y mejora derechos” para la clase trabajadora de este país, tras otras reformas muy relevantes, como la laboral para reducir el trabajo temporal abusivo. Yolanda Díaz ha insistido en que la reducción de la jornada laboral no es una “norma más”, sino “un proyecto de país, que sirve para modernizar España”.

La líder de Sumar en el Ejecutivo ha subrayado que el recorte de la jornada laboral “democratiza los beneficios” económicos y las ganancias de productividad alcanzada por España en las últimas décadas, que ha sostenido que han beneficiado hasta la fecha principalmente al lado de las empresas y no al de los trabajadores y trabajadoras.

Reducción de jornada, control horario y desconexión digital

El anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros este martes regula tres cuestiones, principalmente. La primera, y que concentra la mayor atención, es la reducción de la jornada máxima de trabajo de las 40 horas semanales a las 37 horas y media en cómputo anual. La meta del Gobierno es que la ley se aplique en todas las empresas antes de diciembre de este año.

La medida supone el recorte de la jornada máxima, manteniendo el mismo salario, para quien trabajen más de esas 37 horas y media a la semana. Además, regula aumentos de sueldo para las personas bajo el paraguas de estas jornadas máximas, pero que que trabajen a tiempo parcial, en su gran mayoría mujeres. El texto hoy aprobado prevé que puedan mantener sus horarios y que se les vea incrementado el salario, ya que trabajan más porcentaje sobre la nueva referencia de tiempo completo.

El segundo elemento clave del anteproyecto de ley es la reforma del control horario. Se acuerda que sea digital, no manipulable y accesible en remoto para la Inspección de Trabajo, entre otros cambios más relevantes para reforzar esta herramienta de control contra los abusos empresariales sobre los horarios de sus plantillas.

También se endurecen las sanciones por incumplir el registro de jornada, con una multa por cada trabajador –en lugar de una por empresa–, y con una mayor cuantía de las sanciones, de hasta 10.000 euros (en lugar de los 7.500 actuales).

Por último, la propuesta del Gobierno también amplía el derecho a la desconexión digital, para impedir que las empresas contacten a los empleados fuera de su horario, entre otras cuestiones.

Más de 12 millones de trabajadores alcanzados

El Ministerio de Trabajo calcula que la reducción de la jornada máxima de trabajo por ley alcanzará a alrededor de “12,5 millones de trabajadores del sector privado”, de los que “10,5 millones” de personas trabajan a tiempo completo y otros dos millones tienen contratos a tiempo parcial, principalmente mujeres, como se apuntaba antes.

En general, los empleados y las empleadas públicas ya tienen jornadas pactadas por debajo de las 37 horas y media, y también varios sectores en los que se han ido pactando en la negociación colectiva rebajas del horario de trabajo, sobre todo en aquellas actividades donde hay más fuerza del movimiento sindical. En este contexto, en Trabajo y los sindicatos mayoritarios han destacado que este recorte de la jornada por ley alcanza a muchos trabajadores más precarios, por lo que consideran que reduce la desigualdad en el mercado de trabajo.

Por sexos, el departamento de Yolanda Díaz estima que la reducción de la jornada legal “beneficiará a 6,8 millones de hombres y 5,7 millones de mujeres”. Estas últimas se verán alcanzadas

La reducción del tiempo de trabajo impactará especialmente en algunos sectores, que hoy en día tienen jornadas más largas. Son la hostelería, el comercio, la construcción y la industria manufacturera. “Más de la mitad de los beneficiarios de la reducción de jornada, el 55%,” se concentran en estos cuatro sectores, calculan en Trabajo.

Una ley clave para la coalición progresista

El anteproyecto de ley que aprueba el Ejecutivo este martes no es una medida más para la coalición progresista. La reducción de la jornada laboral era la principal promesa electoral para Sumar, liderada por Yolanda Díaz, y una pieza clave del acuerdo con el PSOE para formar gobierno en esta legislatura.

La reducción de la jornada cuenta con un gran respaldo de la ciudadanía, según todas las encuestas, y los socialistas también la han incorporado en su último Congreso Confederal, con la meta de reducir el horario máximo a las 36 horas antes de 2030.

A finales de diciembre, Trabajo señaló a Economía por intentar retrasar la norma y modificar algunas cuestiones pactadas con CCOO y UGT. Sin embargo, tras un mes de conflicto entre ambos ministerios, las dos partes del Gobierno llegaron a un acuerdo la semana pasada por el que se respeta lo acordado por Yolanda Díaz y los sindicatos, y se pactó que la ley se tramite por la vía de urgencia, algo clave para que la medida se apruebe en 2025, según Sumar.

Este martes, los dos ministros protagonistas del choque, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, han compartido mesa en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Díaz ha sostenido que las diferencias se han resuelto “con mucho amor y mucha síntesis” y Cuerpo ha destacado que ambas partes comparten la meta final, la reducción de la jornada, y trabajan para que se cumpla “lo antes posible”.

Así, la siguiente meta es que la ley logre los apoyos parlamentarios y sea aprobada por el Congreso, donde al Gobierno de coalición le está costando mucho sacar adelante sus iniciativas y este caso no será una excepción, como ha avisado Junts este lunes en una rueda de prensa.

Preguntada por la advertencia de la formación liderada por Carles Puigdemont, Yolanda Díaz ha destacado su voluntad de negociar con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante la legislación y ha dirigido la presión al Partido Popular, al que ha preguntado “si el PP va a utilizar este cambio histórico para reconciliarse con sus trabajadores”, ya que sus votantes también apoyan la medida según las encuestas, “o si va a cometer el mismo error que con la reforma laboral”, posicionándose en contra.

Hace unos días el periódico El Mundo titulaba de la siguiente forma un artículo que se hizo muy viral: “La mayor caída de la serie histórica hunde el salario más frecuente en España hasta el umbral del salario mínimo”. ¿Qué es lo que cualquier persona puede interpretar tras leer dicho titular? Obviamente, nada bueno. La lectura más lógica es que los salarios son ahora más bajos en España; es decir, que la gente cobra menos que antes (incluso menos que nunca, podrían pensar algunos tras leer lo de “mayor caída de la serie histórica”). Pero, aunque sea una lectura intuitiva, no puede estar más equivocada. La realidad es que todos los salarios nominales han aumentado, así como que el hecho de que el salario más frecuente sea ahora equivalente al salario mínimo es un avance, no un retroceso. Lo explico.

Este titular, así como todos los que han replicado más o menos el mismo mensaje, se basa en la recién publicada Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2022, que ofrece muchos datos e indicadores sobre salarios; entre ellos, el salario promedio, el salario mediano (aquel se encuentra justo en medio de todos los valores) y el salario modal o más frecuente (aquel que se repite un mayor número de veces). Los dos primeros han experimentado una mejora entre el año 2021 y el año 2022, lo que suele leerse como una mejora general de la retribución de la clase trabajadora. Pero el tercero, el salario más frecuente, ha retrocedido muchísimo en el mismo transcurso de tiempo, desde 18.502,54 euros al año hasta 14.586,44 euros. Desde luego, se trata de una caída muy notable en un solo año que comprensiblemente ha alertado a muchas personas, aunque una lectura cuidadosa de lo que ha ocurrido debería despejar esas preocupaciones. 

En el año 2017, justo antes de que se comenzara a elevar notablemente el salario mínimo, el salario más frecuente era de 17.482 euros al año. Por entonces, había muchísima gente que cobraba menos, como se puede ver en la zona situada a la izquierda del salario más frecuente en el gráfico (extraído del INE).

Pero, como es bien conocido, desde entonces el salario mínimo se fue elevando gracias a los acuerdos entre PSOE y Unidas Podemos. El salto más importante fue el de 2019, seguido por el de 2022. Estas medidas fueron aumentando por ley los salarios de quienes menos cobraban, elevando notable y progresivamente la ya señalada parte izquierda del gráfico de distribución, como se puede ver a continuación.

Es decir, aquellas personas ubicadas en la parte inferior de la distribución fueron mejorando progresivamente su retribución, siempre situándose en el nuevo salario mínimo. Pero en el año 2022 ocurrió algo que no había ocurrido hasta entonces: la importante subida del salario mínimo hasta 14.586 euros al año agolpó a tantos trabajadores en ese nivel que llegaron a superar en número a las personas que cobraban el nivel salarial que hasta entonces había sido el más frecuente (unos 18.400 euros), convirtiendo así al salario mínimo en el más repetido de todos.

En consecuencia, el indicador que muestra el salario más frecuente pasó de golpe desde los 18.400 euros aproximadamente a los 14.586,44 euros, justamente el salario mínimo legal. Y de ahí el titular citado al principio de este artículo. Pero la clave pasa por entender que no es que la gente que antes cobraba más de 18.000 euros cobre ahora unos 14.586, sino que los trabajadores que antes cobraban menos de esos 14.586 euros cobran ahora justamente ese salario, y simplemente son tantos que se han vuelto los más numerosos. Se trata de una mejora salarial, no de un retroceso. La mejora se da especialmente en los salarios más bajos, pero también se da en el resto de los niveles, como se puede ver a continuación.

Por supuesto, alguien podría pensar que no es ningún éxito de país que el salario más frecuente sea el salario mínimo y no uno más alto, pero ése es otro tema; sea como fuere, que ahora mismo el salario más frecuente sea más bajo que antes y equivalente al salario mínimo es una buena noticia porque muestra una mejora con respecto a años anteriores. También alguien podría indicar que dicho incremento generalizado de los salarios ha sido inferior al de la inflación, por lo que se ha perdido capacidad adquisitiva, y tendría mucha razón, pero ése es otro tema que no invalida el hecho de que entre 2021 y 2022 ha habido una mejora de los salarios nominales y no un retroceso como se podría inferir del titular que hemos puesto en cuarentena.

Así que mucho cuidado con los titulares escritos con mala baba y las interpretaciones rápidas e intuitivas: aunque suene mal que el salario más frecuente sea ahora menor, en realidad es el resultado estadístico de un avance de los salarios más bajos, lo cual es positivo.

El voto de Alberto Casero a favor de la reforma laboral ya es definitivo. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que el exdiputado del PP presentó contra las decisiones del Congreso que en 2022 rechazaron que pudiera repetir o cambiar el sentido de su voto después de equivocarse al hacerlo de forma telemática desde su casa. Un apoyo procedente de la bancada del Partido Popular que fue clave para que la norma, una de las más relevantes de la pasada legislatura para el Gobierno de coalición, saliera adelante por un solo voto de diferencia.

El pleno entiende que la verificación de su voto se hizo “de acuerdo con la normativa parlamentaria aplicable en el momento de los hechos”. También avala que no se autorizada su voto presencial posteriormente: “Le competía, por la responsabilidad que ostentaba como miembro de una de las Cámaras legislativas, extremar su diligencia si consideraba procedente participar presencialmente en la sesión plenaria” por estar enfermo. La decisión del Constitucional ha sido tomada por unanimidad aunque dos magistrados, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, han anunciado votos concurrentes.

Alberto Casero, entonces diputado del PP por Cáceres, votó ese día de forma telemática con el sistema implantado a raíz de la pandemia: una doble comprobación en la cual los parlamentarios no solo votan a favor o en contra de una iniciativa, sino que después tienen que confirmar que han votado correctamente. Casero dijo 'sí' a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de coalición, medida a la que su partido se oponía con firmeza. Después de que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro –hoy en las filas del PP– rompieran los acuerdos de su partido y votaran en contra, el inesperado apoyo de Casero fue clave para que la reforma laboral fuera aprobada con 175 votos a favor y 174 en contra.

El Partido Popular abandonó en pocas semanas la teoría de la conspiración que intentó poner en marcha, según la cual algún tipo de error informático en la aplicación del Congreso convirtió la negativa de Casero en un apoyo clave para la reforma laboral. Después de que el propio diputado reconociera a la Cadena SER que se había equivocado, la derecha se lanzó a la ofensiva judicial contra las decisiones de la mesa y la presidencia del Congreso que le impidieron cambiar o repetir su voto.

En total fueron presentados cuatro recursos de amparo al Tribunal Constitucional: uno por parte de Casero, otros dos del Partido Popular y uno más por Vox. Una vez rechazado el primero con el apoyo de la Fiscalía, fuentes del tribunal de garantías explican a elDiario.es que el resto de impugnaciones seguirán el mismo camino.

Unos recursos que planteaban como principal debate si podía considerarse aplicable al caso de Casero la normativa interna del Congreso que entró en vigor hace una década, que exigía una llamada telefónica del Parlamento al diputado para comprobar verbalmente que su voto telemático era correcto. Esa normativa, sin embargo, decayó dos años antes de la votación de la reforma laboral, cuando la pandemia llevó a un cambio de modelo para que la comprobación del voto se hiciera por parte del propio diputado.