Amnistía Internacional La Rioja invita a la ciudadanía a sumarse a las actividades que ha preparado en torno al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, “en un contexto de propagación de las prácticas autoritarias, crisis climática y erosión del derecho internacional”. Así, señalan que “pese a los enormes retos que enfrentamos, proponemos que personas de todo el mundo se unan para poner en valor la fuerza transformadora de la movilización ciudadana y la solidaridad”.

Entre sus acciones, lanzan la campaña 'Escribe por los Derechos', en la que piden a millones de personas en todo el mundo que se unan para cambiar la vida de otras personas que han sufrido violaciones de sus derechos y pagan un alto precio por defenderlos. El mismo miércoles, se colocarán dos mesas de recogida de firmas en Logroño: una en la confluencia de las calles Gran Vía y Daniel Trevijano, de 12,30 a 14 horas y otra en la calle Portales 46, de 19 a 20,30 horas.

Este año, se centrarán en personas que luchan por la defensa y protección del medio ambiente: Guerreras por la Amazonía (Ecuador); Juan López (Honduras), asesinado en septiembre de 2024; y Madre Naturaleza Camboya (Camboya).

Además, el viernes 12, a las 19 horas, en el Centro Joven de Calahorra, el Grupo Local de Calahorra celebrará la V Tertulia Literaria por los Derechos Humanos, en torno a estos tres casos, contando además con invitados como Aarón Jiménez Muñoz, guitarrista flamenco y las y los ganadores del Primer Certamen de Poesía por los derechos humanos.

Y este mismo grupo, igualmente, desde el día 13 de diciembre y hasta el próximo 17 de enero, en la Plaza de los Derechos Humanos de Calahorra, inaugura la cuarta edición de una exposición que tiene por objeto mostrar distintos artículos de la Declaración Universal, junto a las figuras de 12 personas perseguidas por defenderlos y de las acciones realizadas por Amnistía Internacional en cada uno de los casos.

Cata enoliteraria a ciegas

Por cuarto año consecutivo, el Club de Lectura La Hora Golfa invita a Amnistía Internacional La Rioja a coordinar la Cata Enoliteraria A Ciegas, en la que participan también las organizaciones Panal, Marea Blanca, Gylda, Oxfam Intermón y Rioja Acoge. Entre las 21 y las 22 horas, en el Espacio La Rosaleda del Espolón, en Logroño, se leerá un texto relacionado con derechos humanos escogido por cada organización. Las personas asistentes intentarán descubrir la autoría y el título de los libros de los que proceden, y las organizaciones explicarán los motivos de la elección.

Por otro lado, bajo el lema 'Infancias en guerra. Crecer entre ruinas', la Red Educativa por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional La Rioja convoca la XIV edición del concurso, dirigido al alumnado matriculado en el curso 2025-2026 en Centros de Educación Secundaria de la región.

El plazo de presentación de los trabajos, en las modalidades audiovisual, literaria y dibujo/pintura, se extiende desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 6 de marzo de 2026.

Cartas a presos “injustamente” encarcelados

Durante el mes de diciembre y hasta el 15 de enero de 2026, la organización trabajará “una iniciativa muy bonita” que llevan promoviendo desde hace más de 20 años, “Regala tus palabras”. Este año han distribuido cientos de tarjetas postales, ilustradas por Lyona Ivanova, para que alumnas y alumnos de centros educativos riojanos escriban pequeños mensajes a presos y presas injustamente encarcelados/as.

“El objetivo es que puedan recibir nuestro apoyo y solidaridad, lo que también es una forma de presionar a sus gobiernos para que las liberen”, explican desde la entidad.

Se escribirá a Sonia Dahmani (Túnez), abogada y personalidad mediática tunecina detenida arbitrariamente desde el 11 de mayo de 2024 y que se enfrenta a cinco procesos judiciales; Sai Zaw Thaike (Myanmar), fotógrafo condenado a 20 años de prisión por fotografiar las consecuencias de un ciclón en el país; Brooklyn Rivera (Nicaragua), líder del pueblo indígena Miskito y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, ilustra la represión sistemática en el país.

Cartonajes Santorromán, empresa riojana cuyos dueños regularizaron más de medio millón de euros en 2012 con la amnistía fiscal del popular Cristóbal Montoro, vuelve a cargar en sus últimas cuentas contra el Gobierno “socialista-comunista” y asegura que el Impuesto de Sociedades que pagó en 2024 fue “a la basura, para comprar voluntades y voceros”.

Esta compañía incluye desde hace años expresiones muy alejadas del habitual tono gris de estos documentos en las cuentas que remite al Registro Mercantil. En las de 2023 aseguraba que en España, prácticamente su único mercado, “toda la legislación laboral va encaminada a proclamar derechos absurdos, fomentar la vagancia y a defender a los malos trabajadores, dejando a las empresas indefensas”.

Antes, mostró su “perplejidad” tras lograr beneficios récord pese a los “ineptos” del Gobierno y sus medidas “en contra de la ortodoxia económica elemental”, o cargó contra el “contubernio de estafadores” de la UE ante los efectos del “virus chino”.

El patriarca de la empresa, Leopoldo Santorromán Blázquez, ejerce como presidente y su hijo, Leopoldo Santorromán Saldaña, es consejero delegado. Ambos han estado vinculados durante décadas a un colegio concertado religioso en Calahorra, el San Agustín.

Santorromán hijo preside desde 2008 la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO). Integrada en la CEOE, esta patronal representa a 64 empresas con una facturación directa de más de 4.000 millones, 86 fábricas en España y más de 12.000 empleos directos.

El último informe de gestión de Cartonajes Santorromá es algo más comedido que otros años, tras un ejercicio en el que batió otro récord de ventas (48,7 millones, un 4% más) y beneficio (5,4 millones, un 13% más).

El documento indica que en 2024 pagó un tipo del Impuesto de Sociedades del 25%: unos 1,6 millones “solo por este concepto a la basura, para comprar voluntades y voceros”. El absentismo, afirma, repuntó al 7,5%, “siempre en los mismos. Que grato [sic] es regalar cuando el que paga es otro. La industria se encamina al 12% y, en algunas regiones, sobrepasa ese límite. Sería interesante conocer la cifra en la función pública, puede que asuste…”.

Al repasar los factores que pueden marcar la evolución de sus negocios, el primero es “la reducción del tiempo de trabajo sin merma económica ni ganancia en productividad; un incremento de entre el 6 y el 8% del coste laboral. ¿Dónde ha quedado la negociación colectiva? Pagaremos la factura, el consumidor, claro”.

Otros factores que menciona son el coste energético “a la baja” [“Se acaba lo de Ucrania, volveremos a consumir oro negro, gas, mini nucleares”], la “ultra-regulación municipal, autonómica y nacional como siempre, 1.300.000 páginas de BOE; propio del Gran Hermano Socialista-Comunista. Normas para todo con resultados nefastos”. O el futuro del modelo económico europeo: “Más tanques, en fin, tirando el dinero a manos llenas para que lo paguen nuestros hijos”.

Y una reflexión final algo confusa: “Puede que estos vaivenes nos hagan ver la luz y cambien las cosas para mejor o, que los asusten, y se tomen medidas en sentido contrario a las empresas y a la creación de riqueza, que es la tónica habitual en nuestro entorno; eso ya lo veremos en la próxima edición”.

La empresa, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, disparó sus activos en 2024 un 31%, hasta 52,3 millones, tras recurrir a 9 millones de deuda financiera. Su informe vuelve a reconocer el esfuerzo de su plantilla y afirma que “cumple escrupulosamente el contenido del Artículo 14 de la Constitución Española”, que garantiza la igualdad ante la ley.

Amnistía familiar

Domiciliada en Calahorra, las raíces Cartonajes Santorromán se remontan a hace más de un siglo. Se dedica desde hace cuatro generaciones a fabricar, vender y distribuir todo tipo de productos realizados en cartón ondulado, muy utilizado por la industria alimentaria o el comercio electrónico.

La amnistía fiscal de padre e hijo (y de sus respectivas esposas) afloró hace años en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: “El fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos” se acogieron a la medida de gracia de Montoro “mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros”, decía esa resolución.

“Estas rentas no declaradas no pudieron tener otro origen que las ventas no declaradas de Cartonajes Santorromán, SA”, añadía. En 2019, la Abogacía del Estado presentó un escrito solicitando autorización judicial para que la Agencia Tributaria pudiera inspeccionar la sede de la empresa. El Fisco había detectado “voluminosas operaciones sumergidas o con dinero B” de Cartonajes Santorromán, que consiguió tumbar esa inspección en los tribunales. Antes de la amnistía de sus dueños, la empresa siempre declaró beneficios de, como mucho, un millón, con ventas que entonces rondaban los 20 millones al año.

Pese a sus críticas “al subsidiado”, los Santorromán están entre los empresarios que tras regularizar dinero negro en la amnistía fiscal que el gobierno de Mariano Rajoy lanzó en 2012 han recibido ayudas públicas en los últimos años. Entre ellas destacan los préstamos ICO avalados por el Estado.

Cartonajes Santorromán fue distinguida en octubre de 2019 como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar. En 2016, a su consejero delegado se le pudo ver junto al entonces vicesecretario de Comunicación del PP y luego máximo responsable de los populares, Pablo Casado, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO), de la que el presidente de AFCO es vicepresidente desde 2024.

Meses antes de esa foto con el que luego fue líder del PP, en 2015, la patronal AFCO, la propia Cartonajes Santorromán y otras 17 competidoras fueron multadas con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La Audiencia Nacional anuló la sanción en enero de 2019 por un defecto de forma.

«Lo que usted no quiere hacer, señor Garzón, es reconocer la realidad más evidente: que con este Gobierno, con el Gobierno del Partido Popular, se está luchando contra el fraude fiscal en unos niveles y con un grado de eficacia como nunca antes lo había hecho un Gobierno en España». Esta fue la respuesta que me dio el ministro Montoro hace ahora diez años a una pregunta parlamentaria sobre la amnistía fiscal. Podría haber elegido muchas otras frases parecidas, y de distintos debates, pero esta resume bien la arrogancia con la que el gobierno defendía una de las medidas más vergonzosas de aquella larga décima legislatura. Ironías de la vida, quien alardeaba de ser adalid de la lucha contra el fraude fiscal está ahora señalado por urdir una trama corrupta desde el propio ministerio.

La amnistía fiscal fue, para la derecha, la amnistía buena: el perdón a los grandes defraudadores que durante años habían drenado las arcas públicas y que, a cambio de una pequeña suma, podían dejar de ser formalmente delincuentes. El Gobierno de Rajoy la aprobó en 2012 y, aunque fue anulada -sin efectos prácticos- por el Tribunal Constitucional en 2017, benefició a más de 700 evasores fiscales. Montoro había prometido que el “precio” por el blanqueo sería del 10% del dinero aflorado, pero finalmente se quedó en menos del 3%. Un negocio redondo para las grandes fortunas que, tras engañar durante años al Estado, regresaban a la legalidad sin sanciones ni multas.

Cabe recordar que la de Montoro no fue la única. Dos años antes, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había permitido una “regularización encubierta” tras recibir la llamada ‘lista Falciani’. Entre 2006 y 2008, Hervé Falciani, extrabajador de un banco suizo, extrajo y filtró los nombres de miles de evasores fiscales. Muchos podrían haber enfrentado penas de cárcel, pero el Ejecutivo socialista permitió que más de 500 grandes fortunas regularizaran sus cuentas sin consecuencias penales. La lista completa se filtró en 2015, aunque ya en 2013 el corrupto comisario Villarejo advertía al Gobierno del PP de las reuniones que algunos manteníamos con Falciani para intentar obtener los nombres.

Estos casos muestran lo difusa que es la frontera entre legalidad y corrupción: algo es ilegal hasta que un Gobierno decide lo contrario, incluso aunque sea de forma escandalosa y lesiva para lo público como es el caso de la amnistía fiscal. De hecho, si definimos ‘corrupción’ como transferencia de recursos públicos hacia manos privadas, encontramos ejemplos a ambos lados de la línea: privatizaciones de empresas públicas, rebajas fiscales a grandes patrimonios, mordidas y sobornos a cambio de contratos o sobrecostes. La amnistía fiscal se sitúa en la frontera: los delincuentes dejan de serlo por la magnitud de su patrimonio, un privilegio inexistente para las clases populares.

El caso Montoro ilustra con claridad esta lógica. Durante su etapa como ministro de Hacienda, formó parte de un gobierno cuya hoja de ruta económica se basó en la reducción sistemática de lo público: recortes en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y empleo público bajo el argumento de la austeridad neoliberal, mientras se blindaban los intereses del capital privado. Al mismo tiempo, impulsó una amnistía fiscal diseñada a medida de las élites defraudadoras que terminó legitimando el fraude masivo y enviando un mensaje claro: defraudar sale barato si se dispone del suficiente patrimonio y de los contactos adecuados.

A ello se suma ahora la sombra de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción, donde se investiga el uso de su influencia y sus relaciones para beneficiar a intereses privados a cambio de favores o contraprestaciones. De confirmarse, estaríamos hablando no solo de un ministro que favoreció a las grandes fortunas mediante políticas públicas, sino también de alguien que habría usado la maquinaria del Estado para lucrarse personalmente. En este sentido Montoro no sería una excepción aislada sino la expresión más descarnada de una forma de gobernar donde la frontera entre ideología, privilegio y corrupción se vuelve prácticamente indistinguible.

Al final, los tres mecanismos –privatizaciones, amnistías fiscales y tramas ilegales– tienen algo en común: saquean lo público. Algunos lo hacen con cobertura legal, otros en la penumbra, pero todos responden a la misma lógica: desvalorizar el interés común en beneficio de unos pocos. En general la sociedad se indigna solo cuando la avaricia rompe la fina línea de la legalidad, cuando el beneficio personal queda al descubierto. Pero el daño al Estado y a su capacidad de atender a la población es el mismo, sea “legal” o ilegal. Tal vez sea hora de enfocar nuestra indignación no solo en los delitos, sino en todas las políticas que vacían lo público para llenar bolsillos privados.

Cartonajes Santorromán, una empresa riojana cuyos dueños regularizaron más de medio millón de euros acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012, ha vuelto a trufar sus cuentas anuales de invectivas contra el Gobierno “social-comunista” y ahora arremete contra las leyes laborales. 

“Toda la legislación laboral va encaminada a proclamar derechos absurdos, fomentar la vagancia y a defender a los malos trabajadores, dejando a las empresas indefensas ante este tipo de abusos”, dice su último informe de gestión. Esta compañía, que factura cerca de 47 millones al año, incluye desde hace tiempo expresiones muy alejadas del habitual tono gris de estos documentos en las cuentas que remite al Registro Mercantil.

Si en las de 2021 mostraba su “perplejidad” tras lograr beneficios récord pese a los “ineptos” del Gobierno, el informe del ejercicio 2023, recientemente depositado y disponible a través de Insight View, tampoco decepciona.

En este caso incide en “un aspecto muy preocupante, evidente desde hace tiempo, pero este año más acusado”: “La actitud de una parte de las personas en el desempleo, y algunos con empleo también, ante el trabajo o ante una oferta de empleo”.

“No quieren escalar en su categoría profesional, no quieren asumir responsabilidades, cubrir el turno de noche se ha convertido en ardua tarea y, el viernes por la noche, parece que no es probable”, se lamenta. “Y no es un problema la remuneración, tampoco quieren más, si implica más responsabilidad”, asegura.

Afirma que “el nivel de absentismo se ha duplicado, estamos en el 10%” y “las empresas no podemos hacer nada”. “Lo que no parece darse cuenta este legislador socialista-comunista es que eso produce aumento de costes, que a su vez produce inflación y, finalmente, más pobres. Quizás es el objetivo del legislador”.

El último informe de Randstad Research, una de las referencias más utilizadas para medir el absentismo, cifra la tasa en España en el 6,3%, con un “importante descenso”. En los últimos años ha llegado a estar ligeramente por encima del 7% (a mediados de 2022), pero nunca en el 10%.

El informe de Cartonajes Santorromán del ejercicio 2023 no hace referencia al grave accidente laboral que se produjo en las instalaciones de esta empresa en marzo de ese año. Un electricista de una subcontrata falleció a los 52 años al ser atropellado por una carretilla con una bobina de cartón mientras trabajaba en su planta en Calahorra.

La empresa disparó en 2023 su beneficio un 57,8%, hasta un nuevo récord histórico de 4,77 millones. Para 2024, cuyas cuentas formulará próximamente, propugna “cautela” y “como dice el ”Cholo“, ”partido a partido“. ”Hacer las cosas bien“, dice, va a suponer ”entregar solo en impuesto de sociedades, 1,5 millones de €uros [sic] al despilfarro. Me gustaría saber cómo se paga ese tipo mínimo del 15% que tanto anuncian; nosotros nunca lo conseguimos“.

“A pesar del entorno tan en contra de las empresas y empresarios, el legislador socialista-comunista es así, nuestra obligación es mantener la empresa al día y en las mejores condiciones técnicas de producción y eficiencia, confiando en que no hay mal que cien años dure y, la realidad de los hechos hará cambiar la inquina con que se persigue a la empresa privada”, continúa.

“Amnistía no”

Con una “visión del corto y medio plazo” que califica de “moderadamente pesimista”, el informe cita de pasada otra amnistía, no la fiscal, sino la concedida por el actual Ejecutivo para la normalización política en Catalunya.

Dice que “se beneficia” al “subsidiado y al delincuente (amnistía no), todo vale para mantenerse en el poder, no hay líneas rojas, el gasto público desbocado, las cifras del paro falseadas, faltan de apuntar entre 1 y 1,5 millones más, sobran sueldos públicos, ahora no trabajar es la moda, hay que reducir la jornada”. “A la porra la productividad, en fin para que seguir…”.

Un año más, vuelve a la carga contra las normativas en Europa y en España: “Bajo el paraguas del ”Green Deal“, el utópico mundo del Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos, están amenazando el porvenir de nuestros sectores primario y secundario, con implicación en el bienestar de la sociedad”.

Como ejemplos cita la Ley de Residuos y la PPWR o propuesta del reglamento europeo de Envases y Residuos de Envases. “Detectan problemas ficticios, adoptan soluciones erróneas y multiplican los problemas por tres, en el medio plazo (y vuelta a empezar). Parece que Europa se quiere pegar un tiro en el pie”.

Un año más, las cuentas incluyen salvedades del auditor de Cartonajes Santorromán (Grant Thornton) por no informar por ejemplo de los sueldos y posibles conflictos de interés de su cúpula. 

La empresa, cuyas raíces se remontan a hace más de un siglo, se dedica desde hace cuatro generaciones a fabricar, vender y distribuir todo tipo de productos realizados en cartón ondulado, muy utilizado por la industria alimentaria o el comercio electrónico.

El patriarca, Leopoldo Santorromán Blázquez, ejerce como presidente y su hijo, Leopoldo Santorromán Saldaña, es consejero delegado. elDiario.es intentó contactar el viernes con ellos. En su empresa indicaron que “hasta el día 7 no estarán por aquí”.

Su amnistía fiscal afloró en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: “El fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos” se acogieron a la amnistía “mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros”, decía esa resolución.

“Estas rentas no declaradas no pudieron tener otro origen que las ventas no declaradas de Cartonajes Santorromán, SA”, añadía. En 2019, la Abogacía del Estado presentó un escrito solicitando autorización judicial para que la Agencia Tributaria pudiera inspeccionar la sede de la empresa.

El Fisco había detectado “voluminosas operaciones sumergidas o con dinero B” de Cartonajes Santorromán, que consiguió tumbar esa inspección en los tribunales. Antes de la amnistía de sus dueños, la empresa siempre declaró beneficios de, como mucho, un millón, con ventas que entonces rondaban los 20 millones al año.

Santorromán hijo preside desde 2008 la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO). Integrada en la CEOE, esta patronal representa a 65 empresas con una facturación directa de más de 4.000 millones, 86 fábricas en España y casi 12.000 empleos directos.

Pese a sus críticas “al subsidiado”, los Santorromán están entre los empresarios que tras regularizar dinero negro en la amnistía fiscal que el PP lanzó en 2012 han recibido ayudas públicas en los últimos años. Entre ellas destacan los préstamos ICO avalados por el Estado.

Cartonajes Santorromán fue distinguida en octubre de 2019 como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar. En 2016, a su consejero delegado se le pudo ver junto al entonces vicesecretario de Comunicación del PP y luego máximo responsable de los populares, Pablo Casado, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO).

Meses antes, en 2015, la patronal, la empresa y otras 17 competidoras fueron multadas con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La Audiencia Nacional anuló la sanción en enero de 2019 por un defecto de forma.

Empresas vinculadas a grandes defraudadores y beneficiarios de la amnistía fiscal de 2012 figuran entre las más subvencionadas de España. Así se desprende del análisis del listado de mayores ayudas públicas (de al menos 100.000 euros por sociedad mercantil) concedidas en 2023, que ha publicado el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Ley de Transparencia.

En ese listado hay una decena de sociedades vinculadas a siete familias o empresas que se acogieron a la amnistía. También aparecen en ese documento otras trece empresas vinculadas a cinco personas o sociedades que han recibido condenas penales por delitos fiscales, incluyendo varios que llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía para evitar la prisión por hechos de este tipo.

Esas 23 empresas recibieron en 2023 casi 33 millones en subvenciones. Cerca de un tercio fueron ayudas del Plan de Recuperación. 

También figuran en ese listado de Hacienda ayudas multimillonarias varias sociedades vinculadas al magnate del acero José María Aristrain, para el que el Tribunal Supremo acaba de ordenar repetir el juicio, tras la sentencia que le absolvió en enero de 2022 del mayor caso de fraude fiscal conocido en España.

De esos casi 33 millones, más de 12 millones corresponden a sociedades vinculadas a personas o empresas que se acogieron a la medida de gracia de Cristóbal Montoro. Esta cifra es una mera aproximación y es solo la punta del iceberg: apenas se conoce una mínima parte de los 30.000 agraciados por la amnistía del gobierno de Mariano Rajoy, declarada inconstitucional en 2017 sin consecuencias para sus beneficiarios.

De ese listado solo ha trascendido en torno a un centenar de nombres gracias a sentencias y procedimientos judiciales o investigaciones periodísticas. Uno de los últimos en aflorar ha sido un narcotraficante gallego. El 99% de los nombres permanece oculto y probablemente nunca salga a la luz.

La amnistía conocida más relevante por su importe son los 113 millones ocultos al Fisco mediante sociedades en Mónaco o Panamá que legalizaron los hermanos Gallardo, principales accionistas de la farmacéutica Almirall. Hoy jubilados y dueños del grupo de hospitales privados Vithas (uno de los mayores de España, y reprendido por su auditor por ocultar los sueldos de su cúpula directiva), la amnistía de estos empresarios la destapó en 2016 la investigación de Los Papeles de la Castellana. 

El fabricante del Almax, empresa cotizada en Bolsa que llegó a formar parte del Ibex 35, figura entre los grandes perceptores de ayudas públicas de ese listado. Almirall está entre las 600 sociedades que más subvenciones recibieron en 2023: un total de 3.162.243,27 euros, de los que 561.146,46 euros son fondos europeos.

También ha formado parte del Ibex hasta este verano la hotelera Meliá, cuyos mayores accionistas, los Escarrer, también fueron a la amnistía. Entre ellos, el fundador, Gabriel Escarrer Juliá, ya casi nonagenario y jubilado, y condecorado en 2022 por Felipe VI con el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, un galardón que no se ha vuelto a conceder desde entonces. Lo entregaba el Círculo de Empresarios, uno de los lobbies empresariales más señeros de España.

Los Escarrer reconocieron en 2016 que acudieron a ese perdón fiscal tras destapar la investigación de Los Papeles de Panamá que tenían una red de firmas offshore con cuentas millonarias a través del despacho Mossack Fonseca. Cuatro sociedades participadas por su hotelera recibieron en 2023 casi ocho millones en subvenciones.

La mayor parte de esa cifra, 5,8 millones, correspondió a Meliá Zaragoza SL, de la que Meliá conserva el 7,5% y en la que tuvo el 50% hasta 2021. Otros 1,34 millones en fondos europeos recibió la Comunidad de Propietarios del Edificio Apartotel Meliá Castilla en Madrid, de la que la hotelera tiene cerca del 33%, según sus últimas cuentas. Otros 611.416 euros en ayudas recibió Nexprom SA, que tiene un 20% en manos de Meliá. Esta sociedad explota tres hoteles en Torremolinos (Málaga). Y otros 191.602 euros fueron en 2023 para Meliá Hotels International.

Los Papeles de Panamá también revelaron la amnistía de otro veterano empresario del sector turístico, Josep María Caballé, dueño de Servigroup, con 18 hoteles en la costa mediterránea, 11.000 plazas y hasta 2.000 trabajadores en temporada alta. Conocido por ser el gran hotelero de Benidorm, uno de sus hoteles allí (el Torre Dorada, inaugurado en 1972 y con una panorámica privilegiada de la ciudad y la Playa de Poniente) lucía una llamativa iluminación con los colores de la bandera de España en el puente del pasado 12 de octubre.

Una de las sociedades de Servigroup, Hoteles Reina del Sol SL, dueña de un hotel de cuatro estrellas del grupo de Caballé en Mojácar (Almería), el Marina Mar, recibió 131.408,17 euros en ayudas públicas en 2023, según el listado de Hacienda.

Tras aparecer en Los Papeles de Panamá también se conoció la amnistía de la terrateniente Micaela Domecq, esposa del entonces ministro y a la postre comisario europeo Miguel Arias Cañete. 100.632,13 euros en subvenciones recibió en 2023 Petrolífera Dúcar, la empresa de bunkering (suministro de combustible a buques) en el estrecho de Gibraltar que presidió Cañete hasta que volvió a ser nombrado ministro con la llegada de Rajoy a Moncloa a finales de 2011.

Esta empresa ha colgado durante años de Havorad BV, una sociedad que la familia política del excomisario europeo tiene desde hace décadas en Países Bajos, calificada hace años de mera “pantalla” por la Agencia Tributaria.

Muy vinculado a lo más granado de la aristocracia está el ingeniero agrícola y experto cinegético Pedro de Borbón, jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, duque de Calabria y conde de Caserta. De Borbón se acogió a la amnistía junto a varios miembros de su familia, como revelaron Los Papeles de la Castellana. Sus empresas han cobrado numerosas subvenciones públicas en los últimos años. En 2023, el fabricante de piensos Thurma (del que es socio, consejero y asesor técnico) recibió 113.311,71 euros en ayudas, de las que 13.400 euros correspondieron a fondos del Plan de Recuperación.

Entre los empresarios anónimos cuya amnistía trascendió por pleitos judiciales con la Agencia Tributaria está el fabricante barcelonés de implantes dentales Microdent, que regularizó 1.338.710 euros. En 2023 recibió 567.438,35 euros en ayudas con fondos europeos. Otro ejemplo es la empresa familiar jiennense Mariscos Castellar, que el año pasado percibió 107.510,22 euros en subvenciones, según los datos de Hacienda.

Defraudadores con ayudas

En el apartado de defraudadores condenados por la justicia, destaca el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, condenado en 2020 a dos años de prisión y a pagar una multa de 585.896 euros por fraude fiscal. Marichal es, según su perfil en LinkedIn, consejero delegado de Inversiones Marylanza, dueña de Hotel Atlantic El Tope SL, subvencionada con 1.469.829,25 euros en 2023. Otros 1.624.634,4 euros recibió Hotel Atlantic Hills SL, de la que Marylanza tiene el 26,89%, según el Registro Mercantil. 

Cuando en 2021 trascendió su condena, Marichal puso su cargo a disposición de los asociados de CEHAT, que hoy sigue presidiendo, al igual que la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel). La propia Ashotel, que acaba de reelegirle en ese cargo (lo ocupa desde 2011), recibió el año pasado 361.769,8 euros en subvenciones, según los datos de Hacienda.

También fueron condenados por fraude fiscal en 2016 los Carceller, dueños de una de las mayores empresas de España, la petrolera canaria Disa, de la que cuelgan también Rodilla o la cervecera Damm. El patriarca, Demetrio Carceller Coll, y su hijo, Demetrio Carceller Arcer, acordaron con la Fiscalía conmutar sendas condenas a prisión por una multa de 93 millones. Fue “uno de los casos de mayor importe de fraude fiscal cometidos en España”, como lo definió entonces el Ministerio Público.

Empresas vinculadas a los Carceller recibieron el año pasado más de 12 millones en ayudas públicas. Destacan los 6.052.491,47 euros en fondos europeos que obtuvo Disa Renovables. Otros 263.700 euros fueron para Disa Gestión Logística; 139.761 euros, para Explotación Estación de Servicio SA, también de Disa; y otros 1.691.228,7 euros, para Intercervera SLU, de la que Disa tiene el 72%, según sus cuentas de 2023, accesibles a través de Insight View.

Disa también tiene el 14,6% de Sacyr, una de las mayores constructoras de España. Su filial Sacyr Concesiones recibió casi 3 millones, y Sacyr SA, otros 223.676,25 euros en fondos europeos. En el listado de Hacienda constan asimismo sendas ayudas de 609.175,52 euros a Arotz Foods, filial de Ebro Foods, de la que Damm tiene un 11,686%.

Otra gran empresa (en este caso del Ibex) que aceptó una condena por delito fiscal es Indra, que en 2019 pactó abonar una multa de 171.000 euros tras un acuerdo en conformidad ante el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid que incluía la prohibición de recibir ayudas públicas durante nueve meses. La tecnológica, cuyo mayor accionista es el Estado (28%), recibió el año pasado 1.863.217,13 euros en subvenciones. El 95,8% eran fondos europeos.

Un acuerdo similar alcanzó en 2020 con la Fiscalía y la Abogacía del Estado el Real Zaragoza, por hechos que se remontaban a 2010. El club, que milita en 2ª División, recibió 1.157.727,56 euros en ayudas públicas en 2023.

También está ligado al fútbol el presidente del Villarreal y dueño de Pamesa, Fernando Roig, recientemente condenado a 11 meses y 28 días de prisión junto a otras diez personas por dos delitos de falsedad en documento mercantil contra la Hacienda Pública en las obras de reforma de la ciudad deportiva del club y del Estadio de la Cerámica durante 2004 y 2005, en una decisión que el Villareal ha anunciado que recurrirá. Roig es accionista minoritario y consejero de Mercadona. El año pasado la mayor cadena de supermercados de España recibió 1.692.993,85 euros en subvenciones.

Aristrain, caso aparte

Un caso aparte es el del magnate del acero Aristrain, la gran fortuna anónima del país y uno de los mayores accionistas de ArcelorMittal, de la que tiene en torno a un 2%. En 2011 fue acusado de defraudar 200 millones al fingir su residencia en Suiza y ocultar sus acciones en Luxemburgo, donde tiene una holding que la justicia de ese país declaró en quiebra hace un año, según el Registro de ese país. Aristrain ganó en primera instancia en una dura derrota para Hacienda, pero el Supremo acaba de ordenar a la Audiencia de Madrid que reabra el caso y se repita el juicio con un tribunal distinto. 

ArcelorMittal, que tiene su sede en Luxemburgo y pertenece al Ibex, figura entre las mayores receptoras de subvenciones de España en 2023, con 106.530.203 euros a través de cinco filiales, de los que 4,28 millones son fondos europeos. 

Además, el fabricante andaluz de materiales de cobre y aluminio Cunext, cuyo mayor accionista (42%) es una sociedad vinculada a Aristrain, Cartera Industrial del Cobre, ha recibido 17,58 millones en ayudas públicas a través de cuatro filiales.

Más de la mitad de esa cifra, 9.077.965,09 euros, son fondos europeos para su filial de logística, Next Logistics XXI. Otros 7.762.647,21 euros ha recibido Transformados Cunext Copper SLU. El presidente de Cunext y administrador único de Cartera Industrial del Cobre es el cordobés Dámaso Quintana, sobrino de Aristrain. Quintana se ha incorporado recientemente a la patronal cordobesa Cesur y el pasado octubre fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid junto a su tío de un delito de frustración de la ejecución de un inmueble del magnate en el centro de Madrid.

Esta recopilación no tiene en cuenta procedimientos que han ido por la vía de lo contencioso-administrativo, en los que no se ha apreciado delito por factores como la inexistencia de dolo.

Por esa vía fue el caso Cemex, para la que el Tribunal Supremo confirmó hace unos meses una sanción récord de 455 millones por irregularidades fiscales en los ejercicios 2006 a 2009. Este caso hizo temblar los cimientos de la Agencia Tributaria y provocó una cadena de dimisiones en el organismo en tiempos de Montoro. La cementera mexicana es una de las multinacionales que figuran en ese listado de grandes receptores de ayudas, con 1,9 millones en 2023.

La familia Gallardo, dueños de la farmacéutica catalana Almirall y principales beneficiarios conocidos de la amnistía fiscal de 2012, ocultan los sueldos de la cúpula de Goodgrower, la matriz de su grupo de sanidad privada, Vithas, segundo de este sector en España.

La auditoría de la firma PwC a las cuentas de Goodgrower del ejercicio 2023, fechada el pasado 14 de junio, recoge por segundo año consecutivo una salvedad por este motivo.

El auditor deja patente que las cuentas de la sociedad de cabecera de los Gallardo “no incluyen la información relativa al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio y del ejercicio anterior por el personal de alta dirección y de los miembros del órgano de administración”. La normativa contable exige incluir esos datos.

A diferencia de Almirall, que cotiza en Bolsa y por ello está obligada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a detallar los sueldos de cada consejero, Goodgrower solo debe publicar una cifra agregada de retribución para los miembros del consejo de administración y la alta dirección. Pero no lo hace. elDiario.es contactó con la empresa sin obtener respuesta.

Los Gallardo controlan Vithas a través de esta sociedad. Alcanzaron el 100% tras comprar en 2020 por 93 millones de euros el 20% del grupo sanitario que hasta entonces tenía Criteria Caixa.

Con 6.565 empleados, Vithas cuenta con 20 hospitales y 37 centros médicos y atiende a más de 5,5 millones de pacientes al año. Actualmente está construyendo sendos hospitales en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y en Malilla (Valencia). Se creó tras comprar los Gallardo en 2011 la red de hospitales de Adeslas, controlada por Criteria, el holding de La Caixa, que se quedó como minoritario. Esa red estaba entonces compuesta por diez centros, la mitad que ahora.

La marca Vithas fue presentada en sociedad por los Gallardo a finales de 2012, una semana después de que, el 14 de noviembre de ese año, los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, expresidentes de Almirall y hoy ya jubilados y octogenarios, legalizaran con la medida de gracia del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, casi 113 millones que habían ocultado al Fisco durante años mediante sociedades opacas en Mónaco o Panamá.

A la amnistía, que permitió regularizar el dinero oculto al fisco pagando en muchos casos el 3%, en lugar del 10% anunciado inicialmente, se acogieron 30.000 empresas y particulares. De esa cifra solo se ha conocido una cantidad mínima: un centenar de nombres, gracias a sumarios y sentencias judiciales e investigaciones periodísticas. La amnistía de los Gallardo, la más relevante que ha trascendido por su importe, la reveló en 2016 la investigación de Los Papeles de la Castellana.

Tras regularizar ese patrimonio multimillonario, varias empresas de los principales accionistas de Almirall han recibido avales y ayudas millonarias con cargo al erario público. Algo que hicieron otros amnistiados conocidos, como la familia del dictador Franco, los Escarrer (dueños de la hotelera Meliá) o la aristócrata y terrateniente Micaela Domecq, esposa del excomisario europeo y exministro del PP Miguel Arias Cañete.

La Administración es una importante fuente de ingresos para Vithas. La facturación del grupo de sanidad privada de los Gallardo que procedió del Servicio Nacional de Salud y de las Comunidades Autónomas, a través de los diferentes conciertos que tiene firmados, aportó todavía el año pasado 37 millones a su cifra de negocio, aunque se desplomó un 41% con respecto a 2022.

La mayor parte de los ingresos de Vithas, 527 millones, procedió de las aseguradoras sanitarias, que explican la explosión que ha experimentado en los últimos años la construcción de hospitales privados en España, en un contexto de boom de los seguros de salud.

Según las cuentas consolidadas que Goodgrower ha remitido recientemente al Registro Mercantil, accesibles a través de Insight View, la dueña de Vithas cerró el pasado ejercicio con 1.141 millones en activos. El grupo de hospitales privados facturó 709 millones, un 7,3% más. Pero su matriz declaró unas pérdidas de 16,6 millones, frente al beneficio de 74,4 millones registrado en 2022. En ese ejercicio su resultado financiero se disparó por diversas operaciones en Francia.

El presidente de Goodgrower y de Vithas es Jorge Gallardo Piqué, uno de los hijos de Jorge Gallardo Ballart. Su hermano Carlos Gallardo Piqué es el presidente ejecutivo de Almirall desde mayo de 2022, tras la renuncia de su padre al frente de la farmacéutica que fundó en 1943 el abuelo de los actuales gestores, Antonio Gallardo Carreras.

A esta familia catalana el último ranking de ricos de El Mundo los sitúa en el puesto 13 de mayores fortunas españolas, con un patrimonio de cerca de 3.000 millones. Con presencia también en el sector hotelero o el de las energías renovables, su inversión más relevante es Almirall, el origen de su fortuna y en la que controlan algo más de un 60% de las acciones.

El valor de ese paquete de títulos en el fabricante del Almax, un conocido medicamento contra el ardor de estómago, ronda actualmente los 1.200 millones, tras la recuperación que ha experimentado la cotización de la farmacéutica este año, superior al 11%.

Capital riesgo

Como otros multimillonarios españoles, los Gallardo han constituido recientemente a través de Goodgrower una firma de capital riesgo, Healthgrower SCR, atraídos por las ventajas fiscales de estos vehículos.

Centrada en el sector sanitario, en ella han realizado hasta el pasado mes de marzo tres aportaciones por un total de más de 56,5 millones, que corresponden a participaciones en varios fondos de inversión, 6,5 millones en efectivo y un 4,8% de las acciones de la estadounidense KBI Services, dedicada a tratamientos de fertilidad, y valorado en 14 millones, según las cuentas de Goodgrower.

Vithas es el mayor grupo de sanidad privada de capital español y el segundo del mercado nacional. Está solo por detrás de Quirón, la filial del gigante alemán Fresenius, que ha tenido un papel muy relevante en el escándalo de fraude fiscal y empresas pantalla de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Uno de los trabajos que hicieron dispararse los pagos de Quirón a la pareja de la presidenta madrileña tras iniciarse su relación fue la labor de González Amador como consultor para la obtención de un certificado sectorial, la Joint Commission Enterprise (JCI) para su hospital más conocido, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. La propia Vithas destaca en su informe anual la obtención de este certificado entre los “principales hitos de 2023”. 

Impresiona la histeria de la derecha (partidos, jueces, fiscales, medios amigos) a causa de la ley de amnistía para los condenados del procés. Braman a los cuatro vientos todo lo que les pasa por la cabeza: que la amnistía es inconstitucional, que humilla a los jueces que han dictado las sentencias, que quiebra el principio de igualdad de los españoles ante la ley… En suma, ¿lo adivinan?, que se rompe España. Muchos togados ya se están preparando para presentar cuestiones de constitucionalidad ante el TC o cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. Algunos lo harán con un sincero interés por disipar dudas sobre la nueva legislación, pero otros lo harán con el ánimo de torpedearla en cumplimiento del grito de guerra aznariano de “el que pueda hacer, que haga”. En paralelo, el PP, Vox y su artillería mediática seguirán martilleando como música de fondo la consigna de que Sánchez ha cometido un acto de alta traición a la patria. .

Pero no nos engañemos. El PP no es enemigo de las amnistías. Solo lo es de aquellas que no le gustan. En la votación de la primera ley de amnistía de esta etapa democrática, la Alianza Popular de Fraga, antecesora del PP, no votó en contra, sino que se abstuvo. Le enfurecía que la ley cobijara a más rojos de la cuenta, cierto, pero entendió que también permitiría salvar el pellejo a un buen número de personajes que habían sido altos cargos en la criminal dictadura franquista. Tan blindados quedaron, que un intento por investigarlos tres décadas después terminó con la expulsión de la carrera judicial del juez Baltasar Garzón. Hay que ver con qué devoción y vehemencia invocaron los populares aquella amnistía de 1977 cuando Garzón intentó escarbar en tan turbio pasado.

Se da la circunstancia de que la única amnistía declarada inconstitucional hasta el sol de hoy la promovió, precisamente, el PP, bajo el Gobierno de Rajoy. El objetivo de esa amnistía no era pasar página a una difícil coyuntura política, como lo fue en la de 1977 y pretende serlo en la del procés, sino engrosar las arcas del Estado invitando a los ricos evasores fiscales a que blanquearan sus capitales. La única exigencia era que pagasen a Hacienda el 10% de la suma aflorada, cifra que después se rebajó descaradamente al 3%. Nada de multas, nada de intereses por la deuda. Rajoy aprobó aquella amnistía fiscal en 2012 mediante decreto-ley, sin debate parlamentario, con el nombre eufemístico de Declaración Tributaria Especial, y esa amnistía sí que atentó contra uno de los principios vertebradores de España al hacer añicos la justicia distributiva en el sostenimiento del Estado. No lo digo yo: lo dijo por unanimidad el Tribunal Constitucional en su fallo de 2017, cuando ya el daño estaba hecho y no había vuelta atrás.

Vale la pena recordar uno de los párrafos cruciales del fallo: “La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos. Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo a su capacidad económica, colocándolos en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

Aunque el fallo del TC se circunscribió a la inconstitucionalidad del uso del decreto-ley, porque a eso se refería el recurso de los socialistas, es obvio que los argumentos del tribunal suponían un alegato general contra las amnistías fiscales, incluso aunque se tramitasen como ley ordinaria. Curiosamente, en aquella ocasión no se movilizaron jueces y fiscales contra lo que constituía una evidente quiebra de la igualdad entre los españoles. El PP nunca pidió perdón por haber aprobado esa amnistía. Por el contrario, intentó justificarse con el argumento torticero de que el TC sólo había declarado inconstitucional el procedimiento utilizado para su aprobación, no la iniciativa en sí.

No entraré en la constitucionalidad o no de la ley de amnistía del procés. Serán los magistrados del TC los que decidan. Puedo entender el sarpullido que a muchos les produce la nueva ley, sobre todo cuando desde Junts y ERC proclaman victoria y reafirman su anhelo independentista. Puedo entender también las críticas que se hagan a las veleidades del presidente Sánchez, que se presentó a las elecciones con una posición contraria a la amnistía. Mi opinión personal es que, si bien es cierto que Sánchez ha actuado por motivaciones de supervivencia política, su estrategia ha conseguido de momento desinflamar la crisis en Catalunya, como quedó patente en la calma que presidió las recientes elecciones autonómicas. Que Puigdemont o Junqueras mantengan sus posturas secesionistas no me inquieta mientras acepten encauzar sus aspiraciones por las vías democráticas. Lo que sí me preocupa, y mucho, como demócrata es ver cómo en el CGPJ y en algunos círculos de jueces y fiscales se han producido movilizaciones públicas contra la amnistía, en un conato de sublevación judicial, cuando lo que corresponde a togados y fiscales es cumplir disciplinadamente las leyes que se aprueben en el órgano donde reside la soberanía popular, que es el Parlamento. Y si tienen alguna duda honesta en la aplicación de la norma, existen los mecanismos constitucionales para despejarlas, como ellos bien saben.

Tres amnistías: una impulsada por UCD, otra por un pacto PSOE-Junts-ERC, otra por el PP. Las dos primeras, relacionadas con situaciones políticas muy complejas: el paso del franquismo a la democracia y la superación, por lo menos de manera transitoria, del trauma del procés. La tercera pretendía recaudar fondos favoreciendo a los evasores fiscales mediante una quiebra de la justicia y equidad tributarias consagradas en el Titulo I de la Constitución. La única que ha sido declarada inconstitucional es la tercera. Una amnistía de las que le gustan a la derecha.

El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana comparte el criterio de la Fiscalía Anticorrupción sobre la necesidad de mantener el embargo del patrimonio económico del exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa, cuya fortuna oculta afloró a raíz de la regularización de 1,2 millones de euros tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012 aprobada por el gobierno del PP y posteriormente declarada inconstitucional.

La institución, que ejerce la acusación particular en el denominado “caso Hulla” que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo por el presunto desvío de fondos públicos, se suma así a la petición fiscal para que se mantenga esta medida cautelar.

El Montepío pretende así que, a través del embargo, se puedan garantizar las posibles responsabilidades civiles que pudieran fijarse en el supuesto de que finalmente el procedimiento derive en una sentencia condenatoria.

Además de las posibles indemnizaciones, el Montepío quiere asegurar los futuros decomisos sobre “la presunta ganancia ilícita de Fernández Villa”, subraya.

La magistrada-jueza María Begoña Fernández investiga el supuesto desvío de fondos públicos “a través del sobrecoste del proyecto y falseamiento de las certificaciones de obra” de la construcción de la residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller.

Las obras de la residencia fueron financiadas con cargo a los fondos mineros después de que se modificase el decreto que regulaba su concesión.

La investigación judicial

En esta causa están investigadas una veintena de personas, entre ellas el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, considerado 'mano derecha' de Fernández Villa, quien también se acogió a la amnistía fiscal aunque, en su caso, la cantidad regularizada ascendió según los informes policiales a 436.000 euros.

El Montepío ha emitido este viernes un comunicado donde anuncia su adhesión parcial al recurso de reforma presentado el pasado día 9 de abril por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada.

En este escrito, puntualiza que con su adhesión no cuestiona el criterio de la titular del juzgado al dictar el auto por el que acordó por razones médicas el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias de investigación abiertas al exsecretario general del Sindicato Obrero Minero de Asturias (SOMA-UGT) por el “caso Hulla”.

El comunicado hace hincapié en que la adhesión al recurso se realiza “en la mejor defensa de los derechos e intereses de la institución” para que no se levanten las medidas cautelares que se adoptaron respecto a Fernández Villa en su calidad de investigado.

La magistrada-jueza se basó en un informe forense que llegaba a la conclusión de que el deteriorado estado de salud de Fernández Villa le impediría seguir el procedimiento sin las debidas garantías, ya que le resultaría inviable su comprensión y para no situarle en un estado de indefensión.

En la causa se investiga si los hechos pudieran ser constitutivos, entre otros, de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad de documento oficial, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación y cohecho.

¡Buenos días!

Ya hay Gobierno progresista de coalición y muchos objetivos por delante. No se presenta una legislatura fácil y el Ejecutivo va a tener que sortear muchos obstáculos. El presidente, Pedro Sánchez, ha redoblado en su gabinete la importancia de los asuntos económicos con cuatro vicepresidentas y un conjunto de ministros que tendrán que abordar importantes desafíos en vivienda, pensiones, fiscalidad, empleo, industria, desigualdad y en la doble transición energética y digital. Aquí te explicamos los retos económicos del nuevo Gobierno de coalición. 

Hace pocos días estuve cenando con un lobista que aseguraba que ya había organizaciones empresariales buscando fórmulas con PNV y Junts para rebajar las tentativas progresistas del nuevo Ejecutivo. Aunque coincidimos en que Pedro Sánchez es un auténtico superviviente, mi querido lobista me recordaba la poderosa influencia del mundo económico-empresarial en ambas formaciones nacionalistas, que habían renovado su capacidad para cerrar la puerta a numerosas leyes o hacer tambalear al nuevo Gobierno. 

Ante la incertidumbre previa a la investidura, la patronal CEOE se cerró en banda ante medidas, como la reducción de la jornada laboral, que se recogían en los acuerdos PSOE-Sumar. Con la consecución de la presidencia del Gobierno, toca otra estrategia: mucho lobby y proactividad ante lo inevitable. Por eso, la patronal ha sido la primera en dar el paso con una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3% anual para 2024 y 2025, en línea con lo pactado para el resto de remuneraciones en el gran acuerdo de negociación colectiva firmado con los sindicatos el pasado mayo.  

Otra cosa es cómo van a responder ante la política fiscal del Gobierno. Hay una reforma impositiva pendiente (con un libro blanco realizado por expertos guardado en un cajón), pero el problema es que los altos beneficios de las empresas están marcando hasta la posición de los organismos internacionales. La OCDE ha avalado que el tipo mínimo del 15% de Sociedades, que se plantea instalar a nivel global, se aplique también en países como España. En un informe, el organismo ha evidenciado que buena parte de los beneficios tienen una imposición baja por lo que da argumentos al Gobierno de coalición para que este tipo mínimo se aplique sobre el beneficio.

Otra de las instituciones que favorecen la visión económica del Gobierno de coalición es el Banco Central Europeo, quién lo diría. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha pedido a las empresas que resten a sus márgenes de beneficio las subidas de salarios para no retroalimentar la inflación. “Si las empresas absorben el aumento de los salarios en sus márgenes, los sueldos reales recuperarán parte de sus pérdidas pasadas sin que la subida se traslade completamente a la inflación”, expuso Lagarde. Conclusión: hay beneficios extraordinarios, dedíquense a repartir las ganancias. 

Cada vez que habla sube el pan

Su conversión en exacciones permanentes supone admitir que estamos, en realidad, ante multas a sectores que le resultan antipáticos a los socios de Gobierno

Ángel de la Fuente — Director de Fedea

Aunque hay gente que responde a otros estímulos. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha salido en tromba a criticar el acuerdo que han cerrado los socios del nuevo Gobierno. Este think tank admite que todavía es pronto para conocer el alcance de algunas medidas, pero su director, el economista Ángel de la Fuente, no ha tenido reparos en denominar “multas” a la ampliación en el tiempo de los impuestos a la banca y a las compañías energéticas. Ahora bien, es bueno saber quién está detrás de este lobby. En el patronato, los que ponen el dinero, están Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell, cuatro de los principales bancos de España, entre otras empresas. El presidente del patronato y la comisión ejecutiva es José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank. Como ellos mismos dicen, estos bancos pretenden con su aportación a Fedea “crear las condiciones para que surjan nuevas ideas que informen el diseño de la política pública española”.  

En el mismo informe, el director de Fedea señala que parece improbable que lo propuesto en el acuerdo pueda hacerse sin desequilibrar las cuentas públicas, en contra de lo que va a exigir la Unión Europea con la reactivación de las reglas fiscales en 2024. Pues bien, Bruselas ha avisado de que sin los impuestos a la banca y a las grandes fortunas España se aleja del objetivo de déficit: aquí te lo explicamos.

El Dato

3.300 millones de euros

Serían los ingresos adicionales que tendría la Administración Pública española si se elimina el beneficio fiscal que tienen la educación y la sanidad privadas: no pagan IVA. Aunque varios organismos han constatado que esta exención beneficia sobre todo a las rentas altas, se inclinan por mantenerla ya que si no aumentarían los usuarios de los servicios públicos y podría provocar una distorsión en la competencia entre el sector privado y el público. De todas maneras, estos mismos organismos abogan porque el IVA, al ser el impuesto menos progresivo, sea más alto, con tipo único y se compense a las rentas bajas por el incremento impositivo. Aquí tienes más información sobre el IVA de la sanidad y educación privadas. 

No estaría mal que a todos los que le duele España, también se enervaran con otras amnistías, como la fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Se acogieron a este perdón tributario 31.484 particulares y empresas, todos muy patriotas, que afloró 40.000 millones de euros ocultos, pero la recaudación para el fisco solo fue 1.200 millones. En esta amnistía fiscal, que puso en marcha Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, muchos de los beneficiados pagaron menos del 3% por el dinero que habían escondido. 

Nuestro periodista Antonio M. Vélez ha conseguido poner nombre y apellido a 100 beneficiarios de esta amnistía fiscal, que el Tribunal Constitucional declaró “nula” e inconstitucional en 2017. Son el 0,3% de los más de 31.000 declarantes que legalizaron dinero negro. Pincha en este enlace si quieres saber quiénes son el centenar de beneficiarios de la amnistía fiscal del PP.

 El Gráfico

Si el intervencionismo del Gobierno es una de las principales críticas del mundo empresarial, hay datos que invitan a empujar al Ejecutivo a meter mano (de forma temporal) en la economía. Apenas 20 productos y servicios de los 199 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene en cuenta para calcular el IPC (Índice de Precios de Consumo) explican casi el 90% de las subidas de precios acumuladas este año. Solo los bares, las gasolineras, el aceite y la fruta son responsables de la mitad de toda la inflación en lo que va de 2023. Sabiendo esto, ¿no tendría sentido que el Gobierno interviniera de forma temporal algunos mercados reduciendo precios para rebajar la inflación? En este reportaje te damos datos e información sobre la inflación en pocos productos y cómo se puede luchar contra la subida de precios.

Entrepreneur

Era el último de una saga de criptomillonarios, que finalmente también ha caído. Los principales magnates de las criptomonedas han perdido gran parte de su fortuna y viven acosados por demandas de fraude solo dos años después de que el bitcoin les colocara entre las personas más ricas del planeta. Ha sido el final de un viaje salpicado por fraudes, quiebras y cárcel.  Changpeng Zhao se mantenía hasta ahora como el superviviente de este grupo de 'entrepreneurs'. El director ejecutivo y fundador de Binance ha terminado aceptando declararse culpable por blanqueo de dinero y dimitir de su puesto. El movimiento deja descabezada la mayor bolsa de criptomonedas que queda en pie tras la crisis del sector, pero que tendrá que pagar además 4.300 millones de dólares. Aquí te contamos la caída de Changpeng Zhao, el último gran señor de las criptomonedas.

Letras que son un tesoro

“La energía es, en todos los países, un asunto de seguridad nacional”. Por este motivo, esta semana os recomendamos el libro La sangre que mueve el mundo: Geopolítica del petróleo y del gas (Ariel), de Miguel Golmayo, militar desde hace cuatro décadas y experto en energía e inteligencia militar. El desembarco de Somalia en 1992 le abrió los ojos sobre cómo los intereses de la industria petrolera de Estados Unidos guían la política exterior de la primera potencia mundial. En este libro analiza quiénes son los beneficiarios y perjudicados por las consecuencias de conflictos bélicos y su impacto en el mercado energético. Un ejemplo: subraya que “está claro” que la voladura de los gasoductos Nord Stream benefició a EEUU y Ucrania. Aquí tienes una entrevista con el autor de este libro que muestra cómo los hidrocarburos mueven las placas tectónicas de la geopolítica y la economía global.

Bien público

Sam Altman ha sido el protagonista en el mundo de las noticias económicas. Su salida y regreso de OpenAI se estudiará en las escuelas de negocio por la pésima gestión del consejo de administración de la compañía. El pasado 17 de noviembre, esta empresa puntera en Inteligencia Artificial (IA) lanzaba un comunicado señalando que “la junta directiva ya no tiene confianza en su capacidad para seguir liderando OpenAI”. No quedaban claros los motivos de la salida abrupta del director ejecutivo y alma de la empresa. Dos días después, Microsoft, el principal inversor en OpenAI, anunciaba por sorpresa que contrataba a Altman para liderar su equipo de investigación en inteligencia artificial avanzada. Habría más sorpresas. El mismo día, 550 empleados de los 700 con los que cuenta OpenAI firman una carta en la que amenazan con marcharse si el consejo no dimite inmediatamente después de traer a Sam Altman de vuelta. Es la paradoja de esta historia: una empresa que se dedica a la IA no puede prescindir del capital humano, es su bien más valioso. La suerte está echada. Los miembros del consejo de administración son destituidos y Altman vuelve con más poder en la compañía. La cuestión es: ¿qué tiene Sam Altman que lo hace imprescindible para liderar la compañía que ha creado el mayor terremoto tecnológico de la última década? En este perfil que ha hecho Carlos del Castillo te lo desvelamos. 

Nos gusta la competencia

Ahora os ofrecemos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aquí terminamos por esta semana. Volveremos el próximo jueves con más información. Mientras, si tienes alguna idea o propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es

¡Buena semana!

Apúntate a Contraoferta, todos los jueves en tu buzón

Acepto las condiciones de uso y privacidad

Apúntate

Un centenar de nombres. El 0,3% de los más de 31.000 declarantes que legalizaron dinero negro pagando a Hacienda, en ocasiones, menos del 3%. Es la mínima proporción de beneficiarios conocidos de la amnistía fiscal que el gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, lanzó en 2012, y que el Tribunal Constitucional anuló en 2017.

El último nombre que ha salido a la luz es el de un narcotraficante gallego, Ángel Toirán, condenado en firme por el Tribunal Supremo y que en noviembre de 2012, al poco de salir de prisión, regularizó 90.000 euros en efectivo con esa medida. Su nombre ha trascendido por una reciente condena por blanqueo de capitales en la que consta que presentó una declaración tributaria especial (DTE), el nombre técnico de la amnistía. 

Con él se eleva a unos 100 el escaso recuento de beneficiarios que ha trascendido, con lo que más del 99% de los agraciados siguen bajo secreto. Los que se conocen han aflorado gracias básicamente a procedimientos judiciales e investigaciones periodísticas.

En 2017, tras la sentencia que declaró inconstitucional la amnistía, elDiario.es publicó una recopilación de 60 nombres. Entre ellos había personas vinculadas a la corrupción del PP como Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo o Edmundo Rodríguez, junto a varios miembros del clan Pujol o el sindicalista José Ángel Fernández Villa. También bastantes empresarios, pequeños y grandes.

Investigaciones periodísticas como la de Los Papeles de la Castellana o Los Papeles de Panamá destaparon la amnistía de varios miembros de la familia Borbón, grandes fortunas españolas como los Gallardo, dueños de los laboratorios Almirall y con importantes intereses en la sanidad privada (suya fue la mayor cantidad regularizada conocida hasta ahora, 113 millones) y los Escarrer, dueños de la hotelera Meliá. También la terrateniente Micaela Domecq, que se acogió a esa medida cuando su marido, Miguel Arias Cañete, se sentaba en el Consejo de Ministros que aprobó esa medida.

Posteriormente siguió un lento goteo de nombres que ha continuado hasta hoy. Uno de los últimos que ha salido a la luz es el de Aurelia Sancho, viuda del banquero Arturo Romaní, ex mano derecha de Mario Conde condenado como él en el caso Banesto.

Sancho, ya septuagenaria, fue condenada el pasado verano por la Audiencia Nacional a una multa de 2,8 millones por blanqueo, como avanzó El Periódico. Según la sentencia, regularizó 1,2 millones que ocultaba en cuentas y fundaciones de Liechtenstein y Suiza.

También este año ha aflorado la amnistía de un millonario semidesconocido, Juan Escoda, que canaliza importantes inversiones en ladrillo a través del family office Twin Peaks junto a su hermana, Mercedes Escoda, bien relacionada con la burguesía catalana. A Juan Escoda la inspección le cazó fingiendo su residencia fiscal fuera de España en 2013. 

La sentencia que dictó en mayo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Barcelona es contundente: fingiendo su residencia en Andorra, trató de defraudar al Fisco al recibir en noviembre de 2013 una donación en vida de su abuela de más de 30 millones procedentes de Suiza, según la sentencia.

“Que la mayor parte de intereses económicos del actor radicaba para aquel año en España resulta acreditado en base a cifras apabullantes, que evidencian la titularidad de un patrimonio multimillonario” y “rendimientos que no encuentran el más mínimo parangón en Andorra, ni en Suiza”, dice el TSJ.

También este año diversos litigios ante la justicia han aflorado la amnistía de, entre otros, los dueños de Daymi Kapital, una inmobiliaria aparentemente inactiva (sus últimas cuentas presentadas son de 2008) que en 2022 apareció en la lista de morosos de Hacienda con más de 2,4 millones de deuda; o la DTE que (con varias cantidades que luego Hacienda se negó a regularizar) presentó un ex socio de auditoría de la consultora KPMG en Madrid.

Otro caso que ha salido a la luz es la DTE que presentó Armando Muñoz Utiel, un empresario que regularizó 1,84 millones y al que luego Hacienda cazó tras detectar que había regularizado una supuesta deuda con documentos falsos mediante operaciones con sociedades offshore y cuentas en Mónaco. Según publicó El Confidencial en 2019, siendo “un perfecto desconocido” Muñoz se quedó lo que quedaba de ZED tras la liquidación del entramado societario de los hermanos Pérez Dolset. 

Detergentes Colón

El goteo de nombres en los últimos meses ha sido lento, pero constante. En junio de 2022, otra sentencia del TSJ barcelonés afloró la DTE presentada por varios miembros de la familia Camp, expropietarios del fabricante de jabones del mismo nombre en Granollers, el de los famosos detergentes Colón y Elena.

Los Camp dieron el pelotazo en 1989 al vender su empresa a la multinacional Reckitt Benckiser (que acaba de ponerla en venta) por 32.000 millones de pesetas (unos 192 millones de euros, sin contar la inflación) para luego dedicarse a negocios inmobiliarios. 

Con viejas cuitas con Hacienda desde hace décadas (en 1995 el Fisco dictó el embargo de bienes del fundador, el fallecido Josep Camp Puigdomènech, por una deuda tributaria de 1.500 millones de pesetas), varios de los hermanos Camp han figurado también en las últimas listas de morosos del Fisco. En la de 2023, aparecía la herencia yacente de José Camp Puigdomènech con una deuda de 4,76 millones.

En 2021 la investigación Pandora Papers reveló la amnistía del entrenador de fútbol Pep Guardiola y en 2020 trascendió la de Albert Mitjá, ex alto cargo de Jordi Pujol. Un año antes, la de Juan Francisco García, ex presidente del CB Estudiantes y ex jefe de Gabinete del exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana. 

Otros nombres conocidos son los de la Familia Franco (que regularizó 7,5 millones a través de una de sus sociedades, Montecopel, como reveló en 2018 Vozpópuli) o expolíticos locales como Arturo Sanz Millán, un exalcalde franquista de Majadahonda (Madrid) que luego fue alto cargo de José María Aznar y después fue condenado por una estafa a gran escala con la venta de gasolina; o José Manuel Méndez Freijo, ex alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) condenado por el Supremo por cohecho y prevaricación.

También trascendieron tras la sentencia del Constitucional las amnistías de pequeños empresarios como José Antonio Conde, aún hoy presidente de la patronal gallega de moda. O Salustiano Martínez Rey, propietario de la cadena de zapaterías Lola Rey, muy implantada en la Comunidad de Madrid. O los dueños de la riojana Cartonajes Santorromán, entre ellos, el actual presidente de la patronal de fabricantes de cartón ondulado, Leopoldo Santorromán.

La empresa de los Santorromán tiene la particularidad de incluir peculiares informes de gestión en sus cuentas anuales en los que arremete contra un gobierno de coalición “de ineptos” o una UE que tacha de “contubernio de estafadores”, entre otras salidas de tono.

El firmado el pasado febrero no defrauda: “Después de las subidas de impuestos, de la recaudación histórica por no deflactar, de la recuperación de los ingresos que se dio el año pasado, del aumento histórico de la deuda pública, de poner billetes en el mercado sin control, han aumentado los desequilibrios, siguen sin cuadrar las cuentas, y esa factura la van a pagar las empresas, los trabajadores en activo y nuestros hijos, que nos abandonarán para no pagar nuestras deudas y los errores cometidos por estos ineptos que nos gobiernan, y los mercenarios que los pregonan y arropan”. Es textual.

Entre los pequeños empresarios anónimos que se acogieron a la amnistía destaca la cantidad de médicos y dentistas cuyas DTE han aflorado. Entre ellos, la familia Codina Marcet, dentistas en Lleida que regularizaron 5,6 millones, o un doctor de Logroño, Javier Sarobe, que legalizó 2,6 millones. De su clínica la Agencia Tributaria destacó el “altísimo nivel de fraude” con el que operaba, según una sentencia de 2018. 

Tras la amnistía, y después del shock de la pandemia, varios pequeños empresarios lograron que el Estado les avalara importantes préstamos, como hicieron los Franco, los Gallardo, los Escaller o la esposa de Cañete. Todos ellos, junto a otros como el aristócrata y terrateniente Juan de Borbón o los dueños de las Pipas Facundo recibieron cuantiosas subvenciones públicas tras presentar la DTE. 

Entre los empresarios amnistiados que luego recurrieron a los préstamos ICO estuvo Juan José Guisado, fallecido en 2021 y muy relacionado con la comunidad andaluza en Catalunya. O los hermanos Ramió, vinculados a una cárnica catalana, Friselva, y que pese a ser muy poco conocidos están en el puesto 359 de mayores fortunas españolas, según el último ranking de ricos de El Mundo.

Otros nombres que han aflorado (y que también obtuvieron subvenciones tras ir a la amnistía) son los de Alejandro Massó, dueño del fabricante de los bañadores Turbo, o los hermanos Salgado, propietarios de un mayorista gallego de joyería, A. Salgado Nespereira, y del fabricante de cepillos La Ibérica.

A la medida se acogieron 31.484 particulares y empresas. Afloró 40.000 millones ocultos, pero apenas recaudó 1.200 millones. La sentencia que la declaró inconstitucional en 2017 no tuvo efectos prácticos para quienes regularizaron esos fondos. 

Pedro Sánchez prometió antes de llegar a Moncloa publicar la lista de beneficiarios, pero lo descartó nada más ser investido en 2018, con el argumento de que no había soporte jurídico para hacerlo con carácter retroactivo. Después el Gobierno socialista aprobó una reforma legal para prohibir las amnistías por ley que muchos calificaron de brindis al sol.

Un narcotraficante gallego, Ángel Toirán, condenado en firme por el Tribunal Supremo en 2007, se acogió en noviembre de 2012, semanas después de salir de prisión por una de sus condenas, a la polémica amnistía fiscal aprobada ese año por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Toirán, el primer narco conocido en la lista secreta de amnistiados, no es uno de los grandes nombres del narcotráfico gallego, como los Miñanco, Oubiña o Dorado, el de las famosas fotos con Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP.

Su historia ocupa unos párrafos en Fariña (Libros del KO). El libro del periodista Nacho Carretero que inspiró una serie de televisión definía a Toirán como “un narco de Lugo sin recorrido en los 90” al que cazaron como cabecilla de una frustrada descarga en 2001 de dos toneladas de cocaína procedentes del cártel de Cali con destino a la Ría de Arousa.

En 2007, el Supremo condenó a Toirán a 14 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Fue considerado el máximo responsable de la llegada de ese alijo de 2.197 kilos procedente de Colombia que Vigilancia Aduanera interceptó en noviembre de 2001 a bordo de un pesquero, el Rapanui, a 400 millas del cabo de San Vicente.

Que esté en esa lista de amnistiados por el Fisco, cuya identidad nunca se hizo pública, es llamativo por tratarse del primer narco del que se sabe que se acogió a esa medida de gracia de Montoro. Su “declaración tributaria especial”, el eufemismo que el Gobierno de Rajoy utilizó para esa amnistía, posteriormente declarada inconstitucional, consta en una sentencia dictada el 17 de octubre por la Audiencia Nacional.

En ella se recoge que el 27 de noviembre de 2012 Toirán presentó una “Declaración tributaria especial (Regularización con la Hacienda pública-Modelo 750)” con la que regularizó 90.000 euros de dinero en efectivo “de ignorada procedencia” tras obtener la libertad condicional en agosto de ese año, después de ocho años en prisión.

Como recuerda la sentencia, Toirán “se ha venido dedicando durante los últimos años al tráfico ilícito de drogas a gran escala”. En 1992 ya fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 9 años. Tras la aprehensión del alijo del Rapanui, fue puesto en busca y captura por el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional.

Finalmente fue detenido en 2004 en un control rutinario de la Guardia Civil en una carretera de Asturias. Llevaba 25.000 euros en metálico, documentación falsa y dos pistolas. Tenía detrás a la Justicia española y a sicarios colombianos.

2,2 millones blanqueados

La Sala de lo Penal acaba de condenarle a dos años de prisión y multa de 1.110.641,08 euros por el blanqueo de más de 2,2 millones procedentes del narcotráfico a través de varias empresas dedicadas a la venta de gasoil y al inmobiliario.

Las diligencias se incoaron tras una denuncia de funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, al detectar 447.816 euros de ingresos declarados que “no son reales o no tienen justificación económica legal”. 

De los informes de ese organismo se desprende que hasta 2012 Toirán “no obtenía apenas rentas significativas. Durante los años 1998 al 2004 estuvo de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social y entre 1998 y 2011 no declaró rendimientos ni por trabajo personal ni por rendimientos de ninguna actividad económica”. 

“Desde el año 2000 hasta el año 2010 no presentó declaración por IRPF y en el año 2011 presenta la declaración del IRPF, declarando únicamente la obtención de un rendimiento de capital mobiliario de 1,90 €”.

Tras acogerse a la amnistía fiscal, “constituyó y capitalizó con dinero procedente del narcotráfico” varias sociedades con “dinero de ilícita procedencia”, porque “en las fechas en que comenzó a crearlas carecía de ingresos o rentas de procedencia lícita, ya que acababa de salir de prisión”. 

Entre ellas estaba una empresa de distribución de gasóleo, Gasogal, SL, que adquirió en 2013 por poco más de 500 euros y que entonces arrastraba “importantes deudas”, según la sentencia.

Ese año, siendo todavía un asalariado y sin fondos de origen legal que pudieran respaldarlo, constituyó una sociedad en el paraíso fiscal de Seychelles en la que desembolsó 100.000 dólares.

Su objeto social era “elaborar un plan estratégico y de marketing para sociedades que estén interesadas en ampliar su cartera de productos con propuestas sobre diferentes metodologías para adquirir medios de comunicación”.

Con ella abrió dos cuentas en el banco austríaco Meinl Bank en las que se detectaron ingresos realizados en 2014 por compañías offshore de Chipre, Isla de Nieves e Islas Vírgenes Británicas. Ese año, en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional incoó diligencias previas para investigar a Toirán a partir de un informe-denuncia de los funcionarios de vigilancia aduanera.

Entretanto, entre los años 2013 y 2015 realizó aportaciones en efectivo a Gasogal SL por importe total de 237.940,76 €, más dos préstamos personales de más de 60.000 euros.

También utilizó esta sociedad para contraer un préstamo de 364.000 euros con una firma del usurero Antonio Arroyo, calificado hace años por la policía como “uno de los mayores estafadores de España”. Y, siempre según la sentencia, luego Toirán “descapitalizó totalmente” esa empresa de gasoil en favor de otras sociedades que llevan años intervenidas por un Administrador judicial.

En 2016, se lanzó a comprar bonos venezolanos. También “aparentó cobrar 200.000 €” de un décimo agraciado con el primer premio de la Lotería del Niño que había adquirido una vez celebrado el sorteo.

Los fondos blanqueados los destinó a comprar inmuebles en Galicia, Madrid o Sotogrande (Cádiz). A finales de 2021 se dictó auto de apertura de juicio oral contra él y varias de sus sociedades, que también han sido condenadas.

La amnistía, tal y como advirtió entonces el Ministerio de Hacienda, dejaba fuera del perdón fiscal a las actividades no declaradas al Fisco que tuvieran origen ilícito.

Los 705

En 2015, por ejemplo, trascendió que la Agencia Tributaria había remitido al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) los expedientes de 705 contribuyentes VIP acogidos a la medida sospechosos de haber lavado dinero negro. Entre ellos, el exvicepresidente Rodrigo Rato. La oposición exigió entonces la publicación de ese listado, sin éxito.

Meses después, se acercaban los cuatros años de prescripción y Ciudadanos (entonces clave para mantener a Rajoy en el poder) reclamaba que los amnistiados pagaran un 10%, en lugar del 3% del que disfrutaron gracias a un polémico informe sin firma de la Dirección General de Tributos y el artífice de la amnistía.

Entonces, Cristóbal Montoro, anunciaba el envío de cartas a los más de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la medida para informarles de que no había “caducidad en ese procedimiento” y no existía “prescripción al respecto de posibles y futuras investigaciones”. Para entonces, la Audiencia ya llevaba años detrás de Toirán.

A la amnistía se acogieron 31.484 particulares y empresas que legalizaron dinero negro pagando al Fisco, en ocasiones, incluso menos de un 3%. El resultado fue que la medida afloró 40.000 millones ocultos pero apenas recaudó 1.200 millones. Fue declarada inconstitucional en 2017, aunque sin efectos prácticos para quienes regularizaron esos fondos. 

Pedro Sánchez prometió antes de llegar a Moncloa publicar la lista de beneficiarios, pero lo descartó nada más ser investido en 2018, con el argumento de que no había soporte jurídico para hacerlo con carácter retroactivo. Después el Gobierno socialista aprobó una reforma legal para prohibir las amnistías por ley que muchos calificaron de brindis al sol.

En los últimos años, solo han trascendido unas decenas de nombres de beneficiarios de la amnistía gracias a procesos y sentencias judiciales, investigaciones periodísticas y alguna filtración.

En esa lista hay numerosos políticos, nombres como los de la familia Franco y muchos empresarios y algunas de las mayores fortunas españolas. Ahora acaba de sumarse un narco. Pero la identidad de más del 99% de los agraciados permanece oculta bajo llave.

La riojana Cartonajes Santorromán, cuyos dueños se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, no se explica los resultados récord que ha alcanzado, dice, pese a un gobierno de “ineptos” y sus medidas “en contra de la ortodoxia económica elemental”. En los últimos años, esta pyme familiar riojana ha trufado sus informes de gestión de furibundos ataques al Ejecutivo progresista, la UE, “el virus chino”, “los vagos” o “la voracidad recaudatoria”. Sus últimas cuentas siguen en esa línea.

En noviembre elDiario.es recopiló las diatribas que los gestores de esta empresa con sede en Calahorra y cuatro décadas de existencia vienen incluyendo desde hace años en las cuentas que envían al Registro Mercantil, con un tono insólito para esos documentos. Las de 2021, recientemente depositadas y accesibles a través de Insight View, no decepcionan.

“Produce perplejidad que en España con unas fuerzas políticas ineptas, comunistas o socialistas, y los otros perdidos, lo que usted prefiera y tomando decisiones en contra de la ortodoxia económica elemental, 2021 haya sido un año de récord en todos los aspectos para nuestra empresa, ventas, producción, empleo, beneficio; sigo sin entenderlo”, dice el informe, fechado el pasado 18 de febrero.

“Conclusión de un año inesperado: ¡increíble!”, arranca. “El hilo conductor del año fue la epidemia del ”bicho chino“ variante n+1. No me acuerdo de cuantas olas y cuantas medidas torpes, inconexas, contradictorias, se adoptaron, influyendo en los ritmos de trabajo y, en determinados sectores económicos para mal, pero a pesar de ello, crecimiento positivo en todos los datos de esta empresa”, continúa.

Todo ello, pese a “la tensión en el suministro y precio de todas las materias primas que usamos”, del papel a la tinta; una “mano de obra nueva para incrementar la capacidad de producción, poca y sin capacitación intelectual o profesional. Imposible emplearla”.

Y los suministros con los costes disparados, de los palés a una energía “sin techo en su precio. No nos contaron nuestros iluminados gobernantes europeos o nacionales, que lo de ser verde es muy caro además de inconsistente. Bueno esto ahora lo han arreglado convirtiendo el gas, de nuestro ”fiable“ proveedor argelino, y la energía nuclear, en verdes: de chiste”.

Por su parte, “los plazos de pago y cobro se han mantenido sin cambios destacando la morosidad próxima a cero, extrañamente: deben estar regalando billetes por algún sitio…”

La facturación de la empresa creció un 21%, hasta cerca de 43 millones, ya que pudo trasladar los aumentos de precios a sus clientes. “Como consecuencia, cerramos el año con un incremento del beneficio contable del 11,47% aproximadamente”, con un resultado positivo de 3,7 millones, “que supone un rendimiento sobre cifra de negocio similar al del año pasado. Más de 1 millón para las sanguijuelas fiscales”.

El SMI, “la sal colorada y las ranas sordas”

No todo son buenas noticias. “Hay anuncios que producen escalofrío: el aumento de impuestos en España porque, según ellos, pagamos poco; somos el tercer país del mundo con mayor imposición fiscal sobre renta disponible”, asegura.

“El SMI hay que subirlo a 1.200 €; más que algunos países que nos superan en PIB per cápita. Van a destinar millones europeos a proyectos vacuos como la Ciudad del Envase [ubicada en Calahorra], el coche eléctrico, la ruta del vino o el estudio de la sal colorada y las ranas sordas, cualquier cosa que se les ocurra para crear más dependientes, más votos…; me recuerda al plan E del inepto integral llamado ZP”.

Un año más, las cuentas de Cartonajes Santorromán incluyen salvedades de su auditor (Grant Thornton) por no informar de las operaciones con su accionista minoritario, la papelera Saica, ni de los sueldos y posibles conflictos de interés de sus directivos, ni sus participaciones en dos sociedades que tiene valoradas en 1,4 millones.

La empresa se dedica desde hace cuatro generaciones a la fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de productos realizados en cartón ondulado, muy utilizado por la industria alimentaria o el comercio electrónico. El patriarca, Leopoldo Santorromán Blázquez, ejerce como presidente y su hijo, Leopoldo Santorromán Saldaña, es consejero delegado.

Este último también preside desde 2008 la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO). Integrada en la CEOE, esta patronal representa a 71 empresas con una facturación directa de 3.680 millones de euros y 11.312 empleos directos, según su web. 

Ambos están entre los empresarios que tras haber regularizado dinero negro en la amnistía fiscal que el PP lanzó en 2012 han recibido ayudas públicas en los últimos años. Entre ellas destacan los préstamos ICO avalados por el Estado.

Cartonajes Santorromán fue distinguida en octubre de 2019 como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar. En 2016, a su consejero delegado se le pudo ver junto al entonces vicesecretario de Comunicación del PP y luego máximo responsable de los populares, Pablo Casado, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO).

Meses antes, en 2015, la patronal, la propia empresa y otras 17 competidoras fueron multadas con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La Audiencia Nacional anuló la sanción en enero de 2019 por un defecto de forma.

La amnistía fiscal de sus dueños afloró en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: “El fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos” se acogieron a la amnistía “mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros”, decía esa resolución.

“Estas rentas no declaradas no pudieron tener otro origen que las ventas no declaradas de Cartonajes Santorromán, SA”, añadía. En 2019, la Abogacía del Estado presentó un escrito solicitando autorización judicial para que la Agencia Tributaria pudiera registrar las dependencias de la empresa. El Fisco había detectado “voluminosas operaciones sumergidas o con dinero B” por parte de Cartonajes Santorromán, que consiguió tumbar esa inspección en los tribunales.

Empresarios acogidos hace una década a la amnistía fiscal han logrado aval del Estado a deudas de cientos de millones de euros con las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), puestas en marcha en 2020 para dar liquidez de emergencia a las empresas tras estallar la pandemia.

Según datos del Ministerio de Hacienda, del escaso centenar de nombres de beneficiarios de la amnistía que ha trascendido, más de una veintena ha recurrido a esos avales ICO, con préstamos que suman cerca de 550 millones. 

Más de dos tercios de esa cifra, unos 426 millones, corresponden a empresas del grupo hotelero Meliá, perteneciente a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, ahora en plena recuperación.

Los máximos accionistas de Meliá, la familia Escarrer (dueña del 54% del grupo), acudieron a ese perdón fiscal, como reconocieron en 2016 tras destapar la investigación de Los Papeles de Panamá que tenían una red de firmas offshore con cuentas millonarias a través del despacho Mossack Fonseca. Entre los beneficiarios estuvo el patriarca y fundador, el octogenario Gabriel Escarrer Juliá, que en septiembre recibió el premio Reino de España a la trayectoria empresarial de manos del rey Felipe.

Meliá es la mayor hotelera de España y uno de los grandes grupos turísticos mundiales, con más de 340 establecimientos y 90.000 habitaciones. Ante la pregunta de si es ético defraudar al Fisco durante años y pedir apoyos públicos de esta envergadura cuando las cosas se ponen feas, el grupo no se pronuncia por ser temas ajenos a la compañía, “aunque afecten a la familia del accionista mayoritario”. “En Meliá siempre hemos cumplido y cumplimos estrictamente con todas nuestras obligaciones fiscales y legales”. 

El actual primer ejecutivo y presidente de la patronal turística Exceltur, Gabriel Escarrer Jaume, aseguraba hace unos días a Expansión que Meliá prevé alcanzar “en dos o tres años máximo” los niveles de deuda anteriores al Covid reduciéndolos a la mitad: “Los vencimientos están cubiertos para 2023 y 2024 con la tesorería y las reestructuraciones que hemos llevado a cabo”. Los Escarrer tuvieron hasta 2017 una sociedad en Gibraltar con 67 millones en activos. La trajeron a España después de que elDiario.es revelara su existencia.

También han captado avales del ICO diversas empresas de los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, dos de las mayores fortunas de España. Principales accionistas de los laboratorios Almirall, regularizaron la mayor cantidad conocida en la amnistía, 113 millones, que ocultaban en bancos de Suiza y Mónaco a través de sociedades en Panamá, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana.

Los Gallardo han logrado avales del ICO para préstamos que suman unos 88 millones. La mayor parte, 78 millones, corresponde a sociedades de Vithas, uno de los mayores grupos de sanidad privada de España, con 11.300 profesionales, 19 hospitales y 31 centros médicos y asistenciales, según su web. La creación de este grupo se anunció una semana después de que el 14 de noviembre de 2012 ambos legalizaran ese enorme patrimonio offshore.

Los dueños de Almirall, con los que elDiario.es intentó contactar sin éxito, también han obtenido otros 9,8 millones en préstamos con garantía del Estado para sus sociedades hoteleras Alcotas Hoteles e Inversiones Naron 2003, la cadena Sercotel. Zentro Yoga Project, un espacio de yoga del que son accionistas y que preside una hija del financiero Javier de la Rosa, ha recibido otros 80.000 euros.

La investigación de los Papeles de la Castellana también sacó a la luz la amnistía de Borja Pérez Maura, ex vicepresidente de A. Pérez y Cía SL. Esta naviera, una de las mayores de España, y algunas de sus filiales, como Carmar, Copitrans, Estibadora Gallega o Progeco Bilbao, aparecen como beneficiarias de 7,4 millones en préstamos ICO.

Pérez Maura, nieto del presidente Antonio Maura, regularizó hace diez años 8,17 millones que ocultaba en una fundación en Liechtenstein y falleció en mayo de 2021. Fue un “monárquico ejemplar”, como le definió en su obituario en ABC su consuegro Ángel Corcóstegui: “Siempre se inspiró en su abuelo”, escribió el ex banquero, que hace 20 años recibió el mayor finiquito de la historia de España (108 millones) tras cesar como consejero delegado del Santander.

Un Borbón en los papeles

Los Papeles de la Castellana también desvelaron la amnistía de varios miembros de la familia Borbón, entre ellos, Pedro de Borbón dos Sicilias, que ha cobrado numerosas subvenciones públicas en los últimos años. Dos empresas del aristócrata e ingeniero agrícola, Gesytec (de la que es accionista) y Fast Falcons (administrador único), han recibido unos 188.000 euros en avales ICO.

Gracias a los Papeles de Panamá se conoció la amnistía de Josep María Caballé, dueño de Servigroup y considerado el gran hotelero de Benidorm. Sus sociedades Gestión y Explotación Hotelera SL y Garcisol SL figuran con 1,12 millones avalados por el ICO. A raíz de esa investigación se supo que también se acogió a ella Micaela Domecq, esposa del entonces ministro Miguel Arias Cañete.

Empresas vinculadas a la aristócrata han recibido 2,32 millones en préstamos ICO. 88.000 euros corresponden a su firma agrícola Cabaña de Vejer SL. El resto, a empresas de Havorad BV, sociedad que su familia tiene desde hace décadas en Holanda, calificaba hace años de “pantalla” por la Agencia Tributaria.

Destacan la alimentaria Juan Pedro Domecq Solís (que elabora los jamones del mismo nombre), con 1,42 millones, junto a otras como Athos (una de las primeras empresas que logró subvenciones al autoconsumo en Madrid) o Petrologis Canarias, que presidió Cañete hasta llegar al Gobierno de Mariano Rajoy. 

Otro ex ministro del PP, Rodrigo Rato, también acudió a la amnistía. El expresidente de Bankia y del FMI formó parte hasta finales de 2019 del consejo de una inmobiliaria familiar, Proina, que ha recibido 364.000 euros en préstamos ICO. Otro amnistiado conocido que salió a la luz por un procedimiento judicial (el caso Nummaria) es el arquitecto Rafael de la Hoz Castanys, cuyo estudio (AVA Arquitectura Técnica y Gestión SL) figura como receptor de 977.520 euros en préstamos ICO.

También regularizó dinero negro en la amnistía (7,5 millones) la familia Franco, a través de una de sus inmobiliarias, Montecopel, según detalló hace años en sus cuentas. Varias sociedades vinculadas a los descendientes del dictador aparecen con más de 3 millones avalados por el Estado, como Caspe 99 SL (186.240 euros), otra inmobiliaria administrada por su nieto Francisco Franco Martínez-Bordiú.

Otros casos son Arena Vacacional SL (113.520 euros en avales ICO), administrada por su bisnieto Juan José Franco Suelves, recientemente imputado por caza furtiva, según El Confidencial; los gimnasios Reto 48 (80.000 euros), en los que Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco, participó a través de una sociedad en Luxemburgo con la que se asoció con un dirigente de Vox.

Más ejemplos son Atocha Foods SL, administrada por otro bisnieto, Daniel Martínez-Bordiú Suelves, y dedicada a la hostelería (40.000 euros); o Imperium Servicios Globales, vinculada a otro joven miembro de clan y a la que la Guardia Real regó hace años de contratos públicos (33.600 euros). Destacan las de la familia Ardid Martínez-Bordiú, con fuertes intereses en el sector hotelero, como Breda Capital, vendida tras lograr 2 millones en avales, y otras como Ardam Hotels (240.000 euros).

También figuraba en un documento remitido a un registro mercantil, en este caso a Luxemburgo, la amnistía fiscal de la familia Castañer, propietaria del fabricante catalán de alpargatas del mismo nombre, que ha recibido 3,16 millones en avales del ICO. “Lamentándolo mucho, Castañer no está interesado en participar en este reportaje”, indicó una portavoz de la empresa.

Zapatos y helados

Otro empresario del calzado, Salustiano Martínez Rey, dueño de las zapaterías Lola Rey (muy implantadas en Madrid), regularizó 520.000 euros en efectivo en la amnistía. Dos empresas pertenecientes a Lola Rey SJ SL, su holding en Alcorcón (Madrid), figuran con 105.600 euros en préstamos avalados por el ICO: Sacramento Field Company (comercio al por menor de calzado) y Grecoyog SL (comercio de helados).

Su amnistía afloró por un pleito con Hacienda, como ocurrió con la de los dueños de la riojana Cartonajes Santorromán, que ha obtenido 1,1 millones en préstamos ICO. Sus propietarios (uno de ellos, presidente de la patronal sectorial AFCO) afloraron medio millón con la amnistía. La empresa, cuyos informes de gestión están trufados de invectivas contra los “ineptos” del Gobierno, “los vagos” o los impuestos, no ha querido atender a este medio. Tampoco la patronal AFCO, al ser un tema “ajeno a la actividad de la asociación”, según su portavoz, Patricia Vallejo-Nágera.

Otro procedimiento judicial sacó a la luz la amnistía de Juan José Guisado, fallecido en 2021 y muy vinculado a la comunidad andaluza en Catalunya. Tres empresas de las que era socio y administrador (entre ellas, Euroregalos Eurolotes SA, dedicada a la venta de lotes de Navidad) tienen 1,32 millones en créditos ICO. Guisado acudió a la amnistía junto a su esposa, como Alejandro Massó, administrador y propietario de la catalana Crotton SA, fabricante de los bañadores deportivos Turbo, que ha logrado avales por más de un millón. 

También en Catalunya acudieron a la amnistía los hermanos Ramió, vinculados a la catalana Friselva, uno de los líderes estatales de la carne de cerdo. En 2018 la empresa y uno de los hermanos fueron condenados por vía penal por un fraude fiscal de 7 millones. Friselva no aparece como receptora de avales ICO, pero sí dos cárnicas administradas por los Ramió: Gicarns SL (600.000 euros) y Agroporc 412 (350.000 euros).

Otro exponente de la industria alimentaria es Mariscos Castellar, una de las mayores empresas de Jaén, cuyo propietario, Francisco José García, acudió a la amnistía, y que ha recibido 4,2 millones en préstamos ICO. En el mismo sector, Distribuidora y Comercializadora de Pescados y Mariscos TEMIR SA, Congelados Altamar y Manet Import, que regularizaron casi 2 millones. Las dos primeras han recibido 3,64 millones en créditos ICO.

En Orense, los hermanos Salgado Pazos, propietarios del mayorista de joyería A. Salgado Nespereira, regularizaron 415.000 euros en efectivo en la amnistía. Dos empresas de la familia, Cepillos La Ibérica y Orenplast SA (fabricantes de cepillos y filamentos sintéticos) han recibido casi un millón en préstamos ICO. Unas ayudas “beneficiosas para la sociedad en previsión a que pudiera verse resentido el cobro de los créditos y ello diera lugar a una posible tensión de tesorería”, apuntan en sus cuentas. Se están destinando a “evitar ERTES y poder pagar con normalidad sueldos, salarios, proveedores, obligaciones tributarias, obligaciones financieras, alquileres y otras necesidades de financiación”.

Hay varios casos conocidos de médicos y dentistas que acudieron a la amnistía. El último que ha aflorado es el del fabricante barcelonés de implantes dentales Microdent, que regularizó 1.338.710 euros y ha obtenido créditos ICO por importe de 1,32 millones. O Ramón Xam-Mar, dentista de Lleida cuya empresa ha recibido 560.000 euros con aval del Estado. O Joan Pi Urgell, estomatólogo de Barcelona que regularizó más de 4 millones. Su empresa Koro Levu SL ha recibido otros 56.000 euros con garantía del ICO.

La punta del iceberg

Los cientos de millones de este recuento son la punta del iceberg, porque el listado de beneficiarios de la amnistía (31.484 personas y empresas que pagaron de media un 3% por el dinero defraudado no prescrito) es secreto. El PSOE prometió publicarlo en la oposición y renunció a hacerlo al llegar al Gobierno argumentando que violaría el secreto tributario.

El plazo para acogerse a la amnistía se cerró hace ahora 10 años, el 30 de noviembre de 2012. La medida del entonces ministro Cristóbal Montoro para reducir el déficit público fue declarada inconstitucional en junio de 2017, pero el fallo no tuvo efectos prácticos para sus beneficiarios.

Las líneas ICO desplegaron hasta mayo avales del Estado por importe de 107.102 millones para garantizar 140.627 millones en préstamos a través de 1.192.252 operaciones, de las que más del 98% fueron suscritas por pymes y autónomos.​ 

El Tribunal de Cuentas o el Banco de España han advertido sobre los potenciales impagos en estos préstamos, cuyo plazo de carencia ha empezado a vencer este año, a raíz del deterioro económico provocado por la guerra en Ucrania. En junio, el supervisor bancario elevó a 23.000 millones el importe dudoso o bajo vigilancia especial. Esto puede traducirse en un eventual quebranto para las cuentas públicas, ya que el Estado cubría un 80% del riesgo.

Una de las receptoras de avales ICO que han acabado quebrando es el fabricante oscense material eléctrico Transformaciones Cinca, cuyos socios afloraron medio millón en la amnistía. Su administrador único, José Antonio Navarro, legalizó unos 272.000 euros y estuvo en el cargo hasta octubre de 2021, cuando la empresa declaró concurso de acreedores tras recibir más de 900.000 euros en préstamos ICO. Ha entrado en liquidación este año.

“Un país de la UE ya está fuera de este contubernio de estafadores, tenemos un gobierno nacional de ineptos profesionales y gozamos de unas administraciones autonómicas y locales que hacen carrera en la torpeza, ineficiencia e idiocia”. Son afirmaciones recogidas en las últimas cuentas anuales remitidas al Registro Mercantil por Cartonajes Santorromán, empresa familiar riojana cuyos dueños se acogieron hace diez años a la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy.

Con sede en Calahorra y unos 200 empleados, la empresa se dedica desde hace cuatro generaciones a la fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de productos realizados en cartón ondulado, muy utilizado por la industria alimentaria o el comercio electrónico. En ella, el patriarca, Leopoldo Santorromán Blázquez, ejerce como presidente y su hijo, Leopoldo Santorromán Saldaña, es consejero delegado.

Este último preside desde 2008 la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO). Integrada en la CEOE, esta patronal representa a 71 empresas con una facturación directa de 3.680 millones de euros y 11.312 empleos directos, según su web.  

Los Santorromán, que contactados a través de AFCO y de su empresa no han querido atender a elDiario.es, estuvieron entre los beneficiarios de la amnistía fiscal que han cobrado subvenciones públicas en los últimos años. A esa medida, declarada inconstitucional en 2017, se acogieron 31.484 personas y empresas pagando de media un 3% por el dinero defraudado no prescrito. Solo ha trascendido cerca de un centenar de nombres gracias a diversas resoluciones judiciales e investigaciones periodísticas como la de Los Papeles de la Castellana.

En el caso de los Santorromán, su nombre afloró en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: “algunos de los socios y administradores” de Cartonajes Santorromán, y en concreto, “el fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos”, se acogieron a la amnistía “mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros”.

“Estas rentas no declaradas no pudieron tener otro origen que las ventas no declaradas de Cartonajes Santorromán, SA”, decía esa resolución.

Los informes de gestión presentados en los últimos años por la empresa se alejan mucho del tono plano y formal que suele caracterizar a estos documentos. Están trufados de invectivas contra los políticos, en especial el actual Gobierno, “el virus chino”, “los vagos”, “la voracidad recaudatoria de las administraciones públicas” o las “leyes absurdas”.

El último enviado al registro da cuenta de un incremento del 10% de los beneficios de la empresa, que “deja para las arcas públicas más de un millón de euros de nuestro esfuerzo, que será malgastado en contentar a los parásitos”.

Del coronavirus, afirma que “está claro que es chino por la forma de sus ojos, rasgados, el color de su piel, y el idioma en que habla y se manifiesta, que no entendemos en el mundo desarrollado”. Y arremete contra la mala gestión “que sobre el bicho chino han realizado las autoridades sanitarias en materia de bajas, altas y periodos de confinamiento”, “la nula gestión del servicio de atención primaria”, o leyes que “van en la dirección contraria a lo bueno, correcto o positivo”.

Y acaba así: “Calahorra, 17 de febrero de 2021. Miércoles de ceniza, comienza la cuaresma… tiempo de conversión y preparación…”.

Ese tono no es fruto de un calentón de cuaresma, fecha marcada en rojo en el calendario cristiano. En Cartonajes Santorromán es la tónica. Basta un vistazo a sus cuentas de los últimos años, accesibles a través de Insight View.

El anterior informe [“Calahorra 14 de Febrero de 2020 (San Valentín)”, concluía] decía no explicarse cómo se mantenía la actividad económica en España cuando “está clara la debilidad de nuestros principales clientes, Francia KO y Alemania a punto de entrar en recesión técnica, se mantienen las tensiones entre China y EEUU, el virus chino ha paralizado parte de su producción y comercio, UK ha dejado la CEE, (bravo por ellos), los tipos en negativo y ni aun así se invierte, han subido el SMI, control horario, Plan de Igualdad para todos, burocracia, leyes absurdas, etc. ¿No es esto incertidumbre?”.

“Estamos gobernados, por primera vez en la España moderna, por una coalición comunista-socialista-separatista; esto si [sic] que debe preocuparnos”, añadía, tras atribuir la “importante rotación” de su plantilla eventual “a la mala cualificación y actitud del personal disponible en el mercado”.

“Empieza a ser un problema muy serio la baja calidad intelectual, la falta de interés y compromiso a largo plazo y la poca responsabilidad que demuestran, un porcentaje importante de las personas que solicitan trabajo”.

Los informes de gestión suelen contener, eso sí, menciones a “la motivación, el esfuerzo, fidelidad y dedicación al bien del conjunto, por parte de nuestros colaboradores, en todos los niveles de la empresa”, como señala en las firmadas con este apéndice: “Calahorra 15 de febrero de 2019 (febrerillo el loco)”.

Operaciones en B

Por aquellas fechas, la Abogacía del Estado acababa de presentar un escrito solicitando autorización judicial para que la Agencia Tributaria pudiera registrar las dependencias de la empresa, tras detectar el Fisco “voluminosas operaciones sumergidas o con dinero B” por parte de Cartonajes Santorromán, que consiguió tumbar esa inspección en los tribunales.

Las cuentas firmadas en esos días pedían a “la multinacional de la política” que “dejen de sangrarnos a impuestos y costes” y reclamaban “derogar multitud de reglamentos y normas que afectan a la libertad económica, por ejemplo, tener que realizar esta auditoría, este informe de gestión y presentar las cuentas en un registro público”.

“Habría que analizar si la falta de gobierno en España, prácticamente todo el año, no ha sido un factor de mejora en la economía”, planteaban las cuentas del ejercicio 2016, que lamentaban que “lo poco que publicaron” en el BOE “fue para freírnos a impuestos”.

En las de 2014 se apuntaba que “no nos podemos quejar”, dados los buenos resultados de la empresa, pero se advertía: “Como la voracidad recaudatoria de las administraciones públicas está en el nivel confiscatorio, al final uno se plantea si no será más positivo perder dinero y, cuando todo se vaya a la porra, solicitar ayuda a las administraciones y quitarse el muerto de encima a costa de los españoles”. 

“Europa, en la que incluimos a España, y su socialismo, han demostrado ser un fracaso, e inciden en el error. Además las encuestas dicen que viene el comunismo de Podemos y cosas así”, se decía entonces, a modo de conclusión, antes de proclamar: “Siempre nos quedará el Atleti”.

En el informe fechado en febrero de 2018, con Rajoy todavía en Moncloa, se apuntaba que “nada indica que tenga que frenarse la recuperación”, aunque “puede que la situación política reste algo de fuerza a este crecimiento pero no creo que consigan hundir el barco”.

Y añadía: “Solo las empresas, las únicas que crean riqueza, soportan todo el peso del país, siendo por eso calumniadas, maltratadas y esquilmadas, por la clase política, sindical, periodística y ociosa, los vagos, que solo pretenden medrar a nuestra costa”. 

Y ya entonces apelaba esa “multinacional” del poder político “que siempre está en quiebra, no escucha nada de lo que decimos”. “Las cuatro o seis capas que la componen, desde el pueblo a Bruselas, ni se inmutan, se siguen embarcando en gasto suntuario y prescindible, (el AVE), contratación de funcionarios amigos, familiares y apesebrados (si usted no es del partido no encuentra trabajo en la administración), se empeñan en que vayamos en bici o coche eléctrico, sin analizar los costes ni la viabilidad y siempre tiene un nuevo proyecto corrupto para esquilmar nuestro dinero y ponerse una medalla… en fin, lo de siempre y sin visos sin solución”.

Salvedades del auditor

Otra constante en las cuentas de esta empresa son las múltiples salvedades detectadas por sus sucesivos auditores (el último, la firma Grant Thornton) por no informar de aspectos como las operaciones con su accionista minoritario, la papelera Saica, y negarse a entregarles las nóminas de la compañía o la información sobre los conflictos de interés de los consejeros.

Cartonajes Santorromán fue distinguida en octubre de 2019 como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar. En 2016, a su consejero delegado se le pudo ver junto al entonces vicesecretario de Comunicación del PP y luego máximo responsable de los populares, Pablo Casado, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO).

Unos meses antes, en 2015 la patronal, la propia empresa y otras 17 competidoras fueron multadas con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La Audiencia Nacional anuló la sanción en enero de 2019 por un defecto de forma.

Pep Guardiola se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy para regularizar medio millón de euros que tenía en una cuenta en Andorra y en la que depositó sus emolumentos como jugador en Qatar entre 2003 y 2005. Se trata de una información que han publicado El País y La Sexta en el marco de los Pandora Papers, una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que revelará a partir de este domingo los secretos financieros de altos mandatarios internacionales, empresarios, artistas o deportistas, y en la que participa elDiarioAR, periódico hermano de elDiario.es en Argentina.

El exentrenador del F.C. Barcelona tuvo esa cuenta en la entidad Banca Privada de Andorra (BPA) hasta 2012, de acuerdo a esa información. En esa fecha se acogió a la amnistía fiscal para regularizar esos fondos por los que pagó el 10% de los intereses que le habían generado. El técnico estuvo al frente del banquillo blaugrana entre 2008 y 2012, pasó a entrenar al Bayern de Múnich entre 2013 y 2016 y desde entonces comanda a los jugadores del Manchester City.

El nombre de Guardiola figura en un documento del despacho alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los bufetes que están bajo la lupa de la investigación periodística de los Papeles de Pandora. Figura como apoderado de la sociedad panameña Repox Investments que servía como pantalla para ocultar al propietario de la cuenta andorrana. La compañía se constituyó en febrero de 2007, una vez que Guardiola había dejado el fútbol como profesional y poco antes de que se incorporara al F.C. Barcelona como entrenador.

El asesor legal de Guardiola, Lluís Orobitg, ha explicado a El País que abrió la cuenta en Andorra ante imposibilidad de obtener el certificado de residencia en Qatar, donde no pagaría impuestos, y que no lo hizo en España por el temor a que sin el certificado, la Agencia Tributaria le pusiera pegas para acogerse al régimen fiscal de expatriado.

La sociedad panameña 'Repox' fue creada en 2007, según estas informaciones, con la intervención de la gestora Afsi que contaba con decenas de ciudadanos españoles entre sus clientes. Una gestora especializada en crear sociedades en jurisdicciones offshore como las Islas Vírgenes, Belice o Bahamas. Alcogal envió los documentos de creación de la sociedad a Afsi.

“He pagado todos mis impuestos”

Hace seis años el entonces entrenador del Bayern de Múnich se posicionaba junto al independentismo catalán y cerró la lista electoral de Junts pel Sí junto con Artur Mas para las elecciones catalanas del 27-S. Ese verano, unos meses antes de los comicios catalanes, el entonces ministro Jorge Fernández Díaz cargaba contra el exentrenador del FC Barcelona por compaginar su activismo independentista con su presencia en el pasado en la selección española de fútbol. “Iba seguramente no por interés patriótico, sino por interés crematístico, porque hay personas que el dios que tienen es el del dinero”, dijo el entonces ministro y hoy procesado por la operación Kitchen.

La respuesta de Guardiola, entonces ya con su cuenta en Andorra abierta desde hacía tres años, fue contundente. “No es así, no fui por una cuestión económica. He pagado mis impuestos desde el primer día, algo que muchos partidos no pueden decir”, dijo en una entrevista publicada por la plataforma Guanyarem.

Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, principales accionistas de los laboratorios Almirall y destacados beneficiarios de la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP en 2012, han recibido más de 63 millones de euros en avales del Estado para créditos contraídos el año pasado por distintas sociedades de su grupo de sanidad privada, Vithas, el mayor de capital español.

Según datos del Ministerio de Hacienda, entre abril y diciembre de 2020 tres sociedades de Vithas, propiedad de ambos multimillonarios, se han acogido a la línea extraordinaria de préstamos garantizados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Gobierno aprobó en marzo de 2020, nada más estallar la pandemia, para garantizar liquidez a las empresas. 

Ningún otro grupo español del sector acumula un importe tan elevado de la línea Covid-19 del ICO como Vithas. A gran distancia, con 26,5 millones avalados, figura Torrejón Salud, la concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz, perteneciente a la red pública de la Comunidad de Madrid, propiedad de la estadounidense Centene.

El mayor importe avalado por el Estado a Vithas, 41,95 millones, corresponde a seis operaciones realizadas en abril, junio y diciembre de 2020 por Vithas Sanidad SL.

Vithas Sanidad Málaga Internacional SL también figura con otros 14 millones recibidos en abril de 2020. Y otra sociedad del grupo, Nisa Nuevas Inversiones en Servicios, la antigua Nisa Hospitales (adquirida en 2017 por 300 millones de euros), recibió otros 7,1 millones en octubre y diciembre. Preguntada por este asunto, la empresa no ha querido hacer comentarios.

Esas tres sociedades están incluidas en el perímetro de consolidación de la firma de inversión de los Gallardo, Goodgrower SA, en sus últimas cuentas consolidadas. Estas corresponden a 2019 y su auditoría (fechada el 21 de septiembre) tiene una salvedad al omitir la información de la retribución de sus administradores. Entre ellos están el presidente de Vithas, Jorge Gallardo Piqué, su hermana Irene (ambos son hijos de Antonio Gallardo, expresidente de Almirall) y su prima Susana Gallardo Torrededía, hija del actual presidente de la farmacéutica, Jorge Gallardo, y esposa del todavía concejal del Ayuntamiento de Barcelona y ex primer ministro francés, Manuel Valls.

Alcotas Hoteles, otra empresa de los Gallardo dedicada al negocio hotelero, en el que tienen una importante presencia a través de la cadena Sercotel, también figura como beneficiaria de un préstamo de 1,4 millones con garantía del Estado concedido el 3 de julio.

Décima fortuna española

Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo, de 79 y 85 años, respectivamente, figuran en el puesto 10 del último ranking de ricos españoles de El Mundo, que les atribuye una fortuna de 2.850 millones y les coloca como tercera fortuna de Catalunya gracias en parte a su participación en Almirall, que en mayo de 2020 entró a formar parte del Ibex 35.

En julio de 2016, la investigación de Los Papeles de la Castellana reveló que ambos hermanos legalizaron en la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, declarada inconstitucional en 2017, un patrimonio opaco de 113 millones de euros que ocultaban en bancos de Suiza y Mónaco a través de sociedades en Panamá. Pudieron aflorar esa suma pagando apenas el 2,4% del patrimonio que escondían. 

La suya es la mayor de las llamadas declaraciones tributarias especiales (DTE) que salieron a la luz, aunque solo se conoce una mínima parte de sus más de 30.000 beneficiarios, cuyos nombres rechazó publicar el Gobierno y que han salido a la luz a cuentagotas gracias a investigaciones judiciales y periodísticas.

La creación de la marca Vithas se anunció solo una semana después de que el 14 de noviembre de 2012 Jorge y Antonio Gallardo legalizaran ese patrimonio offshore. Hoy Vithas es, como destaca en su web, “el primer grupo sanitario privado de capital 100% español”, solo por detrás de Quirón, de la alemana Fresenius.

Actualmente, el grupo ha pasado “de tener 10 hospitales a contar con 48 centros, gracias a la apertura de centros médicos y hospitales de nueva construcción, como el inaugurado en Granada en 2016 y a las incorporaciones estratégicas como los Hospitales Nisa y las Clínicas Rincón en 2017”. El año pasado, los Gallardo pactaron la compra del 20% de Vithas que no controlaban a CriteriaCaixa por un importe que no ha trascendido.

El grupo de sanidad privada es uno de los 100 mayores beneficiarios de las líneas ICO, según los datos recopilados por elDiario.es.

Hasta ahora, la banca ha concedido con estos avales públicos 126.000 millones de euros de financiación, que han garantizado 96.000 millones en un millón de operaciones, el 98% con pymes y autónomos, aunque también hay muchas grandes empresas y más de una decena de equipos de fútbol profesional. Hace unas semanas, el Gobierno amplió a diez años el plazo de devolución de los préstamos y abrió la puerta a la posibilidad de aplicar quitas en caso de registrar pérdidas y caídas de la facturación de al menos el 30% en el ejercicio 2020, con el consiguiente perjuicio para el Estado.

En España tenemos un problema con la economía sumergida y el fraude fiscal. Es verdad que un mundo sin fraude y economía sumergida es, desgraciadamente, imposible. Como lo es un mundo sin robos ni asesinatos. Pero existe un amplio margen de mejora si nos fijamos en lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Mejora a la que, de hecho, estamos obligados, en la medida en que la economía sumergida y el fraude fiscal distorsionan el juego de la competencia; generan inequidad entre los que pagan impuestos y cotizaciones sociales y los que no; dañan la capacidad recaudatoria del sistema fiscal, perjudicando el objetivo de estabilidad presupuestaria; en fin, incrementan los efectos distorsionadores del sistema fiscal sobre la eficiencia y la equidad en la medida en que los tipos impositivos son más altos de lo que podrían ser si el cumplimiento fuese mayor. En todo caso, vaya por delante que, aunque economía sumergida y fraude son fenómenos entrelazados, no siempre van de la mano y sus causas y soluciones no son siempre coincidentes. Puede existir fraude sin economía sumergida. Y hay economía sumergida con escasa incidencia en la recaudación.

España experimentó un cambio extraordinario y muy positivo en su sistema tributario y su Seguridad Social con el retorno de la democracia. Pero, como casi todo, ha sido un cambio no exento de problemas. El principal de ellos: la fuerte, aunque del todo necesaria, subida de la presión fiscal contribuyó a que un número significativo de contribuyentes tuviese más incentivos para escapar del fisco y para caminar hacia la oscuridad de la economía sumergida. Hoy son lacras enquistadas que requieren un nuevo impulso reformista y ambicioso, generando la base institucional y sociológica para un mejor cumplimiento tributario y el afloramiento de actividades ocultas.

Sin duda, el primer paso para ese impulso sería contar con estimaciones fiables y actualizadas de su incidencia. Por este motivo, el Ministerio de Hacienda debería de crear una comisión oficial de expertos para: 1) consensuar una metodología, para disponer de estimaciones regulares de economía sumergida y del fraude fiscal, 2) analizar los principales factores explicativos de ambos fenómenos y las operaciones, agentes y sectores en los que se concentran y 3) ayudar a definir las medidas de corto, medio y largo plazo para su mitigación. Y todo lo anterior es solo una cuestión de voluntad política. Lo ocurrido con las llamadas balanzas fiscales lo demuestra, siendo un asunto mucho menos relevante para el bienestar de los ciudadanos y en el que los españoles no nos diferenciamos tanto de los demás. La relevancia que se le ha dado a la lucha contra el fraude en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos debería ser el mejor acicate para que esta tarea de medición, análisis y definición de líneas estratégicas fuese, por fin, una realidad.

Mientras tanto, tendremos que seguir limitándonos a los estudios no oficiales disponibles. Investigaciones que muestran que la economía sumergida habría aumentado tendencialmente en los años ochenta y la primera mitad de los noventa del siglo pasado. A partir de entonces, existe mayor diversidad en las estimaciones. En cualquier caso, la práctica totalidad de los estudios nos sitúan hoy por encima de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los países centrales de la Unión Europea (UE-15). Nosotros estaríamos por encima del 20%, y el promedio se encontraría más cerca (aunque por encima) del 15%. Por su parte, la literatura que trata de cuantificar el alcance de la evasión fiscal se halla comparativamente menos desarrollada. Las investigaciones más recientes estiman una pérdida de recaudación cercana al 6% del PIB, cifra que debe tomarse con mucha cautela, pero que sirve para mostrar la relevancia cuantitativa del problema.

Si descendemos al nivel regional, las estimaciones son incluso menos robustas y consistentes, pero sugieren que la economía sumergida es mayor en Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. En el otro extremo, la Comunidad Autónoma con una economía sumergida menor sería la de Madrid, seguida de Cataluña, Asturias y Cantabria. Las comunidades forales muestran niveles de economía sumergida inferiores a la media de las de régimen común.

La percepción ciudadana

El que no existan estimaciones oficiales no evita que los ciudadanos perciban la realidad descrita y, en mayor o menor grado, acaben interiorizándola para justificar estrategias individuales de ocultación en un círculo vicioso. En el gráfico adjunto, elaborado por el Departamento de Sociología Fiscal del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), se recoge la evolución entre 1995 y 2017 de las opiniones de los españoles sobre el grado de cumplimiento fiscal. En el aparecen representado el porcentaje de encuestados que consideran que “en general se pagan los impuestos de un modo bastante correcto” y el de quienes piensan que “es muy imperfecto”. Desgraciadamente, el porcentaje de quienes creen que el cumplimiento es deficiente es una amplia mayoría en los últimos años: el 59% en el último año de la serie (2017).

Romper el círculo vicioso mencionado pasa por la implementación de medidas a largo plazo dirigidas a cambiar valores y comportamientos, evitando actuaciones cortoplacistas, como las amnistías fiscales o las loterías tributarias, que, si bien revierten ingresos tributarios para el país en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), respectivamente, provocan efectos perniciosos y permanentes sobre la moral tributaria. En particular, las nuevas medidas deben tener por objetivo el fomento del cumplimiento fiscal voluntario en línea con las recomendaciones de organismos poco sospechosos como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y utilizando como soporte tres pilares fundamentales: la Administración tributaria, los medios de comunicación y el sistema educativo formal.

Un último apunte sobre las promesas electorales y los proyectos de presupuestos: los gobiernos deben ser prudentes a la hora de cuantificar el efecto de las actuaciones sobre la recaudación tributaria, porque aflorar ese fraude no es tarea fácil y puede tardarse tiempo en lograrlo. Por eso, lo más razonable es no incluir ese efecto y, por tanto, tomarlo a beneficio de inventario o explicitar el plan B en el caso de que los objetivos de afloramiento no se consigan, indicando qué tributos aumentarían o qué gasto se recortaría si las previsiones fallan. Si no se hace así, la lucha contra el fraude fiscal puede acabar convirtiéndose en una excusa retórica para ocultar incoherencias presupuestarias.

[Este artículo forma parte del dossier sobre Economía Sumergida publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El aristócrata y terrateniente Juan Pedro de Borbón no es el único beneficiario de la amnistía fiscal de 2012 que en los últimos años ha cobrado subvenciones públicas. El listado de acogidos a esa polémica medida (31.484 personas y empresas que pagaron de media un 3% por el dinero defraudado no prescrito) nunca se ha difundido (según el Gobierno, sería ilegal hacerlo) y apenas ha trascendido el nombre de un centenar de beneficiarios gracias a investigaciones periodísticas y procedimientos judiciales.

La información pública disponible en diferentes registros permite identificar algunas de las ayudas públicas que han recibido las empresas de varios beneficiarios de esa medida de gracia, declarada inconstitucional en junio de 2017 (aunque sin efectos prácticos).

Los hermanos Gallardo

Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo son los principales accionistas de los laboratorios Almirall y dueños del mayor grupo español de sanidad privada (Vithas). Aprovecharon la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro para legalizar más de 113 millones, la mayor cifra conocida hasta ahora, que ocultaban en varios paraísos fiscales, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana.

Su farmacéutica, que hace unos meses recibió un préstamo de 120 millones de la UE en condiciones ventajosas para desarrollar nuevas terapias dermatológicas, aparece como beneficiaria en la base de datos de subvenciones del Ministerio de Hacienda de unos 340.000 euros en ayudas del Estado y la Generalitat de Catalunya.

Los Gallardo, que hasta 2016 fueron socios a través de su fondo G-Square de lo que hoy es el grupo de residencias de ancianos Domus VI (antigua SARQuavitae), receptora de subvenciones a la contratación de varias comunidades autónomas, con también accionistas de la panificadora catalana Bellsola, a través de su holding Grupo Corporativo Landon (un gigante con 1.126 millones en activos en 2018). Esta empresa recibió en 2018 un total de 169.000 euros del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para actuaciones de eficiencia energética.

El grupo Vithas, además de haber suscrito en los últimos años convenios sanitarios millonarios con diferentes comunidades autónomas para aliviar sus lista de espera, también figura como receptor de unos 17.000 euros en ayudas a la eficiencia energética de la Comunidad Valenciana para un hospital en Alicante. El fabricante de cartuchos monomando para grifería Sedal, 100% propiedad de Landon Investments SCR, sociedad de capital riesgo de los Gallardo, aparece como receptor de otros 36.000 euros en subvenciones del Estado y la Generalitat.

Los Gallardo también tienen inversiones en hoteles (Sercotel), inmobiliario y de las energías renovables. En el sector público, controlan el 51% de Catalana de Infraestructuras Portuarias, dueña de una concesión administrativa (hasta 2035) en el Puerto de Barcelona.

Micaela Domecq Solís-Beaumont

La terrateniente y esposa del exministro y excomisario europeo Miguel Arias Cañete, que se acogió a la amnistía fiscal mientras su marido se sentaba en el Consejo de Ministros, es la administradora única de Cabaña de Vejer SL, que en la base de datos de Hacienda aparece como receptora de 10.094,11 euros en subvenciones agrícolas recibidas entre agosto de 2016 y noviembre pasado. La mayor parte son “subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales” que concede la Agencia Estatal de Seguros Agrarios.

También aparecen como beneficiarias otras empresas de los Domecq, varias vinculadas a Havorad BV, sociedad holandesa calificada hace años como “sociedad pantalla” por la Agencia Tributaria: Juan Pedro Domecq Solís SL (que en 2017 recibió 1,3 millones de la Junta de Andalucía “para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas”) y otras como Invalsur SL (48.115 euros desde 2017) o Monsell Agroganadera (32.472 euros en cuatro años). Otra empresa de los Cañete Domecq, Logiscenter (presidida por un hijo del excomisario europeo de Energía y Clima) ha sido una de las beneficiarias de las primeras subvenciones de la Comunidad de Madrid al autoconsumo eléctrico para empresas.

El rey del cartón ondulado

El consejero delegado de Cartonajes Santorromán, Leopoldo Santorromán, también presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO), es otra de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal. Según una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, “algunos de los socios y administradores” de esa sociedad, y en concreto, “el fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos”, se acogieron a la amnistía “mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros”.

Cartonajes Santorromán, radicada en Logroño y dedicada durante cuatro generaciones a la fabricación, comercialización y distribución de todo tipo productos realizados en cartón ondulado (un producto muy utilizado por la industria alimentaria), aparece en la base de datos de subvenciones como beneficiaria de sendas ayudas concedidas en diciembre y marzo de 2016 por el Gobierno riojano: una de 782.335,52 euros para “Mejora de la Competitividad de las empresas (AFI) 2015” y otra de 14.433,3 euros correspondiente a la convocatoria “Promoción de la Innovación Empresarial (Seguridad en el trabajo)”.

Leopoldo Santorromán, cuya empresa fue distinguida en octubre pasado como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar, preside desde 2008 la patronal de este sector. En 2016, se le pudo ver junto al entonces vicesecretario de Comunicación del PP y hoy máximo responsable de este partido, Pablo Casado, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO). El acto se celebró unos meses después de que la patronal que preside, su empresa y otras 17 competidoras fueron multadas en 2015 con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La sanción fue anulada en enero de 2019 por la Audiencia Nacional por un defecto de forma. Santorromán no ha querido atender a eldiario.es

Los dueños de Meliá

Varios miembros de la familia Escarrer, propietarios de la hotelera Meliá, se acogieron a la amnistía, según reconocieron tras aflorar sus nombres como beneficiarios de varias sociedades offshore en la investigación de Los Papeles de Panamá, aunque en este caso no hay datos sobre la cuantía aflorada.

Solo en 2018, y según explica Meliá en su último anual, “las subvenciones en el ejercicio ascendieron a 515.393,49 € a nivel consolidado y 752.752,87 € a nivel agregado. Por otra parte, se recibieron en el ejercicio, en concepto de bonificaciones para formación 599.860,06 € a nivel consolidado y 712.785,92 € a nivel agregado”.

Los Escarrer, como los Gallardo, figuran entre las grandes fortunas que cerraron el año pasado sus sicavs en vísperas del cambio legal que anunciaron en diciembre el PSOE y Unidas Podemos para reforzar los controles sobre estos instrumentos de inversión colectiva, muy utilizados por las grandes fortunas.

Los dueños de las pipas Facundo

La familia Villagrá Blanco, propietaria del grupo palentino de aperitivos Facundo y que hace unas semanas vaciaba gran parte de la sicav que crearon dos años después de acudir a la amnistía, también ha recibido importantes ayudas públicas tras acogerse a lo que el Gobierno de Mariano Rajoy bautizó eufemísticamente como “declaración tributaria especial”, y que les permitió legalizar un patrimonio de 11,2 millones que ocultaban en Suiza.

El fabricante de las pipas Facundo, Facundo Blanco SA, ha recibido 1,5 millones de la Junta de Castilla y León para “proyectos expansivos de la factoría palentina”, según informaba el Gobierno autonómico en octubre de 2014. “La empresa ha recibido dos ayudas por importe global de 1,4 millones de euros para una inversión de 5,3 millones de euros para la mejora, modernización y automatización de la industria de elaboración de frutos secos”, explicó entonces la Junta.

El presidente de Facundo Blanco y expresidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, también aparece como receptor a título personal de subvenciones en el portal de Hacienda, que en el caso de las personas físicas solo recopila la información del último año. Villagrá figura como receptor de 4.709,34 euros en ayudas concedidas entre marzo y diciembre de 2019 en concepto de “pagos directos a la agricultura y la ganadería” y “a otros regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por FEADER”.

El empresario, que hizo gala durante su largo mandato en la Cámara palentina de un discurso a favor de reducir el gasto público [“Hemos vivido un 30% por encima de nuestras posibilidades”, dijo en 2010], bajar impuestos y no tocar la reforma laboral de 2012, recibía este jueves de manos del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, la Medalla de Oro de esta institución en reconocimiento a su trayectoria en la cámara palentina.

En ese acto, Bonet definió a Villagrá, según recoge Diario de Burgos, como “una persona ejemplar que ha estado sirviendo de manera generosa al conjunto de la población y a todas las empresas durante los 40 años que ha estado en la Cámara, así como los 22 años como presidente de la misma”. Al acto acudieron el consejero de Economía de la Junta, el popular Carlos Fernández Carriedo, el alcalde de Palencia, Mario Simón (Ciudadanos), y la presidenta de la Diputación, la también popular Ángeles Armisén.

Seis empresas agrícolas vinculadas al aristócrata y terrateniente Pedro de Borbón Dos Sicilias, duque de Calabria, hijo del fallecido infante Carlos de Borbón (primo del Rey Juan Carlos) y acogido junto a su padre, su hermana y su abuela a la amnistía fiscal de 2012, han recibido en los últimos años más de un millón de euros en subvenciones públicas.

Según la base de datos nacional de subvenciones del Ministerio de Hacienda, cinco de esas seis empresas han recibido desde febrero de 2016 hasta el pasado diciembre un total de 707.820,76 euros en ayudas, concedidas en la mayoría de los casos al amparo de la Política Agraria Común (PAC) de la UE. El propio Pedro de Borbón figura como receptor de otros 8.000 euros en subvenciones a su nombre solo entre marzo y noviembre del año pasado. Hay una sexta empresa que en 2018 inauguró una planta de piensos en Puertollano (Ciudad Real) con apoyo de fondos estatales para la reactivación de las zonas mineras.

El portal de Hacienda solo recoge las ayudas concedidas en los cuatro años siguientes a la fecha de concesión y “en el caso de personas físicas la publicidad se reduce al año de concesión y al año siguiente”, por lo que la cifra de subvenciones agrícolas recibidas en los últimos años supera muy probablemente esos más de 700.000 euros.

La inmensa mayoría de las cuantías recogidas en esa web son ayudas de la PAC canalizadas a través de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, aunque también hay otras concedidas por este organismo y por el Ministerio de Agricultura.

La sociedad que aparece como receptora del mayor importe es Explotaciones Agrícolas Cerezuela y Conesa, SL, de la que Pedro de Borbón es administrador único y propietario. La firma, que este mes ha realizado una ampliación de capital de 1,22 millones, figura como beneficiaria de 214.764,4 euros en subvenciones. La primera data del 25 de junio de 2016, unas semanas después de que la investigación de Los Papeles de la Castellana desvelase su amnistía junto a tres de sus familiares.

Con una plantilla de dos empleados, una cifra de negocio de 105.721 euros y pérdidas de 25.219 euros en 2018, el objeto social de Explotaciones Agrícolas Cerezuela y Conesa son las “explotaciones e investigaciones agrícolas y ganaderas, y la formación y capacitación en agricultura y ganadería”. El 100% de sus acciones pertenece a Monte Jaraba, SL, cuyo administrador y socio único es Pedro de Borbón.

Esta última, que acaba de realizar otra ampliación de 2,932 millones, tiene por objeto social “la obtención de productos de la tierra y ganadería, como consecuencia del cultivo o trabajo de la misma”, y figura como receptora de otros 141.299,78 euros en subvenciones concedidas entre el 18 de junio de 2016 y el pasado 13 de diciembre.

Por su parte, Agrocinegética Borbón, SL, cuyo administrador único y propietario es también el duque de Calabria, figura como receptora de otros 188.808 euros. Esta firma, dedicada al “cultivo de cereales y otros productos vegetales”, acaba de ampliar capital por importe de 649.994,48 euros y sus últimas cuentas reflejan una cifra de negocios de 290.891,72 euros y pérdidas de 6.559 euros.

En Dehesa de la Higuera SL figuran como administradores Pedro de Borbón, su hermana Cristina (también acogida a la amnistía fiscal) y la madre de ambos, Ana de Orleans y Orleans-Braganza, viuda de Carlos de Borbón. Esta sociedad aparece como receptora de otros 62.834,65 euros en ayudas. Se constituyó el 31 de diciembre de 1957, está dedicada al “cultivo de cereales en la modalidad de secano, actividad de caza y explotación forestal subvencionada” y también está en pérdidas: unos 42.000 euros, tras facturar 49.169,79 euros en 2018.

Un testaferro de Rodrigo Rato

Hay una quinta empresa, Polmar 2009 SL, que como la mayoría de sociedades de la familia tiene su sede en un edificio de oficinas en Ciudad Real y en la que Pedro de Borbón no figura como administrador, pero sí como apoderado. Sin embargo, el aristócrata es uno de sus accionistas, como reconoce a eldiario.es.

El administrador único de Polmar es (según Borbón, a petición de uno de sus socios) el asesor fiscal Domingo Plazas, considerado uno de los testaferros de Rodrigo Rato y pendiente de juicio en la causa contra el exvicepresidente económico por presunta corrupción entre particulares en los contratos de publicidad de Bankia (la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para él), circunstancia que Pedro de Borbón asegura desconocer. Por su parte, Plazas dice que los otros accionistas de Polmar “son extranjeros”, sin dar más detalles porque esa información es “confidencial”.

Esta empresa aparece como receptora de más de 100.000 euros en ayudas desde 2016 y se dedica a “la actividad agraria de carácter primario, gestión de fincas rústicas y su compraventa, y la explotación cinegética y el asesoramiento técnico de todo lo antedicho”. Sin empleados, en 2018 registró una cifra de negocios de 28.317,8 euros y beneficios de 21.751 euros.

La sexta empresa que ha recibido ayudas públicas es Piensos Thurma, de la que Pedro de Borbón es socio minoritario, consejero y asesor técnico, y que en junio de 2018 inauguró en Puertollano (Ciudad Real) una fábrica de piensos cinegéticos financiada con el apoyo de los fondos para la reestructuración de las comarcas mineras que concede el Gobierno central. En este caso no ha sido posible precisar la cuantía de la subvención. Según el aristócrata, fue de “entre el 20 y el 25%” de la inversión total, que fue de unos 3 millones.

En conversación telefónica con eldiario.es, Pedro de Borbón rechaza que se le cuestione por cobrar ayudas públicas tras acogerse a la amnistía (“No he defraudado a Hacienda”, asegura) y subraya que esta empresa “está activa y da empleo a 14 personas”. “Lo único que he hecho en mi vida es trabajar dedicado al campo. Pago mis impuestos, que son bastantes, por cierto, y estoy muy orgulloso de ello”.

El aristócrata, que es ingeniero agrónomo, enumera los empleos asociados a empresas como Gesytec, que tiene “diez trabajadores”, Thurma, Dehesa de la Higuera (que “tiene dos trabajadores y contrata temporalmente en momentos puntuales unas 50 personas”) o Polmar, que “subcontrata todos los trabajos contratando los servicios de tractoristas, cosechadora, empacadora, simiente, abono, limpieza...”.

Contratos públicos

Al menos dos empresas vinculadas al empresario son contratistas del Estado. Unos meses antes de la inauguración de la planta de Thurma en Puertollano, en enero de 2018, Patrimonio Nacional adjudicó a esta firma un contrato de “adquisición de alimentación y productos sanitarios para especies animales de espacios naturales” por 112.123 euros (más IVA), según consta en la plataforma de Contratación del Estado.

En virtud de este contrato, que sigue vigente, la empresa de Pedro de Borbón es el suministrador de piensos para los jabalíes, ciervos, corzos, gamos, conejos, faisanes, pavos reales o ánades (entre otras especies) que habitan las fincas del ente público que administra todos los bienes relacionados con la Corona. “Nuestra empresa tiene el mismo derecho a licitar que cualquier otra”, dice su administrador, que subraya que la suya era “la mejor oferta” de las dos que se presentaron.

Por su parte, Gesytec, dedicada a la gestión de fincas agrícolas y de la que el aristócrata es también socio y administrador, se adjudicó hace un año por 95.000 euros un contrato de servicios de asesoría y dirección técnica de la finca “Dehesa de Castilseras” a través de la empresa pública Minas de Almadén y Arrayanes, SA (Mayasa).

El actual duque de Calabria es el primero en la línea sucesoria al trono español tras los descendientes de Juan Carlos I y es el jefe de la Casa Borbón-Dos Sicilias desde el fallecimiento de su padre. Casado desde 2001 con Sofía Landaluce, gestiona la explotación cinegética y agrícola de La Toledana, la finca familiar en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), además de la Dehesa de la Higuera y El Crespo, que administra junto a su suegro, José Manuel Landaluce. A sus cargos en diversas empresas agrícolas y cinegéticos se suman los que ostenta como apoderado en varias sociedades de la familia Revoredo, principales accionistas de Prosegur.

En junio de 2016, la investigación de Los Papeles de la Castellana reveló que Pedro de Borbón regularizó junto a su hermana, su padre y su abuela, la infanta de España Alicia de Borbón Parma, cuatro millones que ocultaban en Suiza. La mayor parte del dinero regularizado estaba en manos de Alicia de Borbón (2,36 millones) y de Carlos de Borbón (1,281 millones), mientras que los dos hermanos afloraron 177.735 euros cada uno. El cuñado de Pedro de Borbón, Pedro López Quesada Fernández-Urrutia (marido de Cristina de Borbón e íntimo amigo del Rey Felipe), también legalizó junto a su familia otro millón de euros aprovechando la amnistía.

En el caso de los Borbón-Dos Sicilias, el dinero aflorado procedía en parte de la herencia de la sobrina de Alfonso XIII, María Cristina de Borbón-Parma, fallecida en 2009 en Viena. El dinero estaba en manos de una sociedad panameña, cuentas suizas y sociedades en Bermudas. Sus administradores eran los mismos testaferros panameños que utilizó Rodrigo Rato y para repartirse la herencia, recurrieron a la misma empresa suiza que usaron los Pujol y Luis Bárcenas para esconder su fortuna.

“La fundación de Panamá no era mía, sino de mi tía”, dice Pedro de Borbón, que añade que “había una herencia que no sabíamos cómo tratarla” y para traer el dinero a España “se tramitó por una vía que era absolutamente legal”. La amnistía fue declarada inconstitucional en 2017.

Dos familias multimillonarias que se beneficiaron de la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP en 2012, dos ex políticos de esta formación, miembros de la nobleza o un millonario del régimen chavista investigado por blanqueo. Son algunas de las fortunas que cerraron sus sociedades de inversión de capital variable (sicavs) en 2019, en vísperas del anunciado cambio legal que espera a estos instrumentos de inversión con el nuevo Gobierno para reforzar los controles y luchar contra el fraude fiscal.

Entre las más de 130 sicavs que han echado el cierre en el último año hay muchas vinculadas a empresarios anónimos, pero también otras asociadas a algunas de las mayores fortunas españolas, a la nobleza o a la política.

Beneficiarios de la amnistía fiscal

Entre las bajas más relevantes de los últimos meses destacan varias sicavs ligadas a los hermanos Jorge y Antonio Gallardo, propietarios de los laboratorios Almirall, dueños del mayor grupo español de sanidad privada (Vithas) y que, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana, aprovecharon la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro para legalizar más de 113 millones que ocultaban en varios paraísos fiscales.

En julio, dejaron de acogerse a ese régimen tres sicavs de los Gallardo: Elitia Invest, una de las mayores de España (con un patrimonio de 411 millones), Locker Invest (73,9 millones) y Red Rock Invest (unos 14,5 millones). Por esas fechas hizo otro tanto una cuarta sicav administrada por directivos de la máxima confianza de la familia, Napa Invest (89,6 millones).

A finales de año, también han salido de circulación varias sicavs administradas por la familia Escarrer, propietarios de la hotelera Meliá y que también se acogieron a la amnistía fiscal, como reconocieron tras aflorar sus nombres como beneficiarios de varias sociedades offshore en la investigación de Los Papeles de Panamá.

La más relevante es Capocorb de Inversiones Sicav, presidida por el patriarca, fundador y presidente del grupo turístico, el octogenario Gabriel Escarrer Julià, y que tenía como consejeros a, entre otros, su hijo Gabriel Escarrer Jaume, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá y presidente del lobby turístico Exceltur.

Capocorb, que a septiembre de 2019 tenía un patrimonio de 15,1 millones, comunicó el 29 de octubre su liquidación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dos semanas después, el 15 de noviembre, hizo lo propio Illenca Living de Inversiones, que atesoraba un patrimonio de 4,8 millones y en cuyo consejo de administración se sentaban Gabriel Escarrer Jaume y esposa, María Belén Puerto Costa, que ejercía como presidenta.

Poco antes, el 2 de septiembre, comunicó su disolución Antarala Sicav, administrada por Ana Escarrer Jaume (otra hija del patriarca de Meliá) y presidida por su esposo, Álvaro Sans, arquitecto y diseñador de varios de los resorts de la cadena.

Ex consejeros de Ignacio González

En noviembre, se inscribió en el Registro Mercantil la extinción de la sicav que controlaba junto a su familia Borja Sarasola, exconsejero de la Comunidad de Madrid con Ignacio González, hijo de un expresidente de la constructora Sacyr e imputado en el caso Púnica por la presunta financiación irregular del PP; y ese mismo mes comunicó su liquidación a la CNMV la sicav Bussola 99, administrada por los hermanos de otro ex consejero de Ignacio González y de Esperanza Aguirre, Pablo Cavero.

Este financiero, hijo del exministro Íñigo Cavero, y que fue consejero de esa sicav, era el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid cuando se firmó la polémica venta a Goldman Sachs de 3.000 pisos sociales que anuló en diciembre el Tribunal Supremo. La sicav Bussola, que estuvo gestionada por ese banco de inversión (la justicia llegó a investigar ese vínculo con la operación de venta a Goldman), atesoraba en el tercer trimestre de 2019 un patrimonio superior a los 6,1 millones.

Un rico del régimen chavista

Una de las últimas bajas inscritas en el Registro Mercantil es la de la sicav Ibermilenium, presidida por Andreína Gámez Rodríguez que, como contó El País en 2018, es la esposa de Luis Carlos de León, ex director de Finanzas de la empresa pública Electricidad de Caracas e investigado en España y Estados Unidos por blanquear dinero procedente del petróleo venezolano. Esta sicav acordó su liquidación el 6 de septiembre. A cierre del tercer trimestre, tenía un patrimonio de 4,849 millones de euros. Estaba gestionada por Santander.

Entre las bajas de 2019 hay también otras sicavs vinculadas a la nobleza y otras grandes fortunas: en octubre se extinguió Uleila Santa María Inversiones, que tenía un patrimonio de 2,921 millones a 30 de junio y estaba presidida por Carlos Martínez Campos Carulla, conde de San Antonio, duque de la Torre, Grande de España, actual presidente de Andbank España e histórico de Barclays en España; y el 13 de septiembre se dio de baja Lizárraga de Inversiones, que presidía Javier de Solís Martínez Campos, conde de Casa Alegre.

Otros nombres destacados son Gardama de Inversiones, que presidía un hijo de Alfonso Fierro Viña, uno de los principales banqueros de la dictadura franquista; o Alkeh 2000, que con 11,6 millones de patrimonio, estaba presidida por Paloma Figueras Dotti Daurella, prima de Sol Daurella (presidenta de Coca-Cola European Partners) y accionista de Disa, la petrolera de la familia Carceller.

En mínimos desde 2001

2019 se cerró con la clausura de 133 sicavs, lo que dejó el número total, poco más de 2.600, en mínimos desde 2001, según contaba la semana pasada Cinco Días. Estos instrumentos llevan años en el foco de varias formaciones políticas. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos promete, dentro del paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal, “un mayor control” sobre ellas, otorgando “a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera”.

“Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)”, dice el acuerdo entre los socialistas y la formación de Pablo Iglesias.

Entre los requisitos que se establecen para crear una sicav están el tener un número de accionistas igual o superior a 100 y un capital mínimo de 2,4 millones de euros, entre otros, por lo que ese mayor control iría dirigido a aquellas sicavs en las que la mayoría de las acciones está en manos de un socio y el resto son los conocidos como ‘mariachis’, sin apenas participación.