Apenas 20 productos de los 199 del IPC explican el 90% de la inflación acumulada este año

Apenas 20 productos y servicios de los 199 que el INE tiene en cuenta para calcular el IPC (Índice de Precios de Consumo) explican casi el 90% de las subidas de precios acumuladas este año. Solo los bares, las gasolineras, el aceite y la fruta son responsables de la mitad de toda la inflación en lo que va de 2023.

La vida se ha encarecido un 3,4% desde enero hasta octubre, en el tercer ejercicio de una crisis de inflación que España, la eurozona y el conjunto de economías desarrolladas no sufrían desde las décadas de los 70 y los 80. Esta crisis no termina de controlarse, pero parece que ha entrado en su última fase.

En esta última “milla” –según el lenguaje de la política monetaria–, las subidas de precios se han concentrado en unos pocos sectores en nuestro país. En esta situación, el objetivo de “domarlas” –según la misma jerga económica– exige “políticas económicas de bisturí” y “evitar seguir interviniendo con lanzallamas, como se ha hecho hasta ahora con los incrementos de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) o las bajadas de impuestos [como la del IVA de los alimentos que el nuevo Gobierno de coalición ha prometido prorrogar en 2024] para aliviar el daño”, advierte Luis Zarapuz, experto del gabinete económico de Comisiones Obreras.

“Las únicas políticas que funcionan consisten en deshacer las políticas que impulsaron esta inflación en sus inicios. Es decir, unas políticas fiscales y monetarias ultraexpansivas que mantuvieron una demanda, en el conjunto de los países desarrollados, por encima de la oferta”, opina, desde otro punto de vista, María Jesús Fernández, economista de Funcas.

La escalada de los precios comenzó a mediados de 2021 por las tensiones en el comercio mundial y, concretamente, en la oferta de energía y de materias primas por la abrupta salida de la pandemia. En 2022, las presiones inflacionistas “se trasmitieron hacia abajo, hacia todos los productos y servicios”, según recuerda María Jesús Fernández. En febrero del año pasado, la invasión rusa de Ucrania exacerbó la crisis, al impactar en “ciertas materias primas agrícolas y fertilizantes” –continúa–, que saltaron del campo y los cultivos y dispararon los precios en los supermercados.

En 2023, las subidas se han moderado principalmente por el abaratamiento de la energía y por las medidas de los gobiernos (en España destaca el tope al gas), y las tensiones se han concentrado en un puñado de productos y servicios: en los restaurantes, el resto de la hostelería, las gasolineras y en los alimentos.

Hay que tener en cuenta que Estadística pondera más o menos unos productos o servicios en el cálculo del IPC según una estimación media de lo que las familias dedican de su consumo total a cada uno de ellos. De esta manera, los precios en “los restaurantes, cafés y salas de bailes”, que han aumentado un 4,5% en lo que va de 2023, solo 1,1 puntos más que la inflación general (3,4%), son responsables de un 11,6% de esta tasa. La razón es que son considerados un gasto habitual por el INE.

En cambio, los carburantes o el aceite de oliva explican también cerca de un 10% de la inflación, respectivamente, pero porque sus precios se han elevado mucho más que el IPC general, según se puede ver en el segundo gráfico de esta información.

“Si concentramos el análisis en la evolución más reciente de los precios, en los últimos cuatro o cinco meses, vemos que en esos productos en concreto (exceptuando gasolina, que es muy volátil) los precios siguen subiendo mucho, pero, de forma más general, en los alimentos elaborados, excluyendo el aceite, los incrementos se han aminorado considerablemente. También en los bienes y en buena parte de los servicios”, observa María Jesús Fernández.

“Posiblemente los encarecimientos de los alimentos no elaborados ahora mismo tengan más que ver con cuestiones climatológicas y de escasez que con incrementos de costes [de producción], como ocurrió el año pasado”, recalca la economista de Funcas.

Luis Zarapuz señala que para obtener el coste de la vida completo hay que añadir el impacto de los tipos de interés y del pago de los préstamos al IPC. Desde julio de 2022, el BCE ha encarecido más que nunca tanto la financiación para consumir como para la vivienda, siguiendo la estrategia ortodoxa de que para luchar contra la inflación hay que ahogar la capacidad de gastar de las familias y de invertir de las empresas pese al riesgo de provocar una recesión y una destrucción de puestos de trabajo.

Las medida antiinflación

“Las recetas que se están aplicando se van a llevar por delante al enfermo (a toda la economía) por aplicar un tratamiento muy invasivo [en referencia a la austeridad monetaria]”, lamenta este economista. En su opinión, hay información suficiente sobre los sectores más inflacionistas, tanto de la evolución de sus precios como de sus márgenes (la capacidad de convertir en beneficios los ingresos), para actuar de otra manera.

“Precisamente, energía, banca y alimentación no solo han defendido sus márgenes (trasladando el encarecimiento de los costes a los precios de venta) sino que los han mejorado en esta crisis, elevando su capacidad de generar ganancias”, prosigue Luis Zarapuz, citando las conclusiones que se extraen de los datos recogidos por el nuevo Observatorio de Márgenes, una recopilación de estadísticas de la Agencia Tributaria, el Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España.

En estos casos, “se pueden diseñar medidas estructurales para actuar sobre el origen de los precios”, incide. Como fomentar la competencia en general. Y especialmente entre los bancos en el mercado de las hipotecas. Otra medida estructural podría ser desplegar vivienda pública y asequible. O poner límites al encarecimiento de ciertos productos.

Hasta ahora, las principales medidas del Gobierno han sido universales, sin discriminar por renta. Principalmente bajadas de impuestos en la energía y en el súper o descuentos en el transporte. “Serían adecuadas políticas dirigidas a las personas más afectadas para aliviar el daño que sufren”, comenta María Jesús Fernández. Entre ellas, se encontrarían perfeccionar el IMV (ingreso mínimo vital) o ampliarlo temporalmente, aprobar ayudas directas para las rentas más bajas o a los sectores más afectados.

“Las medidas que se adopten no pueden beneficiar de forma generalizada a toda la población porque entonces no se corrige el exceso de demanda, es decir, se contribuye a que se mantenga la inflación”, prosigue.

Otras respuestas que se han dado son los impuestos temporales a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas. La experta de Funcas duda de la idoneidad de incidir en subidas tributarias a las empresas. “Porque al final eso se traslada a mayores precios. O a menos inversión y menos actividad, y por tanto menos empleo”, considera.

Las promesas de la investidura

Las promesas realizadas por el nuevo Gobierno de coalición en la investidura de esta semana para luchar contra el daño de la inflación van desde prorrogar la rebaja del IVA a los alimentos básicos hasta la gratuidad del transporte público. No hay rastro de medidas de “bisturí”, o más localizadas en las rentas bajas o en los sectores más afectados.

“La bajada de IVA a los alimentos subvenciona el consumo a familias ricas”, lamenta el experto de CCOO, quien ve más adecuados los descuentos en el transporte público.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, sí que aprovechó una de sus intervenciones en la sesión de investidura de Pedro Sánchez para oponerse a la austeridad monetaria que está aplicando el BCE con las subidas de los tipos de interés. 

“La Europa de la austeridad, la Europa que dejó caer a Grecia y que golpeó a los países del sur, no puede volver”, añadió la líder de Sumar. “Nosotras tenemos opinión propia. No compartimos que el BCE tenga como una única misión la lucha contra la inflación. El mandato del BCE tiene que ser ampliado para crear empleo y también para luchar contra el cambio climático”, explicó. 

“Esto es la Europa social de la que estamos hablando en Sumar. No compartimos que volvamos a las reglas de la austeridad”, ha concluido respecto a este tema. Actualmente, se está negociando el nuevo marco fiscal de la UE, que se aplicará a partir de 2024, tras ser suspendido el anterior por la pandemia.