El fin del beneficio fiscal a la sanidad y educación privadas que pide Sumar al PSOE recaudaría 3.300 millones más

“Señor Sánchez, tenemos una diferencia sustancial, no compartimos que la sanidad y la educación privada tributen al 0% en el IVA”. Yolanda Díaz quiso marcar distancias con Pedro Sánchez durante el debate de investidura de la pasada semana. Así, marcó una estrategia propia en política internacional, pero también en fiscalidad. Estas dos actividades, más utilizadas por las rentas altas, tienen un beneficio fiscal histórico que también existe en otros países. Ahora, el ala más a la izquierda del Gobierno plantea su eliminación que, según algunas estimaciones, podría suponer una mejora de los ingresos de más de 3.300 millones de euros.

La ley del IVA marca que tanto la sanidad como la educación, ya sea privada, pública o concertada, tienen un IVA del 0%. Se trata de una medida que está reconocida en las directivas europeas y tanto España como otros países aplican. Sin embargo, es un beneficio fiscal destinado, fundamentalmente, a aquellos que más tienen. Son las rentas altas las que más hacen uso de estos servicios cuando los oferta el sector privado.

Un debate planteado

“Nos parece bien que la ciudadanía use la sanidad y la educación privada, pero no puede sufragarse con el dinero de la gente”, añadió Díaz desde la tribuna. El guante lanzado por la líder de Sumar no fue recogido por el presidente del Gobierno, que no lo mencionó en su réplica. Sin embargo, no es la primera vez que se plantea que este incentivo fiscal que recae sobre quienes más ganan, desaparezca. De hecho, el PSOE llegó a plantearlo en un congreso del partido hace una década.

De hecho, durante la tramitación en 2020 de los presupuestos del año 2021, se especuló con la posibilidad de que el Gobierno de coalición retirase la exención a estas actividades y que comenzaran a tributar en el IVA. Sin embargo, la medida no llegó a concretarse ni a tomar forma.

Los datos muestran que estos dos beneficios fiscales suponen una pérdida de 5.284 millones de euros en los ingresos públicos. Esta es la estimación que hace el Ministerio de Hacienda en la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado de este curso. Sin embargo, aplicar un IVA al 21% a estas dos actividades no revertiría directamente en ese alza de ingresos, ya que habría que restar algunos aspectos como la deducción del IVA que se aplicarían estas empresas y que ahora no pueden.

En los últimos años se han producido dos estudios que analizan precisamente este beneficio fiscal. La primera de ellas fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que en 2020 analizó una serie de incentivos tributarios y dio recomendaciones sobre su mantenimiento. En este caso concreto, constató que la exención del IVA en la educación y la sanidad privadas revertía fundamentalmente entre las rentas más altas, quienes acumulaban más de la mitad del coste de esta medida.

El documento analizaba datos consolidados de 2016. En aquel momento, restando al coste total el IVA que se podrían deducir las empresas, la Airef estimó que la mejora de ingresos eliminando la exención en ambas actividades habría sido de algo más de 3.300 millones de euros.

El organismo evitaba tomar una decisión sobre esta medida. Defendía que su objetivo inicial es el de “reducir los precios de la educación y sanidad para favorecer el acceso universal, así como para descongestionar el sistema público”. Un aumento de usuarios de los servicios públicos por la subida de precios en el sector privado, apuntaban, podría generar un coste más elevado que compensara en gran parte el incremento de ingresos que se lograría. Este posible impacto hizo que la Airef apuntara que la evaluación de este beneficio fiscal fuera “no concluyente” y evitara realizar recomendaciones al respecto.

Además, apuntaba la Airef, habría un impacto distinto en función de las administraciones ya que estos servicios son proporcionados por las comunidades autónomas y no por el Estado. Por ello, aseguraron que se tenía que tener en cuenta que la mejora de los ingresos se repartiría al 50% entre las comunidades y la administración central, mientras que serían las primeras las que sufrirían el mayor coste que supondría el aumento de uso de los servicios públicos.

Este beneficio fiscal también fue analizado por el comité de expertos que el año pasado entregó al Gobierno su Libro Blanco para la Reforma Fiscal. En este estudio reconocían que existen argumentos a favor de su retirada. “No parece ser el instrumento más adecuado para facilitar el consumo de los mismos entre el conjunto de la población, porque son las personas con rentas más altas las que los consumen más y las que obtienen un beneficio más elevado”, apuntaron los expertos. También señalaban que el “potencial recaudatorio” de retirar esta medida “puede no ser desdeñable”.

Por contra, apuntaba que generaría una distorsión en la competencia entre el sector privado y el público. También señalaba que, al no tener alternativa en el sector público, sería necesario en algunas actividades como los dentistas. Además, como la Airef, apuntaba a que el aumento de recaudación se vería minorado por el aumento de los costes por asumir la atención a los usuarios que pasaran del sector privado al público. “El comité se inclina por no recomendar la eliminación de la exención de la prestación por el sector privado de los servicios de sanidad y educación”, concluía el documento.

El debate de las subidas del IVA

El IVA es el impuesto menos progresivo. Se paga igual al margen del nivel de renta. Esta es la razón por la que se cuestionen habitualmente las rebajas fiscales en este tributo, ya que se pierde recaudación y lo pagan en mayor medida quienes más consumen. Es lo que ocurre en el caso de la exención a la educación y la sanidad privada, servicios que, además, no todo el mundo puede permitirse.

En los últimos tiempos se ha planteado por distintos organismos y expertos la necesidad de que España camine hacia otro modelo del IVA, con menores tipos reducidos o superreducidos. O directamente, a un IVA único. Así lo plantearon, por ejemplo, en el comité de expertos en 2022, que apuntaba a la necesidad de crear un sistema que compensase a los hogares con menores rentas por esta subida del IVA. Lo hizo en el mismo informe en que abogó por mantener la exención a la sanidad y educación. Esta idea fue avalada también por el Banco de España, ya este año.

Desde organismos internacionales, también se ha planteado este año que España suba el IVA y camine hacia un tipo único. Así fue una de las conclusiones del último informe de la OCDE sobre España. Abogaba por ir eliminando los IVA reducidos, empezando por la hostelería y la restauración. Con este camino, el organismo internacional apuntaba que se podría incrementar la recaudación pública en 5.000 millones de euros.