La vallisoletana Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el Gobierno de Mariano Rajoy, ha fichado como asesora por la consultora EY, según datos del Portal de Transparencia.

La web de Transparencia del Gobierno indica que la que fuera ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente entre abril de 2014 y junio de 2018 recibió el pasado 5 de marzo la autorización para ejercer como asesora de EY Estudios Empresariales.

García Tejerina, para cuyo nombramiento no se ha detectado ninguna incompatibilidad, se convirtió en ministra después de ser secretaria general de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entre febrero de 2012 y abril de 2014.

Tras la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, que se debatió entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018, dejó el Ministerio y, después la celebración del XIX Congreso Nacional Extraordinario del PP, celebrado en julio de 2018, fue designada vicesecretaria de Sectorial del partido por el presidente, Pablo Casado.

Nacida en Valladolid, García Tejerina es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. También tiene máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid y en Economía Agraria, por la de California.

Csopedal, a CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Por otro lado, el Portal de Transparencia también recoge la designación, con autorización el 24 de febrero de 2020, del nombramiento de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal como socia principal del bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

De Cospedal fue ministra de Defensa durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, desde el 3 de noviembre de 2016, fecha en la que fue nombrada, hasta el 7 de junio de 2018, cuando su Gobierno fue desalojado tras prosperar la moción de censura presentada por Pedro Sánchez.

Además, Transparencia también muestra la creación de la empresa Skills Wego por parte del exministro de Educación, Cultura y Deporte entre 2011 y 2015, José Ignacio Wert, que es el administrador único de la sociedad.

El Partido Popular de Valladolid vive uno de sus peores momentos desde su creación: las cuentas están en números rojos y las exigencias del gerente a los altos cargos para que hagan donaciones han enfurecido a miembros históricos. No se explican cómo se ha llegado a una situación tan apurada después de dos procesos de primarias, el provincial y el regional, en marzo y mayo de 2017, que engordaron considerablemente su tesorería y la dejó más que saneada.

Desde hace unos meses se conoce lo que se volvió a plantear en la reunión del Comité Ejecutivo del pasado 21 de enero: hay que poner dinero. La situación es tan límite que hace unas semanas pagar a la trabajadora que se encarga de abrir las puertas de la sede era inviable. Mientras desde la gerencia se insiste que es necesaria una derrama para poder seguir adelante, es Génova quien decide. La Junta Directiva Nacional está estudiando la situación para determinar qué cantidad se necesita y quiénes deben pagar.

El “impuesto revolucionario”, unos pagan y otros no

El PP provincial se nutre de la cuota de los afiliados y de las donaciones “voluntarias” de 100 euros que tienen que pagar cada mes los altos cargos del partido y que ellos denominan “el impuesto revolucionario”. Los ánimos se encendieron cuando se supo que alcaldes de grandes municipios con sueldos abultados no han pagado la 'donación' durante años o que otros están pagado por debajo de lo establecido. “¿Pero por qué unos sí y otros no?”, cuestionan quienes han cumplido religiosamente. Nadie ha dado una explicación. Tampoco a la pregunta más importante: “¿Dónde ha ido a parar todo el dinero que se recaudó en los dos procesos de primarias de 2017?”.

“Sé que había una cantidad muy importante y que ya no está. Y es imposible que eso se haya gastado en las elecciones municipales porque no se colocaron ni banderolas de la candidata al Ayuntamiento de Valladolid”, afirma un miembro histórico. Tal y como informó eldiario.es, en Castilla y León el Partido Popular se anticipó a lo que iba a ser un mal resultado –en la Comunidad pasó de 42 escaños a 29– e invirtió en las elecciones de 2019 la mitad que en 2015.

El dinero que ya no está

Otro de los afiliados de siempre recuerda a eldiario.es cómo durante las primarias para elegir la presidencia provincial se pidió directamente a los miembros del partido, “con y sin cargo público”, que pagasen de su bolsillo los atrasos de militantes que llevaban años sin pagar o las cuotas de nuevos afiliados. Se trataba de ganar apoyos para esas primarias. Algunos de los miembros consultados por este diario aseguran que las cantidades que pusieron oscilaban entre los 800 y los 1.000 euros. El partido no devolvió el dinero a todos y consideró que quienes tenían un sueldo público debían hacer ese esfuerzo.

“Si quieren que pongamos más dinero, tendrán que explicar antes qué ha pasado con el que había, pero es que además habrá que hacer ajustes y ver qué gastos se pueden recortar”, precisa.

“El piso cutre” de los García Tejerina de 40.000 euros

La sede del PP de Valladolid está en un piso de unos 200 metros cuadrados en el centro de la ciudad, en Alcalleres, una calle peatonal. Los propietarios son la exministra Isabel García Tejerina y sus hermanos, que poseen un importante patrimonio inmobiliario. “No puede costar mucho dinero, es un piso viejo, sin ascensor, en el que no se han hecho reformas”, afirma la misma fuente. Pero otro afiliado del partido lo discute: “Por ese piso cutre estamos pagando unos 40.000 euros anuales, y eso es carísimo. Ese alquiler se tenía que haber bajado y no ha sido así”, asegura.

Pero no solo el PP de Valladolid está en situación crítica. El de Castilla y León también, a pesar de que gestiona directamente la subvención parlamentaria, que no está sujeta a la fiscalización del Parlamento autonómico y que durante décadas ha sido muy alta, por ser el Grupo Parlamentario Popular el que contaba con mayoría absoluta. Durante la pasada legislatura recibió 1,7 millones de euros al año, mientras en esta nueva legislatura obtendrá 1,2 millones. Pero es que el PP de Castilla y León tiene gastos muy superiores a los del provincial: con esa subvención paga a varios trabajadores del Grupo Parlamentario, como el jefe de prensa o dos administrativos y el alquiler de la sede, que está también en el centro de la ciudad, en plena milla de oro. Las oficinas, de unos 400 metros cuadrados, están en la calle María de Molina, y el alquiler que se paga no baja de los 7.000 u 8.000 euros mensuales. A ello hay que sumar el personal que trabaja allí, un responsable de prensa y al menos tres personas de administración. “Están igual o peor que el PP de Valladolid”, aseguran las fuentes del partido consultadas por este diario. Lo que sospechan es que el dinero del PP provincial se ha trasvasado al regional, ya que ambos comparten gerente, y que esa maniobra no se ha comunicado.

“Lo que no se entiende es que esa sede de María de Molina, que es carísima, mucho más que la de la calle Alcalleres, esté alquilada desde 1987 –etapa en la que Jesús Sepúlveda era gerente y vivía en Valladolid junto a su entonces mujer, Ana Mato–, cuando habría sido más rentable su compra”, aseguran. Las mismas fuentes consideran que es un auténtico despilfarro tener alquiladas desde hace décadas las dos sedes, a 300 metros de distancia una de otra, y que tendría más sentido prescindir de la más cara, aunque recuerdan que hace unos años el partido pagó una importante reforma pese a ser arrendada.

Tanto el PP de Valladolid como el de Castilla y León comparten gerente desde que el del partido provincial, Jesús Domínguez, se jubiló. Ahora es Pedro Viñarás quien controla ambas sedes. Es él quien en los últimos meses ejerce de “cobrador del frac” y recuerda a los cargos públicos la frase que más les enerva: “Hay que poner dinero”.

Mientras las máquinas continúan trabajando para que el embalse de Almudévar sea una realidad en 2022, en este pequeña localidad oscense no hay noticias sobre las compensaciones que deben pagarse a aquellos propietarios de suelos e inmuebles que se inundarán para que el embalsamiento de las aguas de los ríos Gállego y Cinca (170 hectómetros cúbicos, sea una realidad). El Ayuntamiento interpuso un recurso contencioso-administrativo y, más de un año después, el proyecto sigue acumulando duda tras duda y cada vez son más las voces que se elevan en su contra.

Desde que Pedro Sánchez alcanzase la presidencia del Gobierno tras prosperar la moción de censura que desalojó de La Moncloa a Mariano Rajoy, el Ayuntamiento de Almudévar no ha vuelto a tener contacto con sus responsables: ni con el Ministerio para la Transición Ecológica que encabeza Teresa Ribera, ni con la nueva Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de Dolores Pascual. El Gobierno de Aragón se ha posicionado de una manera “solidaria”, insisten desde el Consistorio, aunque “sin aludir a aspectos concretos de la cuestión”.

El PP puso cifras a estas restituciones económicas. La exministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, mostró el compromiso de destinar 30 millones de euros a tal afecto: 20 para la creación de 1.400 nuevas hectáreas de regadíos en compensación por las 1.000 que se anegarán y diez dedicados a obras relacionadas con el pantano, como la ampliación de la potabilizadora de agua de la localidad y el ensanchamiento del puente sobre el Canal de Monegros.

Ante la evidencia y la falta de noticias que ha generado incertidumbre entre los vecinos de Almudévar, el Ayuntamiento mantiene el contencioso-administrativo que presentó ante la Audiencia Nacional. Se ampara en el incumplimiento del artículo 96 del Real Decreto que aprobó el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, que señala que “en las obras de regulación que afecten de forma singular al equilibrio socioeconómico del término municipal en que se ubiquen debe elaborarse previamente un Plan de Restitución Territorial que se ejecute de forma simultánea a las mismas”.

“Es imprescindible construir embalses”

El senador popular por Huesca Antonio Romero defendió hace unas semanas una moción impulsada por el grupo territorial de senadores de Aragón y que contó con la abstención del PSOE. Se exigía al Gobierno de Pedro Sánchez la ejecución de las inversiones previstas en el presupuesto del antiguo Ministerio para la construcción de los embalses de Almudévar y Biscarrués. “El Gobierno del señor Sánchez ha incumplido su palabra con el Alto Aragón porque en el embalse de Almudévar no llega al 28 %, es decir, 5.300.000 euros de los 19 millones presupuestados”, aseguró.

Se trata de “obras prioritarias e imprescindibles para el desarrollo no solo de Huesca sino de Aragón en su conjunto”, justificó, poniendo de relieve la importancia en la comunidad del sector primario y la agroindustria. Defendió que “la mejor manera de aprovechar el agua es mediante regadíos eficientes y para ello es indispensable almacenar agua y, en consecuencia, es imprescindible construir embalses”, aseveró.

CHA, por su parte, considera “una vergüenza” que el Gobierno no se haya comprometido con el plan de restitución de Almudévar. “Si criticable es que la ministra del anterior Gobierno de España, Isabel García Tejerina, anunciara su compromiso de destinar 30 millones de euros para el plan de restitución para después no concretar las actuaciones, ni redactar el plan de restitución, lo del Gobierno de Pedro Sánchez es igual de lamentable, puesto que es evidente que no contemplan este asunto en su agenda”, advierte.

Según Juan Carlos Jiménez, portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Almudévar, “desgraciadamente en el PSOE no tienen en cuenta al alcalde ni a las reivindicaciones que trasmite, está quedando en evidencia la nula capacidad de influencia que tiene en su partido, con lo que la vía judicial, el recurso contencioso-administrativo que presentó el Consistorio ante la Audiencia Nacional, no solo debe de seguir hasta el final, es que dado el diálogo de sordos entre las dos partes se convierte en la única esperanza para que se cumpla la legislación y se restituya debidamente a nuestro municipio”. Jiménez recuerda el incumplimiento del artículo 96 del Real Decreto que aprobó el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, “pero lo que nos encontramos es una administración central que actúa con desdén y con prepotencia”.

Asimismo, el portavoz recuerda que “el cambio de Gobierno en Madrid no ha supuesto ningún cambio en los compromisos para que la balsa de Almudévar lleve aparejada desde el principio de su ejecución el plan de restitución que todos los grupos municipales consideramos de justicia para que se impulse el desarrollo socieconómico de Almudévar, San Jorge, Valsalada y Artasona”.

Para el secretario territorial de CHA en el Alto Aragón, Joaquín Palacín, son “decepcionantes las millonarias inversiones para obras que suponen un despilfarro como los 31 millones para el recrecimiento de Yesca, que se sumarán a los 235,5 millones que arrastra de desfase la obra, y 13 años de retraso, o los 102.000 euros para un embalse como el de Biscarrués que se encuentra a espera de la Justicia, mientras no hay un solo euro para el plan de restitución del embalse de Almudévar, o para el plan de desarrollo sostenible de Jánovas, ni para la limpieza de lindano en el río Gállego”.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha decidido elegir a la portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Isabel Blanco, como cabeza de lista por Zamora a las elecciones generales del 28 de abril, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

De esta forma, el líder del PP fulmina al excoordinador general del PP y expresidente de Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maillo, que apostó por la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el proceso de primarias que eligió al sucesor de Mariano Rajoy en julio de 2018.

La dirección nacional del partido no ha desvelado si contará con Maillo en el Parlamento o le ubicará en otro destino.

En junio de 2015, cuando Mariano Rajoy remodeló la cúpula del PP tras las elecciones autonómicas y municipales, entraron a 'Génova' nuevos vicesecretarios, entre los que estaban el propio Maillo, Pablo Casado, Javier Maroto y Andrea Levy. En 2017, el diputado zamorano se convirtió en coordinador general de toda la cúpula del partido.

El presidente del PP, Pablo Casado, renovará al menos un 40 por ciento de los 'número uno' del partido al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 28 de abril. Su objetivo es acometer una “renovación tranquila”, combinando experiencia y juventud, según han informado a Europa Press fuentes de la formación.

La dirección del PP prevé dar a conocer en breve sus cabezas de lista a la Cámara baja y, de hecho, planea un gran acto de presentación con Casado, que podría producirse este mismo fin de semana. Las formaciones políticas disponen del 20 al 25 de marzo para registrar las listas en las Juntas Electorales.

Castilla y León será una de las comunidades con cierta renovación en los cabeza de cartel con el ejemplo del nuevo 'número uno' de Ávila porque en 2016 encabezó la lista el propio Pablo Casado que ahora irá por Madrid, como suele ocurrir con los candidatos a la Presidencia del Gobierno.

También habrá cambio en Palencia, donde Mariano Rajoy situó hace tres años a Iñigo Méndez de Vigo, exministro de Educación, que ha anunciado esta misma semana que deja la política. No se prevé que el exsecretario de Estado Tomás Burgos sea de nuevo cabeza de cartel por Valladolid, una plaza que podría encabezar la exministra Isabel García Tejerina si al final no forma parte de la candidatura de Madrid.

Se espera por Salamanca a José Antonio Bermúdez de Castro. También podrían repetir Beatriz Escudero (Segovia) y Jaime Mateu (Burgos) y es más dudoso que encabece la lista por Soria el exministro Jesús Posada, según fuentes de la formación.

Cuando Dolors Montserrat empezó a disparar palabras y fue de la prostitución a la dacha, de las herriko tabernas al máster, las caras del PP se volvieron asombradas e incrédulas. Aplaudieron, claro, porque el Congreso es ya un estadio donde se anima al equipo aunque se meta un gol en propia puerta, pero si no se ruborizaron de la vergüenza fue para no parecer unos rojos. Hubo, en cambio, una excepción notable. Pablo Casado asentía de satisfacción. De aquella intervención de Montserrat en la que no se entendía nada se acabó entendiendo todo: el PP quiere ruido, desgaste. Como si el Gobierno no se bastara para desgastarse solo.

Existen dudas en el PP con su portavoz parlamentaria pese a que apenas las confiesen porque es aún pronto y porque, además, conviene chistar poco, que están a medio hacer las listas electorales. Existen dudas incluso con la idea de Casado de plantarse en Bruselas como hizo el miércoles para hablarle a Merkel muy bien de España y muy mal de su Gobierno. Pero qué se le va a hacer, el líder lo ha dispuesto así: “Esto no es ir a hablar mal de España como alguno intentó manipular. Manipulaciones, las justas”.

En esos comentarios sueltos, que compiten con ellos mismos por conseguir retuits y telediarios, es donde el presidente del PP construye su personaje e ilumina a su entorno. Luego llegan las salidas de Tejerina con los niños andaluces y hasta la intervención de Montserrat en el Congreso. Por muy ilógica que parezca, esa intervención tiene un motivo: si Pedro Sánchez se descolgó de un molino en la tele y llamó a Sálvame para que le conociera el gran público, los nuevos líderes del PP procuran su notoriedad a partir de frases. Tratan de imitar a Rajoy, lo que son las cosas. Pero también para eso hay que saber.

Mariano Rajoy, que sentía aversión por los medios, andaba siempre envuelto en sus frases para protegerse de cualquier calamidad. Las usaba como un superpoder, ya fuera en la Audiencia Nacional (“hacemos lo que podemos significa que no hacíamos nada”, dijo de sus mensajes a Bárcenas) o en el mismo Congreso. Y cuanto peor, mejor para todos; beneficio político, el suyo. Para eso hay que valer y Casado no tiene la habilidad de hilar una frase con los vecinos que quieren que sean los vecinos el alcalde. Casado lo intenta, aunque le salga distinto, y habla sin sonrojo de la hispanidad y el periodo más brillante en la historia de la humanidad y después de la eutanasia, que no es un problema en su mundo, y hasta del populismo, que emerge “igual que el ludismo”. Si parecen ocurrencias, no lo son. Son otra cosa. Los clásicos lo llamarían ideología. Ahora tendrá otro nombre, lo más seguro que en inglés, para que suene moderno. 

Casado frasea. Se entiende: cuando nadie daba un duro por él en la batalla del PP, se hizo notar con arrebatos polémicos, sobre la inmigración los que más. De las guerras del abuelo y las fosas de no sé quién acabó catapultado hasta el mismo trono. Así que cuando Soraya Sáenz de Santamaría fue a desplegar su abanico ante la militancia del partido, Casado ya la tenía rodeada con frases de Ronald Reagan. Pese a que venció, el líder todavía persiste con la misma inercia, quizá porque la competición no ha acabado y ahora la libra contra Albert Rivera. 

Así avanzan las semanas, en fin, entre antologías de Pablo Casado y rectificaciones del Gobierno, que es lo que trata de gestionar el PSOE junto a la agitación por el pacto con Pablo Iglesias y su visita de ayer a Oriol Junqueras en prisión. Cuando Sánchez aclaró que por el Gobierno sólo negocia el Gobierno no está del todo claro si lo dijo para que le escucharan sus socios de Podemos o sus compañeros de partido. Susana Díaz había mandado la primera señal, igual que hizo al momento el ministro Borrell, que, sin embargo, dirigió su mejor frase a los soberanistas: “¿Qué se apuestan a que votan a favor de los presupuestos? ¿Doble o sencillo?”.

Si quienes hicieron presidente a Sánchez componen el bloque que asegurará las cuentas y la estabilidad del Ejecutivo, harán falta más que chascarrillos. O palabras de otro tipo, porque en el PSOE recelan de Iglesias, de quien desconfía ERC, que apenas se lleva con el PDeCAT (por algo gobiernan juntos). Necesitan tanto un acuerdo, que no hacen más que pelearse. Eso sin mentar al PNV, que tiene que encajar en la ecuación. En conjunto, todo parece una mezcla de improvisación, intereses y ocurrencias, pero seguro que eso no es más que la típica frase ligera que uno escribe para acabar un artículo.

El PP sigue este viernes intentando apagar la polémica que inició la exministra Isabel García Tejerina, cuando dijo que “en Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León”. El portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, y el número dos del partido, Teodoro García Egea, tratan de reducir el efecto negativo de esas palabras, que provocaron una respuesta del propio partido en Andalucía.

Ignacio Cosidó ha señalado este viernes que la interpretación que él hace de las palabras de Tejerina, es que “el sistema educativo andaluz es malo” y ha subrayado que “la inteligencia de los niños andaluces está en la media del resto” de España.

Cosidó, senador por Castilla y León, ha recalcado que en ocasiones los políticos no consiguen transmitir correctamente el mensaje que querían dar, y ha añadido que cuando se hacen declaraciones se debe tener en cuenta el “índice refractario” de las palabras. Así, ha apuntado que se debe pensar en cómo le llega el mensaje al receptor, a los medios, e incluso a la interpretación que puede hacer del mismo la oposición.

En este sentido, ha quitado importancia a las declaraciones de Tejerina y ha reiterado que la inteligencia de los menores andaluces, está, “por lo menos”, en la media del resto de niños españoles, y ha añadido que lo que quería decir la exministra es que “hay un problema educativo en Andalucía” tal y como “demuestra el informe PISA”. “El PP quiere mejorar la calidad de la educación en Andalucía”, ha apostillado.

Por su parte, García Egea ha querido defender la sinceridad con la que, a su juicio, se expresó la exministra. Lo ha hecho en una entrevista en RNE: “Somos un partido formado por personas que creemos en la sinceridad, creemos que hay que manifestarse como uno es”.

Además, el secretario general del PP ha usado su cuenta de Twitter para celebrar el “privilegio” que es vivir en Andalucía.

La exministra Tejerina le ha hecho un enorme favor al PSOE-A y su gestión educativa. Encima de no tener ni idea de lo que habla y de hacerlo con la soberbia que caracteriza a la derecha, encima de eso, es torpe. Insultar al alumnado andaluz es la mejor forma de que Díaz y los suyos saquen la bandera, organicen una rueda de prensa deprisa y corriendo delante de un colegio y eviten hablar de los problemas del sistema educativo andaluz. Chapó, Sra. Tejerina.

Pero es que la idea que hay de fondo es aún más peligrosa. En el PP piensan de verdad que los resultados educativos correlacionan con el partido en el Gobierno. Piensan que allá donde gobiernan ellos hay mejores resultados. Falso. Como falso es que haya dos cursos de diferencia entre el alumnado de Castilla y León y el andaluz. Una falacia que a fuerza de repetirla solo sirve para aumentar la prepotencia del norte y dificultar el autoestima de Andalucía. Datos hay a gusto del consumidor, y en eso el PSOE-A es experto y los maneja a su antojo. Podríamos hablar de que hay datos que hablan de que Andalucía tiene un sistema educativo bastante equitativo, o de que es la tercera comunidad autónoma con menor gasto por alumno.

Por eso mismo es importante ir al fondo de la cuestión.

Estos son los problemas de medir, cuantificar, hacer rankings y competir hasta en aquellas cuestiones que no tiene sentido hacerlo. Y de esa necesidad de medir nace el “sacrosanto” informe PISA que tanto manosean políticos y medios en una u otra dirección, y en el que hoy la Sra. Tejerina dice haberse basado sin mostrar ninguna evidencia. El problema es que PISA dista mucho de ser un informe neutral y casi más de ser científicamente válido para cambiar la Escuela. La OCDE impulsa dicho informe con unas intenciones claras: proponer cambios en los sistemas educativos para adaptarlos cada vez más a las lógicas neoliberales. De hecho no lo esconden, el error es nuestro por usarlo.

Son cada vez más las voces expertas que hablan de los problemas de PISA. Especialmente la estandarización sesgada de sus puntuaciones, el ignorar la variable cultural y el medir una serie de competencias que no están exclusivamente relacionadas con las prácticas docentes, como ellos reconocen, para luego sacar conclusiones que se usan para evaluar las prácticas docentes y sistemas. Y por eso, medir una serie de parámetros ignorando el contexto en el que se desarrollan los procesos educativos, o tomar unos datos sesgados para usarlos en nuestro beneficio más cortoplacista, nos lleva a decir estupideces del tamaño de que “lo que sabe un niño de diez años en Andalucía es lo mismo que uno de ocho en Castilla y León”.

Lo que sí nos dicen cada vez más expertos en educación, e incluso la propia OCDE acaba reconociendo, es que algunas de las variables más relacionadas con los resultados educativos son el nivel de estudios de la familia, el número de libros que hay en casa o el contexto socieconómico del alumnado. No son las únicas, menos mal. Pero son las oportunidades educativas, al fin y al cabo. Ay amigo... quién nos iba a decir que era una cuestión de contextos, una cuestión de la situación de partida en la que nacía cada alumno o alumna. Una cuestión de clase. Cualquier análisis que ignore eso, como el de la señora Tejerina, es una enorme mentira.

Y con eso, el sistema educativo debe poner todos los medios materiales, humanos, científicos y sociales para compensar las desigualdades de clase. Cualquier gestión educativa que no haga eso, como la del Gobierno de la Sra. Díaz, lo único que consigue no es que los niños y niñas de Castilla y León consigan más que los de Andalucía, sino que los niños y niñas de Andalucía que tienen un entorno sociocultural con más facilidades aprendan más que los que no las tienen.

Pero voy a más ¿Qué son los resultados educativos? ¿Qué es lo que, supuestamente, sabe más un niño de Castilla y León que un niño andaluz? ¿Se sabe mejor las tablas de multiplicar o resuelve mejor un problema? ¿Tiene más capacidad de expresar sus ideas oralmente? ¿Sintetiza mejor las ideas de un texto? ¿Trabaja mejor en equipo? ¿Tiene una tolerancia a la frustración más alta? ¿Es más feliz? Quién hace la ley hace la trampa, y en educación (como en tantas otras cosas) quién mide o evalúa hace la trampa, como ya reflejaba Tonucci en sus viñetas.

Gracias a la Sra. Tejerina hoy no hablaremos de esto, y los ineficaces gestores políticos del trasnochado aparato susanista de la Consejería de Educación dormirán tranquilos. Se enrollarán en nuestra bandera y olvidarán los recortes, las aulas prefabricadas, la climatización, el fracaso del bilingüismo, la burocracia docente, las metodologías trasnochadas, la inestabilidad interina o la falta de recursos para la atención a la diversidad.

Las palabras de la vicesecretaria de Acción Social del PP, Isabel García Tejerina, diciendo que “en Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León”, que horas más tarde ha querido aclarar señalando que se refería a “40 años de pésima gestión” del PSOE, son solo las últimas de una serie de manifestaciones políticas en las que, principalmente desde el Partido Popular, se utiliza Andalucía y sus tópicos históricos como argumento de campaña.

La crítica de Tejerina a los alumnos andaluces ha incendiado en esta ocasión a todos los partidos en campaña electoral, incluido el PP en Andalucía. Todos los candidatos andaluces en campaña, también el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, han rechazado las palabras de la exministra y le han exigido respeto. El presidente del PP nacional, Pablo Casado, pese a todo, ha denunciado el “victimismo” del PSOE y Teodoro García ha ido un paso más allá señalando que “los andaluces no tienen culpa de tener un Gobierno de Susana Díaz que se gasta más en prostitución que en becas”.

No ha sido la única ocasión en que los agravios hacia Andalucía se han colado en las declaraciones políticas de Despeñaperros hacia arriba, levantando ampollas en la comunidad autónoma y poniendo palos en la rueda del candidato popular, en este caso.

No hace ni un par de años, entonces sin elecciones a la vista, que los andaluces dijeron #GraciasCifuentes por Twitter a la presidenta de la Comunidad de Madrid después de que Cristina Cifuentes dijera que los madrileños “están pagando” la sanidad y la educación de los andaluces.

“Hay que sacar a Andalucía del pelotón de los torpes” fue la declaración que Rafael Hernando, diputado por Almería y portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, utilizó en marzo de 2015 para animar la campaña andaluza.

Hernando, que ya en otras ocasiones se ha hecho famoso por sus declaraciones salidas de tono como cuando dijo que “Andalucía es como Etiopía”, ni siquiera fue el primero en salpicar aquella cita electoral de manifestaciones de este tipo.

El compañero de partido de Hernando, José Antonio Monago, presidente de Extremadura, puso en la red un vídeo cargado de tópicos y burlas hacia los andaluces donde comparaba “los dos sures”. Ante el reproche incluso dentro de su propio partido (“Andalucía no está para bromas”, dijo Juan Manuel Moreno; “espero que lo retire”, dijo Cospedal), Monago manifestó que “hay que tener más sentido del humor”. Eso sí, no se retractó ni él ni el PP extremeño.

También Ciudadanos, en la campaña de 2015, quiso “enseñar a pescar” a los andaluces, como dijo Albert Rivera. O Durán i Lleida, que colocó a todos los jornaleros recibiendo el PER y “todo el día en el bar de su pueblo”. O Joan Puigcercós que afirmaba sin sonrojo que  “en Andalucía no paga impuestos ni Dios”. Se trata de un argumento que algunos partidos catalanes se empeñan en utilizar para demostrar lo que llaman “agravios” contra su región.

Anteriormente, el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ante una pregunta sobre la reforma de la ley del aborto, respondió a Elena Valenciano (PSOE) en el Congreso en marzo de 2014: “usted quiere para Europa una tasa de paro del 35 por ciento, un fracaso escolar como el de Andalucía o que Europa tenga un sistema de expedientes de regulación de empleo (ERE) falsos, que es lo que caracteriza y define a Andalucía”.

El PP andaluz salió rápidamente al paso a rectificar y matizar las palabras de Gallardón asegurando que no se refería a Andalucía en su conjunto sino a la gestión del PSOE andaluz. El mismo argumento que utilizó Monago para justificar su vídeo de mal gusto y el mismo que ha usado ahora el PP nacional después de las consideraciones de Tejerina sobre los alumnos andaluces.

También Feijoó (presidente de Galicia) pronunció la siguiente frase ( 2014): “La Transición española se completará cuando en Andalucía gobierne un partido distinto al que ha gobernado siempre”. Las “pitas, pitas” de Esperanza Aguirre en 2010, a propósito de la decisión del Gobierno de reducir a un mínimo histórico las jornadas que tienen que trabajar los agricultores para recibir el subsidio de desempleo.

Montserrat Nebrera, diputada por el Partido Popular por Catalunya, en 2009, aparte de denominar “cosa” a la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez, aludió a su acento andaluz como “de chiste”. Acento que también fue objeto de mofa en la cámara de Madrid en relación a Trinidad Jiménez cuando era candidata a la comunidad de Madrid: “Es floja, le falta cuajo y su acento la hace más apta para Dos Hermanas o Vélez-Málaga”, palabras de Juan Soler, portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. Aunque en esta ocasión, el PP le obligó a pedir perdón y rectificar sus palabras.

Ana Mato, exministra de Sanidad, aseguró en 2008 que “los niños andaluces son prácticamente analfabetos”. Pidió disculpas pero repitió discurso en 2011, en plena campaña electoral, afirmando que “los niños andaluces dan clase en el suelo”.

A vueltas con el Estatuto

El Estatuto de Autonomía andaluz en 2006 también se convirtió en una buena ocasión para pronunciar frases poco afortunadas sobre la región. Ahí estuvieron las palabras del eurodiputado del PP catalán Alejo Vidal-Cuadras que se refirió a Blas Infante, considerado como padre de la patria andaluza, como“cretino integral” o las de Jaime Mayor Oreja, convencido de que el nuevo Estatuto de autonomía daba “pretensiones al islamismo”. “A los andaluces, la realidad nacional les suena más a chirigota, no tiene la seriedad necesaria que tiene que tener una reforma estatutaria”, afirmó María San Gil, expresidenta del Partido Popular en el País Vasco, y Mariano Rajoy, ahora presidente del Gobierno, aseguró que el Estatuto le sonaba a “cachondeo”.

Y mirando más hacia atrás, en 2002, las palabras de Juan Carlos Aparicio, exministro de Trabajo: “El peor favor que podemos hacerle a Andalucía es dejarla sumida en la indolencia”.

De la “indolencia” a las declaraciones de Tejerina, distan ya 18 años y parece seguir sin funcionar como estrategia electoral. En una cita con las urnas en la que las encuestas no dan su mejor resultado al PP andaluz, los palos en la rueda con este tipo de declaraciones no son la mejor ayuda de campaña. Por eso Juanma Moreno ha reaccionado en esta ocasión con rapidez, aunque el historial que llueve sobre mojado será utilizado sin duda por sus adversarios en la contienda política del 2 de diciembre. 

Lo peor de la campaña electoral andaluza es que todavía le quedan 45 días. Hasta las diez de la noche del 2 de diciembre no se conocerá la composición del nuevo Parlamento de Andalucía. Mientras tanto vuelven los temas clásicos: los pactos, Catalunya, los debates televisivos y los caramonazos (el diccionario de uso del motrileño lo describe como un “fuerte golpe en la cara o la cabeza con un objeto”) del PP.

Los populares andaluces llevan 36 años y medio en la oposición, y siguen preguntándose por qué, pero sin hallar respuesta.

No es tan difícil. Por un lado, está la dependencia de los andaluces del Presupuesto de la Junta, lo que algunos llaman “las paguitas” y otros, efecto redistributivo para reducir la desigualdad. Según datos aportados en marzo pasado por la ahora ministra de Hacienda y ex consejera andaluza, María Jesús Montero, la transferencia de renta indirecta proporcionada por la Junta para una familia media andaluza es de 9.716 euros. Por otro lado, están los aciertos del PSOE. Y después, los errores del PP y su incapacidad para plantear una alternativa en una región donde sus habitantes se autoubican en el centro izquierda.

Juanma Moreno, su candidato, tiene preparada una campaña dura, como acreditó el mismo día de la convocatoria electoral cuando se fotografió delante de un antiguo prostíbulo en el que se había usado una tarjeta de la Junta para pagar consumiciones indeterminadas. Desveló entonces que el director de la fundación Faffe había abonado con esa misma tarjeta unos 32.000 euros en cinco prostíbulos entre 2004 y 2009.

Probablemente Moreno también tendrá propuestas atractivas para cautivar a los votantes. Pero lo que aún no ha hecho Moreno ni sus asesores ni el nuevo gurú que ha fichado es una guía para forasteros de su partido en las campañas andaluzas. Es un clásico que se repite siempre: tocan tambores electorales y los dirigentes nacionales del PP empiezan a darse caramonazos contra los suyos, como si pertenecieran a una panda de ballenas suicidas que acaban varadas en la playa sin que los científicos sepan por qué.

Desde hace mucho tiempo, los dirigentes del PP (también de otros partidos) confunden la crítica a las políticas de los socialistas andaluces con los menosprecios a los andaluces. Especialmente, en tres aspectos: el PER, la educación y el acento.

Aquí van varios ejemplos:

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, del PP: “Se usa el dinero de los contribuyentes para dar pitas, pitas, pitas”.

Alejo Vidal Quadras, ex eurodiputado del PP: Blas Infante [al que el Parlamento andaluz considera padre de la patria andaluza] era un “cretino integral, un subnormal profundo”.

Josep Antoni Duran Lleida, exdirigente de CiU: “No hay derecho. Nuestro payés no puede recoger la fruta porque no hay dinero, mientras que, en otros sitios de España, con lo que hacemos nosotros, reciben el PER para pasar toda la jornada en el bar de su pueblo”.

Montserrat Nebrera, exdirigente del PP de Catalunya: “Tiene un acento [Magdalena Álvarez] que parece un chiste”.

Rafael Hernando, exportavoz del PP: “Andalucía es como Etiopía. Hay que sacar a Andalucía del pelotón de los torpes”.

Juan Soler, ex dirigente del PP de Madrid: “Es floja [Trinidad Jiménez], le falta cuajo y su acento la hace más apta para Dos Hermanas o Vélez-Málaga”.

Joan Puigcercós, ex dirigente de ERC: “En Andalucía no paga impuestos ni Dios”.

Ana Mato, ex vicesecretaria de Organización del PP: “Los niños andaluces son prácticamente analfabetos”.

Otra vez Ana Mato: “En Andalucía hay niños en el suelo de las escuelas”.

A esta lista, que es incompleta, se sumó este jueves la exministra Isabel García Tejerina: “En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León”, dijo en Los Desayunos de TVE. La apoyó su secretario general, Teodoro García: “Los andaluces no tienen culpa de tener un Gobierno de Susana Díaz que se gasta más en prostitución que en educación”. Y la desautorizó Juanma Moreno, quien a estas horas ya debería saber por qué el PP andaluz no logra alcanzar el poder en Andalucía. Con este panorama, no es de extrañar que la socialista Susana Díaz vaya proclamando por todos los rincones: “Estoy feliz”.

[PD. Una de las críticas más contundentes al sistema público andaluz de enseñanza lo lanzó en su día el primer presidente de la Junta, Rafael Escuredo, en un acto de su partido. Escuredo aludió así a la ganadora de Operación Triunfo: “Qué bien canta esa niña, pero ¿qué estamos haciendo con la educación pública?”].

SÍ pero no. Se acabó, pero luego si eso ya hablaremos. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha vuelto a recurrir a la ambigüedad al ejercer sus competencias en Medio Ambiente. En esta ocasión ha sido al anunciar la entrada en vigor de la normativa europea que restringe el uso de bolsas de plástico.

El proyecto de Real Decreto que transpone la ley de la UE debería haber entrado en vigor en enero, sin embargo el gobierno aludió entonces a un retraso en los trámites y dijo que se aprobaría en marzo. Finalmente su aprobación era anunciada por la ministra este viernes.

A partir del próximo 1 de julio deberemos pagar por cada bolsa que pidamos en los comercios dependiendo de su grosor: 15 céntimos por las llamadas “ligeras” (hasta 50 micras) y 5 céntimos por las “muy ligeras” (hasta 15 micras). Una micra es la milésima parte de un milímetro.

Quedan excluidas de pago las bolsas muy ligeras de uso alimentario: las transparentes sin asas que usamos para pesar la fruta o las que nos dan con el pescado y las más gruesas elaboradas con un 70% de plástico reciclado.

Hasta aquí nada nuevo ya que la mayoría de los comercios y cadenas de supermercados venían cobrando las bolsas. La novedad debería llegar a partir de 2021, cuando deberían quedar prohibidas todas las bolsas de plástico. Eso es lo que propone la directiva y lo que contempla el paquete de economía circular aprobado por la UE. Pero el gobierno español ha preferido recurrir a un comodín para alargar el consumo de bolsas en nuestro país: el comodín del plástico biodegradable.   

El término biodegradable es uno de los más ambiguos que existen y la industria de las bolsas, que lo sabe, ha recurrido a él para salvarse. En principio dicho término indica que los materiales se transformarán en sustancias inocuas para el medio ambiente al disolverse en el entorno. Todo ello gracias a un proceso biológico de degradación (de ahí el nombre) en el que intervienen los organismos descomponedores, como bacterias y hongos, presentes en la naturaleza.

Sin embargo lo que no aclaran es cuánto tiempo va a tardar en activarse ese proceso natural, cuantas horas, días o semanas puede permanecer el residuo biodegradable de manera inalterable en el entorno, contaminándolo y afectando a la salud del ecosistema.

Un ejemplo de biodegradable serían las malditas toallitas húmedas que según los fabricantes podemos tirar por el váter. No lo hagan. No se degradan. Como no me cansaré de decirles lo que hacen es crear monstruos en las alcantarillas que provocan graves daños en el saneamiento urbano, colapsan depuradoras y causan graves daños en el medio ambiente.

Las bolsas biodegradables son tan biodegradables como las toallitas biodegradables: ¡es decir nada!

Lo que hace el gobierno al permitir que sigamos consumiendo bolsas recurriendo a ese enredo es seguir alimentando el monstruo de las islas de basura que se están formando en los océanos, algunas con un tamaño de hasta tres veces la península ibérica.

Lo que hace el gobierno al no prohibir el uso total de las bolsas de plástico (como le propone la UE) es aumentar la concentración de microplásticos en el mar, donde según nos alerta Greenpeace en el 2050 habrá más plásticos que peces.

Lo que debe hacer el gobierno es desistir de la coartada biodegradable y eliminar de una vez por todas las bolsas de plástico: todas las bolsas de plástico.

Por último, y aunque sé que no suele detenerse en este medio, le recomendaría a nuestra ministra de Agricultura que le echase un vistazo a la inapelable portada del número de junio de la revista National Geographic.

Una portada que está arrasando en las redes sociales por el inapelable mensaje de su titular, ¿planeta o plástico?, y por la brutal imagen que reproduce: un inmenso iceberg surgiendo del mar que en realidad es tan solo la punta de una gigantesca bolsa de plástico. Tal vez biodegradable.   

“Hay noticias que se entienden mejor juntas, cuando comprendes que el verdadero problema del agua en España no viene por la sequía, sino por la corrupción, la incompetencia y la falta de vergüenza de una serie de políticos regionales y nacionales al servicio de un lobby”, han lamentado este miércoles desde la Asociación de Ribereños de Entrepeñas y Buendía.

La asociación sostiene que, mientras el Tajo “se muere por culpa de una hemorragia brutal en su cabecera”, en Murcia asisten a la “degradación absoluta del otrora orgullo del Levante, su Mar Menor” en alusión a la dimisión de tres investigadoras del Comité de Asesoramiento Científico que trata de recuperar la laguna, después de enviar un manifiesto muy crítico a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente en Murcia, firmado a su vez por once de los investigadores del comité. “Sólo difunden nuestras conclusiones si coinciden con sus intereses”, denunciaba una de ellas.

A su vez, recuerdan,  el ex comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Manuel Aldeguer, declaró el lunes como imputado por el caso Topillo, sobre la contaminación del Mar Menor. El ex comisario “hizo caso omiso de todos los informes científicos que señalan directamente a la agricultura como responsable de la situación del Mar Menor y mostró un alarmante desconocimiento sobre muchas cuestiones concernientes a sus aguas”, señalan. Junto a Aldeguer, está imputado Antonio Cerdá, ex consejero de Agricultura, que también es investigado por otras causas, como la desaladora de Escombreras y fue, añaden, “uno de los firmantes del infausto Memorándum del trasvase Tajo-Segura”.

“Esa es la clase de gente que decide sobre nuestros embalses, mienten cuando dicen que las necesidades del Tajo quedan satisfechas, hacen caso omiso de los informes científicos y sólo responden a sus propios intereses y a los del SCRATS”, afirma el presidente de los ribereños, Francisco Pérez Torrecilla. “El agua es de todos, pero hoy por hoy es sólo suya”.

“La ministra de Agricultura debería recordar que también lo es de Medio Ambiente y, aunque tuvo la desvergüenza de rendir pleitesía al SCRATS pero no visitar el Mar Menor, tendría que reflexionar y ponerse al servicio de todos los españoles sacando a la luz toda la trama del agua del Levante y poniendo fin a este saqueo del Tajo”.

El colectivo se ha referido de nuevo a la situación de los embalses de cabecera para alertar que “el milagro llegó a su fin, tras una inesperada concatenación de lluvias y deshielos”. Recuerda la asociación que Entrepeñas y Buendía, que envían 14,4 metros cúbicos de agua por segundo al Segura, ven como desciende el nivel de sus aguas. “Han tocado techo, pero de nuevo afrontan el verano con perspectivas poco halagüeñas. En la última semana han bajado cuatro hectómetros cúbicos”.

En Podemos, sorprendidos por que Tejerina pida pacto cuando autoriza trasvases sin consenso

La secretaria de Organización de Podemos, María Díaz, ha asegurado que “no deja de sorprender” que la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, llame a pactar un acuerdo en materia de agua “cuando autoriza trasvases sin consenso, sin contar con nadie y con la oposición clara de la ciudadanía de Castilla-La Mancha”.

Antes de la Comisión de Bienestar Social que se celebra este miércoles en las Cortes, y preguntada sobre las peticiones que la ministra del ramo hace para llegar a un acuerdo en materia hídrica, Díaz ha asegurado que “es sólo música” y su formación “suele quedarse mejor con la letra”, según recoge Europa Press.

“Estamos dispuestos a dialogar en una cuestión tan importante, pero no nos dediquemos a lanzar campanas al vuelo porque esto necesita solución ya”, ha dicho la responsable de Podemos, que ha pedido “seguir el rastro del agua y del dinero”, para desenmascarar los “intereses” que hay en esta cuestión, porque, a su entender, si no se hace, dicho pacto nacional será “papel mojado”.

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha pedido a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que dimita “si como ministra todo lo que puede hacer por los ríos es apostar por más embalses, más trasvases, más regadíos, más depredación y más insostenibilidad”, afirmando que “a España, a sus ríos y a sus poblaciones ribereñas le sobran depredadores”.

A través de una carta enviada a la propia ministra, la plataforma ha criticado el último trasvase del río Tajo al Segura, afirmando que García Tejerina “nos devuelve al escenario de saqueo de la cabecera del Tajo y a la política de estrangulamiento del caudal del Tajo en beneficio de los intereses agroindustriales del sureste español”.

Esta organización ha apuntado que tanto la ministra como sus antecesores “incumplen la ley” sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura “especialmente en lo relativo al derecho a disfrutar y conservar el medio ambiente, ya que la cuenca cedente se ha visto sistemáticamente deteriorada”. Asimismo, ha incidido en que este aprovechamiento conjunto supone “una hidrocolonización en toda regla, lo cual implica un enorme agravio para la ciudadanía de la cuenca cedente”.

Del mismo modo, la plataforma ha acusado a García Tejerina de hacer “un uso torticero, manipulador y perverso” de la solidaridad, ya que “distorsiona la realidad presentando su inversión como fiel, manoseando políticamente el término con clara intención de servir a sus intereses particulares”.

“En términos constitucionales, la palabra solidaridad nada tiene que ver con el reparto de bienes naturales de carácter ubicuo, como el agua de los ríos o de las nubes o como el aire y el sol. En la Constitución la palabra solidaridad se refiere a la adhesión de los pueblos a esa causa común que es el Estado”, ha explicado. En este sentido, ha asegurado que la “solidaridad” de la ministra “con los especuladores y grupos de presión” sólo se entiende “bajo la necesaria complicidad”.

“Tras esta breve e incompleta lista de agravios al Tajo que usted se obstina en propinarle, esa ciudadanía toledana que espontáneamente se concentró en la Plaza de Zocodover el pasado día 3 de abril, también espontáneamente coincidió en gritar alto y claro pidiendo su dimisión. La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo decidió unos días después hacer suyo ese grito y esa petición”, ha concluido.

Cuatro días han tardado en abrirse las compuertas del trasvase Tajo-Segura desde que el jueves la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, autorizase vía Boletín Oficial del Estado (BOE) un nuevo triple trasvase desde la cabecera del Tajo, en los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca) hacia el río Segura a razón de 20 hm3 de agua en cada una de las derivaciones. 

A las 13 horas comenzaba a lanzarse el agua, 3,56 metros cúbicos por segundo (m3/s), a través del acueducto y en la tarde de este lunes el caudal ronda los 10 m3/s hacia Levante. Aun sin cifras oficiales sobre el nivel de embalsado de agua en la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) esta semana, hay que remitirse a las reservas de hace siete días. Entonces ambos pantanos el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, contaban con una reserva conjunta de 463 hm3, es decir, 63 hm3 por encima del límite legal para trasvasar.

El agua circulará en los próximos días por el canal hasta completar un desembalse de 20 hm3. La operación, en idénticas circunstancias, se repetirá en mayo y en junio.

Pedro Sánchez dice estar “en contra de los trasvases”

Este mismo lunes, El Periódico de Aragón publicaba una entrevista con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien mostraba su oposición a los trasvases. “Estamos en contra de los trasvases”, aseguraba, para acusar al Gobierno central y al PP de que, con su postura, “más que hacer política del agua hace política con el agua y enfrenta territorios”, apuntando también al hecho de que con “una política de desaladoras el trasvase del Tajo-Segura no se hubiera producido porque con la propia capacidad de esas desaladoras de los 20 hectómetros cúbicos ya se hubiera cubierto. Esto me sirve para decir que falta planificación”. 

La Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha autorizado un nuevo triple trasvase desde la cabecera del Tajo, en los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca) hacia el río Segura, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La autorización se produce después de que la Dirección General del Agua del Ministerio haya emitido un informe propuesta sobre la situación de los embalses de cabecera del Tajo en el que se hace constar que el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, a fecha 1 de abril de 2018, era de 463 hm3, es decir, 63 hm3 por encima del límite legal para trasvasar.

Se ratifican así los acuerdos adoptados por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en reunión celebrada el pasado 3 de abril de 2018, y se derivará agua a razón de 20 hm3/mes, para los meses de abril, mayo y junio de 2018.

El BOE también recoge que si durante los próximos meses “se constatase modificación de situación” en los embalses se procedería a la convocatoria de la Comisión Central de Explotación “para revisar los acuerdos adoptados”.

La decisión ya provocó movilizaciones ciudadanas el pasado martes tanto en Toledo como en Talavera de la Reina, además de la madrileña población de Aranjuez para protestar por este tipo de decisiones que se repiten periódicamente y que, sostienen los manifestantes, perjudican a la cuenca cedente.

“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos sorprendidos y disgustados” por el planteamiento de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que este lunes anunciaba que será una comisión técnica (la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura) la que decida sobre si debe haber o no un nuevo trasvase desde la cabecera del río hacia Levante.

Lo decía el vicepresidente primero de la Junta castellano-manchega, José Luis Martínez Guijarro, quien cree que el Gobierno de Mariano Rajoy está “implícitamente” dando la “instrucción” a dicho órgano técnico para que dé luz verde a una nueva derivación de agua desde Entrepeñas y Buendía cuyas reservas se sitúan este semana en los 431,61 hm3, un 17,44 por ciento de su capacidad total.

“Nos dice que estamos condenados a tener solo 400 hm3 en cabecera”, lamentaba el vicepresidente, ya que el resto por encima de ese nivel mínimo en estos embalses será para trasvasar a Levante “cuando vemos alternativas viables como las desaladoras”. Aludía a los datos de la desaladora de Torrevieja que suministra el 60% del agua del sur de la provincia de Alicante y que genera el doble de agua en tres meses que el Tajo-Segura.

“Hay otras desaladoras que aún no han entrado en funcionamiento”, apuntaba Martínez Guijarro y “si todas estuvieran a pleno funcionamiento no sería necesario el trasvase desde la cabecera. No es cuestión de recursos hídricos sino del precio que algunos están dispuestos a pagar”. En este sentido, recordaba, “es más barata el agua del trasvase que la de las desaladoras” y por este motivo, ha pedido al Gobierno central que intervenga para que “no se siga esquilmando” el agua de Entrepeñas y Buendía, entre las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Eso permitiría, ha asegurado, non solo garantizar el abastecimiento en aquellas provincias sino “sobre todo que el caudal del Tajo se corresponda con el de un río. Hoy es una pena los ocho m3 por segundo que lleva”.

Castilla-La Mancha pide la revisión “al alza” del agua no trasvasable

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, también ha valorado el anuncio sobre el trasvase que será aprobado previsiblemente el próximo día 3 de abril, indicando que hoy mismo será remitida una carta por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, tanto a la ministra de Agricultura como a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, solicitando “que se haga una revisión al alza del límite de las existencias en los embalses de cabecera no trasvasable, ya que entendemos que con el límite actual de 400 hm3 no se garantiza ni los derechos de la cuenca cedente, ni se garantiza el crecimiento y desarrollo de los pueblos ribereños”, como tampoco el abastecimiento a esta zona, que podrá verse en peligro de nuevo de cara al verano.

Una cantidad que, como ha explicado, permite ser revisada como recoge el Plan Hidrológico Nacional de forma que se garantice en todo caso el carácter preferente de la cuenca cedente y teniendo en cuenta que se fijó con las aportaciones históricas de la serie 1980-2012, que hasta ese momento eran de 360,9 hm3/año, y que con los recientes datos hidrológicos invalidan esa garantía.

Según los datos de la misma Confederación del Tajo, las últimas aportaciones interanuales en la cabecera han sido de 250,692 hm3, inferiores en un 30,5% a las mínimas de la serie histórica considerada, y por tanto una diferencia de 110 hm3.

Como ha apuntado la responsable de Fomento, el nivel conjunto de Entrepeñas-Buendía al inicio del mes de abril de 2018 se situará en el nivel 3 (situaciones hidrológicas excepcionales), por lo que en esta carta se solicita que no se realice trasvase alguno por debajo del nivel de 510 hm3, al objeto de garantizar el principio de prioridad de la cuenca cedente.

“Lo que no es de recibo es que la propia ministra reconozca en Alicante que la desaladora de Torrevieja ha salvado a los regantes y al Levante de la sequía”, ha dicho García Élez. Por tanto, ha añadido, “si esa es la alternativa y la vía por donde se garantiza el desarrollo del Levante español, lo que tiene que hacer la ministra y el Gobierno es apoyar este tipo de infraestructuras. Desde el Gobierno regional se lo venimos diciendo, no vamos a poner impedimentos en que se ayude a la construcción de desaladoras pero, eso sí, necesitamos que estén al cien por cien y que no trabajen a demanda, porque allí sí que hay esa materia prima, cosa que aquí no”.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha confirmado que el 3 de abril se decidirá si hay trasvase Tajo-Segura. En concreto ese día se reunirá la comisión técnica para analizar si hay trasferencia y en qué cuantía, en función de las reservas que haya en los pantanos de cabecera.

En un desayuno-coloquio sobre agua organizado por diario Información y celebrado en Elche (Alicante), la ministra ha explicado que el 1 de abril se analizarán las reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía, y el día 3 se reunirá la comisión técnica para “hacer una propuesta técnica” sobre el posible trasvase.

“Un trasvase de más de cinco hectómetros cúbicos requiere una ley, no es una decisión del Gobierno sino del Parlamento español”, ha señalado a preguntas de los asistentes sobre la situación del Tajo-Segura. García Tejerina ha asegurado que se cumplirá con el Memorándum que “está reglado”, de manera que en base a los datos de la cabecera, registrados cada primer día de mes, se analizan las existencias. Con esos datos, la comisión técnica y “con parámetros definidos” valorará la situación el día 3 de abril.

“El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido cada uno de los trasvases acordados, y de los dos que ha habido sentencia se ha fallado en contra del Gobierno de Castilla-La Mancha”, explica Tejerina. Además, ha recordado que se establecen caudales ecológicos, fijados para las demandas propias de cada río, aunque en situaciones “excepcionales” de sequía se permiten “márgenes”, desde los que reasignar los recursos desde el año 2007.

En relación al funcionamiento del trasvase, García Tejerina ha insistido en que se otorgaron unas normas de funcionamiento “objetivas y transparentes”, que se siguen y que impiden “arbitrariedades”. La ministra ha defendido que se trata de un compromiso alcanzado entre las cinco comunidades autónomas afectadas.

El último trasvase que se realizó desde los embalses de Entrepeñas y Buendía (Tajo) al Segura fue el 10 de mayo de 2017, por un total de 7,5 hectómetros cúbicos, ya que después de esa fecha los embalses bajaron de los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha apelado al consenso entre todas las comunidades autónomas para planificar las decisiones en materia de agua “entre todos” y dando cumplimiento a la legislación vigente que establece la “prioridad para la cuenca cedente”. Una prioridad que establece el propio borrador del Pacto Nacional del Agua que plantea el Ministerio, y que, a la vez, “no lo tiene en cuenta”. 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha apelado al consenso entre todas las comunidades autónomas para planificar las decisiones en materia de agua “entre todos” y dando cumplimiento a la legislación vigente que establece la “prioridad para la cuenca cedente”. Una prioridad que establece el propio borrador del Pacto Nacional del Agua que plantea el Ministerio, y que, a la vez, “no lo tiene en cuenta”. Lo comentaba este sábado en la Cadena Cope que ha emitido uno de sus programas desde la localidad toledana de Consuegra.

El titular de Agricultura de Castilla-La Mancha ha considerado que “a pesar de las reuniones no se ha contado suficientemente con las comunidades autónomas en la elaboración de este documento y no tiene en cuenta a la cuenca cedente”, que en este caso es Castilla-La Mancha en el Trasvase Tajo-Segura, por lo que es un documento que “hay que trabajarlos más entre todos”.

En cualquier caso, el consejero ha señalado que el propio borrador del Pacto Nacional del Agua -en relación con los posibles nuevos trasvases- precisa que “tendrán que ser viables técnica, ambiental y económicamente, deberán contar con consenso suficiente y siempre se garantizará la preferencia de la cuenca cedente sobre cualquier otro uso”. Algo que precisamente, el anuncio de la ministra relacionado con que se va a autorizar un nuevo trasvase, después de Semana Santa, “contradice sus propias palabras y el espíritu del documento, cuando establece que un trasvase tendría que tener el consenso de las partes afectadas y, además, tendría que haber prioridad para la cuenca cedente”, a lo que ha añadido que “es evidente que esto no sucede”.

El consejero de Agricultura ha defendido que en Castilla-La Mancha, los ciudadanos son muy conscientes de lo importante que es el agua, “que el futuro de la agricultura, aquí, pasa por el agua; que si aquí hay agua, lo lógico y de sentido común, es que primero nos ayude, aquí y, luego, si sobra se trasvase a otros lugares”. Pero, a su juicio, “parece que el Ministerio estaba esperando que se superara ese umbral de los 400 hectómetros cúbicos para tomar una decisión drástica, sin consenso ninguno y como única medida dentro de la planificación en materia de agua en nuestro país. Ese no es el camino”.

Francisco Martínez Arroyo ha apelado al consenso y lamenta que el Ministerio de Agricultura está enfrentando a los territorios resucitando el trasvase, en lugar de buscar acuerdos, “está consiguiendo justamente lo contrario, que los territorios se echen en cara si el agua es de unos agricultores o de otros”. Arroyo ha recordado que en el Levante hay alternativas que son “las desaladoras que pagamos entre todos y que hoy no están al 100 por cien de su funcionamiento”. Y, desde luego, “el trasvase no es ni eficiente económicamente, ni eficiente medioambientalmente, ni es una solución de futuro” y ha hecho hincapié en que, “los embalses tienen más de 400 hectómetros cúbicos, sí, pero están al 16 por ciento de su capacidad”.

En fin, ha manifestado, “cada uno tiene que dar explicaciones a los ciudadanos de las decisiones que toma en función de sus competencias y nosotros, aquí, vamos a defender el interés de Castilla-La Mancha”.

‘Acuerdo de Almagro’ ante la reforma de la PAC

Asimismo, ante la reforma de la PAC 2020, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha ha explicado las claves del 'Acuerdo de Almagro' firmado esta semana con su homólogo, Joaquín Olona del Gobierno de Aragón. “Es una posición que defiende los intereses de los agricultores profesionales y de los jóvenes que se quieren incorporar a la agricultura”.

Además, plantea “modular las ayudas, por ejemplo, estableciendo un techo por explotación, que creo que es el modelo de abordarlo en España”. En este sentido, desde Castilla-La Mancha y Aragón, “lo que hemos hecho es iniciar un debate entre comunidades autónomas, lo queremos hacer extensivo a más regiones y, desde luego, llamar la atención del Ministerio para que este debate se abra cuanto antes en España porque, en este momento, se está negociando la reforma de la PAC en Bruselas, la posición de los Estados miembros de la UE y en España la posición por fuerza tiene que estar consensuada con las comunidades autónomas”, ha concluido.

La Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias ejercerá acciones legales ante la UE para exigir al Gobierno español que aumente al menos hasta 800 toneladas la cuota de atún rojo (Thunnus thynnus o también patudo en Canarias) asignada a las islas para la campaña de 2018, pues considera un “atropello” que la haya fijado en 255, el 1,2% del total.

El presidente de esa organización, el herreño Fernando Gutiérrez, afirmó este miércoles en rueda de prensa que la Secretaría General de Pesca del Ministerio del área se propone dar un año más “un trato arbitrario y discriminatorio” a los pescadores canarios dedicados a la captura de atún rojo.

Gutiérrez detalló que, según el borrador de resolución de la Secretaría General de Pesca, se fija para el archipiélago un cupo de 255 toneladas para los buques cañeros autorizados a faenar en aguas del caladero canario en 2018.

Esa cantidad supone el 1,2% (58 toneladas) de la cuota total de España -5.000 toneladas menos el fondo de maniobra; esto es, el 1,2% de 4.803-, más otras 197 procedentes del fondo de maniobra. Los pescadores canarios critican que a las otras cinco flotas restantes autorizadas para pescar el atún rojo se les ha asignado el 97% del total del cupo no reservado al fondo de maniobra.

Es decir, prosiguió Gutiérrez, el 22% de la cuota se destina a la flota de cebo vivo del Cantábrico y noreste; el 6% a la flota de cañas y línea de mano del Estrecho; el 14% a la flota de palangre y línea de mano; el 29% a los cerqueros del Mediterráneo y casi el 28% a las almadrabas.

Fernando Gutiérrez subrayó que los pescadores canarios irán hasta donde tengan que llegar para que el Gobierno español cumpla con dos reglamentos comunitarios que defienden la reserva de actividad para la pesca artesanal y valora los criterios de que las faenas se realicen de acuerdo a parámetros medioambientales, socioeconómicos e históricos.

La Secretaría General de Pesca “ha cometido una flagrante vulneración de los requisitos que rigen para la asignación de cuotas”, insistió Gutiérrez, quien señaló que ninguno de los criterios anteriores se ha aplicado a la flota canaria.

Al respecto, el profesor de Historia Económica de la Universidad de La Laguna Álvaro Díaz de Paz resumió un estudio que ha elaborado sobre la captura de atún en las islas según el cual esta actividad está acreditada desde la época de los aborígenes en Gran Canaria, y ya en el siglo XVI el Cabildo de dicha isla fijó los precios del atún y bonito.

Hay una trayectoria histórica en esta pesca que no se puede negar a Canarias pero que se ha “despreciado”, añadió Díaz de Paz, quien expuso que una tonelada de atún que se descarga en un puerto canario genera 3.000 euros, y la actividad de toda la flota isleña equivaldría a 11 millones de euros si se aumentase la cuota asignada.

Fernando Gutiérrez aseveró que en el reparto de la cuota se favorece a los grandes cerqueros del Mediterráneo frente a la flota artesanal, y argumentó que en este ámbito existe “una corrupción más grande que lo de Bárcenas y la Gürtel”, pues en esta actividad se beneficia a unos pocos empresarios con cientos de millones de euros.

Sin embargo, admitió que la lucha es “muy difícil y complicada” porque los pescadores de Andalucía, Baleares, Cataluña y otras regiones “se han dado por derrotados y desahuciados”, no están organizados y han sido “abandonados” por sus respectivos gobiernos autonómicos.

Añadió que los diputados nacionales de CC, Ana Oramas, y de NC, Pedro Quevedo, “algo han hecho, pero no lo suficiente”, aunque se mostró dispuesto a seguir movilizándolos como “dos armas” ante la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. 

Castilla-La Mancha ha remitido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente un total de cinco informes que recogen las consideraciones del Gobierno de Emiliano García-Page a los planes especiales de sequía (PES) auspiciados por el Ejecutivo central para los ríos Tajo, Guadiana, Júcar, Segura y Guadalquivir. Todos ellos con parte de su cuenca en territorio castellano-manchego.

Estos informes, solicitados a Castilla-La Mancha por la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio que dirige Isabel García Tejerina, tienen un elemento en común: su conclusión final es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe analizar “debidamente” (porque ahora no lo hace) “la sostenibilidad de las actuaciones previstas en los planes de sequía” y también las repercusiones que estos planes pueden tener sobre los espacios de la Red Natura 2000.

El departamento de Medio Ambiente castellano-manchego dice “discrepar” en los cinco casos, respecto al procedimiento simplificado que se ha seguido por parte del Ministerio para los planes de sequía y que “no tiene justificación alguna”. El viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, califica de “insuficiente” el análisis medioambiental y sugiere que “se profundice” a través de un procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria.

 ¿Por qué? Castilla-La Mancha recuerda al Gobierno de Mariano Rajoy que los planes de sequía permiten no solo extraer aguas subterráneas o recargar de forma artificial los acuíferos además de trasvasar recursos hídricos entre cuencas fluviales. “Todos ellos precisarían evaluación de impacto ambiental”, se advierte. Y en eso tendría voz y voto la comunidad autónoma castellano-manchega.

Además, señala que el “incumplimiento actual del buen estado ecológico del agua de la cuenca (…) se vería agravado con la aplicación del plan” y se pide evaluar “adecuadamente” la probabilidad, la duración, la frecuencia y la reversibilidad de la sequía porque, de lo contrario “podrían surgir impactos muy probables, de larga duración, de frecuencia anual, que pueden llegar a ser irreversibles”. También sugiere considerar los riesgos para la salud humana o el medio ambiente. “Se corre el riesgo de contaminación de los acuíferos y la disminución de su estado cuantitativo”, además de tener en cuenta el área geográfica y la población afectada.

Prioridad: garantizar el abastecimiento humano y no otros usos, como el agrario

“Las actuaciones derivadas de periodos de sequía prolongados deben ir orientadas principalmente a garantizar y satisfacer las demandas de agua para consumo humano y no otras”. Es otra de las consideraciones y se alude de forma específica al agua para regar. En el cálculo de las necesidades de agua para regadíos, añaden todos estos informes, “no se pueden olvidar algunos problemas como la expansión de superficie regable por nuevas transformaciones y las pérdidas por los usos ilegales, la especulación de derechos y la urbanística o por deficiencias en las infraestructuras”.

Sobre los usos agrarios del agua se apunta algo más a incluir en los planes de sequía: una vez que un sistema hidrológico llegue al ‘estado de alerta’ hay que aplicar medidas para reducir o restringir el uso de agua con fines agrarios, sin esperar a que el sistema entre en ‘estado de emergencia’.

De hecho, se solicita “considerar la explotación intensiva del suelo” porque, “la utilización del agua para la agricultura intensiva en la cuenca baja puede tener consecuencias negativas para el suelo” así como efectos en paisajes protegidos. La Viceconsejería de Medioambiente considera también que la activación de infraestructuras preparadas para la aportación de recursos hídricos no convencionales (el agua marina desalada, las aguas residuales depuradas o el agua del trasvase entre cuencas) “solo debe producirse para garantizar el abastecimiento humano”.

Los informes dedican también una parte a hablar de las aguas subterráneas para dejar claro que “no se pueden asumir deterioros en las masas de agua subterráneas, con descensos por encima de los valores medios de recarga con connivencia de las administraciones hidráulicas para satisfacer demandas distintas a las de abastecimiento humano”. Y en cuanto al “incremento coyuntural” de las extracciones de agua subterránea que contemplan los planes de sequía, Castilla-La Mancha cree que “en ningún caso” deben movilizarse recursos subterráneos no renovables.

También se alude a los pozos de sequía (ha sido una de las ‘peleas’ de la región con el Gobierno central, en concreto en Albacete, para evitar la autorización de Rajoy para bombear agua subterránea a Murcia). Sobre los pozos de sequía, su puesta en marcha, según el Ejecutivo de Emiliano García-Page, solo sería factible “en caso de urgente necesidad” para abastecimiento humano porque “no se entendería su funcionamiento para ningún otro uso” y siempre deben ser objeto de evaluación de impacto ambiental.

El riesgo de un estado de sequía “crónica” y sin medidas de prevención

En otro apartado de los informes, se alerta de la necesidad de que las declaraciones de situación de sequía puedan convertirse en “algo crónico” en algunas demarcaciones hidrográficas de España y provocar el “deterioro continuo de los recursos hídricos existentes”. Se pone como ejemplo a los reales decretos que prorrogaron la declaración de sequía en el Júcar o el río Segura. Algo que, en la práctica, supone aplicar medidas excepcionales en la gestión de los cada vez más mermados recursos hídricos. 

También se afea al Ministerio que los planes de sequía no incluyan estudios sobre las afecciones a la Red Natura 2000 ni propuestas para prevenir o reducir posibles efectos negativos en el medio ambiente. Se sugiere incorporar consideraciones que promuevan el desarrollo sostenible y que respeten los aspectos ambientales exigidos en la Directiva Marco del Agua porque son “de gran relevancia” en la planificación hidrológica.

Además, se recuerda que “debe diferenciarse” la sequía meteorológica y la derivada de la sobreexplotación y por tanto “es fundamental una gestión óptima de los recursos en época de normalidad”.

El Trasvase Tajo-Segura

Pero aunque los informes cuentan con argumentos comunes, existen otras consideraciones dependiendo de la cuenca del río de la que se trate. En el caso del Tajo, se cita expresamente al trasvase Tajo-Segura para calificar de “necesario” contemplar en el Plan Especial de Sequia de este río, y en situación de escasez prolongada, “el principio de prioridad de la cuenca cedente”, de acuerdo al Plan Hidrológico Nacional.

Hay que recordar que cuando la acumulación de agua en la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) no supere los 400 hm3 entre ambos embalses no se podrá trasvasar, según la actual normativa. Pero fuera de esa situación, Castila-La Mancha cree que el plan de sequía debe dejar claro en qué condiciones se autorizarán los trasvases. Castilla-La Mancha critica que el Ministerio que no haya incluido un histórico de trasvases en los últimos cinco años o medidas de control de volúmenes cedidos para evitar pérdidas por fugas o evaporación. Además considera “inadmisible” el tratamiento a la cabecera del Tajo en lo que tiene que ver con la definición de los indicadores de sequía. 

La “degradación” en el caudal del río Mundo

El Ejecutivo Autonómico destaca la problemática ambiental del sureste albaceteño, donde se encuentra la cabecera del Segura y también los acuíferos subterráneos afectados por la sobreexplotación que han dejado a algunos de ellos, como 'El Molar' o 'Mingogil-Villarones', (precisamente de éstos se extrae el agua que los pozos de sequía bombean la Región de Murcia), en muy mal estado cuantitativo.

El documento habla de la problemática ambiental en las aguas superficiales, especialmente en el tramo del Río Mundo entre los embalses del Talave y Camarillas. Los signos de degradación que especifica la Viceconsejería de Medio Ambiente en el informe van desde la desaparición de vegetación en la ribera, donde en lugar de haber olmos, álamos o sauces, se encuentran cultivos agrícolas que han ocupado la zona inundable.

Hay también alteraciones de la vegetación a la que las especies invasores le ha ido ganando terreno, como también ha pasado con la fauna. Por último, relata la aparición de residuos, vertidos de aguas residuales urbanas y de agroquímicos que, una vez en contacto con el agua, “han deteriorado la calidad de la misma”.

El documento también alude a los regadíos sociales del término municipal de Hellín, declarados de Interés General , y que contemplan una dotación de 2,09 hectómetros cúbicos previstos para un total de 500 regantes de Hellín que representan la actividad económica principal del municipio. 

Especies invasoras: la amenaza al Júcar

El Júcar también presenta, tal y como dice el informe de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, “una problemática ambiental en la provincia de Albacete”. Se centra en las aguas subterráneas del acuífero 'Mancha Oriental' que señalan como “sobreexplotado”.

Pero además el documento describe “signos de degradación” que presentan las aguas superficiales de este río a su paso por la provincia de Albacete y que son muy similares a las descritas en el caso de la Demarcación del Segura. Y es que, el cauce del Júcar también ha perdido vegetación de ribera, que se ha ido sustituyendo por cultivos agrícolas, además de que se han producido alteraciones de vegetación a consecuencia de la introducción de especies exóticas invasoras que también han ido imponiéndose en el caso de la fauna como consecuencia de la regulación artificial que ha modificado los caudales.

A ésto se suma también una elevada contaminación de sus aguas, que se da más en las zonas donde hay agricultura intensiva, y que ha convertido a este río en el más hormonado de todo el país, según un informe de Ecologistas en acción. 

El Guadalquivir y la situación “especial” de la provincia de Albacete

Por Albacete discurren el Guadiana Menor y el Guadalimar, ambos afluentes del Guadalquivir. Y en esta provincia, dice el informe de la Junta, es “de gran relevancia” la cantidad y calidad de recursos naturales protegidos aludiendo a que en la parte albaceteña ambos ríos se consideran “cabeceras de cuenca donde existen ecosistemas de gran sensibilidad ambiental” como la ZEC Sierras del Relumbrar y Estribaciones de Alcaraz’ que forma parte de la Red Natura 2000 o la Microrreserva Estrecho del Hocino, ‘La Molata y Los Batanes’ y un área crítica del lince ibérico, especie en pleno proceso de reintroducción. Castilla-La Mancha apunta, por este motivo, su interés en una óptima definición del Plan Especial de Sequía del Guadalquivir que discurre por la vecina Andalucía.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha felicitado este jueves a la presentadora Ana Rosa Quintana por sumarse a la 'huelga a la japonesa', trabajando más, en vez de sumarse a los paros de la huelga feminista del 8 de marzo.

“Usted va a aportar mucho más a la causa que defiende trabajando, contando lo que suceda, que si está haciendo huelga”, ha asegurado Rajoy en una entrevista en El programa de Ana Rosa preguntado sobre su participación en la convocatoria del 8M.

El presidente ha redirigido la pregunta a la presentadora, que ha recalcado que está “a favor” de la convocatoria pero que le gustaría que fuera “una reivindicación general, independientemente de ideologías”. “Hace usted muy bien porque yo también estoy de acuerdo con la reivindicación, pero a mí me va a pasar como usted”, ha respondido Rajoy, que ha celebrado que la presentadora decida trabajar.

El presidente ha recordado que la huelga es un derecho recogido por la Constitución y que respeta “las decisiones que tome cada uno”, aunque él no participará en la convocatoria del 8M.

“Lo que intentaremos hacer es tomar cada vez más medidas para ser eficaces”, ha señalado Rajoy, que ha incidido en que es necesario “hacer pedagogía” para acabar con la violencia machista y para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El presidente ha recordado que la “discriminación salarial” está prohibida por ley y que la inspección técnica funciona, aunque ha reconocido que “tiene que ser mucho más activa”. “Las empresas es donde estamos en una situación peor”, ha apuntado Rajoy, que ha señalado que no le gusta “obligar a nadie a nada y sobre todo a las empresas”.

“Creo que debemos hacer un esfuerzo, debemos hacer pedagogía. Hay muchas empresas que ya están concienciadas, pero eso de sacar una ley diciendo que en este consejo de administración o que en los puestos directivos tiene que haber personas de estas y de estas características es muy arriesgado”, ha apuntado Rajoy.

Con sus declaraciones sobre la convocatoria del 8M, el presidente se suma a diferentes representantes del Partido Popular que han descartado participar en la huelga feminista. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, cargaron contra el paro de veinticuatro horas convocado y apuntaron a una “huelga a la japonesa”. “Yo huelga no voy a hacer porque no creo que tenga que hacer huelga”, aseguró la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy.

En un documento interno, los populares aseguraron que no apoyarían una huelga “elitista” e “insolidaria” que pretenda “romper nuestro modelo de sociedad occidental” y que apuesta “por el enfrentamiento entre mujeres y hombres”.