El Gobierno mantiene los equilibrios ante el tribunal de Estrasburgo. El Ejecutivo ha comunicado a los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que defender que en la causa de los líderes independentistas el Tribunal Supremo no vulneró los derechos fundamentales es “compatible” con haber aprobado la ley de amnistía. Así consta en el último escrito de alegaciones de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El escrito, presentado el pasado 15 de noviembre, supone la recta final de los trámites de las partes antes de que los jueces del TEDH puedan decidir si dan la razón a los independentistas y condenan a España por vulneraciones de derechos del Supremo en la causa del procés o si, por contra, rechazan sus demandas y respaldan la actuación del Alto Tribunal.

El proceso se ha visto demorado por la aprobación de la amnistía, un asunto que tras el verano ha desaparecido del foco en España pero que sobrevuela la causa en Estrasburgo. Al negarse el Supremo a aplicarla, ninguna de las partes ha podido alegar la amnistía como una forma de poner fin al pleito y archivar la causa. El convenio y la jurisprudencia del TEDH exigen que los demandantes puedan acreditar a lo largo de todo el procedimiento su condición de víctimas de vulneraciones de derechos.

La posición de España en el procedimiento de los independentistas ante el TEDH es compleja. El Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, tiene que defender que la prisión preventiva o las condenas del Supremo no supusieron una vulneración de derechos de los líderes del procés y, a la vez, constatar que ha aprobado una amnistía para los encausados. En suma, presentar la amnistía no como una corrección al Alto Tribunal sino como una apuesta por la “normalización” de la situación política, tal y como se viene defendiendo desde el Ejecutivo.

El escrito definitivo del abogado del Estado Alfonso Brezmes llega después de que los jueces de Estrasburgo requirieran información adicional al Gobierno tras unas alegaciones incompletas. En ese primer escrito, del pasado mes de agosto, la Abogacía del Estado mencionó la aprobación de la amnistía, pero obvió el hecho de que el Supremo se negó a aplicarla a los soberanistas.

A raíz de esa omisión, los magistrados del TEDH requirieron, el pasado octubre, a la Abogacía del Estado para que expusiera las “consecuencias” de la ley de amnistía sobre los líderes independentistas que demandaron a España por la vulneración de derechos fundamentales que, a su juicio, realizó el Tribunal Supremo en la causa del procés.

“De acuerdo con la solicitud del tribunal —responde el abogado del Estado—, se informa que el Gobierno considera compatible la defensa del Reino de España de las decisiones adoptadas por la jurisdicción española [la investigación y juicio al procés del Supremo] con la adopción de la Ley de Amnistía”.

El resto del escrito reseña las resoluciones sobre la amnistía por parte del Tribunal Supremo en la causa del procés de los exconsellers y otras pendientes de recurso. Se cita el auto por el que el Alto Tribunal se negó a aplicar la norma a los líderes del procés al sostener que se lucraron personalmente con los gastos públicos del referéndum porque no los costearon de su bolsillo. También el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, muy crítica con el resto de miembros de la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena.

La Abogacía del Estado añade la resolución por la que el Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, en una causa distinta a la de los líderes del procés, así como la providencia del Alto Tribunal en la que rechaza cancelar los antecedentes penales de Jordi Sànchez y el presidente del Parlament, Josep Rull, hasta que el tribunal de garantías no resuelva los recursos contra la norma.

La representación del Ejecutivo añade que, a diferencia del criterio del Supremo, el Gobierno sí considera constitucional la ley de amnistía al valorar que no vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley ni los principios de seguridad jurídica.

El TEDH admitió a trámite las demandas independentistas el año pasado y dio un plazo de alegaciones a España. Entre otras cuestiones, los jueces europeos preguntaron a España si el Supremo aplicó de forma “expansiva” el delito de sedición o si los líderes del procés fueron condenados por un “ejercicio legítimo” de sus derechos a la libertad de asociación y expresión, extremos que la Abogacía del Estado negó por completo en sus alegaciones. El escrito era un respaldo total a la actuación del Supremo.

De haberse aplicado la amnistía, las demandas de los dirigentes del procés hubieran tenido más opciones para archivarse, aunque el TEDH podría haber decidido igualmente estudiar las vulneraciones de derechos denunciadas durante la instrucción del caso, como la competencia del Supremo o la prisión preventiva. La negativa del Supremo a amnistiar a los líderes del procés, sin embargo, hace que el TEDH no pueda archivar la causa directamente y tenga que estudiarla a fondo.

El expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha anunciado este lunes que se traslada “temporalmente” a Suiza para “representar” la estrategia exterior de la entidad antes las distintas instancias europeas e internacionales y seguir denunciando “la vulneración de derechos por parte del Estado.

“Queremos utilizar todos los frentes para conseguir nuestro objetivo que es la consecución de la República Catalana”, ha dicho Cuixart en un acto en Sant Just Desvern (Barcelona) sobre el espionaje a decenas de dirigentes independentistas. “Estamos convencidos de que lo volveremos a hacer y lo haremos juntos”, ha agregado.

Desde que en enero de este año abandonara la presidencia de Òmnium, Cuixart ha dirigido Òmnium Civil Rights Europe (OCRE), la entidad internacional de la organización catalana. Además Cuixart sigue dirigiendo su empresa industrial, que está creando un centro de innovación en Suiza con una universidad helvética.

El más carismático de los presos del procés está a día de hoy pendiente de la resolución de dos recursos: en España, el del Tribunal Supremo contra los indultos del Gobierno tras las impugnaciones de PP, Ciudadanos y VOX; y en Estrasburgo, el del que, como el resto de condenados por el 1-O, Cuixart presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del Alto Tribunal español.

Según un comunicado de Òmnium, Cuixart quiere centrarse en la denuncia del espionaje al independentismo ante distintas instancias internacionales. Cuixart presidió Òmnium durante más de seis años, y desde octubre de 2017 hasta ser indulto en junio de 2021 ejerció su liderazgo desde la cárcel, puesto que fue encarcelado preventivamente y luego condenado a nueve años de cárcel por sedición.

Por su lado, el sucesor de Cuixart en la presidencia de Òmnium, Xavier Antich, ha manifestado que el espionaje ilegal avalado por el laboratorio canadiense CitizenLab y Amnistía Internacional contra 65 políticos, activistas y abogados de dirigentes soberanistas demuestra la persecución política “contra todo un proyecto político”. “Es un escándalo monumental desde la perspectiva internacional”, ha apostillado.

Xavier Antich ha relevado formalmente a Jordi Cuixart como presidente de Òmnium Cultural este sábado, después de que los socios hayan validado su candidatura, la única presentada, durante la Asamblea General de la entidad. Desde la Farga de L'Hospitalet y ante un millar de socios y representantes políticos y agentes sociales, Antich agradeció la labor llevada a cabo por sus predecesores en el cargo y prometió que Òmnium “seguirá estando”, como estuvo en el referéndum del 1-O y en otoño del 2019 en las calles. “No hemos venido a pasar el rato, sabemos a dónde queremos ir y qué hacer para llegar”, ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que no quieren reformar el Estado sino salir de él y, para ello, ha añadido, habrá que “revisar los marcos” con los que han trabajado hasta ahora y crear “nuevas complicidades”.

Por otro lado, Antich también ha apuntado que no son “ingenuos” y que saben que el reto es “gigante”. “Trabajamos para cambiar radicalmente el marco político en el que vivimos y lo haremos como siempre hace Òmnium: escuchando y actuando, haciendo propuestas y buscando consensos, luchando contra la represión y fortaleciéndonos”, señaló.

Además, avisó de que serán “exigentes” con los representantes políticos, los partidos y las instituciones porque quieren “incidir políticamente”. Ahora bien, también matizó que no darán aire “a la fobia antipolítica” porque es ahí “donde crece el desánimo, el populismo y la extrema derecha”.

El “gigante” Jordi Cuixart

Durante su intervención, Antich también recordó a sus predecesores Jordi Porta, Muriel Casals y “el gigante” Jordi Cuixart, que lideró el Òmnium junto con el vicepresidente Marcel Mauri que ha descrito como el de “las luchas compartidas, del 1-O, la firmeza contra el Tribunal Supremo y los 190.000 socios”. “Nuestro gran reto es saber estar a la altura y ser dignos”, declaró prometiendo llevar el legado “mucho más lejos” si cabe. “Nunca agradeceremos suficientemente todo lo que habéis hecho por Òmnium y por el país”, concluyó. Según ha anunciado, la voluntad del nuevo liderazgo también quiere hacer crecer a la entidad hasta el millón de socios.

Por otro lado, recordó a los líderes políticos “exiliados” en Bélgica y en Suiza e indicó que la entidad trabajará para que vuelvan “a casa”, así como también tuvo un recuerdo para los “casi 4.000 represaliados”. En este contexto, auguró que “vendrá más represión”, pero matizó que será “una buena señal” porque querrá decir que “la lucha continúa”.

Además, durante el discurso también ha hablado de la defensa de la lengua catalana y el modelo de escuela en catalán, la cultura y la cohesión social, las luchas compartidas contra las desigualdades y la exclusión social, y ha enviado un mensaje de solidaridad y apoyo a la comunidad ucraniana en Catalunya.

Asamblea General de Òmnium

El acto en la Farga de L'Hospitalet se ha celebrado después de la Asamblea General de Òmnium, que ha contado con la presencia de representantes de las juntas y presidencias del medio centenar de sedes de la entidad, así como de Òmnium Catalunya Nord, Òmnium l'Alguer, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià y Escola Valenciana. También ha asistido una amplia representación de la sociedad civil, del mundo cultural, sindical, empresarial y asociativo, como el ANC, el AMI, Plataforma por la Lengua, FOLC, Irídia, la Mesa del Tercer Sector, el Fútbol Club Barcelona , la Intersindical, USTEC, IAC, UGT, CCOO, entre otros muchos.

De la clase política e institucional han asistido el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, miembros de la mesa del Parlament, representantes de los partidos políticos soberanistas y los líderes políticos indultados.

La Asamblea de la entidad ha avalado tanto la candidatura del doctor en filosofía y profesor Xavier Antich como nuevo presidente como otros cargos. Concretamente, Mònica Terribas será la nueva vicepresidenta primera; Marina Gay la vicepresidenta segunda; Marina Gallés la secretaria; y Marta Garsaball la tesorera.

Los socios también han avalado como nuevos miembros de la Junta Nacional a Joaquín Forn, David Fernández, Natza Farré, Natalia Touzon, Iolanda Fresnillo, Núria Basi, Ángel Castiñeira, Gerard Pijoan, Lluís Duran, Didac Amat y Marc Sanjaume. Todos ellos se han sumado a la nueva Junta Nacional de Òmnium, también integrada por Neus Torbisco, Joan Pujolar, Paco Poch y Jordi Arcarons. 

El Tribunal Supremo ha decidido rechazar todos los recursos interpuestos contra los indultos de los líderes independentistas condenados por el procés catalán. Los jueces han estimado las alegaciones de la Abogacía del Estado y entienden que ningún recurrente estaba legitimado para cuestionar la medida de gracia: ni representantes de PP, Vox y Ciudadanos ni tampoco una asociación ni finalmente Convivencia Cívica Catalana.

En un comunicado, el Supremo explica que la sala de lo contencioso ha estudiado hoy estas alegaciones de la Abogacía del Estado y ha decidido, por mayoría, darle la razón y entender que ninguno de los recurrentes tenía habilitación legal para recurrir los indultos. “La Sala ha decidido por mayoría estimar las referidas alegaciones previas en relación con la falta de legitimación activa en todos y cada uno de los recursos interpuestos”, explica el comunicado. Los autos completos, con los argumentos de los magistrados, se conocerán en los próximos días pero la decisión de esta sección de lo contencioso no ha sido unánime.

El Gobierno concedió indultos a los presos del procés condenados a penas de prisión el pasado mes de junio. El Tribunal Supremo impuso condenas de inhabilitación a tres de los políticos encausados por un delito de desobediencia y para el resto condenas de hasta 13 años de cárcel, en el caso de Oriol Junqueras, por sedición y malversación de caudales públicos. Recientemente el Tribunal Constitucional ha avalado la mayoría de las condenas de los líderes independentistas.

Varios partidos de la oposición así como distintas asociaciones decidieron recurrir los indultos por la vía contencioso-administrativa, una vez cerrada la vía penal contra el ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, justificó el recurso de su partido en un “atropello democrático” a “millones de españoles”. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, habló de “atropello al Estado de Derecho” y Santiago Abascal, acusó al ejecutivo central de dar “una puñalada por la espalda a los españoles y al Rey”.

Los dos primeros partidos recurrieron a través de diputados: Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa, José María Espejo-Saavedra, Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista y Lorena Roldán. Recurrió también el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo así como Convivencia Cívica Catalana y la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén. Ninguno estaba legitimado para interponer este recurso, según acaba de zanjar la sala tercera por mayoría de sus miembros aunque los argumentos del alto tribunal se conocerán en los próximos días.

En un tuit, la diputada de Vox Macarena Olona ha anunciado que la formación ultraderechista recurrirá esta decisión ante el Tribunal Constitucional. El partido de Santiago Abascal ejerció la acusación popular en el juicio contra los líderes independentistas, aunque no fueron considerados perjudicados o víctimas en la sentencia, y entienden que esa posición les permite poder cuestionar los indultos y que la sala entre a estudiar el fondo del asunto.

Los antecedentes

El Tribunal Supremo ya contaba con antecedentes sobre la legitimación de los partidos políticos y sus representantes para recurrir indultos sin ser parte del proceso judicial. En 2012, por ejemplo, la sala rechazó el recurso de Joan Coscubiela y Laia Ortiz (Iniciativa per Catalunya Verds) contra el indulto concedido al banquero Alfredo Sáenz. Los argumentos de este auto, que tuvo como ponente al hoy presidente del Supremo Carlos Lesmes, eran claros: “Su legitimación no puede fundarse en el simple hecho del cargo público que desempeñan, pues su campo de actuación propio es la representación política, pero no el de la genérica defensa de la legalidad ante los tribunales”, dijo entonces el Supremo.

Ya entonces los jueces advirtieron contra los peligros de permitir que los políticos recurrieran indultos sin formar parte del proceso judicial. “Produciría como inmediata consecuencia la apertura de la legitimación para recurrir a un innumerable número de personas y grupos que transformaría la legitimación en acción pública, lo que indudablemente no puede admitirse en los términos de la Ley para el presente caso”, zanjó la sala. Recientemente la misma sala rechazó por el mismo motivo los recursos de Partido Popular y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

En ese caso Vox y PP también recibieron una respuesta contundente del Supremo. Los jueces reprocharon a ambos partidos que intentaran ejercer una “acción popular de carácter político” inexistente en la Ley. En esa sentencia ya dejaron claro que su decisión sobre su falta de legitimación era previsible por su “abrumadora” jurisprudencia con varias decenas de casos resueltos en sentido similar en los últimos años.

Jordi Cuixart deja la presidencia de Òmnium Cutural. El activista independentista, una de las figuras que generan más simpatías entre el conjunto del soberanismo catalán, había pedido en más de una ocasión la necesidad de renovar los liderazgos dentro del independentismo y este viernes ha anunciado que no se va a presentar a la reelección en la entidad cultural que preside desde 2015. 

“No había mejor momento para hacer el relevo que ahora”, ha manifestado en una entrevista en Rac1, donde ha asegurado no tiene voluntad de dar el salto a la política institucional o de partido. Junto a él, también Marcel Mauri dejará la vicepresidencia. Y el candidato que propondrán para que asuma esta nueva etapa al frente de Òmnium será el filósofo Xavier Antich, que de todos modos deberá someterse a la votación de los socios de la entidad. 

Cuixart ha presidido Òmnium durante más de seis años, los más agitados de la historia reciente de la entidad. Durante mayor parte de ellos, desde octubre de 2017, ha ejercido el liderazgo desde la cárcel, puesto que fue encarcelado preventivamente y luego condenado a nueve años de cárcel por sedición, por su papel en los hechos del procés. Salió de prisión en junio de 2021 por el indulto a los nueve líderes independentistas condenados. 

El todavía presidente de Òmnium ha defendido la necesidad de renovar liderazgos en esta nueva etapa para el independentismo. “No podemos prescindir de nadie, pero las gafas del 2017 se deben reajustar a 2022. Un buen servicio que podemos hacer al país quienes tuvimos protagonismo en 2017 es ordenar las organizaciones, cada uno en su casa”, ha expresado.

Entre otras razones, ha admitido la “incapacidad” de los actores independentistas para trazar una estrategia unitaria. “Nuevos liderazgos seguro que propiciarán que se pueda llevar a cabo una estrategia compartida urgente”, ha insistido, y ha reiterado que el objetivo sigue siendo “luchar” para alcanzar un referéndum de autodeterminación.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha celebrado que la Audiencia de Barcelona haya ratificado la sentencia que absuelve a la entidad en el caso del agente de la Guardia Civil que reclamó condenarla por vulnerar su derecho a la propia imagen al usar en un vídeo la grabación de su voz declarando en el juicio al 1-O.

El agente de la Guardia Civil presentó un recurso después de que en noviembre de 2020 el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona desestimara su caso por “hacer prevaler el derecho a la información por encima del derecho a la propia imagen del policía”, ha explicado la entidad en un comunicado.

El caso nace del juicio al 1-O al Tribunal Supremo, donde el agente denunciante atestiguó haber visto “banderas de Òmnium” en las manifestaciones de la Via Laietana de Barcelona, unas banderas que no existen. Òmnium aprovechó esta declaración para difundir un video-denuncia sobre el juicio.

Òmnium ha asegurado que la sentencia defiende que, “en todo momento, Òmnium Cultural hizo uso de su derecho a la libertad de expresión, un derecho fundamental que es necesario proteger”.

Conseguir la secesión de un estado como España no es coser y cantar sino una tarea ardua y complicada que requiere grandes sacrificios. Esta es una de las reflexiones centrales del libro que publica el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que lleva por título 'Aprenentatges i una proposta' (Ara Llibres) y que recoge las notas que el activista escribió en su dietario durante sus casi cuatro años en prisión. Aprendizajes, algunos personales pero la mayoría en el plano político, que explican la actuación del autor en momentos como el juicio, su renuncia a participar en el programa de tratamiento en la cárcel o su –criticada– afabilidad hacia políticos no independentistas. Pero sobre todo explican la propuesta que ahora ofrece no a los dirigentes independentistas, sino a las bases.

Esa invitación no es otra cosa que retomar la apuesta por el referéndum, que Cuixart considera que tiene el mayor consenso en la sociedad catalana y que puede dar mejores frutos. Con este libro, el líder de Òmnium despeja la X de su “lo volveremos a hacer”: repetir el 1-O (aunque esta vez no sea exactamente como entonces). Pero ese proyecto funciona en el libro como un Macguffin en las películas de Hitchcock. Es una buena excusa para explicar las lecciones aprendidas en la cárcel, que ahora socializa, en parte para volver a empoderar a una masa social independentista desanimada y desorientada y, en parte, como talismán contra el “independentismo mágico” que dominó el movimiento en los compases previos a octubre de 2017.

“¿Cuánta capacidad de resistencia estamos dispuestos a mantener nosotros? ¿Cuánta más gente a prisión? Quiero decir, no absurdamente ni como cosa buscada, claro, sino simplemente como amenaza de que no nos puedan coartar en la defensa de la democracia”, se pregunta en un momento. El mensaje de Cuixart es deliberadamente claro sobre esto: si la sociedad catalana quiere la autodeterminación, deberá pagar un peaje y puede que no sea barato. “Entendámonos: yo no deseo ni la prisión ni el exilio a nadie”, especifica en un momento. “Es solo que tenemos que saber y comprender que el Estado español no ha mostrado ningún síntoma real de haber cambiado su manera de hacer, esta respuesta sistemática con la porra contra la libre expresión democrática de la sociedad catalana (y no solo de la sociedad catalana, merece la pena decir)”.

A partir de esta idea, que ata a la frase de Martin Luther King de que “la libertad no la concede nunca voluntariamente el opresor”, Cuixart subraya que la apuesta por la lucha no violenta y la desobediencia civil implica asumir sus consecuencias, es decir, meter en la ecuación el coste que estas acciones tendrán para quien las ejerce, que puede enfrentarse a las multas, la cárcel o la violencia. El presidente de Òmnium deja ver a través de las páginas que el movimiento independentista no tenía clara esta cuestión fundamental en octubre de 2017. Es más, que ni siquiera él mismo lo tenía claro.

Apuesta por politizar el juicio

Sobre esto Cuixart explica abiertamente su cambio de postura en el proceso penal, desde sus primeras declaraciones ante el juez instructor, ya como preso, en enero de 2018. “No me siento orgulloso de mi actitud ante el juez instructor. No me siento orgulloso pero tampoco lo quiero obviar, ya que de los errores también se aprende”, dice, recordando el momento en el que dijo ante el juez Llarena que el referéndum solo podía celebrarse si era pactado con el Estado. “Les servimos los titulares en bandeja”, se lamenta, para a continuación asegurar que fue un error tratar de afrontar la vía penal desde el punto de vista “técnico”, una estrategia que él corrigió antes de iniciarse el juicio pero algunos de sus compañeros no.

“Se fue viendo que una estrategia unitaria [del conjunto de los presos en el juicio] sería difícil”, afirma sin esconder la queja. Pero no todo son sinsabores. Sobre la preparación del juicio explica que trató de hablar “lo más claro posible” entre los presos y que todos ellos se acabaron conjurando por defender el derecho a la autodeterminación y contra cualquier pacto con la Fiscalía. “Me negué en redondo a cualquier estrategia de regate corto. Tampoco cuando las tuve que discutir con las personas a las que más quiero, las que simplemente y claramente querían sacarme de allá y habrían hecho cualquier cosa para conseguirlo”, dice.

Mesa de negociación sí, pero sin hacer el “primo”

Para el líder de Òmnium, lo importante del juicio era convertirlo en una arma, pasar toda la presión de su encierro al otro lado, para lo que era necesario que su condición de “preso político” no solo quedara clara en sus palabras, sino también en sus actos. “La confrontación, si no está anclada a una coherencia irrefutable, sirve de poca cosa en el largo plazo”, advierte Cuixart, en relación a Junts. De hecho el autor desdeña la polémica de Junts y ERC entre confrontación y diálogo, que achaca a una “obsesión constante (y estéril, a efectos de país) de priorizar la pugna electoralista”. “Nos quieren divididos entre partidarios del diálogo y de la confrontación, pero resulta que la defensa permanente del diálogo, de la negociación, forma parte de la confrontación democrática con quienes quieren condenar la libertad de expresión y el derecho de protesta, añade.

Con todo, Cuixart sí hace algunas advertencias a los republicanos respecto a la mesa de diálogo con el Gobierno. Un espacio que el activista avala, pero del que alerta que comporta riesgos que hace falta que el independentismo entienda de entrada. “Nunca renunciaremos al diálogo, tampoco con quienes nos quisieran muchos años en prisión”, dice. Pero la apuesta por la mesa “no significa hacer el primo”, porque colocar las aspiraciones soberanistas en un foro que nunca avanza puede ser una gran tentación para el Estado, argumenta. Por eso considera que la mesa de negociación será útil “si lo es en el marco de una estrategia compartida por el conjunto del soberanismo”, si no se convierte en “un arma arrojadiza entre partidos” y, sobre todo, si hay “una voluntad real por parte de España”.

Un referéndum “sin etiquetas”

A través de las anteriores reflexiones, Cuixart llega a la propuesta que quiere lanzar a las bases independentistas. Remarca esta cuestión porque el líder de Òmnium quiere evitar que se entienda como un mandato hacia la clase política, a quien, si pone deberes, lo hace de forma indirecta y solo a través de consideraciones generales. Lejos de eso, el autor está interesado en dar al independentismo de calle un nuevo horizonte al que pueda agarrarse y que se convierta a la vez en un objetivo que unifique un movimiento cada vez más disgregado y en un motivo para caminar para el 'indepe' desanimado.

Un referéndum que, para él, no debería tener apellidos, es decir, debería ser un significante donde cupiera tanto la vía pactada como la unilateralidad. Así cree que pueden recoserse las complicidades entre los sectores del “3 de octubre”, el día de la huelga general que paralizó Catalunya por la violencia contra el referéndum y que fue secundada por multitud de organizaciones no independentistas. Un objetivo que a su entender debe seguirse persiguiendo. “Me agota el soberanismo que ha renunciado a seguir gustando. Como si ya se diera por bueno, como si ya fuéramos suficientes. Pues no, en la construcción de una imaginario nacional nunca seremos suficientes, porque está en formación constante”, asegura.

Pero, de nuevo, Cuixart tira de realismo para evitar dar falsas esperanzas que se conviertan en una losa en el futuro, algo que los dirigentes independentistas conocen bien. Y por eso lo dice claro: en este momento no se dan las condiciones para llevar a cabo su propuesta. “Ahora mismo, claro y conciso, no hay la posibilidad de hacer un referéndum pactado, un nuevo referéndum unilateral o una declaración efectiva de independencia, sean cuales sean las mayorías parlamentarias”, dice. Una frase que, dicha por un líder de la sociedad civil, hubiera sido absolutamente imposible de escuchar en 2015, pero que ahora comparte buena parte del independentismo sin que eso quiera decir abandonar el objetivo secesionista.

Para Cuixart esta reflexión no debe ser pesimista sino estimulante, toda una llamada a la acción para crear esas condiciones. ¿Cómo? Mediante los métodos de la no violencia, una disciplina que el líder de Òmnium ha estudiado en detalle durante su tiempo en la prisión. “La desobediencia civil es la principal herramienta no violenta que tenemos para presionar a las instituciones y los políticos cuando el ordenamiento jurídico impide el ejercicio de derechos fundamentales, ampara situaciones injustas o lesiona el bien común”, asegura. Una desobediencia civil masiva –y una asunción de sus consecuencias– que Cuixart cree que es el único camino que puede ser exitoso para su movimiento.

El lehendakari Juan José Ibarretxe -el cargo es vitalicio- ha reaparecido en la tarde de este viernes en el Kursaal de Donostia en un foro promovido con motivo del décimo aniversario del final de ETA acompañado entre otros por el expresidente catalán Quim Torra y del líder de Ómnium Cultural y expreso Jordi Cuixart. En la charla se ha hablado poco del terrorismo -prácticamente nada, de hecho- y mucho de la independencia y del derecho a decidir. “La única manera de resolver los problemas políticos es hacerlo democráticamente. No es negociable que el pueblo catalán, el escocés, el quebequés y el vasco tengan derecho a decidir. Lo que sí es posible es pactar su ejercicio”, ha proclamado un Ibarretxe ovacionado por un auditorio al 50% y que se ha dicho militante no del PNV sino del “movimiento nacional vasco”. Eso sí, ha matizado que él prefiere opinar con “humildad” porque no tuvo éxito con su propuesta de superación del Estatuto vasco y porque fue presidente “en la Edad Media”. La duda -se ha preguntado- es “cómo se pacta con una silla vacía”, que es como ha descrito la negativa de España a los referendos secesionistas.

La mesa redonda, en la que también estaban Amalur Álvarez, portavoz de la plataforma Gure Esku Dago, y Stephen Gethins, exasesor de los ministros principales de Escocia Alex Salmond y Nicola Sturgeon, era el último acto en Donostia de las jornadas organizadas por el Foro Social Permanente diez años después de la conferencia de Aiete, que supuso una pista de aterrizaje para que unos días después ETA comunicara el final de la violencia. En el público estaba el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y líder en Gipuzkoa, Joseba Egibar, que es también el representante del ala más soberanista del partido. Con él, el alcalde de Donostia y el diputado general de Gipuzkoa, Eneko Goia y Markel Olano, respectivamente. También se ha sumado la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, y otros muchos cargos de la coalición abertzale, como el alcalde en 2011, Juan Karlos Izagirre. En las últimas filas, más discretamente, escuchaba a los ponentes David Pla, uno de los últimos jefes de ETA y al que se le atribuye la lectura de aquel comunicado de 2011. Esta semana ha ofrecido una entrevista a TV3.

Ibarretxe, en castellano tras un brevísima introducción en euskera, ha ofrecido un discurso sin papeles y en el que ha considerado que su etapa como lehendakari entre 1998 y 2009 supuso al menos elevar la importancia de la autodeterminación al “campo base” de la agenda política. Ha asegurado que quizás el 50% de la sociedad puede estar de acuerdo con la independencia vasca pero que está seguro que más del 70% apoyaría el “principio democrático” de poder votarlo. Es más, ha ironizado que los dos procesos que han sido pactados en Occidente, el de Quebec en Canadá y el de Escocia en el Reino Unido, se saldaron constatando “mayorías a favor de la unión” y no de la ruptura. Y ha añadido con una metáfora futbolística: “Yo tengo respeto por el pueblo español, por sus símbolos. Tengo aprecio por la gente del pueblo español: es buena gente. Pero yo soy vasco. Me alegro cuando mis amigos de España se alegran con la Roja. Pero yo tengo derecho a hacer lo mismo con la Verde [color de la selección vasca]”. “La democracia no es contar votos. Es tener en cuenta los votos”, ha enfatizado también.

Torra no estaba en Donostia, sino en Girona. Ha intervenido por videollamada y su imagen ha sido proyectada en una pantalla gigante de unos quince metros cuadrados. Ha comparecido tratando de ofrecer una imagen institucional: de traje y corbata, en una sala con fondo blanco y neutro y acompañado de una 'senyera'. En ocasiones ha leído las notas que llevaba preparadas. Su mensaje ha sido muy contundente en defensa de la unilateralidad en Catalunya y en contra de la mesa de diálogo impulsada por su sucesor, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aunque a la vez se ha permitido criticar veladamente a Unidas Podemos por hacer “oposición” al Ejecutivo del que forma parte.

“La secesión unilateral no es una secesión prohibida”, ha señalado de arranque. Ha apuntado también que “Catalunya sufre un expolio fiscal de 17.000 millones cada año” lo que deja camiones de bomberos obsoletos y sueldos “indecentes” para los maestros. “Rodalies es un desastre. Tenemos unos servicios de colonia”, ha denunciado. Y ha añadido también: “Las estructuras franquistas perviven [en el Estado español]. La respuesta del PSOE no cambia nada a la del PP. No, nunca jamás a la autodeterminación. Llamar mesa de diálogo a lo que es una foto de conveniencia política no ayuda a Catalunya y menos al relato internacional. Fecha, condiciones y cómo vamos a hacer el referéndum es una cosa, pero es poco creíble una mesa sin mediadores o relatores internacionales”. Torra también ha considerado que el independentismo solamente ha fallado en “defender” los resultados del 1 de octubre, en “haber llegado hasta las últimas consecuencias en su defensa”.

El anterior 'president' ha recordado que ya participó en un acto en Donostia en 2018, cuando estaba en el cargo. Cuando se conocieron los documentos acumulados por el lehendakari, Iñigo Urkullu, durante su mediación en Catalunya para evitar la independencia unilateral y el 155, trascendió un correo electrónico que le envió a Sánchez mostrando su disgusto por la visita. “Me veo en la situación de aceptar el encuentro y recibirlo”, le contaba al presidente. El PNV que representa Egibar ha aplaudido en 2021 a Torra.

Cuixart también ha sostenido que en Catalunya “tiene muy poco sentido ir a mesas de negociación si no hay una estrategia compartida desde el frente soberanista”. Ha asegurado que el 'procés' debería aprender de cómo la comunidad internacional se implicó en Aiete con el final de ETA -participaron Kofi Annan, Jonathan Powell o Brian Currin, entre otros- para internacionalizar la causa. No obstante, ha asegurado que el gran valor del octubre de 2017 fue el empuje de la sociedad civil frente a los partidos, el éxito de que dos millones y medio de personas metieran “un trozo de papel en una caja de plástico” a pesar del 'no' del Tribunal Constitucional y la presencia policial. “No queremos ser turistas soberanistas”, ha afirmado Álvarez con admiración hacia Catalunya, y ha anunciado que Gure Esku Dago ya colabora con la entidad de Cuixart y con la ANC para aprovechar “oportunidades” y activar una “nueva ola” vasca.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha salido al paso ante la pitada que ha recibido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante el pregón de inauguración de las fiestas del barrio de Gràcia y ha pedido “no dejarse dividir”, tal como ha asegurado que quiere el Estado español.

Colau acababa de comenzar este sábado su discurso elogiando la fiesta mayor como un evento que encarna “la libertad de expresión, el respeto y la escucha” cuando ha comenzado a recibir pitadas de los asistentes, lo que ha motivado que Cuixart la haya interrumpido y, tras tomar el micrófono, haya advertido de que “esto va de luchas compartidas, de sumar y de ser más”.

“Solo os quiero pedir que escuchéis, que es lo que no quiere hacer España con nosotros, porque tiene miedo de la palabra. Todos formamos parte de un mismos pueblo, no nos dejemos dividir, porque es lo que quiere el Estado español”, ha subrayado Cuixart antes de agregar: “Solo si no nos dejamos dividir, lo lograremos”.

Las palabras del presidente de Òmnium Cultural han dejado a Colau visiblemente emocionada y, con lágrimas en los ojos, le ha agradecido su intervención, que no ha logrado en cambio evitar que siguieran los silbidos

La alcaldesa también le ha dado las gracias por “haber dado ejemplo, defendiendo siempre el diálogo, la empatía, la conversación, el entendimiento y la democracia (...) sin rencor, mirando hacia adelante y promoviendo el amor entre todos” a pesar de la “brutalidad” e “injusticia” de la que, a su entender, ha sido víctima.

Con estas palabras se ha referido Colau a los tres años en prisión que ha estado Cuixart tras su condena por el 'procés': “Es una brutalidad pensar que un hombre bueno, de paz y de diálogo haya pasado ni un solo día en prisión”, ha exclamado la alcaldesa antes de abogar por “no acostumbrarse ni normalizar” que los líderes independentistas hayan estado en la cárcel.

El 60 aniversario de Òmnium Cultural, celebrado en Elna (Francia) ha logrado reunir a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de expresos independentistas y cargos que viven en Bruselas junto a Anna Gabriel, residente en Suiza desde finales de 2017. En un acto cargado de simbolismo -era la primera vez que casi todos los integrantes del Govern de 2017 se reunían- el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, ha hecho un llamamiento a la unidad independentista. “Lo volveremos a hacer. Lo haremos juntos y lo haremos mejor”, ha reivindicado.

El acto ha reunido a los expresos junto a los “exiliados” y el resto de los integrantes del Govern de 2017. A pesar de que no estaba previsto, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha asistido por sorpresa al acontecimiento. Cuixart ha reivindicado la entidad como “eslabón” y “punto de encuentro” del independentismo y ha destacado que el reencuentro entre prisión y “exilio” es una “victoria”.

Al final del acto, Cuixart ha gritado uno a uno los nombres de los diferentes exmiembros del Govern catalán, que se han hecho una fotografía de familia encima del escenario. En el evento han participado unas 170 personas entre políticos, sociedad civil y entidades de ambos lados de la frontera.

El líder de Òmnium ha empezado su discurso recordando que un 16 –en aquel caso, de octubre de 2017- él y Jordi Sànchez entraron en la prisión de Soto del Real. “Nos parecía que todo estaba perdido pero no era así. Era el inicio del reencuentro que hoy hacemos aquí”, ha señalado. Cuixart ha asegurado que el acto de este viernes no solo buscaba conmemorar el cumpleaños de la entidad sino que también querían que fuera un acto de encuentro “con todos los represaliados y los exiliados”. “No desfalleceremos hasta que puedan volver a casa”, ha afirmado.

Cuixart ha dicho también que, a pesar de la represión “feroz” del “Estado español”, el independentismo “puede vencer” y solo depende de ellos. Según Cuixart, el acto de este viernes “confirma que el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia colectiva es el que tiene que permitir legitimar las decisiones que tome el pueblo de Catalunya”. “No renunciamos a construir el imaginario colectivo”, ha añadido.

“Desde Òmnium queremos reafirmarnos en el compromiso con la lengua, la cultura, la defensa de los derechos fundamentales y en la construcción de la República catalana”, ha proseguido. “No nos dejéis solos”, ha remarcado. Con todo, Cuixart ha avisado que continuarán siendo “exigentes” con los políticos y las instituciones, a pesar de que lo harán con “lealtad” y “generosidad”.

Al final de su intervención, Cuixart ha recordado cómo se sintió cuando entró en la prisión aquel 16 de octubre de 2017. Ha dicho que estaba más asustado que Jordi Sànchez pero “convencido” que “no había suficientes prisiones para parar tanta dignidad”. “Y no me equivocaba”, ha remachado.

Al acto han acudido casi todos los presos indultados: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell y Jordi Sánchez. También los políticos residentes en el extranjero: Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y la sorpresa de la jornada, Anna Gabriel, que después de más de tres años en Suiza ha vuelto a pisar la Catalunya Norte. También han acudido los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borràs. El evento se ha cerrado con la fotografía de familia encima el escenario en una imagen de unión entre “prisión y exilio” y el himno de Catalunya.

Los nueve presos del procés han comenzado este miércoles a abandonar las cárceles en las que han estado durante los últimos tres años y medio, después de haber recibido los indultos del Gobierno. Las prisiones de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses, entre las que se repartían los líderes independentistas, han recibido del Tribunal Supremo la interlocutoria que informaba de la aplicación de las medidas de gracia, lo que hace efectiva la libertad de los reos. Una comitiva encabezada por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresident Jordi Puigneró ha recibido a los presos a las puertas de la prisión de Lledoners.

Los siete hombres reclusos en la prisión del centro de Catalunya han firmado las órdenes de excarcelación y se han despedido del resto de presos entre abrazos. Tal y como estaba previsto, a mediodía han cruzado la puerta de salida y se han reunido con sus seres queridos, que los esperaban fuera. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn han dejado atrás la prisión sujetando una pancarta con el mensaje “Freedom for Catalonia” y una bandera independentista. Una vez afuera, los siete se han abrazado con sus allegados y los políticos que les esperaban.

“Salimos con el compromiso de hacer desde la política todo lo que nunca debió salir de la política. Porque no hay ideal más noble que el de la libertad del país, el de la independencia y el de la justicia social”, ha proclamado Oriol Junqueras tras su salida de la prisión. “Hasta el día de la victoria seguiremos trabajando con todos y sin excluir a nadie para hacer realidad el sueño de una república catalana”, ha añadido el líder de ERC, que ha asegurado que tras su liberación hay “nueve personas más trabajando ”por la libertad y la amnistía por los 3.000 represaliados de este país“.

Antes que él, el primero en tomar la palabra ha sido el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. “Hoy no es un día de renuncia sino un día en que los catalanes y las catalanas nos reafirmamos. Que nadie se equivoque, la represión no nos ha vencido ni nos vencerá. No existe el indulto que nos haga callar, no nos han hecho callar y no callaremos nunca”, ha proclamado Cuixart desde un pequeño escenario colocado fuera de la cárcel. “Si hoy los presos y las presas estamos afuera es porque el Estado no nos ha podido mantener más días adentro”, ha continuado, “seguiremos ejerciendo todos los derechos condenados por el Tribunal Supremo”.

Tras el presidente de Òmnium ha tomado la palabra el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, no sin antes representar el abrazo entre los dos primeros líderes encarcelados. “Pese a todo lo que la justicia española y el Estado nos ha hecho durante estos años salimos todos unidos, juntos, en pie, sin echarnos atrás. No aceptaremos ningún silencio a cambio de ningún indulto”, ha asegurado Sànchez, hoy convertido en secretario general de Junts. Sànchez ha asegurado que salen “determinados a ganar aquello que no pudimos acabar el 1 de octubre”.

Todos los presos han agradecido su apoyo a las personas que han estado a su lado tanto en los actos en torno a las prisiones como en las protestas celebradas durante los últimos años y, la mayoría, se han referido al 1 de octubre. El exconseller de Territori Josep Rull ha asegurado que el recuerdo del referéndum le ha ayudado a pasar este tiempo de encierro. “No somos nosotros quienes tenemos que pedir perdón, son los que pegaron a la gente por votar quienes deberían pedirlo”, ha asegurado Rull.

“Nos han dado unos indultos condicionados, revisables y parciales. Que sepan que nuestro compromiso para culminar lo que empezamos el 1-O no es condicional, ni revisable ni parcial”, ha proclamado Jordi Turull. “Salimos a hacer mucho trabajo”, ha apostillado Romeva, que ha afirmado que “si pensaban que nos aplacarían encerrándonos, se han equivocado de pueblo y de época”.

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido la primera en salir y ha abandonado la cárcel de Wad-Ras a falta de pocos minutos para las 12 del mediodía. “Amnistía es lo que queremos y conseguiremos, no os preocupéis que lograremos el fin de la represión para todos los exiliados y represaliados”, ha señalado Forcadell, escoltada por el expresidente de la cámara catalana, Roger Torrent y la actual presidenta Laura Borràs entre otros cargos independentistas. 

Forcadell, visiblemente emocionada, ha señalado que el indulto aprobado por el Gobierno es una “pequeña victoria” para lograr la “gran victoria” del independentismo. “Si no hubiésemos ganado elección tras elección, si no hubiésemos tenido victorias judiciales en Europa y si la gente no se hubiese movilizado no estaríamos hoy aquí”, ha remachado Forcadell.

La exconsellera de Treball, Dolors Bassa, ha sido la última en abandonar el recinto de Puig de les Basses (Girona) sobre las 12:15, acompañada de su familia y de una delegación del Govern. Con una sonrisa de oreja a oreja, Bassa ha agradecido el “apoyo” recibido durante estos tres años que ha pasado entre rejas. “Tantas veces de decir buenas noches y dejaros atrás cuando cruzaba la puerta de la cárcel, hoy por fin se abre”, ha afirmado la exconsellera. 

“La represión no ha acabado, esto es un primer paso que abre la puerta a hacer las cosas con política y no judicializarla”, ha proseguido Bassa, en línea con el resto de discursos. “Hoy salimos 9 personas pero sigue habiendo mucha gente encausada”, ha remachado. Bassa ha pedido la retirada de las euro órdenes y ha finalizado su breve discurso recordando que el independentismo “tiene mucha faena por hacer”.

Tras la aprobación de las medidas de gracia en el Consejo de Ministros de este martes, los trámites se desencadenaron con normalidad. El rey Felipe VI firmó esa misma tarde los nueve reales decretos, uno para cada preso, por lo que este miércoles los perdones ha aparecido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de este momento el Tribunal Supremo, encargado de aplicar los indultos, ha podido realizar la correspondiente liquidación de la condena y ha comunicado a los juzgados de vigilancia penitenciaria la puesta en libertad de los presos, que a su vez lo han remitido a las cárceles.

El caso procés ya está en Estrasburgo. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha presentado este martes su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del Tribunal Supremo, el primero presentado ante instancias europeas por uno de los líderes independentistas encarcelados. El exconseller Jordi Turull lo hará este jueves.

El recurso, registrado en catalán, llega 24 horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazaba el recursos de amparo de Cuixart confirmaba la condena a nueve años de prisión y otros nueve de inhabilitación. Como el resto de presos, Cuixart confía en que el voto particular de dos magistrados progresistas del Constitucional, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, sirva para que el TEDH condene a España. En su resolución, los dos magistrados censuraron la condena del Supremo a Cuixart ya que, a su juicio, vulneró su derecho de reunión como líder social, lo que, según los togados, “amenaza con empobrecer” la democracia.

Aunque Òmnium ha rechazado detallar el contenido del escrito ante el TEDH, en su recurso ante el Constitucional Cuixart ya enumeró hasta siete derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que creía vulnerados por el Supremo. El núcleo del recurso se centra en la vulneración del derecho de reunión y a la libertad en que, según Cuixart, incurrió el Supremo al condenarle a nueve años de prisión por convocar movilizaciones “pacíficas” del 20 de septiembre en la conselleria de Economía y el 1 de octubre en los colegios.

El líder de Òmnium también acusa el Supremo de no respetar el derecho a la legalidad penal y de desviación de poder. Además Cuixart ve vulnerado el derecho al juez predeterminado por ley –en opinión de la defensa era el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y no el Supremo el competente para investigar el procés– y a la doble instancia penal, pues la del Supremo ya fue la sentencia firme del caso, así como el derecho a un juez independiente e imparcial.

Los plazos de Estrasburgo

El TEDH no puede volver a juzgar el procés ni cambiar los hechos por los que fueron condenados los presos, pero sí puede decir si el Supremo vulneró los derechos humanos en la causa, lo que abriría la puerta a que los líderes independentistas fuesen indemnizados o a una repetición del juicio, en el que el tribunal debería tener en cuenta las apreciaciones de Estrasburgo.

Recurrir a Estrasburgo exige haber agotado la vía interna de impugnaciones, lo que en el caso de España pasa por la revisión de la sentencia por parte del Tribunal Constitucional, y que los agravios esgrimidos ante el TEDH hayan sido formulados ante las instancias judiciales que hayan estudiado el caso previamente.

Las demandas de los presos se sustanciarán en una sala integrada por siete jueces, que primero deben decidir si la aceptan a trámite y, posteriormente, entrar a debatir el fondo de la cuestión. Una vez admitida la demanda, el TEDH debe dar traslado a la Abogacía del Estado correspondiente para que exponga sus argumentos ante la demanda.

El tiempo de resolución de la demanda varía en función de si quién la interpone está en prisión, circunstancia que agiliza la sentencia, o si permanece en libertad, lo que puede retrasar varios años el fallo. La demanda a Estrasburgo puede incluir la solicitud de medidas cautelares, incluida la excarcelación de presos, aunque el TEDH es muy restrictivo en concederlas y solo las suele dar en casos de peligro de muerte o amenaza grave para la integridad física, algo que no sucede en el caso del procés.

De esta forma, el indulto que estudia el Gobierno para los presos del procés jugará un papel clave en la rapidez con la que se pronuncie Estrasburgo, habida cuenta de que no es lo mismo esperar una sentencia del TEDH –y más si resulta condenatoria para España– en libertad que en prisión.

Nuevo respaldo sin unanimidad del Tribunal Constitucional a la sentencia del procés. El tribunal ha avalado la condena dictada por el Supremo contra el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, sentenciados a nueve años de prisión sedición, al considerar que su participación en el procés “no constituyó” el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y reunión.

Las sentencias del Constitucional sobre Cuixart y Sànchez eran de las más esperadas. Ambos son los líderes sociales independentistas que más tiempo llevan encarcelados (desde el 16 de octubre de 2017), y a diferencia del resto de condenados por sedición no formaban parte de las instituciones. También son los únicos respecto a los que Amnistía Internacional ha reclamado en varias ocasiones su libertad inmediata, sin conseguirlo.

Los recursos de Cuixart y Sànchez se centraban especialmente en el derecho a la libertad de expresión y reunión, al considerar que el Supremo los vulneró por condenarlos a nueve años de cárcel por promover las movilizaciones del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía y del 1 de octubre. Cuixart iba más allá y llegó a pedir al tribunal que declarara inconstitucional el delito de sedición por la “limitación” que, a su juicio, comportaba respecto al ejercicio de derechos.

Como es habitual, el Tribunal Constitucional ha avanzado tan solo el sentido de la decisión de los magistrados, mientras que la sentencia completa se conocerá en los próximos días. En una nota, el tribunal informa que la sentencia, cuyo ponente ha sido el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, considera que Cuixart “promovió la oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional y de otros tribunales”, por lo que “no constituyó ejercicio legítimo” de sus derechos fundamentales.

En consecuencia, agrega la nota sobre Cuixart, la condena por sedición “cumple con las normas constitucionales” y “no obedece a una finalidad espuria de persecución o castigo por su posición política o ideológica”. Como ya ocurriera con las sentencias de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, los dos fallos cuentan con los votos particulares de los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, quienes en anteriores ocasiones tildaron de “desproporcionada” la pena por sedición.

Tras conocer la decisión, Cuixart ha considerado que “los tribunales políticos nunca sorprenden”, y ha advertido de que “seguirá utilizando la prisión como altavoz de denuncia internacional”. “Vamos a Estrasburgo a acusar al Estado”, ha agregado, en referencia a que una vez agotada la vía nacional los presos del procés ya tienen abierta la vía para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante el que tienen depositadas sus esperanzas de conseguir una condena a España.

Sobre Sànchez, la nota del Constitucional explica que la sentencia, redactada por el magistrado Santiago Martínez-Vares, señala que su participación en el procés “no constituye un mero exceso o extralimitación en el ejercicio de los derechos fundamentales”. El motivo es que la actuación de Sànchez, agrega el Constitucional, era “neutralizar” sus decisiones y la de otros juzgados “sirviéndose de la movilización ciudadana para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república, prescindiendo de los procedimientos de reforma constitucional”.

“Su actuación desborda con claridad los límites de lo que puede considerarse un ejercicio legítimo de aquellos derechos para exteriorizar la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos”, apostilla el Constitucional.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defendido su abrazo con el líder del PSC, Miquel Iceta, el pasado lunes en la toma de posesión como president de la Generalitat de Pere Aragonès. “El odio y el rencor no son una posibilidad”, ha dicho Cuixart, que ha remarcado que Catalunya debe “construirse con todos los partidos de tradición democrática” aunque políticamente no esté de acuerdo con el actual PSC.

En una entrevista en RAC-1, Cuixart ha explicado que al volver el mismo lunes por la noche a la prisión de Lledoners y no disponer de teléfono móvil no se ha enterado de las críticas que le han llovido de los sectores más intransigentes del independentismo en redes sociales por su abrazo con Iceta. Ha recordado por ejemplo que la primera reunión que tuvo como presidente de Òmnium fue con Iceta y la tradición del PSC en defensa de la cultura y la escuela en catalán.

“Quiero que entre todos construyamos un solo pueblo. Como le dijimos al Supremo, nunca nos confrontarán entre nosotros, sino con el fascismo y la extrema derecha. Tenemos que construir un país con todos los partidos de tradición democrática, aunque disto mucho del actual PSC”, ha aseverado Cuixart, para a renglón seguido apostillar:  “Soy así, no tengo odio ni rencor. No nos llevará a ningún sitio seguir con el reproche permanente”.

Sobre el posible indulto, Cuixart ha insistido en que su prioridad es la amnistía y ha pronosticado que “será efímero” pues terminará en un recurso ante el Tribunal Supremo. Y además ha considerado que la medida de gracia “no afronta la raíz del problema”, que a su juicio es “la incapacidad de nuestros políticos de hablar entre ellos”, en referencia al diálogo entre la Generalitat y el Estado.

También ha lamentado las críticas que ya han llovido al Gobierno antes incluso de su concesión, como las que han el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page o el expresidente del Gobierno Felipe González, aunque ha asegurado que intenta empatizar con los que comparten esta opinión. Sí ha advertido al expresidente del Gobierno Felipe González de que “no puede dar lecciones de nada, con los GAL y por su actuación tras dejar la presidencia del Gobierno” tras manifestar su rechazo a concederlos.

Después de que el Tribunal Supremo se haya opuesto a los indultos, Cuixart ha reiterado que se ratifica en sus palabras, que no se arrepiente de lo que hizo y que no ha pedido esta medida de gracia, aunque respeta que otros presos independentistas lo quieran para minimizar su “sufrimiento y dolor”. “Me siento un demócrata de pies a cabeza, y ejercer la desobediencia civil es la mejor manera de demostrar tu compromiso con la democracia”, ha reivindicado el presidente de Òmnium.

Una imagen, la del abrazo entre el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, con el ministro Miquel Iceta, tras la toma de posesión de Pere Aragonès, es la que ejemplifica lo que necesita no solo Catalunya sino también el resto de España. Cuixart lleva 3 años, 7 meses y 10 días en la cárcel. Algunos en tercer grado, pero la mayor parte del tiempo privado totalmente de libertad. Su saludo al dirigente socialista fue criticado por no pocos independentistas hiperventilados en las redes. Hay que tener muy poca vergüenza para hacerle reproches desde el sofá a alguien que lleva 1.318 días en su situación. Alguien condenado injustamente, tal y como Amnistía Internacional ha insistido en varias ocasiones, clamando en el desierto por considerar que la sentencia del Supremo supone en este caso (y en el de Jordi Sànchez) una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Cuixart es el único de los presos que no ha querido entrar en las batallas partidistas entre Junts y ERC, que ha intentado pacificar el ambiente entre ellos también en la cárcel y que, por más ofertas que ha recibido, ha decidido que no quería cambiar Òmnium por las siglas de un partido. 

Iceta intentó hasta el último momento que Carles Puigdemont convocase las elecciones y no proclamase la DUI. Se reunieron el día antes, el 26 de octubre del 2017, y no era la primera vez que hablaban en esa semana tan convulsa. El primer secretario del PSC salió esperanzado aquel día del Parlament porque la intención de Puigdemont era apostar por los comicios y así preservar el autogobierno. Al cabo de unas horas todo se torció con las maniobras de desmarque de ERC, tuits, amenazas cruzadas y una desconfianza entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat que todavía se está pagando. Los socialistas apoyaron al PP en su aplicación del artículo 155, algo que Pablo Casado parece haber olvidado. El expresident José Montilla, entonces senador, no participó en la votación, consciente del significado que tenía en Catalunya que alguien que ha ocupado su máxima institución se mostrase a favor de intervenir la Generalitat. Iceta se convirtió en un enemigo para una parte destacada del independentismo y a la vez en un político demasiado comprensivo con el secesionismo a ojos no solo de la derecha sino de algunos barones del PSOE e incluso columnistas de referencia que se autoubican en el espacio ideológico de la izquierda. 

Cuixart no se ha movido, sigue pensando que actuó correctamente, en conciencia y sin cometer el delito de sedición por el que fue condenado a nueve años de cárcel. Tampoco lo ha hecho Iceta, que siempre defendió su apoyo al 155 pero a la vez fue el primero en plantear la necesidad de que se aprobaran los indultos para poder mirar hacia adelante. Que ambos se abracen, que el primer paso lo diese Cuixart, y que pudiesen hablar, demuestra que hay dirigentes, sea en el ámbito del activismo o la política, dispuestos a separar la ideología del civismo y que aunque discrepen pueden encontrar puntos de consenso. El primero, la educación. 

Un repaso al dial, a editoriales y mesas televisivas de estos días permite comprobar el abismo que existe entre la mayor parte de la opinión publicada en Madrid y la de los medios catalanes. Mientras unos reclaman política, la que ha faltado durante tanto tiempo, otros siguen instalados en una venganza mal parapetada en la Justicia. Los tribunales ni resolvieron el problema ni lo resolverán, como ha quedado claro en los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo en su informe para rechazar los indultos. Con sumo agrado, expresión que tanto gusta al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, se despacha a gusto en contra de una medida de gracia que sirvió para que saliesen de la cárcel desde condenados por el GAL a golpistas de verdad.

Una de las razones del tribunal para oponerse a la medida de gracia a favor de los presos independentistas es que no han mostrado “el más débil indicio de arrepentimiento”. Esta no es una argumentación judicial sino política. Primero porque arrepentirse no es obligatorio para poder obtener el indulto y segundo porque hay sobrados precedentes de casos en los que se ha informado favorablemente sin que se requiriese acto de contrición alguno al condenado. Sirva de ejemplo para los desmemoriados o las generaciones más jóvenes que el Supremo se mostró partidario de indultar a Tejero por razones “extrajurídicas” y “de conveniencia pública” y adujo la necesidad de contribuir al olvido de unos hechos que ya eran pasado. Finalmente, el Gobierno de Felipe González, que sí había indultado a Alfonso Armada también con el beneplácito del Supremo, no indultó a Tejero, que salió de prisión en 1996, cuando le concedieron la libertad condicional tras haber estado en la cárcel 15 de los 30 años a los que había sido condenado. Por cierto, Tejero ni se arrepintió entonces ni después. Hace tres años reapareció en un homenaje en Málaga entre gritos de “¡viva Franco!” y banderas preconstitucionales. Por más que se insista en comentarios de café o en el Congreso, no es requisito legal que los condenados por el procés pidan perdón. Como no lo fue para los impulsores del GAL. “Pedir perdón es un esfuerzo, y absolutamente inútil”, afirmaba el exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, 18 años después de haber sido indultado.

Sánchez sabe que con los indultos puede perder votos y Casado sabe que oponiéndose los puede ganar. Catalunya es tierra quemada para el PP desde hace décadas. El último que intentó hacer entender a los suyos que ganar votos en otras comunidades a base de intransigencia era una receta pésima fue Josep Piqué. En la campaña del 14-F, Casado tuvo un momento de lucidez o de conveniencia cuando entonó algo parecido a un mea culpa por la estrategia de los populares durante el 1-O. Fue en una entrevista en RAC-1 y los artículos acusándolo de flojo tardaron solo horas en publicarse. Jiménez Losantos tildó las palabras del líder del PP de “oración genuflexa y plegaria de rodillas”. Hasta se quejó de que hubiese aceptado que le preguntasen en catalán.

Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal y uno de los juristas que más ha analizado la derivada judicial del procés, ha resumido el punto en el que estamos y que habría que intentar superar: La condena no sirvió para nada, solo para empantanar la política española. “No hagamos más sangre y salgamos de una vez de esta maldita situación”, concluía en un artículo publicado esta semana. La pregunta es quién está dispuesto a salir de esta situación. Casado está claro que no y a una parte del PSOE tampoco le conviene en sus territorios como dejan claro el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el extremeño Guillermo Fernández Vara cada vez que tienen un micro delante. José Luis Rodríguez Zapatero, que fue víctima de una campaña indigna por parte del PP, tanto con la reforma del Estatut como en la lucha contra el terrorismo, recordaba que la estrategia de los populares cuando están en la oposición siempre es igual. “Las grandes decisiones que abren espacios siempre van acompañadas de adjetivos de traición, como me pasó a mí cuando acerqué el fin de ETA”, ha afirmado este miércoles en una entrevista en Canal Sur. “Ahora nos dirán traidores, pero a medio y largo plazo servirá para encontrar un marco de encaje en Catalunya y España”, pronostica Zapatero. El PP, que empezó tildando a este gobierno de ilegítimo, ahora le acusa de “indecente” por plantearse los indultos. Ambas cosas son falsas, deslegitiman las instituciones, pero a base de repetirlo ha ido calando.   

El 72% de los catalanes están a favor de los indultos, según la última encuesta publicada por El Periódico. Seis de cada diez votantes no independentistas también son partidarios de esta medida. Igual al resto de españoles les queda lejos, pero la mayoría de los catalanes, sean o no independentistas, lo que quieren es empezar a mirar adelante, aunque algunos, en ambos extremos, vivan cómodos y aspiren a sacar réditos de la cronificación del conflicto. 

Los nueve presos del procés han optado por no recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación del tercer grado ordenada por los jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya, lo que implica mantenerse en un régimen de prisión ordinario. Para poder volver a salir de la cárcel para trabajar y pasar el fin de semana los presos tendrán que esperar a la nueva clasificación que por ley los profesionales penitenciarios deben realizar cada seis meses y que está prevista para el próximo mes de julio. A día de hoy los presos, al volver al segundo grado, solo pueden salir los 36 días de permiso que, por ley, tienen al año al haber cumplido todos ya un cuarto de la pena.

Fuentes de las defensas de los presos argumentan que carecía de sentido recurrir ante el Supremo visto el antecedente del Alto Tribunal sobre el tercer grado: no solo porque el Supremo tumbó la semilibertad, sino porque la Sala presidida por Manuel Marchena tardó cuatro meses en resolver los recursos de la Fiscalía contra la decisión de los jueces penitenciarios, que entonces sí avalaron en primera instancia el tercer grado.

Esta vez, además, la resolución del recurso se conocería a las puertas de la nueva clasificación de los presos del mes de julio, lo que según explica una de las defensas sería dar una oportunidad al Supremo para “intentar condicionar” las propuestas de las juntas de tratamiento de los centros donde cumplen condena por sedición los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y el exlíder de la ANC y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Hasta ahora los presos han sido clasificados en tres ocasiones. La primera, en enero de 2020, cuando fueron clasificados en segundo grado y semanas después se les permitió salir de prisión para trabajar en base al artículo 100.2 del reglamento. La segunda, en julio del mismo año, cuando ya obtuvieron el tercer grado. Pero el Supremo tumbó en diciembre tanto el 100.2 como la semilibertad, dejando en la práctica el indulto como la única vía para flexibilizar la prisión de los líderes independentistas. La tercera clasificación, también en tercer grado, del pasado mes de enero no será revisada por el Alto Tribunal porque los presos no la han recurrido.

La decisión del Supremo del pasado mes de diciembre de anular tanto el tercer grado como las salidas laborales de los presos sigue marcando su futuro en prisión: los jueces penitenciarios que en verano sí avalaron el tercer grado concedido por la Generalitat lo han tumbado ahora debido a los argumentos expuestos por el Alto Tribunal. Según el Supremo, los presos no han pasado suficiente tiempo en prisión para merecer la semilibertad (tampoco indicó el tribunal cuántos años deben añadirse a los tres que ya llevan entre rejas) ni han realizado un tratamiento penitenciario específico sobre la sedición, algo que tanto la Generalitat como los jueces penitenciarios veían contrario a su libertad ideológica.

Todo ello acompañado de una dura crítica, solo comparable a la realizada por la Fiscalía, hacia los responsables penitenciarios catalanes que decidieron clasificar a los presos en tercer grado, a los que el Supremo acusó de realizar una “reinterpretación” y de “vaciar de contenido” la sentencia del procés. No era el primer encontronazo entre el Alto Tribunal y los responsables penitenciarios catalanes que deciden sobre los condenados por sedición. En el primer estado de alarma, desde el Supremo se llegó a advertir a los funcionarios de medidas penales si permitían a los presos pasar el confinamiento en casa.

Pese a la contundencia del Supremo, la Generalitat volvió a clasificar en enero de este año a los presos en tercer grado. Pero a diferencia de la primera clasificación en tercer grado, propuesta seis meses antes por unanimidad cuando el Supremo no se había pronunciado, en esa ocasión tan solo las propuestas de Cuixart, Sànchez y Bassa recibieron el aval de todos los miembros de las Juntas, mientras que la semilibertad del resto de presos fue aprobada solo por mayoría.

El secretario de Medidas Penales y Reinserción de la conselleria de Justicia de la Generalitat, Amand Calderó, defendió en enero que los seis meses más que los presos habían cumplido en prisión y el hecho de que todos ellos cumplieran en febrero una cuarta parte de la pena eran “nuevas circunstancias” que deberían facilitar que, ahora sí, el Supremo no volviera a considerar “prematura” la semilibertad. Pero el eco del primer fallo del Supremo sobre el tercer grado hizo que la decisión de la Generalitat no pasara ni el filtro inicial de los jueces penitenciarios catalanes.

Con estos mimbres las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses, integradas por psicólogos, juristas y educadores, deberán realizar la nueva propuesta de clasificación de los presos. Otra opción sería que, en este ínterin de tres meses hasta la nueva clasificación, las juntas de tratamiento debatan una nueva aplicación del 100.2, vetada igualmente por el Supremo. Sea cual sea su decisión, ahora o en julio, ya saben que la Fiscalía la recurrirá para impedir cualquier tipo de flexibilización del régimen carcelario de los presos del procés.

Era un 23 de septiembre cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el inicio de la tramitación de los indultos a los presos del procés. Medio año después, la medida de gracia a los nueve condenados por sedición y malversación sigue encallada y no ha llegado siquiera a la mesa del Consejo de Ministros, que es donde se tomará la decisión definitiva sobre su concesión. La ley del indulto, que data de 1870, no establece en cuánto tiempo se debe sustentar, si bien los distintos informes que se requieren antes de tomar la decisión definitiva hacen que el plazo se alargue normalmente un mínimo de cuatro meses. En el caso de los presos independentistas, Campo consideró “razonable” que sus indultos se resolvieran durante el primer semestre de este año.

Los casos de indultos relevantes tras la restauración de la democracia en España muestran que, en algunos casos, su concesión fue muy rápida, aunque en otros se demoró hasta un año o incluso más. Entre los primeros destaca el indulto parcial que recibieron al exministro del Interior José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera, condenados a diez años de cárcel por el secuestro de los GAL a Segundo Marey. El Gobierno de José María Aznar remitió en noviembre de 1998 al Supremo –tribunal que juzgó tanto el caso Marey como el procés– la petición de indulto que registraron en julio varios concejales socialistas de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Un mes después el Alto Tribunal se mostró a favor del indulto parcial y el 23 de diciembre del mismo año el Gobierno concedía la medida de gracia, que redujo en dos tercios su condena y aceleró su excarcelación.

Otro indulto exprés fue el concedido por “razones de equidad” y de salud al general Alfonso Armada, condenado por el golpe de estado del 23-F, tras su quinta petición en septiembre de 1988. En noviembre del mismo año la Sala de lo Militar del Supremo se mostró a favor del indulto porque tras su estancia en prisión Armada manifestó “de forma reiterada su lealtad a la Corona y al ordenamiento constitucional”. El Gobierno de Felipe González resolvió favorablemente el indulto el 23 de diciembre de 1988.

Tardó más el indulto de otra causa juzgada en el Alto Tribunal, la que condenó a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable al entonces magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. El Ministerio de Justicia empezó a tramitar en marzo del año 2000 el indulto solicitado por la defensa del exjuez, y ocho meses después, el Gobierno de Aznar otorgó el perdón a Gómez de Liaño en contra del informe del Tribunal Supremo, a diferencia de los casos anteriores.

Capítulo aparte merece el indulto al exdiputado socialista Carlos Navarro y a los exresponsables de Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, condenados por la financiación irregular del PSOE. Los condenados lo pidieron inmediatamente después de la sentencia, en noviembre de 1997, pero la tardanza del Gobierno de Aznar en su tramitación provocó un conflicto entre el Ejecutivo y el Supremo. El Alto Tribunal llegó a amenazar con llevar a la Fiscalía los más de cinco meses que tardó el Ministerio de Justicia en remitirle los antecedentes penales de Navarro, trámite imprescindible para emitir su informe sobre el indulto. Finalmente el Supremo se mostró a favor del indulto parcial y el Gobierno se lo concedió a finales del año 2000.

Las medidas de gracia a Gómez de Liaño y los condenados por Filesa formaron parte del llamado 'indulto del milenio': el 1 de diciembre del año 2000 el Gobierno de Aznar decretó 1.328 indultos de golpe bajo el argumento de que lo había pedido el Papa Juan Pablo II con motivo del año jubilar.

Uno de los indultos más sonados de los últimos años fue el que el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero concedió, en noviembre de 2011 y estando en funciones, al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, a quien se le perdonó la condena de tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer como banquero por un delito de acusación falsa y denuncia falsa. Saénz había pedido el indulto siete meses antes. El Tribunal Supremo concluyó que el Ejecutivo Zapatero incurrió en una “clara extralimitación” al cancelar los antecedentes penales de Sáenz.

En casos recientes de corrupción política, el Gobierno de Mariano Rajoy también concedió el indulto en febrero de 2012 al exdirigente de Unió Democràtica, Josep Maria Servitje, y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenados por el caso Treball, en contra del criterio de la Audiencia de Barcelona. El Ejecutivo tardó once meses en aplicar la medida de gracia desde que la sección 10a de la Audiencia de Barcelona había remitido su informe en contra del indulto alertando de “la especial gravedad de los hechos por afectar al erario público”.

Otro indulto polémico fue el concedido también en noviembre de 2012 a los cuatro mossos d'esquadra condenados por torturar a un ciudadano al que detuvieron por error, detuvieron por error, golpearon por todo el cuerpo, amenazaron y llegaron a meter una pistola en la boca. Fue el segundo indulto para los policías, que en 2012 ya habían recibido un indulto parcial solicitado dos años antes. Esta medida de gracia provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de Rajoy y la sección 9a de la Audiencia de Barcelona, que obligó a los policías a entrar en prisión.

Los presos del procés, pendientes del Supremo

Tras el anuncio del ministro Campo en vísperas de la Mercè, patrona de Barcelona, formalmente el Ministerio de Justicia envió el pasado 28 de septiembre al Tribunal Supremo la petición de indulto a los presos del procés realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.

No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.

El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el pasado martes su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría “anticipando” a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen.

Al apostar políticamente por una amnistía de imposible encaje legal y viabilidad parlamentaria, los presos no han hecho caballo de la lentitud con su indulto. Solo uno de los abogados de la causa, el letrado Xavier Melero, alzó la voz hace unas semanas en los micrófonos de RAC-1: “La parsimonia es tan anómala y notable que hace pensar en algo intencional, no por parte del Gobierno”.

El informe del Supremo es perceptivo y no vinculante para el Gobierno, y tampoco existen plazos para su emisión. En paralelo, el Alto Tribunal también tendrá que decidir si confirma la revocación del tercer grado a los presos del procés acordada por un juez de vigilancia penitenciaria de Catalunya. El precedente no es un buen augurio para los soberanistas: en su primera decisión sobre la semilibertad, el Supremo cerró la puerta a cualquier flexbilización de la prisión de los líderes del procés al margen del indulto.

Una vez el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto. Pero ya nadie se atreve a poner un plazo para ello, más con las elecciones en Madrid del próximo 4 de mayo, si bien el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, desvinculó el estudio de la medida de gracia de los comicios regionales. “Los indultos no tienen calendario, se están tramitando”, agregó el pasado lunes en una entrevista en La Vanguardia. Y mientras todos los presos ya han cumplido más de una cuarta parte de la pena, esto es, más de tres años entre rejas.

El juez de vigilancia penitenciaria del que dependen los siete presos del procés que cumplen condena en la prisión de Lledoners ha revocado el tercer grado que les concedió la Generalitat el pasado mes de enero. A partir de este mismo martes, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Joaquim Forn ya no podrán salir de la cárcel para trabajar ni podrán pasar el fin de semana en casa.

La anulación del tercer grado se produce después de que el juez rechazara hace dos semanas la petición de la Fiscalía para suspenderlo de forma cautelar. Una vez estudiado el fondo del recurso, el juez sí acepta la petición principal del Ministerio Público y anula la semilibertad de los siete presos de Lledoners. El juez del que dependen la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell todavía no se ha pronunciado.

El pasado verano, cuando la Generalitat concedió a los presos del procés el primer tercer grado, tanto la magistrada encargada de Lledoners como el juez que supervisa a Forcadell y Bassa avalaron en primera instancia el tercer grado. Ahora sin embargo la magistrada del juzgado de vigilancia penitenciaria 5 de Catalunya se encuentra de baja y su sustituto, el juez Mariano David García, ha tomado la decisión opuesta. Las defensas de los presos pueden recurrir la anulación de la semilibertad ante el Tribunal Supremo, que el pasado mes de diciembre ya tumbó el primer tercer grado.

El juez, en línea con lo que expuso el Supremo en diciembre, argumenta que la nueva concesión del tercer grado a los presos del procés es “precipitada” y “prematura”. Recuerda el juez que pese a que todos los presos han cumplido recientemente un cuarto de la pena, la Generalitat no ha justificado lo suficiente por qué concede de nuevo el tercer grado a unos presos que no han reconocido el delito. “No se atisba [en los presos] un mínimo de asunción de responsabilidad penal en el sentido de haber quebrado normas básicas de convivencia”, zanja el juez en su auto.

Aunque tengan un entorno familiar y laboral favorable al tercer grado, el juez no ve en los presos una “inicial conciencia de comisión delictiva”, por lo que anula la semilibertad. A criterio del juez, antes de valorar una nueva concesión del tercer grado es necesario que los presos del procés “modifiquen los factores directamente relacionados” con el delito de sedición que cometieron. El magistrado se sitúa así a favor del tratamiento penitenciario específico sobre la sedición que reclaman tanto la Fiscalía como el Supremo pero que tanto la magistrada a la que sustituye como el juez encargado de Forcadell y Bassa veían contrario a la libertad ideológica de los presos.

“El objetivo del tratamiento –abunda el juez– debe ser el respeto a la Ley establecida democráticamente en nuestro Estado social y democrático de Derecho y, en su caso, su modificación por los cauces legalmente previstos y no mediante la imposición de la propia voluntad fuera de dichas vías constitucional y legalmente definidas”.

El magistrado da la razón a la Fiscalía en sus críticas a la administración penitenciaria de la Generalitat y destaca que en el itinerario de los presos del procés hay una “apariencia de vaciado de pena”. Se basa el juez en que de los informes penitenciarios se desprende que los internos asumen los hechos por los que fueron condenados y se responsabilizan de ellos, pero éstos “aparecen contextualizados, minimizados o justificados” y en que la responsabilidad que asumen por lo que hicieron es “de tipo política (en función de su cargo) o moral (en función de sus convicciones), pero no se atisba en ellos un mínimo de asunción de responsabilidad penal en el sentido de haber quebrado normas básicas de convivencia”.

“Y no se trata en ningún caso de que se produzca un arrepentimiento (figura solo prevista en delitos de terrorismo), sino únicamente tener conciencia de la comisión delictiva”, precisa el togado. En consecuencia, para el juez es “evidente” que si un interno no asume haber perpetrado un delito “el tratamiento aplicado fracasará en su finalidad de evitar la reiteración delictiva”, por lo que concluye que los programas de reinserción no han “tenido el resultado satisfactorio necesario”.

Los presos vuelven a Lledoners

Junqueras, Sànchez, Cuixart, Forn, Rull, Turull y Romeva han reingresado este martes por la tarde a la cárcel de Lledoners. Antes de volver a prisión, se han dirigido a las decenas de independentistas que han querido arroparles a las puertas de la prisión. “No aceptaremos lecciones de democracia de los que encubren la corrupción borbónica y encarcelan mujeres y hombres libres”, ha proclamado Cuixart. Forn ha defendido que los presos se mantendrán “fieles” a sus ideales, mientras que Turull ha enviado un mensaje a los tres partidos independentistas que negocian formar Govern: “Os pido que vayamos a la una para ganar la libertad y la independencia de Catalunya”. “Cada día, cada vez que entramos y salimos de prisión somos más fuertes para hacer realidad el mandato de las urnas, de la amnistía, de la autodeterminación y de la república catalana”, ha cerrado Junqueras.

Nuevo revés para la Fiscalía. El juez de vigilancia penitenciaria 5 de Catalunya ha rechazado suspender el tercer grado del exvicepresident Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez. El magistrado sigue así el criterio de su compañero del juzgado penitenciario 1, que este martes también mantuvo de forma cautelar la semilibertad a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, en contra de lo reclamado por el Ministerio Público. La decisión sobre el exconseller Joaquim Forn irá en el mismo sentido, pero se demorará unas horas.

Al igual que en su primer recurso del pasado mes de julio, la Fiscalía pedía que la semilibertad se suspendiera de forma automática, es decir, sin que los jueces entraran en el fondo del recurso. Pese a que la literalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el tercer grado se suspende al recurrir ante la segunda instancia –el Tribunal Supremo, en el caso de los presos del procés– la Fiscalía reclamaba extender la suspensión de la semilibertad al recurso en primera instancia ante el juzgado de vigilancia penitenciaria.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Mariano David García concluye que el criterio de la Fiscalía sobre la suspensión del tercer grado “choca” con la interpretación “restrictiva” que debe hacerse de las normas que afectan a derechos fundamentales, como es el de la libertad. El juez entiende que es necesario interpretar las normas de forma “ponderada” y “conforme a la esencia y eficacia” de los derechos fundamentales y no contra ellos, por lo que decide mantener el tercer grado de forma cautelar mientras resuelve el recurso de la Fiscalía.

Remarca el juez, al igual que hizo el magistrado competente sobre la semilibertad de Bassa y Forcadell, que el recurso no deja en suspenso el tercer grado cuando se presenta en primera instancia ante los juzgados de vigilancia penitenciaria, sino que lo hace cuando se recurre en segunda instancia, es decir, ante el Supremo. No obstante, el magistrado deja la puerta abierta a que la Fiscalía vuelva a reclamar la suspensión del tercer grado, pero mediante una norma distinta.

En verano, la magistrada titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 5 sí acordó la suspensión del primer tercer grado el mismo día que la Fiscalía recurrió, lo que hizo que la semilibertad de los siete presos hombres del procés durara tan solo dos semanas. Ahora esta magistrada se encuentra de baja, y su sustituto en el juzgado ha tomado la decisión contraria. La decisión del juez permitirá a los presos del procés seguir saliendo de prisión entre semana para trabajar y pasar el fin de semana en casa unas semanas más, a diferencia de lo que ocurrió en verano.

¿Y ahora qué? La pelota vuelve al Supremo

La resolución judicial de este miércoles no es la última sobre el tercer grado. Para empezar, los dos jueces de vigilancia penitenciaria tienen que decidir todavía sobre si avalan el fondo de la semilibertad, que la Fiscalía quiere tumbar. Después de que la Generalitat concediera por primera vez el tercer grado a los presos en verano, los dos jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya lo avalaron, en contra de la opinión de la Fiscalía, pero el Tribunal Supremo lo acabó tumbando con duras críticas a la administración penitenciaria de la Generalitat.

En paralelo a la decisión de los jueces sobre el fondo, la Fiscalía también puede recurrir su decisión de esta semana de mantener provisionalmente la semilibertad. Los recursos se pueden interponer primero ante los propios jueces y después ante el Tribunal Supremo, que cuando la primera semilibertad no se pronunció sobre la suspensión cautelar del tercer grado decidida por una de las magistradas penitenciarias de Catalunya.

Y al margen del recorrido judicial de la semilibertad, el Gobierno tiene que decidir si indulta a los presos del procés. Antes de la decisión definitiva del Ejecutivo la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena debe emitir un informe perceptivo pero no vinculantes, que a su vez no se enviará al Gobierno hasta que la Abogacía del Estado exprese su opinión sobre si se debe dar la medida de gracia a los internos respecto al delito de malversación por el que cuatro de ellos fueron condenados.

Los presos independentistas han salido este viernes de la cárcel después de la concesión del tercer grado penitenciario por parte de la Generalitat el pasado jueves. La primera en salir ha sido la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, que ha abandonado la prisión de Puig de les Basses (Figueres) antes de las 9 de la mañana. El resto de presos que están en Lledoners -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Turull- han abandonado la cárcel sobre las 10:30h.

A la salida de la prisión, Bassa ha alentado a la participación en las elecciones del próximo 14F. “Cada persona que se queda en casa es un voto que va al 155”, ha señalado la exconsellera a las, que ha explicado que sale “contenta” y con “empuje” para participar en la campaña electoral.

La Conselleria de Justicia ratificó el pasado jueves el tercer grado penitenciario que hace dos semanas las juntas de tratamiento de las prisiones propusieron para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O. La decisión permitirá que participen en actos de la campaña electoral, ya que tanto su derecho de manifestación como de participación política se mantienen intactos, según recordó esta semana la Generalitat.

La única que no ha podido salir todavía de prisión es la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se encuentra en el centro penitenciario de Wad-Ras hasta el lunes porque está en cuarentena por un brote de Covid-19 en la prisión.

La semilibertad de los presos independentistas durará en función de la rapidez con la Fiscalía recurra la decisión. El verano pasado, el tercer grado de los hombres duró dos semanas, pero el de las mujeres se alargó cinco meses porque los jueces discreparon sobre si los recursos de la Fiscalía suspendían inmediatamente la semilibertad. En cualquier caso el Tribunal Supremo volverá a tener la última palabra.