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La Fiscalía pide suspender ya el tercer grado de los presos del procés y que dejen de salir de prisión para trabajar

Cuixart, la semana pasada en Barcelona

Oriol Solé Altimira

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La resaca electoral ha traído los recursos de la Fiscalía contra el tercer grado de los presos del procés. El Ministerio Público ha presentado este lunes ante el juzgado de vigilancia penitenciaria los recursos contra la semilibertad de los nueve condenados por sedición. Los fiscales piden suspender ya el tercer grado mientras los jueces los resuelve, lo que implicaría una vuelta a la prisión estricta de los presos del procés.

Para la Fiscalía nada ha cambiado respecto a la primera concesión del tercer grado, que terminó tumbando en diciembre el Tribunal Supremo tras un recurso del Ministerio Público. A criterio de los fiscales, los presos del procés deben pasar más tiempo en prisión porque “siguen sin reconocer el delito” y, pese a que llevan casi tres años de cárcel, los líderes del procés todavía se encuentran en una “fase inicial de cumplimiento” de las pena de 9 a 13 años de prisión a los que fueron condenados.

Según la Fiscalía, las razones del Supremo para revocar el tercer grado “mantienen toda su vigencia”. El Alto Tribunal cerró la puerta a cualquier vía para flexibilizar la prisión de los presos del procés al margen del indulto porque, según los magistrados, habían pasado demasiado poco tiempo en prisión y no se habían sometido a un programa penitenciario sobre la sedición, tratamiento que los jueces catalanes veían contrario a la libertad ideológica.

En sendos escritos, la Fiscalía carga con dureza contra los presos y las actividades dentro de la cárcel que han desarrollado, pues a su juicio han “fracasado” ya que los líderes soberanista “mantienen todos los déficits que le llevaron a delinquir”. En el caso de Jordi Cuixart, la Fiscalía concreta dichos déficits: “Falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia, creencia de un mandato superior del Parlamento de Cataluña por encima del mandato constitucional y de las advertencias del Tribunal Constitucional y creencia de su capacidad para interpretar la voluntad popular”.

Por todo ello los fiscales consideran necesario un programa de tratamiento penitenciario mediante el que los presos del procés “trabajen el respeto a la ley” y aprendan que “sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos en la normativa que rige nuestro Estado Social y Democrático de Derecho” y que fueron condenados “no por querer transformar la estructura del Estado, fin totalmente legítimo y respetable, sino por querer hacerlo fuera de los cauces legalmente establecidos”.

En sus recursos, la Fiscalía infiere, a partir del goteo de decisiones de la Generalitat sobre los presos y al hecho de que algunos de ellos ha manifestado su voluntad de “volverlo a hacer”, que la política penitenciaria de la administración catalana va dirigida “no tanto su rehabilitación, sino directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento”.

Con el tercer grado, los presos del procés pueden salir a trabajar entre semana, volver a prisión para dormir y pasar el fin de semana en casa. También han podido hacer campaña por ERC y Junts, como ya hizo Oriol Junqueras desde el primer día de campaña. El recurso de la Fiscalía la examinará primero un juez de vigilancia penitenciaria de Barcelona y la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. En función de lo que tarde el juez en decidir si suspende el tercer grado los presos del procés pueden volver a prisión en solo unas horas.

De hecho, el pasado julio la jueza de vigilancia penitenciaria suspendió el tercer grado a los líderes independentistas presos en Lledoners –Cuixart, Sànchez, Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Forn– a los pocos días de salir en semilibertad, pese a que después avaló la decisión de la Generalitat de concedérselo. Meses después, el 4 de diciembre, el Supremo acabó revocándoles el tercer grado, un régimen del que ya solo gozaban Carme Forcadell y Dolors Bassa, puesto que el juez de vivilancia de quienes dependen sus prisiones descartó suspenderlo hasta que la decisión no fuera firme, al contrario que la magistrada encargada de Lledoners.

La Generalitat critica a la Fiscalía

Las críticas a la Fiscalía no se han hecho esperar. La conselleria de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha acusado al “Estado profundo” de “dinamitar puentes e impedir soluciones”, y se ha preguntado si es “casualidad” que el recurso haya llegado el día después de las elecciones. Cabe recordar que si bien los fiscales sí han esperado a que se celebraran las elecciones para presentar el recurso, en conjunto han tardado dos semanas en recurrir el tercer grado, las mismas que en la primera concesión de la semilibertad.

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