Nueva confirmación del espionaje al independentismo. Los Mossos d'Esquadra han corroborado la infiltración mediante el programa Pegasus, que solo se vende a Gobiernos, en el teléfono de los expresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie, así como en el de la exmiembro del secretariado de la entidad Sònia Urpí. Todos los ataques coinciden con momentos de relevancia política.

Así lo han explicado los tres exdirigentes soberanistas tras comparecer como denunciantes ante la magistrada del juzgado de instrucción 23 de Barcelona este martes. En el caso de Sànchez, los Mossos han ratificado que su móvil fue infectado con Pegasus en hasta 19 ocasiones entre 2015 y 2020. La mayoría de ataques fueron entre 2015 y 2017, cuando dirigía la ANC antes de entrar en prisión en el procés. El último ataque es de julio de 2020, cuando disfrutaba de uno de sus primeros permisos penitenciarios.

El espionaje coincide con Ejecutivos centrales tanto del PP como del PSOE. La interceptación total de comunicaciones de Paluzie ocurrió en cuatro ocasiones. En agosto y octubre de 2019, coincidiendo con los preparativos y la sentencia del procés, y en mayo y agosto de 2020, durante la campaña electoral interna de la entidad.

Paluzie fue espiada mediante el envío de un SMS con una noticia falsa sobre las elecciones a la ANC, una técnica que los Mossos han descubierto que también fue usada para atacar a otros independentistas y que delata al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En el caso de Urpí, fueron dos ataques, en junio de 2020, cuando fue escogida miembro del secretariado de la entidad.

Sànchez y Paluzie fueron dos de los nombres que la antigua directora del CNI Paz Esteban reconoció haber espiado, con aval del Tribunal Supremo, en su comparecencia en el Congreso sobre el escándalo Pegasus en 2022. La jefa de los espías admitió solo 18 nombres de espiados por el CNI frente a los 65 que aduce el independentismo.

La admisión por parte del CNI del espionaje ha sido hasta ahora la barrera que los jueces de Barcelona que investigan el caso han puesto a la hora de avanzar en las pesquisas. Si Esteban reconoció el nombre, la investigación avanza. Si no, queda en vía muerta. Así ha ocurrido en el caso de la denuncia del expresident Aragonès, que es la única de la decena de causas abiertas en Barcelona por la que Esteban permanece imputada al haber admitido su espionaje en el Congreso.

El informe de los Mossos que corrobora oficialmente el espionaje a Sànchez y Paluzie era el paso necesario que esperaba la magistrada y los denunciantes ante de decidir los próximos pasos a seguir. Aunque en declaraciones a la prensa no han querido desvelar los próximos movimientos, los denunciantes previsiblemente solicitarán en los próximos días la declaración como imputada de Esteban o de su antecesor hasta 2020, Félix Sanz Roldán.

Los exlíderes de la ANC quieren que la investigación judicial sirva para dilucidar si fueron espiados por el CNI o también por la Policía Nacional o la Guardia Civil. “Se vulneraron nuestras libertades políticas u nuestra intimidad. ¿Cómo es posible que haya espionaje político en el siglo XXI en el seno de la UE?”, ha enfatizado Sànchez en declaraciones a la prensa.

“Estamos contentos porque se empieza a investigar, pero han pasado dos años y medio desde nuestra denuncia en el juzgado”, ha recordado Paluzie, que ha alertado del “efecto disuasorio” en el activismo y la actividad política que supone el espionaje. “Hemos sido espiados por ser de la ANC”, ha insistido Urpí. “Se atacó a personas por ser independentistas, es pura represión política”, ha zanjado el abogado y miembros del secretariado de la ANC, Josep Cruanyes.

El tribunal británico que estudiaba la demanda de Corinna Larsen contra Juan Carlos de Borbón ha rechazado las acusaciones de acoso de la empresaria contra el rey emérito. Los magistrados entienden, en primer lugar, que la jurisdicción londinense no era la competente para estudiar este pleito pero, además, explican que de haberlo sido habrían rechazado las alegaciones de acoso de la empresaria contra su antiguo amante, el rey emérito.

El rey emérito ha emitido un comunicado, citado por ABC pocas horas después de conocer la resolución judicial. “La decisión de hoy, favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas”, asegura. En otro comunicado, Larsen ha asegurado estar “profundamente decepcionada” por el resultado del caso y el rechazo a su demanda. “Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema jurídico”. El rey emérito, afirma, “ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones disponibles”.

Corinna Larsen presentó una demanda por valor de 146 millones en Londres contra Juan Carlos I acusándole de haber perpetrado distintos actos de acoso contra ella y su familia, tanto de manera personal como a través de los servicios secretos españoles. Según sus acusaciones, el monarca intentó que retomaran su relación y también que ella le devolviera varios millones de euros que le había donado en el pasado. Implicó en este acoso a Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia hasta 2019.

Una primera parte de este pleito se centró en si el rey emérito estaba o no protegido por la inmunidad que la normativa británica ofrece a los jefes de Estado de otros países. La respuesta fue que esta prerrogativa le blindaba hasta su abdicación en 2014. Ahora la decisión final sobre el caso rechaza las acusaciones de Larsen contra él.

El tribunal británico argumenta, en primer lugar, que el caso no debería haber sido estudiado por los jueces de Londres. Pero que en caso de que la tramitación del pleito hubiera sido corecta, “habría rechazado la demanda”, dice el documento, apuntando a la “inconsistencia” de su actuación procesal, problemas de “claridad, exactitud y consistencia” en la manera en la que dirigió su demanda y “la falta de explicaciones lo suficientemente buenas para los cambios que quería hacer”.

La conclusión del tribunal es que “los cambios que hizo no introdujeron factores con los que hubiera tenido una posibilidad real de triunfar en un juicio”. El tribunal londinese también habría “garantizado” la posibilidad de que Juan Carlos I triunfara en su petición de desestimar una demanda que “no cumplía con las normas judiciales aplocables a la redacción de una demanda por acoso”.

Las acusaciones de Corinna Larsen

Corinna Larsen (Alemania, 1964) denunció a Juan Carlos de Borbón ante los tribunales británicos exponiendo que el monarca, valiéndose de los servicios españoles de espionaje, había emprendido una campaña de acoso y amenazas contra ella y su hijo pequeño con dos objetivos: retomar la relación que habían mantenido en el pasado y recuperar el dinero que él le había donado para esconder sus negocios millonarios de la lupa de Hacienda y las autoridades.

Sucedió, según su demanda, entre 2012 y 2014. Seguimientos y amenazas tanto por teléfono como en persona en su propio despacho de Mónaco para evitar, también, la disfusión de información comprometedora para el monarca. En uno de estos episodios, por ejemplo, afirma que Juan Carlos I exigió que le devolviera los “regalos” que le había hecho previamente. 

Es un espacio de tiempo que coincide con los episodios más convulsos e irregulares de la gestión de la fortuna de Juan Carlos de Borbón a espaldas de Hacienda, asunto por el que también fue exonerado por la Fiscalía del Tribunal Supremo español. En junio de 2012, por ejemplo, los fondos de su Fundación Lucum llegaron a una cuenta abierta en Bahamas por la aristócrata alemana. Más de 52 millones de euros junto con 3,7 millones de francos suizos y 14,4 millones de dólares.

La Fiscalía española decidió exonerar al rey emérito al combinar factores como su inmunidad monárquica, la prescripción de los hechos y la falta de pruebas. La triple investigación que había encabezado el Ministerio Público y su departamento de Anticorrupción quedó archivada, cerrando la puerta en la práctica a que cualquier denuncia ante los tribunales pudiera llegar a prosperar contra él.

Un desconocido presta un bolígrafo a una mujer de mediana edad en un café del centro de Madrid. De ella sabemos que vive con su marido, sus dos hijos y que corre en su tiempo libre. El bolígrafo esconde un pendrive con información que permitirá desbaratar un atentado terrorista. La mujer es miembro del Centro Nacional de Inteligencia. El vídeo de dos minutos que cuenta esta ficción y su difusión iban a suponer una iniciativa rupturista en la tradición del CNI, que pretendía conmemorar sus veinte años con el siguiente mensaje: “Trabajamos cada día para proteger lo que más te importa porque la normalidad no está garantizada”. Del ‘clip’ no hay rastro en la página web del Centro, como tampoco del acto al que iba a acudir Felipe VI en su sede, suspendido en los últimos días.

Ni los indicios acerca de la participación del Centro Nacional de Inteligencia en algunos de los asuntos más turbios de los últimos años, como la Operación Kitchen o los presuntos y prescritos delitos de Juan Carlos I, hacían presagiar un aniversario como el que está viviendo el servicio de Inteligencia español. El descubrimiento de que el CNI ha espiado a activistas y líderes del independentismo catalán y vasco en un contexto libre de violencia política, con dudas sobre si actuó con control judicial y cómo de exhaustivo fue éste, ha sumido al servicio de Inteligencia en su peor crisis desde que fue creado en 2002. Un ruido negro, que resultaba imperceptible hasta hace apenas tres semanas, se ha instalado en torno al servicio secreto en una crisis de resultado incierto.

La decisión del Gobierno de amortiguar la crisis creada por la actuación del servicio secreto aireando que el propio Ejecutivo ha sido víctima de espionaje no ha hecho sino acrecentar las dudas en torno al papel del CNI y de su departamento más expuesto públicamente desde su presentación en 2006, el Centro Criptológico Nacional. Según esa tesis, los especialistas del servicio de Inteligencia ni evitaron ni advirtieron a tiempo que los teléfonos del presidente del Gobierno y varios ministros habían sido infectados con el mismo programa espía que utilizó el propio CNI contra los independentistas. 

En contra del CNI juega que sus éxitos no se ven y sus controversias comienzan a aflorar. El Centro Nacional de Inteligencia fue clave en la derrota de ETA, un capítulo imposible de detallar por el carácter secreto que rige por ley todas sus actuaciones. Mientras la oposición política hablaba de “tregua trampa”, el presidente del Gobierno entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, contaba con información de los enfrentamientos en el seno de la cúpula de la organización terrorista y entre esta y la dirección de Batasuna, así como de la autenticidad de los planes de la izquierda abertzale por iniciar “un proceso sin violencia”. 

En otro plano, las Fuerzas de Seguridad del Estado aparecían como únicos artífices de los descabezamientos en Francia de ETA, unas detenciones las de los últimos grandes jefes del aparato militar, como 'Txeroki' o 'Ata', que se lograron con la decisiva participación del CNI. No hay detalles, ni los habrá, de aquella eficacia. Libros y documentales reparten méritos a posteriori y todos ignoran al CNI, aunque sus protagonistas uniformados conocen de primera mano la relevancia de los espías en aquellos años vertiginosos. Tanto como que recibir el favor del CNI para culminar una operación era motivo de enconamiento entre los mandos de la Policía y la Guardia Civil. 

El lunes 12 de junio de 1995, una agonizante última legislatura del Gobierno de Felipe González se encontraba con la siguiente portada de El Mundo: 'El Cesid lleva más de diez años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas'. Aquella publicación fue uno de los capítulos de una historia que había empezado con el robo de información tres años antes por un mando despechado, el coronel Juan Alberto Perote. 

Comparar el contenido de aquella información con las que aluden ahora al espionaje al independentismo catalán sirve, entre otras cosas, para entender el avance de la tecnología. “El Gabinete de Escuchas controla cientos de frecuencias con un ‘scanner’ Thomson”, decía un destacado de la información periodística. “El Cesid cuenta con una cintateca en las que se archivan, trasladadas a casetes, conversaciones operativamente aprovechables”, aseguraba otro. 

Dos semanas y unas cuantas portadas después llegaron las dimisiones: el responsable del Cesid, teniente general Emilio Alonso Manglano; el ministro de Defensa, Julián García Vargas; y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. El coronel Perote había vendido presumiblemente la información a Mario Conde y el abogado de ambos llegó a negociar en el Palacio de La Moncloa la entrega de la misma. Perote terminaría condenado en un juicio que tuvo que repetirse en 2005.

Manglano y Perote habían llegado al Cesid en 1981 tras los indicios que relacionaban al servicio secreto con la intentona golpista de aquel año. A partir de entonces se convirtió al Cesid en el órgano encargado de obtener la información necesaria para prevenir “amenazas involucionistas” y “desestabilizaciones constitucionales”, entre otros objetivos. El escándalo de las escuchas 14 años después lo dejó herido de muerte. 

En su segunda legislatura, el Gobierno de José María Aznar acordó la transformación del Cesid en el Centro Nacional de Inteligencia a través de una Ley que regía su funcionamiento. Otro texto legal regularía la intervención de las comunicaciones. El texto de ambas ha adquirido mayor actualidad que nunca en las últimas semanas. El artículo primero de la Ley del CNI le habilita, entre otras cosas, para obtener la información que sea necesaria al Gobierno con el fin de “prevenir y evitar” amenazas tales como la que comprometa la “integridad territorial de España”.

La modernización y transparencia que parecían implicar aquellas iniciativas son puestas hoy en cuestión. En cuanto a la Ley que regula la intervención de las comunicaciones por parte del CNI el texto solo contempla que se razone la petición detalladamente ante un magistrado del Supremo –el designado, Pablo Lucas Murillo, lleva ya 13 años en ese cometido–, pero el resultado de esa intromisión en los derechos fundamentales no es comunicada al juez, que solo vuelve a saber del caso cuando se le requiere una prórroga. El CNI custodia el expediente, clasificado secreto, y la Fiscalía no tiene ninguna participación en el procedimiento. 

Los atentados de Madrid y Barcelona

A los dos años de la creación del CNI España vivió el episodio más violento desde la Guerra Civil, un atentado terrorista de naturaleza yihadista con 192 muertos. La sucesión de fallos por parte de Policía y Guardia Civil en la vigilancia de algunos de los autores salvaron del foco principal al servicio de Inteligencia, que tampoco logró evitar el atentado. Desde aquel momento, el yihadismo se convirtió en la prioridad del servicio secreto. España salió libre de nuevos actos terroristas del fundamentalismo islámico hasta 2017, cuando 16 personas murieron en Barcelona y Cambrils por la actuación criminal de una célula yihadista. 

Con la excepción de los que han protagonizado episodios en los tribunales no se conoce la identidad de los agentes del CNI, solo de aquellos que han perdido la vida en acto de servicio y siempre que el suceso haya adquirido trascendencia. La mayor tragedia en la historia del Centro ocurrió en Irak el 29 de noviembre de 2003 cuando siete agentes perdieron la vida en una emboscada. Otro miembro del CNI había muerto en un atentado en Bagdad el mes anterior. 

El Centro iba cambiando su composición militar por una mayoría de civiles y las mujeres pasaban a desempeñar papeles claves en su organigrama. Un ejemplo es su actual directora, Paz Esteban, miembro de la generación de civiles, hombres y mujeres, que se fueron incorporando al servicio secreto en los años ochenta. Esteban es apreciada como profesional y rigurosa por el resto de servicio de Información españoles.

El CNI también ha sido protagonista de la actualidad por sus problemas internos. El ministro de Defensa José Bono decidió colocar al frente del servicio secreto a su consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Castilla-La Mancha. El desempeño de Alberto Sáiz causó un fuerte malestar interno y los resortes del servicio secreto se activaron. Una serie de informaciones en El Mundo sobre el cargo al presupuesto del Centro por parte de Sáiz para su ocio y reformas en su domicilio, la contratación de familiares y amigos, o la publicación por Europa Press de que todos los agentes del CNI habían sido expulsados de Cuba derivaron en su dimisión en julio de 2009.

Sanz Roldán y el poder de una década

Llegó el turno para Félix Sanz Roldán, que permaneció una década en el puesto. El general entró en la sede de la carretera de La Coruña con el encargo de pacificar la situación interna y lo consiguió. Fueron los años de éxito en la lucha contra ETA y el yihadismo y de una supuesta apertura en el Centro, con el nombramiento de un director de Comunicación y la participación del general Sanz Roldán en foros abiertos en los que promovía la labor del CNI y su continuo sometimiento a la autoridad judicial. 

Pero España cambió. El desafío del independentismo violento vasco dio paso a otro en Catalunya, de carácter pacífico, que en poco tiempo adquirió unas dimensiones desconocidas en cuarenta años de democracia. El 1 de octubre de 2017 el Centro Nacional de Inteligencia empezaba a ser mencionado en los medios de comunicación y no positivamente. El referéndum se había celebrado gracias a que los independentistas tuvieron unas urnas en las que depositar su voto, en muchas ocasiones entre porrazos de las Fuerzas de Seguridad. El servicio de Inteligencia español no había podido suministrar al Gobierno la información para interceptar aquellos recipientes. 

Sanz Roldán, que se había convertido en un militar de referencia para el Gobierno socialista y la ministra Carme Chacón, había logrado superar el cambio de signo político en Moncloa. De ganarse la confianza del Ejecutivo de Zapatero pasó a disfrutar de la del Gobierno de Mariano Rajoy, y especialmente de su jefa directa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Aquello tenía dos lecturas: el CNI debe estar en manos independientes, ajenas a un color político; u otra, la que desaconseja acumular tanta información y tanto poder en una persona durante demasiado tiempo. 

Comisario Villarejo, el síntoma

Para entonces, un nombre se había empezado a instalar en la memoria de los españoles: José Manuel Villarejo, comisario de Policía. Cuatro años después de su detención, Villarejo se ha rebelado un síntoma fallido de la transición, con su pléyade de clientes y colaboradores, políticos, jueces, periodistas o policías como él. Tras cuarenta años de actividad, Villarejo cayó cuando el CNI lo decidió. Así lo reconocen protagonistas destacados de la investigación cuando revelan que el servicio secreto estuvo “en el inicio” de las pesquisas. ¿Por qué se toleró al policía y sus desmanes tanto tiempo? Aún está por despejar el verdadero motivo por el que el CNI decidió quitar de la circulación al policía, pero cada vez más voces apuntan a que el comisario quiso sacar partido también de un terreno vedado: los desmanes de Juan Carlos I. 

¿Se puede sentir aludido el CNI en lo que respecta a Juan Carlos I por el artículo de su ley que alude a conjurar los riesgos de la “estabilidad de las instituciones del Estado”? Lo cierto es que al menos su director Sanz Roldán sí lo creyó. El actual directivo de Iberdrola se implicó en el contencioso entre el rey emérito y su expareja extramatrimonial Corinna Larsen hasta el punto de viajar a Londres a mediar. Ella niega esa versión y ha denunciado al monarca y al antiguo jefe de Inteligencia por amenazas y coacciones durante años a cuenta de los 65 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí y que acabaron en manos de la empresaria por deseo del monarca. 

En el juicio por la querella que presentó Sanz Roldán contra Villarejo, el exdirector del CNI dijo una cosa y la contraria: viajó a Londres por amistad con el emérito, una cuestión privada, pero no declaró que no podía hablar de ello por que aquel viaje está protegido por el secreto de las actuaciones del CNI. El tribunal acabó por absolver a Villarejo, que se enfrenta en la Audiencia Nacional a condenas que supondrían pasar el resto de su vida en la cárcel. 

En el Ibex y el Ministerio de Defensa

El apresurado cierre de la investigación del caso Kitchen deja unas cuantas incógnitas, alguna no menores, como el conocimiento o incluso la participación del CNI en el espionaje a Luis Bárcenas, el tesorero del PP que tenía en su poder supuesta información que afectaba al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la financiación irregular del partido y los sobresueldos. El asunto es de tal enjundia que supondría que el servicio de Inteligencia habría actuado en beneficio de un partido político, el que estaba en el Gobierno, y no de una institución. 

Con el caso Villarejo también se ha barrido el rastro de antiguos comisarios de Policía que firmaban suculentos contratos con empresas del Ibex, supuestamente por los conocimientos que atesoraba en materia de seguridad. En destacados casos, los policías han sido sustituidos los últimos años por agentes del CNI que dejan el servicio activo para tomar posiciones en algunas de las empresas más relevantes del país. 

Hoy, el director de seguridad global de Telefónica es el coronel Miguel Sánchez, quien fue el máximo responsable antiterrorista del Centro. El Banco de Santander tiene a Elena Sánchez, ex número dos del servicio, y el periodista que acompañó a Sanz Roldán en todo su periplo al frente del servicio ocupa un puesto destacado en Indra. La influencia del servicio de Inteligencia no solo se extiende en el ámbito económico: la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, también fue secretaria general del CNI.

Hay personajes que en muchas tramas aparecen como secundarios cuando en realidad merecerían ser protagonistas. En algunos casos lo acaban consiguiendo en formato de spin-off. Los hay magníficos como 'The Good Fight', que incluso mejora la serie original, 'The Good Wife', o 'Better Call Saul', que no iguala a 'Breaking Bad' pero casi. También fuera de las pantallas hay nombres a los que deberíamos prestar mayor atención si no fuese porque quedan tapados por otros o porque interesa rebajar su protagonismo. El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, es indiscutiblemente uno de ellos. Esta semana ha aparecido como un apéndice de las infantas Elena y Cristina que, demostrando una vez más que todos los españoles son iguales menos algunos, aprovecharon una visita a Abu Dabi para vacunarse y ver al rey emérito (o al revés aunque en la práctica es lo mismo). 

Sanz Roldán tiene 76 años y no le correspondía todavía recibir la vacuna, dado que de momento en España se está vacunando a los mayores de 80, y tampoco forma parte de ninguno de los otros grupos que se han priorizado. En esta serie protagonizada por Juan Carlos I, el exjefe del espionaje español había tenido ya momentos estelares. Le introdujeron Corinna Larsen y el comisario Villarejo (que se ha ganado por méritos evidentes tener su propio spin-off). Villarejo se refería a él como “el generalísimo”.

Cuando en la entrevista que concedió a Jordi Évole este le preguntó si tenía pruebas para demostrar que el exdirector del CNI había amenazado a la amante del emérito, el comisario más famoso de la cloaca respondió que lo decía porque ella se lo había contado. Palabra de Villarejo y de Corinna, que sirve para lo que sirve aunque algunas de las cosas que han afirmado se han demostrado ciertas. La más reciente es la vinculación de Álvaro de Orleans con las finanzas del emérito. “Su banco es su primo”, aseguró Corinna. Si es verdad que los 4’4 millones que ha pagado ahora a Hacienda proceden de préstamos y donaciones de amigos sería más exacto decir que su primo era solo uno de sus bancos.     

Larsen sostiene que Juan Carlos I le pidió que se reuniese con el entonces jefe de los espías españoles en un hotel de Londres. Según su versión, en la habitación donde ella se hospedaba, Sanz Roldán le comunicó que no podía garantizar su seguridad y la de su hijo. “Eso me aterrorizó”, declaró la examante del rey en sede judicial. La cosa acabó en los tribunales. El exdirector del CNI se querelló por injurias contra Villarejo por haberle atribuido esas amenazas, pero perdió porque la justicia absolvió al comisario.  

Sanz Roldán reaparece en los titulares tras haber sido uno de los cargos más influyentes y a la vez discretos durante más de una década. Fue nombrado jefe de los espías españoles en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Siguió en el cargo con Mariano Rajoy y después con Pedro Sánchez, hasta que se jubiló. Ahora es asesor del presidente de Iberdrola y tiene pendiente la querella que le presentaron el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el también dirigente de ERC, Ernest Maragall, por “espionaje político”. La causa aún está abierta, pendiente de comisiones rogatorias, y deberá dilucidar si el CNI, siendo él el máximo responsable del organismo, adquirió o utilizó el programa Pegasus que fue el que permitió espiar a través de sus respectivos teléfonos móviles a ambos políticos. 

No sabemos cuál es la excusa de Sanz Roldán para haberse vacunado cuando no le tocaba. Tal vez sea la misma que la de las infantas Elena y Cristina y es decir que se le ofreció y accedió. Un argumento lamentable, que demuestra una evidente desconexión de la realidad y que se da de bruces con la mínima ejemplaridad que se presupone que les inculcaron. Habrá pensado que como estábamos entretenidos con las infantas lo suyo pasaría desapercibido.

Cuando se despidió del CNI, en julio del 2019, acabó su discurso con la frase “Vida, nada me debes”, en referencia al poema de Amado Nervo. Faltaba la segunda parte del título del autor mexicano: “Vida, estamos en paz”. Puede que Sanz Roldán considere que está en paz, pero deberá aceptar que muchos de los españoles que están esperando su turno para ser vacunados no piensen lo mismo.

La examante del rey Corinna Larsen y el polémico excomisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión acusado de dirigir una organización criminal mientras estaba en activo, generaron durante meses una estrecha relación donde la mujer le iba contando algunos de los secretos de la corona que su interlocutor grababa para engrosar su inacabable archivo sonoro, que incluye conversaciones con otros comisarios, directivos del IBEX 35 y diferentes personalidades políticas.

En esas citas se abordaba un tema recurrente: los presuntos movimientos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra la que había sido pareja del monarca. En una de esas conversaciones en las que la comisionista alemana describe supuestas maniobras de los servicios secretos y del entorno del rey contra ella, asegura a Villarejo que tiene constancia de que a Juan Carlos lo han estado medicando con hormonas femeninas “para quitarle la fuerza”. “Le han quitado todo, ni podía estar con una mujer ni nada [...] Y claro, se ha puesto en una depresión horrible, y después, pues mejor, mejor manipular la persona”, cuenta en un momento dado Corinna al comisario, a quien explica que no se trata de una mera suposición suya sino que estas prácticas las ha detectado un médico francés.

La empresaria alemana sostiene además en esa misma charla que al rey le han estado proporcionando una cantidad excesiva de somníferos desde que fue operado del tumor en 2011 –cuando aún ejercía la Jefatura del Estado que no dejó hasta su abdicación en 2014– pero no atribuye a nadie en concreto esas prácticas, aunque en varias ocasiones se refiere a que era el entorno de Juan Carlos I el que lo quería tener controlado. Dentro de ese círculo, que sí acota, alude a la familia Fanjul, unos empresarios cubanos de ascendencia española con muy buena relación con el monarca, y a Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, a quien sitúa constantemente detrás de las acciones para que Juan Carlos y ella rompieran su relación en un momento en el que el rey emérito habría comunicado a algunos de sus íntimos su intención de separarse para emprender una nueva vida con su amante tras la abdicación.

La conversación, como otras en que Larsen aludió a la fortuna en Suiza y que se demostraron ciertas, fue grabada por Villarejo y está transcrita en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía al que ha tenido acceso elDiario.es. Los agentes fechan la cita en 2016, sin especificar ni el mes ni el día. El documento policial se remató el 14 de septiembre de 2020 y fue entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investigaba en esa pieza del caso Villarejo si Corinna Larsen había contratado al expolicía para espiar a una empleada de su servicio y comprobar si colaboraba con los servicios secretos españoles para pasarles información. La pieza ha sido archivada por falta de indicios de que ese encargo se materializase.

El encuentro con Villarejo –que se celebra un día por determinar de 2016– ocurre en Londres, residencia habitual de Corinna Larsen. Y como en anteriores reuniones grabadas se abordan las presuntas maniobras del CNI contra la expareja del rey para alejarlo de su amante. La tesis de los dos interlocutores, Larsen y el polémico comisario que acude como siempre con su grabadora, es que los servicios secretos españoles han estado demasiado preocupados por proteger a Juan Carlos I y en esa tarea han puesto el foco en la propia Corinna como supuesto origen de todos los males del monarca. Lo que sigue es un primer extracto de la conversación que figura en el informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Corinna: Son como una banda de ¿sabes? de, de, de delincuentes. Porque hacen cosas que son…

Villarejo: ¡De torpes! Sobre todo... bueno, ten en cuenta que, digamos que los países, por sus intereses pueden hacer cuestiones, pero ellos el problema es que ellos han estado demasiado tiempo solamente preocupados de, de “El Señor”, digamos ¿no?

Corinna: Sí

Villarejo: Y, los intereses de España los han confundido con los intereses del Señor…

Corinna: Sí

Villarejo: ... y ese es el error (hablan a la vez) ese es el grave error.

Corinna: El grave error. El otro error es, es, han pensado durante mucho tiempo de ponerme a mí la X…

Villarejo: Culpable, sí.

Corinna lamenta en ese tramo de la charla que en España se le esté señalando a ella como la razón por la que el rey ha llevado a cabo un sinfín de comportamientos irregulares.

“¿Has visto ahora? Se comporta de la misma manera, continúa exactamente igual como los últimos cuarenta años, es que no tiene nada que ver con ninguna mujer…”, le dice a Villarejo para hacer ver que nada ha cambiado en el rey emérito desde que se rompió su relación.

“Es su manera de actuar, porque, bueno, vino en un momento muy importante de la vida española y se aprovechó, yo creo, que demasiado”, contesta el excomisario.

Villarejo insiste en que determinadas prácticas del rey tienen que ver con “la impunidad que le han dado las leyes”; Corinna apunta que en todo caso las actitudes de Juan Carlos I no pueden atribuirse a que tenga una mujer u otra a su lado —“Ni la una ni la otra, ni la tercera, ni la última, ni la primera (se ríe)”— y pone como ejemplo los viajes “con los Fanjul”, en referencia a la familia de millonarios de origen cubano asentados en República Dominicana. Pepe Fanjul es uno de los mejores amigos de Juan Carlos I.

En ese punto de la charla, grabada hace cuatro años, Villarejo asegura que el emérito todavía tiene una “cierta tensión emocional” con Corinna, y que hace comentarios sobre ella cuando “se deprime”, algo que, según el excomisario, le ocurre “con mucha frecuencia”. Él asegura que cae en ese estado a pesar de los intentos por animarle de los Fanjul y del entonces director del CNI, Féliz Sanz Roldán, al que se refieren como 'El Troll'.

Lo que sigue es otro extracto del informe policial en poder del juez que resume la conversación.

Villarejo: ... y por muchas jovencitas que le traigan los Fanjul y tal y cual, no solamente no puede hacer nada, sino que además, bueno, además el Troll [el comisario se refiere así al exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán] lo lleva con periodistas jovencitas y tal…

Corinna: No funciona…

Villarejo: Y, y las periodistas luego...algunas son famosas, luego, luego hacen comentarios jocosos ¿no? Porque dicen “pero que hacen estos dos viejos y tal, con un traje tirándome los tejos...” “Ay qué guapa eres, no sé qué...” por favor...claro, una, una chica con treinta años y unos señores [hablan a la vez].

Corinna: [Ininteligible] Un poco de dignidad.

Ambos hablan sin rodeos de la relación del rey y Corinna, y ésta comenta que a pesar de que hubo un tiempo en que siempre estuvo a su lado, llegó un día en que ella se vio obligada a apartarse: “Ha llegado un momento que han hecho juegos tan sucios que yo tenía que salir del juego porque yo no controlaba nada”.

Larsen menciona en ese punto supuestas maniobras de Sanz Roldán y del entorno del rey, en el que se cita expresamente a la familia Fanjul, para tener “controlado” al emérito. De los empresarios cubanos dice que lo manipulan, y lo utilizan para “enseñarlo” en distintos foros y presumir de que Juan Carlos I es su amigo. Se valen, dice, de que está “confundido”. Es ahí cuando Corinna asegura que al rey lo estaban medicando en exceso, dándole muchos somníferos, y que eso empezó en 2011, cuando todavía ejercía como jefe de Estado y se le operó de un tumor.

Pero Corinna no solo alude a un exceso de somníferos. También cuenta a Villarejo que al rey le han estado proporcionando hormonas femeninas, algo que según ella ha comprobado un médico francés que también trató al expresidente de Francia Jacques Chirac. La examante del rey afirma que en Francia se ha analizado la medicación de Juan Carlos y se ha detectado que le han “puesto un montón de hormonas femeninas para quitarle la fuerza”. “Para quitarle testosterona y todo eso”. “Le han quitado todo, ni podía estar con una mujer ni nada, le han puesto el cierro [así lo transcribe el informe policial, aunque fuentes que han escuchado la grabación sostienen que en realidad Larsen dice 'le han puesto a cero'] ¿no? Y claro, se ha puesto en una depresión horrible, y después, pues mejor, mejor manipular la persona ¿no?”, comenta a continuación la expareja del rey.

Villarejo: Muy maquiavélico y...

Corinna: ...muy sucio...

Villarejo: ...y muy miserable.

Corinna: ...muy, muy...

Villarejo: Totalmente de acuerdo.

Corinna: ...muy horrible...A mí, a mí me da mucha pena porque él no merece...

Villarejo: Totalmente.

Corinna: ...esto, él no lo merece. Es, ha sido, vamos, una falta de respeto, una falta de humanidad, en mi opinión, total.

Villarejo: Total.

Corinna: Han visto su oportunidad de hacerlo y lo han hecho.

Villarejo: Sí, porque para ellos es más importante el control, el poder, el manejar que la verdadera salud mental y física de su Rey, es alucinante pero son así (hablan a la vez) ese tipo de personaje…

Villarejo y Corinna no llegan a atribuir esas maniobras a una persona con nombre y apellidos, pero hablan de “una armada de gente”, que rodea al rey emérito, a la que acusan de haber filtrado el incidente en Botswana para romper la relación de la aristócrata alemana con Juan Carlos I. No implican directamente a nadie, pero a continuación ambos expresan su deseo de que se destituya a Sanz Roldán al frente del CNI. “Es un peligro para mucha gente”, concluye Corinna. Este medio se ha puesto en contacto con el CNI, que ha declinado hacer comentarios.

Corinna y Villarejo sospechaban de una empleada de la empresaria

El informe de Asuntos Internos que extracta esa conversación forma parte de la línea de investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre los supuestos encargos que Larsen hizo a Villarejo, en prisión provisional desde hace tres años por graves delitos. El juez acordó el pasado 28 de octubre el archivo de esta pieza separada dentro del caso Villarejo —denominada Carol, por el nombre con el que el policía se refería a Larsen en sus archivos— al no encontrar “elementos suficientes que permitan sostener la comisión de delitos de cohecho ni de descubrimiento de secretos”.

La investigación, que se archivó una primera vez en 2018, fue reabierta el pasado verano después de que aparecieran unas nuevas grabaciones que apuntaban a un supuesto encargo de Larsen para que investigara a una mujer llamada Noelia M., una empleada de “mucha confianza” de la que sospechaba que estaba filtrando datos suyos de índole privada al CNI.

Según las conversaciones recogidas en este informe, el comisario se ofrece a investigar a esta mujer y a “chequear” su teléfono y le dice que tiene un equipo a su “disposición”. Aunque en las conversaciones analizadas Larsen no hace al policía ninguna propuesta formal de colaboración y tampoco hablan de contraprestaciones económicas, sí le facilita datos personales de su empleada, como su lugar y fecha de nacimiento, su número de teléfono, su dirección de email e incluso información sobre su situación sentimental. En ese momento esta mujer tenía una relación con un hombre de Bangladesh, algo que los dos interlocutores califican de “muy extraño”.

En varios momentos de la charla, el comisario intenta hacer ver a Larsen que su asistenta estaría colaborando con el CNI. “La han captado, no hay duda”, llega a decir, e incluso le pide que la use “para desinformar”. “Tienes una línea directa en vena, es lo que se llama chute en vena. Te ahorras buscar la fórmula de cómo mandar mensajes equivocados”, le dice el comisario. “Exacto, exacto”, responde la examante de Juan Carlos, si bien no parece estar del todo convencida y dice que lo que va a hacer es “limitarle el acceso a todo” durante un tiempo, pero sin que ella se de cuenta porque fue la niñera de su hijo y éste tiene una gran vinculación emocional con ella.

El informe policial, que concluye que “no se ha localizado entre la documentación intervenida información o datos que confirmen que dicho encargo haya sido ejecutado”, fue utilizado por las defensas de Larsen y Villarejo para pedir el archivo de esta causa. También la Fiscalía Anticorrupción solicitó el cierre de esta investigación por falta de indicios de que el comisario llegara a realizar el encargo.

El informe de Asuntos Internos, que también recoge anotaciones manuscritas del comisario sobre sus citas con la empresaria, confirma que en los ficheros policiales no se realizaron consultas relativas a la empleada de Larsen entre el 7 de octubre de 2016 y el 3 de noviembre de 2017 y que únicamente se registró en el fichero ADDNIFIL —desde el que se gestionan los DNI—  una consulta por parte de una persona que no pertenece a la Policía. Estos elementos llevaron al juez a “descartar cualquier acción encaminada a la obtención ilícita de información”, indica en el auto en el que decreta el archivo.

El primer encuentro, en 2015 junto al expresidente de Telefónica

La relación entre Villarejo y la examante del emérito se remonta a junio de 2015, cuando el comisario viajó por primera vez a Londres a entrevistarse con ella en presencia de Juan Villalonga, expresidente de Telefónica y amigo de ambos. La examante del rey asegura que buscaba ayuda y que el policía le mostró un supuesto “informe interno del CNI” sobre el plan para acusarla. El viaje se produjo cuando Villarejo todavía estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y habían comenzado a emerger las informaciones sobre sus negocios paralelos y su implicación en tramas delictivas.

Larsen siempre ha defendido la existencia de una operación del servicio secreto español para que rompiera su relación con el monarca, donde asegura que la consideran una “amenaza” por los “secretos de Estado” que conoce por la relación que mantuvieron durante años. De hecho, en abril de 2019 registró un acta notarial en la que describe y aporta documentación sobre las presiones que habría recibido de Sanz Roldán con conocimiento y autorización de Juan Carlos I. “El Rey Emérito también me dijo que General Roldán estaba coordinando la operación. La participación combinada de antiguos mercenarios en una operación coordinada por el jefe del servicio secreto me puso muy nerviosa”, recoge ese documento.

El episodio central de su denuncia es un supuesto asalto a su casa y su despacho profesional en Mónaco por parte de una empresa de seguridad mientras ella estaba de viaje. El argumento que recibió la mujer de parte de su expareja y del propio Sanz Roldán, según cuenta, es que querían garantizar su seguridad. Pero ella cree que se trató de una operación encubierta orquestada por el CNI. “El verdadero propósito, como se hizo evidente más tarde, era utilizar a la empresa de seguridad de Mónaco como tapadera para que el equipo de inteligencia española pudiera acceder a mi hogar y oficina y llevarse los documentos y otras pruebas”.

En mayo de 2012, el rey emérito habría adelantado a Corinna Larsen que el director del CNI viajaría a Londres a reunirse con ella, como así ocurrió el 5 de ese mes. La empresaria entendió aquel encuentro de una hora en el hotel The Connaught como una amenaza. El general le dijo que para garantizar su seguridad y la de sus hijos debería seguir sus instrucciones, incluida la de no hablar con la prensa, siempre según la versión de Larsen, que ha amenazado con llevar a Juan Carlos I y Sanz Roldán ante la Justicia londinense por amenazas. Este verano, en una entrevista en la BBC, dejó caer que tendría mensajes del emérito que probarían que conoció el supuesto asalto a su casa de Mónaco aunque el monarca lo justificó en que era para protegerla de los paparazzi.

A Larsen y Villarejo les une su enconado enfrentamiento con el CNI. El comisario responsabiliza de su caída en desgracia a Sanz Roldán, al que retrata como un tipo “pernicioso, acomplejado, mezquino” que tiene a ambos entre sus “obsesiones”. “Es muy mezquino”, responde la empresaria, ante la que Villarejo intenta mostrarse como protector en la misma conversación. “Lo estarás sufriendo probablemente cada vez menos, porque, insisto, el troll, no es miedo, a mí me tiene pánico, no sé por qué. Y él piensa que yo te estoy protegiendo, que estoy esperando que vuelvan a cometer un error para detenerlos en el extranjero”, dice el policía.

Pero la animadversión al jefe de los espías no es lo único que une a ambos interlocutores. Las conversaciones recogidas en el informe policial también revelan la buena sintonía que existe entre ambos en el plano de los negocios. Villarejo, que se define a sí mismo como “buen estratega” por haber trabajado muchos años en “temas de inteligencia” y presume de estar “haciendo cosas” con varios lobbies “vinculados a los Clinton”, insiste en que Larsen le recomiende a sus amigos. “Tú les dices: mis compliance son el grupo CENYT, de Torre Picasso, planta nueve”.

En esa oficina situada en el centro financiero de Madrid, el comisario creó una estructura societaria con la que ganó cientos de miles de euros ofreciendo a sus clientes —entre ellos empresas del Ibex y bancos— campañas de intoxiación contra terceros, sabotaje o blanqueo de capitales mientras era un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Desde noviembre de 2017, está en prisión acusado de dirigir una organización criminal.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez investigar el hackeo de teléfono móvil que sufrieron en 2019 el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado de ERC Ernest Maragall, pero ha rechazado solicitar por el momento la imputación del entonces director del CNI Félix Sanz Roldán, en contra de lo reclamado por los políticos republicanos.

Según explican fuentes fiscales a elDiario.es, el Ministerio Público ha informdo al titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona a favor de admitir la querella presentada por Torrent y Maragall al apreciar “indicios delictivos” en el hackeo de sus teléfonos, si bien no ve suficientes motivos como para imputar al exdirector del CNI.

Los dos políticos se querellaron el pasado mes de julio contra Sanz Roldán y el conglomerado empresarial israelí NSO Group por “espionaje político” vinculado al hackeo de sus teléfonos móviles mediante el programa espía Pegasus. Además de su querella a título individual, el Parlament denunció como institución el “espionaje premeditado” de los móviles de Torrent y Maragall al declararse “directamente violentado como institución” por el hackeo de los terminales.

El juez, antes de decidir si admitía o no la querella, pidió la opinión del servicio de delitos informáticos de la Fiscalía de Barcelona. Una vez recabado el informe del fiscal, el magistrado ha acordado abrir una causa. No obstante, el juez todavía está pendiente de decidir cuántas diligencias solicitadas por las acusaciones ordena.

Torrent y Maragall sostienen en su querella que existen suficientes indicios para considerar el hackeo de sus móviles se produjo por un “móvil de espionaje político” del CNI. A su juicio, el pirateo de sus teléfonos podría ser constitutivo de los delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y “otros delitos contra los derechos fundamentales”.

Los dirigentes de ERC apuntan a Sanz Roldán porque era el director del CNI en el momento del ataque y porque NSO Group solo vende el programa Pegasus a organismos de inteligencia gubernamentales. Por su lado, la Fiscalía, en su primera valoración sobre el espionaje al presidente del Parlament, comparte con Torrent el hecho de que debe investigarse el hackeo, y por ello ha solicitado al juez varias diligencias, pero no ve que a día de hoy haya motivos para proceder contra el exjefe de los servicios de inteligencia.

Las pesquisas solicitadas por Torrent y Maragall buscan hallar tanto el origen como los autores del espionaje y, de acordarse por el juez, darían una dimensión judicial internacional a la investigación al requerir de comisiones rogatorias con Israel: los políticos quieren que el juez reclame a NSO Group si vendió el programa Pegasus al Gobierno, con qué organismos del Ejecutivo y los responsables de los mismos que participaron en el encargo, contratación y solicitudes de apoyo técnico.

Asimismo, Torrent y Maragall plantean al magistrado requerir a la empresa que comercializa Pegasus que entregue los datos o registros informáticos que pueda conservar relativos al eventual contrato para obtener el programa espía por parte del Gobierno. También reclaman los detalles de todos los equipos informáticos sobre los que se dirigió el hackeo.

Después de que El País y The Guardian desvelaran el hackeo del teléfono de Torrent en abril de 2019, el Ministerio de Defensa negó que el CNI estuviera detrás del ataque. Los políticos de ERC quieren corroborar esta versión y por ello han pedido al juez que solicite la desclasificación de material reservado y que la comisión delegada de asuntos de inteligencia del Gobierno certifique si el CNI “o cualquier otro organismo gubernamental” adquirió o utilizó el programa Pegasus y si lo contrató a NSO Group “o a cualquier otra empresa”.

Para terminar de atar cabos, los políticos de ERC solicitaron al magistrado requerir al Ministerio de Defensa de Israel para que certifique si de acuerdo con su legislación sobre exportaciones en asuntos de Defensa NSO Group ha registrado la exportación a España de Pegasus y cualquier tipo de software, así como las personas físicas y jurídicas a los que se lo vendió “desde 2015 hasta la actualidad”. Por último, también quieren averiguar si las operadoras de telefonía y Whatsapp conservan datos del momento del hackeo.

Al margen de la investigación judicial,  Torrent también ha llevó el caso de espionaje de su teléfono móvil ante Naciones Unidas, el Consejo de Europa y Amnistía Internacional después de que WhatsApp confirmara que su teléfono móvil fue uno de los objetivos del ataque del 2019 aprovechando un error de vulnerabilidad.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado de ERC Ernest Maragall se han querellado contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Féliz Sanz Roldán y el conglomerado empresarial israelí NSO Group por el “espionaje político” vinculado al hackeo de sus teléfonos móviles en 2019 mediante el programa Pegasus.

En la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Torrent y Maragall sostienen que existen suficientes indicios para considerar el hackeo de sus móviles se produjo por un “móvil de espionaje político”, que podría ser constitutivo de los delitos de intrusión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y “otros delitos contra los derechos fundamentales”.

Además de la declaración como imputado de Sanz Roldán, los políticos de ERC piden al juez requerir a NSO Group para que certifique si ha comercializado el programa Pegasus con el Gobierno, con qué organismos del Ejecutivo y los responsables de los mismos que han participado en el encargo, contratación y solicitudes de apoyo técnico.

Asimismo, Torrent y Maragall plantean al magistrado reclamar a la empresa que comercializa Pegasus que entregue los datos o registros informáticos que pueda conservar relativos al eventual contrato para obtener el programa espía por parte del Gobierno. También reclaman los detalles de todos los equipos informáticos sobre los que se dirigió el hackeo.

Después de que El País y The Guardian desvelaran el hackeo del teléfono de Torrent en abril de 2019, el Ministerio de Defensa negó que el CNI estuviera detrás del ataque. Los políticos de ERC quieren corroborar esta versión y por ello han pedido al juez que solicite la desclasificación de material reservado y que la comisión delegada de asuntos de inteligencia del Gobierno certifique si el CNI “o cualquier otro organismo gubernamental” adquirió o utilizó el programa Pegasus y si lo contrató a NSO Group “o a cualquier otra empresa”.

En caso afirmativo, Torrent y Maragall también quieren saber qué funcionario o cargo del Gobierno autorizó la compra, así documentos contractuales y las resoluciones judiciales que autorizaran el hackeo y cualquier registro del mismo que conste en los archivos del CNI.

Para terminar de atar cabos, los políticos de ERC solicitan al magistrado requerir al Ministerio de Defensa de Israel para que certifique si de acuerdo con su legislación sobre exportaciones en asuntos de Defensa NSO Group ha registrado la exportación a España de Pegasus y cualquier tipo de software, así como las personas físicas y jurídicas a los que se lo vendió “desde 2015 hasta la actualidad”. Por último, también solicitan a las operadoras de telefonía y a Whatsapp si conservan datos del momento del hackeo.

Por el momento Torrent y Maragall apuntan a Sanz Roldán porque era el director del CNI en el momento del ataque y NSO Group solo vende el programa Pegasus a organismos de inteligencia gubernamentales. “El director del CNI es la máxima autoridad en materia de inteligencia, responsable de contratar los servicios y productos necesarios para desarrollar las actividades de inteligencia y efectúa la propuesta de presupuesto”, argumentan los políticos catalanes.

Recuerdan además los diputados republicanos que Sanz Roldán era también el responsable de las actuaciones de los funcionarios y de la “orientación de actividades del CNI dentro del ámbito de la legalidad, así como el sometimiento de cualquier actividad limitadora del secreto de las comunicaciones a la autorización judicial previa”.

Pegasus, indica la querella firmada por el abogado Andreu Van den Eynde, es una “ciberarma de extrema sofisticación” que viola el derecho a la intimidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones “de forma generalizada”. Su funcionamiento permite un control de los teléfonos que “desborda” cualquier tipo de monitorización prevista en la legislación española al no precisar de colaboración con las operadoras telefónicas (como sí ocurre, por ejemplo, cuando un juez ordena el pinchazo de llamadas en una investigación).

Remarca además el letrado que el hackeo, por el momento limitado del 29 abril al 10 de mayo, permitió a los atacantes acceder a todos los contenidos de los teléfonos móviles e incluso pudieron activar la cámara y la grabadora de los móviles, lo que afecta a la intimidad no solo de Torrent y Maragall sino también de las personas con las que se reunieron esos días.

En este sentido, la querella expone que en las fechas del hackeo Torrent y Maragall participaron en varias reuniones de la Mesa del Parlament, ejecutivas de ERC, cónsules extranjeros, periodistas así como de su equipo de campaña al empezar el espionaje un día después de que este partido ganara las generales en Catalunya y en plena campaña de las municipales y europeas.

Iberdrola acaba de fichar como asesor internacional del presidente ejecutivo de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, al ex director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, según han avanzado La Información y El Plural.

El fichaje del ex máximo responsable de los servicios secretos se produce en pleno caso Villarejo, por el que se investigan los trabajos que realizó el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, hoy en prisión, para la cúpula de la primera eléctrica española.

La incorporación de Sanz Roldán ya tiene el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses, que le dio su visto bueno el pasado 29 de junio, según consta en el Portal de Transparencia, y se produce un año después del cese de Sanz Roldán como jefe del servicio secreto tras diez años al frente del CNI con diferentes gobiernos.

Roldán, que fue nombrado al frente del CNI en 2009 por José Luis Rodríguez Zapatero y se mantuvo con Mariano Rajoy y, más tarde, con Pedro Sánchez, se incorpora en calidad de “international advisor en la presidencia de Iberdrola”, según recoge ese portal oficial.

Fuentes de Iberdrola explican que el nuevo asesor de su presidente, que no va a tener ninguna función ejecutiva, se va a incorporar a un “consejo asesor internacional para temas internacionales que está conformado por personalidades internacionales y españolas”. Esa suerte de think tank “se reúne cada seis meses”, según esas fuentes, y su composición no es pública.

Momento clave

Galán ha fichado a Sanz Roldán en un momento clave del caso Villarejo, que está produciendo un goteo de revelaciones sobre las supuestas actividades ilícitas del rey emérito, y justo cuando la Audiencia Nacional ha acordado, en contra del criterio de la Fiscalía y del juez instructor, levantar parcialmente el secreto de la pieza en la que se investiga la contratación del excomisario por parte de Iberdrola para presuntas labores de espionaje al grupo ACS, que preside Florentino Pérez, durante el frustrado asalto de la constructora al capital de la eléctrica, que ya entonces presidía Galán.

El levantamiento parcial del secreto de sumario podría dar a conocer la presunta participación de Galán en la contratación del excomisario corrupto.

La sección tercera de lo Penal ha adoptado recientemente esa decisión en un auto en el que estima el recurso del exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, imputado en esta pieza, contra el auto por el que el juez Manuel García Castellón prorrogó el pasado 14 mayo un mes más el secreto de las actuaciones.

El desembarco del general Sanz Roldán en la eléctrica, que esta semana ha llegado a desbancar a Inditex como primera compañía del Ibex 35 por capitalización bursátil, trasciende también después de que la semana pasada el presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, y el diputado y exconseller de Exteriors, Ernest Maragall, anunciaran una querella contra él a raíz del caso de espionaje del que han sido víctimas mediante el software Pegasus, un programa que solo se vende a gobiernos y cuerpos policiales para luchar contra el crimen y el terrorismo.

A las investigaciones judiciales sobre el origen de una parte de la fortuna de Juan Carlos I en Suiza, y en España en caso de que la Fiscalía Anticorrupción llegue a señalar al monarca emérito, se une un tercer frente en Reino Unido íntimamente ligado a los dos anteriores. Su expareja Corinna Larsen ha anunciado una denuncia por la presunta operación del servicio secreto español para evitar que cualquier ilegalidad cometida por el rey salga a la luz. La empresaria alemana no ha desvelado aún con qué acudirá a los tribunales londinenses, pero el pasado abril registró un acta notarial en el que describe y aporta documentación sobre las presiones que habría recibido del que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán con conocimiento y autorización de Juan Carlos I.

“El Rey Emérito también me dijo que General Roldán estaba coordinando la operación. La participación combinada de antiguos mercenarios en una operación coordinada por el jefe del servicio secreto me puso muy nerviosa”, escribió Corinna Larsen en la citada acta. Este documento fue incorporado por la defensa del comisario encarcelado José Manuel Villarejo a la querella por injurias y calumnias que presentó contra él Sanz Roldán después de que el policía diera por ciertas en un programa de televisión las amenazas que Corinna Larsen se dispone a denunciar en Londres. El juicio por la querella del exdirector del CNI se celebrará en apenas dos semanas, el próximo 23 de marzo, y está prevista la declaración como testigo, por videoconferencia, de la mujer que mantuvo una relación extramatrimonial con el rey durante cinco años.

La crisis arranca en el viaje a Botsuana de Juan Carlos I junto a Corinna Larsen, el hijo de ésta y su exmarido, de quien el rey se había hecho “muy amigo”. El accidente que allí sufrió el entonces jefe del Estado puso el foco sobre la figura de Corinna Larsen. Aunque el monarca pidió perdón en un vídeo a los españoles, el suceso supuso el principio del fin de su reinado. El monarca fue repatriado a España para ser operado de una caída en un safari de lujo mientras España se desangraba por la crisis económica. “Tras el viaje a Botsuana y a partir de conversaciones con el Rey Emérito y los miembros de su entorno, me quedó claro que estaba siendo percibida no solo como persona non grata, sino también como amenaza para la Familia Real”, cuenta en el acta Corinna, quien sitúa la ruptura sentimental con Juan Carlos I en un momento previo al safari.

Siempre según el relato de la mujer, “agentes del CNI” la siguieron ese mismo mes de abril de 2012 en un viaje de negocios a Brasil. Sin embargo, el episodio fundamental de su denuncia se produce a continuación, cuando “el General Roldán organizó una operación encubierta” en la que “guardias armados de la empresa de seguridad ALGIZ de Mónaco” ocuparon su casa y despacho profesional. El argumento que recibió la mujer de parte de su expareja y del propio Sanz Roldán, según cuenta, es que querían garantizar su seguridad. Su percepción es otra: “El verdadero propósito de la operación, como se hizo evidente más tarde, era utilizar a la empresa de seguridad de Mónaco como tapadera para que el equipo de inteligencia española pudiera acceder a mi hogar y oficina y llevarse los documentos y otras pruebas”.

En mayo de 2012, el rey emérito habría adelantado a Corinna Larsen que el director del CNI viajaría a Londres a reunirse con ella, como así ocurrió el 5 de ese mes. La empresaria entendió aquel encuentro de una hora en el hotel The Connaught como una amenaza. El general le dijo que para garantizar su seguridad y la de sus hijos debería seguir sus instrucciones, incluida la de no hablar con la prensa. “Dijo que yo sabía cosas que podían afectar a 45 millones de personas (…) También mencionó mi impulso al entonces rey para que siguiera ejerciendo su trabajo, ya que, según el General, estaba pensando abdicar”, escribe en el acta Corinna Larsen. Esa misma tarde, continúa, encontró un libro sobre la muerte de Lady Di en su apartamento de Villars. Al día siguiente, asegura, recibió una llamada de un número desconocido y una voz en español le dijo: “Hay muchos túneles entre Mónaco y Niza”.

La mujer aporta un mensaje de texto del teléfono del entonces director del CNI en el que éste le facilita una dirección de correo electrónico desde la que un tal Paul Bon contactó después con ella para darle detalles, siempre en inglés. Comienza entonces a recibir comunicaciones de la empresa de seguridad y desde la dirección del supuesto Paul Bon. En el acta, que está en posesión de un juzgado de Madrid y adelantó Okdiario, Corinna Larsen afirma: “En el marco de nuestras conversaciones (telefónicas) constaté que era una nueva confirmación del hecho de que el General Roldán y Paul Bon eran la misma persona”.

El 17 de mayo, Paul Bon le escribe otro correo dando por terminada su participación en la operación de supuesta protección, al tiempo que aprovecha para hacerle una “última recomendación”, que “mantenga un guardia de seguridad” en el lugar hasta que traslade los citados documentos. Paul Bon se despide: “Of course, HM has been informed of this intention (Por supuesto, SM -Su Majestad- ha sido informado de esta intención)”.

La investigación en Suiza del fiscal Yves Bertossa apunta a que la transferencia de 65 millones de euros desde una cuenta vinculada a Juan Carlos I a otra de Corinna Larsen son parte de los 100 millones de dólares obtenidos en 2008 por el monarca como comisión por la adjudicación de las obras de empresas españolas para la construcción del AVE a La Meca. Los abogados de Larsen asegura que se trata de “un regalo” para su expareja y su hijo, con el que el rey emérito habría desarrollado una estrecha relación durante la relación sentimental con su madre. Aquella transferencia del rey emérito a Larsen se produjo en 2012, el año de la supuesta operación de los servicios secretos españoles contra la empresaria.

Después de algunas comunicaciones de la firma de seguridad monegasca aludiendo a instrucciones de sus “amigos de Madrid” y otras del propio Paul Bon, el 11 de junio de 2012 éste escribe un mensaje a Larsen desde la dirección de correo señalada. Tras un solícito arranque, la comunicación termina por convertirse en una amenaza velada. En tres puntos se vincula a Corinna Larsen con comisiones de grandes empresas y paraísos fiscales. En uno de ellos se habla de una transferencia de 2,5 millones de euros procedente de un “oligarca ruso vinculado a actividades de crimen organizado, realizada desde una cuenta en Chipre a una sociedad en Seychelles ”también vinculada a usted“.

“Cualquier filtración de este tipo de información tendría un efecto devastador en este momento para la institución, y para su imagen”, advierte Paul Bon en el correo. A continuación le pide una valoración sobre los datos que le ha dado y le lanza otra advertencia: “Algunos colegas en Francia nos han pedido que abandonemos inmediatamente las actividades de seguridad que desarrollamos en su entorno”.

La expareja del rey emérito aporta un correo en el que la empresa de seguridad alude a “8 cajas negras y 16 cajas fuertes” en las que debía meter “asuntos personales y privados, así como correspondencia oficial, informes políticos confidenciales y transacciones financieras y comerciales en las que se había involucrado al rey emérito y a otros miembros de la Casa Real”, escribe Corinna Larsen.

Corinna Larsen también afirma que por aquellas fechas recibió una llamada de Sanz Roldán “extremadamente desagradable” en la que reiteraba supuestamente sus amenazas y le advertía contra el hecho de “ir contra él”. Larsen asegura que puso en conocimiento del rey esa conversación y que fue entonces cuando Paul Bon le escribió desde la dirección de correo habitual pidiéndole disculpas y asegurando que todo había sido “un malentendido”.

eldiario.es se ha puesto en contacto con Félix Sanz Roldán, quien ha rehusado hacer declaraciones. Su entorno destaca que fue el general quien puso en manos de la justicia las acusaciones que, en el mismo sentido, hizo el comisario Villarejo en su entrevista a Jordi Évole, antes de ser detenido y encarcelado provisionalmente por dirigir una organización criminal, entre otros delitos de los que se acusa al policía. La Casa del Rey, por su parte, tampoco se pronuncia y remite a los procesos judiciales en marcha.

La empresa de seguridad, por otra parte, insistía en hacer un barrido de su despacho durante cinco días completos, pero Larsen afirma que se negó y que logró sacar los documentos y trasladarlos. “Al final, la misión del general no pudo completarse. Pude salir de Mónaco con la mayoría de los documentos intactos. Sin embargo, el hecho de que siguiera conservándolos también significaba que las amenazas del General Roldán continuarían”, añade.

En una entrevista a Corinna publicada por The Daily Mail el pasado 29 de febrero, la empresaria asegura que lleva sufriendo estos “abusos” durante ocho años y que éstos siguen produciéndose. La inviolabilidad del jefe del Estado que establece la Constitución protege a Juan Carlos I hasta el momento de su abdicación, en 2014, y dentro de la jurisdicción española. Larsen ha contratado a un reputado abogado londinense, experto en derecho internacional y en extradiciones, y ha anunciado que su denuncia se formulará ante la justicia británica, hasta donde no alcanzaría la inviolabilidad del monarca.

En la documentación que aporta Larsen aparece un mensaje de texto del 22 de abril de 2012 que ella envía a un tal John Smith y del que vozpopuli.com publicó que pudiera aludir al rey Juan Carlos, por tratarse de un nombre habitualmente utilizado en la cultura anglosajona como un seudónimo por lo común que es. “Tengo mensajes extraños de un móvil alemán que te reenvío. Si son tu gente, no son muy inteligentes de hacerlo desde un número alemán porque no estoy contestando las llamadas”.

En junio de 2015, el comisario Villarejo viajó a Londres a entrevistarse con Corinna en presencia de Juan Villalonga, expresidente de Telefónica y amigo de ambos. La empresaria asegura que buscaba ayuda y que el policía le mostró un supuesto “informe interno del CNI” sobre el plan para acusarla. El viaje se produce cuando Villarejo todavía está destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y han comenzado a emerger las informaciones sobre sus negocios paralelos e implicación en tramas delictivas.

Villarejo atribuye su caída en desgracia a una campaña del CNI que dirigía Sanz Roldán, al que identifica como uno de sus principales enemigos. Cuando viaja a Londres graba a Corinna Larsen sin que ella lo sepa. La difusión en El Español y Okdiario de esa grabación provocó la apertura de la investigación en Suiza, según reconoce la Fiscalía de ese país.

Antes de entrar en prisión, y de forma recurrente cada vez que es llamado a declarar por el juez, el policía jubilado ha atribuido sus actuaciones a encargos del servicio de Inteligencia español, una tesis que descartan el juez y el fiscal con la vigencia de sus acusaciones y su negativa a que quede en libertad provisional.

La figura de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior en 2018 pasaba satisfactoriamente el corte de popularidad exigido a una parte de los miembros del primer gabinete Sánchez. Al tiempo, su elección podía defenderse desde el punto de vista curricular por su pasado como juez antiterrorista de la Audiencia Nacional. En el tránsito del autoproclamado perfil de “independiente” con el que aterrizó en el Ministerio al papel de azote de la oposición de derechas, Grande-Marlaska ha pisado un par de charcos que han estado lejos de ponerle en el disparadero, caso de las críticas a Ciudadanos antes del Orgullo Gay y las insinuaciones sobre Vox sin conocerse aún la autoría del ataque al centro de menores de Hortaleza. 

Esta habilidad y la brevedad de la legislatura han obrado que Pedro Sánchez vuelva a confiar en Grande-Marlaska para la cartera de Interior, pese a que cuesta encontrar un logro destacado durante su mandato, más allá de la significativa reducción de muertes en la carretera, atribuible por otra parte al regreso de Pere Navarro a la dirección de Tráfico. La lesiva valla de Ceuta y Melilla sigue sin reformarse pese a ser el primer gran anuncio del ministro. Pero sobre todo, y después de dieciocho meses de Gobierno progresista, la Policía conserva los síntomas de partidismo y extremismo que la devastan desde la primera legislatura de Mariano Rajoy.

El carácter de transitoriedad que bañó toda la pasada legislatura acaba aquí. La previsión de una oposición descarnada lo que dure el Gobierno de coalición avivan la preocupación sobre la utilización de las Fuerzas de Seguridad del Estado que haga la derecha en un periodo que se prevé propicio para la difusión de bulos y teorías conspirativas, analizan mandos policiales que vivieron los intentos de deslegitimación del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía no había sido investido Sánchez cuando el actual Gobierno presenció un adelanto: la difusión de una falsa operación de evacuación de ministros de Evo Morales de la Embajada mexicana en La Paz con la supuesta participación de cuatro agentes del GEO.

Para enfrentar todo ello, Grande-Marlaska cuenta con un equipo confeccionado de urgencia en el verano de 2018 a base de recomendaciones que el ministro tuvo que asumir al no pertenecer al PSOE, ni tener experiencia en política, y que ha sido incapaz de presentar y abanderar un proyecto definido en el Ministerio del Interior, amén de protagonizar descoordinaciones y desconfianzas entre sus miembros. Especial relevancia cobra en este contexto el desencuentro personal entre el ministro del Interior y su número dos, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez.

La socialista valenciana no fue la primera opción para tan delicado puesto. Alfredo Pérez Rubalcaba señaló a Pilar Gallego, subsecretaria en su época, como la persona idónea. Pero Gallego, que también fue directora general de Protección Civil y Emergencias, prefirió seguir en su actual ocupación como miembro del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración del Estado. El entorno de Rubalcaba habló entonces de Ana Botella Gómez, antigua delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y así llegó a la secretaria de Estado de Seguridad, el auténtico motor del Ministerio. En el departamento se la critica por la falta de decisión que atribuyen a un carácter extremadamente desconfiado, que exhibió nada más llegar al Ministerio y solicitar un barrido a conciencia de su despacho.

En medio de este clima, el director del Gabinete del ministro, Rafael Pérez Ruiz, aparece recurrentemente en las fotos de reuniones de coordinación que difunde en los últimos meses el Ministerio, lo que asegura al titular de la cartera tener de primera mano información de alguien de su absoluta confianza. No en vano, Pérez Ruiz, juez al que el ministro conoció en el Consejo General del Poder Judicial, es el único cargo del Ministerio que propuso el propio Grande-Marlaska, junto a la directora de Comunicación, Mar Hedo.  

Los colaboradores ajenos a Grande-Marlaska y la premura por confeccionar un Gobierno tras la moción de censura han tenido una incidencia directa en la pasividad con que se han afrontado los problemas de la Policía. El director general es miembro de un grupo de influencia con origen en Castilla-La Mancha y cuya figura preeminente es José Bono, abanderado del sector más conservador del PSOE. Pardo Piqueras fue número dos de Bono en Defensa entre 2004 y 2007 y no tuvo problema en convertirse en vicepresidente de una empresa habitual contratista de ese Ministerio antes de regresar a la política como director de la Policía.

Justo debajo de Pardo Piqueras hay un comisario, José Ángel González, director adjunto operativo. González procede de la rama “militar” del Cuerpo, su especialidad es el orden público y sus destinos más destacados se produjeron durante el Gobierno del PP. Es conocida su buena relación con el comisario que ocupó su puesto entre 2012 y 2016, Eugenio Pino, el artífice de la brigada política imputado en la Audiencia Nacional. La improvisación del nombramiento de González queda de manifiesto en que la elección de la secretaria de Estado tuvo como único aval a una directora general del Gobierno de Aragón, donde el comisario González fue jefe superior.

Con estos mimbres, la renovación de la Policía se ha quedado en el cese de sus destinos dorados en unos pocos miembros de la brigada política que actuó con el PP y que se produjo en los primeros compases de la legislatura. También hubo un par de destituciones más obligadas por revelaciones de eldiario.es: un subdirector, al que le quedaban cuatro días para jubilarse, que había invitado al procesado por corrupción Juan Cotino a una charla de ética policial, y el jefe superior de Policía en Navarra, que se ocultaba detrás de una cuenta de Twitter para insultar a políticos de izquierdas y nacionalistas. 

Incluso cuando el ministro ha querido escenificar mano dura se ha dado de bruces con las resistencias internas del Cuerpo, sin que el director Pardo Piqueras las haya enfrentado. Ocurrió cuando Grande-Marlaska ordenó el cese del comisario de Ciudad Lineal por invitar a una celebración del Cuerpo a Billy el Niño y se le dijo que era imposible porque no era un puesto de libre designación. Después se le abrió una información reservada y se cerró de plano ante la pasividad de la Dirección General del Cuerpo. 

Podemos, el nuevo socio de Gobierno del PSOE, denuncia que la policía política sigue activa pese a jubilaciones y cambios de destino. Es cierto que sus protagonistas acuden a diario a su puesto de trabajo porque desde la Policía se les ha aplicado la interpretación más garantista del reglamento, sin que el Ministerio haya hecho nada al respecto. Recientemente, el comisario al frente del distrito Centro de Madrid aparece en conversaciones incorporadas a un sumario de corrupción revelando detalles de una investigación y dando ánimos al empresario Javier López Madrid, imputado por financiar irregularmente al PP y por acosar a una mujer. La Dirección de la Policía ni siquiera ha abierto una investigación interna al comisario Alberto Carba. Unidades en otro tiempo protagonistas de grandes operaciones, como es el caso de la UDEF y su Brigada Anticorrupción, siguen sometidas a la irrelevancia desde el manoseo político al que fueron sometidas entre 2012 y 2016.

Tolerancia con los radicales en la Policía

Esta actitud de tolerancia ha presidido la actuación de Interior también contra las muestras de extremismo que han proliferado en la Policía a raíz del conflicto catalán y la irrupción de un nuevo sindicato, Jupol, que ignora la importante subida salarial pactada en la época de Juan Ignacio Zoido e insiste con protestas inéditas por su agresividad en que cualquier policía novato debe salir de la academia ganando 2.300 euros al mes.

Los sindicatos tradicionales denuncian campañas de acoso sin que Interior o la Dirección General actúen. Un símbolo de estos tiempos en la Policía es el caso de un agente de la comisaría de Móstoles Alejandro León, conocido por su canal de Youtube como Jandro Lion. El policía critica la Ley de Violencia de Género que tiene que aplicar a diario, se posiciona a favor de Vox y bromea sobre apuñalar a menores migrantes sin que haya sido apartado del servicio.

El director de Guardia Civil, en la picota

En cuanto a la Guardia Civil, fuentes de Interior cuestionan la continuidad de Félix Azón por no haber sabido aplacar el descontento con el ministro en los ámbitos de influencia dentro del instituto armado y que han derivado, en ocasiones, en publicaciones inexactas en algunos medios de comunicación sobre la relación de Grande-Marlaska con el Cuerpo de naturaleza militar.

La pronta decisión de sustituir al mando de Guardia Civil que dirigía el Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado, un puesto clave en Interior, por un comisario vinculado tradicionalmente al PSOE, sin experiencia operativa de mando, provocó tempranas fricciones con la Guardia Civil. Además, Félix Azón fue promovido al cargo por Margarita Robles, la ministra de Defensa que no mantiene buena relación con Grande-Marlaska desde los tiempos de ambos en la judicatura.

El síndrome del teléfono en silencio promete irrumpir en la vida de Félix Sanz Roldán de forma intensa a partir del próximo sábado. Será entonces cuando el general pase de ser la persona con más información en España a un jubilado de las Fuerzas Armadas. Sanz Roldán saldrá por la puerta del Centro Nacional de Inteligencia con 74 años, finalizado su segundo mandato y sin sustituto. La secretaria general, Paz Esteban (Madrid, 1958), en los servicios secretos desde 1983, ocupará de forma interina el cargo hasta que se forme gobierno y el próximo presidente decida quién lleva las riendas de la Inteligencia española.

La década que Sanz Roldán ha pasado al frente del servicio secreto, unido a que haya logrado mantenerse en el cargo durante tres gobiernos de dos signos, engrandece la sombra de poder que proyecta el general. La ley obliga a que sea el próximo ejecutivo, no uno en funciones, quien nombre a su sustituto o al propio Sanz Roldán. Al general no le desagradaría seguir al frente del CNI, aseguran en su entorno,  una posibilidad que sin embargo descartan desde el propio Centro. 

Más allá de las especulaciones propias que fomentan las siglas que aún dirige, puede decirse que los principales éxitos del general se concentraron en la primera parte de su mandato, con la pacificación del Centro tras la etapa de Alberto Sáiz y la derrota de ETA. Los últimos años han registrado episodios controvertidos, como el fracaso de las urnas en Catalunya o su intercesión en el conflicto personal de Corinna Larsen con su antiguo amante Juan Carlos I.

Sanz Roldán llegó a un CNI convulso por la gestión de Alberto Sáiz, una elección caprichosa de José Bono para poner al frente del servicio de Inteligencia al director de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha. La paciencia se agotó, los resortes internos se activaron y ‘El Guardabosques’, como le apodaban los agentes del CNI, acabó dimitiendo. El diario El Mundo había contado cómo Sáiz utilizó el cargo en beneficio propio (viajes, reformas de su casa…) y la agencia Europa Press desveló que tres agentes del CNI en Cuba habían sido expulsados de la isla. 

Con Carme Chacón ya al frente de Defensa, Zapatero optó por un general ya conocido. Sanz Roldán había sido jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y en el verano de 2009 ejercía como Alto Representante para la Presidencia de España ante la UE. Con gran habilidad en el trato, el general logró pacificar –“normalizar”, prefiere un veterano agente- la situación en el seno del CNI. 

A los dos años de la llegada del general a la jefatura del Centro, una ETA debilitada por los continuos golpes policiales declaraba el fin definitivo de la violencia. Las informaciones periodísticas sobre los descabezamientos en Francia nunca aludían al CNI. Sin embargo, el servicio secreto fue clave en la mayor parte de aquellos golpes a la organización terrorista, ya fuera el descabezamiento del aparato militar -especial dificultad conllevó apresar a Txeroki- como otras operaciones menos llamativas pero claves en la derrota de la banda. Es el caso de la desarticulación del grupo de abogados que imponía las órdenes de ETA en el colectivo de reclusos. En aquella primavera de 2010, ETA, por número, era fundamentalmente sus presos.

El CNI mantuvo puntualmente informado a La Moncloa de la guerra civil que se vivió en la cúpula de ETA, de lo que estaba ocurriendo en el seno de Batasuna, del debate interno y de los planes del sector de Otegi para desembarazarse del liderazgo de ETA desde tiempo antes, en contra de lo que aireaban algunos medios conservadores acerca de una estrategia de engaño por parte de la izquierda abertzale.

El primer artículo de la Ley reguladora del CNI, de 2002, establece que el Centro es “responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación” sus análisis, averiguaciones o peligros existentes. Sanz Roldán ha tenido la habilidad para entrar en el despacho del presidente con tres inquilinos diferentes: Zapatero, Rajoy y Sánchez.

Dos responsables de la seguridad del Estado en la época socialista le recuerdan como “leal colaborador” y “servidor del Estado”. Rajoy, por su parte, le mantuvo seis años en el cargo. Esa capacidad de supervivencia, agigantada por el agotamiento de su mandato, ya con el PSOE de vuelta al poder, han acentuado su fama de “astuto” o “ladino”, según se pregunte a admiradores o a personas que no le profesan simpatía. “Seductor”, incluso, si se atiende a los encuentros que de vez en cuando mantiene con los periodistas, para los que reserva alguna anécdota del Servicio de Inteligencia con el que encandilar a su audiencia mientras escapa de aludir a los asuntos nucleares. En esos encuentros, el general no se cansa de repetir que el Centro siempre actúa amparado por el magistrado del Tribunal Supremo asignado, encargado de autorizar intervenciones telefónicas o cualquier otra medida que afecte a derechos fundamentales.

En los pasillos de Moncloa

De la penúltima época destaca su relación con Soraya Sáenz de Santamaría. El PP devolvió la adscripción del CNI a Moncloa, toda vez que la modernización del Centro y la mayoría de personal civil hacía difícil justificar su dependencia al Ministerio de Defensa. La estrecha relación con la vicepresidenta -por los pasillos de Moncloa se aludía a Sanz Roldán como “el general” o “Felisuco” indistintamente-, desató las teorías de la conspiración respecto a los manejos de ambos.

Aquellas críticas estuvieron alimentadas por el sector del Consejo de Ministros, compuesto por los amigos personales de Rajoy, enfrentados a Sáenz de Santamaría. Si bien, en el caso de Jorge Fernández Díaz alcanzó un enconamiento especial. La brigada política excedía las funciones de la Policía y perpetraba la Operación Catalunya. A aquel grupo de agentes pertenecía el comisario José Manuel Villarejo, enfrentado ya al CNI e implicado en el caso del Pequeño Nicolás, el joven que había intentado vincularse al Centro y acercarse personalmente a la vicepresidenta.

Catalunya también es la piedra en el zapato del mandato de Sanz Roldán al frente del CNI. Y, concretamente, la palabra que se ha vuelto maldita en la Cuesta de las Perdices: urnas. El secretario de Estado de Seguridad durante el 1-O, José Antonio Nieto, explicó el pasado octubre en una entrevista a Vozpópuli: “Yo creo que en este caso el CNI tenía alguna pista cierta a la que le dio valor sobre dónde podían estar (las urnas) y en el reparto de tareas con Policía y Guardia Civil esa parte se la reservó el CNI. No creo que fuese una decisión política, sino una decisión de reparto de tareas”.

A pesar del disfraz del término “la culpa no es de nadie”, la pulla de Nieto es evidente. Como es costumbre, el Centro no ha contestado. Fuentes extraoficiales confirman, sin embargo, la existencia de esa pista, ubicada en el sur Francia, y reparten responsabilidades con los servicios de Información de Policía y Guardia Civil por no haber interceptado las urnas. Se enfrentaban, dicen, a un fenómeno nuevo que pasaba por la implicación de cientos de personas sin antecedentes en que las urnas llegaran a los colegios el 1-O. “No se puede pinchar el teléfono a media Catalunya”, resumen gráficamente.

“El Troll” del comisario Villarejo

A su pesar, Sanz Roldán se ha visto una y otra vez en los titulares por culpa del comisario Villarejo. El policía le considera responsable de su caída en desgracia. Una de las innumerables querellas del comisario incluyó la acusación de que el general había filtrado a los medios una foto suya. La Fiscalía pide ahora dos años de cárcel al comisario por injurias y denuncia falsa.

Lo único cierto es que después de décadas actuando en la sombra, el comisario Villarejo comenzaba a aparecer en distintas causas judiciales en la que participaba el Centro y el consecuente foco mediático le desproveía de su manto de impunidad. Por una de esas causas, la grabación ilegal a unos polícias y agentes del CNI mientras abordaban el caso del Pequeño Nicolás, el Ministerio Público le pide cuatro años de cárcel. Fuentes de la Operación Tándem, la causa que mantiene en prisión a Villarejo desde noviembre de 2017, admiten la colaboración del CNI en los primeros compases de esas pesquisas.

La obsesión de Villarejo y sus socios en esa presunta organización criminal queda en evidencia en una de las conversaciones que grababa el policía y que le fueron incautadas. Adrián de la Joya, miembro de la jet, histórico socio del comisario e imputado como él por organización criminal, aparece en uno de esos audios temeroso de que “el Troll” acabe con su residencia en Suiza, clave para ejecutar sus turbios negocios. “El Troll” es el apelativo que la banda de Villarejo dedica a Sanz Roldán. “Eso es imposible. Imposible. El Troll no tiene capacidad para eso. Tendría que utilizar a la Guardia Civil o a la Policía”, intenta tranquilar Villarejo a su socio. 

El comisario en prisión ha utilizado la figura de Corinna Larssen para atacar a Sanz Roldán. El general tuvo que reconocer ante la comisión de secretos oficiales del Congreso que viajó a Londres para hablar con la comisionista amiga del rey. Su entorno asegura que eran momentos complicados para una de las instituciones del Estado que el CNI tiene obligación legal de proteger. El jefe del servicio secreto español había reconocido su implicación en el turbio asunto que amenazaba al rey. No en vano, en unas grabaciones realizadas por Villarejo a Larssen, esta atribuye varios delitos al monarca emérito. “No distingue lo legal de lo ilegal”, llegaba a decir. Sanz Roldán trasladó a los diputados que la princesa le pidió protección, en contra de lo que ella ha asegurado, que el CNI la espió y el general en persona la amenazó.  

Las habilidades personales de Sanz Roldán han servido para potenciar una de las cualidades del Centro Nacional de Inteligencia, sus excelentes relaciones con otros poderosos servicios de inteligencia extranjeros. Esta faceta ha resultado vital en operaciones en el extranjero, como la liberación de periodistas españoles secuestrados por los yihadistas. El punto negro, el atentado de Barcelona que ningún servicio de Información logró evitar. Fuentes de la lucha antiterrorista confirman que la sigilosa tarea que el CNI desarrolla en la lucha contra la amenaza fundamentalista permiten neutralizar todos los años varias amenazas serias a España, admiten fuentes de la lucha antiterrorista. 

El director del CNI está interesado en dejar como legado el avance que durante su mandato ha vivido la lucha contra los ciberataques en España, una amenaza a la economía y la seguridad de primer orden que combate fundamentalmente el Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al CNI. Precisamente, el Centro investiga en las últimas horas el posible 'hackeo' de las cuentas de correo de los miembros del tribunal del procés.

El pasado jueves, a una semana de dejar el cargo, Sanz Roldán hizo la que probablemente sea su última intervención pública. En un foro sobre ciberseguridad organizado por elindependiente.com, Sanz Roldán explicó que de los 38.000 ciberataques sufridos en España durante 2018, 180 fueron “críticos” y nueve de ellos “muy críticos”. “El que no ha sufrido ya un ciberataque es que no es nadie”, bromeó el general haciendo una vez más uso de su proverbial habilidad para satisfacer a los que le escuchan.

Los órganos del Gobierno dedicados a combatir las ciberamenazas gestionaron casi 38.000 incidentes a lo largo del año 2018, de los que un millar procedían, posiblemente, de actores estatales, pese a que la atribución en el ciberespacio siempre es “muy complicada” debido al anonimato que ofrece Internet.

La seguridad de las redes de la Administración, organismos públicos y empresas estratégicas depende del CCN-CERT y el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estos organismos son los encargados de conseguir en España un ciberespacio más seguro y confiable, preservando el funcionamiento de los sistemas, la información clasificada y la información sensible.

En el siglo XXI, las confrontaciones entre estados han mutado del escenario tradicional a la denominada guerra híbrida, que incluye los ataques en el ciberespacio como una de las armas utilizadas para desestabilizar al enemigo.

Pese a que no existan conflictos declarados, la actividad virtual es constante y España detectó durante el pasado año hasta 1.000 incidentes provenientes de actores estatales, según revela el Gobierno en una respuesta parlamentaria a los diputados de Unidos Podemos Rafael Mayoral y Juan Manuel del Olmo, recogida por Europa Press.

En cualquier caso, puntualiza que la atribución 100% en el ciberespacio es muy complicada debido a las posibilidades de anonimato que ofrece la red, “tanto por la forma en que Internet fue diseñada desde sus orígenes como por las medidas operacionales de seguridad que un atacante cualificado pueda aplicar para no ser detectado”.

El director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, subrayó esta dificultad de atribución la pasada semana durante una comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para dar cuenta de la gestión de las ciberamenazas.

“Cuando tratan de conocer el origen de un ataque, se encuentran siempre con un servidor en vaya usted a saber qué país exótico, muy lejano o en mitad del desierto −detalló−. Cuando llegamos allí resulta que efectivamente encontramos el servidor, pero nadie sabe quién lo ha puesto allí ni quién paga ni quién enciende la luz por las mañanas y la apaga por las noches”.

Precisamente por este escollo es porque lo que Sanz Roldán cree que es importante que el Centro Criptológico esté adscrito al CNI. “Cuando se le acaban las capacidades técnicas podemos empezar con las capacidades de inteligencia y empezar a deducir algo, por ejemplo, por el escudo que llevaba en el mono quien montó el servidor”.

Cibercrimen y ciberespionaje

Del resto de los 38.000 incidentes gestionados en 2018, el Gobierno detalla que destacan los ataques relacionados con el cibercrimen, ataques de denegación de servicio contra redes electrónicas y ataques que buscan el compromiso de estos servicios web para la filtración de información.

En el ámbito del ciberespionaje, el Ejecutivo asume que son “de especial interés” aquellos organismos del sector público con información estratégica para el país o que manejan un patrimonio tecnológico avanzado, así como los sectores de defensa, tecnologías de información, aeroespacial, transporte o bancario; así como cualquier empresa con información de valor para un tercero “que le permite obtener una ventaja competitiva desde un punto de vista geopolítico o económico”.

El director del CNI reveló algunas de estas actividades de ciberespionaje en la misma comparecencia en el Congreso. Por ejemplo, contó el caso de una empresa española de infraestructuras que coincidió con otros países concursando para la construcción de una autopista en un tercer país y se encontró con su propio proyecto ofrecido un poco más barato.

El director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha ratificado hoy ante el juez la denuncia que presentó la Fiscalía contra el excomisario José Villarejo por injurias y calumnias “en defensa” de todos los trabajadores de los servicios de inteligencia que él dirige, a los que considera perjudicados.

El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid había citado hoy como testigo al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la causa que investiga al excomisario José Villarejo por una denuncia que presentó la Fiscalía por un delito de injurias y calumnias y otro de revelación de secretos.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado, que se ha adherido a la denuncia, han actuado contra Villarejo en respuesta a la querella que éste presentó contra Sanz Roldán en la que le acusaba de filtrar a los medios una fotografía suya y a las acusaciones que vertió contra el CNI y su director en una entrevista que concedió al programa Salvados.

La denuncia de la Fiscalía considera al director de los servicios de inteligencia el perjudicado de estos delitos, toda vez que la querella que presentó el excomisario contra él por esa supuesta filtración quedó finalmente archivada.

Según ha expresado Sanz Roldán en declaraciones a los medios a la salida del Juzgado, durante su comparecencia, que ha durado apenas veinte minutos, ha ratificado la denuncia en nombre de todos los trabajadores del CNI, de los que se considera “responsable” ante las ofensas del excomisario, que los llamó “delincuentes”. También ha contestado a todas las preguntas de las partes, que han sido “muy generales”, de modo que no han comprometido su deber de proteger aquella información que sea objeto de secreto de Estado.

Ha expresado Sanz Roldán que es su deber responder por los más de 3.000 trabajadores del CNI que, por su condición, no pueden defenderse y por lo tanto, esta no es una denuncia en la que él reclame su derecho al honor, sino que lo considera como un ejercicio de “defensa” del órgano que dirige.

La Abogacía del Estado estudia interponer otra denuncia contra Villarejo por un delito de acusación y denuncia falsa para fortalecer la acusación. Esto es porque, tal y como ha dictaminado la Audiencia Provincial de Madrid al absolver al pequeño Nicolás de injurias y calumnias al CNI, ese organismo no puede ser objeto de un delito de esas características porque es un organismo público y no pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según fuentes jurídicas, la razón por la que se acusa al excomisario de un delito de revelación de secretos en esta misma causa es por las declaraciones que hizo en el programa Salvados de La Sexta, en el que relevó datos de carácter restringido a los que tuvo acceso en su condición de funcionario público. Al respecto, Sanz Roldán ha manifestado hoy que él no presentó una denuncia por ello, pero sí remitió a la Fiscalía el programa de televisión para que estudiara el contenido de las declaraciones, y fue el Ministerio Público el que decidió actuar contra el excomisario.

El juez había citado también a Villarejo para declarar hoy en calidad de investigado, pero esta comparecencia se suspendió por razones médicas. Finalmente, el juez ha decidido que el excomisario declare por videoconferencia desde la prisión en la que se encuentra desde noviembre como resultado de la operación Tándem, aunque no se prevé que esto ocurra antes del mes de octubre.

El diputado y dirigente de Podemos Rafael Mayoral representará a Unidos Podemos-En Comú-En Marea en la comparecencia en el Congreso y a puerta cerrada del director del CNI, Félix Sanz Roldán, para aportar la información que tengan los servicios de inteligencia sobre las grabaciones en las que la empresaria alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein revela supuestos negocios y cuentas opacas en Suiza de Juan Carlos de Borbón.

Mayoral sustituirá a la portavoz del grupo confederal, Irene Montero, de forma temporal mientras dure su baja de maternidad como miembro de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, la antigua comisión de secretos oficiales, según han confirmado a eldiario.es fuentes de la dirección del  grupo.

La elección obedece, según las mismas fuentes, a que el dirigente es el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Mayoral es, además, portavoz del grupo en la comisión de Interior y de Podemos en el Pacto Antiterrorista.

La sustitución durará el tiempo que Montero permanezca de baja de maternidad, aunque tendrá que ser ratificada por la mayoría de los diputados. Las mismas fuentes indican que Unidos Podemos pedirá a la Mesa del Congreso un pleno extraordinario y que esperan que, como ocurrió cuando la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, sustituyó hace unas semanas a Margarita Robles, el recambio sea un mero trámite.

“Nuestra obligación es ir y escuchar lo que tenga que decir”, sostienen en la dirección del grupo confederal. “Pero sostenemos que una comisión secreta no es el lugar donde se deben dar estas explicaciones”, apuntan. Los hechos, consideran en el tercer grupo de la Cámara, “afectan a la Jefatura del Estado, pero no a la seguridad del Estado”.

Por eso, concluyen, su apuesta sigue siendo la comisión de investigación parlamentaria sobre “la corrupción de la Monarquía”. 

Dicha comisión ha sido apoyada por todos los grupos que auparon a Pedro Sánchez al Gobieron, excepto por el PSOE. Los socialistas, así como el Gobierno, han apostado por escuchar primero al director del CNI y tomar una decisión en consecuencia.

El grupo socialista, junto a PP y Ciudadanos, síha impedido ya la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que informe de las actuaciones que pudiera tener previstas su departamento tras las revelaciones. Y, en concreto, para preguntar por la lista de amnistiados fiscales ya que Juan Carlos de Borbón, o alguno de sus supuestos testaferros, podrían haberse acogido a ella, según Corinna. 

El PSOE, que prometió publicar la lista cuando llegase al poder, ahora se niega a hacerlo. Un cambio de posturaque deberá explicar en el Congreso.

La semana pasada, Sanz Roldán pidió comparecer en el Congreso tras las informaciones de El Españoly OK Diario en las que se asegura que la amiga del Rey Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein da a entender en unas grabaciones que el Rey emérito tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro.

La comparecencia de Sanz Roldán se sumará a la que ya protagonizó el 19 de marzo de 2013 sobre este mismo asunto y en la que negó cualquier vinculación de los servicios de inteligencia con Corinna.

En esa comparecencia dijo desconocer si ella había realizado algún tipo de trabajo “clasificado” para el Estado, aunque sí que hubiera trabajado para el CNI.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este jueves la continuidad en sus cargos del general Félix Sanz Roldán como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hasta finalizar su mandato, y la cúpula militar que encabeza el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Fernando Alejandre Martínez.

“En defensa de los valores recogidos en nuestra constitución y en el marco de la Carta de Naciones Unidas entendemos que es necesario dar a la ciudadanía estabilidad, seguridad y defensa desde una perspectiva colectiva e integrada con el fin de promover la paz internacional y la seguridad global”, ha subrayado Robles.

En un comunicado, el ministerio de Defensa ha informado también que han sido ratificados en sus puestos el general Javier Varela Salas como jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el almirante general Teodoro López Calderón como jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el general del aire Javier Salto Martínez-Avial como jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) y el almirante Juan Francisco Martínez Nuñez como secretario General de Política de Defensa (SEGENPOL).

La ministra ha asegurado que esta decisión “se corresponde con la naturaleza del Ministerio de Defensa como un ministerio de Estado”, y ha señalado que “las Fuerzas Armadas están al servicio de la sociedad y desempeñan una extraordinaria misión en la defensa de la paz y la seguridad en el mundo”.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha confirmado la inadmisión de la denuncia presentada por José Manuel Villarejo por delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos contra el director del CNI Félix Sanz Roldán y el periodista Javier Ayuso, a raíz de un artículo publicado en El País, al tiempo que impone al excomisario el pago de las costas por mala fe procesal. 

En un auto, la Sala confirma la inadmisión de la denuncia acordada por el juez instructor Ismael Moreno y rechaza el recurso de apelación presentado por Villarejo. Señala el Tribunal que tras la lectura del artículo, titulado “Los tentáculos de Villarejo en el mundo judicial”, consta que aparece una foto saliendo de los juzgados de plaza de Castilla seguido de un texto que hace referencia a la identificación del denunciante como presunto autor del apuñalamiento sufrido por la doctora Elisa Pinto. Más adelante, aparece otra imagen suyo saliendo de otra sede judicial con un texto que menciona la desestimación de una demanda de Villarejo contra Ayuso. 

“Teniendo en cuenta los hechos denunciados y las dos fotos y texto del artículo en cuestión, se deduce no solo que no guardan relación entre ambos, sino que en el citado artículo no se menciona, en ningún caso, al denunciado Félix Sanz Roldán, lo que resulta absolutamente desconcertante”, destaca la Sala. 

Respecto a la competencia de la Audiencia Nacional para el conocimiento de los hechos, la Sala explica que “lo cierto es que los hechos denunciados, al no ser delito alguno, ni pueden ser competencia de este tribunal, ni de ningún otro”. 

Por último, recuerdan que el ordenamiento jurídico tiene respuestas en los casos en los que se busca el auxilio judicial “desoyendo y vulnerando los criterios de la buena fe procesal, de la razón, de la coherencia y de una legítima respuesta por parte de la justicia y tal respuesta en el presente caso, además de la íntegra desestimación del recurso, es la imposición de las costas procesales al estimar mala fe procesal”. 

Villarejo, V, el señor de las cloacas, el comisario más famoso de España, siempre se había movido bien en las zonas de penumbra. Durante décadas participó en importantes operaciones policiales -seguramente ni tantas ni tan relevantes como él presume, sostienen quienes le han investigado- hasta el punto de que su entramado empresarial surtió de refrescos a los bares de etarras escondidos en Uruguay, tal y como contó él mismo a Jordi Évole en Salvados el pasado domingo. 

Pero ese policía en la sombra que alardea de efectuar importantes servicios al Estado con gobiernos de todos los colores, algunos en esa difusa línea que separa las operaciones secretas del delito, empezó a asomar en los titulares de prensa a partir de 2014. Y ya no como el filtrador, la fuente que amamantó a supuestos periodistas de investigación que se prestaron a difundir sus controvertidos informes, sino como protagonista de escándalos.

De un par de años para aquí ha estado presente en todas las salsas: el caso del pequeño Nicolás, la Operación Cataluña, la investigación a los Pujol, los Papeles de Bárcenas y últimamente también como sospechoso de apuñalar a una prestigiosa dermatóloga, Elisa Pinto, que cuida la piel de los ricos más ricos de la capital de España.

Villarejo no solo ha reivindicado su inocencia en todos los sumarios, sino que ha atribuido sus líos judiciales al CNI. Contra su director, Félix Sanz Roldán, a quien llama despectivamente “generalísimo”, ha emprendido una cruzada en los medios de comunicación y también en los juzgados, donde de momento no ha obtenido ninguna resolución favorable.

Quienes conocen su carrera apuntan además que, dada su concepción del trabajo policial, antes o después el choque era inevitable:  “Además de que en alguna ocasión se ha hecho pasar por colaborador del CNI, su manera de investigar como comisario de Información ya había levantado ampollas. Las leyes españolas dejan muy claro desde 2002 que las competencias de Inteligencia son del CNI. Villarejo hacía sus notas informativas en función de los contactos que iba tejiendo, pero no eran investigaciones muy sofisticadas y desde luego no informes de de inteligencia”. 

A lo largo de su trayectoria, explican las mismas fuentes, Villarejo ya había levantado ampollas en los servicios de Inteligencia durante la década de los 90 cuando captó como confidente al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, cuya información también perseguía el Cesid, el organismo anterior al CNI. 

No obstante, una de las personas que más ha indagado sobre Villarejo estos últimos años sostiene que en realidad lo que busca Villarejo con sus ataques a los servicios de inteligencia y a su director es una coartada, ahora que los sucesivos escándalos están dejando a la vista sus costuras: “Él se ha buscado un enemigo externo para justificar su implicación en tantos líos. Y ha decidido emprenderla con los servicios de inteligencia porque sabe que estos no van a desmentirle”.

La guerra total que ahora amenaza con llevar a los platós, las emisoras de radio y los periódicos acumula también varias batallas en los juzgados. La última denuncia archivada fue la que el excomisario presentó por la filtración de una fotografía publicada en el diario El País las horas previas a que la doctora Pinto acudiera a identificarlo como su agresor en una rueda de reconocimiento. El relato que hizo Villarejo en el juzgado fue devastador y atribuía a Sanz Roldán y al periodista de El País y exdirector de comunicación de la Casa Real, Javier Ayuso, una conspiración para perjudicarle.

La lista de delitos y crímenes que el excomisario atribuyó en esa querella al jefe de los servicios de inteligencia es interminable. Acusó al CNI de coordinar la labor de la 'policía política' e incluso de amenazar de muerte a la supuesta amante del rey emérito, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, para que estuviese cerca del anterior monarca, tras su accidente en Botsuana. En el programa Salvados, Villarejo aseguró que sobre esto último llegó a escuchar una grabación en la que Sanz Roldán cuenta a Corinna que no podría garantizar su seguridad ni la de su familia si no accedía a su encargo.

En su última denuncia al CNI que no prosperó, enumeró otros supuestos servicios que había hecho para defender la democracia: el supuesto espionaje de los servicios de inteligencia a diputados y políticos en un prostíbulo cercano al Congreso, “la extraña muerte de un magistrado incómodo por un raro infarto”, el entorpecimiento de la investigación a Ignacio González alegando que era un informador del CNI, el pago ilegal a terroristas para liberar a secuestrados españoles, la sustracción de fondos de esos rescates y un larguísimo etcétera. Nada de lo anterior, igual que su hora larga de acusaciones en el programa, está avalado por pruebas. 

El Centro Nacional de Inteligencia no va a responder a las palabras de Villarejo en prime time, igual que no lo ha hecho ante otras acusaciones graves. Mientras el proceso contra él avanza en el caso de la doctora Pinto, el excomisario de Información, que dice no tener miedo de ir a la cárcel por ese asunto, alardea de haberse quedado documentos con los que seguir haciendo ruido. En los juzgados y en los medios de comunicación.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez (El Carpio, 1951) acaba de anunciar el inicio de una nueva etapa en su vida como “periodista de investigación”. Su utilización del término habla de cómo ha entendido el policía su profesión y la de los informadores, con los que ha tratado desde que ingresara en el Cuerpo en 1973. En los ámbitos policiales que ha trabajado Villarejo, la información es considerada el elemento clave para la prevención y persecución del delito. Y también un arma poderosa si se utiliza para fines distintos a los de una investigación bajo control judicial.  

Villarejo concede este domingo a La Sexta su primera entrevista en 36 años. Hasta prácticamente ayer, el comisario ha estado detrás de multitud de informaciones del periodismo que se hace llamar “de investigación”, donde la firma la ponían otros. Con dos imputaciones judiciales, una orden de alejamiento sobre una de sus presuntas víctimas y el foco mediático que le ha expulsado de la zona de sombra en la que reinó, Villarejo promete ahora abandonar los bastidores y comenzar a detonar desde el escenario potentes bombas en forma de documentación y grabaciones. Siempre en una dirección, sus enemigos.

Antes presentará su verdad en la entrevista con Jordi Évole, extracto de una conversación de cinco horas. Este es un repaso por el expediente del personaje, sus animadversiones, los métodos empleados en el pasado y el papel que se arroga en una democracia que nació cuando Villarejo ya portaba una pistola y una placa. Resta por saber si las bombas que adelanta contienen material explosivo o los artificieros descubren que son un conjunto de cables unidos a una botella vacía.

1. Los orígenes

1. Los orígenesEl comisario tiene redactado un currículum que recientemente incorporó, junto a otra documentación, a un juzgado de Andorra. En él asegura haber ingresado en la Escuela de la Policía en 1972 y que en 1975 ya estaba destinado en la comisaría provincial de Guipúzcoa. Entre ese destino y otro en Madrid alcanza el año 1978 con “numerosas detenciones” de miembros de ETA, FRAP y GRAPO, salpicadas de enfrentamientos violentos con riesgo para su vida. El policía cita alias de terroristas detenidos y su implicación en atentados, como los de la cafetería Rolando o el asesinato de Carrero Blanco.

El periodista Álvaro de Cózar es autor del trabajo de investigación más amplio sobre el comisario Villarejo. En V. Las cloacas del Estado, Cózar intentó cotejar ese currículum con otros protagonistas de los hechos descritos. “Hay cosas raras. Para empezar, su redacción es ambigua. Por ejemplo, en las operaciones que va señalando usa mucho el verbo participar. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Estaba ahí pegando tiros?, ¿tenía la misión de recoger información?, ¿o simplemente se enteraba de algo y pone ahora que participó en esos hechos? Intenté comprobar todos los detalles que da del País Vasco. No conseguí nada. Según él, participó en muchas de las operaciones importantes que se dieron en Euskadi, pero no sé, yo he hablado allí con mucha gente, periodistas, miembros de ETA y cargos de la lucha antiterrorista y no lo conocen de nada.”

En 1979, Villarejo da el salto de la lucha antiterrorista a la comisaría del madrileño barrio de Retiro. Allí, dice, resuelve “varios asesinatos y secuestros” y detiene a bandas de atracadores. Sin embargo, un testimonio que aparece en V. Las Cloacas del Estado le sitúa en labores muy diferentes. El histórico periodista Mariano Guindal, hoy jubilado, asegura que Villarejo le llamó a la agencia Colpisa el 24 de febrero de 1981 para explicarle que el rey estaba implicado en el golpe de Estado y que la familia real había sido trasladada a Portugal en helicóptero. Sabino Fernández Campo negó tajantemente esa información y lo achacó a “un intento de desestabilización por parte de los golpistas”. El artículo nunca llegó a publicarse. A petición de su jefe, Guindal envió la nota que había escrito a la Casa Real. Al día siguiente, Villarejo telefoneó al periodista: “Eres un hijo de puta, todo lo que te he contado está en la mesa del rey”.

De esa época consta su única intervención televisiva hasta la fecha, en el programa de Fernando García Tola y como portavoz del Sindicato Profesional de Policía. En su intervención, Villarejo hace una defensa de la nueva democracia, a pesar de que el periodista Jesús de las Heras le insiste en que su sindicato, que todavía hoy representa a la escala de mando de la Policía, tardó un día en condenar el golpe públicamente cuando éste ya había fracasado.

2. Empresas y fortuna

2. Empresas y fortunaEn el Cuerpo Nacional de Policía apuran sus últimos años o meses de servicio un pequeño grupo de policías que han compartido con Villarejo misiones y una peculiar versión del mandato que recibieron como funcionarios. Llegaron a la Policía en los estertores del franquismo o en los primeros años de democracia, procedentes de ambientes ultras. Comparten haber pasado por la lucha antiterrorista, el manejo de importantes cantidades de los fondos reservados, un alto tren de vida, éxitos policiales y encargos ajenos al puesto que desempeñaban de todos los gobiernos de la democracia. Pero si hay algo que diferencia a Villarejo de ellos es la estructura empresarial que el comisario creó durante una década fuera del Cuerpo, de 1983 a 1993.

A su regreso, en 1995, Villarejo participó en la Operación Veritas, que situaba al policía Enrique García Castaño en el centro de una red de corrupción policial y crimen organizado con la que se vinculaba también a Baltasar Garzón, objeto de una de las notas informativas en la que se desacreditaba al juez. Esa nota es la que se conoció después como informe Veritas. 

Como consecuencia de aquello, Villarejo fue desterrado de su puesto como “agente encubierto”, según lo describe él mismo, a otro en la Jefatura Superior de Madrid. El 16 de enero de 1995, el entonces inspector jefe firma una carta a sus superiores exigiendo que se le reponga en su destino, negando acusaciones y destacando sus méritos. En ella, da su versión sobre las empresas que ha mantenido a pesar de haber regresado al servicio activo.

Villarejo explica que, ante la creación de una nueva Brigada Central de Inteligencia, se le planteó la necesidad de contar con “personal de la más absoluta confianza que realizara actividades aparentemente al margen de la Comisaría General de Información y que dispusiera de infraestructura en funcionamiento, empresas o negocios dedicados a las más diversas actividades”. Aseguraba que se le planteó para compensar el hecho de que hubiera puesto esas empresas al servicio del Ministerio del Interior en su etapa en excedencia sin cobrar “por sus servicios”. 

También escribe que se le garantizó poder continuar con esas empresas sin renunciar a sus “cotidianas actividades privadas, manteniendo eso sí, la máxima discreción en actividades de investigación privada”. Veinte años después, el 15 de marzo de 2015, El País publicaba en portada: “El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital”. La información llegaba en plena tormenta por la publicación de la grabación a Ignacio González, que precipitó el final de la carrera política del dirigente del PP, pero que también terminó por sacar del anonimato a Villarejo.

Un despacho de abogados, un parque de recreo, una consultora, detectives y hasta una clínica en Málaga componen el entramado empresarial del policía. Villarejo explicó el origen de su fortuna en la declaración como imputado por la grabación ilegal a un grupo de policías y agentes del CNI que investigaban al Pequeño Nicolás. Allí, en sede judicial, habló de la recalificación de un terreno familiar en el centro de Córdoba que le supuso unas plusvalías de 16 millones de euros. La alcaldesa, Rosa Aguilar, era de Izquierda Unida, según se encargó de recalcar ante el juez.

La sede de su pequeño emporio está en Torre Picasso, en la zona de negocios de Madrid. Villarejo vive en un chalet en Boadilla del Monte. O vivía, porque en la declaración ante la jueza el verano pasado aseguró cambiar cada noche de residencia por seguridad y también por los desencuentros con su mujer a raíz de las últimas informaciones. El comisario suele conducir un todoterreno que ronda los 100.000 euros. 

3. Los periodistas “infiltrados”

3. Los periodistas “infiltrados”La frase aparece en el documento de 1995. Villarejo se refiere a su encuentro con un superior: “Aprecié que no hizo referencia a mis infiltrados en los medios de comunicación”. Así se refiere a los periodistas con los que trata, como “infiltrados” que trabajan para él.

La confidencialidad de la relación entre periodista y policías se ha visto rota en los últimos tiempos por los sumarios que afectan al comisario Villarejo. Unos han tenido que ir a declarar como testigos por noticias que podrían haber salido del policía, como la grabación del caso del Pequeño Nicolás. Otros son descubiertos por el propio agente. Ocurre en el caso de la doctora Pinto, la mujer que denunció al poderoso empresario Javier López Madrid, amigo de los reyes, por acoso y que fue pinchada en el costado el 10 de abril de 2014 por un hombre que ella ha identificado como Villarejo.

En un escrito presentado al juzgado el verano pasado, el policía asegura que a esa hora estaba reunido con los periodistas de El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. El hoy director de okdiario.com asegura tener un ticket que le sitúa comprando un regalo en la tienda Hermes de Madrid a la hora de la agresión. En un escrito más reciente, Villarejo solo se refiere a Urreiztieta cuando alude a ese encuentro como coartada.  

En los últimos años, Villarejo ha descubierto el poder de difusión de Internet y no se ha reprimido a la hora de utilizarlo, a pesar de que a un policía no le está permitido publicar sin autorización expresa. Su mujer está al frente de una web, informacionsensible.com, que pese a no contar apenas con periodistas y no ofrecer contenidos propios ha tenido exclusivas de casos como el Pequeño Nicolás, en los que se ve implicado el comisario.

Desde esa web se ha atacado a periodistas no afines al policía y se han adelantado textos de querellas presentadas por él que nunca han prosperado. Llama la atención, por otra parte, que las expresiones y la forma de redacción utilizados en algunos editoriales y por un desconocido Anselmo Cifuentes coincidan con las de querellas y escritos internos firmados por Villarejo o sus abogados.

Un joven periodista que trabajó en informacionsensible.com está imputado por haber hecho la llamada que supuestamente sirvió para activar un sistema de grabación instalado previamente en el teléfono móvil de otro comisario. Ese comisario, Marcelino Martín-Blas, estaba reunido con otros agentes y dos miembros del CNI para abordar el caso del Pequeño Nicolás. Por la llamada está imputada también Gemma Gallego, periodista y actual esposa de Villarejo, así como el propio policía.

La grabación acabó en varios medios de comunicación que difundieron la versión de que los policías, enemigos de Villarejo, y los agentes del CNI, el servicio de Inteligencia al que también está abiertamente enfrentado, habrían pinchado el teléfono del investigado de forma ilegal. El juzgado rechaza tal posibilidad.

4. El CNI, su enemigo número 1

4. El CNI, su enemigo número 1Un repaso a la trayectoria expuesta de José Manuel Villarejo Pérez permite constatar cómo ha logrado ser un personaje anónimo durante décadas, a pesar de haber participado en los casos más mediáticos, desde el 23-F a la Gürtel. Pero eso comenzó a cambiar en 2014.

En poco tiempo, aparecieron anotaciones sobre Villarejo en el registro al Pequeño Nicolás, trascendió la grabación a Ignacio González, fue señalado en el apuñalamiento a la doctora Pinto, también en la grabación ilegal a sus compañeros… El comisario cree que se enfrentó a un poderoso enemigo y que éste es el responsable del foco mediático sobre él y la merma del poder que le confería la penumbra.

Ese enemigo al que señala es el CNI, la institución que por ley tiene atribuidas las funciones de Inteligencia que Villarejo y su último jefe, el comisario Eugenio Pino, consideran que también tiene la Policía. De esa convicción sin soporte legal nace la estructura que albergó la policía política de la Operación Cataluña y cuya existencia comenzó a vislumbrarse con el caso del Pequeño Nicolás.

En el Centro Nacional de Inteligencia niegan cualquier actuación contra Villarejo e insisten en que el servicio secreto español tiene amenazas más graves de las que ocuparse, como el terrorismo yihadista o los ciberataques. Sin embargo, la insistencia del comisario en vincular al CNI con operaciones ilegales a través de notas internas, que luego son publicadas en algunos medios, o las querellas en los juzgados están colmando la paciencia del servicio de Inteligencia.

Una de esas notas aseguraba que el CNI negoció con Pujol para que éste no revelara supuestas cuentas del rey en Suiza. El Centro niega rotundamente esas afirmaciones. Cuando fueron publicadas por El Mundo, un portavoz de la Inteligencia española, en un hecho inusual, dijo al periódico: “Cuando el CNI recibe un órdago, dice quiero”.

Agentes del CNI participaron en la investigación al Pequeño Nicolás, toda vez que el joven se hacía pasar por representante de altas instituciones del Estado y que incluso fingía tener un trato personal con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que depende el servicio secreto, e incluso con la propia dirección del Centro.

El comisario Villarejo denunció en los juzgados en mayo de 2015 que existe una organización criminal integrada por agentes del CNI, el comisario Martín-Blas y su segundo, el periodista Javier Ayuso y dos fiscales Anticorrupción que se dedican a fabricar pruebas falsas para destruirle. El motivo, según el policía, es que se ha atrevido a denunciar públicamente el robo por parte de espías españoles de tres millones de euros, parte del rescate destinado a liberar en Siria a los periodistas Javier Espinosa y Ricardo García-Vilanova.

Detrás de esa organización estaría la propia vicepresidenta del Gobierno y su jefa de gabinete, María Pico, aunque Villarejo no las señalaba como querelladas porque no podía “probar fehacientemente su participación”. El comisario presentó la denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla y el Tribunal Supremo por estar algunos de los señalados en condición de aforado. Un juzgado de Plaza de Castilla inadmitió de plano. El Tribunal Supremo derivó la causa al Superior de Justicia de Madrid, que hizo lo propio.

El tribunal califica el relato del comisario de “prolijo, abigarrado y a veces disperso”. Y añade que carece de “indicios mínimamente fundados”. A pesar de ello, el comisario insiste. Jordi Évole ya ha adelantado que el supuesto robo del rescate será una de las denuncias que Villarejo recupera durante la entrevista grabada. Cuarenta y ocho horas antes de su emisión, ha trascendido que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado investigar la última denuncia del policía, en este caso contra Sanz Roldán y un periodista de El País, por la publicación de una foto suya reciente y el supuesto riesgo que para su vida habría entrañado.

5. La guerra de comisarios

5. La guerra de comisariosUno de los ciudadanos chinos implicados en la Operación Emperador contra el blanqueo de capitales denunció presiones de una agente del servicio secreto para que implicara en la trama a un grupo de policías, entre ellos Carlos Salamanca, amigo personal de Villarejo y antiguo miembro del servicio de Información de la Policía. La denuncia fue archivada, no así la investigación a Salamanca y otros policías, aunque el primero nunca llegó a sentarse en el banquillo y los que lo hicieron fueron absueltos.

Pero en el transcurso de la Operación Emperador, Villarejo encontró a otro enemigo de por vida, el también comisario Marcelino Martín-Blas. Este siempre fue uno de los policías de referencia del Partido Popular. Cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones de 2011, Martín-Blas fue nombrado jefe de Asuntos Internos. El comisario Pino, director adjunto operativo, ya tenía reservada unas funciones “alternativas” a esa Unidad, que pasaban por prestar agentes para desplegar sobre el terreno la Operación Cataluña. Así, Martín-Blas y Villarejo trabajaron codo con codo en las investigaciones prospectivas a políticos soberanistas. Hasta que Martín-Blas comenzó a investigar a Carlos Salamanca en la Operación Emperador y se atrevió a señalar a un hijo de Villarejo en uno de los informes al juzgado.

La guerra que se desató fue total. Villarejo logró que Martín-Blas, a pesar de su cercanía al partido en el poder, fuera cesado. Las especulaciones sobre lo que sabía Villarejo de Jorge Fernández Díaz y el resto de la cúpula de Interior se multiplicaron. El juez del caso Nicolás recuperó a Martín-Blas para investigar a sus órdenes la pieza separada de la grabación ilegal. En junio de 2016 el policía presentó un informe al juzgado solicitando una serie de detenciones e imputaciones, incluidos Pino, Villarejo y una serie de periodistas. Su informe, de más de 500 páginas, concluía que una red en la cúpula del Ministerio del Interior protegía al comisario Villarejo.

Ese juez, Arturo Zamarriego, imputó a Villarejo, a su mujer y al periodista de informacionsensible.com, y evitó hacer lo propio con el resto. Sin embargo, abrió un número indeterminado de piezas separadas que a día de hoy permanecen secretas. Zamarriego ascendió a la Audiencia de Madrid y dejó el caso en manos de otra magistrada.

Más de un policía ha escuchado a Villarejo jurar que no descansará hasta que la cárcel acoja a Martín-Blas, al que considera un peón del CNI. Martín-Blas, jubilado el pasado abril, ha dejado a su segundo, el inspector Rubén Eladio López, continuar con la investigación a Villarejo por la grabación ilegal.

6. La Operación Cataluña

6.La Operación CataluñaEl año 1993 aparece en el currículum de Villarejo como el de su regreso oficial a la Policía. A partir de ese momento se refiere a su actividad en bloques, según los servicios prestados a la lucha antiterrorista, contra ETA y el yihadismo, o en materia de crimen organizado.

En otras ocasiones alude a trabajos que le deberían ser ajenos a la Policía, como cuando menciona un “viaje a Irak, antes y después de la guerra de 2003, para apoyo de inteligencia a servicios amigos (especialmente EEUU) con ayuda de Monzer Al Kassar”, el traficante de armas que hoy cumple condena en una cárcel estadounidense, colaborador de Villarejo que facilitó la captura del narcotraficante Laureano Oubiña en Grecia en 2000.

Cuando Mariano Rajoy se convierte en presidente del Gobierno, José Manuel Villarejo Pérez está destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. El comisario había vuelto como “agente liberado” con José Luis Corcuera en el Ministerio del Interior y así continuó durante los gobiernos de José María Aznar. El último encargo conocido que le hizo la cúpula policial de Rubalcaba fue meterse en la investigación del ático de Ignacio González, una pieza política de caza mayor.

Con su historial, Villarejo parecía abocado a participar en las maniobras policiales orquestadas en el ministerio de Jorge Fernández Díaz contra el soberanismo en Cataluña. eldiario.es publicó que en marzo de 2015 fue condecorado con una medalla pensionada por ello. 

Pero la medalla no parece el mayor tesoro obtenido por el comisario en Cataluña. Con su férrea dedicación a grabar cada encuentro que mantiene, los rumores se desatan sobre qué instrucciones de los responsables políticos del Ministerio puede tener registradas. Fernández Díaz ha dicho después que apenas le conoce, pero su número dos, Francisco Martínez, tenía trato directo con él, y el fin de semana que se detiene al Pequeño Nicolás intercambian dos llamadas.  

Mientras los investigadores registran la casa del presunto estafador, donde aparecen notas sobre Villarejo, el secretario de Estado de Seguridad y el comisario hablan por sus teléfonos móviles 14 minutos. Ambos aseguran que de terrorismo yihadista. En el informe del caso que Martín-Blas confecciona para el juez se tratan esas llamadas con “especial atención”. Cabe recordar que la conclusión de ese informe es que la cúpula de Interior está tapando las presuntas ilegalidades cometidas por Villarejo.

La Operación Cataluña ha servido a Villarejo para dar avisos. Lo hizo cuando declaró como imputado en el caso de la grabación ilegal, testimonio del que nace el término ‘Operación Cataluña’. Aunque él nunca llegó a pronunciar la palabra “operación”, explicó sus viajes en compañía de Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, para buscar información de políticos catalanes. Villarejo comenzaba a dar detalles de las maniobras que Interior negaba. Y lo hacía sabiendo que la declaración estaba siendo grabada.

Villarejo había sido imputado y de nada servían las declaraciones que hizo el ministro cuando se conoció su patrimonio millonario. “Ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento”, dijo entonces Fernández Díaz. 

A nivel interno se ordenó una suerte de investigación sobre el patrimonio y la filtración de la grabación a Ignacio González que concluyó que no había nada que reprochar al comisario. El encargado de la misma fue un inspector jefe, por debajo en el escalafón de Villarejo y que trabajaba junto a él en la Dirección Operativa. Las grabaciones a Fernández Díaz en su despacho y varios sumarios hacen concluir que ese inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago, era entonces el número dos de la policía política.

7. Una mano negra en la Justicia

7. Una mano negra en la Justicia¿Qué hace una asociación dirigida por la mano derecha de Villarejo personada en los casos Lezo, Campeón (donde estuvo imputado José Blanco) o la fuga de Esperanza Aguirre? En todos ellos, obtener de primera mano la información incorporada al sumario. En el caso de la expresidenta madrileña, resultar determinante para que no se sentara en el banquillo.

Transparencia y Justicia, que así se llama la asociación, ejerció la acción popular durante el proceso, pero se retiró en el momento clave. En cuestión de días, Villarejo había contribuido a la caída de Ignacio González, con la publicación de la nota sobre su encuentro grabado, y había salvado a Esperanza Aguirre. Villarejo es amigo personal del empresario Ignacio López del Hierro desde antes de que éste se casara con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Al frente de Transparencia y Justicia está el abogado Rafael Redondo, socio del conglomerado empresarial de Villarejo y el hombre que fue a buscar a la amante de Pujol Ferrusola a la estación de Atocha para conducirla a la UDEF y que denunciara lo que decía saber del hijo mayor del expresident. Así consta en el sumario del caso.

Rafael Redondo es, a su vez, socio de Ángel Benseny, un forense de los juzgados de Plaza de Castilla que detenta Schola Iuris, escuela jurídica que hace diez años ofrecía un master de especialización penal en el que impartieron clase, cobrando, desde el exjefe de Anticorrupción, Manuel Moix, pasando por el poderoso presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y hasta el mismo fiscal general del Estado, José Manuel Maza.  

Josep Pujol declaró en la Audiencia Nacional que Villarejo le citó en el despacho de otro abogado, Javier Iglesias, para ofrecerle tumbar el caso judicial contra la familia del expresident si éste hacía una declaración pública contra el proceso soberanista. Fuentes de los servicios de Información reconocen que aún está pendiente una investigación sobre la actuación de Villarejo y sus colaboradores en distintos casos judiciales con la intención de reventarlos.

En la actualidad hay una investigación en un juzgado de Andorra por la denuncia de los dueños de la banca BPA por extorsión contra Martín-Blas y otro policía. Los Cierco denuncian que les amenazaron con la intervención del banco si nos les facilitaban las cuentas de los Pujol. Si prospera, la causa contra los Pujol por corrupción se puede ver comprometida. Villarejo ha salido en auxilio de los Cierco y contra Martín-Blas y ha aportado notas informativas realizadas por él que supuestamente acreditarían esas maniobras en las que él, dice, no ha participado.

8. La agresión a la doctora Pinto

8. La agresión a la doctora PintoJavier López Madrid es amigo del rey de España desde la infancia y, más recientemente, de la reina Letizia, como acreditan los mensajes de ánimo que la pareja envió al empresario en pleno escándalo de las tarjetas black. En 2013, una prestigiosa dermatóloga madrileña denunció al poderoso empresario por acoso. Fue imputado, se dictó una orden de alejamiento y él también denunció a la doctora, que a día de hoy sigue imputada en otro juzgado. En pleno conflicto, el yerno de Juan Miguel Villar Mir recurrió a un grupo de comisarios con los que mantiene “una estrecha relación”, según concluyó la Guardia Civil al analizar el teléfono del consejero de Ferroglobe.

Entre esos policías figura Villarejo, al que el empresario dijo en sede judicial no conocer. De esa declaración debió retractarse después ante las evidencias de decenas de llamadas entre ellos. El comisario asegura que se lo presentaron y que se limitó a invitarle a denunciar. A López Madrid y Villarejo los presentó Francisco Granados, según fuentes policiales. Granados dice conocer a los dos pero niega que fuera quien los pusiera en contacto. La doctora asegura que Villarejo es el hombre que el 10 de abril de 2014 se abalanzó sobre ella en plena calle y la pinchó en el costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”.

Otra vez, el Ministerio del Interior salió al rescate de Villarejo. En mayo de 2015, después de trece denuncias ignoradas ante la Policía, el comisario de Chamartín recibió el soplo de que Villarejo podía ser el agresor. Organizó un reconocimiento con fotografías y la doctora le reconoció “sin ningún género de dudas”.

A partir de ahí comenzó un calvario para el comisario Jaime Barrado. Una encerrona en su despacho con dos abogados empleados de Villarejo sirvió para que Interior le abriera un expediente y, primero, lo desterrara a una comisaría conflictiva, para después apartarlo del servicio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó reintegrarlo en el Cuerpo. A día de hoy, ya jubilado, sigue imputado por el suceso con los abogados de Villarejo en un juzgado que mantiene estancada la causa.

La jueza del caso de acoso, por su parte, citó en 2015 a Villarejo para una rueda de reconocimiento en dos ocasiones, pero desde el Ministerio del Interior se le excusó por viajes profesionales en el extranjero. Después, llegaron unos informes policiales que señalaban a la doctora como la auténtica responsable del acoso. El caso se archivó y Villarejo pudo olvidarse de la acusación. Hasta que la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado el caso y ha ordenado reabrirlo. Quedaban diligencias pendientes, entre ellas la rueda de reconocimiento al comisario. La doctora le ha señalado sin dudar y la jueza lo ha imputado. La defensa de la mujer denuncia un “montaje policial” para exculpar a Villarejo y, de paso, al amigo de los reyes.

9. La Iglesia de la Cienciología, el expediente

9.La Iglesia de la Cienciología, el expedienteEn los archivos de la Policía consta el expediente 31.315 abierto a Villarejo a raíz de la investigación judicial al policía por su implicación en un turbio caso con la Iglesia de la Cienciología, ejerciendo en ese caso de detective privado.

El 18 de noviembre de 1990, el diario ABC titula: “La secta de la Cienciología utilizó a policías para encarcelar a un inocente”. Villarejo fue condenado por haber utilizado a un toxicómano para que mintiera e implicara en un robo a un pintor que había puesto en marcha un centro de rehabilitación que la Cienciología consideraba que le hacía la competencia. Villarejo estuvo condenado, y eso hubiera supuesto su expulsión de la Policía, pero el caso llegó hasta el Constitucional, que revirtió el sentido del veredicto.  

También consta en su expediente el atropello a un peatón en 1983 y otro accidente de tráfico tres años después, sobre el que no aparecen más datos. Todos estos hechos tuvieron lugar durante su etapa de excedencia, en la que ejercía como detective privado, entre otras actividades. El pasado año, la Policía abrió otro expediente a Villarejo por los mensajes amenazantes enviados al comisario Barrado, el policía que le investigó, y a otro mando al que está enfrentado. En los mismos les retaba a verse las caras mientras les llamaba “mierda” o “basura”.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha inadmitido la querella presentada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo contra el director del CNI, Félix Sanz Roldán, y un periodista de El País, a los que acusaba de poner en riesgo su vida por difundir una fotografía tomada mientras, según su versión, participaba en un operativo antiterrorista, informaron a eldiario.es fuentes jurídicas. 

Moreno ha dictado un auto en el que asegura que no hay indicios de delito en el escrito de la querella presentada por Villarejo y cuyo contenido difundió okdiario.com el pasado 2 de junio.

La decisión del magistrado, adelantada por La Sexta, trasciende cuando quedan 48 horas para que la cadena emita una entrevista al comisario Villarejo en la que éste volverá a cargar contra el CNI e insistirá en su denuncia de que miembros del servicio de inteligencia se quedaron con parte del rescate millonario de unos periodistas españoles secuestrados en Siria. Otra denuncia en ese sentido ya fue archivada en 2015 por un juez de Plaza de Castilla y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

En esta ocasión, Villarejo acusaba al director del CNI y al periodista Javier Ayuso de haber puesto en peligro su vida con la publicación de una fotografía del policía y del comisario José Luis Olivera descendiendo de un avión en el aeropuerto de Melilla. La fotografía se publicó el 25 de mayo, días antes de que la doctora Elisa Pinto fuera al juzgado a participar en una rueda de reconocimiento durante la que señaló a Villarejo como el hombre que la había apuñalado en plena calle tres años antes. 

“La referida foto fue realizada en la zona de pistas del aeropuerto de Melilla al descender del avión, lugar donde no está permitido el acceso a periodistas ni a personal ajeno”, decía Villarejo en la denuncia.

La instantánea, añade, “forma parte de un dossier que el CNI tiene en sus archivos desde hace dos años, lo que evidencia que la misma fue sin duda facilitada al periodista por dicha institución del Estado, como es lógico y natural, con el conocimiento y autorización de su máximo responsable Félix Sanz Roldán, pues una decisión de ese tipo -comunicación de un documento clasificado- sólo puede decidirla él mismo”.

La comparecencia de Félix Sanz ante la comisión de secretos oficiales ha dejado aparentemente satisfechos a los portavoces de los partidos en el Congreso. El general responsable del CNI ha contestado las preguntas de los diputados durante la reunión, que ha durado más de dos horas. A la salida, la mayoría ha coincidido en que es el Gobierno de Mariano Rajoy el que tiene que reclamar más información a EEUU.

Los asistentes a la comparecencia han asistido a una proyección que ha acompañado la exposición inicial de Sanz. Con esos datos ha convencido a los portavoces de que la actividad del CNI se ajusta a la ley y que la agencia española no la ha vulnerado. Según les ha explicado, los metadatos obtenidos en el espionaje masivo no han sido obtenidos dentro de nuestras fronteras sino que proceden de zonas de operaciones fuera del país.

La declaración de la socialista Soraya Rodríguez a la salida de la reunión abona esta tesis ya que ha hecho hincapié en que “los derechos de los españoles se respetan y están garantizados”. Ahora, ha asegurado, es el turno de que “hable la inteligencia norteamericana y dé explicaciones de forma clara y exhaustiva”.

Cayo Lara también se ha conformado, aunque con menos entusiasmo. Lara ha dirigido 15 preguntas a Sanz y ha recibido respuesta a todas ellas, con lo que ha salido de la comparecencia “más o menos tranquilo” pero sin tener una “tranquilidad absoluta”. Su “inquietud” se centra, como en el caso del PSOE, en el papel de EEUU.

Además del portavoz del PP, Alfonso Alonso, el más entusiasmado con el resultado ha sido Jesús Posada. El presidente del Congreso ha calificado la reunión de “esclarecedora y muy satisfactoria” por la información compartida por Sanz. Nada más terminar, lo primero que ha hecho Posada ha sido informar a los periodistas de que había recordado a los asistentes el carácter secreto de lo hablado dentro: “Si no les cuentan nada es porque les he pedido que no lo hagan”.