2020 ha sido un año intenso en lo informativo incluso más allá de la COVID-19. Fue intenso el arranque con la caída del vertedero de Zaldibar en febrero, los contratos de Montai y la resaca de la sentencia del 'caso De Miguel' de corrupción y la continuidad de la investigación de las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza. Además, en la política Podemos y PP han vivido sus particulares crisis mientras el PNV ganó con solvencia las elecciones autonómicas -la pandemia las movió de abril a julio en una decisión para la historia, lo mismo que la sesión telemática del Parlamento- y gobierna con mayoría absoluta fruto de su acuerdo con el PSE-EE. EH Bildu, entre tanto, ha sido un actor determinante en Madrid.

No existen argumentos científicos para determinar el momento concreto del destete en la infancia; trasladándolo a nuestra democracia, tampoco existen. Sabemos -porque lo dicen los expertos en lactancia- que con la aparición de un nuevo embarazo se produce de hecho. ¿Estaremos políticamente viviendo un nuevo estado de buena esperanza? ¿Será una nueva luz que desea iluminar con más fuerza la democracia? ¿Será un cambio? Dicen los pediatras que cuando un destete no es voluntario se pueden producir rabietas, hay tendencia a chuparse el dedo, usar chupetes e incluso algunos quedan frustrados.

En la actualidad, algunas grandes empresas que viven de la teta del Presupuesto están nerviosas porque temen un destete, y la oposición, que es su muleta política, parece estar sumida en la frustración, reaccionando con una violencia sin precedentes. Aunque no es nuevo: ya los primeros gobiernos del socialismo sufrieron ataques parecidos a los que ahora vivimos, con argumentos casi idénticos. Hace cuarenta años nos decían que la Economía se hundiría, que las segundas residencias serían incautadas, que cerrarían las iglesias, que intentar negociar para acabar con ETA era una traición, y que la asignatura Educación para la Ciudadanía suponía un adoctrinamiento político. Y así seguía una larga letanía que orquestaban los perennes organizadores de la crispación: ciertos políticos, y ciertos medios de comunicación.

El problema está muy directamente relacionado con las grandes empresas españolas y el sector financiero: ni unos ni otros saben vivir sin estar enganchados a la teta del Presupuesto. Esto explica las presiones en los concursos públicos y los manejos para influir en la redacción de las cláusulas, antes de que aparezcan en los boletines oficiales. Mucho tendrían que decir los que rodean a todo ese grupo de influyentes que se maneja demasiado bien entre bastidores, en los palcos de los estadios deportivos o en los salones privados de los mejores restaurantes. Si las Agendas Públicas fueran como debieran ser, nos enteraríamos de esa vida opaca que esconden, pero faltan los elementos comprobantes: los alertadores que viven en esos entornos -y que saldrán cuando tengamos una ley que les proteja- mucho podrían denunciar. Hoy solo los héroes pueden dar ese paso. Los hay, pero son excepciones.

Imaginemos por un momento las ganancias de los bancos por la forma en que han interpretado ciertos derechos, cuyos gastos trasladaron a los clientes hasta que se produjo la justa interpretación y se puso punto final. Observemos también los presupuestos de las Autonomías, o de las Administraciones Locales, donde han estado incrementando la deuda siempre que favoreciese hacer proyectos que ellos se adjudicasen. Carreteras, aeropuertos, hospitales, auditorios, instalaciones deportivas y tantos elefantes blancos que nos han dejado por todo el territorio, que hemos tenido que ir convirtiendo en burros de carga de por vida para la ciudadanía que está pagando sus costes e intereses. ¿Quién ha endeudado al sector público? ¿Quién ha disminuido los fondos de pensiones? ¿Quién ha fomentado el dinero negro, sus tarjetas black y tantas cuentas en paraísos fiscales?

Muchos de esos grupos de presión practican una Economía en cierto modo irracional, sin lógica, lo que nos sitúa al borde de un abismo que les resulta rentable. Y que les interesa porque siempre se presentan como salvadores. Y fomentan la idea de que una mínima subida salarial -como la que se pretende- será una catástrofe, cuando se demuestra que es todo lo contrario:  expande el consumo y beneficia. Observamos con preocupación las soluciones que están dando en todos los sectores: concentrarse, dominar los mercados y terminar con la libre competencia. Cuanto más dominan, mejor es su estatus de poder, y de esa forma sus cuentas de resultados siempre se aseguran una parte sustanciosa de todos los presupuestos públicos.

Esa labor, que se realiza desde la opacidad, es la que ha promovido y financiado el populismo de las extremas derechas de nuestro espacio social. Por un lado, luchan contra el Estado y por otro viven de su presupuesto, y solo cejan cuando el Estado es de los suyos. La agresividad seguirá subiendo, porque el miedo que causan en la ciudadanía juega a su favor.

Y, entretanto, la sociedad progresista está inmersa en un proceso interno equivocado, porque se dedica a gobernar lo público lo mejor que pueden, sin darse cuenta de que por muy bien que se haga es imposible no tener fallos o sufrir zancadillas desde los vericuetos de las Administraciones. Deberían ver que el reto es dar y hacer llegar un mensaje claro y directo a todos los que no se reconozcan entre los poderosos de esta sociedad: que se espabilen y que sepan dar buena cuenta de lo que hacen y de lo que no les dejan hacer. Porque no basta con responder como en un examen de un Máster, sino que es preciso movilizar a la ciudadanía, empoderarla con la participación y el control, sin miedos. Y abrir las instituciones y el gasto público. Tareas militantes de otros tiempos como las que hacían los sindicatos y las asociaciones de la sociedad civil siguen siendo precisas.

Vivimos un periodo nuevo para una sociedad que se encuentra en periodo de reconstrucción. Y en ese proyecto entra de lleno la Educación a todos los niveles y la creación de nuevas formas de vida asimilables por una ciudadanía que se enfrenta al riesgo de la indiferencia. Elaboremos entre todos nuevas estrategias; alejémonos cuanto antes de las pequeñas aristas que nos separan y busquemos una plataforma común para un proyecto de futuro, en el que no quede ningún ciudadano indiferente. Algún día espero que los buenos ciudadanos salgan de la indiferencia, porque ésta es la que está dando un poder infinito a los que desde siglos nos dominan y no quieren ser destetados.

A todos los lectores les deseo un 2021 de gran esperanza por un nuevo futuro

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Los de 2021 serán los primeros Presupuestos Generales desde 2018, tras dos años con las cuentas del anterior Ejecutivo prorrogadas. Los nuevos números llegan marcados por la pandemia y por la fractura en el hemiciclo: se afianza el bloque de la investidura y se alejan aún más las izquierdas de las derechas.

Analizamos las implicaciones políticas de los presupuestos con Virginia Pérez Alonso, directora de Público, con Paloma Cervilla, periodista de ABC, y con Ignacio Escolar, director de eldiario.es.

Y diseccionamos las cuentas del Gobierno de coalición con Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, y con Eduardo Garzón, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid.

Para cerrar el programa, vuelve la voz del ecofeminismo Yayo Herrero con su sección “Crudités”, que nos habla de derecho a una alimentación saludable, y una sección más de Borbonadas.

La diputada nacional del PSOE Carmen Baños ha asegurado que si salen adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la Región de Murcia se beneficiará de la mayor inversión en gasto social de la historia.

“Si algo ha puesto de manifiesto el Gobierno de España en esta gran crisis, es que por encima de todo están las personas. En este sentido, el cuidado de las mismas y el sistema que en torno a ellas se articula en todos los sentidos se ve dotado de fondos para que nadie quede atrás, desde nuestros mayores, hasta nuestros jóvenes, sin olvidarnos del sistema de cuidados, después de los recortes que sufrido durante los años de gobiernos del PP”, ha señalado.

Carmen Baños ha asegurado que se consolidará el Ingreso Mínimo Vital; se garantizan unos recursos dignos y a los mayores a través de la revalorización de las pensiones; se incrementan las ayudas a los más desfavorecidos para luchar contra la desigualdad y lograr la igualdad de oportunidades laborales, educativas y de acceso a una vivienda digna, y se aumentan las partidas destinadas al sistema de atención a la dependencia y a la prestación de servicios sociales.

En este sentido, ha anunciado que las personas de la Región de Murcia que se benefician de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, recibirán en 2021 más de 85 millones de euros, y las que se benefician de las prestaciones familiares por menor a cargo o con minusvalía, recibirán 55 millones.

También ha dicho que la Región Murcia se beneficiará del incremento de 600 millones de euros de la dotación a la dependencia, para alcanzar 2.354 millones en 2021. En 2020 ha recibido el 4 por ciento de estos fondos.

Además, Carmen Baños ha indicado que el reparto entre las comunidades autónomas de los 750 millones de euros destinados a impulsar la economía de los cuidados y asentar el Estado del Bienestar se acordará en el Consejo Interterritorial y que el importe estimado que le corresponde a la Región podría superar los 20 millones de euros.

La diputada socialista ha añadido que la igualdad real entre hombres y mujeres es una de las prioridades del PSOE y del Gobierno de España, por lo que se ha incrementado el permiso de paternidad de 12 a 16 semanas, equiparándose así el permiso de maternidad y paternidad, con 9.000 beneficiarios murcianos.

“El dinero no puede ser nunca un impedimento para estudiar, y por eso vamos a incrementar las becas con una inversión de más de 95 millones de euros que van a beneficiar a más de 40.500 personas en la Región de Murcia, Además, la dotación para Región destinada a la atención de menores extranjeros no acompañados rondará los 600.000 euros, lo que favorecerá a más de 270 menores”, ha comentado.

De acuerdo con Baños “el Gobierno de España ha recuperado la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores eliminada por el PP”, lo que supone un importe estimado de más de 11,5 millones de euros que beneficia a las cuidadoras y cuidadores de la Región.

Para favorecer la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, ha explicado que se va a desarrollar un Plan de Choque por el Empleo Joven, del que se podrán beneficiar 26.300 jóvenes murcianos con una inversión de más de 28 millones de euros.

“También para mejorar la formación y la inserción al mercado laboral, la Región de Murcia contará con más de 13 millones de euros del Plan de Choque para la Formación Profesional y la Empleabilidad y otros programas de cooperación territorial para la FP”, ha concluido.

He estado debatiendo con mi pareja la conveniencia de escribir este artículo. Ella me ha repetido, quizás con razón, que habría gente que no me iba a entender, y otros que no me querrían entender. Verán, he sido durante más de una década un excelente Guardia Civil. Lo sé. Estoy convencido. Me premiaron más de lo que seguramente merecí. También he sido diputado autonómico y esto me ha permitido conocer a muchos actores de la política actual. Entre ellos, a independentistas vascos y catalanes. En el año 1991 ETA asesinó brutalmente a mi amigo Fran Robles en Pasajes. Sus padres son amigos de mis padres. He tenido que ver con tristeza al papá de Fran bailar con la mirada caída a su esposa cuando lo hacen en el centro de mayores del barrio donde vive mi madre. Es terrible. Morirán con pena. No es para menos. Ese dolor se puede hacer extensible sin duda a quienes conocimos a Paco Robles y obviamente a sus amigos y demás familiares. Quede patente por tanto mi dolor y el asco absoluto a quienes han matado a amigos, compañeros y tanta gente inocente.

Cuando he sido portavoz de un grupo parlamentario, he subido al atril y he sido duro, muy duro con los asuntos relacionados con el terrorismo de ETA, con su totalitarismo, con su fanatismo sin sentido. Ese que se llevó por delante a tantas personas y niños y dejó herida física y psicológicamente a miles de personas. Ahí metí a mucha gente en la misma “saca” en parte, no me da ningún reparo reconocerlo, por desconocimiento. Cuando uno está enfadado e indignado, suele pasar. He sido un tipo despierto, siempre me ha gustado observar, experimentar, y sobre todo saber. He buscado siempre mi información. En los servicios en la policía pública me fue bien. Aprendes mucho. Sabes dónde tienes que ir a buscar si quieres saber. Pero tienes que querer, tienes que tener voluntad inequívoca de querer saber la verdad, aunque esta verdad no sea la más cómoda desde un punto de vista personal. Pero la verdad es la verdad. Habrá distintos prismas, pero solo puede haber una verdad.

También me ha tocado vivir con bochorno absoluto, y sobre todo escuchar las proclamas a favor de las víctimas del terrorismo por parte de algún partido político. Una indecencia dependiendo de dónde vengan. No voy a entrar en muchos datos, nunca jugué a eso, sobre todo porque a nadie beneficia. Y nada aporta. Y digo a nadie. Pero sí diré que es difícil “merendarse” algunos discursos hoy en día, de quienes negociaron con ETA, de quienes dejaron en libertad a muchos presos de ETA y sobre todo de quienes acercaron a presos de ETA cuando la banda aún asesinaba. Esos mismos que hoy critican el acercamiento político, y repito lo de político, a quienes abandonaron decididamente a los que defendían la lucha armada, los que también abiertamente han criticado los asesinatos y secuestros y los que han tenido la voluntad de acercarse a esas víctimas de la banda. Es un bochorno. No, esos que creen ser los portavoces, no son ni deben ser el referente de las víctimas del terrorismo, ni tampoco el altavoz. De hecho, nadie lo es. Cada víctima es un mundo y piensa de una forma diferente. Ha vivido su dolor también de forma distinta y los hay que han perdonado. Eso también considero que es un asunto dentro del ámbito totalmente privado y no público. El perdón es una cualidad humana, no se le puede exigir a nadie. 

Ejemplos claros de la diversidad de las opiniones de las víctimas del terror son por ejemplo María Jáuregui, hija del que fuera gobernador civil de Gipuzkoa. María pide “a cada preso” de ETA que reconozca que matar estuvo mal. María cree que hay que escuchar a todos. Porque simplemente todos son representantes legales del pueblo. Y cuando digo legales, es porque lo son, aunque esto produzca sarpullidos a un número elevado de ciudadanos. También pide respeto para su padre, para que nadie hable por él y que nadie manche su imagen, obteniendo o queriendo obtener un rédito político. Todos conocimos a su padre, y de lo que a nadie le cabe duda es de que fue un hombre bueno y dialogante. Con todos. Pues bien, las respuestas de algunos en redes sociales no se han hecho nunca esperar. Insultos. Frases hechas y mucha demagogia. 

Creo que nos deberíamos preguntar todos, ¿no es María Jáuregui una víctima o hija de víctima (como diría ella) autorizada? ¿no lo es también la hija de Ernest Lluch, y tantos otros que han apostado por el diálogo y el entendimiento? Porque si ellas no lo son ¿quiénes lo son? ¿Aquellos que únicamente luzcan el carnet de un partido político determinado? Para mí si lo son, al igual que José Elespe, hijo de Froilán Elespe, concejal socialista de Lasarte asesinado por ETA en 2001, quien repite que está feliz porque ya no exista ETA y que prefiere que se encare el problema catalán desde el diálogo. Al igual que lo es quien discrepa y lo ve de forma distinta como José María Múgica que siente “náusea infinita” al ver a Sánchez intentando alcanzar un acuerdo con el partido abertzale. Oiga, lo repito, igual de digno e igual de respetable. Todos y todas. El cinismo es lo que no cabe. 

Hace un tiempo conocí a Jon Iñarritu, cuando era senador de Bildu. Antes me había desplazado en más de una ocasión a la prisión de Lledoners para visitar y saber más de los presos catalanes. Me interesó y me interesé más por saber. También visité al president Puigdemont en Waterloo y a Marta Rovira en Ginebra. Cuando conocí a Jon, lo hice en una cafetería. Cercana al Senado. Yo creo que él iba con desconfianza al principio. Imagínense un tipo como yo, que había prestado servicio en un área de investigación e información de la Guardia Civil y además que había representado a un partido político en las Cortes Valencianas, que cada vez se afincaba más en la derecha, por no decir en la extrema derecha para algunos posicionamientos. Yo le expliqué a Iñarritu el motivo de estar allí con él, y él a su vez me comentó varias cosas. Yo le hice una pregunta incómoda sobre el asesinato de Fran Robles. Él supo responderla de forma tranquila, sosegada, y sobre todo sin ambigüedad. Para el que no lo sepa, Jon viene de Aralar. Y sin querer entrar en muchos más detalles, sepan que Aralar nace también condenando la violencia. Sobre su respuesta y demás, no viene al caso comentar mucho, pero sí les diré que yo regresé a mi casa sabiendo más cosas interesantes, novedosas, y afrontando que Jon y yo estamos en las antípodas de un acuerdo político y de ideas, pero que también nos respetamos y nos reconocemos. Y lo más importante, sé que Jon pertenece a ese grupo de Bildu que condenan la herencia del terror, que está en ese sector como Oskar Matute, de posibilistas y pacifistas porque nunca, y repito lo de nunca, apostaron por la violencia. Se preocupan de que su pueblo avance en infraestructuras, sanidad, educación, etc. 

Considero que habría que remar más para que triunfen aquellos sectores posibilistas de la izquierda abertzale que se alejan más de los herederos de Txapote y Santi Potros y se acercan más a postulados mucho más constructivos y decentes como los de los actuales dos diputados que he mencionado. Aún recuerdo el vídeo que visualicé de Oskar Matute donde decía que “la sociedad vasca sería más libre, justa e igualitaria sin la lucha de la banda terrorista”. Creo que no se puede ser más claro. Pero hay más declaraciones.

Como en casi todas las coaliciones o partidos grandes, existen dos caras (al menos). Ejemplo en el PSOE actual es la cara de un Sánchez que cogió mochila en mano y se lanzó a liderar un PSOE que estaba viejo en estructuras y quizás también en nuevas ideas, y el PSOE de “la vieja guardia” que quiere imponer aún el zancadilleo y el codazo para hacerse paso, al coste que sea.

En una banda terrorista como ETA se imponían siempre los del terror, ETA político-militar, quitándose de en medio a quien pensaba distinto o quería otra forma de lucha que no fuese la del tiro en la nuca. Véase el ejemplo de Yoyes. 

En Bildu es necesario que los posibilistas sigan avanzando, aunque los sigan insultando y los sigan increpando como terroristas. No lo son. Óiganmelo decir a mí, no lo son. Hoy por hoy hay un pegamento que une a Bildu y que es irremediable si uno quiere seguir haciendo política en las instituciones, y ese pegamento se traduce en dos motivos, el primero en apostar inequívocamente por la ausencia de violencia, y el segundo en apostar también por un estado independiente del pueblo vasco. Se podrá estar totalmente en contra de este último postulado, pero eso no los hace terroristas. Hoy, guste o no, son un partido legal que representa la segunda fuerza en el parlamento vasco. Poca broma. No, Bildu no es ETA, no mientan, que ya no tragamos.

Voy al final de la cuestión. ¿Está el Presidente Sánchez pactando con Bildu? Estoy convencido de que no. Está siendo un hombre pragmático, y está haciendo lo que le pide Europa. Lo fue para conseguir auparse como el líder de los socialistas y lo está siendo con los PGE 2021. Sacará adelante con casi toda seguridad unos Presupuestos más que necesarios en la situación actual. ¿Qué dirán aquellos que exigían al entorno abertzale apostar por el parlamentarismo y no por las pistolas ahora que eso es así, y siguen hablando de ETA? Parece que ahora que está Bildu en el Parlamento aún necesitan exabruptos para subsistir. Les recomendaría que olviden los discursos de ETA, Venezuela, Podemos es el maligno, España se rompe, y un largo taralala para centrarse nuevamente en ideas (aunque sean conservadoras) que ayuden a los españoles a salir de este lodazal que se llama crisis de la COVID. Creo que Sánchez está abriendo la puerta a la mejor parte de Bildu, la que apuesta por hacer política y no otra cosa.

No se le exige olvido ni perdón a nadie, lo que sí que se exige es reflexión para saber hacia dónde queremos caminar sin tener que olvidar ni perdonar nada. Al que no quiera, claro está.

Fuentes de toda solvencia y que sólo se equivocan una de cada dos veces han informado de que se vio este fin de semana a Aitor Esteban galopando por el Paseo de la Castellana y llevando consigo en el morral las enmiendas que el PNV quería incluir en el proyecto de presupuestos. El corcel corría brioso por el carril bus mientras el jinete tenía clara la misión encomendada. Demasiadas noticias sobre lo que EH Bildu pretendía hacer. Tocaba demostrar lo que el PNV sabe hacer, porque lleva muchas legislaturas poniendo negro sobre blanco el precio de sus diputados en el Congreso. No es prohibitivo, pero tampoco salen gratis. El que quiera regalos, que espere a los Reyes Magos.

Se cree que para el 6 de enero o antes ya estén aprobados los presupuestos. Este martes fue el día en que se aceleraron los acontecimientos. El portavoz del PNV anunció por la mañana que su partido votará a favor y pasó revista a la lista de concesiones obtenidas. Gabriel Rufián dijo que ERC cuenta ya con un “preacuerdo” con el Gobierno, tan detallado que tenía toda la pinta de ser definitivo a expensas de saber lo que se acordará para impedir los desahucios.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, presumió de que el PSOE votará a favor de crear una tarjeta sanitaria única en toda España y fingió que Esquerra aún no ha llegado a un acuerdo. Como recordó que “las dos vías son incompatibles” –Ciudadanos no apoyará unos presupuestos que lleven incluido el voto afirmativo de ERC y EH Bildu–, hay que pensar que su grupo terminará votando en contra o absteniéndose, pero hasta entonces quiere seguir apareciendo en los titulares con el mensaje de que ellos consiguen cosas. Como si fueran el PNV.

“Ha sido una negociación a uña de caballo”, dijo Esteban. No ocultó que se había pisado el acelerador en las negociaciones y que se había trabajado en ellas el pasado fin de semana. El PNV sabe combinar declaraciones con mucho cabreo y la disposición a negociar un minuto después de que se acabe la rueda de prensa con los ataques furibundos.

Saben repartirse los papeles. Al presidente del partido, Andoni Ortuzar, le corresponde ponerse duro con alguno de los dos partidos del Gobierno, o con los dos, mientras el lehendakari Urkullu y Aitor Esteban se ocupan de hacer posibles los acuerdos. No es como en el PP, donde el líder lanza el ataque y todos los demás lo clonan en sus declaraciones con mayor o menor fortuna.

En los últimos días, Ortuzar ha enseñado los dientes, descontento con el entusiasmo con el que Pablo Iglesias recibió y alentó el apoyo de Bildu. Y no sólo con Iglesias. Este domingo, leyó la cartilla a Pedro Sánchez en una entrevista en El Correo. “Es un poco descorazonador que el grado de cumplimiento de los acuerdos que hemos hecho con Sánchez desde que es presidente no llega al insuficiente. Es muy deficiente”, dijo. No se quedó ahí. “Un Gobierno no puede funcionar así, porque no da credibilidad”, comentó para volver a quejarse de las declaraciones de Iglesias.

No fue tan contundente sobre la decisión de Bildu de votar a favor de los PGE. Le gustaba que la izquierda abertzale apoye al Gobierno y al mismo tiempo no le sentaba bien. Digamos que era ambivalente sobre los efectos de esa nueva situación o no quería hacerse el ofendido.

El PNV contempla con algo de aprensión una colaboración permanente de Bildu con el Gobierno. Como se ha visto en las dos últimas elecciones autonómicas, la coalición que lidera Arnaldo Otegi se encuentra en una sólida segunda posición en la política vasca, pero con dificultades obvias para convertirse en eje de una mayoría alternativa a la del PNV. En la campaña de este año, Otegi ni se molestó en dar importancia a la propuesta de tripartito de izquierdas que hizo Podemos. Sabía que era inviable a causa de las frías relaciones de Bildu y el PSOE vasco.

Falta tiempo, quizá mucho tiempo, para que ese posible tripartito pueda ser una realidad. El PNV lo sabe, como también que le conviene mantener alejados al PSOE y a Bildu en la medida de lo posible, no sea que se despierte entre ellos por este orden respeto, cariño y quién sabe si amor (esto último es menos probable). Ya están pensando en las elecciones vascas de 2024 y –esto es menos habitual– en las de 2028. Dejas estas cosas para la próxima legislatura y al final te das cuenta de que debías haberte movido antes.

En el mismo día en que se publicaban estas críticas de Ortuzar a Sánchez y su Gobierno, a los que prácticamente tachaba de amateurs, Esteban estaba negociando con el Gobierno. La medida acordada de más impacto es la venta de los terrenos donde está el cuartel militar de Loyola en Donosti para que la ciudad pueda construir 2.000 viviendas. Es desde hace mucho tiempo una de las ciudades con el precio de vivienda más alto de toda España.

Veremos en los próximos días muchos alegatos dramáticos sobre el cierre de ese cuartel. “El PNV echa al Ejército de su cuartel de Loyola”, apareció en un medio pocas horas después de la rueda de prensa de Esteban. El Ministerio de Defensa se negaba hasta ahora al traslado porque no le convencían las opciones que daba el Ayuntamiento para situar el nuevo emplazamiento del regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia.

La presencia de todos esos cuarteles en el casco urbano de las ciudades tiene una explicación que se remonta al franquismo. El régimen situó en ellas un nutrido número de fuerzas militares por si acaso las necesitaba en caso de ya se pueden imaginar qué. El Ejército estaba para vigilar a los ciudadanos, no para protegerlos de las amenazas exteriores. Desde entonces, el cuartel de Loyola ha seguido allí quizá con vistas a una invasión francesa.

Fue otro día en la oficina de Aitor Esteban, que recogió los frutos de la tradicional actitud del PNV abierta a negociar con quien sea para hacer valer su fuerza parlamentaria. Otros están más en política para dejar clara su posición en los términos más rotundos e irrenunciables con líneas rojas cruzando por todos los lados.

Le pidieron al portavoz parlamentario del PNV que comparara esta negociación supersónica con la que tuvo con Montoro en la época del Gobierno de Rajoy. Tampoco era el momento para ponerse estupendo, porque además ¿cuál es la diferencia? “Todas las negociaciones han sido diferentes”, respondió Esteban. “En todas ellas, he salido satisfecho. También en esta”.

Las líneas rojas se quedan para los que se vuelven a casa con los bolsillos vacíos.

La aprobación de los presupuestos ha reabierto el debate de las alianzas del Gobierno. Mientras el PSOE afirma que cualquier alianza que permita aprobar las cuentas es válida, Pablo Iglesias rechaza una alianza con Ciudadanos y la pide con los partidos de izquierdas. Pero, ¿qué tipo de alianza quiere Iglesias? ¿Es un tipo de alianza útil para democratizar el régimen del 78? La idea que defiendo es que no lo es, y que solo mediante una reconfiguración del actual tipo de alianza entre UP con el resto de fuerzas de izquierdas del Congreso puede servir para democratizarlo.

Para explicar a qué me refiero con ello debemos diferenciar entre alianzas coyunturales y estructurales. La alianza coyuntural es un acuerdo débil para la aprobación de una medida parcial concreta que se agota en sí mismo. Por el contrario, una alianza estructural es el compromiso común fuerte para la implementación de un proyecto global de Estado determinado, en lo material y lo superestructural. Podemos decir que, en el Congreso de la legislatura actual, existen, por un lado, alianzas coyunturales entre partidos que cambian en cada votación. Pero, por otro lado, hay tres grandes alianzas estructurales entre partidos que conforman los tres proyectos de Estado en disputa, hoy, en la cámara. 

En primer lugar, la alianza PP-Vox es portadora de un proyecto de Estado de régimen político pre-capitalista con relaciones interterritoriales y sociales, en su interior, de violencia salvaje. ¿Por qué pre-capitalista? No basta con percibir plusvalía para ser una efectiva burguesía. Históricamente, ha correspondido también a la burguesía para ser tal cumplir unas determinadas funciones de construcción liberal-burguesa de la sociedad, del Estado, del espacio y de la ciudadanía, sin las cuales el Estado capitalista no hubiera podido reproducirse. La supervivencia de este exige la superación de la sociedad civil por el Estado o, lo que es lo mismo, la superación del individuo privado por la del ciudadano con determinadas cuotas de libertad, igualdad formal y derechos sociales. Sin embargo, esta es una tarea a la que han renunciado el bloque PP-Vox y los sectores patrimonialistas vinculados a ellos. Su proyecto ya no pasa por la voluntad de crear ningún “pegamento” entre los pueblos, clases, grupos o diversidad del Estado capaz de crear una ciudadanía común que articule un nexo orgánico entre sociedad y régimen del 78, sino simplemente de reprimir, expulsar y eliminar del mismo la diferencia, generando niveles de contradicción y violencia que hacen tambalear el sistema cuando ellos gobiernan. A la vez que tampoco pasa por entender el Estado como un espacio de articulación del interés general sino, simplemente, de saqueo de lo público para el enriquecimiento personal (sobres, comisiones, tarjetas black, etc.) y el de sus amigos empresarios (contratos públicos, etc.). Más que un proyecto de burguesía capitalista, estos conforman, actualmente, un proyecto de burguesía feudal pre-capitalista portadora de un Estado donde el conflicto nacional y social solo puede expresarse en forma de violencia salvaje.

En segundo lugar, la alianza PSOE-UP es portadora de un proyecto de Estado nacional-de libre mercado con un régimen interior de anticonflicto conservador. Su proyecto de gobierno se articula alrededor de una concepción unificadora de la nación o la “patria” donde las diferencias territoriales y de clase, en momentos difíciles como los actuales, deben dejarse atrás y superarse en un momento superior de pacto y concordia para la obra conjunta de la recuperación económica de la nación, a partir de un supuesto sacrificio común donde el bienestar social de los sectores populares se podrá hacer efectivo de manera compatible y sin mermar el negocio de los grandes capitales y empresas privadas (como si esto fuera posible). 

Este discurso de sacrificio común y razón (“Este virus lo paramos juntos”) en favor de la recuperación económica de la patria genera dos consecuencias: una, es actuar como nuevo tótem social disciplinante que ejerce de categoría anticonflicto, sirviendo para deslegitimar y acusar a los que se movilizan de contrarios al interés colectivo. Y otra, la construcción de un sentido común de unidad que obliga a tener que dejar en un segundo plano el cuestionamiento de los pilares del régimen del 78 (la monarquía, la unidad nacional, etc.), desperdiciando la oportunidad de crisis de legitimidad en que se encuentran, para presentar estas lucha como batallas culturales que nos dividen en momentos donde lo que hace falta es unidad para salvar lo material (como si los pilares del régimen no tuvieran nada que ver con lo material). Estas dos consecuencias convierten a la alianza estructural PSOE-UP en la encargada de ejercer la función que, históricamente, debía haber sido propia de una burguesía moderna: hacer de pegamento entre sociedad y régimen del 78. 

Y, en tercer lugar, la alianza ERC-EH Bildu-BNG-CUP-Más País-Compromís… Es portadora de un proyecto de Estado plurinacional-democratizador con voluntad de abrir el debate sobre los fundamentos del régimen y permitir que las nuevas generaciones post-78 y los pueblos del Estado puedan opinar sobre lo que la generación del 78 petrificó en la Constitución. También de revertir, mediante su derogación integral, las principales leyes regresivas de derechos (reforma laboral, ley mordaza, etc.) y plantear un programa de choque social ante la crisis no basado en un falso sacrifico común sesgado en favor de los capitales, sino de trasvase redistributivo de los ricos hacia la mayoría.

En una legislatura con estas tres alianzas estructurales en el Congreso, la relación de UP con el resto de fuerzas políticas de izquierdas se da en régimen de alianza coyuntural pero no estructural, pues esta última la tiene con el PSOE. La alianza coyuntural se rige por la premisa: “Si me dan sus votos debemos darles algo a cambio” pero ello siempre entendido como pasajero y funcional al proyecto de Estado de la alianza estructural que permanece en posición jerárquica superior. De manera que planteada en términos contingentes, la alianza entre UP y el resto de fuerzas de izquierdas no sirve para democratizar el régimen del 78, sino para reforzar un proyecto de reproducción del mismo hegemonizado por el PSOE. 

Sin embargo, ¿qué pasaría si UP hubiera invertido o invirtiera los sujetos de sus tipos de alianzas? ¿Si hubiera dejado o dejara al PSOE solo en el gobierno y se integrara en una alianza estructural al bloque de las fuerzas plurinacionales de izquierda para hacer, desde la oposición, alianzas coyunturales con el ejecutivo?

Ello mejoraría, a mi entender, la posición de la izquierda en el sistema estatal relacional y le otorgaría mayor capacidad de democratización del régimen. El Estado no es solo instituciones centrales de regulación desvinculadas institucional y operacionalmente de la sociedad. Este está íntimamente relacionado con otros órdenes institucionales y sociales y sus respectivos actores, lo que hace que las decisiones o normas que se aprueban en su interior sean el resultado de la lucha  y las presiones horizontales y verticales entre toda esta red de agentes en el interior del sistema estatal relacional. Una alianza estructural de al menos 85 diputados de la izquierda, desde la oposición,  reforzada con una fuerte movilización popular en la calle como la de 2010-2012, que incrementara su capacidad de presión, ubicaría a la izquierda en su conjunto en una mayor correlación de fuerzas que la actual en el interior del sistema relacional estatal. 

Ello podría obligar a un gobierno del PSOE, en minoría incluso con Ciudadanos, a tener que abrir melones que aún en la legislatura actual mantiene como tabús cerrados. No hubiera sido ni sería lo mismo para un gobierno socialista, en minoría, estar obligado a negociar alianzas coyunturales con un bloque estructural de toda la izquierda político-social ubicada en una lógica de conflicto y transformación, que tener integrada, en régimen de subalternidad, a la parte más significativa de esta izquierda en el interior de su proyecto de Estado y arrastrarla hacia la lógica del anticonflicto y la conservación de los pilares del régimen. Si el escenario fuera el primero, seguramente, las perspectivas de conflicto y transformación, en el contexto actual, serían más esperanzadoras de lo que son.

El bipartidismo está muerto en España a causa de la voluntad de los votantes. No lo parece a veces cuando tantos medios sostienen que la mayoría de los problemas se solucionarían si el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo en todo, lo que nunca hicieron cuando dominaron la política durante décadas. Ser el principal partido de la izquierda o la derecha confiere un gran poder. No tanto como para hacer lo que quieras. Esta semana es uno de esos momentos en que resulta más patente. El PSOE ve cómo Unidas Podemos intenta sacar pecho en un tema por el que ha hecho muchas promesas, los desahucios. El PP se presenta con uno de sus proyectos estrella, del que llevaba hablando meses, y resulta que son los otros grupos de la oposición conservadora los que le sacuden con más fuerza. Les dieron con tanto brío que los partidos del Gobierno tuvieron la oportunidad de estirar las piernas y sacar la bolsa de palomitas.

El partido de Pablo Casado recibió además malas noticias de Bruselas. La Comisión Europea anunció que el proyecto presupuestario español “se ajusta globalmente” a las recomendaciones de la UE. También dijo que, en relación a la deuda pública, el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que otros países, tiene que ser “particularmente cuidadoso en cuanto a la estabilidad a medio plazo”. Medio plazo quiere decir que de momento no hay que ponerse nerviosos, al menos durante el 2021.

La respuesta no es una sorpresa en estos tiempos de pandemia en los que la Comisión pretende que los gobiernos gasten lo que sea necesario, pero el PP había decidido creer en los Reyes Magos y pensar que la Comisión Europea se iba a ocupar de ponerle las cosas muy fáciles. Los eurodiputados del PP deberían leer más el Financial Times.

Peor fue el martes en el Congreso. El PP presentaba su famosa propuesta de un plan B jurídico para no tener que recurrir al estado de alarma en la pandemia. Estaba tan convencido de que era una buena idea que puso en la tribuna para defenderla a su portavoz, Cuca Gamarra. No pulsó antes la opinión de Vox y Ciudadanos y el resultado fue que Gamarra hizo el ridículo. “No sé quién le ha escrito su discurso, pero no sabe lo que ha dicho y no ha entendido nada”, le dijo José María Sánchez, de Vox. Puestos a sobrarse, Sánchez, que es catedrático de Derecho, le recomendó que se volviera a la facultad. Edmundo Bal, de Ciudadanos, fue más correcto, pero no menos rotundo. El plan B no vale “ni como plan Z” y “al Tribunal Constitucional no le dura ni cinco segundos”.

Gamarra se fue del hemiciclo con un suspenso de los que duelen en la asignatura de derechos fundamentales, pero la humillación es mayor para su director de estudios. Casado se ha pasado meses dando entrevistas en las que no ha parado de hablar de las virtudes de su propuesta de plan B para acabar descubriendo que sólo provoca risas o menosprecios en los únicos partidos que podían apoyarlo.

Podemos enseña la patita

El PSOE tiene que aguantar otro de esos periodos en los que Unidas Podemos decide que necesita expresar su identidad diferenciada y salirse del guión que marca Moncloa. En el asunto de la reforma laboral, Podemos no hace mucho ruido, porque metería en problemas a la ministra Yolanda Díaz en Trabajo. En otros, necesita ponerse de puntillas para que se sepa que ser el segundo partido del Gobierno de coalición no significa tragar con todo. De ahí que haya presentado una enmienda a los presupuestos junto a ERC y Bildu para que la prohibición de los desahucios a personas “en situación de vulnerabilidad” se prolongue dos años más.

Algunos socialistas lo sabían desde el día anterior, lo que no quiere decir que les haya gustado. Que dos partidos que forman un Gobierno firmen juntos las enmiendas parciales a los presupuestos suena tan lógico como que hayan pactado antes las cuentas. Pero la lucha contra los desahucios fue una de las primeras banderas que Podemos enarboló al fundar el partido. Frente a algunos comentarios falsos del Gobierno, que decía que no se estaban produciendo durante la pandemia, la realidad es muy diferente.

La enmienda se parece demasiado a una herramienta para presionar al Gobierno desde fuera con la colaboración de otros dos grupos. Y, como siempre en política, ocurre que lo llamativo no es que alguien presente una iniciativa, sino cómo la venda. Pablo Iglesias lo hizo en Twitter con un mensaje que hace más daño al PSOE que a la derecha: “La paralización de los desahucios tiene enemigos muy poderosos. Basta encender la radio para comprobarlo. Pero a nosotros no nos votaron para hacer amigos, sino para empujar con las fuerzas que tenemos para revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias”. Por las mismas, podría haber dicho: no como otros.

Los otros no se van a quedar callados. “Les falta madurez para entender que los acuerdos están para cumplirlos”, dijo el socialista José Zaragoza. Podemos “no sabe estar en un Gobierno de coalición”, afirmó Idoia Mendia, líder del PSOE vasco. Fue más incisivo el nacionalista Aitor Esteban: “Algunos entienden la política más como postureo que como acción efectiva”. Esteban tenía ganas de meter el dedo en el ojo a Podemos. Se sorprendió de que el partido de Iglesias no pudiera incluir el veto a los desahucios en el proyecto de presupuestos (una forma de llamarles débiles): “Me parece sorprendente la falta de fuerza de Podemos en el Gobierno”.

En realidad, no le sorprende nada. Sólo quería dejarlo claro. El PNV aún está receloso por el interés de Iglesias en meter a EH Bildu en el pacto presupuestario.

El Gobierno de coalición sobrevivirá a esta discrepancia de sus integrantes. Los presupuestos son básicos para dar un año de tranquilidad al Gobierno, y quizá hasta toda la legislatura, alejando el riesgo de unas elecciones anticipadas. El problema reside en que vayan acumulándose obstáculos pequeños que terminen convirtiéndose en uno mayor. La crisis de la inmigración en Canarias y el conflicto del Sahara son otros dos asuntos de estos días en que es probable que los puntos de vista del PSOE y Podemos no coincidan. Si se dejan llevar por las pasiones, podrían soportar situaciones más dolorosas que los comentarios irónicos de Aitor Esteban.

Todo parece indicar que el Gobierno de coalición va a poder sacar adelante la votación más importante de la legislatura, después de la que le permitió a Pedro Sánchez conseguir la investidura en enero de este mismo año. La aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que sustituyan a los que Cristóbal Montoro presentó en abril de 2018. El Gobierno necesita como absoluta prioridad poder tener el control sobre las cuentas públicas para poder llevar adelante políticas que viabilicen su programa. Hubiera resultado muy complejo que la ciudadanía percibiera un cambio político real en España con unos presupuestos que reflejan la visión de país del PP de hace más de 2 años.

La victoria parlamentaria vs. la mediática

La aprobación parlamentaria de los PGE es el paso más importante en este proceso. Sin embargo hay otros factores políticos que también forman parte de esta coyuntura. La comunicación política entra una vez más en juego. El resultado de la votación final en el Congreso definirá la realidad efectiva. Pero además, habrá que tener en cuenta el balance de la batalla mediática que tiene lugar en paralelo. El Gobierno será el ganador indiscutible si saca adelante los PGE. La duda es qué rédito o qué nivel de desgaste puede obtener cada partido al finalizar la batalla.

En términos cuantitativos, Pedro Sánchez consiguió esta semana una victoria incontestable. Las enmiendas a la totalidad de los PGE fueron rechazadas con 198 votos a favor. Una mayoría tan holgada en su número, como complicada en su configuración. La posibilidad de conseguir reunir, en un acuerdo transversal en torno al gobierno, a Bildu y ERC, por un lado, con Ciudadanos, por el otro, parece a estas alturas un imposible. Vox y el PP, que en esta votación han sufrido una clara derrota, entienden que esa alianza inviable les abre una ventana de oportunidad de reconvertir un evidente fracaso político en una rentable operación de desgaste del Gobierno.

Más de lo mismo para PP y Vox 

Una vez más, los populares y la ultraderecha vuelven a coincidir en su discurso, pese al reposicionamiento planteado hace unas semanas por Pablo Casado. Ambas formaciones plantean argumentos muy similares centrados en 3 ideas recurrentes: 1/ Son presupuestos de un gobierno entregado a pactos con fuerzas independentistas y próximas al terrorismo etarra. 2/ El PSOE se ha dejado arrastrar por Pablo Iglesias que es quien realmente controla el Gobierno. 3/ Ciudadanos deberá decidir finalmente el camino que debe seguir, junto a las fuerzas constitucionales de orden o junto a los enemigos de España.

Tanto para PP y Vox esta coyuntura pretenden, pese al fracaso, reforzar su electorado. La idea básica es la de no querer reconocer la votación como una derrota democrática. Para ello intentan recuperar otra vez el discurso que da por hecho que el Gobierno busca la destrucción del país, que acepta pactar con el mismo diablo con tal de permanecer en el poder. Hasta ahora esta estrategia frentista y divisoria no ha conseguido hacer mella en los votantes que respaldan al Gobierno, pero piensan que no tienen mejor alternativa. Al final perderán la votación y es la única forma que encuentran para justificar su posición minoritaria.

UP busca recuperar protagonismo

Pablo Iglesias ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado. El intento de los socialistas de abrir acuerdos transversales aprovechando la emergencia sanitaria suponía en la práctica que Unidas Podemos debía acabar aceptando un pacto no deseado con Ciudadanos. Además, con Inés Arrimadas apoyando al gobierno, se debilitaba la vinculación con fuerzas como ERC o EH Bildu que habían sido importantes para el sostenimiento parlamentario del Gobierno de coalición. UP tiene con estos partidos una vía preferente de diálogo que el propio PSOE prefiere no desea asumir.

Desde hace semanas, los principales portavoces de Unidas Podemos han desencadenado un ataque frontal a Ciudadanos en el intento de obligarles a descolgarse de su anunciado apoyo a los PGE. La aparente resistencia de Inés Arrimadas a mantenerse en la política de pactos llevó a Pablo Iglesias a forzar la máquina. La jugada de conseguir el voto favorable a los presupuestos de EH Bildu convierte aparentemente en inviable la permanencia de Ciudadanos dentro de un acuerdo. Así lo interpreta Enrique Cocero, asesor político y CEO de 7-50 Strategy: “Iglesias piensa que si Ciudadanos entra en el acuerdo, ellos no dejan impronta en las cuentas, pierden relevancia y dejan de marcar el ritmo. Lo que hace introduciendo a Bildu es delimitar el terreno. Esta parcela es mía y no va a entrar nadie que yo no quiera que entre”. 

Falta por ver hasta qué punto esta estrategia de UP puede afectar a la buena coexistencia dentro del Gobierno de coalición. Da la sensación de que los engranajes de funcionamiento del motor deben estar chirriando. También hay quien observa una fotografía más optimista, como plantea Carlos Barrera, profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra: “Quien hace y deshace todo en estas negociaciones es Iglesias y así Sánchez se reserva para estar en un papel por encima del bien y del mal. Deja hacer pero no se mete en el barro y por lo tanto queda en un papel arbitral”.

Ciudadanos en un equilibrio imposible

De todos los partidos, seguramente es Ciudadanos el que vive una situación más delicada en esta coyuntura. Inés Arrimadas aprovechó la crisis del coronavirus para cortar el viaje hacia la desaparición que había impulsado la fallida apuesta de Albert Rivera. La decisión de buscar acuerdos constructivos en plena pandemia les permitió recuperar iniciativa política y abrió una expectativa de futuro de la que carecían. Ahora, la jugada se ha complicado debido al rechazo mostrado por Unidas Podemos y las fuerzas independentistas a su apoyo. Un acuerdo obliga a Ciudadanos a buscar una posición compleja entre su voluntad de pacto y el entorno que les rodea.

La formación naranja necesita encontrar una fórmula imposible para salir indemne de lo que se le viene encima. El PP ataca su posición con el fin de intentar arrebatársela lo antes posible. Ahora, los populares cuentan de nuevo con Albert Rivera como aliado en sus apariciones en los medios. Los partidos a la izquierda del PSOE quieren evitar como sea su participación en pacto alguno. El equilibrio estable parece imposible.

El futuro político inmediato en manos de Arrimadas

Por un lado, Ciudadanos tiene la alternativa que expone Carlos Barrera: “Pueden apoyarse en la idea de utilidad para explicar que no son el 'tonto útil' que se une a ese contubernio de partidos que están en las antípodas de su punto de vista ideológico y decir que miran, antes, los intereses del Estado y que ahí son útiles”. Por otro lado, visto en negativo, tal y como plantea Enrique Cocero, “si apoya los presupuestos, le va a ir mal con sus votantes porque está Bildu dentro de la ecuación y le va a dar una oportunidad a ese PP que, después de la moción de censura de Vox, busca el centro”. 

Inés Arrimadas siempre tiene la opción de la abstención que puede permitirle salir de la maldita encrucijada en la que se encuentra. Lo que finalmente decida hacer Ciudadanos va a reconfigurar el actual mapa de partidos. Su voto negativo volvería a colocar la mayoría de la moción de censura en un frente y las tres derechas en el otro. Un voto afirmativo abriría un nuevo territorio de alianzas desconocido hasta la fecha y dejaría a las fuerzas a la izquierda del PSOE en una posición imprevisible.

El reto socialista de visualizar su victoria

Si finalmente el Gobierno consigue que se aprueben los presupuestos obtendrá una victoria política de gran trascendencia. Pedro Sánchez, como presidente, verá muy reforzada su posición. La coalición habrá dado un paso importante en su consolidación de cara al resto de la legislatura, independientemente de las divergencias que puedan surgir. Sin embargo, la suma de complicaciones derivadas de la batalla partidista le puede provocar cierto desgaste. Todo coincide en un momento delicado, en mitad de la segunda ola de la pandemia. No son tiempos confortables.

Los socialistas se están viendo condicionados más allá de lo que deseaban por la presión impuesta por Unidas Podemos. La estrategia de Pablo Iglesias para recobrar protagonismo choca inevitablemente con sus intereses. Que la derecha vuelva a reabrir la cantinela mediática respecto a la dependencia de Pedro Sánchez de “chavistas, etarras y separatistas” acaba siendo agotador. El problema no es tanto de fondo como del ruido que provoca y el efecto colateral que tiene en la estabilidad del Gobierno. Anima la tensión dentro de la mayoría de la investidura y puede abortar la aspiración de atraer a Ciudadanos. 

La otra consecuencia es que este escenario parece despertar los sempiternos recelos de algunos barones socialistas, a lo que Carlos Barrera resta importancia: “Algunos barones territoriales han salido a criticar el apoyo de Bildu, pero solo va a ser de boquilla. No va a haber ningún tipo de rebelión en el partido, no va a pasar de ahí. Sánchez tiene perfectamente dominado el PSOE porque después de ser desalojado de la Secretaría General hizo un partido a su medida”. 

La política es más dura de lo que la gente cree. Piensen en Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, que ha debido de pasar un fin de semana horrible. Del salón al cuarto de baño y del cuarto de baño al salón. Con dieta de líquidos, probablemente. Ya advirtió la semana pasada de su rechazo a que EH Bildu se sume al pacto presupuestario. “En lo personal, iré a la farmacia a buscar un antiemético”, dijo refiriéndose a un fármaco que entre sus funciones tiene la de tratar las náuseas y vómitos. Lo más seguro es que se llevó varias cajas.

A los tres barones a los que se les pone revuelto el estómago cada vez que el PSOE llega a acuerdos con partidos a su izquierda, las farmacias deberían hacerles un precio especial. Además, sus médicos ya no les recetan nada, porque quizá creen que lo suyo ya es vicio. Llevan desde el verano de 2018 poniendo mala cara y lo único que consiguen es salir en las portadas de la prensa de derechas. Y ponerse ciegos de antieméticos.

El lunes, hubo reunión de la Ejecutiva socialista. Uno de esos días en que los periodistas de política podrían escribir la crónica antes de que empiece la reunión: cierre de filas, críticas a los rebeldes, confirmación por estos de que su lealtad al Gobierno está fuera de toda duda. En este caso, se podría añadir la confirmación de que son más los barones regionales del partido que suscriben la actuación de Moncloa y Ferraz que los que están nerviosos. La identificación es muy sencilla. Los primeros son los que votaron a Pedro Sánchez en las primarias. Los segundos, los que lo hicieron en contra o habrían vivido muy felices si la victoria hubiera sido para Susana Díaz.

En la reunión, Sánchez comunicó a los reticentes que le llamen si tienen algún problema, que no le toque enterarse por el resumen de prensa que recibe cada día. “Tienen mi teléfono”, les dijo. Claro que si esos barones se limitaran a coger el teléfono, no conseguirían que sus votantes se enteraran de lo muy dolidos que están por la evolución de la política española. Al final, ellos no van a intentar hacer caer al Gobierno (es probable que ellos serían los siguientes). Eso queda para Alfonso Guerra y personajes de la farándula televisiva, como el exconcejal Antonio Carmona, una oposición que sólo da para que algunos medios crean que pueden titular con la aparente división del PSOE. Llevan así desde 2017, con la elección de Sánchez, y la capacidad de sorpresa en la política no da para tanto.

En la rueda de prensa del lunes, una periodista se inventó que Bildu ya era “socio preferente” del Gobierno. José Luis Ábalos se limitó a ceñirse a algo que es cierto a día de hoy (“no hay pacto”), pero que puede no serlo dentro de unas semanas. Quizá por consideración al sistema digestivo de Vara, prefirió hablar de opciones abiertas con varios grupos en la negociación presupuestaria.

Fueron mucho más explícitos en dos entrevistas este fin de semana el propio Ábalos y la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra. En ellas, ambos destacaron que ETA pertenece al pasado, que siempre se exigió a la izquierda abertzale que sustituyera las balas por los votos y la política, y que la derecha no era tan susceptible cuando Aznar negoció con la organización terrorista muchos años antes de su disolución.

Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, tuvo que recordar este domingo que el Gobierno de Aznar acercó a las prisiones vascas –pero no todos a prisiones situadas en Euskadi– a cuatro veces más presos de ETA que el actual Gobierno de Sánchez. Lo mencionó con una portada de ABC, que había decidido elaborar la lista de los asesinatos cometidos por esos presos trasladados. Nunca hicieron lo mismo con los favorecidos por decisiones de gobiernos del PP. Por entonces, ni se atrevieron a mover una ceja.

Desde otra posición ideológica, Unai Sordo dio una lección de política vasca que es conscientemente ignorada por la oposición y algunos medios: “ETA ha desaparecido hace diez años. Sin obtener, ni remotamente, ninguno de sus objetivos políticos”, escribió el secretario general de CCOO. Para el momento actual, afirmó: “Pensar que el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas o la aplicación de beneficios penitenciarios tiene que ver con objetivos de ETA es ser un indocumentado en grado superlativo”. Los beneficios penitenciarios eran un anatema para ETA, una forma de rendición, pero eso también es ignorado por los que tienen que saberlo.

Todo eso no impide que algunos presuman de cosas que están fuera de sus posibilidades. En los últimos días, se ha destacado unas palabras del líder de Sortu –el principal partido de la coalición EH Bildu–, Arkaitz Rodriguez, en el Parlamento vasco: “Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos”.

Lo que no se cuenta, lo hace aquí Iker Rioja, es que su intervención era una respuesta a una parlamentaria del PNV que se había burlado de la nueva actitud negociadora de Bildu en el Congreso. El PNV está entre sorprendido y nervioso por el posible apoyo de Bildu a los presupuestos. A fin de cuentas, Bildu es su principal adversario en Euskadi, el único partido que puede arrebatarle la hegemonía en el futuro, solo o en compañía de otros.

Otro diputado del PNV incidió en las risas para rebajar las expectativas de Bildu a un escenario más cercano a la realidad: “Acabar con el régimen apoyando los Presupuestos Generales del Estado es como pretender matar un cerdo a besos”.

Tendría que ser un cerdo muy pequeño, al menos lo bastante pequeño como para que Vara no tuviera que ir corriendo a la farmacia.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha calificado de “engaño trilero” incluir en los presupuestos generales del Estado una inversión de 300 millones de euros para el submarino S-80 “como si fuera una inversión directa que se queda en nuestro territorio”, que comparó como si en los presupuestos apareciera “el buque oceanográfico 'Hespérides' por el hecho de que atraque en el puerto de Cartagena”.

“No entiendo que quieran engañarnos diciendo que esos 630 millones de euros de inversión, 300 vayan a al S-80 y nos lo computen como inversión” en la Región, cuando “son unas inversiones que para nada pueden ser comparables a las ferroviarias, de carreteras, de cuarteles para la Guardia Civil o de palacios de Justicia”, aunque reconoce que la inversión del S-80 es importante “para España y para el posicionamiento como país en fabricación de estos buques a nivel mundial”.

Ha considerado “inconsistentes y poco realistas” unos presupuestos que incluyen un importante incremento de gasto y de impuestos que, en su opinión, “afectarán gravemente a la economía”, y que plantean una previsión de la subida del PIB del 10 por ciento. De acuerdo con Celdrán, el Banco de España calcula que dicha subida será del 4,1 por ciento y que los cálculos más optimistas lo cifran en el 7,2 por ciento.

Además ha advertido que si se comparan con los presupuestos de 2019 el incremento es del 30 por ciento, lejos de la media nacional de subida y muy alejado de autonomías como Valencia (265%), La Rioja (213%), Asturias (180%), Andalucía (166%) o Cataluña (137%).

En cuanto al Mar Menor, ha criticado que no contemple ninguna inversión y que el proyecto de vertido cero se convierta en lo que ha calificado como “compromiso cero” y que algunas inversiones se conviertan en “meros apuntes contables” como la del Arco Norte, con 2 millones de euros, la autovía del Reguerón, con 1 millón, o “ni un euro para obras que eviten que se repitan las inundaciones” por una DANA. También ha mencionado los dos millones de euros para la regeneración de la bahía de Portmán cuando lo presupuesto es de 32 millones o los “cero euros” para infraestructuras hídricas en una “lista de agravios y olvidos” que enumeró en lo que auguró que será “un año en blanco” para la Región.

Ha apuntado también el millón de euros para el palacio de Justicia de Lorca, cuando la obra está adjudicada en ocho millones, o los 50.000 para el de Cartagena, lo que calificó como “insulto a la inteligencia”. Además ha lamentado la ausencia de partidas para el Centro de Acogida Temporal de emergencia (CATE) que se iba a construir en Cartagena para inmigrantes que continúan llegando a las costas murcianas y que se les acoge en carpas en condiciones “no seguras”.

El secretario general del PSOE, Diego Conesa, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 supondrán una inversión por habitante autonómico de 418 euros y una inversión total de 625,5 millones de euros, un 67,1 por ciento superior a los de 2019.

“Es un presupuesto excepcional para una situación excepcional; un presupuesto excepcionalmente social con recursos excepcionales de la Unión Europea”, ha agregado.

Ha indicado que los presupuestos han sido elaborados “para no dejar a nadie atrás, pensando en todos, pero sobre todo en el 99,9 por ciento de la ciudadanía que necesita una respuesta y una solidaridad de quienes mas tienen y mas pueden”.

Ha subrayado además que suponen para Murcia un volumen de recursos de 4.324,85 millones de euros y para el sistema de financiación autonómica supondrá una inyección de 3.486 millones de euros, y el gobierno central asumirá la mitad del déficit que tenga en 2021 la Región de Murcia, en concreto, el 1 por ciento o 300 millones de euros.

Asimismo ha mencionado los 143 millones de euros del importe preasignado del mecanismo de recuperación y resiliencia europeo para políticas ambientales y de vivienda.

“A lo largo del año se distribuirán mas recursos para la Región procedentes de Europa que sumados a la parte correspondiente del programa REACT-UE harán que las comunidades autónomas podrán ejecutar, también la Región de Murcia, más del 50% del plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia”, ha asegurado Conesa.

También a lo largo del año se distribuirán mas de 4.000 millones de euros en conferencias sectoriales destinadas a empleo, formación profesional, violencia de género, sanidad o servicios sociales, financiados con los presupuestos nacionales y que corresponderá una parte proporcional al gobierno de la Región.

Conesa ha subrayado que son los presupuestos mas sociales de toda la historia de España “para este momento tan excepcional que tanto sufrimiento social está generando”.

“Creo que en la Región de Murcia, con la situación de precariedad laboral y las tasas de desigualdad y pobrezas que todos los informes estatales y de Cáritas demuestran, le vienen como anillo al dedo estos presupuestos, los que se merece la Región de Murcia pensando en ese 99,9% de los ciudadanos porque demasiados años en los presupuestos de la Comunidad pesa muchísimo mas la posición, la voluntad y los intereses de menos del 1 por ciento de la ciudadanía y en ese sentido son necesarios estos presupuestos sociales”, agrega.

Ha comentado la presentación de una enmienda a los presupuestos para mantener la bonificación del cincuenta por ciento del IBI para los lorquinos.

Preguntado por las críticas del PP a la inclusión de una partida de 300 millones de euros para terminar el submarino S-80, ha respondido que le daba “vergüenza ajena” las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo autonómico, Ana Martínez Vidal, porque ya en el verano de 2018 hubo una petición unánime al respecto por cuanto de ello dependía el tejido industrial de Cartagena, 2.000 empleos directos y 6.000 indirectos, y el 10 por ciento del PIB regional se produce en Navantia, al tiempo que ha destacado que se trata de un “elemento tractor que arrastra a los demás”.

Aprobación de presupuestos mediante, las universidades van a empezar a recuperar parte del personal permanente que han perdido en los últimos años como consecuencia de los recortes de la pasada década. Por primera vez desde la anterior crisis, cuando se congeló la tasa de reposición y no se cubrían las jubilaciones de profesores y personal de administración, los rectorados podrán contratar más gente de la que pierden: el Gobierno subirá la tasa de reposición al 110%, lo que significa que por cada diez jubilaciones podrá haber once contrataciones, según ha explicado el ministro, Manuel Castells, este viernes.

Esta medida se complementa con una disposición “técnica, pero fundamental”, ha añadido el ministro, por la que se autoriza a que dentro de una comunidad autónoma las universidades, o incluso las administraciones que no necesitan su tasa de reposición íntegra puedan transferirla a otros centros. “Este es uno de los temas que siempre aparecía cuando visitaba las universidades” antes de la pandemia, ha asegurado Castells a través de una videoconferencia en la que ha desgranado los presupuestos de su departamento.

El Ministerio de Universidades duplica su presupuesto para el año que viene. El departamento dispondrá, si se aprueban las cuentas tal y como están, de 462 millones de euros para 2021. Algo menos de la mitad, 203 millones de euros, provienen del fondo europeo para la recuperación. Esta partida no incluye las becas universitarias, una partida que ascenderá a unos 1.260 millones de euros que gestiona el Ministerio de Educación. El presupuesto de las tres carteras relacionadas con la Educación, en su más amplio espectro que incluye la Investigación, sube entre un 70% y un 80% en las cuentas del estado para 2021 gracias a los fondos europeos. Castells ha insistido en que solo el 3% del presupuesto del ministerio se va a destinar a “la maquinaria” (esto es, gastos de personal y funcionamiento) y el 97% “le va a llegar a la ciudadanía”.

Una década congelada

Con esta medida, el ministerio pretende colaborar en el rejuvenecimiento de las plantillas universitarias, que se han envejecido en los últimos años, en parte como consecuencia de la congelación de la tasa de reposición que implantó José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. El presidente socialista la rebajó al 30% (solo se reponían tres de cada diez jubilaciones), cifra que su sucesor, Mariano Rajoy, bajó al 10%. En los últimos años había subido hasta el 100%, lo que detuvo la sangría pero no traía sangre nueva. Solo se dejó de perder personal permanente. En algunos casos, explican los sindicatos, podían llegar al 108% si respetaban la estabilidad presupuestaria. La consecuencia de casi una década de no reponer las jubilaciones fue, además del mencionado envejecimiento – que lleva a que el 90% de los catedráticos de Universidad se vayan a retirar en la próxima década–, la precarización de las plantillas, porque las clases había que darlas igual. Como no se podía contratar funcionarios, se tiró de figuras laborales precarias –profesores asociados, en su mayoría– para cubrir las vacantes.

Respecto a los asociados, el ministro también ha explicado que tendrán que esperar a 2021 para la reforma de esa figura. El ministerio está negociando estos días el nuevo estatuto del PDI, destinado en teoría a acabar con la precariedad de este colectivo, que está sosteniendo la docencia a razón de cinco euros la hora en ocasiones. Pero hasta que no haya estatuto, ha explicado Castells, no habrá estabilización específica para ellos, con lo que tendrán que esperar a los próximos presupuestos.

De momento, según ha comentado el subsecretario de Universidades, Luis Cerdán, los asociados podrán beneficiarse de manera indirecta del aumento de la tasa de reposición. Si otras figuras docentes de la universidad optan a estas nuevas plazas –los contratados doctores, etc.–, ha explicado, los asociados a su vez podrán beneficiarse de esas otras plazas intermedias liberadas.

Universidades también destina dos partidas a la “recualificación de la capacidad docente investigadora” en España a través de dos programas, aunque no son nuevos. Por un lado, aumenta la partida destinada a los investigadores predoctorales de Formación del Profesorado Universitario (FPU) un 10% hasta los 87 millones de euros con los que se ofertarán 1.050 plazas, 200 más que las 850 actuales (un 23% más). El presupuesto también destina 129 millones de euros para un programa destinado a postdoctorales que incluye ayudas a la movilidad. Estos programas no están específicamente destinados para ellos, ha explicado Castells, pero también están abiertos a los profesores asociados.

Además, aunque la gestión la realiza el ministerio de Educación, Universidades recuerda que la reforma que hizo el Gobierno del sistema de becas ha conllevado un aumento de la partida de becas un 35% (515 millones extras para alcanzar los 2.090 millones de euros) y se han duplicado los beneficiarios de una beca completa, que pasan de 89.000 a 176.000. También quedarán exentas de pagar la matrícula las familias que este año hayan tenido una pérdida sobrevenida de ingresos por la pandemia y puedan optar al Ingreso Mínimo Vital (las becas se conceden con la información económica del año anterior, lo que habría dejado a muchas de estas familias fuera)

Por último, el ministro también ha informado, sin entrar en detalles, de un plan para utilizar los 70 centros territoriales de la UNED “para dinamizar y contribuir al desarrollo” de áreas deprimidas o vaciadas de población.

Digitalización de colegios e institutos, desprivatización de las costas, recuperación de acuíferos, atención a mujeres víctimas de violaciones, refuerzo de la Atención Primaria, un gran fondo para comprar vacunas contra la COVID, impulso a la I+D+i... El Gobierno va a destinar buena parte de los fondos europeos a impulsar su agenda social, en concreto uno de cada tres euros. A nivel global, la inversión en políticas sociales de los Presupuestos Generales del Estado asciende al 59,9%, seis de cada diez euros, según aclara el Gobierno. Es un 10,3% más que en las últimas cuentas.

En la introducción del proyecto de los PGE, el propio Ejecutivo desgrana a qué va a dedicar “los numerosos recursos provenientes del Fondo de Recuperación de la Unión Europea: ”Al refuerzo del sistema y de la industria sanitaria, a la protección de los colectivos más vulnerables y la garantía de los derechos sociales, a la apuesta por la ciencia, la I+D+i y las nuevas tecnologías, a la reindustrialización, la potenciación del conocimiento intensivo en áreas emergentes y la transformación digital de la sociedad, al refuerzo de las políticas de empleo y de formación profesional, al apoyo a las PYMES y a los autónomos, al turismo, la automoción, la hostelería, la transición hacia una economía sostenible y preservación del medio ambiente, con especial atención a los problemas del reto demográfico y al impulso del medio rural“.

Afinando un poco, los PGE incluyen un total de 27.436 millones de euros del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (de un total de 72.000 millones en tres años), de los que –sin prejuicio del gasto ordinario– el 33% (8.988 millones de euros, según los PGE) se destinará al considerado gasto social, según explicita el Gobierno en la introducción a las cuentas públicas. Estos fondos se invertirán en Sanidad (para reforzar el Sistema Nacional de Salud con especial atención a la Atención Primaria y la compra de vacunas), Educación (digitalización de colegios e impulso de la FP), Medio Ambiente (recuperación de costas y cuidado de acuíferos), Ciencia (impulso de la I+D+i y recuperación de talento), Igualdad (atención a víctimas de violaciones y creación de los llamados Centros de crisis para la atención a mujeres) o Dependencia, entre otras cuestiones.

Europa paga las vacunas contra la COVID

Gracias a los fondos europeos se podrán pagar también los gastos derivados de las vacunas contra la COVID-19. Las políticas sanitarias han obtenido un incremento muy notable respecto al ejercicio interior, 3.148 millones de euros más, un 75,3% de aumento, pero casi todo proviene de Europa: sin ellos, ese aumento se quedaría en 203 millones. 1.011 millones de los 2.423 millones para sanidad que llegan del programa de Ayudas a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) 2.423 millones de euros) van para la compra, distribución y difusión de futuras vacunas contra la enfermedad que ha provocado la pandemia. El proyecto de PGE sitúa esta operación, citando las previsiones de la OMS, “a partir de 2021”. Y, si no se retrasa más, fechan en el segundo semestre de 2021 el momento en el que “gran parte de la población pueda estar vacunada” y se permita “una vuelta a la normalidad”.

Refuerzo de la Atención Primaria

De los fondos europeos también sale todo el presupuesto de la otra principal partida sanitaria, la destinada a la “actualización de la Atención Primaria” poniendo en marcha el Marco Estratégico que el Ministerio de Sanidad aprobó con las comunidades en abril de 2019. Son 1.089 millones de euros. El objetivo es proporcionar “una atención de salud de manera integrada, equitativa y eficiente a la población, mediante el refuerzo de uno de los ámbitos de servicio que se ha demostrado imprescindible para la mejor atención a la población en todo tiempo”, describe el texto.

Mil millones para digitalizar colegios

La segunda mayor partida del Ministerio de Educación, tras las becas y ayudas al estudio, debe su existencia básicamente al fondo europeo. El departamento que dirige Isabel Celaá dispondrá de mil millones de euros, que tendrá que repartir con las comunidades autónomas, para invertir en digitalización, uno de los grandes debes del sistema, agrandado aún más en este curso de educación semipresencial. El Plan Educa en Digital se reparte en 150 millones de euros para reducir la brecha digital con la adquisición de material informático, 827 millones para digitalizar las aulas y otros 19 millones para los llamados Sistemas Digitales Interactivos (pizarras digitales, etc.).

El enésimo intento de impulso a la FP y un refuerzo a centros de “complejidad educativa”

Como prácticamente todos los Ejecutivos anteriores, este Gobierno también quiere impulsar la Formación Profesional. Para ello, va a destinar 556 millones de euros del fondo europeo a su plan de impulso de la FP, programado para tres años, además de los fondos propios del ministerio, que caen de 740 millones a 420. En conjunto, el objetivo del ministerio es actualizar el catálogo de títulos y crear 200.000 nuevas plazas. Dentro de esta partida se incluyen 78 millones de euros para el Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA), destinado a centros “de especialidad complejidad educativa” para prevenir el abandono escolar temprano, una de las grandes lacras de la educación en España.

Más plazas para el primer ciclo de infantil

Impulsar la oferta de plazas públicas de Educación Infantil, una etapa no obligatoria, es uno de los objetivos declarados del Gobierno de coalición declarado desde el acuerdo de Gobierno. Educación aprovecha ahora parte de los fondos europeos para darle un empujón: destinará 201 millones de euros, en colaboración con las comunidades autónomas, para crear plazas públicas en el primer ciclo (de 0 a 3 años), con especial énfasis a las niñas y niños de 1 y 2 años. Es la tercera partida más grande de los fondos europeos dedicada a Educación.

Desprivatizar las costas, proteger ecosistemas y lanzar la economía circular

La inyección económica europea que reciben los presupuestos de 2021 le ha sentado bien a las políticas verdes. Los programas alimentados con los fondos de recuperación suman más de 1.500 millones de euros. ¿El destino? Desde la recuperación de la costa a base de impedir su “destrucción física” y desprivatizar el litoral al impulso de la economía circular, la del reciclaje y la reutilización, que recibe 500 millones de euros directos. Además, la financiación comunitaria ha permitido sumar 600 millones para conservar ecosistemas, ya sean marítimos o terrestres.

150 millones para frenar el expolio de acuíferos y 20 para “prevención meteorológica”

La aportación extra que llega por el plan europeo para salir de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 debe servir para aliviar los problemas de gestión de agua que se le acumulan a España: hay 149 millones para detener el expolio de los acuíferos para el regadío intensivo, conseguir depurar correctamente las aguas residuales y aplacar el riesgo de inundación por el desbordamiento de ríos cuando se producen tormentas torrenciales. Y una propina relacionada: aparece una partida de 20 millones para “prevención meteorológica”. La nueva situación que provoca el cambio climático ha revelado como es cada vez más útil poder anticiparse a episodios violentos, ya sean olas de calor, picos de contaminación o borrascas destructivas. Los avisos a la población se han convertido en materia de salud pública.

Hacia el (deseado) 2% del PIB en inversión pública y privada en I+D+i

Los fondos europeos van a permitir una subida de la inversión civil en I+D+i del 80%, hasta los 11.483 millones de euros. De ellos, 4.752 millones son fondos europeos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Hay además otros 861 millones para Investigación, Desarrollo e Innovación Militar. En total se trata de 12.344 millones de euros, con los que España trata de ponerse al día. El país lleva años con una inversión en I+D que supone la mitad de lo que se destina en Europa. Los informes anuales de Cotec, que muestran el conjunto de esta inversión, tanto la parte pública como la privada, señalan que sigue estancada en el 1,20% del PIB, lejos del objetivo para 2020 del 2% de este indicador. Este porcentaje es la media europea de este tipo de inversión. Se desconoce qué porcentaje del PIB de 2021 supondrá la importante subida incluida en el proyecto de presupuestos, aunque con la caída prevista del PIB solo con no bajar la inversión el gasto relativo subirá notablemente, a falta también de conocer cuál será la inversión privada.

El presupuesto del Ministerio de Duque también crece un 60%

Por su parte, el propio presupuesto del Ministerio de Ciencia que dirige Pedro Duque crece casi un 60%, hasta los 3.232 millones de euros, frente a 2020 (1.100 de ellos de fondos europeos). La subida en concreto es de 1.200 millones de euros. Pasa de ser el 1,2% del total al 1,4%. Habrá que ver más adelante cómo se concreta la ejecución de todo este presupuesto. Según el informe de la Intervención General del Estado de 2019, el año anterior España no gastó ni la mitad del presupuesto de ciencia. Más del 90% del presupuesto no ejecutado corresponde a préstamos que casi nunca se ejecutan, pero que sirven para maquillar las cifras de inversión.

Según el Gobierno, además de avanzar en el porcentaje de PIB se pretende atraer y retener el talento investigador, además de favorecer el retorno de personal investigador, equiparar los derechos del personal investigador predoctoral, y estabilizar y rejuvenecer la plantilla de personal en los centros de investigación públicos, con una mejora de las condiciones laborales, entre otras cuestiones.

Inyección extra para la dependencia a medio plazo

Los servicios sociales y la dependencia van a recibir una inyección extra gracias a los fondos europeos. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prevé destinar los 603 millones que prometió como ‘plan de choque’ para recortar las listas de espera y aumentar las cuantías del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), provenientes de fondos ordinarios. De Europa, concretamente del programa para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, irán otros 1.154 millones repartidos entre distintas áreas sociales. 708 millones de ellos, han explicado fuentes del Ministerio, son para dependencia, aunque no directamente para el SAAD sino para programas que podrán desarrollar las comunidades –infraestructuras, renovaciones de equipos, licitaciones– más a medio plazo.

Asistencia integral y 24 horas para las víctimas de violaciones

El Ministerio de Igualdad también gestionará parte del dinero procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de Europa. En concreto, 49 millones de euros que utilizará, entre otras cosas, para la puesta en marcha de los llamados “centros de crisis” para víctimas de agresiones sexuales y cuya creación contempla la futura Ley de Libertad Sexual, que aún está en fase de trámite. Este tipo de servicios tienen un carácter integral y el objetivo es que haya al menos uno en cada provincia. Se trata de recursos de emergencia 24 horas que brindan a las víctimas información, asesoramiento y acompañamiento psicológico y legal tras una violación.

Este tipo de servicios apenas están implantados en nuestro país –recientemente se abrió el primero en Madrid–, pero cuentan con mucha presencia en varios países de Europa y Estados Unidos. Varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, llevan tiempo reclamándolo hasta alcanzar la ratio de uno por cada 200.000 mujeres que recomienda el Consejo de Europa.

El Gobierno no especifica en el proyecto de Presupuestos qué montante de los casi 50 millones de euros del fondo europeo irán destinados a esta política, pero prevé también utilizar parte para otras cuestiones relacionadas con la violencia de género. En concreto, la “modernización” y la ampliación de los servicios de atención a las víctimas a todos los tipos de violencia sobre la mujer: el teléfono 016, la teleasistencia y las pulseras de control utilizadas para vigilar telemáticamente a hombres investigados por maltrato. Se trata de una intención que ya ha deslizado en muchas ocasiones el Ministerio de Igualdad y que implica que estos recursos no solo estarán disponibles para mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas o exparejas, como ocurre ahora, sino que podrán acceder otras víctimas, como las de violencia sexual, trata o mutilación genital.

Con información de Belén Remacha, Raúl Rejón, Marta Borraz, Marina Estévez Torreblanca y Daniel Sánchez Caballero.

Sine die. La reunión para negociar los presupuestos andaluces de 2021 entre Vox y la Consejería de Hacienda y Financiación Europea sigue en el aire. De momento. El encuentro acordado en un principio para el pasado jueves se trasladó a este lunes aunque sigue sin celebrarse. “Y no hay ninguna fecha acordada”. Hay que esperar a que “se alivien un poco las tensiones. No es teatro político, existen”, resaltan fuentes de Vox a este diario.

La formación liderada por Alejandro Hernández en Andalucía aplazó el encuentro con el equipo del consejero Juan Bravo por motivos de tiempo. “Esa ha sido la razón y no otra”, apuntó escudándose en la celebración del Debate del Estado de la Comunidad. Sin embargo, de su comparecencia se desprendió que la causa era una muy distinta. Las palabras del líder del PP, Pablo Casado, durante la moción de censura presentada contra el Gobierno de Pedro Sánchez, escocieron en el partido de Abascal.

La Consejería no informa sobre las reuniones de trabajo con los distintos grupos parlamentarios aunque estas se han ido sucediendo en las últimas jornadas. El viernes pasado fue el turno del PSOE-A y desde Adelante Andalucía confirman que se están ultimando los detalles. Ambas formaciones apuntan, sin embargo, que son reuniones “a nivel informativo” y que desconocen los detalles del borrador del presupuesto que tiene el Gobierno de PP y Cs en mente.

Bravo siempre ha agradecido “la voluntad” del resto de partidos para poner en marcha las cuentas andaluzas del próximo año. Ahora las negociaciones con Vox están en el limbo a pocos días de la fecha límite para la presentación del proyecto de ley de Presupuestos según el Estatuto de Autonomía (31 de octubre). “Los plazos previstos no cambian”, apuntan fuentes de Hacienda para despejar un posible retraso.

La Junta tiene como objetivo hacer un “presupuesto de todos”, como apuntó el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo. Se busca aprobar las cuentas en “tiempo y forma” y por unanimidad. El esfuerzo que el Gobierno de coalición tendrá que hacer para conseguir el respaldo del bloque de la izquierda está asumido por parte de PP y Cs. Ahora Vox pone otro obstáculo a salvar, pero ¿de cuánta dificultad?

Sin alternativa

El Gobierno andaluz quiere mantener la actitud conciliadora que exporta desde su llegada a San Telmo. Bravo busca que los distintos partidos se pongan de acuerdo para paliar las consecuencias de la pandemia. Las cuentas superarán los 40.000 millones, un 3% más que en 2020. “El mayor presupuesto de la historia de Andalucía”, anunció el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.

Pero, a pesar de que Casado aparentemente se ha alejado de Vox, la coalición de PP y Cs en Andalucía sabe que la formación de extrema derecha es “parte esencial” en el nuevo contexto político de Andalucía. Así lo dijo Bendodo el pasado martes: “El cambio en Andalucía tiene tres patas”, refiriéndose a Vox. Incluso Hernández presume de ello y lo recuerda con cierta frecuencia. Aún así, desde el Gobierno insisten a su socio parlamentaria y aseguran que Moreno no vería “razonable” la oposición a los presupuestos y menos en tiempos de crisis sanitaria. 

Precedentes

Los vaivenes de la extrema derecha no son una novedad a la hora de respaldar las cuentas autonómicas. La aprobación de los actuales presupuestos también tuvo sus dimes y diretes. Al final salieron adelante con los apoyos de PP, Cs y Vox. Entretanto los de Hernández hicieron una enmienda a la totalidad del proyecto e impulsaron 35 medidas –entre las que se encontraba la creación del “teléfono de violencia intrafamiliar” o el refuerzo de las medidas de seguridad en los centros de menores no acompañados– que fueron aceptadas por el Ejecutivo. Vox apela a “tensiones” para sentarse a negociar los presupuestos, pero sabe que no tiene otra alternativa. Mientras, seguirá amagando y presionando.

“No es la primera vez que Vox utiliza esta estrategia”, dice el portavoz de Hacienda de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada. La vacilación de la extrema derecha es para Ahumada “una oportunidad” para probar otros apoyos en las medidas presupuestarias, pero resalta que el Ejecutivo andaluz “depende de la llamada de Abascal”. “¿Hasta dónde está dispuesto PP y Cs a llegar en sus concesiones a Vox?”, se pregunta.

Por su parte el PSOE-A ha acudido a las negociaciones con Hacienda con “total voluntad de diálogo”. Quieren ser “una opción útil por el bien de los andaluces y andaluzas”. Sin embargo, su portavoz en el ramo, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado que Andalucía “no se merece estar condicionada la voluntad de la ultraderecha”.

“La austeridad ya no va a ser nuestro camino [...]. Vamos a hacer unos presupuestos valientes”, ha solemnizado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, en la presentación de las directrices con las que el Gobierno vasco de PNV y PSE-EE acometerá la confección de las cuentas de 2021, un “reto” por ser la herramienta económica fundamental en un contexto de crisis económica repentina generada por el coronavirus. Euskadi celebra el fin de la austeridad en Europa -“estamos encantados de que haya tomado la decisión de acabar con las reglas fiscales”- y ya da por hecho que los presupuestos del próximo ejercicio, con hasta 1.600 millones de margen por la flexibilización del déficit y un límite de deuda del 16,9%, serán expansivos respecto a los 11.774 millones de 2020. “Van a ser los presupuestos de la reconstrucción y de la transformación”, ha abundado el hombre de los números de Iñigo Urkullu tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Aprobadas estas directrices, el calendario presupuestario marca como siguiente fecha clave el 15 de octubre, cuando se analizará la recaudación y el techo de gasto en el Consejo Vasco de Finanzas, un órgano que sienta a quienes tienen las competencias de Hacienda (las diputaciones) con quien en Euskadi gasta el 70% (el poder autonómico). Azpiazu ya ha concretado que el Gobierno aprobará el proyecto definitivo el 15 de diciembre y que lo llevará al Parlamento el 18 de ese mes, donde la estrenada mayoría absoluta de PNV y PSE-EE no se encontrará con las dificultades y largas negociaciones de la pasada legislatura. Se confirma que no habrá tiempo para los presupuestos estén listos para el 1 de enero aunque ése fue justamente uno de los argumentos de Iñigo Urkullu para ubicar las elecciones en julio y no en septiembre, el contar con las cuentas aprobadas al inicio del año en un contexto económico tan crítico como el que ha abierto la pandemia.

Pero más allá de las intenciones, Azpiazu se ha resistido a poner cifras a sus compromisos. “Vamos a empezar a hacer ahora los números”, se ha escudado el consejero, quien en todo caso tiene claro que la flexibilidad en la posibilidad de financiar parte del presupuesto con nueva deuda cubrirá con creces la previsible bajada de la recaudación, que en algunos momentos del año se ha situado en torno al 20%. Y todo “sin tener el cuenta el dinero de Europa”, ya que se desconoce cuánto de los 140.000 millones que en principio corresponderían a España llegarían a Euskadi y, sobre todo, cuándo llegarán esas partidas. Azpiazu ha pedido evitar la “excitación” y que se aborden proyectos “ejecutables” y ha confiado en contar con más detalles del plan 'Next Generation EU' el 26 de octubre cuando Ursula von der Leyen se cite por vía telemática con el lehendakari y con otros líderes autonómicos. “Que no haya ninguna duda, no vamos a dejar escapar un euro”, ha respondido Azpiazu a los críticas por el primer listado de posibles proyectos ya enviado en agosto y que ha recibido críticas del principal partido de la oposición, EH Bildu, por minimizar las ayudas para Álava y Gipuzkoa frente a Bizkaia.

Azpiazu, que ha dicho que las cuentas expansivas se notarán en Educación y en Sanidad pero también en políticas verdes o de digitalización, tampoco se ha querido mojar sobre su propuesta en torno a la actualización de los salarios de los empleados públicos. “Vamos a ver cuál es la cifra que el Estado plantea”, ha señalado a preguntas de los periodistas. Pero sí ha dejado un elemento para la reflexión a la luz de la variación de los precios en los últimos meses: “Aun manteniendo los salarios, no habría una pérdida de capacidad adquisitiva”. Y también ha añadido que “cualquier variación” en el capítulo de personal “supone una cuantía importante” que afecta al conjunto del presupuesto.

Euskadi no sólo encarará 2021 con un presupuesto alto, sino con perspectivas económicas positivas. Cree Azpiazu que llegará un año “típico” después de otro tremendamente atípico, lo que generará un “efecto rebote” de grandes dimensiones. En cifras, el PIB crecería un 8,9% -se estima una caída del 10,1%-, el consumo repuntaría un 7,4% y el empleo crecería un 7,9%.

El consejero, por otra parte, ha explicado también que llevará con carácter inmediato al Parlamento un proyecto de ley de reforma de los presupuestos de 2020 de tal manera que se pueda incrementar la deuda antes de final de año en consonancia con los acuerdos alcanzados con el Estado en julio. Habría margen para emitir 1.700 millones pero parte ya se ha gastado en planes específicos contra la COVID-19. El resto, 1.400, sería susceptible de ser captado aunque Azpiazu ha apelado a la responsabilidad: “No vamos a emitir todo por el hecho de emitir”. Es más, ha remarcado que Europa retomará posiblemente en 2022 las políticas de control del déficit y que es importante actuar con responsabilidad presupuestaria.

España todavía no se ha recuperado de los recortes en sanidad, educación y servicios de sociales más duros de la crisis económica. Lo refleja un informe que publica este miércoles la Asociación de Directores y Servicios Sociales sobre la evolución de los presupuestos autonómicos a lo largo de todos estos años con datos del Ministerio de Hacienda. En el año 2009, los gobiernos regionales destinaron 116.851,7 millones de euros al ámbito social. En 2018, el último presupuesto liquidado, la cifra fue 116.857,31 millones. En 2013 se registró el nivel más bajo de inversión, menos de 100.000 millones de euros, y luego, entre 2014 y 2018 “se han ido registrando aumentos en los presupuestos”. Pero en 2019 “la tendencia se ha roto” y, con el presupuesto ya definitivo, se vuelve a quedar en 116.850,46 millones de euros, ligeramente por debajo en términos absolutos tanto del de 2018 como del de hace una década.

El gasto social medio por habitante en nuestro país fue 2.498,54 € en 2019; son 36,81€ menos que en 2009 y 11,75€ menos que en 2018. “Ahora con la pandemia todos nos acordamos de la sanidad, de las residencias, con la vuelta al cole de la educación… pero es que el Estado del Bienestar venía muy maltratado de la anterior crisis y lo arrastramos”, resume José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación, que es referente en el sector. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyas cuantías se transfieren a las comunidades, también llevan congelados y prorrogados desde 2018, y eso “ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro”, valoran.

El conjunto de gasto en el Estado no ha llegado a niveles de 2009, pero hay acusadas diferencias territoriales. Gran parte del peso de que no se alcance la inversión social de hace 10 años se debe a Catalunya. Son esa y Castilla-La Mancha las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos 10 años, a pesar de la recuperación económica general: una reducción en un 19,6% y en un 15,4% respectivamente. “Son las dos comunidades que más frenan la recuperación, por distintos motivos. Catalunya durante los últimos años, desde 2015, y Castilla-La Mancha porque tuvo recortes muy duros a partir de 2011. Hay que valorar tanto dónde se está como de dónde se viene”, sintetiza Ramírez. Aragón, Galicia y Castilla y León son regiones también con saldo deficitario.

En el lado bueno, doce comunidades sí han conseguido superar en 2019 la inversión social que hacían en 2009. La Comunidad Valenciana es la que ha logrado un mayor aumento cuantitativo en sus políticas sociales, 1.656 millones, algo que Ramírez reconoce al actual gobierno autonómico y califica de “espectacular”. Baleares gana en términos relativos, tiene un crecimiento de un 24,8% de aumento. Hay un tercer grupo que se mantiene en niveles parecidos a los de 2009, con subidas de entre el 0,5% y el 5% (La Rioja, Canarias, Extremadura, Andalucía y Madrid).

“La pregunta sería cómo hubiéramos abordado la crisis del COVID-19 con unos servicios esenciales fuertes, en los que la inversión hubiera sido superior y no hubieran sufrido los recortes de la  crisis anterior”, continúa la Asociación.  Lo que piden como solución es un “blindaje presupuestario” de las tres materias que componen el gasto social, fórmulas “urgentes” que den aire a las autonomías para invertir en ello y que no dependa de ningún color político. También lamentan esa falta de PGE nuevos desde 2018. En los de 2019, que no salieron adelante por la negociación política, estaban incluidos 500 millones destinados al sistema de dependencia, con lo que no se llegaría a solucionar todas sus carencias –las listas de espera aumentaron el año pasado– pero que hubiesen aligerado algo la situación. “En un escenario político tan grave como el actual, el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política”, dicen.

La deuda de las autonomías también se ha ido acumulando esta década, en más del 360%, algo que relacionan directamente con la situación general. “La tónica ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda”. Los presupuestos autonómicos de 2020 todavía no están cerrados ni liquidados, son “iniciales” –tres comunidades, Castilla y León, Madrid y La Rioja, han prorrogado los suyos– . Catalunya, por su parte, ha intentado paliar la merma sostenida de inversión en Sanidad, Educación y Asuntos Sociales con unas cuentas para 2020 que crecen en 3.000 millones, las primeras expansivas en una década.

Aunque sobre el papel el escenario mejora respecto al ejercicio de 2019 y sí aumentan el gasto en servicios públicos, “han de ser tomados con todas las cautelas puesto que la obligada actuación con presupuestos prorrogados en las comunidades generará importantes descuadres en la contabilidad pública”, explican, más por la actual coyuntura de la pandemia.

Menos en Sanidad y Educación, algo más en Servicios Sociales

Por áreas concretas, los presupuestos autonómicos siguen por debajo de los de 2009 en Sanidad. Son 1.740,3 millones de euros menos en 2019 respecto a lo gastado en 2009, un 2,7% menos. Doce Comunidades (Baleares, Navarra, Cantabria, País Vasco, Murcia, Asturias, Castilla y León, C. Valenciana, Andalucía, Canarias, Madrid y Galicia) sí han incrementado el gasto en Sanidad en esta etapa, pero por lo contrario destaca Catalunya, cuyo gasto ha sido en 2019 un 27% inferior al del 2009. En Educación también se ha rebajado el gasto, aunque algo menos: las comunidades han invertido 393,5 millones de euros menos, un 1%. Hay nueve comunidades (Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Cantabria, Andalucía, Navarra, Murcia y La Rioja) que incrementan su gasto (Madrid lo mantiene prácticamente igual al de 2009). Y Castilla y León y Catalunya destacan por lo bajo: invierten un 8,1% y un 12% menos en educación respectivamente.

En servicios sociales es el único ámbito en el que la cosa mejora. Todas las Comunidades excepto dos (de nuevo, Castilla-La Mancha y Catalunya) recuperan en 2019 el nivel de gasto del año 2009 en esa materia, y en el conjunto de España el gasto autonómico termina con 2.132 millones más, un 17,9% de aumento. Aun así, “insuficiente”, atendiendo a factores como ese incremento de las listas de atención a la dependencia. 

Además, desde la Asociación expresan un temor. Actualmente, el grueso de servicios sociales va a tres secciones: las rentas básicas de inserción, los servicios comunitarios y el sistema de atención a la dependencia. Y ven en “claro riesgo” que, tras la aprobación del Ingreso Minimo Vital, “cuando por fin se ponga en marcha, las comunidades consideren que con eso es necesario y el dinero destinado a rentas se invierta en otra cosa. Consideramos que habrá que estar atentos”.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado en una entrevista en Al Rojo Vivo que prefiere que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se aprueben con la mayoría que apoyó la investidura, porque puede dar “estabilidad” a la coalición. “Se dialoga con todos, pero creo que estoy diciendo algo bastante evidente al decir que los Presupuestos, que se van a basar en nuestro programa de Gobierno, para ser viables se tienen que construir con una mayoría como la que aprobó la coalición”, ha subrayado.

Iglesias ha recordado que la negociación la están llevando a cabo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y que quieren que sean los Presupuestos del Gobierno de coalición ya que “en España gobiernan dos formaciones políticas”.

El borrador, que según ha dicho estará listo a finales de este mes de septiembre, lo van a presentar en un acto público el presidente del Gobierno y él mismo y, posteriormente, comenzarán las conversaciones con los grupos: “Primero con los que apoyaron la investidura, luego con los que se abstuvieron y por último con el bloque de la derecha [que se opuso]”.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha admitido que el apoyo de la derecha es “difícil” porque “PP y Ciudadanos gobiernan gracias a la extrema derecha”, por lo que el carácter en su relación con el Gobierno es “muy distinto”.

Además, se ha pronunciado respecto a las declaraciones de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre la influencia de la ideología de Unidas Podemos en las Cuentas: “Si alguien dice eso, está poniendo muy difícil, por no decir imposible, pactar unos Presupuestos en los que Unidas Podemos está en el Gobierno y yo de vicepresidente”.

Incapacidad temporal para padres con hijos con síntomas

El vicepresidente ha avanzado además que el Ministerio de Trabajo está preparando una medida para que los padres que tengan que tener a sus hijos en cuarentena –aunque no sean positivos de COVID-19– y no tengan con quién dejarlos, puedan acogerse a una “incapacidad temporal que tenga reconocido al menos el 75% de las cotizaciones sociales”.

Este caso, ha expresado, está previsto que se extienda también a la situación de que el niño o la niña tuviese fiebre, aunque no se sepa si está o no infectado de coronavirus, y los progenitores deciden no llevarlo al colegio: “Entre el Ministerio de Inclusión y el de Trabajo van a extender esa incapacidad temporal también para esos supuestos. Es una cuestión de salud pública. No les podemos decir a los padres que no sean responsables”. Preguntado por cuándo se pondrá en marcha esta medida, el vicepresidente segundo ha dicho que “están trabajando en ello” y que espera que sea “de manera inminente”.

También en materia de vuelta a las aulas, Iglesias ha desmentido los comentarios sobre la “falta de liderazgo” de la ministra de Educación Isabel Celaá: “No dije eso en ningún caso. Creo que está haciendo un gran trabajo de coordinación de las administraciones autonómicas, que tienen la competencia. Sé que se han publicado muchas cosas de críticas pero, si las hacemos, las hacemos a puerta cerrada y no me identifico con lo que se ha publicado (...). Lo que tengo que decir a cualquier otro miembro del Gobierno no lo digo en público, ni a través de fuentes”.

En la entrevista, además, Iglesias se ha referido a la situación actual del coronavirus, cuando España es ya el sexto país del mundo en número de diagnósticos en una semana: “Los datos de contagios que hay no son buenos, pero creo que es muy importante ponerlos en relación con los niveles de letalidad, de colapso hospitalario o de ingresos en UCI y eso nos llevaría a una conclusión muy obvia: el nivel de contagios actual es muy distinto al que teníamos en abril y marzo”. A pesar de eso, ha insistido: “Eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, ni estar satisfechos y tranquilos”.

El líder de Unidas Podemos también ha hecho autocrítica del papel del Gobierno durante la primera ola del coronavirus: “Tenemos que saber que las cosas las podríamos haber hecho mucho mejor (...). Ojalá en el mes de marzo hubiéramos sabido lo que se ha sabido después, para poder haber sido más estrictos y poder haber apostado por medidas más duras de confinamiento antes”.

“Pero no hay que perder de vista el enorme esfuerzo que se está haciendo para hacer test y cuando vemos las cantidades de asintomáticos que se están haciendo PCR podemos apreciar nuestra capacidad de controlar el virus respecto a marzo y abril”, ha dicho para valorar el esfuerzo de los profesionales y las autoridades sanitarias.

Por otro lado, se ha pronunciado sobre las escasas solicitudes del Ingreso Mínimo Vital que se han aprobado hasta el momento. “La clave es que llegara rápido; no es tanto que te lo concedan, como que llegue a tiempo. Estoy muy preocupado por la situación. Me consta que las solicitudes concedidas son un porcentaje extremadamente pequeño de las que se han hecho. Estamos trabajando con el Ministerio de Inclusión y estoy convencido de que en las próximas horas y en los próximos días van a habilitar un mecanismo para agilizarlas”.

“No nos puede sorprender [que nos imputasen]”

Iglesias también ha sido pregunta por la investigación abierta en un juzgado de Madrid sobre las finanzas del partido a raíz de una denuncia de un antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente. “No nos puede sorprender. Hay hasta 14 denuncias contra Podemos en los últimos seis años tratando de investigarnos por financiación ilegal”, ha declarado. “Que investiguen, que miren debajo de las alfombras y nos pidan los documentos que quieran. Sospecho que al final ocurrirá lo mismo que ha ocurrido en las otras 14 veces. Pero máxima colaboración con la justicia”, ha asegurado al respecto.

Finalmente, se ha referido a la marcha de España del rey emérito: “No tengo la menor idea de si efectivamente está en Emiratos Árabes Unidos, pero me parece una vergüenza no solo que huyera de España el anterior jefe del Estado, sino que además se fuera a lo que algunos han calificado como el lugar del crimen”. Para el vicepresidente segundo, con este hecho, “la imagen internacional de España no podría estar peor”. Asimismo, cree que “es inverosímil disociar la figura de la monarquía de la figura de Juan Carlos I, que además aparece en la Constitución”. “Creo que hechos tan graves como este abren el camino a un horizonte republicano y que tarde o temprano tendremos en España una república donde el jefe o la jefa del Estado se elegirá en las urnas y si es un corrupto responderá ante la ley”, ha zanjado.

El Senado ha aprobado este miércoles definitivamente la senda de estabilidad (objetivos de déficit y deuda) que dan forma a los Presupuestos Generales del Estado para 2020 por 133 votos a favor, 109 en contra y 14 abstenciones. Se trata de déficit público del 1,8% del PIB este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023, acompañado por un límite de gasto de 127.609 millones, un 3,8% más. El techo de 2021 asciende a 131.437 millones de euros, un 3% más. Estos objetivos de déficit quedan ya vigentes al margen de que se aprueben o no los PGE, no así el techo de gasto, que va unido a este proyecto.

La senda ha obtenido los votos favorables del PSOE, PNV, Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Teruel Existe (2), CC-Partido Nacionalista Canario, PRC, PAR y Agrupación socialista Gomera, así como las abstenciones de ERC y de EH Bildu. De su lado, han votado en contra los 114 senadores del PP, Ciudadanos, JxCAT, Vox y UPN, informa EP.

La crisis del coronavirus ha tenido su espacio en la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha apelado a la responsabilidad de los grupos para flexibilizar las reglas fiscales y de gasto “en un momento que se requiere”, entre otras cosas en un contexto en el que todos los gobiernos y organismos internacionales están preparando mayores inversiones para prevenir el bloqueo de la economía.

En una declaraciones anteriores a los medios en los pasillos del Senado, Montero ha señalado si bien por el momento no hay contabilizado un impacto en la economía española por esta crisis sanitaria, si se prolongara el Gobierno está “preparado” para actuar en coordinación con la UE y estudiaría medidas, que podrían incluir las fiscales. El Eurogrupo ha decidido por el momento permitir a los gobiernos saltarse los límites de déficit “temporalmente” para afrontar el impacto del coronavirus.

La ministra ha defendido la necesidad de suavizar la senda de estabilidad, dado que sigue vigente la aprobada hace tres años, y “el país de hoy no es el mismo”. Ha recordado que votar en contra supondría renunciar a un aumento de la capacidad de gasto de 3.500 millones en las comunidades autónomas y 7.500 millones en la Seguridad Social.

Una vez el Gobierno ha obtenido el respaldo del Senado a la nueva senda, empezará a elaborar el proyecto de Presupuestos de 2020, cuya tramitación parlamentaria y aprobación definitiva espera tener lista antes de que acabe el verano. La ministra de Hacienda ha reiterado que el Gobierno mantiene su hoja de ruta de presentar el anteproyecto de ley cuando tenga los apoyos asegurados. De hecho, el Ejecutivo renunciará a los presupuestos de 2020 si las elecciones catalanas impiden el apoyo de ERC, y se centrará en los de 2021.

El Gobierno vasco y una delegación de Podemos se han dado cita este miércoles en la primera reunión de seguimiento del acuerdo alcanzado a finales de 2019 y que permitió la aprobación de los presupuestos de 2020. Según la nota difundida por ambas partes, el “87,5%” de las medidas acordadas ya están desarrolladas o en marcha en apenas dos meses, si bien no se ha dado el dato de la cuantificación económica de ese balance. Las cifras acordadas alcanzaban 89 millones en 2020 y créditos de compromiso hasta 2027 hasta completar un pacto global de unos 200 millones.

De 66 medidas pactadas, 22 están ya completadas, 36 “en marcha” y 8 sin iniciar, según el recuento realizado por ambas delegaciones. Bloque a bloque, el que parece más avanzado es el de “políticas feministas y lucha contra la violencia machista”, con todos los acuerdos completados o en tramitación, un total de 18 puntos. En materia medio ambiental, en cambio, quedan cuatro planes pendientes de activación de un total de 14. En material social, de 34 puntos pactados, cuatro son los que aún no se han desarrollado. La siguiente cita será en mayo, ya después de las elecciones del 5 de abril, y ahí ya habrá números más detallados, según las fuentes consultadas.

El Ejecutivo, una coalición de PNV y PSE-EE, pactó los presupuestos con Podemos y Equo, dos de las tres patas de la coalición Elkarrekin Podemos. El tercer socio, IU, se desmarcó desde un inicio al entender que las enmiendas no iban a dar la vuelta a unas políticas que se habían rechazado durante toda la legislatura. En la reunión de seguimiento, sin embargo, no ha participado ya el representante de Equo, José Ramón Becerra, que fue parte del equipo negociador.

La pasada semana se consumó la ruptura de la formación verde con Podemos e IU. Becerra lo achacó abiertamente al “veto” de Pablo Iglesias por el apoyo de Equo a Íñigo Errejón, estrategia de la que se desmarcó expresamente la formación en Euskadi, donde se han preservado hasta el final las buenas relaciones entre socios. La comisión de seguimiento, por parte de Elkarrekin Podemos, la han integrado Rosa Martínez -a la espera de los resultados de las primarias para ser candidata a lehendakari-, Julen Bollain y Cristina Macazaga.