El sector de la dependencia recuerda que llevaba tiempo avisando de que afrontaba la crisis de coronavirus “sin recursos”

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, referente en el sector de los servicios sociales, ha expresado cierto malestar con las declaraciones de este lunes de la ministra Margarita Robles. La titular de Defensa ha informado este lunes de que el Ejército ha encontrado cadáveres en residencias de mayores de varios puntos del país, tras haber entrado en ellas para desinfectarlas de residuos de Covid-19. José Manuel Ramírez, presidente de esta asociación, teme que a partir de este caso se señale a los trabajadores sociales y se “eche por tierra” su labor. También que “se haya podido elevar un caso puntual a categoría” porque, en su inmensa mayoría, dice, los cuidadores “se están dejando la piel” para frenar la epidemia de coronavirus. Ramírez señala que “no se ha apoyado” al sector de la dependencia y que han estado trabajando “sin recursos” hasta ahora.

El Ministerio de Defensa no ha especificado en qué residencias la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército ha hallado a ancianos fallecidos que no habían sido debidamente notificados. La Fiscalía General del Estado, tras enterarse del caso y confirmarlo con la UME, ha anunciado que va a abrir diligencias para investigarlo “a fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal”. El protocolo para el manejo de pacientes fallecidos por Covid-19 establece que las actuaciones extrahospitalarias deben limitarse “al mínimo imprescindible” y estas deben ser realizadas por el personal de funerarias, que ahora mismo en zonas como Madrid está colapsado.

José Manuel Ramírez considera las declaraciones de Robles “desafortunadas” porque “hay casi 200.000 personas trabajando en residencias abandonadas, sin apoyo, ni medios sanitarios, ni Equipos de Protección Individual necesarios para cuidar a las personas mayores y dependientes que viven ahí”. Pide “no criminalizar” a los trabajadores de residencias y otros servicios sociales sino “valorarles de la misma manera que se está considerando héroes y se está aplaudiendo a todas las personas que están en Sanidad”.

Las residencias de ancianos se han convertido en un foco importante durante la crisis del coronavirus, sobre todo en Madrid, por haberse dado brotes descontrolados en varias entre población frágil. La Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad ha declarado a este periódico haberse enterado por la prensa del hallazgo de la UME y no constarles en qué centros ha sucedido. Hasta el viernes pasado, las residencias no estaban incluidas en el reparto prioritario de material de prevención como mascarillas, que está ahora mismo en proceso de refuerzo en todo el Estado. También fue aprobado el reparto de 300 millones para Servicios Sociales. En una entrevista con eldiario.es, el director del Imserso, Luis Barriga, pedía igualmente respeto para los trabajadores sociales de residencias.

Piden medicalizar las residencias y más recursos

Otras entidades son menos críticas que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales con las declaraciones de la ministra Robles pero también piden que se ponga el foco en la falta de medios y protección de los trabajadores. La presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, Emiliana Vicente, afirma que, de haber sucedido este hallazgo de cadáveres en algún centro, es “ una barbaridad”. Recuerdan que es urgente “medicalizar” las residencias para poder atender a los mayores, así como reforzar las inspecciones “en públicas, concertadas y privadas”.

Desde el Consejo exigen una intervención estatal seria: “Igual que se ha hecho a gran formato grandes hospitales como IFEMA, se deben tomar medidas similares en el caso de las residencias, cuya población es diana del coronavirus”. “Los trabajadores sociales están saturados, como los sanitarios”, señalan desde el Consejo, “no tienen medios y tienen que protegerse de contagiarse y de contagiar a los usuarios. El Ejército está actuando pero necesitamos soluciones focalizadas, a estas personas no se las puede trasladar de lugar como a otros enfermos”.

Desde otra asociación, Pladigmare, que reúne a unos 300 familiares, usuarios y trabajadores en Madrid y que viene denunciando durante estas semanas de crisis sanitaria la situación de estos centros en la Comundidad, reconocen estar “horrorizados y angustiados” ante esta noticia. También afirman “no entender” por qué no se concreta desde Defensa en qué residencias ha sucedido.

La presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, Aurelia Jerez, describe que las palabras de la ministra Robles les han caído “como una bomba”. “Aunque ya llevábamos tiempo avisando de la situación”, sigue, y habían pedido a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales “un estudio sobre la situación de las residencias” antes ya del brote de Covid-19. Achacan igual los problemas que se están dando en residencias a “la falta de personal y de medios”: “Es necesario que el Estado se haga responsable de la atención a las personas en situación de dependencia. Las comunidades tampoco han velado con la suficiente diligencia el cumplimiento de ratios”.

Pide igual que no se viertan las críticas sobre trabajadores, que “se dejan la piel, sin medios de protección y por cuatro euros, con ratios demenciales; sabemos de casos donde han quedado dos auxiliares para atender a 70 ancianos. La culpa es de las empresas por poner siempre por delante sus beneficios económicos, y de las comunidades por novelar”. Recuerda que “no se han hecho test a usuarios ni trabajadores en las residencias donde se daba algún caso, lo que ha causado contagios prácticamente generalizados”.

El pasado domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que pondrá a disposición de todas las comunidades las residencias privadas de mayores para “mejorar las condiciones de vida de los mayores y reducir su posibilidad de contagio”.