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El Gobierno invertirá 1.500 millones para impulsar la FP y acreditar competencias laborales de 3,3 millones de trabajadores

Profesor y alumnos participantes en uno de los cursos reanudados en el Centro de Formación Profesional para el Empleo de Montilla

Daniel Sánchez Caballero

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España tiene demasiados trabajadores no cualificados y demasiados pocos con cualificación intermedia. Al menos para las necesidades que va a tener como país, según los cálculos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. Casi la mitad de los 23 millones de personas que componen la población activa (un 48%, en concreto) tiene un nivel de formación que no les capacita profesionalmente, según datos del Gobierno. Frente a esta realidad, España necesitará en 2025 que la mitad de sus trabajadores tengan una cualificación intermedia y un 14% de empleados con baja cualificación. Pero la foto fija de la situación muestra otra realidad: actualmente no llegamos al 26% de personas con cualificación intermedia, pero superamos el 35% con baja cualificación. El Ejecutivo cree que la solución a este desequilibrio está en la Formación Profesional (FP).

Para solventarlo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles el programa del Gobierno para impulsar la Formación Profesional. Un poco como sucede con las leyes educativas, prácticamente no hay Gobierno que no tenga sus propias ideas respecto a la FP y pretenda impulsar una rama educativa/formativa históricamente ninguneada en España. Si el anterior Ejecutivo apostó por la FP Dual, vinculada a las empresas, en esta ocasión, el Gobierno ha presentado un plan con el objetivo principal puesto en acreditar las competencias profesionales básicas de toda esa población que trabaja a base de saber, pero que no tiene reconocida de manera oficial sus capacidades. “Esto no puede ser, el reconocimiento de las capacidades aumentará la empleabilidad de estas personas. Esto es clave, es una tarea que lleva pendiente no sé cuánto tiempo”, ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El proyecto, que estará dotado con 1.500 millones de euros en cuatro años (que podrán ser ampliables con los fondos pactados en la madrugada del martes en Bruselas para la recuperación europea tras la pandemia), se complementa con un aumento de la oferta de plazas (hay que llegar a un 49% de trabajadores con cualificación intermedia), una renovación y modernización del catálogo formativo, la flexibilización del sistema formativo, la digitalización y la unificación de todo el sistema de la FP bajo el paraguas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Actualmente, la FP tiene una rama educativa, que lleva Educación, y otra más vinculada al empleo y la acreditación de competencias, que correspondía a la cartera de Trabajo.

También se impulsará la colaboración público-privada y habrá una especial atención para la FP Dual, una modalidad que da más peso a la formación de los estudiantes en las empresas pero que actualmente no alcanza el 5% de todas las plazas de FP. “No existe una formación de calidad sin la empresa”, ha señalado Sánchez.

“Este acuerdo”, ha afirmado el presidente en alusión a que el proyecto viene avalado por empresarios y sindicatos, “supone una revolución en la FP en nuestro país. Si hablamos de educación, formación, emprendimiento, empleabilidad... estamos poniendo el foco en el corazón de los desafíos estructurales que tiene España”, ha valorado. Y la FP tiene algo que decir al respecto: solo el 7,35% de los jóvenes con un título de FP está en el paro.

Trabajadores sin cualificación

Los trabajadores que no tienen ningún título o certificación profesionalizada serán los principales beneficiarios de esta reforma. El Gobierno quiere que, en cuatro años, el 40% de ellos (3,3 millones de personas) tenga acreditada su competencia laboral. Para ello, explican fuentes de Educación, se trabajará con las Comunidades Autónomas para que estos procesos estén permanentemente abiertos, al contrario de lo que sucede ahora, que funcionan por convocatorias.

Eso en cuanto a la parte más laboral de la FP. La vertiente educativa también sufrirá cambios. Uno de los principales que se pretende implementar es flexibilizar la estructura de los títulos. Hasta ahora, si un estudiante tenía interés en algún módulo de una titulación diferente a la suya, tenía que cursar toda la titulación, según explican fuentes de Educación. Con la reforma se permitirá cursar solo estos módulos, de modo que los estudiantes puedan diseñar una plan formativo más a la carta, algo similar a lo que ocurre en la Universidad.

También se modificará el catálogo de títulos, algo que de hecho ya viene sucediendo. El objetivo es impulsar las titulaciones vinculadas a “sectores emergentes”, explica el Gobierno. Inteligencia Artificial y big data, Implementación de Infraestructuras 5G o Fabricación Aditiva –3D– son algunos de los nuevos títulos que ya se están diseñando. Junto a estas novedades, el ministerio pretende “agilizar” la creación de de títulos, de manera que desde que se detecta la necesidad de un título concreto hasta que esta formación llega al aula no pasen varios años, como viene sucediendo actualmente, llegando a darse situaciones en las que para cuando la titulación estaba en las escuelas ya estaba medio obsoleta.

Además, el Ejecutivo anuncia que aumentará la oferta de plazas de FP en unas 200.000. En España la Formación Profesional siempre ha estado infrarrepresentada en número de estudiantes, al menos si se compara con los países del entorno. El 12% de alumnado matriculado en FP (837.199 en el curso 2018-2019, últimos datos disponibles) son la mitad de la media de la OCDE (25%) e incluso menos que la de la UE (29%), y por sí mismos no van a compensar la falta de trabajadores de media cualificación, pese a haber subido un 20% en cinco años y contar con 50.000 estudiantes más en el último curso.

Los intervinientes en el acto de presentación, políticos, académicos, empresarios y una estudiante, han incidido en las virtudes de la FP. “Es uno de los mecanismos más potentes de un país para promover la igualdad de oportunidades, los buenos empleos y la cohesión social”, ha puesto en valor Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, que también ha incidido en el prestigio perdido de esta rama formativa.

En esta línea se ha expresado también José Antonio Pose, profesor en el IES Politécnico de Santiago de Compostela. Pose ha explicado cómo cuando él planteó en casa estudiar Formación Profesional, sus padres se lo prohibieron. “Y en ese momento tenían razón, la vida me ha tratado mejor por ir a la Universidad”, ha reconocido. Pero también ha explicado cómo durante lo más duro de la crisis el 80% de sus alumnos estaban empleados el primer año tras graduarse, tasa que subía al 100% pasados 12 meses. “La empleabilidad es fantástica”, ha recordado, mensaje que han repetido otros intervinientes. “En cinco o seis años, el giro que dio la percepción de la FP en la gente ha sido de 180 grados”, ha asegurado. “Necesitamos que se consolide esta percepción social. Esperemos que nunca más a nadie sus padres le digan que no puede estudiar una FP”, ha cerrado.

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