El Tribunal de Cuentas investiga el cobro indebido de Ribera Salud y Sanitas por pacientes oncológicos valencianos

La Sindicatura de Comptes ha destapado un nuevo agujero negro en el denominado 'modelo Alzira' (la privatición de hospitales y centros públicos, que implantó el PP de Eduardo Zaplana y Francisco Camps en la Comunitat Valenciana en cinco departamentos de Salud). El informe publicado este lunes (volumen 1, página 26) revela que el Tribuna de Cuentas investiga si hay “responsabilidad contable” en el abono por parte la Conselleria de Sanidad al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de la atención de pacientes oncológicos asignados a departamentos de salud privatizados, gestionados por lo tanto por Ribera Salud (Alzira, Dènia, Torrevieja y Elche-Crevillente) o por Sanitas (Manises). De todos ellos, solo queda privatizado el de Elche-Crevillente.

Esta situación implicaría que Sanidad habría pagados dos veces por el servicio. El IVO es una fundación que se nutre prácticamente en su totalidad de fondos públicos de la Generalitat al que por lo tanto puede acudir de forma voluntaria cualquier valenciano, independientemente del hospital que tenga asignado en función de su zona de residencia, unos servicios que después paga la Conselleria de Sanidad. Lo que investiga el Tribunal de Cuentas es si Sanidad ha incurrido en un doble pago cuando estos pacientes atendidos en el IVO pertenecen o han pertenecido a un departamento de salud privatizado, puesto que entre los pagos que realiza la administración a las empresas por cada habitante adscrito a la zona gestionada (cápita) también se incluyen los tratamientos oncológicos.

En concreto, el mencionado documento destaca entre otras cuestiones analizadas que “la Consellería de Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de varios pacientes asignados a las concesionarias”.

Esta situación, “señalada reiteradamente por la Sindicatura, está siendo analizada por el Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias preprocesales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidad contable, que se encuentran en tramitación”. En este sentido “en 2025 la consellería ha repercutido gastos oncológicos por un importe de 45,4 millones de euros a las concesionarias, que han presentado recursos”.

Al respecto, fuentes de Sanidad han explicado a elDiario.es que este cálculo forma parte de las liquidaciones y que precisamente por este motivo han reclamado 45 millones de euros tanto a Ribera Salud como a Sanitas. En el caso de Ribera Salud las mismas fuentes han asegurado que ya han abonado la cuantía reclamada. A preguntas de esta redacción ambas empresas han preferido no hacer comentarios.

Tras extender el PP el 'modelo Alzira', el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y con el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.

Entre los muchos problemas que presenta este modelo, tales como deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control o la elevada litigiosidad, destaca también las dificultades para realizar las liquidaciones finales de cada ejercicio, es decir, el balance económico en el que se calcula si la Generalitat debe aportar cuantías adicionales a las empresas gestoras por atenciones extraordinarias y otros gastos imprevistos o si por el contrario son las mercantiles las que deben devolver dinero a la administración, entre otros aspectos, por pacientes asignados a las áreas de salud privatizados que finalmente han sido atendidas en centros públicos.

El conseller Marciano Gómez puso en valor la semana pasada en el pleno de las Corts que durante su responsabilidad en la conselleria en estos dos últimos dos años se han regularizado 35 liquidaciones de las concesiones y se han ingresado ya en las cuentas de la Generalitat cerca de 300 millones de euros (240 millones de Sanitas y 60 de Ribera Salud), mientras que en 8 años del Botànic fueron 26 liquidaciones.

El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad del modelo.