Sánchez se afana en la agenda social del Gobierno para alejar el golpe electoral de Extremadura

Un mal candidato, unas autonómicas a destiempo por primera vez sin municipales o el “juego sucio” desde la derecha constituyen el principal análisis que hace el PSOE de Pedro Sánchez de la debacle en Extremadura, que ha marcado el inicio de un ciclo electoral en el que los socialistas asumen que no van a recuperar el poder territorial. Mientras el pánico va cundiendo en las federaciones socialistas, en las que temen que el hundimiento a un suelo histórico en su gran bastión sea la antesala de lo que ocurrirá en 2027, el presidente está determinado a seguir adelante bajo la premisa de que “el proyecto sigue vivo y es más necesario que nunca”. 36 horas después de que se conociera el fracaso estrepitoso en Extremadura, el Gobierno prevé aprobar una ampliación del escudo social, la revalorización de las pensiones y el bono de transportes anunciado en la rueda de prensa de balance del año. Sánchez se afana en la agenda social convencido de que el tiempo juega a su favor, aunque el PSOE se prepara para encadenar derrotas electorales.

Sánchez reunió a la ejecutiva del PSOE después del descalabro en Extremadura cuando ya se había pactado con el candidato, Miguel Ángel Gallardo, su dimisión, la conformación de una gestora y los plazos para el congreso de la sucesión. La cúpula del PSOE no tuvo así que desautorizar al líder regional, sino mostrar comprensión hacia los tiempos del partido en Extremadura, cuya dirección se reunía por la tarde. En ese tenso encuentro, en el que se evidenció la división en la federación, el expresidente Juan Carlos Ibarra pidió la abstención para permitir gobernar a María Guardiola y evitar un pacto con la ultraderecha.

La dirección socialista descarta ese escenario porque considera que ha sido el PP el que ha contribuido al engorde de Vox con su política de “blanqueamiento” y que es Guardiola quien tiene ahora que retratarse. “Siempre se pide al PSOE que salve los muebles. Es esta señora la que ha decidido meternos en esta situación. Hoy el PP tiene un problema”, señala una dirigente, que recuerda que los socialistas, tanto en Extremadura como en Aragón, ofrecieron pactar su apoyo a los Presupuestos y fue el PP el que lo rechazó al considerar que lograría en las urnas la mayoría absoluta y, de paso, el desgaste a Sánchez.

En el PP están convencidos de que el encadenamiento de derrotas que prevén las encuestas supondrá el principio del fin de Sánchez ante unas generales que el presidente sostiene que serán en 2027, mientras que en Ferraz intentan encapsular lo ocurrido en Extremadura. “Aragón es diferente”, señalan en la dirección. Sin embargo, lo único que cambia es el candidato. La oficialidad del partido no menciona siquiera los casos de corrupción en los que están inmersos los dos exsecretarios de Organización, que en Moncloa ya daban por amortizados, y los escándalos de acoso entre las causas que han provocado el hundimiento.

“Habrá que afrontarlo en otros términos”

“No puedes pedir que la gente nos esté aplaudiendo”, admite un dirigente territorial, que señala que los datos de empleo y la bonanza económica son “lo que sostiene de manera tan precaria la legislatura”. Otras fuentes apuntan al “bajo perfil político” de la cúpula del partido y la falta de análisis en la campaña extremeña. “No hemos hecho un análisis de ningún tipo de qué, cómo y cuándo vamos a decir”, dice un dirigente bregado en campañas, que considera que no se ha segmentado el mensaje ni apuntalado el medio rural.

En la reunión de la ejecutiva, Sánchez ha reflexionado sobre la necesidad de hacer distintas las campañas. “Habrá que afrontarlo en otros términos”, explican en su equipo con cierta impotencia ante la victoria de un PP “del que no se conoce ni una propuesta” y que ha reducido, por ejemplo, las ayudas de la lucha contra los incendios sin que les haya pasado factura por mucho que los socialistas lo hayan denunciado. No obstante, reconocen que este lunes se ha analizado la situación, pero no se han tomado decisiones.

En Moncloa creen que los resultados en Extremadura no se pueden aislar de la “coyuntura mundial” en la que se está produciendo un auge de la ultraderecha auspiciado por “un cambio social y tecnológico que permite disparar la desinformación y los bulos”. “Nos conduce a una coyuntura social muy compleja”, reflexionan fuentes gubernamentales, que ven una “temeridad” que el PP “lo use en clave nacional para desgastar al Gobierno” a través de los comicios autonómicos.

“El tiempo juega a nuestro favor”

“Vienen por delante seis meses muy complicados, pero el tiempo juega a nuestro favor. Cuanto más tiempo tengamos para explicarlo, mejor”, explican esas fuentes sobre la decisión para seguir adelante de Sánchez, aunque encadene derrotas y PP y Vox aumenten su poder territorial. “Creemos que es importante que el Gobierno de España sea un bastión contra esa ola”, señalan esas fuentes, que ponen como ejemplo el combate desde el Ejecutivo a los ataques contra el derecho al aborto por parte de Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez Almeida.

La voz más crítica en público, no obstante, ha sido la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: “Sobran excusas, fabricamos e inventamos excusas permanentemente, sobran coartadas”. “Se puede desviar todo el tiempo que se quiera la atención sobre la realidad e incluso probablemente podemos seguir autoengañándonos, pero creo que sobra autoengaño y falta autocrítica, que cada día que pasa necesitará ser mucho más profunda”, ha advertido. El barón regional se opone desde hace tiempo a las cesiones del Gobierno con los independentistas. “Hacer lo contrario de lo que decías que ibas a hacer tiene coste”, apuntan fuentes de su entorno.

El exdiputado socialista y sociólogo Ignacio Urquizu también ha cuestionado, aunque sin mencionarlo expresamente, el argumento esgrimido en Ferraz de que los votantes del PSOE se han quedado en la abstención. Recurriendo a los datos de voto en las diez principales ciudades de Extremadura, que representan al 45% de los votantes del domingo, explica que los socialistas se han dejado 33.000 votos mientras que la abstención ha aumentado tan solo en 10.000 personas, por lo que parte del electorado socialista de 2023 ha tenido que irse a otros partidos.

En la cúpula del PSOE, en todo caso, intentan circunscribir el golpe a Extremadura y, en ningún modo, extrapolarlo a los próximos comicios o a una pelea a nivel nacional en la que ven muy complicada la suma de PP y Vox, que consideran que necesitaría de actores como Junts o el PNV incompatibles con la ultraderecha. “Quedan muchos meses”, ha dicho la portavoz, Montse Mínguez, en línea con el tiempo que Sánchez quiere ganar hasta agotar el mandato.

Medidas sociales y nuevo rostro en el Gobierno

“El Gobierno de coalición progresista afronta esta etapa con ganas, con energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y humildad”, han sido las palabras de Sánchez al anunciar la remodelación del Gobierno con la salida de Pilar Alegría, que ha coincidido con la debacle en Extremadura. Con ese mensaje, Sánchez reitera su voluntad de acabar la legislatura y mantener el rumbo, a pesar de haber perdido la mayoría parlamentaria con la ruptura de Junts, a quien pretende recuperar en unos meses, cuando los tribunales se pronuncien definitivamente sobre la ley de amnistía. En Moncloa creen que la vuelta de Puigdemont, sumado al cumplimiento de compromisos pendientes, pueden abrir una nueva etapa.

Y a la espera de que llegue ese momento, el Gobierno se aferra a que las medidas sociales le mantengan a flote. El último Consejo de Ministros del año, que servirá de estreno para la nueva portavoz, Elma Saiz, en una suerte de reseteo para la segunda parte de la legislatura, servirá para aprobar una batería de medidas económicas y sociales fundamentales, además, para sus socios, que han presionado en la negociación. El Gobierno aprobará un decreto ley que prorrogará para 2026 las medidas del escudo social (prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, prohibición de cortes de suministros básicos y bono social eléctrico), el incremento de las pensiones mínimas y no contributivas, y la tarifa plana para Cercanías, trenes de media distancia y autobuses estatales por 60 euros al mes y 30 euros para los menores de 26 años.