Cuando empecé a estudiar Económicas en la UAB, a mediados de los noventa, recuerdo un montón de análisis e informes –todos patrocinados por algún banco o aseguradora– cuestionando la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Advertían que teniendo en cuenta las proyecciones demográficas, hoy estaría quebrado. De eso hace 30 años y aquí estamos. 

Sí, en España las pensiones son las más generosas de Europa, lo que no quiere decir que sean las más altas. El sistema español está pagando una pensión a los recién jubilados equivalente al 77% de su último salario. La media de la Unión Europea es del 45%, pero en algunos lares los salarios son otros. 

Pese a ello, el sistema es sostenible. Elevado (el 30% del gasto público) pero sostenible, según la Comisión Europea y las proyecciones de la Autoridad Fiscal (AIReF). En el pico del envejecimiento, en 2050, el gasto alcanzaría el 16,4% del PIB, casi 3,5 puntos más que en la actualidad. El profesor economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, recuerda que el grueso de la jubilación de los baby boomers se producirá entre 2029 y 2045, donde cada año las pensiones aumentarán, de media, el 1,8%, lo que significa que solo para mantener la proporción sobre el PIB, la economía debe crecer también en esta proporción. 

Por eso considero interesante dejar de analizar el debate de las prestaciones de jubilación sólo desde la óptica del gasto y añadir también la de los ingresos. Primero: mejorar los salarios para que las cotizaciones aumenten. Segundo: mejorar la productividad para que la tarta a repartir sea más grande. Y en eso no somos tan estupendos. España crece más que sus socios europeos, pero acumula 18 años sin cerrar su brecha de productividad, alertaba esta semana un informe Fedea, la Fundación Rafael del Pino y BBVA Research.

Y otra cosa, ¿por qué consideramos el gasto en pensiones como un compartimento estanco separado del resto, que debe financiarse exclusivamente con cotizaciones y estar en equilibrio? ¿Qué pasa si no lo está y lo financiamos con impuestos? ¿Acaso decimos que la educación, la sanidad, la justicia, la defensa o la Casa Real, son insostenibles porque sus cuentas no están cuadradas? Uno de los argumentos esgrimidos es que el elevado gasto en pensiones podría destinarse a otros servicios, que peligra todo lo demás. ¿Por qué no empezamos preguntándonos, como sociedad, qué porcentaje de nuestro PIB queremos destinar a las pensiones, cuanto al resto de servicios básicos del nuevo Estado del Bienestar (incluida la vivienda), etcétera?

El dato

200.000

Es el número de clientes que tiene la banca ética en España, según la última edición del Barómetro de las Finanzas Éticas, correspondiente a 2025, que elabora el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari. Se trata de un dato positivo, porque refleja un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior, el tercero con crecimiento tras romper la racha de descensos continuados, que abarcó de 2017 a 2022. El barómetro está hecho con los datos de 33 entidades: bancos, entidades financieras no bancarias, aseguradoras, mutualidades y corredurías que cumplen criterios de sostenibilidad. El ahorro se consolida en los 2.400 millones de euros y el crédito baja ligeramente, hasta algo más de los 1.800 millones. La vivienda concentra casi el 30% de la actividad crediticia.

El gráfico

Elon Musk ha impulsado una de las operaciones corporativas más colosales de la historia al proponer la fusión de Tesla y SpaceX en un único gigante valorado en unos 3,6 billones de dólares, situándose entre las cinco empresas más valiosas del mundo, junto a Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft, como muestra el gráfico de FT. El motivo principal detrás de esta ambiciosa jugada es preparar el terreno para la “singularidad de la inteligencia artificial”, integrando la computación espacial, la red de satélites Starlink, la robótica humanoide y los vehículos autónomos bajo un mismo paraguas para dominar el desarrollo global de la IA. A esto se suman estrechas sinergias industriales y comerciales ya en marcha, como el desarrollo de la enorme planta de microchips Terafab, en Texas, y la colaboración en materiales y tecnologías de propulsión.

Durante la conferencia de prensa con los analistas tras la presentación de los resultados de SpaceX, Musk afirmó que la unión de ambas compañías tendría “muchas ventajas” y sería una “buena idea”, aunque no quiso dar por hecha la operación, informa Europa Press. Lo cierto es que SpaceX y Tesla han creado un comité para estudiar la posible fusión de ambas empresas, pero Musk ha dejado claro que no hay garantía de que la operación vaya a producirse porque se enfrenta a enormes obstáculos regulatorios y de gobierno corporativo.

No todo nos parece mal

Más permisos para cuidar a familiares. El Tribunal Supremo ha eliminado el límite anual del permiso de cinco días para atender a familiares con enfermedad grave, al tiempo que ha confirmado también la sentencia de la Audiencia Nacional por la que se declara el derecho a disfrutar de estos días de manera flexible.

El permiso de cinco días se contempla el Estatuto de los Trabajadores para atender a un familiar por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario.

Pero los magistrados del alto tribunal han recordado que el permiso se genera por cada hecho causante, es decir, por cada hospitalización o necesidad de cuidados por enfermedad que exista. 

La sentencia, del pasado 25 de septiembre, ratifica una sentencia previa de la Audiencia Nacional, que estimó la demanda presentada por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF contra esta limitación impuesta por el grupo empresarial RACE. 

Las empresas del grupo trataron de argumentar ante el tribunal este límite de cinco días al año debido a que la Directiva europea 2019/1158 regular el permiso para cuidadores con “cinco días laborables al año por trabajador”.

Sin embargo, España al transponer la directiva amplió los días reconocidos por hospitalización vigentes hasta el momento, de dos a cinco días, pero no incluyó ningún límite anual en el Estatuto de los Trabajadores.

Los magistrados del Supremo recuerdan que la Directiva Europea fija un mínimo de protección, pero que los Estados pueden legislar por encima de este, como hizo el Gobierno de España.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Termino. Nos volvemos a ver el próximo jueves con más información y análisis. Si quieres mandarme un mensaje, puedes hacerlo a contraoferta@eldiario.es.

¡Un abrazo!

Bankinter obtuvo un beneficio neto de 901 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 11% más que en el mismo periodo de 2025, gracias al crecimiento de la actividad con clientes y a la diversificación del negocio.

Según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio antes de impuestos ascendió a 1.267 millones, un 10,8% más que un año antes, y el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, llegó a los 2.397 millones, un 6,5 % más.

En cuanto a la rentabilidad del grupo, el retorno sobre recursos propios (ROE) se situó al finalizar el tercer trimestre en el 19,2% y el retorno sobre el capital tangible (ROTE) en el 20,4%, frente al 19,4% de hace un año. 

“El Grupo Bankinter mantiene al cierre del tercer trimestre del año una sólida evolución de sus resultados, apoyada en el crecimiento de la actividad con clientes, la diversificación de los ingresos y una gestión disciplinada del negocio. La capacidad de combinar crecimiento rentable y fortaleza financiera permite al grupo seguir generando valor para los accionistas en un contexto de mercado especialmente exigente”, ha explicado la firma comandada por Gloria Ortiz.

El margen de intereses durante los nueve primeros meses del año registró una mejora del 5,68%, hasta los 1.761 millones de euros, apoyado en unos “mayores volúmenes de negocio y una buena gestión de los diferenciales”, tal y como ha precisado la entidad financiera. De su lado, el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, se elevó un 6,49% interanual, hasta los 2.397 millones de euros, impulsado por las buenas cifras de la línea de comisiones.

De este modo, las comisiones netas, las percibidas por los diferentes negocios y actividades menos las pagadas a los socios de la Red de Agentes y de Banca Partner, suman 650,73 millones de euros y representan un 12,86% más que a la misma fecha del año pasado.

El “problema” de la vivienda

En la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, Gloria Ortiz ha valorado la crisis de vivienda. “En España hay un problema serio de vivienda, estructural, que requiere políticas a largo plazo”, ha asegurado la consejera delegada Bankinter. Sin entrar en cuáles son las soluciones, Ortiz ha afirmado que “se necesita consenso” y “políticas a largo plazo”.

También ha valorado el papel de las entidades. “La banca ha estado financiando la adquisición de vivienda a las familias” y en el caso de Bankinter, “somos uno de los bancos más activos” en la concesión de préstamos ICO para la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes. “Seguiremos siendo activos. Lo fundamental es tener un plan a largo plazo con medidas que ataquen los problemas estructurales”, ha resumido.

En cuanto a la concesión de hipotecas por el banco, Ortiz ha reconocido que siguen a la baja aunque mucho menos que hace unos meses. Si a principios de año, la concesión de hipotecas de Bankinter se reducía un 60%, ahora cae un 9% y la proyección es que esa caída se siga frenando.

En cuanto a qué impacto puede tener en esa concesión la subida de tipos de interés, ha apuntado que no ven “una contracción de la demanda”. “No creemos que la subida de tipos vaya a suponer un frenazo en la demanda crediticia, la gente será más selectiva y en hipotecas no vemos que vaya a haber menos producción el próximo año que este”, ha concluido.

Un “incidente eléctrico” en los servidores de Google Cloud en Londres ha provocado este martes interrupciones de servicio en el neobanco Revolut en toda Europa, cuyos clientes no pueden acceder a su aplicación ni pagar con tarjeta. La avería también afecta a diversas entidades financieras, empresas de logística o páginas web que operan desde el Reino Unido y dan servicio a Europa Occidental. Esta ha comenzado a las 08.08 de la mañana en la España peninsular y a esta hora mantiene desconectada una parte de la infraestructura de red de múltiples firmas con base en suelo británico.

“Múltiples servicios de Google Cloud están experimentando un elevado número de errores y fallos de red intermitentes”, reconoce la multinacional en el panel de estado de sus herramientas. Tras más de dos horas sin poder ofrecer una alternativa, la empresa ha actualizado su aviso para sugerir una medida de urgencia: “Si es factible, el cliente afectado puede intentar migrar su carga de trabajo afectada a otra ubicación disponible (zona o región)”.

En su último parte, Google ha explicado que la caída se debe a un problema energético. “Debido a un incidente eléctrico sufrimos un corte de energía dentro de la zona europa-oeste2-b. Este evento ya se ha corregido. Se observará una mitigación parcial de los servicios de infraestructura dentro de los próximos 30 minutos y los servicios restantes se mitigarán después”, ha comunicado la multinacional a las 13.15 h.

La caída ha impactado de forma directa en Revolut, cuyos clientes han registrado problemas para acceder a su plataforma, efectuar pagos y realizar otras operaciones desde primera hora de la mañana. El neobanco ha reconocido en un comunicado que hasta 31 operaciones, como las transferencias o las retiradas de efectivo en cajeros, han quedado bloqueadas en España por el fallo en Google Cloud.

El fallo ha afectado a 38 herramientas de la división en la nube de Google. Eesto ha causado problemas operativos en empresas postales y de paquetería como Royal Mail, en la operadora de telecomunicaciones BT y en la cadena minorista Screwfix, según recoge el medio especializado The Register. En España, los clientes de CaixaBank y Spotify también han reportado fallos que coinciden con el incidente, según Downdetector.

“Muchas empresas descubrirán hoy que sus contratos en la nube protegen al proveedor mucho más que al cliente”, ha declarado Ryan Gracey, socio del despacho de abogados Gordons, a The Guardian. “Cuando un proveedor deja de funcionar, el remedio habitual es un descuento modesto en cobros futuros. Se trata de un pequeño consuelo frente a la pérdida de ingresos, la frustración de los clientes y el daño a la reputación. La responsabilidad por esas pérdidas más amplias suele estar limitada o excluida por completo”, explica el letrado.

Unos mil delegados de CCOO han participado este jueves en las concentraciones que ha llevado a cabo el sindicato ante oficinas de diferentes entidades bancarias en seis ciudades españolas, en lo que ha supuesto el arranque de una campaña de movilizaciones para pedir a los bancos que se sienten a negociar mejoras para las plantillas.

Según ha indicado a EFE el responsable de Sector Financiero de CCOO, Javier de Dios Bernal, la jornada se ha saldado con un éxito de participación, pese a que han echado en falta que otras organizaciones sindicales se unieran a la protesta, como sí hicieron en junio.

Bernal ha manifestado que esperan que estas concentraciones, a las que seguirán otras el 4 de noviembre, tengan repercusión en el conjunto de la sociedad, pues, aunque la banca no es un sector en que el empleo sea precario, sus trabajadores sí que soportan una fuerte presión comercial y cargas de trabajo que repercuten en su salud mental.

Ha añadido que espera que también las movilizaciones sirvan para que se abran los Observatorios de los sectores de Banca y Ahorro, y la Comisión Paritaria en el caso de las Cajas Rurales para poder comenzar a negociar algunas medidas concretas, pues los convenios sectoriales no comenzarán a negociarse hasta marzo del año que viene.

CCOO, sindicato mayoritario en el sector financiero, quiere con las movilizaciones que ha iniciado este jueves arrancar a los bancos acuerdos para que los beneficios históricos que están obteniendo repercutan también en las plantillas.

Así, el sindicato pide una subida salarial del 7 % para 2027 y del 4 % anual en 2028, 2029 y 2030, con cláusulas de revisión según el IPC, una paga de participación de beneficios de entre el 1 y el 2 %, y un salario mínimo sectorial de entrada garantizado.

Además, demanda un recorte de la jornada laboral anual hacia las 1.600 horas sin rebaja salarial, el fomento de los fines de semana de tres días y la reducción de la jornada por edad y antigüedad al cumplir los 50 años, así como la reducción de las cargas de trabajo y la eliminación de la presión comercial, además de que la retribución variable sea “justa, transparente y negociada”.

Las movilizaciones de este jueves se ha llevado a cabo ante las sedes de Santander, BBVA y Caixabank en Madrid, Valencia y Valladolid; así como frente a las de Abanca, Sabadell, Santander y BBVA en A Coruña; las de Santander y Cajamar en Tenerife, y la de Unicaja en Málaga.

En Valladolid, los delegados del sindicato han recorrido las calles donde se ubican varias sedes de bancos, mientras que en Valencia la protesta ha comenzado a las 12:00 horas con una concentración en la calle Pintor Sorolla, frente a CaixaBank, que se ubica en el antiguo edificio del desaparecido Banco de Valencia, y ha continuado por las sedes del Banco Santander y BBVA, situadas en la misma zona.

Las movilizaciones, consistentes en concentraciones de delegados sindicales ante oficinas de los bancos el 15 de octubre y el 4 de noviembre, fueron convocadas por CCOO antes de la convocatoria de elecciones generales y de la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre.

Para el 4 de noviembre, las concentraciones de CCOO están convocadas ante las sedes de los principales bancos en Barcelona, Sevilla, Murcia, Albacete, Zaragoza y Bilbao.

Javier de Dios Bernal, que ha reiterado que están abiertos a que a sus movilizaciones puedan sumarse otras organizaciones sindicales, pues las reivindicaciones que se hacen son buenas para el conjunto de las plantilas, ha dicho que no descartan otro tipo de medidas tras esas movilizaciones.

El sindicato ya dijo el pasado septiembre pasado que, si no obtenían respuesta, no descartaban escalar las protestas y convocar un paro parcial de dos horas de duración en una fecha a determinar entre el 9 y el 14 de diciembre.

La banca ética vive un buen momento en España: un ahorro que se consolida; el número de clientes camina al alza; y una gran parte del crédito está destinado a la vivienda. Así se concluye de la última edición del Barómetro de las Finanzas Éticas. Se trata de un informe que, desde hace casi 20 años, mide la evolución de las finanzas éticas y solidarias. Estas garantizan, entre otros aspectos, que los proyectos de financiación no vulneren los derechos humanos, los ahorros se destinan a la economía real, con impacto positivo en personas y medio ambiente y se siguen criterios medibles y transparentes.

El barómetro recoge que, al cierre de 2025, casi 200.000 personas eran clientes de las entidades éticas. Se trata de un dato positivo, porque refleja un crecimiento del 3,6% respecto al año anterior, el tercero con crecimiento tras romper la racha de descensos continuados, que abarcó de 2017 a 2022. El barómetro está elaborado por el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari, con los datos de 33 entidades: bancos, entidades financieras no bancarias, aseguradoras, mutualidades y corredurías que, en alto grado, cumplen los principios que las definen bajo el paraguas del Escáner de las Finanzas Éticas o están registradas en el sello EthSI de los seguros éticos. 

En cuanto al ahorro, este se consolida. El año 2025 se cerró con 2.408 millones de euros depositados en entidades bajo el paraguas de las finanzas éticas, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, según el citado análisis. “El ahorro financiero ético alcanzó su máximo histórico en 2021 y, tras dos años de descenso, encadena dos ejercicios de estabilidad”, apunta el citado análisis. Ese año récord superó los 2.600 millones.

“El barómetro demuestra que las finanzas éticas, lejos de ser una utopía teórica, son una realidad práctica. Hoy en día, casi 200.000 personas tienen su cuenta corriente, guardan sus ahorros, contratan un seguro o piden un préstamo con estas entidades”, explica Nina González, economista y coordinadora de FETS. 

La vivienda concentra gran parte del crédito

Sin embargo, el análisis del crédito concedido por las entidades éticas se contrae, aunque ligeramente. En concreto, al cierre de 2025, la financiación prestada por este tipo de entidades se situó en 1.856 millones de euros, según el barómetro, Es un 2,8% menos que al cierre de 2024, pero en niveles similares a los de los dos ejercicios precedentes a este último. “A pesar de este ajuste, el valor de 2025 sigue siendo más del doble que hace 10 años”, destaca el análisis. 

Además, hay que tener en cuenta que el barómetro recoge entidades de dimensiones muy diferentes y las de mayor volumen condicionan significativamente la cifra agregada, de manera que un año de contención en estas últimas “arrastra a la baja el resultado global”. “En cambio, el conjunto de entidades de dimensión mediana y pequeña ha incrementado el crédito concedido un 21% respecto a 2024”, añade.

Y crece el peso de la vivienda. A escala estatal, supuso el 28,1% del crédito, cuando un año antes se situaba en el 25,8%, según los datos publicados por los observatorios de cada ejercicio.

El análisis cita el caso de Sostre Cívic, una cooperativa catalana que impulsa la vivienda cooperativa en cesión de uso. “En este modelo, la cooperativa mantiene la propiedad colectiva de los edificios y las personas socias disponen de un derecho de uso estable y asequible, sin especulación, y participan en las decisiones de forma democrática. Una alternativa a la compra y al alquiler que ha podido crecer con el apoyo de las finanzas éticas”, indica. 

Su financiación “Ha sido decisiva para hacer posible la vivienda cooperativa en cesión de uso. No sólo por coherencia con nuestros valores sino porque han entendido un modelo de propiedad cooperativa que no encaja en los esquemas de la banca convencional, pensados exclusivamente para el endeudamiento individual” afirma Jose Téllez, responsable de comunicación de la cooperativa Sostre Cívic.

Por detrás de vivienda, al cierre del año, estaba la financiación de proyectos del sector social, con un peso de casi el 26%; y el ligado al medio ambiente y la transición energética, que suponen casi el 20% del crédito, Mientras, cultura pesa un 12%; los proyectos educativos, un 7,7%; y los de agricultura y alimentación, un 5%.

El barómetro también recoge la evolución del sector asegurador ético, formado por las entidades registradas en el sello europeo EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance), que tiene en cuenta la gestión ética de la inversión y su responsabilidad social y medioambiental. Estas entidades gestionaron en 2025 un volumen de primas de 1.538 millones de euros, un 10% más que el año anterior, lo que representa el 1,81% del total del sector asegurador español. Suman casi 4,1 millones de pólizas y 14 productos éticos certificados, resume el barómetro.

En junio de 2023, las encuestas apuntaban un gobierno liderado por el PP que luego negaron las urnas. Alberto Núñez Feijóo y sus socios se quedaron a cuatro diputados de alcanzar la mayoría absoluta, al sumar únicamente 172 escaños: PP (137), Vox (33), UPN (1) y Coalición Canaria (1). Ahora, la demoscopia predice una amplísima victoria para la coalición PP y Vox, una alianza que opera ya en muchas comunidades y que podría superar los 200 escaños. Las fuerzas de izquierdas que han sostenido al actual gobierno quieren negar la mayor, pero aparentemente la única duda pendiente de ventilar el 29N es la proporción de azul y de verde de esa argamasa.

La llegada de la ultraderecha al Gobierno de España, si se confirma, es mucho más que una novedad para la joven democracia española, pero no parece que vaya a haber sumas alternativas ni por la izquierda ni por la derecha. El PP tendría que desbordar las encuestas para poder gobernar en solitario con el apoyo externo de las derechas nacionalista (PNV y CC) e independentista (Junts). El escenario central es que Feijóo presida España y Santiago Abascal sea su vicepresidente primero.

Un Gobierno PP-Vox va a ser recibido con algarabía en el mundo empresarial, muy especialmente en el mundo bancario y energético, dos sectores que se sienten agraviados por Pedro Sánchez, ya que les ha colocado impuestos extraordinarios que han drenado sus cuentas. Pero va a haber muchos descolocados en ese nuevo escenario. El ejemplo más claro es el de los inmigrantes, a los que el responsable de Economía de Vox, José María Figaredo, sobrino de Rodrigo Rato, dice que deportaría para solucionar el problema de la vivienda. Pero hay otros damnificados menos evidentes.

¿Qué va a hacer Isabel Díaz Ayuso cuando Feijóo ocupe la Moncloa? La líder del PP alcanzó la presidencia de Madrid en 2019 para sorpresa de su propio partido, que no esperaba que un pacto con Ciudadanos y Vox fuera a sumar más que las izquierdas. Ayuso comenzó con un comportamiento errático, pero tuvo la habilidad de colocarse como oposición al Gobierno central de Pedro Sánchez durante la pandemia desatada en marzo de 2020. Ninguneaba a Pablo Casado, que era el jefe nacional del PP, algo que encantaba a Sánchez, que contribuyó como pocos a encumbrar a Ayuso pensando que así debilitaba al jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados.

¿A quién va a lanzar sus improperios Ayuso cuando Sánchez esté fuera de juego? Ayuso ha construido un equipo, liderado por Miguel Ángel Rodríguez, un outsider del partido, cuyo objetivo prioritario ha sido minar a Sánchez. En el camino cayeron piezas auxiliares, como Pablo Casado, que no supo manejar el egocentrismo de la lideresa madrileña. Feijóo ha demostrado mano izquierda, consciente de su fuerza presupuestaria y mediática en Madrid, un terreno al que le ha costado adaptarse. Hasta ahora, han tenido un enemigo común, pero con Feijóo en la peana: ¿Quién va a ser el destinatario de sus dardos?

El viernes pasado se estrenó en Madrid, Neverland, un espectáculo basado en la novela fantástica del escocés J. M. Barrie que en español se tituló El país de Nunca Jamás. Es un mundo imaginario donde los niños, encabezados por Peter Pan, nunca se hacen mayores y disfrutan sin ninguna responsabilidad. ¿Les suena? Parece el país de Ayuso, la de la vida cañí, la política que puede acabar siendo el juguete roto de la España de Feijóo y Abascal.

De hecho, en su entorno llevan meses sospechando que no pisan suelo firme. Viejas batallas, como la que emprendió su exnovio con el otrora fiscal general del Estado, son innecesarias una vez alcanzado el poder. Por eso no falta quien les recuerda cómo cayó Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, que dimitió después de que se filtrara un vídeo en el que aparecía robando en un supermercado siete años antes.

A estas alturas nadie entiende cómo ningún miembro de su equipo advirtió a Ayuso de la torpeza de que la Comunidad de Madrid comprara un ático frente a su madre para que lo utilizara de oficina/casa. Todo ello, además, coincidiendo con el distanciamiento de su pareja, y sus planes de venta de la vivienda que habían cohabitado. Es tan burdo que parece una trampa predestinada a terminar en los medios de comunicación.

Ayuso, que es más espabilada de lo que presuponen en su propio partido, no va a tener problemas de trabajo si decide tirar la toalla y no presentarse a las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid, ganará más dinero que hoy. Pedro Sánchez comunicó el lunes el adelanto de las elecciones y dos días después Planeta anunciaba la publicación de una especie de memorias de Díaz Ayuso, que verán la luz el 2 de diciembre, tres días después de las elecciones generales. Quien sabe, pero quizás Íntimo, su primer libro, sea el testamento de sus ocho años al frente de la Comunidad de Madrid. Si quiere, tendrá un brillante futuro de tertuliana.

Mariana Mazzucato ha estado de gira por España. La economista italoestadounidense, nacida en Roma en 1968 y afincada en el barrio londinense de Camden, ha estado presentado su nuevo libro, Bien común. Una nueva economía que funcione para todos (Taurus), pero ha elegido una semana movida. La profesora de economía de la innovación y valor público en la University College London (UCL) tenía previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero la convocatoria de elecciones anticipadas frustró el encuentro.

Mazzucato asesora a gobiernos como el de Sánchez, Lula da Silva (Brasil) o Claudia Sheinbaum (México). Entre otros aspectos en cómo las instituciones pueden regular y organizar la actividad económica, “más allá de intervenir cuando el mercado falla”. De eso va el libro de Mazzucato, que recibió a elDiario.es antes de dar una conferencia en la Fundación Rafael del Pino.

Antes de entrar en su libro me gustaría preguntarle por la vivienda. Como sabe, se ha convertido en una de las principales fuentes de desigualdad y de malestar en España. ¿Qué propone para resolver el problema? ¿Qué papel deberían tener los inversores privados y qué condiciones tendría que imponerles el sector público?

No es un problema nuevo, la chispa que lo ha hecho estallar es el caso de Maricarmen. El problema es que hemos organizado un derecho humano como si fuera un activo que se compra y se vende. Decir que algo es un derecho humano no significa que no pueda haber ganancias, el problema es que son excesivas. Gobernar la vivienda como un activo es una decisión, no tendría por qué ser así, pero ¿qué ha significado? Facilitar la compra. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos programas de ayuda a la compra (help to buy); el problema es que, si los salarios no suben y solo ayudas a alguien a comprar una casa, lo estás endeudando más.

Hay que ver tres cosas. La primera, la cantidad: hay que construir suficientes viviendas. La segunda, cómo se hacen: si usas materiales que forman parte del problema climático, estás pensando en la vivienda aquí y en el clima allá, en vez de unirlos. Y también tienen que ser accesibles en cuanto a precio. Y la tercera es cómo se gobiernan. Si las privatizas, dejan de ser viviendas populares. La vivienda social tiene que seguir siéndolo. Si haces lo que hizo Thatcher, que todo el mundo pudo comprarla, pierdes el parque de vivienda social. En Alemania y en Escandinavia todavía tienen mucha: la gente no la compró, los precios se quedaron bajos y no se endeudó.

¿Cómo puede participar entonces el sector privado? Estamos en el capitalismo, no en el socialismo ni en el feudalismo y se necesitan empresas de la economía real que construyan las casas, y los fondos pueden ayudar. Pero si la relación entre esas tres partes (gobierno, constructoras y finanzas) es parasitaria, con un gobierno cuya política económica solo hace ganar a los fondos, acabas con pocas casas, mal hechas y al precio equivocado. Es una cuestión de gobernanza.

Por tanto, la primera cosa es tener una economía que crece, de manera que la gente tenga salarios más altos y pueda pagar la casa. Segundo, tener viviendas sociales que no se privaticen, como hizo Thatcher y también se ha hecho aquí, porque entonces no hay suficiente stock. Y tercero, deberías tener —cosa que en España no hay— un banco público, no solo bancos privados. En Brasil y en Alemania hay bancos públicos, que ayudan a mantener, por ejemplo, unos tipos de interés más bajos para las viviendas y también para las empresas, para las pequeñas empresas. Aquí, el hecho de que haya una economía financiarizada, con bancos privados que ganan con diferentes cuestiones, no solo con la vivienda, es también el resultado de no tener un sistema financiero equilibrado. Es el resultado de tener un sistema financiero completamente privado.

Por cierto, esos mismos bancos españoles, por ejemplo, Santander, son parte del problema de la financiarización en México, donde tampoco hay banca pública. Cuando no hay competencia entre banco público y privado, el banco privado domina.

España necesita un banco público, no solo bancos privados. Los bancos públicos ayudan a mantener unos tipos de interés más bajos para las viviendas y también para las pequeñas empresas. (...) Los bancos españoles son parte del problema

Ha mencionado antes el salario como uno de los factores para poder acceder a la vivienda. El estado del bienestar se basaba en un contrato social en el que la vivienda, por un lado, y el trabajo, por otro, te permitían prosperar. Pero eso ya no es así. ¿Hay que repensar el capitalismo, el modelo del estado del bienestar, diseñar un nuevo contrato social...?

Esa es la razón por la que escribí el libro: bien común, no bien público. El bien público es un concepto de los economistas que sirve solo para corregir un fallo de mercado cuando el sector privado no está: rellenas el hueco. El bien común viene de Aristóteles y su telos, la buena vida. En economía no existe realmente esa palabra. Existe el bien público, que es muy aburrido, y conceptos como welfare o principios de bienestar que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. En este momento tenemos un sistema de bienestar en el que hay gente que tal vez no tiene el trabajo adecuado, hospitales que no tienen un sistema fuerte de salud o problemas de vivienda. Pero al mismo tiempo vemos inteligencia artificial, innovación, capital riesgo, nanotecnología, biotecnología.

Entonces, la primera cosa que un líder progresista, ya sea Lula, Pedro Sánchez o Andy Burnham, debería hacer, y creo que todavía no han hecho, es tener en cuenta los problemas que tiene la gente hoy (la energía, el coste de la vida, la vivienda, la salud, la comida en las escuelas) como misiones que necesitan innovación, inversión y fondos pacientes, no fondos impacientes que ganen dinero apostando, como en un casino. Pero hoy, no a largo plazo, porque la gente está cabreada. Ese también es el problema: cuando vamos a la guerra, nadie dice: «Agenda 2030, agenda 2050». Eso es lo que haces cuando no te importa un problema: «En 30 años vamos a resolver no sé qué». Con la guerra, la gente quiere ganar, como mínimo, en seis meses. Tú no dices: «Vamos a Vietnam durante 30 años».

Con la guerra, como vimos también durante la pandemia, se utilizaron instrumentos muy particulares orientados a resultados. Cuando hablo de guerra no hablo de balas, quiero decir orientación a resultados. A mí no me gusta utilizar la mentalidad de guerra, pero ¿por qué en la guerra somos serios? Porque quieres ganar. Entonces, ¿qué quiere decir ganar con la vivienda? Quiere decir tener la cantidad de casas, pero también la calidad de las casas, donde la gente tenga dignidad. En Francia, por ejemplo, las casas están lejos del centro, son feas y los jóvenes no tienen un lugar donde estar: un centro juvenil o un centro comunitario. Eso es fundamental para la dignidad de las personas. Y cuando las personas no tienen dignidad, si mi cuerpo no tiene valor, tu cuerpo tampoco. Yo lo veo en Londres: hay una epidemia de violencia con cuchillos. Los jóvenes se están matando a cuchillazos. No lo resuelves solo con la policía y con el sistema judicial. Tienes que conseguir que ese joven se sienta bien. Tenemos que hacerlo por razones humanitarias, porque nos importan las personas. Pero es que además también cuesta menos, cuesta como cinco veces más encarcelar a una persona que invertir en todo el sistema que nutre su corazón y su mente.

Tener buenas casas en fundamental. Cuando las personas no tienen dignidad, si mi cuerpo no tiene valor, tu cuerpo tampoco. Yo lo veo en Londres: hay una epidemia de violencia con cuchillos. Los jóvenes se están matando a cuchillazos

Habla de Lula, de Pedro Sánchez, de Burnham, ventanas progresistas ante la ola de la extrema, junto a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a los que usted asesora, o el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Sin embargo, tenemos un ejemplo claro en España de que se puede gobernar con buenos datos macroeconómicos –aquí tenemos los mejores, lideramos el PIB en la UE, el empleo– y aun así eso no garantiza vivienda ni calidad de vida. ¿Qué está fallando?

Hablemos antes de algo que hizo España y que nadie hizo. En 2022-2023, la vicepresidenta Teresa Ribera puso impuestos a las ganancias excesivas de las empresas de gas en el mercado mayorista, no en el minorista, que es el precio final. Lo hicieron al principio de la cadena. Por eso tuvisteis precios un 40% más bajos que la media. En Inglaterra, en cambio, donde siempre somos un poco cobardes con la industria, el gobierno subsidiaba el precio final sin intervenir el precio mayorista, al principio de la cadena.

Teresa Ribera puso impuestos a las ganancias excesivas de las empresas de gas en el mercado mayorista, no en el minorista, que es el precio final. Lo hizo al principio de la cadena: por eso tuvisteis precios un 40% más bajos que la media

¿Qué sería el equivalente en vivienda, por ejemplo?

En el libro nuevo hablo de la necesidad de pensar de forma predistributiva, como hizo Teresa Ribera con la energía: precios justos desde el principio, en vez de corregir al final, como suelen hacer los gobiernos, que siempre corrige fallos de mercado. No, la predistribución quiere decir tener precios justos desde el principio. ¿En qué? En salarios, en la relación entre capital y trabajo, en la compra pública, en la relación público-privada...y en el mundo de las finanzas, que no deberían poder tratar la vivienda como un activo que se compra y se vende. Eso se puede hacer. En cuanto puedes vender las casas populares, las pones en el mercado sin regulación frente a los fondos de inversión, fondos buitre, etc., obviamente hay un problema.  ¿Sabes por qué entraron esos fondos en la vivienda? Porque, tras la crisis financiera, los tipos de interés se fueron casi a cero y ya no podían ganar dinero en el sistema financiero. Tenían que entrar en otros mercados. Lo vimos con el Covid en las residencias de mayores, compraron literalmente cualquier cosa en la que hubiera una comisión de base. Es como tener un trol debajo del puente, que no hace nada, pero cobra a la gente por cruzarlo. Eso es una renta. Por tanto, es una cuestión de intereses y de rentabilidad. Cuando los tipos eran casi cero, necesitaban cobrar por otra vía: cárceles, residencias, vivienda… lo compraron todo, lo dominaron todo para tener esa comisión básica. Es una barbaridad que los gobiernos lo permitieran. Con un Rolls-Royce no me importa lo que hagas, pero con la vivienda no puedes abrirla sin más al mercado financiero. Se necesita un banco público serio.

¿Cree que la renta básica universal es una buena medida predistributiva?

No me gusta cómo se llama. Prefiero algo así como un dividendo ciudadano.

El concepto es el mismo.

Sí, pero el nombre importa mucho. Te digo por qué. ¿Por qué crees que todos los tech bros –aunque a mí no me gusta llamarlos así, sólo bros, mafia–, los grandes empresarios de Silicon Valley, Elon Musk, Peter Thiel, aman la renta básica universal? Porque así pueden seguir haciendo toda la mierda que hacen y decir que crean valor. Como si nadie más lo creara, como si el gobierno no hubiera creado todo ese valor. Escribí en El Estado emprendedor que todo eso se hizo con impuestos públicos. Ellos se presentan como creadores de valor y dicen: «Vale, y damos al pueblo una renta básica universal, 20.000 o lo que sea». Si dices 'dividendo ciudadano' es lo mismo, pero la narrativa importa, porque condiciona la negociación que haces con muchos otros sectores.

La industria farmacéutica, por ejemplo, ama presentarse como la gran innovadora de la medicina, cuando siempre llega muy tarde: casi toda la inversión de las fases iniciales, las más inciertas, es pública. Pero les gusta esa narrativa, porque así ponen precios altísimos: si ellos han creado el valor, el precio tiene que ser el que quieran y el gobierno tiene que entrar a subvencionarlo.

La renta básica universal es importante como fórmula, pero no me gusta cómo se describe, porque no cuestiona de dónde viene el valor desde el principio. Y, por definición, es redistribución: sacas dinero con impuestos u otra vía y redistribuyes una parte a la gente. Eso es importante, pero en el libro digo que llega demasiado tarde, porque la gente no lo tiene desde el principio. La narrativa es otra: esas grandes empresas, no crearon el valor. Anthropic, Nvidia, Tesla, que acumulan billones de dólares, una barbaridad, los tienen por la narrativa que todos aceptaron sobre de dónde viene el valor. Si no cambias eso, los billones van a ellos. Y ellos tan contentos, dando migajas a la gente.

¿Qué propone para cambiarlo?

Tienes que intervenir en todo el proceso, como he escrito muchas veces. Con la IA, y quién sabe lo que vendrá después de la IA, tenemos que aprender de lo que hicimos mal: no se puede seguir socializando el riesgo y privatizando los beneficios, y es lo que seguimos haciendo. Lo cuento en mi libro. Tiene tres partes: teoría, práctica y lugares, y es en los lugares donde hablo de vivienda. La parte práctica es una brújula con cinco elementos. Uno, tener un propósito muy claro. Dos, quién decide ese propósito: tiene que decidirlo la gente que está cabreada. Tres, compartir el conocimiento. Cuatro, compartir los beneficios. Y cinco, transparencia. Hoy hay una opacidad total: ¿quién hace qué?, ¿quién gana qué? Compartir el conocimiento y las ganancias es la forma más importante de redistribución, pero también está la cocreación: ¿quién decide en qué dirección vamos? Doy muchos ejemplos en el libro.

En este momento, en casi todas las áreas —inteligencia artificial, vivienda, salud y todo lo demás— hay una enorme estructura colectiva de inversiones, pero las ganancias están muy restringidas. Eso también se podría cambiar con el sistema de impuestos, porque el tipo de impuestos que tenemos ahora está incentivando la inversión de corto plazo. Olvídate de la vivienda por un rato, pensemos a nivel de milisegundos, todo el dinero que están haciendo es simplemente buy and sell, comprar y vender. Basta cualquier volatilidad, la guerra, el Covid, lo que sea, hacen dinero comprando cuando está bajo y vendiendo cuando está alto. Tenemos un sistema fiscal, los impuestos sobre las ganancias de capital, que no diferencia entre inversiones a largo y a corto plazo. A nivel internacional estaba el impuesto sobre las transacciones financieras, la tasa Tobin, que nunca se hizo. Pero a nivel nacional ningún Gobierno tiene el coraje, los cojones, de cambiarlo, porque aceptan lo que las finanzas les dicen: «Nos vamos». Pues vete. ¿Quién se va a ir de España? Nadie. España es un mercado muy importante para muchas empresas financieras. No es verdad que se vayan a ir. También es importante tener abogados y todas empresas tienen a los mejores. [Los gobiernos] no son solo cobardes, no tienen capacidad.

Hay muchos gobiernos progresistas y colegas suyos, como Zucman, que plantean impuestos a los ricos, una medida redistributiva. ¿Cree que funcionaría?

La redistribución está bien, obviamente, pero tiene que ir acompañada de predistribución; si no, gastas demasiada energía en redistribuir. Y ese es el problema: la izquierda, cuando habla de estas cosas, es muy vaga. ¿Un impuesto sobre el patrimonio, sobre el suelo, sobre las ganancias de capital? ¿Qué proponen? En serio, no proponen nada concreto. Gravar a las grandes… eso es obvio. En los años de más innovación en Estados Unidos había un tipo marginal máximo para los más ricos del 91%. Sí, hace muchos años, pero fue el periodo más innovador. No estoy proponiendo eso. Lo que digo es que no es verdad que los tipos altos a los ricos maten la innovación o la inversión; es lo contrario. Hasta Warren Buffett, que es de los más ricos del mundo, siempre dice: «¿Por qué pago tan pocos impuestos?». Solo lleva a más desigualdad. Él dice que invierte cuando hay una oportunidad.

Entonces, la pregunta para los gobiernos es qué hay que hacer para generar entre los empresarios la expectativa de que hay una oportunidad en un área. No solo comprar y vender, que es una oportunidad financiera, sino en la economía real. Qué puedes hacer para decir «en este país vamos a ser los mejores en... Dinamarca, por ejemplo, es ahora el mejor en servicios digitales para lo verde, y son los mayores vendedores a China. ¿Y cuánto está gastando China en reducir el contenido material? Cinco billones. Dinamarca vende todos esos servicios verdes porque Copenhague dijo: «Queremos ser la ciudad más verde del mundo». Entonces hacía falta vivienda verde, transporte verde, salud verde, comida verde, y también servicios digitales. Esas pequeñas startups crecieron porque la compra pública a escala de ciudad creó un mercado justo para ellas.

La redistribución está bien, obviamente, pero tiene que ir acompañada de predistribución; si no, gastas demasiada energía en redistribuir. Y ese es el problema: la izquierda, cuando habla de estas cosas, es muy vaga. ¿Un impuesto sobre el patrimonio, sobre el suelo, sobre las ganancias de capital? ¿Qué proponen?

Usted dice que el sector público no tiene que ser visto como un elefante gris, ineficiente, sino como un cocreador de valor. Lo explicaba ya en El Estado emprendedor. Pero lo que vemos ahora en la Unión Europea, es todo lo contrario: Bruselas es poco ágil, está paralizada. Tenemos los diagnósticos y las propuestas de los informes Letta y Draghi, pero dos años después hemos avanzado poco.

A veces el sector público es un elefante gris, porque lo hemos hecho así. Y sobre Europa, creo que el análisis de Draghi era equivocado. Tenía muchas cosas buenas, obvias, que la gente dice desde hace 50 años. Muchas veces se pone la atención en lo clásico, el 'copia y pega' de siempre. Hay problemas estructurales, inercias en el mercado de trabajo, sí, pero falta algo muy importante: no hay una sola palabra en su informe que diga que el problema es el gobierno corporativo, la gobernanza de las empresas. Cuando hay empresas que solo piensan en las ganancias inmediatas, es imposible una relación sana entre lo público y lo privado.

Por eso es interesante, de nuevo, que en Estados Unidos toda la innovación viniera de un gobierno que pensaba a largo plazo y que se relacionó con las empresas con condiciones muy claras sobre lo que se estaba intentando hacer. La NASA –lo escribí–, puso una condición: nada de ganancias excesivas. Puedes trabajar con nosotros y 400.000 personas del sector privado ayudaron a la NASA a ir a la Luna y volver en poco tiempo, pero con contratos muy bien hechos. Eso no está en ningún sitio en el informe Draghi. Uno de los problemas, no solo de Europa, sino del capitalismo moderno, es esta relación parasitaria entre lo público y lo privado.

Hay otros problemas que él señaló bien, pero si solo miramos los problemas del gobierno o del mercado laboral como lo que frena el crecimiento europeo, nos perdemos la mitad del problema. Y de la financiarización de la economía tampoco habló. En algunos países hay financiación paciente y en otros no. En unos, esa financiación pone condiciones a la innovación: la empresa tiene que innovar para ganar un contrato público. En otros casos basta con gritar «necesito ayuda, por favor, ayúdame» para que te den dinero público a cambio de nada.

¿Qué es lo que más le preocupa de la IA y cómo debería regularse?

Como dices, regularla, pero no solo al final. Me preocupa que no hayamos pensado desde el principio en cómo hacerlo. Al principio de su desarrollo, todo, el reconocimiento temprano de voz, los grandes modelos de lenguaje, los LLM [por sus siglas en inglés, Large Language Model, o Modelo de Lenguaje Grande en español, vino del Gobierno. ¿Por qué dejamos que se ganaran billones en esas empresas y ahora están comprando el mejor talento? Esa es la parte que más me preocupa: con salarios altísimos, los mejores investigadores de las universidades públicas y privadas de todo el mundo se están yendo. Están llevándose a los mejores, también de los laboratorios públicos. La inteligencia detrás de la inteligencia artificial ahora está en cinco empresas, ya no está distribuida en un sistema innovador de universidades y laboratorios.

Piensa en el CERN [Organización Europea para la Investigación Nuclear]. Algunos de los mejores científicos de física están allí. No hay un CERN público para la inteligencia artificial. Hay cinco empresas privadas que, con los billones que han ganado excesivamente, porque no pagan impuestos, porque explotan el trabajo, porque usaron 40 años de investigación pública, los usan para pagar salarios altísimos. Eso casi nadie lo comenta.

Y la cosa más importante es que no estamos dirigiendo la inteligencia artificial. ¿IA para qué? Es solo una carrera entre cinco empresas. Ellas mismas dijeron hace cinco o diez años que no lo iban a hacer y ahora lo están haciendo. Están en una carrera solo para crecer. Por ejemplo, el impacto climático que están teniendo, sobre todo en el agua que necesitan para enfriar los centros de datos, es altísimo. Y no tiene que ser así: DeepSeek en China no es así. Eso no quiere decir que DeepSeek sea perfecto, pero es un modelo más pequeño. En Oxford, que es un lugar rico, han dejado de construir vivienda pública hace unos meses porque no tenían agua, se estaba yendo toda a los centros de datos. El Gobierno puede regular eso y han decidido no hacerlo. Cobardes.

Bizum, el sistema de pequeñas transferencias inmediatas, cumple 10 años. “La idea era sencilla, permitir que dos personas se compartieran dinero con el móvil”, ha explicado Fernando Rodríguez, director general adjunto de Expansión Internacional de Bizum, en el acto de celebración de estos 10 años. El sistema, en un primer momento, estaba pensado para “pagos entre familiares o amigos, cosas pequeñas y cotidianas” y nació como “un proyecto colectivo del sistema financiero español”, para que las empresas no fueran por libre y no “compitieran de forma aislada”. 

Bizum ahora suma 32,5 millones de usuarios, ha apuntado Rodríguez. “Se hacen 40 bizums por segundo, debería ser una palabra aceptada por la RAE”, ha apuntado. Un servicio de pago que se calcula que ya usa el 70% de la población adulta de España.

“El punto de inflexión fue 2017, cuando se lanzaron las donaciones”. Desde entonces, se han realizado más de 4,3 millones de pagos de este tipo, con el COVID, la dana o el volcán de la Palma. En ese repasado temporal, en noviembre de 2019, comenzó el pago en comercio electrónico, y hoy es la segunda opción más utilizada. En 2023, se sumaron las tres entidades financieras andorranas; y, en 2025, comenzó la interoperabilidad con Italia, Portugal y Grecia. Hace unos días se anunció la sede en Madrid del sistema que dará servicio a 13 países europeos y el 70% de la población. 

Acelerar en tiendas físicas y dar el salto a Europa

Desde hace meses, el objetivo es acelerar las operaciones de pago con Bizum en las tiendas físicas, un paso que se está dando de forma progresiva. Actualmente, Bizum calcula que 21 millones de personas ya tienen habilitado el pago presencial en establecimientos físicos.

“Es un proyecto sectorial respaldado por el Banco de España por ser catalizador para buscar soluciones para empresas y ciudadanos”, ha asegurado Alberto Ríos, director general de Relaciones Institucionales, Transparencia y Conducta del Banco de España. “Es un proyecto colaborativo, que ha requerido confianza, estándares compartidos y una visión común. 'Hazme un bizum', se ha convertido en una expresión cotidiana”, ha resumido. 

Por su parte, Pablo Sánchez-Blanco, director general del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, también ha valorado la realidad de que “hacer un bizum” se haya convertido en una expresión usada en el día a día. “Estamos en cabeza de Europa en pagos digitales, pero tenemos desafíos que afrontar, como la interoperabilidad europea, porque dos de cada tres pagos utilizan tecnología que no es europea”, ha explicado. De ahí, la necesidad de acelerar el euro digital y garantizar que, en ese crecimiento, se garantiza un sistema de pagos seguro.

Y los bancos compiten por tener el Bizum de sus clientes. “El bizum ha barrido al cash y ha aumentado las interacciones con el banco y eso nos permite saber nuestros puntos fuertes y débiles, ser más conscientes de qué es bueno en la experiencia y qué no lo es, porque el banco se ha convertido en un proveedor de soluciones, en una solución que compartimos con todos los bancos”, ha explicado Roberto Pagán, Consumer Payments Head de BBVA y consejero de Bizum, “pero es el cliente el que elige con quién hacerlo. Competimos porque el Bizum lo tengan con nosotros, es como competíamos antes por tener la nómina”.

Un movimiento defensivo en toda regla. Casi un año después de que fracasara la oferta de compra (OPA) de BBVA por Sabadell, el banco catalán ha comunicado que la entidad francesa BPCE se ha hecho con el 7% de su accionariado. Lo ha hecho en una operación valorada en 1.200 millones de euros y realizada a través de la adquisición de títulos en el mercado bursátil y con instrumentos financieros. Y ese movimiento puede ir a más, aunque BPCE se ha comprometido a no superar el 9,9% del capital de Sabadell. Es un paso relevante, porque el sector bancario europeo está en plena ebullición, con Fráncfort reclamando fusiones transnacionales para conseguir un sector financiero más fuerte, capaz de competir con los grandes actores de Estados Unidos y China. Además, en España nunca para el runrún sobre la continua consolidación de los bancos. 

Tanto Sabadell como BPCE han despejado desde el primer momento cualquier nubarrón que lleve a pensar que esta operación es hostil. En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificaron el paso como “amistoso” y con la perspectiva de que la entidad francesa será un “accionista estable y a largo plazo”. Además, adelantaron que tienen la “voluntad de explorar una cooperación estratégica empresarial para poner las capacidades de BPCE a disposición de los clientes de Banco Sabadell y generar valor adicional de forma conjunta”. 

Sabadell tendrá a partir de ahora un aliado francés, pero, quién es BPCE y qué puede aportar a la entidad catalana. 

Hay que recordar que la banca francesa no tiene excesiva presencia en España, en un sector dominado por las entidades locales, como CaixaBank, Santander, BBVA o el propio Sabadell. En cuanto a los nombres del país vecino, los que más resuenen por su peso son BNP Paribas, Crédit Agricole o Société Générale, que tienen relevancia, sobre todo, en la banca corporativa y de inversión. Sin embargo, aunque sea menos conocido, BPCE también es activo en estas últimas, a través de una de sus ramas de negocio: Natixis.

Un gigante con raíces cooperativistas

El grupo BPCE se presenta a sí mismo –así lo hace en el comunicado que remitió a la CNMV– como el segundo grupo bancario de Francia y el cuarto de la zona euro por capital –estaría por detrás de Santander y de los también franceses BNP Paribas y Crédit Agricole– y se define como una entidad “cooperativa” al “servicio de la economía real”, con 36 millones de clientes y 110.000 empleados. Como comparación, la primera entidad de España, CaixaBank, suma más de 40.000 trabajadores y casi 19 millones de clientes.

BPCE es un gigante, con raíces en el cooperativismo, porque nació de la fusión del equivalente galo a dos grandes cajas de ahorros españolas; y está alejado de los mercados bursátiles, porque no cotiza en bolsa. Sus siglas derivan, precisamente, de esos orígenes, porque es fruto de la integración de Banque Fédérale des Banques Populaires y Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, que unieron sus destinos en 2009, en plena crisis financiera. Entonces buscaron sumar fuerzas y salvarse, porque Natixis, la banca de inversión que ya compartían, sufrió fuertes pérdidas, calculadas por encima de los 4.000 millones de euros. Y fue una de las entidades que recibió fondos del Estado francés, en modo de préstamo, para sanear su balance.

En cuanto a sus raíces cooperativistas, estas se mantienen arraigadas en su propio capital, que comparten –prácticamente a partes iguales– las redes regionales de Banques Populaires y Caisses d'Epargne.

Y es una entidad cooperativista rentable. En 2025, BPCE ganó 4.100 millones de euros. Si se compara con la banca española, estaría por detrás de CaixaBank, que ese mismo año ganó casi 5.900 millones y representa más del doble de lo que ganó Sabadell, que selló ese mismo ejercicio con un beneficio neto de 1.775 millones de euros.

Apetito comprador en el mercado ibérico

La irrupción en Sabadell no ha sido el primer gran salto de la entidad francesa en la península Ibérica. Ese impulso lo dio en Portugal, con la compra el año pasado de Novo Banco, la cuarta mayor entidad del país vecino, por 6.400 millones de euros. Una operación por la que también se interesó, sin éxito, CaixaBank.

Ahora BPCE se hace fuerte en Sabadell y ambas entidades asumen que, a partir de 2027, analizarán sinergias y oportunidades de negocio en actividades como la banca corporativa y de inversión, 'leasing' de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional de clientes.

Sabadell replica así los pasos que ya dio en el pasado con la aseguradora Zurich, con quien mantiene un acuerdo para comercializar productos de forma conjunta. Además, la entidad helvética es propietaria del 5% del Sabadell y fue fundamental en su estrategia de defensa contra BBVA, porque se posicionó en contra de la integración. “La oferta actual no supone una propuesta atractiva para los accionistas de Sabadell”, justificó al explicar por qué no iba a vender sus acciones en la OPA. 

Ahora, si llegara una operación similar, otra oferta por Sabadell, la francesa BPCE sería una pieza clave. Y puede que un escenario político diferente tras las elecciones del 29 de noviembre cambie el panorama bancario en España. Así lo cree la entidad estadounidense Citi. “La actual coalición gobernante se opuso a la compra de Sabadell por BBVA. En nuestra visión, un hipotético Gobierno liderado por el PP sin depender de los partidos independentistas catalanes podría ser percibido como más favorable a la consolidación del sector bancario”, aseguraba en un informe publicado por el diario económico Expansión. Si esa consolidación se acelera, Sabadell tiene ahora un núcleo duro en su accionariado para defenderse.

El grupo bancario francés BPCE ha anunciado este martes la entrada en el capital del Banco Sabadell con un 7% del capital, tal y como figura en la comunicación enviada a la CNMV. Esta participación tiene un valor en Bolsa, a precios de cierre del lunes, que ronda los 1.200 millones de euros. Según han informado ambas entidades, la entrada corresponde a un plan de mantenimiento a largo plazo en el capital y con presencia en el consejo de administración.

“BPCE respalda plenamente la estrategia y los planes de crecimiento de Banco Sabadell, así como a su equipo directivo, que ha liderado con éxito una destacada transformación de la entidad. BPCE no tiene intención de aumentar su participación en Banco Sabadell por encima del 9,9%”, asegura el comunicado suscrito por ambas entidades.

La acción de la entidad vallesana ha cerrado la sesión de este martes con un repunte del 2,9%, hasta los 3,66 euros el título.

“BPCE y Banco Sabadell tienen la intención de explorar oportunidades de negocio, en particular en banca corporativa y de inversión, leasing de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional de clientes”, añaden. La operacion supone la primera entrada reseñable de una entidad extranjera en uno de los grandes bancos españoles, el cuarto por volumen de negocio.

BPCE es uno de los grandes grupos bancarios franceses y uno de los principales actores a nivel europeo. Su actividad en Francia se realiza a través de las entidades Banque Populaire y Caisse d’Epargne. Se entre los principales accionistas del banco catalán a Blackrock, que hasta ahora figuraba con un 8,4% y la aseguradora suiza Zurich, que rondaba el 5%.

BPCE y Banco Sabadell han explicado en su comunicado al mercado que el objetivo de esta unión es “explorar oportunidades de negocio, en particular en banca corporativa y de inversión, leasing de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional de clientes”. Estas conversaciones, cuya conclusión se prevé a comienzos de 2027, tendrán como objetivo identificar ámbitos en los que la cooperación pueda apoyar el desarrollo de Banco Sabadell en España y, al mismo tiempo, reforzar la presencia europea de BPCE.

“Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a BPCE como accionista de nuestra entidad. Su decisión de invertir en Banco Sabadell constituye un reconocimiento a la solidez de nuestro proyecto en solitario”, ha asegurado Josep Oliu, presidente de la entidad catalana. La operación de BPCE llega un año después de que decayera la opa que presentó BBVA por Banco Sabadell.

La vivienda es el primer problema de los españoles. Así lo reconocía la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al anunciar los reales decretos aprobados por el Ejecutivo este martes, en paralelo a las protestas sociales tras el desahucio de Maricarmen. La vivienda es un problema con múltiples soluciones y, en una de ellas, puede entrar en liza el papel de una banca pública que, a día de hoy, no existe. Una de las bazas más factibles para conseguir una entidad estatal es la conversión de Correos en un 'banco postal', que siga el modelo que existía en España hasta principios de la década de 1990, que derivó en la privatización de Argentaria. Un modelo que, además, seguiría el ejemplo que ya existe en otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia.

Esa banca pública tendría como principal misión defender el interés ciudadano, por encima de la rentabilidad y, sobre todo, luchar contra la exclusión financiera. “Cada vez dependemos más de los bancos, estamos atados a un negocio que es inestable”, explicó en el Congreso de los Diputados Manolo Nolla, portavoz de la Plataforma por una Banca Pública, que esta semana ha presentado la propuesta de una Proposición no de Ley (PNL), para que se debata en la Cámara Baja la conversión de Correos en una entidad financiera estatal.

“Hay dos posiciones”, argumentó Nolla. Por un lado, “regular y vigilar el sector privado”. Por otro, apostar por “tener un sector público con protagonismo como para condicionar de verdad el servicio financiero”. “Tenemos a pocos metros de aquí –en referencia a la acampada en la Puerta del Sol– el problema de la vivienda. Todo el mundo está diciendo que hace falta vivienda pública, porque regula el conjunto del mercado de la vivienda. Aquí nosotros decimos que tiene que haber banca pública, no hablamos de regular. Hablamos de un servicio esencial”. 

Frenar la especulación inmobiliaria

“Un banco postal, ligado a las familias, asociado a las oficinas de Correos, podría contribuir a mejorar la financiación de la vivienda”, explicó en el Congreso, Julio Rodríguez, expresidente Banco Hipotecario y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. También, a “mejorar el acceso a la vivienda de los hogares vulnerables”. 

En su opinión, una banca pública “es precisa para tratar de reducir la exclusión bancaria, para mejorar la retribución del ahorro”, dado que el modelo actual ha reforzado “la especulación inmobiliaria y el rentismo” porque con las retribuciones actuales de ese ahorro “la gente prefiere comprarse una casa, alquilarla o venderla”.

Rodríguez apuntó durante la jornada –bajo el título 'Necesidad de un banco postal'– que la conversión de Correos no puede hacerse de un día para otro, sino que llevará tiempo, aprovechando la estructura de oficinas del operador postal público. “Después de la experiencia de la crisis”, de 2008, “los bancos han sido más reacios a entrar en la promoción inmobiliaria. Vuelven, pero el protagonismo de los fondos de inversión es muy fuerte”. Unos actores que “rápidamente se quitan del medio”. “Esta es una relación muy negativa, no solo por ser fondos buitres. Resulta anómalo en España que los fondos de inversión tengan la libertad tremenda de quedarse con bloques enteros y echar a la gente”, concluyó Julio Rodríguez. 

Un paso más lejos que Correos Cash

Correos ya opera en actividades que van más allá del reparto de cartas y, de hecho, está dando pasos hacia el negocio financiero, pero de forma limitada. Desde hace más de un año, la ley permite al operador público la prestación de servicios financieros básicos, pero para los operadores bancarios o las entidades aseguradoras. Por ejemplo, recoge la entrega o la recogida en efectivo en las pequeñas localidades rurales. “Los bancos comerciales no responden al desarrollo rural, ni a una gestión descentralizada”, afirmó en la misma jornada Aurora Martínez, profesora de Economía y coordinadora de la Plataforma por una banca pública. 

No se trata de innovar, sino de seguir el modelo de Francia o de Italia. En el caso del país vecino, La Banque Postale –filial de Groupe La Poste– centraliza el negocio de banca y seguros. “El grupo postal francés tiene 750.000 millones de activos, es similar a Caixabank”, indicó Jorge Pérez, exresponsable de Regulación Contable del Banco de España. “Ganó 1.500 millones el año pasado”, ahondó. De hecho, la entidad francesa tiene un alto peso en su balance de los créditos hipotecarios. Según sus últimas cuentas de resultados, de casi 80.000 millones de euros de exposición crediticia, más de 71.000 millones correspondían al negocio hipotecario. 

En Italia, Poste Italiane también es activa en el negocio financiero, con unos ingresos que superaron los 5.600 millones en el último ejercicio. Sin embargo, en el caso de este operador estatal transalpino, su actividad se está diversificando, también, en sectores que no tienen nada que ver con la banca, como las telecomunicaciones. El último paso ha sido una oferta de adquisición (OPA) sobre Telecom Italia (TIM), de la que controlaba el 27% del capital y que quiere adquirir en su totalidad en una operación valorada en más de 11.300 millones de euros.

Además, la reconversión de Correos hacia la actividad financiera tendría otras derivadas, como el mantenimiento de su red de más de 1.000 oficinas y la continuidad de una plantilla que supera los 48.000 empleados, en un momento donde cada vez se mandan menos cartas y donde crecen los envíos de paquetería a través de gigantes de la logística o de Amazon. “Si queremos que la España vaciada no siga vaciándose, tendremos que aumentar los servicios. No es un proyecto de Correos, es un proyecto de país”, defendió el representante de CCOO, Andrés Fernández, en una jornada en la que también participaron representantes de UGT, CGT o Cesif, entre otros. En cuanto a la PNL en sí, el portavoz de Economía de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, se comprometió a que su grupo llevará la proposición no de ley a la Comisión de Economía.

Desde hace décadas, y no sólo en España, han colisionado dos derechos garantizados constitucionalmente: el derecho social a la vivienda y el derecho a la propiedad. El contrato social implícito en nuestras sociedades democráticas ha buscado siempre un difícil equilibrio entre ambos derechos. El ya famoso caso de Maricarmen se ha convertido en el exponente de un grave desequilibrio, al imponerse el derecho a la propiedad por encima del de la vivienda, con la gravedad de que se ha hecho sobre una persona vulnerable, de 87 años, y que llevaba puntualmente pagando desde hace 70 años su alquiler mensual, aunque se hubiera quedado fuera de los precios del mercado.

Ha sido, sin duda, el desahucio más famoso y ha generado una ola de indignación, no sólo entre las personas afectadas por el problema de la vivienda, sino también entre las que no lo están, que son la mayoría de la población. En el Gráfico 1, utilizando los datos públicos del Consejo General del Poder Judicial, presento la evolución trimestral de los “lanzamientos” (“acción de desalojar un espacio por orden judicial”) en el primer trimestre de cada año desde 2014. Un lanzamiento no es exactamente lo mismo que un desahucio, pues puede afectar a plazas de garaje, fincas o locales, mientras que el término desahucio lo referimos a exclusivamente a vivienda. Pero aquí, para simplificar, lo trataremos como si fueran sinónimos.

En el Gráfico 1 se observa que el número de desahucios presenta una tendencia claramente decreciente desde 2014 hasta 2026. De hecho, se pueden distinguir tres etapas: la primera, durante el gobierno de Rajoy, 2014-2017, con un promedio de 17.800 desahucios trimestrales. La segunda, durante el gobierno de Sánchez y hasta el final de la pandemia, 2018-2022, con un promedio de 12.600 lanzamientos por trimestre, y la tercera, desde 2023 hasta la actualidad, con una media de desahucios de 6.300 por trimestre. El último dato, correspondiente al primer trimestre de 2026, recoge un número de desahucios de 4.005, que es el mínimo de la serie histórica.

Resulta llamativo, por tanto, que haya sido en este momento cuando ha surgido un movimiento social parecido al 15-M de 2011, cuando el número de desahucios está en niveles mucho más bajos que los de otros años. Aunque los sociólogos lo explicarán en el futuro con todo lujo de detalles, parece evidente que el movimiento surge por la indignación que el caso Maricarmen ha tenido en la población, y con el malestar latente por el problema de la vivienda, sobre todo entre los jóvenes, que se ha ido agravando en los últimos años.

El 15-M ocurrió en plena crisis financiera, en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente ejecución por parte de una banca muy tocada por los créditos hipotecarios impagados por la recesión y el galopante desempleo, que llegó al 27% en el primer trimestre 2013. El movimiento 27-S, por el contrario, surge en pleno boom económico, con unas tasas de paro, tanto la general como la juvenil, en mínimos desde 2007, y con la banca saneada y una tasa de morosidad baja. En el Gráfico 2 presento los “lanzamientos” trimestrales en España desde 2013, tanto los causados por no pagar el alquiler como por no pagar la hipoteca. Hay que tener en cuenta que los lanzamientos por impago de hipoteca suponen una cifra menor que el de las “ejecuciones hipotecarias”, pues éstas incluyen todos los procedimientos iniciados por los bancos, independientemente de que terminen o no en un lanzamiento.

Del Gráfico 2 destacamos dos observaciones relevantes. La primera es que hay una tendencia decreciente en ambos tipos de desahucios, pero con un matiz importante. Los causados por no pagar la hipoteca caen de forma mucho más acusada desde 2014. Los causados por no pagar el alquiler también lo hacen, pero con más retraso y menos intensidad. La segunda, consecuencia de lo anterior, es que el número de desahucios por no pagar la hipoteca representaban el 50% del total en 2014, y recientemente apenas llegan al 20% del total.

Entre los motivos que justifican la reducción de ambos tipos de lanzamientos, hay varios. El primero, el más evidente, la marcha de la economía. Los desahucios son claramente anticíclicos. Aumentan con las recesiones, por la caída del empleo, de la renta y el aumento de la morosidad. Y se reducen en las expansiones. Pero, además del argumento cíclico, la reducción del número de desahucios se produce por las medidas de protección y mitigación tomadas por las administraciones públicas o por parte del sector privado. Esto ha ocurrido claramente en el caso del sector financiero y los lanzamientos por impago hipotecario.

Por ejemplo, con el código de buenas prácticas al que se adhirieron casi todas las entidades financieras y que a partir de 2022 se hizo obligatorio y que busca proteger a los hipotecados más vulnerables, además de facilitarse la dación en pago, sobre todo de segundas viviendas. También la “ley de la segunda oportunidad” de 2015, que facilitó la reducción de las deudas hipotecarias para la vivienda habitual. Lo cierto es que se ha trabajado y mucho por el lado de la banca, que recibió importantes ayudas durante la crisis y a la que se exigió que devolviera a la sociedad una parte de ese esfuerzo que los contribuyentes hicieron para su rescate.

Los bancos eran el enemigo a batir en la puerta del Sol en 2011. Hoy ni se les menciona en el 27-S. El problema ahora está en los fondos de inversión inmobiliarios y los grandes propietarios, que no se han avenido a aceptar un código de buenas prácticas como el del sistema financiero durante la crisis financiera. Y aquí es donde entra en acción el Congreso de los Diputados. En esta legislatura el Gobierno y los partidos de izquierda han registrado 29 iniciativas que guardan relación con la vivienda, de las cuales solo han prosperado cinco. Tres de ellas fueron reales decretos-leyes (RDL) para paliar los efectos de la crisis de Ucrania y Oriente Medio. El cuarto fue el escudo social aprobado en 2025, que prorrogaba la suspensión de los desahucios hasta diciembre de 2025. Pero PP, Vox y Junts se han negado a reeditarlo. Una versión de este decreto es el que se presentará, probablemente, este martes.

El problema es que este tipo de decretos, necesarios y ahora urgentes, no solucionan el problema de la vivienda. La insuficiencia de oferta de vivienda de alquiler, además de la construcción de vivienda pública (para alquiler) y privada (para alquiler y venta), requiere incentivar la salida al mercado de un volumen considerable de viviendas vacías que todavía tenemos en nuestro país. Y ese incentivo pasa necesariamente por posibilitar el desahucio de los inquilinos que dejen de pagar su alquiler. Sin esta herramienta jurídica es imposible que los propietarios, sobre todo los pequeños, se arriesguen a sacar su vivienda al mercado de alquiler. Pero ahí entramos en los casos extremos, como el de Maricarmen, en que se debe buscar el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda que mencionaba al principio del artículo. Y para garantizar ese equilibrio deben estar vigilantes las administraciones públicas con sus competencias establecidas (CCAA y ayuntamientos) y el propio sector privado, que debe acogerse a un código de buenas prácticas que no erosione su rentabilidad ni su seguridad jurídica.

l consejero delegado de WiZink, Iheb Nafaa, ha decidido dejar su cargo en el banco por motivos personales, por lo que sus funciones serán asumidas por el presidente Joaquim Saurina, según ha informado en un comunicado.

La salida del CEO se produce en mitad de las conversaciones con Unicaja para una posible operación corporativa. Ambos bancos llevan negociando, al menos, desde el mes de abril, sin que se haya producido ninguna novedad al respecto.

Saurina cuenta con experiencia previa en esta responsabilidad, tras haber asumido funciones ejecutivas durante una etapa de transición anterior a la llegada de Nafaa, en 2023. Además, junto al CEO saliente, participó en el diseño del plan estratégico, que actualmente se encuentra en ejecución.

“Asumo de nuevo esta responsabilidad con un profundo sentido de continuidad y compromiso con el proyecto de WiZink. La entidad cuenta con una hoja de ruta clara, con un equipo sólido y con capacidades diferenciales que seguiremos desarrollando con foco en la ejecución del plan estratégico, en nuestros clientes y en el crecimiento sostenible del negocio en España y Portugal”, ha afirmado Saurina.

El banco WiZink, especializado en crédito al consumo, cerró el primer semestre de 2026 con unas pérdidas de 3,07 millones de euros, lo que supone una reducción del 55% respecto a los 'números rojos' del mismo periodo del año anterior, según recogen las estadísticas de Banco de España consultadas por Europa Press.

Los ingresos totales del banco (margen bruto) entre enero y junio fueron de 146,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 131 millones de euros, un 0,4% menos. Los ingresos por comisiones netas se redujeron un 10%, hasta los 14,8 millones de euros.

En la banca y otras entidades financieras cada vez más gana peso la retribución variable, especialmente entre los jefes (o managers), pero también otros gestores y trabajadores. Un elemento que puede parecer anecdótico, pero que actúa como una trampa para las plantillas, denuncian en CCOO, ya que implica una “presión brutal” de los jefes a los empleados, sobre todo en el terreno comercial, una política salarial “discrecional y opaca”, así como la realización de horas extra generalizadas para tratar de llegar a los objetivos marcados.

El sindicato –mayoritario en el sector– ha alertado este jueves de un “insoportable clima laboral” en las entidades financieras y las cajas de ahorro y crédito, en un contexto de beneficios récord, ante lo que advierten de una “escalada de movilizaciones” en los próximos meses. Entre otros motivos, por un aumento de la carga de trabajo tras las salidas masivas de los últimos años a raíz de la pasada crisis financiera.

Desde los picos de 2008, “se ha destruido casi el 40% del empleo directo (108.000 puestos eliminados en entidades de crédito y 105.000 en entidades de depósito)”, recoge el informe presentado, titulado 'El momento es ahora', que recoge propuestas para la próxima negociación de los convenios colectivos sectoriales, que terminan su vigencia el 31 de diciembre de este año.

El variable importa mucho en la nómina

Los representantes de CCOO en varios grandes bancos, como BBVA y Caixabank, han subrayado los efectos silenciosos y perjudiciales que generan los actuales sistemas de retribución variable en el sector.

Esta parte variable supone una gran parte del salario final, sobre todo los jefes, lo que explica que sea un elemento “suficientemente persuasivo” para generar presión a los empleados para llegar a ciertos objetivos y que proliferen las horas extra no pagadas para tratar de alcanzarlos, ha afirmado Ramón González Monroy, secretario general de CCOO Servicios. “En los objetivos te juegas el 60% o 70% de salario” en muchos casos, ha explicado, e incluso más.

“Los sistemas de retribución variable son perversos y generan una rueda de presión de arriba y abajo”, ha denunciado por su parte Íñigo Vicente Herrero, responsable estatal de CCOO en CaixaBank, que ha protagonizado varias concentraciones y una huelga este año por este y otros motivos de “presión comercial”.

Paola Torrico Portero, secretaria general de la sección sindical de CCOO en BBVA, ha advertido de que los managers –con un gran peso de la retribución variable en sus salarios– ejercen una “presión brutal” sobre los gestores comerciales, que son los que en la práctica consiguen los objetivos.

Torrico Portero ha explicado que los gestores están sometidos a la medición continua de su rendimiento, “hora a hora y casi minuto a minuto”, en las que se les cuestiona por las llamadas y las ventas que realizan, hasta el punto de forzar que se comercialicen productos “que en realidad no necesitan los clientes” para alcanzar los objetivos fijados.

“Opacidad” sobre los algoritmos contraria a la ley

Vicente Herrero (Caixabank) ha afirmado que las entidades bancarias no están dando la información legal exigida a los representantes de la plantilla que recoge el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 64 en varias cuestiones, como por ejemplo sobre los criterios para definir esta retribución variable, que desconocen los trabajadores y que el sindicato reclama poder negociar.

Los bancos tampoco están informando sobre los algoritmos que se utilizan para definir las condiciones laborales de los trabajadores, han denunciado los representantes sindicales de BBVA y Caixabank, algo que también incumple la legislación laboral en España tras la aprobación de la Ley Rider.

En este contexto, los representantes de CCOO han sostenido la necesidad de negociar varias mejoras de condiciones en los convenios colectivos. Tanto un aumento de salarios, que denuncian que han pedido competitividad frente a otros sectores –especialmente entre la gente más joven, así como una mejora de las cargas de trabajo, una reducción de la presión sobre la plantilla y acabar con los “liderazgos tóxicos” que minan la salud de los trabajadores, y una reducción del tiempo de trabajo que dé a los trabajadores “más tiempo para vivir” y conciliar ante el auge de la digitalización y la expansión de la IA (inteligencia artificial).

En este sentido, el sindicato propone fines de semana de tres días de manera rotativa entre los trabajadores, por ejemplo una vez al mes, que permitan reducir la jornada anual a las 1.600 horas al año.

El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a subir esta semana los tipos de interés. Por segunda vez en lo que va de año, la institución presidida por Christine Lagarde ha elevado el precio del dinero ante una inflación que no tiene visos de pisar el freno dada la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y la evolución del petróleo y el gas. Esa decisión de subir los tipos tiene diferentes derivadas. Una, las hipotecas variables van a ser más caras. Otra, los bancos han acelerado la pelea por captar el ahorro de los clientes, ya sea a través de depósitos o de cuentas remuneradas.

La decisión inmediata de gran parte de la banca –sobre todo, los neobancos– ha sido mejorar esa remuneración del ahorro, que se ha convertido en una palanca clave para captar y retener clientes. Eso han hecho entidades como ING, MyInvestor o Trade Republic, entre otras.

En cambio, algunos de los mayores bancos esquivan esta competición por atraer ahorradores –es una estrategia que han mantenido sin cambios a lo largo de los últimos años, desde que despegaron los tipos tras la invasión de Ucrania– y se mantienen abrazados a otras vías de crecimiento, como la captación de nóminas premiando a los clientes que les aportan ingresos mensuales.

Depósitos y cuentas remuneradas

En cuanto a los primeros, la reacción a la decisión del BCE ha sido inmediata o, incluso, se han anticipado. Por ejemplo, ING ha elevado hasta el 2,6% y 2,3% la retribución máxima para sus depósitos a 24 y 12 meses; y ha lanzado dos nuevos depósitos a seis meses con una rentabilidad de hasta el 2,15%. Además, la entidad naranja mantiene desde finales de agosto un depósito a cuatro meses al 3%, solo para nuevos clientes, sin importe mínimo, pero con un máximo de 50.000 euros.

Tras la decisión del BCE, Banca March ha incrementado al 2,8% su depósito flexible, pero solo para nuevos clientes. También el neobanco MyInvestor –que tiene detrás a Andbank, El Corte Inglés y Axa– ha elevado la rentabilidad de sus depósitos. En concreto, hasta el 2,5% para los clientes que mantengan o contraten una cartera automatizada –un producto conocido como roboadvisor, que invierte de forma automática en función del perfil de riesgo– de, al menos, 150 euros; y sube al 3,25% para sus clientes 'premium'.

Otro de los actores más jóvenes del sector, Trade Republic, ha mejorado la remuneración de sus cuentas remuneradas al 2,53% para los clientes que ya tiene; y al 3,04%, para los nuevos. Openbank, que forma parte del grupo Santander, también apuesta por esa estrategia de captar con ese tipo de cuentas, con una retribución del 2,75%, que, en este caso, es previa a la última subida del BCE. 

Como contexto, la principal diferencia entre un depósito y una cuenta remunerada, según explican fuentes de Openbank, es la disponibilidad del dinero. “En una cuenta remunerada, el banco paga intereses por el dinero que el cliente mantiene en ella, pudiendo siempre disponer de esos ahorros”. “Por el contrario, en un depósito a plazo fijo el cliente entrega al banco una cantidad de dinero durante un tiempo determinado, es decir, a un plazo fijo, con unas condiciones de remuneración previamente pactadas. Tras ese plazo, el banco devuelve el dinero más los intereses pactados previamente”.

Las entidades matizan que sus decisiones de tipos no siempre están ligadas a las decisiones del BCE, pero ese efecto calendario existe. “Nosotros desde el lanzamiento de nuestra cuenta remunerada, hemos compartido siempre el tipo del BCE íntegro y desde mayo, por primera vez, por encima”, al citado 3,04%, apunta un portavoz de Trade Republic. 

Por su parte, MyInvestor argumenta que “la evolución de los tipos de interés del BCE es un factor que tenemos en cuenta, pero también analizamos el comportamiento de los clientes y los movimientos de nuestros competidores”.

Además, atraer el ahorro es una forma de conseguir que el cliente tenga más productos contratados. “Nuestro objetivo va más allá de captar ahorro”, explica esta última entidad. “Queremos que el ahorrador dé el siguiente paso y se convierta también en inversor. La remuneración de la liquidez es una buena forma de empezar a conocernos, pero para evitar que el dinero pierda poder adquisitivo por la inflación es necesario invertir”. 

Otro neobanco, como Revolut también apuesta por las cuentas remuneradas. “Nuestra oferta actual más atractiva es la del 2,27% que se ofrece en nuestro Plan Ultra, aunque en junio por ejemplo lanzamos una promoción al 3,5% para nuevos clientes”, apunta Ignacio Zunzunegui, 'head of Growth' para el Sur de Europa, Latam y Estados Unidos de Revolut. “Cuando sales al mercado ofreciendo rentabilidades competitivas, como con ese 3,5% que te comentaba antes, inevitablemente captas la atención de un usuario que quiere sacar la mayor rentabilidad a sus ahorros. Sin embargo, aunque son un gran reclamo inicial y nos están ayudando a seguir creciendo, no consideramos que un interés aislado deba ser el factor definitivo”, añade.  

Captación de nóminas y ofertas personalizadas

Mientras hay entidades que responden o se anticipan al BCE y apuestan por retribuir el ahorro de forma generalizada, otras se decantan por focalizarse en ofertas personalizadas, como en el caso de Santander; o la captación de nóminas, como Caixabank. En el caso de la entidad participada por el Estado, a los nuevos clientes que domicilien su sueldo se les ofrecen 250 euros y un televisor Samsung, por ejemplo. También BBVA indica que apuesta por esa personalización, no por ofertas globales, mediante depósitos, soluciones combinadas –con depósitos y fondos de inversión– y, para aquellos clientes que buscan un mayor potencial de rentabilidad a medio y largo plazo, a través de otros productos como los ETF. 

Mientras, Sabadell pone en contexto la situación tras las decisiones del BCE. “Las expectativas sobre los tipos de interés han cambiado durante las últimas semanas y el mercado anticipa ahora una actuación más restrictiva”, señalan fuentes del banco catalán. “Sin embargo, entendemos que este reajuste responde principalmente a un episodio de incertidumbre geopolítica y energética, cuya duración y alcance no pueden considerarse estructurales. Mantendremos una evaluación continua del escenario por si fuera necesario realizar modificaciones en nuestra oferta comercial”, con productos de inversión, por ejemplo en renta fija “ajustadas al perfil del cliente”.

De esta forma, queda patente que hay entidades que apuestan, claramente, por remunerar al alza el ahorro con ofertas centradas, en gran medida, en la captación de clientes; y otras por ofertas más personalizadas y priorizar otro tipo de productos. Eso, en un momento donde la inflación no se desinfla. “La otra cara de unos tipos más altos debería ser, en principio, una mayor remuneración del ahorro. Sin embargo, esa transmisión no tiene por qué producirse con la misma rapidez: la remuneración de cuentas y depósitos suele reaccionar de forma más lenta e incierta y dependerá, en buena medida, de las necesidades de financiación de las propias entidades, que en estos momentos no parecen especialmente elevadas”, analiza Josep Soler, fundador y consejero ejecutivo de la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA) España.

Además, en su comparecencia del jueves, Christine Lagarde no descartó más subidas de tipos y remarcó que el foco de actuación del BCE es llevar la inflación al 2%. “No nos centramos en la reunión ni en los datos para molestarles [a los periodistas], a los observadores o a los analistas. Lo hacemos porque nos encontramos en un contexto de incertidumbre que puede cambiar las cosas casi de la noche a la mañana”, aseguró la presidenta del BCE. “Los mercados hacen lo que tienen que hacer… hacen su trabajo. Nosotros hacemos nuestro trabajo” y que en la actualidad resulta “muy difícil” determinar qué será lo apropiado en el futuro en materia de política de tipos de interés. Es decir, hay nuevas subidas en el horizonte si la inflación no cambia de rumbo y los bancos, de nuevo, tendrán que responder.

Facua ha denunciado al banco ING ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por no respetar la promoción que envió el 10 de agosto por correo electrónico a sus clientes donde les aseguraba que, si realizaban compras con tarjeta de crédito por importes “iguales o superiores a 100 euros”, les devolvería el 10%, con un máximo de 60 euros.

Tal y como detalla la organización en un comunicado, recogido por Europa Press, la entidad financiera envió a sus clientes un correo electrónico en el que explicaba las condiciones de la promoción y señalaba que, por ejemplo, ante un gasto de 500 euros, devolvería 50 euros. También indicaba que la devolución se recibiría el 5 de septiembre y que la promoción estaría vigente hasta el 28 de agosto.

No obstante, días después envió una segunda comunicación donde reconocía que había existido una “incidencia operativa en el envío” de la primera comunicación y afirmaba que la promoción “no estaba activa”. A raíz de esta decisión, Facua le remitió un escrito donde le advertía de que, si no cumplía con la oferta comercial, interpondría una denuncia ante el Ministerio de Consumo.

En consecuencia, el 31 de agosto, ING emitió una nueva comunicación informando de que finalmente aplicaría la promoción, aunque limitando el periodo de la misma hasta el 14 de agosto y no hasta el 28 de agosto como anunció inicialmente. Por lo que reducía la oferta a solo cuatro días.

Facua cree que el banco debe respetar la oferta inicial

De este modo, Facua considera que el banco debe respetar las condiciones de la oferta comercial comunicada el 10 de agosto, incluida su vigencia hasta el 28 de agosto, sin que pueda modificar posteriormente y de forma unilateral dichas condiciones en perjuicio de los consumidores que recibieron y pudieron legítimamente confiar en dicha oferta.

En el ámbito legal, Facua cita el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que “el contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato”.

Al mismo tiempo, la asociación advierte de que el banco creó en sus clientes una expectativa económica que tiene que cumplir. “Incluso ha podido provocar que muchos de ellos hayan realizado gastos superiores a los que tenían previstos inducidos por la oferta que recibieron”, remarcan, y censuran que “una supuesta incidencia técnica o interna no puede convertirse automáticamente en una vía para que la empresa se desentienda de los compromisos que comunicó a sus clientes”.

Por todo ello, la asociación ha instado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que abra expediente sancionador a ING por vulnerar los derechos de los consumidores al ofrecer la promoción únicamente hasta el 14 de agosto y no hasta el 28 como anunció en un principio.

Asimismo, exhorta a los usuarios que hayan recibido esta promoción a que reclamen al banco su cumplimiento, y les precisa que pueden dirigirse a la asociación para recibir asesoramiento sobre cómo defender sus intereses como usuarios.

La partida de ajedrez en el complejo tablero de los bancos de Italia ha alcanzado este verano otra cúspide, en medio del intenso ciclo de ofertas de adquisición, contraofertas y fusiones que arrancó en 2024. En plena disputa para reforzar la hegemonía o defender el propio terreno, el sector bancario transalpino sintió otra sacudida en agosto por la oferta de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) por hacerse con otras dos entidades de peso, Banco BPM y Banca Generali, una maniobra de envergadura con dos metas. Por un lado, frenar la opa hostil lanzada en junio por Intesa Sanpaolo (ISP) que quiere quedarse con el banco sienés y absorberlo. Por otro, erigir un tercer polo bancario en Italia, en línea con el Gobierno de Giorgia Meloni, que ve con buenos ojos la idea de crear un gran bloque alternativo a ISP y UniCredit, los dos primeros bancos del país.

Con todo, la operación de MPS –el banco en activo más antiguo del mundo, fundado en 1472– ha topado con el escepticismo de los mercados. Hay dudas sobre su viabilidad y se percibe como un movimiento arriesgado y reactivo, mientras que la oferta de Intesa se ve más sólida, señalan prensa económica y expertos. Sin embargo, “es pronto para predecir” su desenlace, dice a elDiario.es Mario Comana, economista y docente de la Universidad LUISS de Roma. “No sabemos si MPS, antes de lanzar sus ofertas, hizo algún preacuerdo con los accionistas mayoritarios de sus empresas objetivo, pero sí podemos prever que Intesa no se quedará de brazos cruzados. Si las ofertas de MPS resultaran viables, Intesa podría ofrecer más y mejorar su propuesta”, añade el profesor.

El recelo de los inversores ante el paso de MPS se vio claramente reflejado en la Bolsa, observa Comana, citando las pérdidas de estos días de MPS, Banco BPM y Banca Generali: “El mercado no parece tener mucha fe”. “La oferta de MPS no está desprovista de significado e interés, pero se hizo con óptica claramente defensiva”, opina, lo que alimenta las dudas de los mercados sobre la creación de valor real de la operación.

La pugna entre ambas entidades ha reanimado la corriente de intensos movimientos bancarios propia de la Italia de los últimos tiempos. Comana explica que esta se debe, paradójicamente, a la “excesiva buena salud” de su sector financiero. “Son muy rentables, con excelentes niveles de eficiencia y calidad crediticia, lo que les hace empresas muy atractivas”, detalla. Una intensidad parecida se registró en la década de 2010, pero fue por la crisis económica, cuando muchos “bancos débiles” tuvieron que ser rescatados.

Monte dei Paschi, del declive al ascenso

Precisamente Monte dei Paschi fue uno de los rescatados entonces, todo un símbolo por su historia como banco centenario activo desde 1472, cuando fue fundado en la ciudad de Siena, donde conserva su sede central. En 2017, al borde de quebrar, el Estado italiano lo sacó a flote con 5.400 millones de euros de fondos públicos. El Ministerio de Economía y Finanzas se hizo con 68% de su capital, una participación que fue vendiendo hasta quedar en un 4,8%. Ahora, el Tesoro ha congelado sus acciones restantes, y no prevé vender hasta que se solucione la pugna por el control del banco.

Hace una década, pocos pensaban que MPS volvería a primera línea, pero se fue recuperando a base de recortes, saneando su deuda y con ampliaciones de capital privado. Luigi Lovaglio, con trayectoria previa en Unicredit, asumió sus riendas en 2022 como consejero delegado y consolidó un ascenso que en 2025 vio la adquisición de Mediobanca, un poderoso banco de inversión milanés que compró por 16.000 millones. A pesar de que la dirección de la entidad lombarda rechazó la oferta, MPS convenció a la mayoría de sus accionistas para la fusión, todavía en curso.

Esta compra dio al grupo sienés el acceso a una de las joyas de la economía italiana: el coloso de los seguros Generali. Mediobanca poseían 13% de acciones de la multinacional, que pasó a manos de MPS. Esto aumentó el atractivo del banco toscano para inversores y competidores, uno de los factores que podría estar detrás de la ofensiva de Intesa. Generali es clave en Italia. Concentra gran cantidad de ahorros de su ciudadanía y empresas a través de sus seguros, y tiene mucho peso para las arcas del Estado italiano al ser uno de sus grandes acreedores. De hecho, Banca Generali –por la que ahora pugna MPS– es el brazo bancario de la aseguradora, que posee más del 50% de sus acciones, y será clave para decidir qué vía tomar ante MPS.

El risiko bancario de Italia

El pulso actual abre escenarios de cambio profundo en el equilibrio de poderes de los bancos italianos, acelerando el risiko, nombre de la versión italiana del juego de mesa del Risk, término usado en el país para referirse a los duelos de compra y fusiones entre bancos. Intesa Sanpaolo y Monte dei Paschi protagonizan el capítulo más reciente de este serie, mientras corren ríos de tinta sobre los movimientos entre bastidores y las teorías sobre qué pasará.

Quién juega sus cartas no son sólo los bancos implicados, sino una amplia red que incluye las aseguradoras Generali y Unipol, o los holdings de las familias Caltagirone o Del Vecchio, muy influyentes y con acciones en MPS y otras empresas, como la propia Generali. También hay grupos extranjeros, como el banco francés Crédit Agricole –con 29,3% de acciones en BPM– o el fondo estadounidense BlackRock, todo un símbolo del capitalismo desregulado internacional con creciente influencia en Europa, con 4,66% de acciones en MPS y 5,09% en ISP.

“Hacía muchos años que el sistema bancario italiano no estaba tan movido. Despertó por necesidad de algunos bancos de hacerse más fuertes y consolidarse, también por la creciente competencia” de fondos y entidades financieras de países más allá de Europa como EEUU, “que expanden cada vez más su mercado de capitales”, cuenta a elDiario.es Francesco Ruggeri, experto en macroeconomía e investigador en universidades italianas. “Hay una especie de pugna entre algunos bancos para poder afianzarse”, como es el caso de Intesa, o “para construir un tercer bloque que se proteja y compita con la propia ISP y Unicredit”, como quiere MPS, agrega.

Una pugna abierta

La saga actual arrancó en junio, cuando Intesa Sanpaolo –el mayor banco italiano por capitalización– acechó a MPS con una oferta pública voluntaria de adquisición y canje de acciones por valor de 30.600 millones de euros, en una puja con respaldo del grupo asegurador Unipol. Al ser Intesa dominante en Italia, y ante posibles problemas de competencia, prevé fragmentar Monte Paschi y ceder a la aseguradora 635 sucursales por 3.500 millones. Estas serían luego transferidas al banco BPER –filial de Unipol–, que gestionaría las oficinas conservando parcialmente la marca Monte dei Paschi. Por su parte, ISP se quedaría con 625 sucursales y la banca de inversión de MPS.

En plena consolidación bancaria europea, la entidad liderada por Carlo Messina busca apuntalar su hegemonía en Italia y convertirse en un campeón continental con capacidad para competir con Banco Santander o BNP Paribas. También quiere impedir avances de su gran rival nacional, UniCredit, que en 2025 intentó adquirir sin éxito a Banco BPM y desde 2024 mantiene una ofensiva sobre Commerzbank, el segundo banco privado de Alemania, del que ya controla el 48% de acciones pese a las reticencias de Berlín. El asunto aún trae cola, pero UniCredit sigue con su idea de fusionarse con la entidad y acrecentar su posición como gran gigante europeo.

Es en este escenario donde MPS diseñó su propia estrategia defensiva. El 20 de agosto, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de siete horas, anunció contramedidas con dos ofertas públicas de canje de acciones (OPS) sobre Banco BPM y Banca Generali, las cuales busca financiar enteramente con títulos de nueva emisión, sin recurrir a liquidez.

Para Banco BPM, la oferta valora la entidad en 25.310 millones de euros y una relación de canje de 1,567 acciones nuevas de MPS por cada título de BPM, según precio de mercado y sin prima. Respecto Banca Generali, ofrece 6,958 acciones nuevas por cada una de la entidad, lo que supone una valoración de unos 8.720 millones de euros y una prima del 10% sobre los precios de cotización. Con ello, MPS busca crear un grupo bancario que se convertiría en el segundo más grande del país, por delante de UniCredit, integrando unos activos financieros totales de 810.000 millones de euros. También evitaría su desmantelamiento y la desaparición de su marca centenaria, algo que preocupa mucho tanto en Siena como en la región de Toscana.

Intesa eleva la disputa

Tras este contraataque, Intesa presentó quejas la semana pasada ante la Consob, el regulador bursátil italiano. Alegó que MPS viola la regla de pasividad, que establece que un banco no puede actuar para entorpecer una opa hostil sin permiso previo de su junta de accionistas, algo que Monte Paschi no habría obtenido, a la espera de una asamblea extraordinaria el 29 de octubre que determinará su posición a tomar sobre la oferta de ISP.

Por su parte, ISP celebrará junta de accionistas el 10 de septiembre para votar la opa para hacerse con MPS. Según Comana, pese a que quedan muchas cuestiones por desentrañar y el escenario aún es imprevisible, Intesa presentó “una oferta clara y precisa” para pagar tanto en acciones como efectivo, a lo que suma la opción de un aumento, lo que hace que “tenga más posibilidades de tener éxito” que la contrapropuesta de MPS.

A su vez, el timing le es favorable, ya que ISP va por delante en todos los trámites para impulsar el proceso, y, en caso de seguir sin trabas, podría incluso hacerse con el control de Monte dei Paschi antes de que esta pueda culminar los procesos para sus ofertas a Banco BPM y Banca Generali. De hecho, BPM ya rechazó la propuesta de Siena, al considerarla unilateral, no acordada y sin prima para sus accionistas. En Generali, la oferta de MPS se recibió de forma más abierta, con “voluntad de evaluar” la colaboración y los lazos estratégicos entre ambos grupos.

La operación de MPS, “contraproducente”

Los pasos de MPS dieron incluso que hablar en la columna de opinión Lex de Financial Times (FT), que tachó la contraofensiva de MPS de “descabellada” y “contraproducente”. “Lo más sorprendente es que MPS intentaría una fusión a cuatro bandas”, escribió FT, en relación a su proceso de absorción de Mediobanca, al que juntaría Banco BPM y Banca Generali si sus ofertas siguen adelante. “Fusionar dos bancos es un reto que lleva tiempo. Intentar lo mismo con cuatro requiere un pensamiento mágico”, dijo el medio, lo que generó una réplica del mismo Lovaglio, que alegó que sus planes fueron “malinterpretados”.

Ante todo, Monte dei Paschi lucha a toda costa para evitar su desmantelamiento, mientras que el Gobierno, pese a mantenerse neutral, aboga por lo mismo, y así lo declaró la primera ministra Giorgia Meloni. “Espero que la dinámica del mercado propicie el surgimiento de un sistema aún más sólido y competitivo”, y que “MPS no acabe desmantelándose, perdiendo su nombre e identidad”, dijo la jefa del Ejecutivo italiano en una entrevista con Milano Finanza este agosto.

Aun así, en un sistema de libre mercado y autonomía bancaria, los expertos ven improbable una intervención del Gobierno. “¿Al final quién decide? Los grandes accionistas no se ablandan por declaraciones de un político. A los fondos internacionales, accionistas relevantes en MPS, ¿qué les importa lo que diga Meloni? No es un factor de peso”, concluye Mario Comana, que prevé muchos desarrollos por llegar en una pugna aún abierta.

En el estreno de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) en la cita anual de Jackson Hole (Wyoming, EEUU) –que reúne a los responsables de los grandes bancos centrales, académicos, ministros de Finanzas y algún que otro directivo y empresario para diagnosticar, cada final de agosto, los retos de la economía mundial–, los inversores no estarán pendientes únicamente de una subida o una bajada de tipos. Tratarán de augurar si el sustituto de Jerome Powell les seguirá proporcionando una hoja de ruta fiable –como su antecesor– sobre la toma de decisiones de la Fed.

Por primera vez en décadas –este simposio se celebra desde 1978 en una reserva de pesca de mosca, el gancho que la Reserva Federal de Kansas, su institución patrocinadora, empleó para atraer a su causa al entonces presidente del banco emisor estadounidense, Paul Volker– la estrategia de comunicación de las autoridades monetarias tendrá un lugar reservado y prioritario. Porque la Fed consagrará el retorno a la doctrina de ocultar gran parte del torrente informativo característico del mandato Powell que seguía a pies juntillas el mercado en sus tomas de decisiones inversoras.

Warsh ya ha admitido su intención de alterar la declaración de intenciones que la Fed construyó en realidad en los últimos cuatro decenios. Pero ahora escenificará ante sus homólogos el viraje de su recetario. Se basa en el diagnóstico de que el banco central ha hablado tanto, proyectado tanto y guiado tanto las expectativas, que los mercados han dejado de valorar con fiabilidad los activos para limitarse a adivinar las intenciones de su Comité de Mercados Abiertos, conocido por sus siglas en inglés FOMC. El favorito de Donald Trump para dirigir los designios de la Fed, a la que sigue hostigando para bajar los tipos de interés pese a que la economía estadounidense navega con una inflación del 3,5%, desea revertir esta norma comúnmente aceptada, y que sean los bonos, las bolsas y las condiciones financieras los que proporcionen información a la Reserva Federal. Y no a la inversa.

El cambio parece técnico, pero es una redistribución de poder. La forward guidance –la brújula que ha guiado el rumbo inversor y que Powell elevó a los altares– ha permitido a la Fed influir sobre los costes financieros futuros sin necesidad de modificar inmediatamente tipos y abaratar toma de decisiones a consumidores sobre hipotecas y a empresas sobre condiciones crediticias a largo plazo. Era la palabra del evangelio monetario de la Fed. Pero Warsh sospecha que ese poder evangelizador genera una falsa precisión inversora, reduce la capacidad de rectificación para fijar el precio del dinero y alumbra un mercado excesivamente dependiente de las políticas monetarias. Su revolución, pues, pretende devolver riesgo a los parqués bursátiles. Que vuelvan a creer, como si fuera un dogma de fe, en las maniobras orquestales en la oscuridad de la Fed.

Tiempos de inflación e incertidumbre global

El laboratorio de ideas de Warsh, sin embargo, irrumpe en un momento delicado. La inflación estadounidense sigue claramente un punto y medio por encima del objetivo del 2%, la energía continúa sometida a las consecuencias de la guerra con Irán, los aranceles añaden presión sobre los precios y las rentabilidades de la deuda han escalado hasta niveles que revelan una inquietud estructural y a largo plazo sobre el rumbo económico y fiscal de EEUU. Mientras, Trump ejercerá sin rubor su presión sobre Warsh para que ponga en marcha el propósito para lo que lo eligió: tipos más bajos.

Toda una paradoja, porque el nuevo presidente de la Fed lleva años forjándose una reputación de ortodoxia monetaria y criticando a la Reserva Federal de Powell por su tendencia demasiado expansiva. Pero ahora que ha tomado sus riendas, empieza a reclamar una política mucho más laxa. Una encrucijada total. Porque si abarata el dinero con un IPC en niveles inflacionistas, pone en jaque su credibilidad. Y si mantiene o endurece la política monetaria, desafía las expectativas de la Casa Blanca. Quizás por este cruce de trenes a punto de colisionar intenta escapar con ese retorno a una menor exposición pública de las deliberaciones del FOMC. Si bien corre el peligro de que un exceso de silencio se interprete como indefinición.

Por otro lado, los mercados han dado sobradas muestras de que no otorgan gratuitamente esa libertad. Después de que la Fed mantuviera tipos en su reunión de julio y de que varios de los miembros del FOMC defendieran en sus actas encarecer el dinero, las rentabilidades de la deuda estadounidense se dispararon. El bono del Tesoro a 10 años superó el 4,7% y se aproximó a sus máximos en varios años mientras las acciones, especialmente las tecnológicas, sufrían. Warsh respondió con una idea provocadora. Si los tipos aumentan y, en consecuencia, endurecen las condiciones financieras, quizá el mercado esté haciendo parte del trabajo que correspondería al banco central.

Pero su razonamiento encierra otra disyuntiva de suma complejidad. Warsh asegura querer oír a unos mercados a los que previamente ha retirado una de sus principales rutas de navegación, el forward guidance, en un océano, el financiero, que no mana de la nada, sino que vive de la incorporación permanente de expectativas sobre lo que hará la propia Fed. Y si el banco central más poderoso del planeta reduce deliberadamente la información, la atmósfera bursátil pierde buena parte de su parte climático, reduce también su capacidad de predicción y razonamiento.

Aun así, Warsh tiene defensores. Quizás una de las voces más rotundas sea la de Mohamed El-Erian, asesor económico jefe de Allianz, con pasado en instituciones multilaterales, para quien los mercados se han acostumbrado demasiado a las “ruedas de entrenamiento” que les otorga la Fed con su forward guidance. Retirar ese Cuaderno de Bitácora –afirma– “puede obligar a los inversores a volver a valorar por sí mismos crecimiento, inflación y riesgo”, en lugar de intentar anticipar cada movimiento de la Fed.

El-Erian se ha convertido en un férreo aliado de Warsh por asegurar, además, que este cambio de criterio vaya a elevar la volatilidad. O, al menos, una ola de fluctuaciones. El economista descuenta que vaya a provocar cierta volatilidad, ya que “es el precio de recuperar disciplina de mercado”.

Sin embargo, son mayoría sus detractores. Como Dario Perkins, director macro de TS Lombard, para quien el delfín de Trump “quiere sacar a la Fed de las portadas y los espacios televisivos y hacer que la política monetaria vuelva a ser aburrida”. Aunque –alerta– “al retirar información puede conseguir exactamente lo contrario”, porque al retirar la forward guidance, Warsh “no elimina las expectativas de los mercados, sino que las sustituye por interpretaciones privadas, rumores y movimientos más bruscos de los activos”. Perkins tampoco comparte la ausencia de episodios de volatilidad. Es más –dice– “el precio de esa incertidumbre puede terminar siendo una prima de riesgo permanente sobre los bonos del Tesoro americanos”.

En términos democráticos, manifiesta sus críticas William Nordhaus, catedrático de Yale, quien en su ensayo The New Fed Chair Wants Less Transparency. That's a Mistake cree que reducir la comunicación de la Fed amenaza la rendición de cuentas democráticas de una institución que no solo debe ser independiente, sino aparentarlo. Porque su soberanía “la protege de la presión electoral”. A cambio de esa autonomía –enfatiza– asume como contrapartida la puesta en liza de una transparencia operativa suficiente para que ciudadanos, empresas y el Congreso puedan conocer los criterios que utiliza una entidad no elegida democráticamente para decidir sobre el precio del dinero.

Vuelta al pasado… ¿sin regreso al futuro?

Menos comunicación significa menos orientación a los mercados, pero también menos control público sobre una institución con un poder extraordinario. Y, sobre todo, un retorno al pasado.

La Fed de Paul Volcker se permitió el lujo de hablar poco porque construía autoridad mediante decisiones brutales. Hasta que llegó 1979 e irrumpió un IPC superior al 13%, lo que le obligó a situar los tipos en cotas excepcionales y abordar recesiones para restablecer la estabilidad de precios. Alan Greenspan convirtió la ambigüedad de Volcker en un lenguaje propio, con frases deliberadamente crípticas –como su célebre “exuberancia irracional” o su “directiva asimétrica hacia el endurecimiento”–, que obligaban a los mercados a interpretar cada palabra como una señal sobre los tipos. La Fed de Greenspan no decía exactamente qué haría, pero insinuaba qué estaba dispuesta a hacer y dejaba que los inversores completaran el mensaje.

El posterior Nobel Ben Bernanke dio el salto definitivo durante el credit crunch de 2008 con el precio del dinero en cero hacia una comunicación confeccionada como herramienta monetaria, al avanzar el tiempo genérico de esa laxitud con los tipos u orientando las perspectivas de Wall Street. Janet Yellen transformó la transparencia en pedagogía institucional y Powell culminó el proceso con ruedas de prensa sistemáticas, previsiones y gráficos de puntos con los que aventuraba los niveles futuros de los tipos de interés previstos.

La Fed pasó de administrar el misterio a administrar las expectativas. Ahora, Warsh quiere que deje de susurrar a los inversores y volver a la etapa Volcker. De todo ello se hablará en Jackson Hole. En una reciente pieza informativa, Reuters aseguraba que la presión de la Casa Blanca y la comunicación “deliberadamente vaga” de Warsh están alimentando el temor a una politización de la institución y a un deterioro de su credibilidad. En alusión a que el Tesoro estadounidense depende de un gigantesco mercado de deuda para avalar déficits persistentes –fiscal, comercial y por cuenta corriente– y que una prima de incertidumbre sostenida termina reflejándose en mayores costes de financiación para el Estado, las empresas y las familias.

En EEUU, devolver el riesgo al mercado no es una abstracción académica; significa decidir quién paga por él. Y en los tiempos actuales, el riesgo de estallido de una hipotética burbuja de valores vinculados a la IA es patente. Del mismo modo que existe un temor al exceso de crédito privado. Con la curva de rendimiento de los bonos en ascenso y la deuda disparada. Pero la prueba del algodón está en la IA, cuyas acciones empiezan a mostrar signos de fatiga cuando las bigtechs afrontan la mayor apuesta de capital de su historia. Hasta 750.000 millones de dólares este año y un billón en el siguiente bienio dice el mercado que tienen comprometidas las tecnológicas en inversiones con el sello del algoritmo.

La prueba de la inteligencia artificial

El gran riesgo para el experimento de Warsh, pues, no es una inflación perseverante y obstinada. Más bien, su peligro radica en unos mercados que descubran demasiado tarde que han confundido productividad con exuberancia, como diría Greenspan. La inversión de las big techs en IA ha alcanzado una escala que hace que una corrección deje de ser un asunto exclusivamente bursátil. En este punto es donde la estrategia de Warsh chocaría con su propia lógica, porque el mercado podría hacer parte del trabajo de la Fed. Aunque también podría hacerlo demasiado deprisa si la retirada de la forward guidance eleva las fluctuaciones de bonos y divisas y provoca errores de valoración.

Goldman Sachs advierte sin tapujos de que una comunicación menos predecible puede generar mayores oscilaciones. Y las propias investigaciones de la Reserva Federal revelan que las ruedas de prensa permiten a los mercados afinar sus expectativas monetarias y evitar que se desplacen los precios de los activos hacia coordenadas menos fiables.

Pero la independencia será, en última instancia, el gran hándicap para Warsh. Otros banqueros centrales han venido anunciando que la autonomía monetaria exige resistencia a las injerencias de los gobiernos. Una encuesta de Brookings entre especialistas de la Fed sitúa a su soberanía como el gran desafío de Warsh. Tres cuartas partes calificaban la amenaza con un 4 o un 5 sobre 5. Todo un “test de resistencia” en ciernes, como dejó Powell en su epitafio como presidente de la institución a su sucesor. Con la experiencia que le confirieron 18 largos meses de resistencia frente al líder MAGA.

El consejo de administración de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha aprobado el lanzamiento de dos ofertas públicas voluntarias de canje de acciones “simultáneas y paralelas” para adquirir Banco BPM y Banca Generali por un importe conjunto de alrededor dec.

Las ofertas, aprobadas por la mayoría del órgano de gobierno del banco más antiguo del mundo, reunido ayer bajo la presidencia de Cesare Bisoni, pretendería crear una alternativa para frenar la propuesta de compra de 30.600 millones de euros planteada a MPS el pasado mes de junio por Intesa Sanpaolo, el mayor banco italiano.

Según ha informado este viernes la entidad toscana, cuyos orígenes se remontan a 1472, la oferta para Banco BPM contempla un coeficiente de canje de 1,567 acciones de nueva emisión de MPS por cada título de esta institución, lo que implica un precio de 16,729 euros por acción y valora en unos 25.350 millones de euros a Banco BPM.

En cuando a Banca Generali, la ecuación de canje de la oferta se ha fijado en 6,958 acciones de nueva emisión de MPS por cada título existente, lo que supone un precio de oferta de 74,284 euros por acción y valora a la entidad en unos 8.670 millones.

Se prevé que la finalización de las ofertas tenga lugar a mediados de febrero de 2027 y está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias, así como al cumplimiento una serie de condiciones, incluyendo la autorización de la junta general de accionistas de MPS y la obtención de una aceptación mínima del 50% del capital social de la entidad objetivo más una acción.

En caso de aceptación total de ambas ofertas, y considerando los efectos de la fusión de Mediobanca Banca di Credito Finanziario (Mediobanca) con MPS, los actuales accionistas de MPS poseerían aproximadamente el 50,1% del grupo combinado, mientras que los accionistas de Banco BPM controlarían el 37,2% y los de Banca Generali un 12,7%.

MPS espera que las adquisiciones generen una mejora significativa en la rentabilidad y la eficiencia, ya que el grupo combinado presentaría un ratio de costes sobre ingresos de aproximadamente el 36% en 2025, sobre una base pro forma, teniendo en cuenta la plena realización de las sinergias previstas, frente al 46% de MPS, considerando la situación de forma independiente.

Asimismo, la entidad prevé que la rentabilidad sobre el patrimonio tangible medio aumente desde alrededor del 13% en 2025 a más del 19% en 2029, además de confiar en que se genere un incremento de alrededor del 11% en el beneficio por acción de 2028, teniendo en cuenta la plena realización de las sinergias previstas.

Por otro lado, el consejo de administración de Banca MPS acordó someter a la junta general de accionistas de la entidad, convocada para el 29 de octubre, una distribución extraordinaria para los accionistas de MPS por un importe bruto de 4.000 millones de euros, equivalente a 1,208 euros brutos por acción de MPS, incluyendo 0,302 euros por acción en efectivo y 0,906 euros en especie mediante la asignación de un número de acciones de Assicurazioni Generali.

De tal modo, la propuesta de distribución extraordinaria ascenderá, por lo tanto, a 1.000 millones de euros brutos en efectivo y 3.000 millones de euros en acciones de Assicurazioni Generali.

Poner el broche a una adquisición en pleno mes de agosto. Eso es lo que va a hacer Banco Santander este jueves, cuando dé por cerrada la compra de Webster Bank, una entidad estadounidense que le va a permitir dar el salto en un mercado muy competitivo, del que ha destacado su potencial, incluso por delante de Europa.

En cuanto a la operación en sí, el banco presidido por Ana Botín anunció la compra de Webster en febrero. Se trata de una entidad especializada en la actividad minorista (comercial) que ha tenido su sede social en Connecticut, en la costa Este de EEUU, y que Santander valoró en 12.200 millones de dólares, el equivalente a unos 10.500 millones de euros al cambio actual.

Ha sido un movimiento empresarial rápido, concluido en apenas seis meses, el plazo que el banco ha necesitado para lograr los permisos de los diferentes supervisores. En Europa, del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, de la Reserva Federal –conseguido hace solo unos días– y de la Oficina del Contralor de la Moneda, que depende del Departamento del Tesoro y que es la encargada de supervisar la banca estadounidense y las sucursales de las entidades foráneas en ese país. Eso sí, la integración total de los negocios va a prolongarse en el tiempo, alrededor de dos años.

Una regulación menos dura que en Europa

A Santander le interesa Estados Unidos y, desde hace tiempo, no lo oculta. Allí está creciendo no solo a través de su principal marca, sino también con Openbank, que echó a andar en el mercado norteamericano a finales de 2024. “En Europa hay poco crecimiento, la regulación es más dura que en otras áreas, por ejemplo Asia o Estados Unidos”, aseguró Ana Botín a principios de 2025, en la rueda de prensa de presentación de resultados anuales. “De hecho, en Estados Unidos va a ir a menos”, matizó.

Botín ya calificó entonces ese país como “clave” para su estrategia. “La visión es diferente en Estados Unidos, es un mercado más atractivo en cuanto a contexto regulatorio e impositivo y lo va a ser aún más. Y esto va a determinar dónde crezcamos más o menos”. Y no es un factor diferenciador quién ocupe la Casa Blanca. Botín señaló a los medios que la entidad trabaja “con todos los gobiernos de todos los países” y que “cuanto mejor le vaya al país donde operamos (...) mejor nos irá a nosotros”.

No es que Santander haya decidido acelerar de golpe en el país presidido por Donald Trump, pero hasta Webster y el desembarco de Openbank había puesto el foco, en gran medida, en la financiación al consumo. Ahora, aprieta el paso en la banca minorista y de empresas. Además, al explicar la compra de Webster ya destacó el avance de ese mercado. “Estados Unidos ha sido uno de los principales generadores de valor del grupo, con un incremento medio anual del beneficio después de impuestos del 31% en los últimos tres años”, indicó.

También dio detalles del porqué de este movimiento corporativo. “Tras esta adquisición, Santander pasará a ser una de las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por activos, con un balance conjunto en el país de aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones de dólares en préstamos y 172.000 millones de dólares en depósitos, de acuerdo con cifras a 31 de diciembre de 2025”, enumeró.

Y argumentó en qué medida va a cambiar la filial norteamericana. En concreto, espera “que la operación mejore de forma significativa el negocio de Santander en Estados Unidos” y dé “lugar a un perfil de negocio más equilibrado”. “Se espera que la ratio neta de préstamos sobre depósitos del negocio resultante mejore desde el 109% actual de Santander en Estados Unidos hasta alrededor del 100%”. Ese ratio indica la liquidez del banco, básicamente la diferencia entre el dinero que tiene depositado y el que presta. “La base de depósitos única de Webster reforzará el perfil de financiación del grupo resultante, permitiendo una reducción del coste de financiación”, añadió.

Oposición de dos senadores republicanos

Pese a ser un movimiento corporativo bastante rápido, no ha estado exento de tener un componente político. En este caso, por la oposición de dos senadores republicanos que reclamaron a los reguladores estadounidenses que no diesen el visto bueno a la transacción –algo que sí han hecho– porque España no es un “aliado confiable”.

En concreto, Bernie Moreno y Tim Sheehy –considerados del ala MAGA (Make America Great Again) del Partido Republicano– aseguraron, a través de una carta enviada a la Reserva Federal y a otros supervisores, que “en el actual entorno geopolítico, ceder el control de depósitos, datos y decisiones de crédito al principal banco español plantea preguntas que necesitan de un cuidadoso escrutinio regulatorio, sobre todo teniendo en cuenta que España no ha actuado siempre como un aliado confiable a la hora de apoyar las prioridades de seguridad de Estados Unidos”.

Los dos senadores se hicieron eco de un artículo publicado hace dos años por 'Financial Times' que indicaba que Irán había usado cuentas de Banco Santander para esquivar las sanciones, aunque la entidad siempre ha asegurado que cumple con las exigencias respecto a Irán.

“Si empresas iraníes fueron capaces de dirigir fondos sancionados a través de una aparentemente inocua cuenta en Reino Unido, las autoridades regulatorias de Estados Unidos deben investigar si las operaciones actuales y futuras de Santander en EEUU son seguras ante hechos similares, incluyendo cualquier entidad fusionada que tenga depósitos estadounidenses significativos”, criticaban los dos senadores. Finalmente, sus críticas han caído en saco roto y la compra de Webster quedará sellada esta semana.